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Avispa Midia

(Español) Lucrando con veneno, el comercio de agrotóxicos europeos en Brasil

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Considerando solamente registros del 2019, la Unión Europea (UE) exportó más de 6,5 millones de kilogramos de plaguicidas prohibidos o nunca autorizados en su territorio hacia los países que forman el bloque comercial del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Empresas trasnacionales como Bayer/Monsanto, BASF y Syngenta, líderes en la producción de agrotóxicos en Europa, en alianza con grupos de presión favorables a los agroquímicos como SINDIVEG y Croplife Brasil, son los principales promotores del acuerdo comercial que permite la venta de peligrosos productos químicos en Sudamérica.

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Avispa Midia

(Español) Corredor Interoceánico: industrialización y privatización de tierras

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Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

por Colectivo Geocomunes / Foto de portada: Santiago Navarro F.

La siguiente es la primera de una serie de tres publicaciones para documentar los efectos que, sobre los bienes comunes de la región del Istmo de Tehuantepec, se empiezan a observar con el despliegue del proyecto Corredor Interoceánico. Pondremos atención a tres bienes comunes, esenciales para la vida y cultura de la región, pero que también son insumos indispensables a la instalación de actividades industriales: la tierra, el agua y la energía.

En esta entrega analizamos cómo se genera un proceso de industrialización y el efecto que causa en la privatización y especulación de la tierra, conllevando un cambio profundo en el uso que tienen en las comunidades de Veracruz y Oaxaca que hoy en día las poseen.


El proyecto de Corredor Interoceánico prevé, en una primera etapa, la instalación de 10 parques industriales (cinco en Veracruz y cinco en Oaxaca) llamados oficialmente “Polos de Desarrollo para el Bienestar” (PODEBI).

Esas superficies son indicativas ya que luego pueden variar un poco entre distintos documentos

A este listado se puede agregar el PODEBI de San Blas Atempa en Oaxaca, un polo de desarrollo que si bien no aparece en los últimos documentos oficiales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), corresponde a un caso donde se llevó a cabo un proceso de consulta para la instalación de un parque industrial, en la comunidad de Puente Madera, y que ha generado un rechazo de la población por la serie de simulaciones e irregularidades en el proceso de consulta para la aprobación del parque.

Entre los diez polos industriales que se pretenden instalar en el Corredor Interoceánico, en San Blas Atempa, se tiene proyectado instalar uno de ellos. Pero los indígenas están en resistencia.

Cuatro de estos once parques tienen los terrenos adquiridos, mientras que los demás siguen en proceso de negociación con los dueños de la tierra, que son principalmente núcleos agrarios. Por ello, el proceso de negociación para la posible venta de terrenos para los otros seis parques pone en riesgo de privatización 1,566 hectáreas de tierras ejidales y 866 hectáreas de tierras comunales, principalmente ubicadas en el istmo sur.

Elaboración: Colectivo Geocomunes

Tan sólo considerando la superficie directamente afectada por los 10 parques industriales planeados, se trata de 3,542 hectáreas. A esto hay que sumar las 334 hectáreas del polo proyectado en San Blas Atempa, Oaxaca, y considerar que el de Jáltipan, en Veracruz, aún no especifica superficie.

En Veracruz, desalojan con violencia tierras destinadas al Corredor Interoceánico. Audio por Avispa Midia

Además, en un documento oficial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se menciona que se estima una demanda de suelo para industrias de 15,700 hectáreas en la región, lo que representa 4.5 veces más que la superficie anunciada para esos 11 parques industriales. Esto se explica por el hecho que a los 10 u 11 primeros parques industriales, llamados zona primaria, se planea sumar posteriormente otros 19 parques (10 en Oaxaca y 9 en Veracruz) en lo que en el documento oficial llaman zonas secundarias y marginales.

Puedes visualizar la ubicación, la superficie ocupada y la tenencia de la tierra de los parques industriales previstos en el siguiente mapa interactivo:

Para ver las poligonales previstas para los parques industriales (PODEBIS) de la zona primaria, la capa Polígonos PODEBIS (parque industrial) tiene que estar activada y hay que hacer zoom al mapa. La ubicación de los puntos de los parques de la zonas secundarias y marginales es indicativa ya que no existe información todavía sobre la ubicación exacta de esos parques. 

Si la implementación de parques industriales para las zonas “secundarias” sigue siendo a lo largo de las vías del tren Coatzacoalcos a Salina Cruz, para las zonas “marginales” se expande hacia otras zonas istmeñas, principalmente hacia pueblos que quedan cerca de las vías del tren en proceso de rehabilitación, entre Coatzacoalcos y Palenque, para conectarse con el Tren Maya (como Agua Dulce o las Chopas), o entre Ixtepec y Tapachula (como Unión Hidalgo o Chahuites). Llama la atención los parques industriales previstos en la zona de los Tuxtlas (San Andrés Tuxtlas y Catemaco), regiones que quedan alejadas de las vías del tren, pero que se pretenden conectar con la llamada modernización (ampliación y rehabilitación) de distintas carreteras.

Especulación sobre las tierras

Ahora bien, para considerar la afectación real que la puesta en marcha de estos polos de desarrollo tendría sobre la propiedad de la tierra, habría que considerar la privatización y cercamiento de tierras que se dispararía por el proceso de expansión urbana, siempre asociado a la creación de nuevos polos industriales.

También es necesario considerar el peso que la apertura de procesos de especulación tendría sobre la privatización de tierra, derivado de la puesta en venta de lotes de inversión situados a proximidad de los parques industriales anunciados o a lo largo de las vías del tren.

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Este fenómeno especulativo, que dio inicio desde que se dieron los primeros anuncios del proyecto, tiene como resultado una presión sobre la venta o renta de tierra de propiedad social. Algo que detona conflictos en las asambleas agrarias, por la intervención de intereses individuales internos o ajenos en los procesos de toma de decisión, en un contexto de presión para que algunas parcelas del núcleo agrario pasen a dominio pleno, para luego poder venderlas como parcelas privadas para usos industriales o inmobiliarios.

Algunos ejemplos de anuncios de ventas de terrenos en las cercanías del Corredor Interocéanico:

Al momento de dimensionar los posibles impactos y el alcance territorial de este proceso de industrialización y urbanización es importante tomar en cuenta que el corredor transístmico forma parte de un proceso más amplio de reconfiguración territorial del sureste de México, donde se relaciona con otros proyectos, como el llamado Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el Programa Sembrando Vida y la Guardia Nacional.

Estos proyectos buscan funcionar juntos para permitir la circulación de mercancías, muchas de las cuales serán producidas en estos corredores industriales, así como la extracción de recursos como el petróleo, los minerales, el agua, la tierra, la biodiversidad y su tránsito por tren (Tren Maya y Transístmico) para exportarlos a mercados en Asia, Estados Unidos, y Europa.

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Además, forman parte de la estrategia de control migratorio que exige Estados Unidos a México para hacer “tapones” que bloquen el tránsito de la población de migrantes más allá de la zona del istmo, insertándola como mano de obra barata en estos corredores industriales.

Por el medio de la rehabilitación de las vías del tren de Coatzacoalcos a Palenque y de Ixtepec a Tapachula, se conectarán los proyectos del Tren Transístmico con el Tren Maya. Existe también la posibilidad de conectarlos con otros dos proyectos ferroviarios anunciados en Guatemala: el Tren Bicentenario Ecológico (interconexión con México en Ciudad Hidalgo y trazo hasta Tecún Umçan y Puerto Quetzal en el Pacífico) y el Tren Rápido (que conectará hacia el mar del Caribe en Puerto Barrios).

Elaboración: Colectivo Geocomunes

Con la puesta en marcha y la interconexión de esos proyectos ferroviarios entre ambos países se completará uno de los objetivos previstos en el Plan Puebla Panamá y en el posteriormente llamado Proyecto Mesoamérica: interconectar los países mesoamericanos con EEUU por el medio de carreteras, red eléctrica y vías de tren.

Elaboración: Colectivo Geocomunes

Con la construcción del CIIT el riesgo de división comunitaria, de erosión, especulación y privatización de la propiedad social es muy alto.

Una vez que la tierra comunal o ejidal se renta o se vende para cualquiera de estos proyectos, no hay vuelta atrás: al desarrollar los parques industriales, se despliegan actividades sumamente contaminantes, y no hay manera que se vuelva a reconstituir en esas tierras la vida comunitaria que se sostenía antes.

Es el territorio el que sostiene a la comunidad y por esto resulta imposible mantener o recuperarla cuando ésta se enajena. Si los pueblos y sus comunidades dejan entrar estos proyectos, las tierras dejarán de sostener la seguridad alimentaria de los pueblos, y convertirán sus tierras en áreas de vocación industrial, y a ellos mismos en mano de obra para las fábricas propuestas, o en migrantes desposeídos navegando en grandes urbes.


En la segunda parte de esta entrega, abordaremos el tema de cómo la instalación de estos parques industriales ejercerá una presión fuerte sobre el agua, en una región donde los problemas hídricos son ya patentes, tanto para los propios hogares como para las actuales actividades productivas.

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Avispa Midia

Ley minera de México: disputa por el litio y el despojo que se avecina

Fuen

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Avispa Midia

(Español) Secretos mineros: Revelaciones del poder y crímenes de mina en El Estor

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Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

En portada: Instalaciones de la mina de níquel en El Estor, Izabal

Un grupo de periodistas y académicos, dentro y fuera de Guatemala, han investigado las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal.

Desde el año de 2017 se ha documentado el asesinato de un pescador a manos de la Policía Nacional Civil (PNC), la criminalización de líderes, autoridades ancestrales y periodistas maya Q’eqchi’.

Cuatro años después se cubrió la imposición de una consulta con la complicidad del Estado, sobre todo durante las presidencias de Jimmy Morales y Alejandro Gimmattei, para que la mina operara ilegalmente cuando tenía que estar clausurada tras la resolución de la máxima corte constitucional, la cual ordenó su cierre por no haber consultado a las comunidades afectadas y por funcionar, durante 22 años, sin los estudios ambientales correspondientes.

En el contexto de la colaboración de periodistas de 20 medios internacionales en The Store Project, Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir los trabajos de investigación que develan los secretos más oscuros de la mina.

A continuación, puedes consultar los reportajes que revelan el pago de apoyos constantes a la PNC para garantizar su colaboración en el desalojo de comunidades Q’eqchi’ de tierras apetecidas por la mina; el uso de tácticas de espionaje y vigilancia para criminalizar a líderes indígenas y a periodistas locales críticos de la actividad minera; el ocultamiento de la contaminación ambiental, sobornos y la tolerancia del Estado de Guatemala a las irregularidades de la empresa ruso-suiza.

Гватемала: Guatemala se escribe en ruso

El gobierno de Guatemala ha permitido la operación ilegal de la mina de níquel en El Estor, Izabal.

Consulta el reportaje completo


La mina espía y criminaliza para controlar El Estor

Dos militares guatemaltecos implementan tácticas de inteligencia en contra de quienes se oponen a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), ubicada en El Estor, Izabal.

Consulta el reportaje completo


Guatemala: La versión caribeña de una red criminal entre rusos, suizos y chapines

La minera de níquel opera violando leyes, produciendo contaminación y atropellando a las personas que se declaren en oposición.

Consulta el reportaje completo


Гватемала: los señores del polvo rojo y los señores del polvo blanco

La mina también se relacionó con el cartel de Los Mendoza, uno de los más grandes y violentos de Guatemala. Documentos prueban que la compañía otorgó al menos 7 contratos a una de las empresas del clan.

Consulta el reportaje completo

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Avispa Midia

(Español) Estado de Excepción en el Aguán; campesinos responsabilizan agroindustria

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Por Ñaní Pinto

Foto de portada: Manifestación de campesinos del Valle del Aguán para exigir alto a la violencia y represión.Octubre, 2021. René Estrada, CESPAD.

En la región del Valle del Aguán se agudiza nuevamente la violencia. Apenas el pasado domingo (24), la presidenta Xiomara Castro declaró estado de excepción en el departamento de Colón, norte del país, tras el asesinato de tres policías.

De acuerdo a organizaciones, cooperativas y movimientos campesinos que integran la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Bajo Aguán (COPA), los elementos policiacos asesinados habrían respondido a agresiones contra un grupo campesino durante otro ataque ocurrido el 21 de abril.

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Aquel día, un grupo armado despojo a familias campesinas de la Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora. En comunicado, la Plataforma afirma que el grupo de hombres fuertemente armados, “manifestaron que su jefe Oscar Nájera ordeno llevar dicho desalojo ubicado en la comunidad de Cuacú del municipio de Santa Rosa de Aguán”, en referencia al ex diputado del Partido Nacional.

La Policía ha desplegado un fuerte contingente de efectivos ante el brote de violencia en Colón

Nájera, diputado durante más de tres década, es un conocido socio comercial del cártel de la droga de “Los Cachiros” y fue acusado por el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga de recibir sobornos a cambio de protección. También fue incluido en la lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica y Reino Unido lo sancionó por corrupción.

La Empresa Asociativa Campesina de Producción la Auxiliadora es una de las organizaciones que, el pasado 22 de febrero, firmaron un convenio con una Comisión Presidencial para investigar los conflictos por tierras en el Aguán.

Alerta

La Plataforma Agraria difundió la alerta de que la mas reciente ola de violencia se ha agravado “con una campaña pública por parte de supuestos productores de palma quienes en medios nacionales amenazan de atacar a comunidades campesinas quienes defienden sus legítimos derechos históricos y constitucionales”.

Coincidentemente, en este contexto también se dieron las declaraciones del ex diputado Nájera “y el Gobernador de Colón y a la vez alcalde de Tocoa, Adán Funes, en la cual prácticamente hacen un llamado a hacer uso de las armas en el departamento, solicitando así la derogación del decreto de desarme 117-2012”.

También manifestaron su preocupación acerca de que los asesinatos de los policías ocurrieron horas después del nombramiento de una comisión jurídica “que se encarga de revisar los reclamos históricos del sector campesino del Bajo Aguán contra el despojo ilegal de tierras de la reforma agraria”.

Funeral de un campesino asesinado en la plantación Paso Aguán. 2011. Manu Brabo

Según las organizaciones campesinas, el mas reciente despojo “fue realizado por grupos económicos que forman parte de las redes criminales que durante los últimos doce años han asaltado al Estado y el pueblo de Honduras”.

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A su vez, denunciaron que se mantiene impune la operación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte “quienes atacan a comunidades campesinas y controlen fincas de palma africana de la reforma agraria”.  Acorde a los campesinos, los grupos criminales actúan en coordinación con empresarios de palma aceitera, así como con oficiales del ejército hondureño.

Boicot

La Plataforma Agraria y COPA también sostuvieron que existe la intención, por parte de terratenientes y agroindustriales palmeros, de boicotear los acuerdos firmados en el convenio de febrero pasado.

Según los campesinos, una de las acciones sería generar una crisis económica e interna en las familias campesinas mediante el cierre de la agroindustria en la región, en señal de protesta en contra de los campesinos.

“Sería algo fatal”, detalló Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, en referencia a la pretensión de cerrar la procesadora de aceite, pues son cientos de pequeños productores quienes dependen de la extractora para vender los frutos de la palma.

“Si los agroindustriales cierran las plantas extractoras, inmediatamente, procederemos al cultivo de granos básicos y hortalizas para desarrollar una verdadera soberanía alimentaria, con el fin de garantizar el retorno a la producción de alimentos en nuestra región del valle del Aguán”, afirmaron las organizaciones campesinas.

Por último, las organizaciones campesinas instaron a las autoridades a investigar los más 150 asesinatos de defensores de la tierra ocurridos en el marco del conflicto agrario que han quedado en impunidad durante los últimos doce años.

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Avispa Midia

(Español) Pueblos denuncian despojo y militarización con “Tren Maya”

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Voces de pueblos y organizaciones de la península de Yucatán expusieron las irregularidades y afectaciones que ya se evidencian con la construcción de los tramos del denominado “tren maya”.

A la cuestión ambiental, se añaden problemas sociales como el desalojo de familias; el engaño y la simulación de consultas a las comunidades; firma de convenios irregulares que derivan en extorsiones y fraudes contra ejidatarios; hostigamientos y condicionamiento a programas sociales, todo en un contexto de creciente militarización de la península.

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Estas y otras problemáticas fueron expuestas en el foro “Tren Maya: miradas y aproximaciones desde las comunidades”, realizado por el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.

Desde Campeche participaron Sara López, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx) y María Hernández del Ejido Don Samuel en Escárcega. A su vez, desde Yucatán participó Wilma Esquivel Pat, del Congreso Nacional Indígena (CNI) y Ángel Sulub, indígena maya del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on en Quintana Roo.

Engaños

María Hernández, ejidataria del ejido Don Samuel, detalló cómo, mediante engaños, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) validó reuniones para simular la consulta a las comunidades, quienes a pesar que desde 2019 exigen información clara y detallada sobre el megaproyecto, aún no se les ha compartido.

En un principio, compartió Hernández, Fonatur realizó un diagnóstico político para extraer información sobre los grupos, organizaciones y lideres de los ejidos y para diciembre del 2019, el ejido Don Samuel fue elegido como sede para las asambleas regionales que permitiría la votación para la aprobación del tren.

El Foro por la Vida y la Defensa del Territorio realizado el 8 de diciembre denunció la violación a los protocolos de consulta en el proceso del Tren Maya.

Hernández explicó que en aquel momento solo se habló de desarrollo y generación de empleos, argumentos con los cuales consiguieron convencer a la gente para dar su voto a favor del tren. No obstante, aún recuerda la preocupación entre los ejidatarios en el momento que se abordó la creación de nuevos núcleos urbanos mediante los denominados Fideicomisos para infraestructura y Bienes Raíces (Fibra).

La idea tras Fibra, como promocionaba en aquel entonces titular de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, era que “no se venda la tierra, sino que se rente la tierra, sobre todo a los desarrolladores” con el objetivo de permitir la construcción de complejos para vivienda, espacios comerciales y públicos, que podrían elevar el valor de la tierra.

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Hernández no fue la única a quien el tema de Fibra le resonó y cuestionó porqué negociar con empresas extranjeras y “no se creaba empresas sociales, porque lo que queremos es que desde las comunidades se de este cambio, de mejorar la situación económica, de mejorar nuestros ingresos, de tener más escuelas, mejor área de salud”.

La ejidataria enfatizó que aún cuando solicitaron la información mediante documento firmado por las autoridades, hasta la fecha aún no han obtenido ninguna respuesta sobre los fideicomisos.

“Se dio por realizada la consulta este día, sin que supiéramos que era una consulta indígena. No se habló de ningún impacto, se habló simplemente del desarrollo”, reclamó María Hernández por la manera en que las autoridades simularon la consulta para obtener la aprobación del megaproyecto.

Por su parte, Sara López remarcó que, de origen, el proyecto estuvo mal planificado, “pues no se consultó a los habitantes de las comunidades si lo querían o no, y de ser así ¿qué beneficios tendría para la comunidad?”, cuestionó por el incumplimiento del carácter libre, previo e informado de la consulta.

Desalojos

Un ejemplo del atropello contra las comunidades es el desalojo de familias en Campeche, quien de acuerdo a Sara López llevan seis meses sin casa pese a que el gobierno les prometió una vivienda. “Nos da una rabia e impotencia al ver como las máquinas destruyen el patrimonio de las personas, lo que con muchos esfuerzos lograron tener”, lamenta.

María Hernández remarccó el problema de que a las personas que vivían al lado de la vía siempre les llamaron invasores, “aunque tuvieron 30 años viviendo ahí, en el caso de (ejido) Samuel no hubo la opción de reubicación, estoy hablando de 19 mil, 20 mil personas”.

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Pese a las denuncias por los desalojos, Hernández señaló que las familias que reclaman han sido criminalizadas y amenazadas por grupos de choque, “nosotros hemos estado con muchos daños, desde lo moral, lo patrimonial”, subrayó en torno a los perjuicios.

Otro de los problemas es que viviendas que se localizan en las proximidades de las obras ya están presentando agrietamientos. Se trata de casas a 30 metros de distancia, las cuales están siendo afectadas debido a la vibración, así como la contaminación por el ruido, cuestión que nadie contempló pero que está perjudicando a los pobladores.

Extorsión

Otro de los problemas expuestos es el fraude realizado por la empresa Barrentos y Asociados, quien extorsionó a los ejidatarios para conseguir el derecho de vía para el proyecto del “tren maya”.

“En 2020, se presenta esta empresa, que es encargada de liberación de vía, y también entra la pandemia. En este periodo no se llevan a cabo asambleas representativas. Estuvo en esta asamblea y se da votación con 45 ejidatarios, somos alrededor de 210. Se vota el cambio de uso de suelo”, contextualiza María Hernández del ejido Don Samuel.

Fotograma de la conferencia de prensa donde ejidatarios denunciaron a la empresa Barrientos y Asociados.

Otro problema fue que la empresa consiguió que los ejidatarios firmaran documentos sin entregar copias en la comunidad. “No supieron realmente lo que firmaron en este momento, no tienen copias – eran los convenios de ocupación previa a título gratuito. No les dejaron leer y no les dieron copia”, denuncia Hernández.

Para mayo del 2020, la empresa traslado a las autoridades ejidales al Palacio de Gobierno del estado de Campeche para repartir dinero que en teoría estaba destinado a los ejidatarios, para luego exigir una parte del pago en efectivo.

Como documentó Avispa Midia en junio de 2021, el proceso de negociación que la empresa Barrientos y Asociados operó en las comunidades estuvo plagado de vicios y se cometieron irregularidades y actos de corrupción.

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Hernández compartió que fue en ese momento cuando las comunidades se organizaron y formaron la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, desde donde han señalado los hostigamientos y condicionamientos de los programas públicos.

Los comisariados, por ejemplo, han estado en total sometimiento al Estado, sostiene Henández, pues acuden solos a reuniones con funcionarios federales cuando deberían estar acompañados por los núcleos ejidales. Por ello, “ya no se confía en las instancias federales”, remarca la ejidataria.

Militarización

Sara López externó su preocupación por el incremento de militares en toda la península. “Vayas a donde vayas” se encuentran efectivos militares, la Marina y la Guardia Nacional como forma de control, para “meter miedo y terror a los pueblos”.

El presidente de México, acompañado de militares en el momento de inaugurar las obras del tren

Ángel Sulub también abordó el tema, al referir que la Península de Yucatán se ha “militarizado”, con el pretexto de la seguridad, pero principalmente para disuadir la resistencia de las  comunidades indígenas ante la construcción del tren.

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Sulub compartió que el Ejército ha sido comisionado para construir el polémico Tramo 5, que va de Cancún hacia Tulum. Dicho trazo atraviesa un sistema de cenotes en medio de un suelo frágil, “no adecuado para soportar el peso de trenes pesados para el transporte de turistas, mercancías e hidrocarburos”, como mencionan cientos de científicos mediante carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador a principios de abril.

Además, los militares también tienen a su cargo las obras del tramo 6 y 7, desde Tulum hasta Escárcega. “Su presencia no obedece a la paz o a la seguridad, sino de cuidar y proteger los intereses de los inversionistas y de los gobiernos detrás del tren”, sostuvo Sulub.

Wilma Esquivel destacó lo documentado sobre las consecuencias contra las mujeres en zonas militarizadas. “Hay una idea errónea de que nos va a traer seguridad, pero en la experiencia de muchos pueblos, los cuerpos de las mujeres terminan como carne de cañón”, compartió además de cuestionar cómo será el futuro de la población local en términos de garantizar acceso a recursos como el agua ante el incremento turístico y urbano que vendrá con el tren.

María Hernández recordó que la militarización viene desde los procesos de consulta, pues en las asambleas llegaban con elementos de la Guardia Nacional. “No te están poniendo las armas directamente, pero estás ahí mirando las armas, hay una intimidación de alguna forma. Preguntábamos que hace el ejercito aquí, de que es que Fonatur tiene que cuidarse, si nosotros no tenemos armas, no agredimos nada. Nosotros somos agricultores, vivimos de apicultura, de la ganadería”, contrastó sobre el actuar de las autoridades.

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(Español) Tribunal en Brasil mantiene suspensión para la mayor mina de oro en la Amazonía

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Una de las alertas más importantes que han hecho los pueblos en las movilizaciones es que el proyecto de ley 191 permitirá la explotación minera en territorio indígena.

Este lunes (26), un tribunal federal confirmó la suspensión de la licencia ambiental para lo que sería la mayor mina de oro a cielo abierto en la selva amazónica en Brasil, un proyecto de la empresa canadiense Belo Sun Mining Corp.

En una votación de 3-0, el tribunal mantuvo su sentencia anterior. Como lo hizo en 2017, la empresa minera había apelado la sentencia la cual consideró que la consulta de la empresa con los pueblos indígenas locales y el estudio sobre los impactos socioambientales del proyecto no cumplían los criterios exigidos por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).

Volta Grande es el nombre de la mina que se mantiene suspendida y que pretende operar a orillas del río Xingu, en el estado de Pará. El proyecto abarca 2,400 hectáreas para extraer oro, a solo 20 kilómetros de distancia de la central hidroeléctrica de Belo Monte.

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El cauce del río Xingu ya fue alterado por la construcción de Belo Monte hace más de una década. A la reducción de su caudal y la afectación a la reproducción de los peces, ahora los pueblos Xipaya y Kuruaya, amenazados por el proyecto Volta Grande, temen el envenenamiento de las aguas y tierras.

La población indígena y ribereña de Pará ya sufre los impactos socioambientales causados por la construcción de la presa de Belo Monte en el río Xingu. (Foto: Cícero Pedrosa Neto/Amazonia Real)

“Mi comunidad no fue consultada sobre el proyecto de Belo Sun”, sostuvo Lorena Curuaia, líder de la aldea Iawa. “Belo Monte ya ha tenido un gran impacto en el Xingu. Un segundo proyecto podría significar la muerte de los pueblos locales”.

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Por su parte, Belo Sun ha argumentado que, pese a que la comunidad más cercana está a más de 10 km de distancia, ya consultó a los pueblos indígenas.

Tal como durante el proceso de construcción de la hidroeléctrica, los pueblos dicen que no fueron consultados sobre el nuevo emprendimiento minero, denuncia que es corroborada por el Ministerio Público Federal (MPF).

Dicho organismo afirma que la empresa sólo tuvo en cuenta las áreas oficialmente demarcadas, y que las comunidades indígenas que se encuentran fuera de estos lugares también deberían ser tomadas en cuenta.

Casas abandonadas en la comunidad de Vila da Ressaca, cuya población ribereña también está afectada por el proyecto Belo Sun y no fue consultada (Foto: Cícero Pedrosa Neto/Amazônia Real)

Lorena Curuaia, de la comunidad Iawá, también se queja de que, después de ocho años, siguen siendo ignorados, pues fue desde 2014 cuando la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Sostenibilidad (Semas) concedió a Belo Sun una licencia preliminar para el proyecto.

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Belo Sun puede apelar la decisión ante un tribunal superior. En el contexto de la posible aprobación del proyecto de ley 191/2020, que libera la actividad minera en territorios indígenas, las decisiones de tribunales pueden sentar un precedente para definir las normas sobre cómo deben realizarse las consultas con pueblos tradicionales.

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Avispa Midia

(Español) Banco Mundial anuncia que se avecina una crisis mucho peor que con la Covid-19

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: Cierres de infraestructura clave, como el Puerto de Ningbo-Zhoushan, Zhejiang en China, han creado “cuellos de botella” en la circulación de productos industriales alrededor del mundo.

El Banco Mundial (BM) ha alertado que, por la guerra entre Rusia y Ucrania, están aconteciendo pérdidas económicas severas en la región de Europa, Asia Central y el resto del mundo. Este escenario es considerado, por este organismo, como la segunda crisis más importante en estos dos años, así como la sexta recesión global más grave.

Las previsiones son benéficas para las empresas y gobiernos productores de petróleo, pero los impactos más severos recaen en las poblaciones y países más pobres. El BM señala en su documento llamado Guerra en la región: Europa y Asia Central, presentado este 2022, que se prevé que 40 millones de personas podrían cruzar el umbral de pobreza extrema. No obstante, en 2021, con la COVID-19, el Banco ya había documentado que al menos 100 millones de personas se sumaban a este umbral.

Además, la Organización de las Naciones Unidas ya registraba que, en 2019, la pobreza mundial rebasaba 1,300 millones de personas que viven por debajo de 1.90 dólares al día.

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El BM, en su documento recién lanzado, muestra su preocupación por el ritmo de producción de mercancías y servicios, ya que en 2022 prevé una caída del doble de lo que fue la recesión sufrida en 2020. “Los países de la región ya se estaban preparando para una ralentización de la recuperación del COVID-19 que comenzó en 2021, debido a la reducción del crecimiento”, pero con la guerra empeoró la situación señala el Banco.

El documento anuncia que las continuas interrupciones en las economías, por la COVID-19 y la escalada de las tensiones geopolíticas, ya deja sentir los impactos a través de múltiples canales, como los mercados financieros y de materias primas, los vínculos comerciales y migratorios y en la confianza de los inversores.

Estos contextos han golpeado principalmente los bolsillos de los consumidores con la subida de precios de los energéticos y los alimentos a nivel mundial. Esto es uno de los factores, al que atañe el BM, “han llevado a un número significativo de personas a la pobreza extrema”.

Tras la guerra en Rusia y Ucrania, la región Euro-Asiática sintió inmediatamente los efectos y, posteriormente, en escalada, ha impactado al resto del planeta.  Rusia es un importante exportador de energía y metales industriales, pero, además, entre los dos países en conflicto bélico, suministran conjuntamente más del 25% de las exportaciones mundiales de trigo.

Estantes vacíos durante el fin de semana en un supermercado Giant Foods de Alexandria, Virginia, EEUU.

“Europa depende especialmente de la energía rusa, de la que importa el 47% del gas natural y el 25% del petróleo. Armenia, Georgia, Kazajstán y Turquía importan más del 75% de su trigo de Rusia y Ucrania, y muchos países de Oriente Medio y África dependen de las importaciones de trigo y otros productos básicos provenientes de Rusia y Ucrania, lo que podría provocar inseguridad alimentaria”, alerta el Banco Mundial.

El escenario actual ha fragilizado los tejidos de la llamada globalización económica y financiera, al interrumpir la conectividad de las rutas comerciales, lo que ha provocado no solo el aumento de los costes de producción, sino que, también, tensiones en las cadenas de los principales sectores industriales en el mundo. Desde la industria alimentaria, la automovilística, la construcción, la petroquímica y la del transporte.

La migración

Junto a los impactos económicos, también se está desprendiendo una ola migratoria y de refugiados provenientes tanto de Rusia como de Ucrania, así como de los países impactados. El Banco Mundial registra que más de 4 millones de personas han huido de Ucrania. Más de la mitad han cruzado a Polonia y otros más se han dirigido hacia Hungría, Moldavia y Rumanía. “Se calcula que el número de refugiados aumentará en los próximos meses, por lo que los países de acogida tendrán que afrontar el reto de acogerlos”, según este organismo.

Desde que el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, anunció que recibiría hasta 100 mil personas que están huyendo de la guerra, en Tijuana, la frontera de México, cada día sigue llegando gente proveniente de Ucrania, Rusia y de otros países. Este nuevo reflujo migratorio se suma a los miles de personas que esperan cruzar hacia EEUU, provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela y Haití.

“Habrá que movilizar rápidamente recursos financieros adicionales y ayuda humanitaria para aumentar la capacidad y garantizar la prestación de servicios básicos. En Ucrania, se calcula que ya hay 6,5 millones de personas desplazadas internamente y que aproximadamente un tercio de la población necesita ayuda humanitaria de emergencia”, señala el documento del BM.

Mientras tanto, EEUU recibe a los miles de migrantes en unas de sus peores crisis. De acuerdo la Oficina de Estadísticas Laborales el Índice de Precios al Consumidor de este país ha alcanzado uno de los niveles de inflación más altos en los últimos 40 años. Alcanzó un incremento de 8,5% para el año que finalizó en marzo y lo mismo sucede en América Latina.

El impacto de la guerra en las perspectivas económicas de la región depende de cómo evolucione el conflicto en curso. “Un conflicto más prolongado podría incrementar los costes humanos y económicos, aumentar la incertidumbre política, fragmentar la integración regional y perturbar los vínculos críticos de comercio e inversión”, prevé el organismo financiero mundial.

Transición energética

El Banco Mundial ha aprovechado los diversos escenarios de crisis para acelerar las políticas que permitan el reemplazo de la matriz energética, sobre todo en los sectores productivos, como una necesidad para sostener el ritmo de producción de mercancías y servicios y así, el engranaje de las principales economías pueda funcionar.

Por ello, este organismo llama a los Estados-nación a “mantener la atención en la mejora de la eficiencia energética y la transición verde para asegurar un futuro sostenible”.

Según el BM, la guerra y el aumento de los precios de la energía convencional, “demuestran aún más el atractivo de las energías renovables y la importancia de la transición de los sistemas energéticos hacia una energía más barata, limpia y fiable”, ya que ello asegurará “el uso de innovaciones tecnológicas que podrían permitir a las economías de la región mitigar el impacto de la guerra en el crecimiento económico”.

radio
Caravana por el Agua y la Vida

(Español) Comunicado de la Caravana por la vida y el Agua

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Sexta Zapatista del EZLN
A la Europa Insumisa
A quienes firmaron la declaración por la vida
A los pueblos que luchan y resisten

Por nuestra venerada Madre Tierra, la Caravana por el Agua y la vida, termina hoy su recorrido en las tierras zapatistas de Cuentepec, Morelos; durante 34 días visitamos a nuestras hermanas, hermanos y hermanoas de los pueblos Tutunaku, Nahua, Otomí (ñhöñhö), Mazateco, Triqui, Zapoteco, Binizaa, Matlatzinca, Nuntaj iyi, Ayuujk para quienes el agua y la tierra son sagradas, quienes dan la vida misma para defender y recuperar lo que les pertenece. Nos enlazamos y organizamos con compañeros de Alemania, Francia, Grecia, Portugal, Guatemala, Chile, España, Holanda, Suiza, Australia, Inglaterra quienes también luchan y resisten en sus territorios y levantaron la consigna de acompañar a la Caravana y las luchas que la conforman.

Fuimos testigos de cómo se hizo cumplir la ley de los pueblos, que no está peleada con la naturaleza sino que la reproduce, cuando los pueblos nahuas cerraron la empresa Bonafont-Danone y la convirtieron en el Altepelmecalli, el agua volvió a sus cauces y a los pozos; la presa de Santiago Mexquititlán volvió a tener agua después de que el pueblo otomí tomó el pozo de Barrio Cuarto del cual CONAGUA se niega a ceder los derechos para el suministro y control del agua; el basurero de Tehuacán dejó de crecer tras haber sido clausurado por el pueblo de Santa María Coapan; en la Sierra Norte de Puebla se cancelaron 5 concesiones mineras y evitaron la construcción de 2 presas hidroeléctricas; los vendedores de la UPVA 28 de octubre mantienen sus espacios de trabajo gracias a su resistencia; en el lugar donde despachaba el traidor de los pueblos Adelfo Regino Montes, el INPI, fue tomado por la comunidad Otomí residente en la CDMX y convertido en la Casa de los Pueblos y comunidades indígenas “Samir Flores Soberanes”desde ahí se lucha, se resiste y se organiza con los pueblos.

Los pueblos recibieron a la Caravana en sus asambleas, caminamos con ellos, unimos nuestras voces, nos fortalecimos unos a otros, después de estos años de pandemia salimos en caravana para encontrarnos, conocimos los dolores de los pueblos que son los mismos que los nuestros: desprecio, represión, despojo y explotación que son las formas en que se manifiesta la guerra que impone el capitalismo en todo el mundo. Salimos a buscarnos en otras geografías, en otras rabias y otras rebeldías, porque estamos conscientes que sólo con la unión de los pueblos tendremos la fuerza necesaria para vencer a este sistema criminal.

A su paso, la Caravana por el agua y la vida sembró semillas de resistencia, como una ola de rebeldía nutrió la tierra y vimos florecer la digna lucha de los pueblos que se resisten al olvido.

Transgredimos las fronteras que nos han sido impuestas, rompimos los cercos, nos unimos y tejimos nuestras luchas. Evidenciamos la voracidad del capitalismo y sus innumerables nombres: minería, explotación del agua, inmobiliarias, gentrificación, contaminación de la tierra, aire, ríos y mares, despojo del territorio, megaproyectos, asesinatos de ambientalistas, encarcelamientos, desapariciones, narcotráfico, paramilitarismo, compra de conciencias, división de los pueblos, mercantilización de la vida, precarización del trabajo, contubernio del estado y el crimen organizado y autorizado, privatización de la educación, feminicidios, represión; violencia en todas sus formas.

Evidenciamos también al Estado, sirviente fiel del capital, que usa todo su aparato represor en contra de quienes luchamos por la vida; para desalojar a los pueblos nahuas del Altepelmecalli, para reprimir a las y los compañeros que defienden su fuente de trabajo en Libres Oriental; para golpear y encarcelar a nuestras compañeras feministas de la Okupa Cuba; para mantener presos a nuestros compañeros Fidencio Aldama, Fredy García, Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y a los 7 presos políticos de Eloxochitlán; para despojar de sus espacios de trabajo a nuestros compañeros otomíes residentes en la Ciudad de México; para señalar y perseguir a quienes luchan por una vivienda digna; para amenazar y asesinar a periodistas que defienden la verdad, para desprestigiar y difamar a los defensores ambientales; para hostigar el espacio liberado de la Okupa Chiapaz; para perpetrar la impunidad del asesinato de Bety Cariño, Samir Flores y Meztli Sarabia, para mantener abierto el injusto proceso penal de Miguel López Vega por defender al río Metlapanapa, para ejecutar la desaparición forzada de Sergio Rivera Hernández, defensor del agua en Coyomeapan y del doctor Ernesto Sernas García, abogado de la organización Sol Rojo; para perseguir a estudiantes de universidades públicas que se organizan para defender la educación; para imponer la gentrificación en las ciudades a través de inmobiliarias; para destruir los humedales de Xochimilco; para desplazar comunidades enteras y entregarlas a las mineras y narcotraficantes; para tratar de desaparecer a las normales rurales; para ocultar la verdad y la justicia de nuestros 43 y que desde aquí decimos Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Evidenciamos a las instituciones como CONAGUA, SEMARNAT, INPI, que entregan, privatizan y lucran con los recursos y el territorio, privilegiando a las grandes empresas como Danone, Volkswagen, Audi, Nestlé, Constellation Brands, Coca Cola, Gold Corp, Black Rock entre muchas otras más.

La Caravana también nos permitió mirar y notar nuestras contradicciones como individuos y como organizaciones, las prácticas capitalistas que reproducimos y que sólo podemos desmantelar en colectividad, el sistema que habita en nuestros cuerpos y que se manifiesta en nuestras acciones y palabras. Para erradicar el consumismo, el patriarcado, el machismo, la misoginia, el colonialismo, el racismo y el clasismo es necesario reconocerlo en nosotros, enunciarlo y construir alternativas.

Hoy, que la caravana llega a su última parada, nos preguntamos ¿qué sigue?, como lo hiciera el EZLN y Congreso Nacional Indígena en su 25 aniversario, respondemos desde nuestros espacios, formas y tiempos que seguiremos construyendo procesos de autonomía y fortaleciendo la autodeterminación y las relaciones entre pueblos, continuaremos la resistencia tomando en nuestras manos el destino de nuestros territorios.

Vislumbramos ahora un horizonte común de rebeldía, resistencia y organización para continuar con la gran red que desde el Congreso Nacional Indígena se viene tejiendo en defensa de la vida, ahora fortalecida con la participación de organizaciones y colectivos de los territorios que visitamos y las alianzas nacionales e internacionales que construimos, tenemos ahora la certeza de que si tocan a uno realmente responderemos todos, no es palabra vacía, es un aviso a los malos gobiernos que pretendan atacar a cualquiera de nosotros, poco a poco no habrá ni una lucha aislada más. Sabemos que grande fue el esfuerzo para realizar esta caravana, entendemos también que no es suficiente un día en los territorios para entender sus luchas, nuestros hermanos resisten día y noche para detener la destrucción de sus territorios y para aprender realmente de las luchas no hay otra forma más que vivirla en carne propia, poner el cuerpo y las manos para sumar esfuerzos y solidarizarse en los hechos.

Estamos conscientes de que tras este largo camino a través de 9 estados los aprendizajes recogidos deben materializarse en acciones concretas que puedan llevarse a las comunidades para continuar avanzando; es por eso que al Congreso Nacional Indígena, al Concejo Indígena de Gobierno, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a los pueblos que luchan y resisten, proponemos, como Caravana por el Agua y la Vida contra el despojo capitalista, la construcción de escuelitas autónomas en territorios que pertenecen al CNI en la que compañeras y compañeros de México y el mundo puedan visitar nuestras comunidades temporalmente y compartir el día a día con los pueblos, con el objetivo de conocer aquello por lo que luchamos y que ahora sean los pueblos nahuas, ñhöñhö, mazateco, zapoteco, triqui, binizaa, matlatzinca, Nuntaj iyi, ayuujk entre otros quienes pregunten a los asistentes ¿y tú qué?. Proponemos que esta provocación sea dialogada y evaluada en nuestros territorios y que el 12 de octubre del año presente la respuesta pueda ser conocida y en caso de ser aceptada comencemos con los trabajos organizativos para llevarla a la realidad.

Finalmente, como Caravana celebramos y respaldamos el gran paso que dan hoy nuestros hermanos de Cuentepec con la elaboración del decreto contra la minería para el Estado de Morelos, un gran paso no solo para los pueblos nahuas, sino para todos los pueblos originarios quienes luchamos por la autonomía. Hoy es un día histórico para todas y todos. Hoy los pueblos han decidido, una vez más, ejercer su derecho a autogobernarse.

Cuentepec, Morelos, 24 de abril del 2022
Nuestra lucha es y seguirá siendo por la vida.
Nunca más un mundo sin los pueblos

Posdata: El futuro de los pueblos no está en las convenciones internacionales, está en los pueblos que luchan por la autonomía y la autodeterminación, está en las comunidades que viven y sueñan con la libertad y reconstruyen la vida, no en oportunistas que usurpan, suplantan la voz de los pueblos y lucran con la lucha para que este sistema continúe. El presente de los pueblos originarios es de resistencia y rebeldía.

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Zapata Vive, la lucha sigue
Samir Vive, la lucha sigue
Viva el CNI
Viva el CIG
Viva el EZLN
Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos
Vivan los pueblos que luchan y resisten
Vivan las mujeres que luchan, se organizan y resisten

radio
Avispa Midia

(Español) Pueblos indígenas prohíben minería y obras del Proyecto Integral Morelos

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Fotos por Futuros Indígenas

Las políticas neoliberales, incluidas las del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), están provocando, junto a un acelerado deterioro de la naturaleza, el despojo continuo y creciente de los territorios de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas.

Por ello, reunidos en la “Primera Asamblea del pueblo nahua de Morelos en contra de la minería y los megaproyectos de muerte”, delegad@s y autoridades agrarias, tradicionales y civiles de comunidades indígenas de todo el país, decretaron prohibir la minería, así como la construcción y operación de la infraestructura del Proyecto Integral Morelos (PIM).

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Como resultado de la asamblea, realizada el fin de semana pasado en la comunidad Nahua de Cuentepec, los pueblos decretaron la prohibición para la instalación de parques industriales y actividades extractivistas de tierra y agua en los territorios sobre los que el pueblo nahua del estado de Morelos guarda una ocupación tradicional, lo anterior con independencia del régimen de propiedad que pueda existir en dichos territorios.

Minería, al acecho

Reunidos en asamblea, los pueblos nahuas denunciaron el proyecto minero “paradójicamente denominado ‘Esperanza’”, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro y plata. Esta concesión, para las empresas canadienses Alamos Gold y Zacatecas Silver, se encuentra a solo 500 metros del sitio agrado de Xochicalco.

Según los pueblos nahuas, el proyecto “afectará en forma grave nuestras tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la sub cuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente unos 200 mil habitantes que viven en las comunidades, colonias y municipios aledaños”.

Aproximadamente el 70% del territorio mexicano tiene potencial minero y el 35% ha sido entregado entre los años 2000 y 2010 mediante más de 29,000 concesiones. “A marzo de 2019, las concesiones mineras vigentes eran 25,607 que cubren una superficie de más de 22 millones de hectáreas. Las actividades mineras, de entre todas las actividades industriales, se caracterizan por tener en muchas ocasiones un alto potencial destructivo de los ecosistemas y poblaciones humanas cercanas a los sitios donde estas empresas se instalan”, argumentan los pueblos en el decreto.

En el mismo tenor, la destrucción del agua no es menos grave que la destrucción de la tierra, en ocasiones, montañas completas son excavadas y procesadas con agua concentrada con cianuro, elemento sumamente tóxico que separa el oro del resto de los componentes de la tierra, indican las comunidades, quienes cuestionan también el uso preferencial de agua para la industria.

“La actividad minera es conocida en muchos casos por los impactos negativos sustanciales en la calidad y en la disponibilidad de los recursos hídricos locales. Los impactos causados por la reducción del nivel de aguas subterráneas puede incluir la reducción o eliminación de flujos de aguas superficiales; la degradación de la calidad de aguas superficiales y del beneficio de sus usos; donde se reduce también, o se elimina, el acceso tradicional al agua mediante pozos de abastecimiento doméstico”, detallan en el documento.

PIM

El Proyecto Integral Morelos es un megaproyecto energético regional que afecta a los pueblos nahuas que viven en las inmediaciones al volcán Popocatépetl, entre los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala.

El PIM consta de dos centrales termoeléctricas, una de ellas instalada a solo 300 metros de la comunidad de Huexca, Morelos. Estas son alimentadas por la imposición de un gasoducto de 160 kilómetros “que peligrosamente atraviesa las faldas del Volcán Popocatépetl, una zona volcánica y de alta sismicidad”, denuncian los pueblos nahuas.

Foto por Futuros Indígenas

También señalan el despojo de agua, pues actualmente se construye un acueducto pretende extraer 580 litros por segundo de agua de riego a los ejidos de la región de Ayala.

“Este proyecto pretende ser impuesto en forma definitiva por el actual presidente de la república mediante el uso de la Guardia Nacional desde el año 2020 y la realización de una simulada consulta un año antes, en cuyo contexto se dio el sangriento asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes”, señalan en el documento.

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Mediante el decreto, los pueblos indígenas enfatizan que el PIM no es un proyecto para favorecer la soberanía energética de México, sino que “obedece a una lógica de mercado para introducir el gas natural de Estados Unidos al país, abaratar los costos de transporte del gas e incrementar su velocidad de producción en beneficio de empresas trasnacionales como Saint Gobain o las españolas Elecnor, Abengoa y Enagas”.

Por ello, calificaron como innecesaria la construcción y funcionamiento de estas centrales eléctricas, “altamente contaminantes y depredadoras de la naturaleza, pues en el país existe una capacidad de generación eléctrica de casi el doble de lo que se consume en fechas pico”.

Decreto contra las violencias

Durante la asamblea, l@s representantes de pueblos originarios también denunciaron el aumento de los feminicidios, desapariciones, trata de personas y diversas violencias hacia las mujeres, quienes ante un gobierno indiferente han decidido organizarse para enfrentar y erradicar al patriarcado de sus vidas y territorios.

Foto por Futuros Indígenas

Entre sus argumentos, los pueblos reconocieron que el actual desarrollo económico, basado a escala planetaria en la prominencia del capital financiero, apoyado en la gran industria militar y en el extractivismo, en guerras y epidemias, está llegando a un límite que pone en peligro las condiciones de la vida en el planeta

Ante esta situación, basados en el inalienable derecho de libre determinación, fue que los pueblos indígenas acordaron el decreto para prohibir los proyectos de muerte.

La Asamblea señaló que estas acciones también son una respuesta a las acciones del gobierno federal, quien “lejos de reconocer y respetar nuestros derechos fundamentales y proteger a la naturaleza de los graves daños que causan a la vida y a nuestros territorios los megaproyectos”, emite decretos como el acuerdo presidencial, firmado por AMLO en noviembre del 2021, para imponer los megaproyectos de muerte sin tomar en cuenta la libre determinación de las comunidades indígenas del país.

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El documento señala que dicho decreto “se considera obligatorio para tanto para los integrantes del pueblo nahua del estado de Morelos, como para cualesquier persona o entidad pública y/o privada extrañas al pueblo nahua de Morelos y su validez y obligatoriedad será vigilada por cada una de las comunidades que integran el pueblo nahua dentro de su ámbito territorial y de acuerdo a sus formas de organización y gobierno propios”.

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