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Avispa Midia

(Español) Más de 4 mil militares son desplegados para resguardar el Corredor Interoceánico

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México anunció que se han desplegado, entre los meses de abril y mayo, 26, 618 uniformados en servicios específicos en todo el territorio mexicano. Entre ellos, 4,362 elementos se han encargado de las operaciones de seguridad en el Corredor Interoceánico del Istmo Tehuantepec, Oaxaca.

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Los principales objetivos, según el informe mensual presentado por las diversas instancias armadas de México, es velar por la infraestructura social productiva en la región, por el modelo de crecimiento, así como realizar acciones emergentes para la población en situación de pobreza extrema.

Remarca el cuidado de la biodiversidad y protección de pueblos originarios, afromexicanos y equiparables “a través de acciones que garanticen su participación y derechos culturales”, reza el informe.

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Al menos 1800 militares y Guardia Nacional resguardan la llamada Línea Z, es decir, la línea del ferrocarril que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz. Otros 1455 militares se encargan de cuidar de la Línea K, que comprende la ruta del ferrocarril de Ixtepec a Ciudad Hidalgo. El resto tienen en su resguardo las líneas FA, Coatzacoalcos-Palenque, y la Línea Dos Bocas a Ramón Ayala.

Militares con más poder

Los cuerpos militares de México ampliaron su margen de acción al involucrarse en la seguridad, construcción y administración de los llamados “proyectos estratégicos”, como el llamado Corredor Interoceánico” y el “Tren Maya”. Esto debido a que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decretó estos proyectos como “de interés público y seguridad nacional”, dice el decreto de noviembre del 2021.

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En un nuevo decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación este martes (24), se amplían las facultades de las Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina. Las aduanas fronterizas y marítimas serán coordinadas respectivamente por estas instancias de seguridad.

Estos cuerpos militares “podrán participar como Unidades Responsables en los vehículos financieros, tales como fideicomisos públicos sin estructura, constituidos en términos del artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que sirvan para recibir y administrar los recursos que deriven de cualquier otro vehículo financiero que reciba la contraprestación prevista en el artículo 16 de la Ley Aduanera”, reza el decreto.

Desde octubre del año 2020 la Sedena ya operaba 17 aduanas marítimas y dos aduanas interiores. Entre ellas están la de Ensenada, Guaymas, La Paz, Mazatlán, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Acapulco, Salina Cruz, Coatzacoalcos, Cancún, Dos Bocas, Progreso, Ciudad del Carmen, Veracruz, Tuxpan, Tampico, Altamira, Pantaco y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“En total participan 2 mil 205 empleados altamente capacitados con cursos y diplomados de comercio exterior”, señaló en conferencia de prensa José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina.

El presidente López Obrador ha resaltado como certera la decisión de asignar las tareas de vigilancia y administración de aduanas a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, sobre todo, destacando el aumento de recaudación de impuestos.

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Avispa Midia

(Español) Conversatorio: “Sur de México: militarización transfronteriza, megaproyectos y pueblos originarios”

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Fuente: Avispa Midia

 

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Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán

(Español) Comunicado de Azqueltan sumándose a la caravana y a las exigencias de San Sebastián Teponahuaxtlán

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A la comunidad Wixárika de Waut+a- San Sebastián Teponahuaxtlán

Al pueblo y gobierno de México

La comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, anunciamos que por acuerdo de la asamblea general, nuestras autoridades tradicionales y agrarias se suman a la marcha por la Dignidad y la Conciencia Wixárika, que luego de más de 900 kilómetros, arriba a la Ciudad de México y exigimos al gobierno federal que se dé una solución integral y definitiva al conflicto agrario en Huajimic, Nayarit.

Los pueblos indígenas no tenemos porqué mendigar la justicia, como si ganar un juicio no fuera algo que se nos tenga permitido a los que somos originarios de este país México, como si las leyes no hubieran sido hechas para nosotros, excepto las que están dirigidas al saqueo, a la privatización y al despojo.

Como comunidad de Azqueltán sabemos que no puede haber pequeñas propiedades sobre los terrenos comunales, pues para eso hay leyes que nos protegen, hay tratados internacionales y está la constitución mexicana.

Reconocemos la larga lucha de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán por el territorio ancestral que le fue reconocido tanto en su título virreinal como en su resolución presidencial. Sabemos, porque hemos sido testigos, de las invasiones causadas por la ambición y por las políticas de los gobiernos, que buscan siempre privilegiar a la propiedad privada sobre la propiedad colectiva para hacer la tierra una mercancía. Con más razón cuando reconocemos esos territorios como sagrados, donde se manifiesta nuestras deidades y nuestra madre que es la tierra.

Hemos sido testigos también de la larga lucha de San Sebastián por defender y cuidar, como nuestra madre sagrada, a la tierra, que es su territorio ancestral, lo que es digno de admiración, respeto y un ejemplo para toda la región y para nuestro país.

Nos sumamos a la exigencia de que el Gobierno Federal haga valer las leyes, las sentencias emitidas por el Tribunal unitario Agrario del Distrito 16 y señale con precisión los pasos a seguir para la restitución inmediata de las tierras comunales, sin falsas mesas de negociación y sin pretextos que lleven a alargar el regreso de las tierras a sus verdaderos dueños.

Atentamente

A 26 de mayo de 2022

Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco 

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Congreso Nacional Indígena

(Español) Caravana de la Dignidad y Conciencia Wixárika, CDMX 26 y 27 de mayo 2022

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Jueves 26 de Mayo

5:00 hrs. Salida de la Marquesa

Recorrido:
Autopista
Constituyentes
Circuito Interior
Reforma

13:00 hrs. Recepción de la Caravana en el Antimonumento a los 43

14:00 hrs Conferencia de prensa en el Antimonumento a los 43

16:00 hrs Reinicia la Caravana hacia la Basílica de Guadalupe
Recorrido:
Reforma
Calzada de Guadalupe

18:00 hrs Arribo a la Basílica de Guadalupe

20:00 hrs Pernocta en la explanada de la Basílica

 

Viernes 27 de mayo

7:00 hrs. Ceremonia a Ta Tei Yurienaka (Nuestra Madre Tierra)

8:30 hrs. Caravana al zócalo de la CDMX

Recorrido:
Calzada se los Misterios
Av. Insurgentes
Eje central
Tacuba
Plaza de la Constitución
Palacio Nacional

11:00 hrs. Arribo al zócalo, recepción y conferencia de prensa en las puertas a Palacio Nacional

Reunión para definir ruta a seguir

 

 

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Avispa Midia

(Español) Zonas Económicas Exclusivas, objetivo de los ejercicios militares en México y Belice

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

El viernes pasado (20) la Secretaría de Marina de México anunció oficialmente que los ejercicios militares llamados “Tradewinds 2022”, realizados en territorio mexicano y en Belice, habían concluido exitosamente. Uno de los objetivos fue fortalecer la relación de los Estados Unidos y los países socios. Otro propósito fue mejorar la capacidad de defensa de las Zonas Económicas Exclusivas.

Tradewinds es un ejercicio que se ha realizado por primera vez en territorio mexicano. Por lo que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), solicitó al parlamento de México que aprobara la entrada de tropas extranjeras a su país durante el periodo del 7 al 21 de mayo.

Los ejercicios tuvieron la aprobación del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. Fueron ejecutados y patrocinados por el Comando Sur (Southcom por sus siglas en inglés) de EEUU.

Participaron más de 1500 militares de 23 países, también organizaciones civiles, como World Hope International (WHI), quien apoyó al Southcom en territorio mexicano. “La principal participación de World Hope International en Tradewinds 22 se enmarca en la vía de ayuda humanitaria en caso de catástrofe en Cozumel (México) y apoya el Sistema de Seguridad Regional”, dijo Kevin J. Bostick, uno de los altos mandos del Southcom,.

La WHI, quien es financiada entre otros por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y Ayuda directa del Reino Unido (UKaid), ha participado en otros ejercicios, así como en contextos de guerra, como en Siria y, actualmente, apoyando a Ucrania.

Las Zonas Económicas Exclusivas

México tiene la decimotercera zona económica exclusiva más grande de la región con una superficie que comprende más de 3 millones de km², establecidas en el Océano Pacífico, el Golfo de California y el Golfo de México.

Sumado a ello, durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sur de México, decretó diversas Zonas Económicas Especiales que conectan con el Pacífico y con el Golfo de México. Tras la llegada de AMLO al poder, cambió el término Zona Económica Especial (ZEE) para los proyectos estratégicos y decidió nombrarlos como Zonas Francas, aunque comprenden las mismas líneas de inversión que contienen la ZEE.

Los ejercicios militares Tradewinds 2022, ideado por los EEUU, se han enfocado a fortalecer su capacidad de reacción en está región y desarrollar nuevos procedimientos operativos estándar. El objetivo es “mejorar la capacidad de defensa de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE); aumentar la preparación de EEUU y sus socios; promover los derechos humanos (…) y aumentar la conciencia del dominio marítimo”, señaló el alto mando del Southcom.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, durante la Quinta Reunión de Gobernadores del Sur-Sureste de México en Ciudad de México, anunció que su país invertirá 30 millones de dólares en esta región. Aunque ya había anunciado la misma cantidad en el mes de febrero pasado, junto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la organización conservacionista The Nature Conservancy (TNC) y Usaid.

En su momento firmaron una carta de intenciones para “fomentar la conservación y el desarrollo económico de la región sur-sureste” mexicano.

Actualmente las fuerzas armadas de México no solo se encargan de velar por la seguridad de estos complejos de desarrollo, sino que, además, están interviniendo en su construcción y parte de la administración. Esto se debe a que el mandatario mexicano elevó la importancia de estos complejos al decretarlas como de “seguridad nacional”.

Disuasión

En los ejercicios, las fuerzas armadas de México y Belice realizaron operaciones marítimas, urbanas y en jungla en Belice. También fueron asignados en la unidad de Localización, Búsqueda y Neutralización de Artefactos Explosivos.

Los participantes en estos ejercicios también recibieron entrenamiento para dilución de protestas o disturbios urbanos que califica dentro del “orden público y de lucha contra las bombas molotov”, coordinado y dirigido por el Real Regimiento de las Bermudas en la Academia de Formación de la Policía de Belmopan. Se utilizaron equipos y tácticas antidisturbios con simulacros de protestas con bombas molotov usadas por los propios militares.

La Marina agrega que, en los ejercicios, también se llevó a cabo un Ejercicio NAMSI (por sus siglas en inglés North American Maritime Security Initiative), “el cual es un esfuerzo de integración trilateral entre el Comando Marítimo de Canadá, la Guardia Costera de los Estados Unidos de América y la Secretaría de Marina-Armada de México”.

Las fuerzas armadas de México concluyeron que estos ejercicios “permiten a las fuerzas armadas de los países participantes incrementar sus capacidades y nivel de adiestramiento, así como su interoperatividad e interoperabilidad, mediante el entrenamiento y aprendizaje de nuevas técnicas”.

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Avispa Midia

(Español) Chile | Boric despliega fuerzas militares en territorios Mapuche

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

A dos meses de haber asumido la presidencia de Chile, Gabriel Boric, considerado por muchos como políticamente de “izquierda”, decretó Estado de Excepción en Biobío y La Araucanía, al sur del país, donde están territorios del pueblo Mapuche.

El despliegue de las fuerzas armadas en la zona del denominado “conflicto mapuche” empezó el miércoles 18 de mayo. La ocupación militar debe durar 15 días, con la posibilidad de prórroga, sin la necesidad de autorización por parte del Congreso Nacional de Chile.

En esas zonas existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

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La declaración del Estado de Excepción se da en un contexto de reclamo de los camioneros y trabajadores forestales para, según ellos, restablecer la seguridad en la zona.

“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de Estado de excepción)”, anunció la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

La militarización de algunas provincias de las regiones de La Araucaníay el Biobío no es algo novedoso. Fue ordenada por el expresidente Sebastián Piñera en octubre de 2021. La instrucción, ratificada 10 veces por el Congreso, no había sido renovada por el gobierno de Gabriel Boric, quien asumió el pasado el 11 de marzo.

La aplicación del Estado de Excepción en esas regiones fue una medida que Boric criticó durante la gestión de su antecesor Sebastián Piñera y había asumido el compromiso de no repetirlo.

Histórico del conflicto

En el sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial. El pueblo Mapuche reclama las tierras en las que han habitado por varios siglos y hoy pertenecen, en su mayoría, a empresas forestales y grandes complejos económicos que, según los mapuches, explotan bosques milenarios en los que se han sustituido árboles nativos por eucaliptos.

Oficialmente este proceso es conocido como la “Pacificación de La Araucanía”, en el que se explica la pugna entre los Mapuches y la ocupación del Estado chileno a finales del siglo XIX.

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En los enfrentamientos, un gran número de mapuches han muerto a mano de agentes del Estado, así como decenas de policías y colonos.

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Avispa Midia

(Español) Guatemala: ex preso político continúa defensa del río Cahabón

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Tras salir de prisión, Caal señaló que su libertad, es una clara derrota a la criminalización. Foto: Simone Dalmaso / Prensa Comunitaria

Bernardo Caal Xol, maestro indígena y defensor del territorio del pueblo Maya Q’eqchi’, en el norte de Guatemala, fue encarcelado el 30 de enero de 2018 por defender los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón por la empresa Oxec S.A., en el departamento de Alta Verapaz.

El 16 de julio de 2020, Amnistía Internacional nombró a Bernardo Caal preso de conciencia. Tras revisar el expediente penal abierto contra Bernardo Caal Xol, la organización encontró que no había evidencia de los delitos que se le acusaban.

“El proceso en su contra muestra patrones similares de criminalización contra otras personas defensoras de derechos humanos que la organización ha documentado en Guatemala”, señaló la organización.

Pese a la falta de evidencias y a la movilización de organizaciones nacionales e internacionales en su apoyo – incluso la relatora especial de derechos de los pueblos indígenas de la ONU expresó su preocupación por la condenada tras visitarle en la cárcel -, Caal fue condenado.

Ningún recurso interpuesto en su defensa logró su puesta en libertad; 69 magistrados se rehusaron a revisar los recursos que planteó su defensa. “En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso”, sostiene el indígena Maya Q’eqchi’.

Caal Xol cumplió la pena que le impusieron. Logró su libertad el 24 de marzo de 2022.

Mientras el indígena estaba en la prisión, siete proyectos de hidroeléctricas se llevaron a cabo en territorio Maya Q’eqchi’ en el cauce del río Cahabón, incluso en su comunidad.

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En una sentencia que el indígena califica como “vergonzosa”, la última instancia de Justicia de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, consideró que sí hubo violación a los derechos de los pueblos y que sí habría la necesidad de hacer una consulta libre, previa e informado; al mismo tiempo dio luz verde para que la empresa llevara a cabo el proyecto.

La empresa Oxec desvió 50 kilómetros del río Cahabón para que el agua fuera represada. En este trecho del río desviado, “están los guardias de seguridad armados de la empresa, cuidando para que nadie toque el agua”, cuenta Caal Xol.

Además, donde pasaba el río se quedó seco. “Las familias que viven ahí ya no tienen donde hacer uso del agua. El racismo con el cual actúan estas empresas y el Estado en ignorar la situación de las familias que se quedan sin agua que, ahora, tienen que caminar horas para conseguir un poco de agua. Lo único que hicieron fue regalar tinacos a las familias para colectar de la lluvia, mientras se llevaron el río”.

Avispa Midia platicó con Caal Xol en Guatemala un poco más de un mes de estar en libertad.

Recibimiento de Bernardo por pobladores de Sepos Semococh, la comunidad de donde es originario. Foto: Gilberto Cucul

En una larga entrevista, el indígena Maya Q’eqchi hace un recuento de cómo ha sido el proceso de criminalización de la lucha por defender el territorio, desde la llegada de la empresa Oxec. Lo que vivió es “una muestra de cómo en Guatemala las empresas criminalizan y cómo cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados”.

Existe un segundo expediente penal abierto contra Caal, “es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de Justicia”. Pese a ello, el indígena, con una mezcla de rabia e indignación de lo que está pasando en su territorio y en otras partes de América Latina, sostiene: “eso no puede ser”, “tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza; esta lucha sigue”.

En lo que sigue, reportamos algunos de los temas platicados en esta entrevista.

La llegada de la empresa

Empezamos a notar la presencia de personas extrañas, vehículos extraños en el territorio. De repente llega maquinaria bastante grande y empieza a escarbar el río Cahabón y a desviar su curso. No sabíamos quién era esta gente y lo que estaba haciendo en nuestro territorio.

Fue entonces que nosotros empezamos a averiguar lo qué estaba pasando. Constatamos que el Ministerio de Energía y Minas ya había autorizado las licencias. Los permisos ya habían sido publicados en el periódico oficial del Estado, el Diario de Centroamérica. Ya era oficial la decisión de construir las hidroeléctricas.

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Estas empresas llegan con engaños, con mentiras. Como siempre lo hacen, llegan diciendo que van a llevar desarrollo a las comunidades. En mi comunidad empezó a construir la empresa Oxec S.A.

Comunidades empiezan la organización

Nos damos cuenta del desvío del río y empezamos a reunirnos en asambleas y a tomar decisiones. Buscamos asesoría hasta la capital.

Las comunidades designan, por la gran distancia entre nuestro territorio y la capital, una comisión para que esté viajando constantemente, son aproximadamente unas 15 horas de camión. Y a mi me toca estar en la comisión como un vocero, para hacer las denuncias. Me vuelvo una cara visible para lo que denuncian todas las comunidades.

Ganan amparo

Se firma un amparo, yo soy el amparista, para poder detener la construcción de la empresa Oxec S.A. Más de 100 comunidades me delegan.

Pasado alrededor de un año de haber ingresado el amparo, la Corte de Justicia [última instancia de Justicia en Guatemala] reconoce la violación de derechos. El Estado de Guatemala no realizó la consulta libre, previa e informada. Tampoco dimos nuestro consentimiento. No fuimos consultados. Nuestro fundamento legal es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así que, con el tiempo, nos da la razón las últimas instancias de justicia y se suspenden las licencias.

Viene la persecución

A partir de la suspensión de las licencias empieza la persecución, empieza la criminalización. Los medios corporativos empiezan a difundir noticias todos los días, en grandes titulares, sobre mi persona. Difamándome, calumniándome.

Bernardo Caal en una actividad pública, antes de ser encarcelado en enero de 2018. Foto: Prensa Comunitaria

Fue una estrategia para ir preparando el terreno para que el pueblo de Guatemala me odiara, para causar el odio social.

La primera orden de captura

Entonces surge una orden de captura contra mí y después otra. La primera orden de captura decía: ‘se ordena su captura por estafar al Estado de Guatemala’.

Yo soy maestro, yo enseño. Y lo que argumentaban en sus acusaciones era que yo cobré salarios un año y no me presenté a la escuela con los niños – yo soy maestro de niños y niñas.

Hay un acuerdo de la ministra de Educación de Guatemala donde me cancela el trabajo, me cancela el contrato. Es aquí donde se inicia la persecución penal. Es una estrategia del Estado de Guatemala y de las empresas.

Yo me presento ante el juez, que emite la primera orden de captura, para presentar mis documentos y decirle ‘mira, yo no cometí el delito que usted dice’. Con las pruebas, no me pudieron llevar preso.

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Entonces, apuradamente, cambió el tipo penal con el cual me acusaban. Lo nombró como ‘retenciones y apropiaciones indebidas’. Todavía sigue el expediente abierto. Es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de justicia. Imagínate, este expediente está abierto desde 2016. Lleva seis años este proceso penal allí.

El objetivo era hacer creer el pueblo de Guatemala que quien está denunciando estas hidroeléctricas es un estafador. Pude probar lo contrario.

La segunda orden de captura

Entonces empezaron a trabajar otra orden de captura, ‘por robo agravado y detenciones ilegales’.

Ellos decían que yo y 100 personas más detuvimos un vehículo, que yo bajé a los tripulantes y ya, cuando los tenía abajo, empecé a arrojar a las cosas del vehículo, eran unos cables de la empresa Oxec. Este es el ‘robo agravado’ que me acusaron. Y ‘detenciones ilegales’ porque detuvimos el vehículo, dicen ellos.

La prisión

En enero de 2018 me presenté a una audiencia por la primera orden de captura para poder finalizar las acusaciones. Ahí fui detenido, debido a la segunda orden de captura. Por los delitos que me acusaron, me sentenciaron a siete años y cuatro meses de prisión.

Los testigos de la empresa Oxec decían al juez que fui yo el que robó. Pero yo ¿qué he robado? Primero es ilógico que yo, un amparista contra Oxec, les haya robado. Lo otro ilógico es que yo soy maestro. Yo trabajo con lapicero, con marcador, con mi pizarrón, con carteles, con cartulina, con libros, estas son mis herramientas de trabajo y no como ellos dicen que yo me robé costales de cables que ellos llevaban para la empresa Oxec. Sin embargo, el juez me sentencia.

Cumplí la sentencia. Hay una normativa aquí en Guatemala que dice que aquel privado de libertad al llegar a la mitad de la pena si documenta y argumenta haber tenido una buena conducta en el sistema penitenciaria y haber trabajado se puede pedir la libertad. Eso fue lo que yo hice. A parte de tener una buena conducta, como yo soy maestro, también estuve dando clases a los privados de libertad, que les negaron una educación desde su niñez.

Logré la libertad el 24 de marzo de 2022. Hace un mes y un par de días que salí de la prisión.

69 magistrados

Cuando fui sentenciado procedí a la apelación de mi sentencia. Dos años estuvo mí expediente sobre los escritorios de los magistrados. Se excusaron 69 magistrados en no querer analizar el expediente. En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso.

La interpretación es que el sistema de Justicia está cooptado. Esta es una muestra de cómo las empresas criminalizan, uno; lo otro es que estas empresas cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados.

Clamor popular

Un punto fundamental en este proceso fue el clamor popular. Yo, en la prisión, empiezo a escribir cartas para continuar con las denuncias, se empieza a difundir las cartas, muchas organizaciones nacionales e internacionales se enteran del proceso, empiezan los pronunciamientos. Las comunidades en resistencias también siempre estuvieron al tanto de mí, nunca me abandonaron.

Carta de Bernardo escrita desde la prisión.

Luz verde para la empresa

Cuando suspenden el proyecto de la hidroeléctrica empiezan las cámaras empresariales a presionar a la Corte de Constitucionalidad; empiezan a presionar a los magistrados para que cambiaran la decisión, de manera que estas empresas continuaran sus obras. Al fin, como decimos aquí en Guatemala, estos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad no aguantaron la casaca, se vieron presionados y cambiaran la sentencia.

Una sentencia vergonzosa

En pocas palabras lo que dice la sentencia es que si bien es cierto violaron los derechos de los pueblos mayas, las empresas pueden continuar las obras. La sentencia también dice que se debe hacer las consultas, y no las hicieron. Así lo dejaron. Entonces las empresas continuaron.

Es una sentencia vergonzosa ante los ojos del mundo. Sí, están reconociendo que hay violación de derechos y, al mismo tiempo, permiten que continúe, es decir, permite que se continúe violando.

Llegamos a la última instancia y nos dan una resolución de esta forma. Tal vez tengamos que apelar internacionalmente porque aquí ya no hay qué pelear jurídicamente.

Energía eléctrica y acuerdos de paz

En 1960 se inicia el conflicto armado interno aquí en Guatemala. La política era de tierra arrasada. Bombardeaban a las comunidades que el gobierno y el ejército consideraban guerrilleras, aunque no lo fueran. Una vez así lo declaraban, guerrilleras, acababan con esta comunidad.

Eso dura 36 años. En 1996 se firman los acuerdos de paz, que no se cumplen hasta hoy. ¿Qué es que pasaba mientras se preparaba esta firma? Se gestaban paquetes de leyes para hacer negocio con la energía eléctrica, para que pudieran entrar libremente estas empresas que hoy estamos viendo en nuestros territorios.

Los acuerdos de paz y las leyes que fueron creadas a partir de entonces fueron una estrategia de las familias oligarcas en Guatemala para entrar en los territorios, ya no con armas, sino con leyes que regulan la explotación.

En Cobán, la hidroeléctrica española Renace se ha instalado con amenazas a la población y falsas promesas de desarrollo para la zona. Foto: Pedro Armestre

Ahora hay una empresa que genera la electricidad, hay una empresa que la transporta y hay una empresa que la distribuye. Así es como se reparten los negocios. Y el mejor negocio que tienen ahorita es la construcción de hidroeléctricas porque eso les está generando muchas ganancias.

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Cuando llegan las comunidades a solicitar electricidad – porque están viendo que allí en su territorio se está produciendo mientras están en la obscuridad – entonces lo que les dicen, ‘pues mira, mi trabajo es solamente generar, yo no vendo’. Ya viene otra empresa toma esta electricidad y se la lleva a México y a otros países de Centroamérica, mientras las comunidades de Alta Verapaz, que más produce energía en Guatemala, se quedan en la obscuridad.

Y ¿de dónde sale la arquitectura de toda esta infraestructura? De las leyes que se iban preparando cuando se estaba negociando los acuerdos de paz.

Una persona que le haga daño a un bosque, a una montaña o a un río, uno va a denunciar y el mismo fiscal dice: ‘mire, su denuncia sí vale la pena, pero la ley dice que no tiene caso’. Se puede pagar una multa de cierta cantidad, que es vergonzosa, y se acaba el delito. ¿Cuándo prepararon esta ley? Uno ve la fecha y es de cuando estaban negociando los acuerdos de paz.

La criminalización también desde allí la preparan a todos los que se opongan a los megaproyectos. Para eso están los jueces, los Ministerios Públicos, la policía para ir a defender estas empresas.

En 2012, en el gobierno del presidente de Otto Pérez Molina [un general retirado del Ejército de Guatemala, que gobernó entre 2102 y 2015 y fue encarcelado por corrupción] firmó licencias para autorizar que se construyeran varias centrales eléctricas sobre el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz.

Son 195 kilómetros de río Cahabón, desde que nace hasta que se desemboca en un lago que se llama Lago de Izabal. De estos 195 kilómetros, 50 kilómetros lo cortan, lo desvían para construir varias centrales hidroeléctricas. Actualmente han sido construidas siete hidroeléctricas sobre el río Cahabón.

Libertad

Ahora que llevo más de un mes de estar en libertad, vamos a retomar nuevamente el tema, porque eso no puede ser, ¿verdad? Las comunidades han continuado y las organizaciones, que nos han acompañado, siguen en la lucha. Tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza. Esta lucha sigue.

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Noticias de Abajo ML

(Español) Noticias de abajo – 17 de mayo 2022

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(Descarga aquí)  

ROMPIENDO FRONTERAS

  • CHILE: La Comunicadora independiente Francisca Sandoval fallece tras doce dias hospitalizada despues del ataque armado del 1 de mayo- Señal 3 de la Vitoria.
  • PANAMA: Continua el Paro en Colon ante las desigualdades sociales en el Istmo del canal de Pánama. Colon urgente. Radio Temblor
  • PALESTINA: Un año más de la nakba, Israel asesina a la periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh.
  • AMAZONIA: Incendio destruye comunidad Yanomami en la Amazonía brasileña. Avispa Midia
  • KURDISTAN:Desde México denuncian las políticas de guerra de Turquía contra el pueblo kurdo. Kurdistan America Latina

OMBLIGO DEL MONSTUO

  • MORELOS: 10 años de resistencia al PIM en Huexca Morelos. El 15 de mayo se conmemoraron los 10 años de resistencia al proyecto de muerte del PIM junto con la Termoelectrica. Noticias de abajo.
  • MEXICO: Dificil camino para el retorno seguro de los desplazados de Tierra Blanca Oaxaca. Sueña Dignidad
  • MEXICO: Invitacion a Tejemedios Encuentro de Medios Libres y Radios Comunitarias en la region de los Volcanes Puebla. Laboratorio Popular de Medios Libres
  • DESAPARECIDOS: Madres de desaparecidos se manifiestan el 10 de mayo y fundan la glorieta de las y los desaprecidos, el gobierno la boicotea. Redes.
  • PUEBLA, SIERRA NEGRA: Policía Estatal embosca activistas indigenas en Coyomeapan, 3 muetros 7 heridos y 4 presos políticos por oponerse al caciquismo. Frayba, PiedePagina

Música:

Version No Oficial de la Canción «Palestina Somos Todos» – Themis Aranibar

Resistencia indigena – Pneumacopla

Contra toda autoridad – Marmotas en el bar

Fondo: Orient Dub Mix #1 by ODGPROD

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) El Estado mexicano debe garantizar la vida, seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad Coyomeapan, Puebla, originarios del pueblo Nahua

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

13 de mayo de 2022

Boletín No. 16

 

El Estado mexicano debe garantizar la vida, seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad Coyomeapan, Puebla, originarios del pueblo Nahua

  • Verdad y justicia para asegurar una investigación efectiva y castigo a los responsables.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha recibido información que el día 9 de mayo de 2022, aproximadamente las 17:00 horas, un grupo de integrantes del Movimiento Unidad por Coyomeapan, en el estado de Puebla, fueron emboscados por elementos de la policía estatal quienes ejecutaron a Teófilo Barrera Herrera de 24 años, Marcelo Carrera Reyes de 45 años y Omar Herrera Raymundo de 15 años, todos del pueblo Nahua. Siete personas más resultaron heridas. Los hechos se dieron al momento en que las personas pasaban por la comunidad Zoquitatlán.

La comunidad de Coyomeapan se encuentra en resistencia pacífica por la defensa de su tierra y su territorio, así como por sus Derechos Civiles y Políticos, por tal motivo, 4 personas se encuentran presas en el penal de Tehuacán, Puebla, criminalizados por la defensa de sus derechos, entre ellas se encuentra la defensora de derechos humanos y teóloga Basiliza Montaño Gutiérrez integrante del Movimiento Unidad por Coyomeapan. Así mismo la periodista Claudia Martínez Sánchez fue desplazada de su hogar por ejercer su derecho a la libertad de expresión y dar a conocer la criminalización que enfrentan las comunidades nahuas.

El Estado mexicano debe debe garantizar la vida, seguridad e integridad de los habitantes de la comunidad Coyomeapan, Puebla, originarios del pueblo Nahua para que puedan disfrutar el derecho a la paz, además de prevenir, investigar, identificar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos cometidas contra los habitantes de la comunidad indígena de Coyomeapan, particularmente investigando los hechos con la debida diligencia en el caso de las tres personas asesinadas y se castigue a los responsables de los hechos.

Desde el Frayba nos sumamos a la exigencia de libertad de las cuatro personas defensoras del territorio Privadas Arbitrariamente de su Libertad desde el pasado 21 de septiembre del 2021; en especial nos pronunciamos por la libertad de la defensora Basiliza Montaño Gutiérrez a quien le ha sido arrebatado su derecho a defender los derechos humanos y por el retorno de la periodista Claudia Martínez Sánchez garantizando la no repetición de los hechos y el ejercico de su derecho a la libertad de expresión.

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Avispa Midia

(Español) Incendio destruye comunidad Yanomami en la Amazonía brasileña

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Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

Un incendio destruyó la comunidad Yanomami Aracaçá, en el estado de Roraima, en la Amazonia brasileña, donde vivían alrededor de 30 indígenas. La destrucción ocurrió tras la denuncia de violación y el asesinato de una niña Yanomami de 12 años por garimperos (término portugués para designar los mineros informales, que explotan minerales principalmente en zonas remotas de la Amazonia).

Una tía de la niña intento contener los agresores, sin embargo, los mismos lanzaron a un río a su hijo, que todavía está desaparecido.

La denuncia fue hecha el 26 de abril por el Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanommami, órgano encargado del sector de salud del pueblo Yanomami, y por el indígena Júnior Hekurari Yanomami. El tema tomó mayores proporciones días después con la denuncia del incendio que destruyó la comunidad.

El caso sigue siendo investigado por órganos del Estado. Sin embargo, la Hutukara Associação Yanomami (HAY), en un comunicado, sostuvo que viene trabajando para reconstruir los sucesos denunciados por los Yanomami. “Pese a que no se ha reunido informaciones suficientes para aclarar los crímenes denunciados, se obtuvo informaciones que develan un grave histórico de tragedias asociadas al garimpo en la comunidad”.

Una de las principales tragedias está vinculada con las violaciones a mujeres y niñas por los garimperos. Hasta el momento “se ha confirmado el escenario desolador vivido por la comunidad a partir de las relaciones impuestas por el garimpo, con reiterados testigos de violencia sexual en serie”, señala la organización en el comunicado.

En la comunidad Aracaçá “ha casos generalizados de abusos y violencia. La vulnerabilidad de las personas de la comunidad es tan grande que es muy probable que la violencia continúe cotidianamente”.

De acuerdo con el informe Yanomami sob Ataque, de la HAY, la región donde está la comunidad Aracaçá es una de las más impactadas por el garimpo. El informe también registra que los ataques de los garimpeiros hacia a los indígenas son frecuentes.

Para la organización, los últimos hechos de violencia denunciados deben ser comprendidos en este escenario, “en el cual mitad del territorio Yanomami está bajo presión de invasores”.

La recomendación hecha por la organización viene en un contexto en el cual se intenta responsabilizar los propios Yanomamis por el incendio.

“Con base en eso, defendemos que se conduzca una investigación más amplia y profundizada que lleve en consideración el histórico de violencias vividas por los indígenas en Aracaçá en consecuencia del garimpo en el territorio Yanomami”, llevando en consideración que es un pueblo que vive de acuerdo con sus costumbres tradicionales y con su lengua ancestral.

Violencia sistemática

El territorio Yanomami es el territorio indígena más grande de Brasil reconocido por el Estado, son 10 millones de hectáreas en la Amazonía. El territorio es conformado por diversas comunidades y Aracaçá es una de ellas.

La problemática que ha vivido Aracaçá no es un hecho aislado en el territorio Yanomami. “En todo el territorio el garimpo invade nuestras tierras, destruye nuestras tierras, destruye nuestro modo de vida, nuestras cosechas y genera hambre y violencia. Nuestras mujeres y niñas están siendo violentadas en diversas regiones aisladas por el garimpo. Nuestras familias están enfermándose y muriendo de enfermedades”.

De acuerdo con Biodiversidad en América Latina, se calcula que unos 29 mil indígenas viven en la zona, en aproximadamente 350 comunidades. Hay 273 comunidades afectadas por la minería, lo que impacta a más de 16 mil personas.

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