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ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

Campaña nacional contra la guerra y por la vida

En el marco de los acuerdos alcanzados en la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida, realizada en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX, los pueblos, barrios, organizaciones, redes, colectivos y comunidades que la integramos declaramos:

Que la guerra que enfrentamos en todo el territorio nacional, es dirigida y ejecutada por Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas” y titular del Ejecutivo Federal, el objetivo, garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital, los intereses de los dueños del poder y del dinero, y la impunidad con la que opera el narco Estado mexicano; el usos de las armas son para imponer el despojo del agua a través de las instituciones nacionales, estatales o municipales; la manipulación, el miedo, la división, privatización, mercantilización, municipalización y remunicipalización, las concesiones que privilegian a empresas privadas e industria, la cooptación de comités comunitarios del agua, y los planes y programas de reordenamiento territorial, son la justificación para despojarnos del vital líquido.

El Estado en complicidad e impunidad con las transnacionales, es el principal actor que impulsa el despojo del agua e instrumenta la guerra en contra de nuestros Pueblos, esta guerra que vivimos contra la vida en todos los territorios, que se manifiesta con cientos de miles de pres@s polític@s y militarización, persecución y asesinato a defensor@s del territorio, desaparecid@s, feminicidios, transfeminicidios y multiplicidad de crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+.

Es por esta situación, que los pueblos, barrios, organizaciones, redes, colectivos y comunidades reunidas en la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida Anunciamos: El inicio de la “Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida” que, a través de denuncias, foros, encuentros, talleres, movilizaciones, etc. Harán eco a la exigencia de Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, los pueblos originarios y alto al despojo, explotación, desprecio y reprensión; es decir, las 4 ruedas del capitalismo sobre las que camina esta Cuarta Transformación y que se vive, se padece, en todo el territorio nacional.

Como primera actividad, invitamos a participar en la ACCIÓN DISLOCADA CONTRA CONAGUA (mítin-rueda de prensa-evento cultural) el lunes 25 de septiembre a partir de las 10:00 am frente a las oficinas de CONAGUA (Insurgente Sur, 2416).

Invitamos también a colectivos, organizaciones, redes, pueblos e individu@s a sumarse a esta campaña registrando sus actividades en el correo: asamblenacionalporelagua@gmail.com

Porque para los pueblos originarios el agua no será guerra sino unión por la vida.

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA Y LA VIDA

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Avispa Midia

Indígenas mayas de Ixil encaran al sector inmobiliario en Yucatán

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Ejidatarios y pobladores de Ixil resisten un operativo policiaco que pretendía asegurar un predio de 324 hectáreas en la comunidad maya.

El pasado 2 y 3 de septiembre, en Mérida, Yucatán, al menos 31 empresas de bienes raíces realizaron la llamada “Expo Inmobiliaria 2023”, donde ofertaron casas, terrenos y departamentos. En este magno evento fue ofrecida esta entidad como “el estado más seguro” del país, aunque el indígena maya Neftalí Quijano Moguel, no opina lo mismo, Quijano es ejidatario de Ixil, un lugar que los mercaderes de la tierra pretenden arrebatar y vender al mejor postor.

Él fue brutalmente golpeado el 17 de agosto por la Policía Estatal quien, supuestamente, llevaba una orden para asegurar un predio de 324 hectáreas, que presumiblemente pertenece a los empresarios Chikri Abimerhi Bodib, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Menéndez, los mismos que se codean en este sector, acusados en varias ocasiones de traficar con las tierras a razón de la esperada oleada expansiva de capitales que traerá el Tren Maya a la región.

Tras la orden de la fiscalía, se arremetió con lujo de violencia hacia la comunidad de Ixil. “A mí me mandaron al hospital por varios días solamente por intentar alimentar a mis animales cuando cerraron los accesos a nuestros predios”, explica el ejidatario de esta comunidad que se encuentra a solo 20 kilómetros al nororiente de Mérida.

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Los empresarios han promovido la venta de sus inmuebles como una gran oportunidad, resaltando que Mérida supera a Florencia y a Québec como la mejor ciudad del mundo.  Sin duda alguna, el indígena asegura, “el Gobierno del Estado, y eventos como la Expo Inmobiliaria que termina hoy (3 de septiembre), engañan al público con la imagen falsa que venden del Estado de Yucatán. La imagen real es violencia racista contra nuestros pueblos, pobreza y despojo para campesinos, destrucción de la naturaleza y una corrupción impresionante en el gobierno estatal y municipal”.

Tras la fuerte represión que sufrió Quijano y su comunidad por defender sus tierras comunales, se desató una inconformidad generalizada y es así que se comenzó a endurecer un proceso organizativo. Incluso, este 4 de septiembre interpusieron una demanda de amparo contra la orden ejecutada por parte de la fiscalía ante el Juez de distrito del Décimo Cuarto Circuito en turno. Dicho recurso legal es firmado por decenas de ciudadanas y ciudadanos de Ixil.

Esta comunidad está logrando adherir una gran cantidad de expresiones de solidaridad a su causa. Tan es así que, este 30 de septiembre, accionarán en lo que se espera, será una gran movilización en “contra el despojo y por la defensa del territorio en Mérida”. La protesta arrancará a las 4pm, comenzando en la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, destacaron en un boletín de prensa.

Desde hace años, pobladores de Ixil se han organizado para defender su territorio ancestral frente a la especulación inmobiliaria. En la foto una reunión, efectuada en marzo del 2021, donde se abordó el problema por las tierras. Crédito: El Cronista Yucatán

Inicialmente se había propuesto hacerla el 16 de septiembre, “pero hemos decidido cambiar la fecha al sábado 30 de septiembre. Invitamos a más comunidades mayas a sumarse, también a organizaciones sociales, ambientalistas, de mujeres, estudiantes y sindicales, a artistas, y a toda la ciudadanía consciente”, puntualizó Federico de Jesús May Cuitún, productor de chile habanero orgánico de la comunidad de Kinchil.

Por si fuera poco, junto a esta actividad, las comunidades llaman al boicot. “Hacemos un llamamiento a no comprar lotes en fraccionamientos en áreas rurales de Yucatán. La mayoría de estos desarrollos inmobiliarios han obtenido tierras de forma ilegal y no tienen permisos ambientales. Invertir su dinero ahí́ es comprarse problemas”, ha afirmado Mercedes Cocom Noriega, ejidataria de Ixil, refiriéndose a los predios que se han ofertado en la Expo, donde se ha ensalzado a Yucatán como “joya gastronómica de México”.

Los indígenas mayas denuncian puntualmente a las inmobiliarias que han realizado despojo de tierras en distintas regiones de Yucatán, entre ellas: Ciudad Maderas, Chikri Abimerhi, familia Millet, Armando Ceballos Chávez y Rodrigo Vega Espinosa. Son los mismos que llevaron a cabo la “Expo Inmobiliaria 2023”.

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Avispa Midia

Denuncian devastación de área protegida por proyecto turístico en Quintana Roo

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Sanriago

En portada: Destrucción ecológica derivada de las obras del proyecto turístico “puerta al mar”, el cual perturbará 33 km de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an en Quintana Roo.

Habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, lanzaron un llamado urgente para detener las obras del proyecto “Puerta al mar”, cuyo trazo pretende crear un camino desde dicho municipio hasta el puerto de Vigía Chico, atravesando y afectando la biodiversidad que alberga la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

El pasado martes (29), la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio el banderazo de inicio para las obras. El evento estuvo acompañada por ingenieros militares, entre ellos Barux Hernández Chavarría, capitán primero constructor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tendrá a su cargo la construcción.

También se contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y se difundió que será un camino de 55 kilómetros, desde Felipe Carrillo Puerto hasta Vigía Chico. De este trazo, se planea construir un camino artesanal, con cinco metros de ancho, a lo largo de 33 km que atravesarán la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, ubicada en el litoral central de Quintana Roo, en el mar caribe.

Dentro de la selva protegida dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an se observa el trabajo de maquinaria pesada removiendo vegetación

Mediante comunicado difundido ayer (30), habitantes de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron en contra de la imposición del proyecto debido a que, argumentan, las obras ponen en grave peligro su seguridad, tranquilidad y libertad de hacer uso de su territorio de acuerdo a sus necesidades.

En la denuncia, argumentan que el proyecto está basado en un modelo de turismo que, además de modificar y apropiarse del territorio de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’aan, acrecentará los problemas ambientales, la desigualdad; además de aumentar la presión para satisfacer de servicios básicos como el agua, transporte y vivienda en la región.

“Desaprobamos la forma en la que se ha puesto en marcha este proyecto sin los estudios adecuados ni información pertinente y accesible para toda la comunidad”, acusan en el comunicado, el cual acompañaron con imágenes de la deforestación que ya están generando las obras.

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La denuncia titulada ¿Reservada para quienes?, señala que el proyecto turístico servirá para perpetuar la acumulación de tierras, dinero y poder en beneficio de la industria turística e inmobiliaria, en lugar de cubrir las necesidades básicas de la población como son la falta de servicios de salud, vialidades, inseguridad, entre otros problemas que viven las y los habitantes de Felipe Carrilo Puerto.

“Es por eso que se hace un llamado e invitación a cualquier otro, seamos pocos o muchos para cuestionar, defender, reconocer, sumarse y proteger este camino que nos pertenece, que habitamos y nos aporta tanta riqueza que apenas estamos empezando a conocer y no se puede valuar monetariamente”, invitan en el comunicado.

Afectaciones

Puerta del cielo, como se conoce en español, fue la primera gran área tropical protegida de México y fue declarada dentro de esta categoría desde 1987 con una extensión mayor a 528 mil hectáreas.

Como parte de la reserva, frente a la costa del mar Caribe, se ubica lo que se considera como el segundo mayor complejo de arrecifes coralinos en el mundo con una longitud de 110 km, solo después de la Gran Barrera de Arrecifes, al oriente de la costa de Australia.

La reserva de Sian Ka’aan también alberga otros ecosistemas marinos de alto valor en biodiversidad como manglares y humedales. En la reserva habitan más de 2,580 especies de plantas y animales de las cuales 158 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo. Entre las especies en peligro de extinción se encuentran el tucán pico de canoa, el halcón peregrino, la cigüeña americana, el mono aullador, jaguar, ocelote, manatí y el tapir. En cuanto a la zona de arrecifes habitan más de 315 especies de plantas y animales de las cuales 37 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo.

Acorde a la información difundida esta semana, las proyecciones para concluir las obras de “puerta al mar” deberán concluir en diciembre y cuentan con una inversión de 570 millones de pesos. Funcionarios anunciaron que en la zona de Vigía Chico se planea la construcción de un parque con estacionamiento; además se proyecta la instalación de restaurantes, miradores y mas infraestructura turística.

Según el encargado de la obra, Hernández Chavarría, “para la construcción se están siguiendo todos los protocolos de cuidado en el Área Natural Protegida, para la protección del suelo, flora y fauna”.

La gobernadora de Quintana Roo junto a ingenieros militares durante el inicio de las obras.

Por su parte, habitantes de Felipe Carrillo Puerto aseguraron que la obra impacta y afecta sus formas de vida, la relación que mantienen con el lugar y las dinámicas físicas y biológicas de su territorio. Por ello, señalaron que “no permaneceremos en silencio observando pasivamente ante proyectos que poco a poco se apropian de nuestro territorio y nos despojan de la vida que nos rodea; en los más de 78km de camino que han sido hasta ahora la selva más conservada de nuestros alrededores”.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Colectivo Colembij, palabras de Conmemoración en Memoria de las personas desaparecidas en Chiapas

Al Pueblo de México

Al Pueblo Creyente

A los familiares y colectivos de desaparecidos en México y el Mundo

A las Madres y Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

A las Organizaciones No Gubernamentales de México y el Mundo

A la Red Todos los Derechos Para Todos y Todas

Al Colectivo Nacional de Desplazados Internos en México

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Organización de las Naciones Unidas

Al Gobierno de México

 

Conmemoración del Día de Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

Conmemoración en Memoria de las personas desaparecidas en Chiapas

Colembij, significa: Colectivo en memoria para la búsqueda de un camino a la Justicia y Verdad. Fue creado hace cuatro años por familiares de las víctimas y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno en Chiapas, provocado por el grupo paramilitar Organización Paz y Justicia, quienes estaban protegidos por Estado Mexicano, por las Fuerzas Armadas y Policías estatales y municipales.

El 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de Desaparición Forzada estamos presentes para honrar la memoria de todas aquellas personas que en contra de su voluntad fueron brutalmente desaparecidas, tal y como fue a nuestras hermanas y hermanos de la zona baja del municipio de Tila, Chiapas. Este día, como en cada año, estamos presentes aquí familiares, compañeras y compañeros de lucha para exigir la Verdad y Justicia, la No Repetición y las Medidas de Reparación Integrar de los daños.

No olvidemos como fueron violentados nuestros derechos humanos por las autoridades del gobierno mexicano en el 1995 al 2000, estando como presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y el gobernador de Chiapas Julio Cesar Ruiz Ferro, y el presidente municipal de Tila Carlos López Martínez, entre otros funcionarios públicos del estado de Chiapas.

Ante nuestra resistencia al sometimiento ellos mismo desplegaron grupos de policías municipales, Ejercito mexicano para atacar a las comunidades y al mismo tiempo están financiando, dando adiestramiento y proporcionando armas de alto calibre para acabar con nosotros, por otro lado reclutaron y convencieron a nuestro propios hermanos del mismo municipio de Tila y de otros municipios vecinos, para destruirnos, haciendo formar una organización Desarrollo Paz y Justicia, haciendo pasar como una Asociación Civil para gestionar proyectos para el pueblo, pero todo el dinero que se les daba por parte del gobierno era para compra más armamentos, como resultado de esta Asociación Civil fue el grupo paramilitar.

Llevamos 28 años exigiendo justicia, pero el Estado mexicano se ha hecho de oídos sordos, es por eso que exigimos que se castiguen con todo el peso de la ley a los responsables autores materiales e intelectuales de todas las víctimas desaparecidas y ejecutadas de manera forzada en la zona Norte de Chiapas, ni perdón, ni olvido.

  • Exigimos que no se repita este tipo de este tipo de Crímenes de Lesa Humanidad y que las desapariciones y desplazamiento forzados que siguen ocurriendo en nuestro estado de Chiapas y país, no quede impune, porque actualmente sigue ocurriendo en otros municipios, como Frontera Comalapa, Pantelho, Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.
  • Exigimos también la aparición de nuestras compañeras Minerva Guadalupe Pérez Torres, María Rebeca Pérez Pérez, y nuestros compañeros Juan Ramírez Torres, Encarnación Pérez Pérez, Mateo Jiménez López, entre otras personas que no están con nosotros, que no están con su comunidad, que no están con su familia.
  • Exigimos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita el informe de Fondo Caso 12-901 Rogelio Jiménez y otros, para dar un paso a la justicia.
  • Exigimos al Gobierno mexicano que se apruebe la Ley de Desplazados Internos en México y el Reglamento a la Ley del Desplazamiento Interno en Chiapas.

Por último, exigimos a las autoridades actuales que reparen los daños que dejaron y que responsabilicen a los funcionarios que actuaron en ese momento y que cometieron este Crimen de Estado.

Agradecemos a las compañeras y compañeros de diversas organizaciones que nos han acompañado. Agradecemos al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y al Servicio Internacional Para la Paz por estar siempre con nosotros y nos solidarizamos en la lucha de todos y todas las colectivas, activistas de familiares de desaparecidas en México y el Mundo.

 

¡Sin Justicia no hay Paz¡

¡Ni Perdón Ni Olvido¡

¡Alto a las persecución y violaciones a los Derechos Humanos¡

¡Castigos a los Responsables de Crímenes de Lesa Humanidad¡

Colembij

         
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Avispa Midia

Justicia anula condena de 25 años contra indígenas tzeltales, pero permanecerán en prisión

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Habitantes de San Juan Cancuc se manifiestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas contra la detención arbitraria de cinco defensores del territorio tzeltal. Foto: Frayba

El pasado lunes (28), el poder judicial de Chiapas resolvió anular la sentencia, emitida en mayo de este año, mediante la cual cinco defensores del territorio de San Juan Cancuc habían sido condenados a 25 años de prisión acusados por el delito de homicidio.

En entrevista, Jorge Gómez, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), contextualiza que esta resolución es resultado de los argumentos presentados en la audiencia de apelación, efectuada apenas el 22 de agosto.

En dicha audiencia, resalta Gómez, la defensa enumeró violaciones al proceso legal contra los indígenas tzeltales. Entre ellas, la falta de imparcialidad e independencia de la jueza María Guadalupe Flores Rocha, quien amenazó e intimidó a los litigantes durante las distintas audiencias.

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Según el abogado, el sentido de la resolución se debe a que, entre las irregularidades destaca que los acusados no contaron con la adecuada traducción al tzeltal, su lengua materna. “La mayoría de las pruebas de la Fiscalía son de personas que hablan tzeltal, pero no hubo una adecuada traducción, que es un derecho constitucional de las personas indígenas que intervienen en un proceso legal, por eso se tiene que repetir todo de nuevo”, detalla.

Acorde al equipo legal del Frayba, lo que sigue es la reposición de la última etapa del proceso penal, el juicio oral, para el desahogo de pruebas de los testigos, peritos y policías involucrados en el caso. Aún queda pendiente la designación del juez que tomará el caso, así como la fecha en que reiniciará el proceso.

Gómez enfatiza que la reposición del juicio obedece a lo que el centro de derechos humanos denomina “fábrica de culpables”, pues considera que la actuación de las autoridades y el poder judicial de Chiapas tiene como objetivo que los defensores “permanezcan el mayor tiempo posible en prisión, sabiendo que son inocentes. Lo que hacen es retrasar su libertad, retrasar el debate sobre si son inocentes o culpables”.

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El abogado explica para Avispa Mídia que la adecuada traducción es una garantía que debió haber cumplido el Estado, y que, debido a su falta, los cinco acusados continuarán en prisión de manera indefinida hasta que se repita el juicio y el dictamen de una nueva sentencia. Debido a que son acusados por un delito considerado grave no cuentan con la posibilidad de solicitar medidas cautelares para llevar el juicio en libertad.

Jorge Gómez explica que el trabajo de defensa legal que realiza el Frayba, en el caso de los cinco defensores de Cancuc, así como con el caso de Manuel Gómez Vázquez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), torturado y acusado por un delito que no cometió, es parte de un patrón de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Chiapas.

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“No es una situación solo de estos seis presos tzeltales, sino de muchas personas en Chiapas, muchas personas en México, que representan que las cárceles están llenas de personas inocentes y pobres”, acusa el abogado quien refiere que existe una colusión entre las fiscalías, poder judicial y jueces para fabricar delitos y culpables.

“El sistema, más allá de buscar la verdad o impartir realmente justicia, se dedica a fabricar delitos a la gente, para que sus estadísticas de justicia y de cero impunidad queden reforzadas ante la sociedad (…) lo que vemos atrás de esas cifras es que están acabando con la vida de las personas, porque mantienen a personas inocentes privadas de la libertad y sujetas a proceso legales que no están a su favor, y donde lamentablemente, en Chiapas, desde el momento que eres detenido, tú ya eres culpable”.

Para el litigante, en el caso de los presos de San Juan Cancuc, la estrategia del poder judicial es buscar el desgaste de los detenidos, sus familiares y de las organizaciones que los acompañan. “Buscan alargar todo. El hecho de que repongan el proceso, el sistema sigue ganando, porque siguen en la cárcel y ellos siguen diciendo que ya resolvieron un crimen, cuando no es así”.

Por este caso, así como por la prisión de Manuel Gómez Vázquez, el Frayba presentó una demanda contra el Estado mexicano ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas, para denunciar la sistemática violación a los derechos humanos. “El grupo de trabajo tiene que analizar el caso, y pues tendrían que darle vista al Estado mexicano para que dé su versión de por qué están pasando estas cosas”, contextualiza el abogado quien se mantiene a la espera del reinicio del juicio.

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Avispa Midia

Justicia Federal atrae caso del asesinato de Samir Flores

Fuente: Avispa Midia

En portada: Samir Flores durante sus labores de comunicador en la radio comunitaria Amiltzinko.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala anunció que la Justicia Federal atraerá el caso del asesinato del indígena nahua, Samir Flores Soberanes.

El 20 de febrero del 2019, Samir Flores, defensor del territorio y comunicador comunitario de la Radio Comunitaria Amiltzinko, fue asesinado en la puerta de su casa, en la comunidad de Amilcingo, Morelos, México. Samir tenía 7 años luchando junto a su comunidad y el Frente de Pueblos contra el megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos.

La investigación del caso había quedado en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Durante años el órgano “no ha investigado con seriedad las diferentes líneas de investigación, principalmente las relacionadas con sus actividades como defensor del territorio y comunicador comunitario, tratando de minimizar su asesinato a una acción aislada de la delincuencia organizada”, denunció el Frente de Pueblos.

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El 22 de agosto, el Juez de Distrito Eduardo Antonio Velasco Treviño determinó que la facultad de atracción de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) es fundada al existir los indicios y datos de prueba suficientes para considerar que lo asesinaron por su labor de periodista.

El Fiscal a cargo de la FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozzo, también señaló que en la carpeta de investigación se advierten datos de prueba en que uno de los testigos presenciales de los hechos, en que se planeó su ejecución, “señala que se iban a chingar a todos los que se encontraban en el tema del Proyecto Integral Morelos (PIM) y porque Samir era un locutor de la radio que les debía varias”, sostuvo el Frente de Pueblos en un comunicado.

La FEADLE también señaló que, conforme al análisis de contexto que realizó, se observa la vinculación entre el trabajo de Flores contra el PIM y su asesinato, “por lo que será esta una de las líneas de investigación que abrirá, tomando en cuenta las personas y empresas que estaban a favor de este proyecto millonario”, añade el Frente de Pueblos.

La atracción es también un avance en materia del reconocimiento a los comunicadores indígenas y comunitarios como periodistas para contar con los mismos derechos de protección con que cuentan los que ejercen el periodismo en medios públicos y privados, ya que la Fiscalía de Morelos había argumentado que no existían las pruebas suficientes para determinar que Flores era periodista.

De acuerdo con el Frente de Pueblos, el expediente del caso de Flores ya fue entregado a la Justicia Federal, “por lo que ahora toca a la justicia federal dar con los asesinos materiales e intelectuales del asesinato”.

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Avispa Midia

Estados Unidos se empecina en vender maíz transgénico y glifosato a México

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), está en la recta final de su periodo de gobierno y la tensión con los Estados Unidos, que quiere obligar a México a comprar su maíz transgénico y glifosato, continúa.

En diciembre del 2020, el mandatario mexicano decretó eliminar gradualmente este producto biotecnológico y el herbicida glifosato – agrotóxico vinculado a miles de casos de cáncer en el mundo – hasta llegar al año 2025. Son diversas reuniones entre los dos países que han derivado de la decisión de AMLO de prohibir la importación de maíz modificado proveniente de EEUU, utilizado normalmente para alimento de los cerdos.

Este primer decreto, tras la presión de los EEUU, ha sufrido diversos cambios. El último y más controversial, para la industria de la biotecnología de semillas, es el decreto del 13 febrero de 2023 en que se instruye a las dependencias gubernamentales y entidades de la Administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias, “se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar maíz genéticamente modificado”.

También incluye la prohibición del glifosato, o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, “para cualquier uso, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”, establece el decreto, asegurando que se fiscalizará a quien viole las nuevas normas.

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Por ello, en días pasados, el 17 de agosto, la Secretaría de Economía de México fue notificada por la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), sobre su intención de dirimir, a través de un panel arbitral del Capítulo 31 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá o T-MEC (Solución de Controversias), las diferencias entre ambos gobiernos en torno a la regulación mexicana del maíz genéticamente modificado. En esta misiva, los representantes de EEUU puntualizan que, este último decreto, es incompatible con disposiciones de los Capítulos 2 (Acceso a Mercados) y 9 (Medidas Sanitarias y Fitosanitarias) del T-MEC.

Katherine Tai, representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), recibió todo el respaldo de los representantes de la industria agroalimentaria o de biotecnología tras anunciar la solicitud para establecer el panel de solución, que busca impugnar la determinación del gobierno de México. El Consejo de Cereales de EEUU declaró estar agradecidos con Tai, “por dar este paso tan importante y necesario con nuestro importador número uno de maíz estadounidense”, puntualizó.

Katherine Tai, representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR) y el presidente Joe Biden.

Mientras tanto, el presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, Jason Smith, declaró estar preocupado “por el incumplimiento de México de sus compromisos del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) en varios sectores, en particular la agricultura y la energía”.

El presidente del USMCA arremetió: “Espero plenamente que la administración Biden utilice todas las herramientas disponibles para garantizar el cumplimiento. Los agricultores estadounidenses dependen de un acceso estable a los mercados extranjeros, como México, para mantener en funcionamiento la explotación agrícola familiar. Cuando me reuní con el presidente López Obrador a principios de este año, dejé claro que México debe seguir las reglas y tratar a los agricultores estadounidenses de manera justa”.

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El gobierno de México se prepara para una ofensiva de EEUU, asumiendo que está listo para actuar. “La defensa de México contará con el respaldo de diversas dependencias del gobierno federal competentes en la materia, tales como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conacyt) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)”, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado.

Actualmente, cada gobierno se encuentra en la elección y designación de los miembros del panel. Posteriormente emitirán un calendario de actividades. Conforme a los plazos previstos en el propio T-MEC, se calcula que la decisión del panel se pueda dar a conocer en el transcurso de 2024.

La resistencia

La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, que por varios años ha dado seguimiento a la implementación de este paquete biotecnológico, emitió un pronunciamiento donde exige “alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en México”, porque consideran que “la soberanía nacional y alimentaria no se negocian”.

Los integrantes de esta campaña rechazan los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar la soberanía nacional y alimentaria.

Diversos científicos y académicos que forman parte de esta campaña han presentado pruebas al gobierno mexicano, quien ha propuesto realizar una investigación conjunta con los Estados Unidos con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y el maíz modificado hacia la salud humana.

“La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: no. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato y maíz genéticamente modificado no conlleva daños a la salud”, agregan los activistas en favor del maíz nativo.

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Los activistas retoman hechos que demuestran que este paquete de biotecnología ha provocado diversos daños, incluso, a ciudadanos estadounidense. Pero las empresas prefieren pagar una compensación antes que reconocer que sus productos son cancerígenos y sacarlos del mercado, porque perderían “el negocio multimillonario que representa este herbicida (glifosato)”, denuncian, asegurando que a México se le quiere imponer un sistema agroalimentario.

Plantaciones de maíz genéticamente modificado en EEUU.

Tras esta presión de las empresas de la biotecnología y del gobierno de Estados Unidos por imponer que los mexicanos importen maíz modificado para su consumo, los activistas llaman a no permitir “que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad”.

Las cifras hablan

Por otra parte, desde el pasado mes de julio, la gigante de los agroquímicos y semillas modificadas, Bayer-Monsanto, anunció una caída brutal en sus ventas de hasta 2 mil 200 millones de dólares, relacionado con el retroceso de ventas de sus herbicidas a base de glifosato, potencialmente cancerígeno, bajo la marca Roundup.

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Según la empresa, “la explicación se encuentra ante todo en el retroceso masivo de las ventas de productos a base de glifosato”.

Bayer enfrenta un sinnúmero de demandas judiciales en Estados Unidos, incluso, espera que se vayan sumando más denuncias. Desde el año 2021, la propia empresa sostenía que había logrado resolver 113 mil demandas de las aproximadamente 160 mil que ya se le habían acumulado. “Consideraremos la posibilidad de resolver los casos cuando sea estratégicamente ventajoso para la empresa hacerlo”, reza Bayer en su sitio web oficial. Al finalizar el año 2020, la empresa había cubierto en compensación más de 11 mil millones de dólares.

De acuerdo con la barra de abogados Lawsuit Information Center aún faltan por resolver casi 30 mil demandas. La mayoría se han presentado ante tribunales estatales y, al menos, 4 mil son colectivas pendientes en California.

Hasta el año 2013, tan solo siete demandas son las que Bayer ha logrado ganar. Entre ellas, la de la ciudadana estadounidense Sharlean Gordon, quien alegó que había desarrollado una forma rara de cáncer de sangre debido a la exposición al glifosato, contenida en el producto Roundup que utilizaba en jardinería.

“El 23 de mayo de 2023, el jurado del juicio Gordon emitió un veredicto a nuestro favor y determinó que Roundup no era responsable de las lesiones. Esta es la séptima victoria consecutiva de Monsanto en un juicio”, se vanagloria la multinacional, quien también ganó los casos Clark, Stephens, Shelton, Johnson, Alesi y Ferro.

La demanda más reciente que perdió esta multinacional fue este mes de agosto. Según la barra de abogados, “el Fiscal General del Estado de Nueva York presentó una demanda contra Bayer alegando que engañó a los consumidores de Nueva York al vender Roundup como un herbicida inocuo para el medio ambiente, cuando sabía o debería haber sabido que el producto podía causar cáncer”.

En relación a este caso, Bayer anunció que había aceptado llegar a un acuerdo por 6,9 millones de dólares. La demanda se basaba en la violación de las leyes de Nueva York relativas a la publicidad falsa y engañosa.

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Avispa Midia

En México, asamblea para defensa del agua exige alto al despojo

Fuente: Avispa Midia

Foto de portada: Asamblea por el Agua y la Vida

El despojo del agua, los actores y métodos para su apropiación, así como su defensa y las luchas emprendidas por los pueblos fueron temas centrales de la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, efectuada mediados de agosto en el pueblo originario de San Gregorio Atlapulco, alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México.

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La asamblea contó con la participación de 834 personas, provenientes de 209 organizaciones, colectivas, redes, pueblos originarios y comunidades indígenas residentes, medios libres e individualidades, procedentes de 21 estados de la república mexicana, así como invitados de nueve países.

Las participaciones señalaron las armas que son utilizadas para imponer el despojo del agua. Entre ellas, destacan la manipulación y división de comunidades; la privatización y mercantilización, así como estrategias de remunicipalización. También las concesiones “que privilegian a empresas privadas e industria, la cooptación de comités comunitarios del agua, y los planes y programas de reordenamiento territorial”, enfatiza la declaración de la asamblea.

Foto: Asamblea por el Agua y la Vida

Además, señalan a diversos actores que participan en la legitimación del saqueo, entre ellos académicos y expertos cuyos discursos enarbolan conceptos como: agroecología, conservación ambiental, desarrollo sustentable, tecnologías verdes y justicia climática, “para que los poderosos no se enojen y den financiamiento por medio de Ong´s y estímulos económicos que fragmentan y dividen a las comunidades”.

Guerras de exterminio

Una de las principales denuncias es la guerra de exterminio contra los pueblos zapatistas en Chiapas, la comunidad nahua de Ostula, en Michoacán, así como la violencia y represión contra pueblos originarios del Valle de México, Tlaxcala, Querétaro, entre otras geografías.

Mediante la declaratoria, los participantes señalaron la violencia de grupos paramilitares como la Organización de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), la invasión de programas gubernamentales para la destrucción y división comunitaria como “sembrando vida”, el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras Bases de Apoyo Zapatistas; así como el encarcelamiento de Manuel Gómez Vázquez y el intento de asesinato de Jorge López Santiz, hechos que mantienen en alerta a todos los caracoles zapatistas en Chiapas.

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También se refirieron a la desaparición y asesinato del indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida y con huellas de tortura tras nueve días de su desaparición, a principios de agosto.

“Los responsables materiales que gozan de toda impunidad y complicidad del Estado y de los gobiernos estatales son: los integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, y el narcogobierno de Michoacán, encabezado por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, quien acaba de anunciar que esta guardia es ilegal. Esto representa un nuevo golpe de represión, además se agrega un orden de desalojo por el Tribunal Unitario Agrario 38, además de solicitar la presencia de la Marina en el territorio autónomo de Santa María Ostula”, denuncia la declaratoria.

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Otro de los casos referidos es de la comunidad de Calpulalpan, Tlaxcala, donde en mayo de este año, mujeres, niños y personas de la tercera edad sufrieron represión física y psicológica por su labor en la defensa del agua. También exigieron la liberación de los defensores del territorio, Raymundo Cahuatzi Meléndez y Saúl Rosales Meléndez, de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala, así como un alto a la iniciativa de ley de aguas en Tlaxcala.

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Reiteraron el alto a la violencia sistemática en Querétaro contra las personas que defienden el agua, manantiales y el territorio, “como es el caso de la Comunidad de Escolásticas, quien fue brutalmente reprimida el pasado 13 de junio. Denunciamos la intensificación de la violencia desde la aprobación de la ley que concesiona el servicio de agua en Querétaro. Exigimos su abrogación o eliminación”.

Foto: Asamblea por el Agua y la Vida

Denunciaron que, en los pueblos originarios del valle de México, como Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Iztacalco y Coyoacán también se viven procesos de exterminio. En ellos, las mujeres son afectadas por la imposición de complejos megaurbanizadores, habitacionales y comerciales “que se  roban nuestra agua, quintuplicando las jornadas de trabajo para nosotras, destruyendo nuestros saberes y restándonos autonomía, provocando mayor violencia sexual y económica hacia nosotras hasta llegar al deplorable aumento de los feminicidios de mujeres de origen campesino, no obstante, gracias a las mujeres que luchan y resisten, nuestros feminismos ancestrales se levantan”, sostienen en la declaratoria.

Resaltan los casos de violencia de género que enfrentan mujeres de pueblos en Xochimilco por parte de la Alcaldía. “A las mujeres autoridades tradicionales de San Gregorio Atlapulco, así como a las mujeres del único Concejo Autónomo de Gobierno en Xochimilco (San Luis Tlaxialtemalco), a quienes nos han difamado a través de las redes sociales, golpeado físicamente, lastimado social y psicológicamente, con amenazas de muerte, incitando al linchamiento”, acusan.

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En su conjunto, los participantes exigieron detener la criminalización contra Patricia González Guzmán, presidenta del comité Pro-panteón de San Gregorio Atlapulco, así como el cese al despojo del agua, la tierra y el territorio de todos los pueblos originarios de la región, por lo cual demandan la restauración del ciclo natural del agua en la microcuenca Tláhuac-Xochimilco, Milpa Alta-Chalco.

Acciones

Aseguraron que seguirán ejerciendo y fortaleciendo su derecho a la libre determinación, el camino hacia la autonomía. “La resistencia y las rebeldías son las herramientas para recuperar nuestra historia, nuestro territorio, nuestra madre tierra y la vida; como pueblos, recuperaremos nuestra cosmovisión y espiritualidad que nos ha sido robada y ratificamos también, que No nos rendimos, No nos vendemos y No Claudicamos”.

Al finalizar la tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, se acordaron una serie de acciones, tales como la realización de una posterior reunión en Tlaxcala entre los meses de febrero y marzo de 2024. También se convocó a realizar manifestaciones contra la Comisión Nacional del Agua para el 25 de septiembre de este año, así como a participar en la movilización nacional en contra de la guerra que enfrentan los pueblos zapatistas para el próximo 12 de octubre.

Consulta íntegra la declaratoria final aquí.

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

3 de agosto de 2023

Boletín No. 19

 

Exigimos al Tribunal Superior de Justicia de Chiapas la libertad de los cinco defensores tseltales presos de San Juan Cancuc

  • La resolución del recurso de apelación es un momento oportuno para detener la criminalización en su contra.
  • Ha transcurrido ya un año y tres meses de su Privación Arbitraria de la Libertad

El día de ayer 22 de agosto de 2023 se celebró la audiencia de alegatos de segunda instancia la Sala Regional Colegiada Mixta de San Cristóbal de Las Casas del Poder Judicial del Estado de Chiapas por el caso de los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, privados de su libertad desde el 29 de mayo de 2022 en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 5.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) presentó ante el Tribunal las violaciones cometidas durante este proceso de fabricación de culpables. Fueron exhibidas las deficiencias y contradicciones probatorias resultantes de un evidente montaje de de pruebas y que pese a ello la Juez de primera instancia resolvió condenarlos. El Tribunal escuchó también las innumerables violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a la presunción de inocencia que los jueces de primera instancia no tomaron en cuenta en un evidente contubernio para perpetuar este proceso de represión.

Los magistrados Julio César Pascacio Pérez, Pedro Raúl López Hernández y Josué Alejandro Utrilla Bravo tienen hasta el viernes 25 de agosto para decidir sobre el recurso de apelación, por lo que tienen una nueva oportunidad de dictar una sentencia absolutoria, que permita que los cinco defensores tseltales puedan recobrar su libertad y su proyecto de vida junto a sus familias.

Como recordamos, los cinco compañeros defensores tseltales han caminado en diferentes procesos de defensa de la tierra y el territorio, así como en contra de la militarización. El 29 de mayo de 2022 en un operativo conjunto entre la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Municipal tres de ellos fueron detenidos de manera ilegal en San Juan Cancuc, para después ser desaparecidos por más de 24 horas.

Fueron falsamente acusados por la Fiscalía de Justicia Indígena de haber sido detenidos en flagrancia, por posesión de drogas en San Cristóbal de Las Casas en una fecha posterior a la de su real detención. Enseguida los tres defensores fueron acusados, procesados judicialmente y condenados por un homicidio del cual no tienen ninguna responsabilidad, delito fabricado por el que hoy se encuentran luchando por su libertad.

Con motivo de la acusación por delitos contra la salud, dos integrantes de la comunidad acudieron a atestiguar la falsedad sobre la versión de la detención. Como reacción, la Fiscalía Indígena decidió deternelos acusándolos del homicidio mencionado.

Esta simulación no hace sino visibilizar la perversión del sistema en el que se articulan autoridades de los tres niveles de gobierno para estigmatizar a defensores indígenas en Chiapas. Desafortunadamente no se trata de un caso aislado, sino que hemos observado se trata de un patrón que es necesario desmantelar.[1]

Hacemos un llamado urgente a las personas, organizaciones y colectivos solidarios a instar al Poder Judicial del Estado a dictar una sentencia que sea absolutoria, de carácter progresista, imparcial, acorde a derecho y a los estándares internacionales de derechos humanos y con perspectiva intercultural.

 

[1] Más información al respecto en nuestro Sitio Especial “Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas”,  Disponible en: https://www.frayba.org.mx/presos-tseltales

Descarga el Boletín No. 19 en pdf (218.52 KB)

 

Visita el #SitioEspecial Fabricación de culpables, detención arbitraria 12 https://frayba.org.mx/presos-tseltales

 

radio
Avispa Midia

En Chiapas, defensores presos de Cancuc apelan sentencia condenatoria

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familiares de los cinco defensores presos de San Juan Cancuc protestan en la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

Este martes (22), a escasos días de cumplir 15 de meses desde la detención de cinco tzeltales, defensores del territorio del municipio San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se realizó la audiencia para la apelación de la sentencia de 25 de prisión dictada contra los indígenas.

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Ante ello, organizaciones de derechos humanos, Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Terrritorio (Modevite) acuerparon la denuncia de los familiares de los cinco presos, quienes, mediante comunicado, acusan “a la Fiscalía Indígena y a la jueza de primera instancia María Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados, porque no tomaron en cuenta realmente las pruebas”.

Las familias de Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Domínguez, Manuel Santiz Cruz y Martín Pérez Domínguez, quienes se encuentran presos por el supuesto delito de “homicidio calificado” de un policía municipal, enfatizan que la muerte del elemento de seguridad “es responsabilidad de la policía municipal de San Juan Cancuc, porque habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal”.

Mediante comunicado, difundido previo a la audiencia, resaltan que, dentro de las irregularidades en el caso, no se investigó a la patrulla en la que murió el policía Antonio Aguilar Pérez, ni se realizó investigación en el lugar de los hechos donde elementos de seguridad recogieron con vida al agente, para posteriormente entregarlo a su familia muerto, cinco horas después.

A lo anterior se suman “las contradicciones de los supuestos testigos, la necropsia del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, (además de la) alteración de acta de defunción corregida a mano y con corrector”, señalan los familiares de los presos.

Es por estos elementos que los familiares y las organizaciones exigen la liberación inmediata de los cinco presos injustamente “ya que son víctimas de fabricación de delitos por parte de la Fiscalía de Justicia Indígena”.

Fábrica de culpables

A inicios de agosto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, donde argumenta que las detenciones arbitrarias, como en el caso de los defensores de San Juan Cancuc, son un castigo de parte de las estructuras gubernamentales para “quienes se organizan contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización y contra la imposición de proyectos políticos que violan la autonomía de los pueblos originarios”.

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El Frayba resaltó que los cinco indígenas tzeltales forman parte de organizaciones como el Pueblo Creyente, el Modevite y además participan en el Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc, mediante las cuales se han posicionado contra megaproyectos que afectan sus territorios, tales como la construcción de una hidroeléctrica en el río Chacté y la ampliación de la denominada “carretera de las culturas”, que pretende conectar a los Altos de Chiapas con el Tren Maya.

“El objetivo de la criminalización a los cinco indígenas fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización”, explicaron integrantes del centro de derechos humanos en la denuncia ante la ONU.

Actualmente, los cinco defensores se encuentran presos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5), ubicado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas. Sus familiares y organizaciones exigieron a los magistrados de la Sala Regional Colegiada Mixta, del Tribunal Superior de Justicia de San Cristóbal de Las Casas, “la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la colusión con los jueces”.

“Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos”, resaltaron.

Tras la realización de la audiencia, los magistrados cuentan con un plazo de tres días para dar a conocer su dictamen.

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