Megaproyectos
El Estado debe dimensionar y atender la violencia en Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
24 de abril de 2024
Boletín No. 12
El Estado debe dimensionar y atender la violencia en Chiapas
- Para detener la violencia en el estado es necesario conocer y reconocer las dinámicas actuales de control social y territorial, así como sus profundos impactos en la vida de las personas y comunidades afectadas.
Durante 35 años el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado y denunciado las diferentes violaciones a derechos humanos en Chiapas, así como las responsabilidades de cada gobierno en turno, acompañando a víctimas, familiares y procesos colectivos organizados. Nuestra lucha es por el respeto de los derechos humanos y la construcción de la paz en un territorio profundamente lacerado. Somos una organización independiente y ajena a cualquier movimiento político-electoral. Durante estas tres décadas y media conservamos el principio de caminar con y para los pueblos que luchan por su liberación, nuestro corazón está en el Chiapas de abajo.
Con preocupación, hemos constatado y visibilizado que, al menos desde junio de 2021, la situación de violencia se ha profundizado como un cáncer en nuestro estado, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. Esta situación se caracteriza no sólo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades. En consecuencia la población chiapaneca y en movilidad vive graves impactos, con énfasis en las regiones Frontera y Sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado.
Hemos fundamentado, a la par y en conjunto con otras voces, que la violencia en contra de la población civil en Chiapas no es un daño colateral, tiene como propósito el control social como uno de los principales pilares de la estrategia de guerra de los grupos de la Delincuencia Organizada, sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades. Pobladores son objeto de violaciones graves a derechos humanos como desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados; además de asesinatos; torturas; entre otros.[1]
Asambleas y autoridades comunitarias son controladas por bandos de la delincuencia que aseguran así el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial. Comerciantes, transportistas y otros gremios son obligados a alinearse a “organizaciones” que se configuran como su brazo civil, así como a pagar “derecho de piso”. La resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos.
Hay situaciones críticas en que la estrategia de guerra aísla a comunidades al cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica; alimentos escasean; escuelas, hospitales y otros servicios públicos no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal; pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos. El escenario es tan cruento como el de cualquier otra guerra.
Este control territorial restringe la libre circulación. Los grupos delincuenciales instalan retenes a los que se obliga a asistir a la población. Las personas se enfrentan diariamente al terror de estos sistemas de vigilancia donde se les exige mostrar sus credenciales para identificar su lugar de procedencia. Se trata de focos rojos donde suelen ocurrir privaciones de la libertad, tortura y en el peor de los casos desapariciones y asesinatos. Las experiencias que vivieron reporteros, así como la candidata presidencial Claudia Sheimbaun, el pasado 22 de abril en Motozintla, son ejemplos claros de este tipo de controles carreteros.
Desafortunadamente, existen cifras negras incalculables. Solamente un mínimo porcentaje de casos es denunciado por el riesgo que ello implica y la desconfianza hacia las instituciones. Es necesario asumir que tanto el subregistro de los delitos y violaciones graves a derechos humanos, así como las diversas formas de control y múltiples violencias cotidianas que sufre la población, constituyen una problemática que no puede ser disminuida en su magnitud e importancia. Es deber del Estado garantizar mecanismos seguros y accesibles para la denuncia, registro y atención de las víctimas.
Frente a ello, el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan. Al minimizar la situación se profundizan los impactos y afectaciones, además se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos. Invitamos al gobierno actual y el venidero a aproximarse a los pueblos que sufren esta realidad, así como a los actores de la sociedad civil que la palpamos al estar inmersos en ella, no para debatir sobre la existencia o niveles de la problemática, sino para construir rutas para una paz verdadera y sostenible.
[1] Para más información consultar el informe Asedio a la vida cotidiana terror para el control del territorio y graves violaciones a derechos humanos. Disponible en: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/
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¿A dónde nos llevan las propuestas para frenar el cambio climático?
Fuente:
Por Renata Bessi
En portada: La población de El Bosque, Tabasco, ha sido desplazada forzadamente de sus tierras debido al incremento del nivel del mar, el cual avanza destruyendo casas, escuelas y otras estructuras de la comunidad en las costas del Golfo de México. Foto: Santiago Navarro F
En toda América Latina las olas de calor, que se pensaba serían pasajeras, no dan tregua. Durante los últimos diez meses la temperatura ha sido inédita. Un equipo de Avispa Mídia se aventuró, entre junio y agosto de 2023, en medio de una ola de calor, a realizar un viaje para documentar cuestiones climáticas en México y países de Centroamérica. Fue uno de los viajes más difíciles para el equipo de periodistas por todo lo que conlleva la temperatura extrema.
Meses después estuvimos en el cono sur, en Brasil, entre diciembre y enero, e igualmente el territorio ardía. Rio de Janeiro alcanzó en marzo sensaciones térmicas que sobrepasan los 60 grados Celsius, algo que nunca antes habían experimentado las personas de esta región.
De regreso a México, las olas de calor continúan. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya emitió una alerta por la llegada de una nueva ola de intenso calor a principios de abril y otras más para junio. La situación se agrava por la crisis del agua en todo el territorio. Para tener una idea, donde me encuentro, al sur del país, el agua del suministro público ha llegado a las casas cada 40 días. La solución ha sido comprar el vital líquido a empresas privadas.
En el norte global, los reportes que llegan desde Canadá y Estados Unidos alertan sobre un invierno caluroso. “La nieve caía y no tardaba en derretirse. Algo que nunca hemos visto”, me comentaba una colega de Canadá.
Las aguas del océano Atlántico, especialmente el área que va del Caribe al nordeste de Brasil, extendiendo hacia África, completan un año con temperaturas que superan las ya registradas. El director del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA, Gavin Schmidt, dijo para la revista New Yorker que “no sabemos realmente lo que está pasando desde marzo del año pasado”.
¿Si el escenario es apocalíptico?, no hay como negarlo. La crisis climática no es retórica. El cuerpo siente y está en alerta.
Durante un debate promovido por la Agência Pública, un medio de periodismo de investigación brasileño, en el cual participó el indígena Ailton Krenak y un importante científico brasileño, Carlos Nobre, que por diversos años participó del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el público manifestó perplejidad delante de las evidencias y los análisis catastróficos presentados por los entrevistados.
Una de estas evidencias fue la visión de lo que pasaría con nuestros cuerpos en altas temperaturas y sequía extrema. “Simplemente puedes salir a comprar pan y no regresar a tu casa, porque te derretiste literalmente en la calle”, dijo el científico, que hace décadas viene alertando sobre la posibilidad del planeta llegar a un punto de no retorno, cosa que, para él, está muy próximo de acontecer.
La pregunta que surgió entonces, principalmente para los medios de comunicación, fue ¿cómo informar a la gente que podemos extinguirnos en un futuro no tan lejano, sin generar pánico?, y añado: especialmente a la población que vive en el confort de las ciudades del norte global, las principales responsables por las emisiones de carbono.
Dada la situación de emergencia, pregunto si no es una misión imposible. Creo que en un primer momento no hay cómo no generar pánico. Nosotros que buscamos generar información no es raro entrar en pánico.
La cuestión es salir del estado de inercia que genera el pánico, hacer lo que nos toca y empezar a entender lo que está siendo propuesto a nivel supranacional para cambiar la situación. Aquí me refiero a las propuestas de los países, principalmente del norte global, instituciones financieras mundiales y de las empresas, quienes proponen una salida desde el punto de vista tecnológico. Es decir, proponen remplazar el tipo de energía, pero, la lógica es que los engranajes de la producción de servicios y mercancías, así como el hiperconsumo, se mantengan. Esto al final le llaman, desarrollo sostenible.
Ellos, sí, no están en pánico, tampoco en la inercia. Están accionando muy rápidamente, especialmente a partir de la pandemia, tanto para construir marcos jurídicos y administrativos para mover sus planes y sus capitales con más seguridad como para implementar sus proyectos en los territorios que, según ellos, son la salvación del planeta. La cuestión aquí es si estas acciones van realmente en el sentido de combatir la crisis.
Sin resultados favorables
Mucho se habla del Acuerdo de París y de las Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COPs). Aquí propongo un vistazo muy general de cómo se han configurado estos procesos.
Los esfuerzos y acuerdos mundiales para salvar el planeta están concentrados principalmente en el Acuerdo de París, consensuado por los “líderes mundiales” y aprobado en 2015. Los países, empresas y organizaciones se reúnen periódicamente en las llamadas COPs para concretar los acuerdos y presentar los avances de los compromisos asumidos por las partes.
El Acuerdo de París establece una serie de compromisos con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura en la tierra a 2°C – preferencialmente hasta 1,5°C – arriba de los niveles pre industriales, aumento considerado seguro para la manutención de la vida en el planeta.
El acuerdo entró en vigor en 2016 y ha sido firmado por 193 países más la Unión Europea. Es una guía de las naciones que establece objetivos a largo plazo. Los países deben enviar, cada cinco años, un plan nacional actualizado de acción climática que se conoce como Contribución Determinada a Nivel Nacional. Y los compromisos asumidos por cada país debe ser revisado cada cinco años. En 2020 presentaron el primero.
La presentación del primer informe del balance global de emisiones ocurrió previa a la inauguración de la COP 28, en Dubái, a finales de 2023. Los resultados no son esperanzadores. Lo que se ha acordado para impedir el aumento de la temperatura no está resultando eficaz.
La propia Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió en diciembre de 2023 que los acuerdos cerrados hasta el momento son insuficientes para llevar al mundo a conseguir el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados, pues constituyen apenas el 30% de la reducción de emisión de gases invernaderos necesaria.
Es bueno mencionar que en estos espacios de decisión hay poca o casi nula participación de la sociedad civil, activistas ambientales o de los pueblos y cada vez más participación de empresas contaminantes, como las petroleras, haciendo lobby obviamente por sus intereses. Eso ha sido denunciado por diversas organizaciones como el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales. Infelizmente sabemos que en el “juego democrático” prevalece quien tiene mayor poder de influencia.
El proceso de descarbonización del planeta debe ser urgente, advierten los últimos informes del IPCC, que señalan que si el cambio no pudiese acelerar el paso, el punto de no retorno no tardará en llegar. Lo que pasa es que los acuerdos alcanzados no obedecen a esta lógica de urgencia.
La lógica es que los países, especialmente los ricos, y empresas como las petroleras, pueden continuar contaminando, mientras compran el derecho de contaminar a partir de proyectos de bonos de carbono, generalmente instalados en los bosques del sur global, generando sus cercamientos y conflictos por el territorio, situación que Avispa Mídia ha documentado en toda América Latina en los últimos años.
También está en pauta lo que llaman de transición energética, es decir, sustituir la matriz energética a partir de fuentes fósiles por las energías renovables. Un objetivo necesario. Sin embargo, como está siendo propuesto e implementado en los territorios solamente está aumentando las desigualdades entre norte y sur global, y devastando más territorios.
Entre los acuerdos alcanzados está el compromiso de los países para triplicar la capacidad instalada de energía renovable. La meta es insuficiente, como apunta la AIE. Además, los mega proyectos instalados, o en proceso de instalación, han generado conflictos sociales y más destrucción ambiental, como Avispa Mídia ha documentado.
También está el compromiso de los países ricos en sustituir sus parques vehiculares a base de combustibles fósiles para coches eléctricos, lo que demanda el aumento de la extracción minera en los países del sur, para la producción de las nuevas tecnologías necesarias principalmente para las baterías de los coches. En diversos países europeos y en los Estados Unidos, este proceso está en curso.
¿Para dónde van los carros a base de combustible fósil? En el caso de los Estados Unidos, la respuesta está en las carreteras que bajan desde Estados Unidos a Belice, Guatemala, Honduras, principalmente. Los carros son llevados a estos países para ser vendidos, o simplemente acaban como basuras. En Belice es común encontrar depósitos, muchas veces abonados, con estos vehículos, como hemos presenciado en uno de nuestros viajes a este país.
La carrera por planear e implementar estos proyectos que supuestamente nos salvarían de la extinción – llevada a cabo principalmente por China, Estados Unidos y Unión Europea – se ha configurado como un proceso para “revitalizar” el capital, abrir nuevos campos de inversión y de su reproducción. Y los territorios, especialmente del sur global, están siendo considerados, a pesar del bonito discurso de la “descarbonización” del planeta, como territorios en disputa para ser recolonizados.
Tomar consciencia de los caminos por los cuales nos está llevando esta reconfiguración es un primer paso para, desde abajo, salirnos del estado de inercia y entrar en acción.
