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Policía estatal de Guerrero ataca a normalistas de Ayotzinapa, confirman un estudiante asesinado
Fuente: Avispa Midia
Por Angel Huerta
Foto de archivo por Clayton Conn
La noche del jueves (7), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Guerrero afirmó haber recibido una llamada a través del 911, alertando sobre un vehículo con reporte de robo de la Marca Nissan tipo Frontier NP300, modelo 2020, color blanco, que se dirigía desde Chilpancingo hacia Tixtla. Según la versión oficial, el personal policial visualizó el vehículo en el punto conocido como Hotel Petatlán, gracias a las cámaras de C4, y abrió fuego cuando los normalistas no se detuvieron al pasar por un retén.
La dependencia compartió fotos del interior del vehículo donde, presuntamente, se encontró un arma de fuego corta, cartuchos útiles, tres bolsitas de una sustancia cristalina y cervezas. La Fiscalía General del Estado ha iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
El Centro de Derechos Humanos Minerva Bello denunció el incidente, y confirmó la muerte de un estudiante en el hospital, Yanqui Rothan Gómez Peralta, y la detención de otro más. Además, señaló que los normalistas fueron agredidos por elementos de la policía estatal. Este centro ha acompañado a varias normales del país y ha resaltado que, durante el último año, se han emitido dos recomendaciones por abuso de autoridad y otras violaciones a los derechos humanos por parte de la policía estatal en interacciones con estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La tragedia ha generado indignación en la comunidad estudiantil de la Normal de Ayotzinapa. Al enterarse del incidente, algunos estudiantes se trasladaron al lugar y lanzaron petardos contra agentes estatales y municipales. Además, un grupo de alumnos se apoderó de una patrulla y la incendió en la avenida Insurgentes en Chilpancingo, como acto de protesta.
Este incidente se produce en una fuerte criminalización contra estudiantes normalistas y representantes legales de los familiares de los 43, quienes mantuvieron un plantón durante diez días afuera del Palacio Nacional, exigiendo reanudar el diálogo con el presidente López Obrador para continuar la búsqueda de sus hijos. La falta de respuesta por parte de las autoridades ha generado frustración entre los familiares, quienes han recurrido a acciones más radicales para ser escuchados.
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Por la madrugada estudiantes normalistas realizaron una transmisión por sus redes sociales, donde denunciaron el asesinato del estudiante normalista, e informaron que el estudiante detenido fue trasladado al puerto de Acapulco.
Explicaron que sus compañeros se trasladaban en un vehículo cuando fueron atacados sin motivo por una patrulla, según testimonios de testigos presenciales.
Acusaron al gobierno de intentar encubrir el crimen y de sembrar pruebas para inculpar a los estudiantes y responsabilizaron directamente a las autoridades estatales de Guerrero por el asesinato del estudiante.
Recalcaron que este tipo de violencia policial es parte de un patrón autoritario del gobierno, que busca acallar las protestas y la disidencia.
Más tarde la Fiscalía General del Estado de Guerrero a través de sus redes sociales difundió un boletín informativo en el cual señaló que ha iniciado una investigación sobre un presunto homicidio ocurrido el 7 de marzo en el libramiento a Tixtla, cerca del Hotel Petatlán, en Chilpancingo de los Bravo.
La Policía Investigadora Ministerial está realizando entrevistas e indagatorias, mientras que los peritos están recopilando pruebas. Se espera que estas acciones aclaren los hechos y determinen responsabilidades.
Normalistas son vigilados 24 horas siete días a la semana
De acuerdo al Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) Independientes, en el tercer informe publicado en el año 2022 sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, las autoridades militares y de inteligencia llevaban un seguimiento constante de las actividades de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Los informes revelan que se monitoreaban las movilizaciones estudiantiles, incluyendo marchas, tomas de autobuses y otros eventos. El GIEI tuvo acceso a 57 informes de seguimiento desde 2011 a 2014, periodo en el que se recibieron 12 comunicaciones e informes de inteligencia del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sobre las actividades de los estudiantes, incluso el día de los trágicos sucesos en Iguala.
El 22 de septiembre de 2014, la Comandancia de la 35 Zona Militar informó sobre las actividades estudiantiles en Ayotzinapa, indicando la retención de autobuses para asistir a eventos conmemorativos en la Ciudad de México. Además, se ordenó a todos los batallones del Estado de Guerrero seguir de cerca las actividades de los estudiantes, destacando la importancia de informar sobre la participación en eventos en la capital del país y otras organizaciones presentes en la zona. Este seguimiento refleja el conocimiento detallado de las autoridades militares sobre las actividades estudiantiles y el nivel de vigilancia al que estaban sujetos los estudiantes.
En impunidad el caso de otros normalistas asesinados
Después de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas en el año 2014, el martes 4 de octubre del 2016 fueron ejecutadas cinco personas durante un asalto en el transporte público en el libramiento Chilpancingo-Tixtla, entre ellos dos normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos; los cuerpos de Jonathan Morales Hernández y Filemón Tacuba Castro se trasladaron al Semefo de Chilpancingo donde fueron reconocidos por otros normalistas.
El 12 de diciembre, los estudiantes de Ayotzinapa protestaron contra el entonces gobierno perredista de Ángel Aguirre Rivero, exigieron aumento de presupuesto para el plantel, y algunos otros temas y necesidades internas.
La manifestación de ese entonces, con la que mantenían bloqueados los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en el punto conocido como Parador del Marqués, fue desalojada con violencia por elementos de la entonces Policía Federal, Policía Estatal y Policía Ministerial, quienes usaron armas.
Jorge Alexis y Gabriel fallecieron por disparos de arma de fuego y los cadáveres quedaron tendidos sobre la carretera de cuota. Casi a 13 años no hay responsable material ni intelectual de los que perpetraron el desalojo violento, incluso los dos elementos de la Policía Ministerial detenidos fueron liberados gracias a un amparo. El crimen de Alexis y Gabriel sigue en la impunidad, ha denunciado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
En la mañana de este 8 de marzo, el presidente Manuel Andrés López Obrador dijo que “es lamentable esta situación” y que pedirá que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.
ONU alerta que extradición de Assange vulneraría la libertad de expresión
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
El pasado viernes (1), Irene Khan, experta de las Naciones Unidas, ha levantado la voz para mostrar su preocupación por las posibles implicaciones que podría tener la extradición y el subsiguiente procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para la libertad de expresión a nivel global.
Irene Khan es relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU, quien puntualiza que “recopilar, informar y difundir información, incluida la relativa a la seguridad nacional cuando es de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debe tratarse como un delito”.
Las declaraciones de la relatora se presentan en el momento más álgido del caso de Assange, ya que espera la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos.
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Assange se ha destacado como editor, redactor y activista, se enfrenta a 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 por la publicación de información clasificada en la plataforma de WikiLeaks, lo que podría acarrearle una pena máxima de 175 años de prisión.
De acuerdo con la relatora Khan, la principal preocupación radica en el uso de esta ley en el caso de Assange, ya que, “este estatuto no proporciona ninguna protección para la publicación de información de interés público”.
Incluso, la especialista advierte que, en caso de que procesen a Assange en Estados Unidos por su labor informativa, “sentaría un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo”, afirmó Khan, además de que no es la primera vez que un periodista recurre a documentos clasificados de interés público.
Khan insta a las autoridades británicas para que no extradite a Assange a los Estados Unidos, así mismo, que le retiren los cargos en su contra.
El caso del periodista ha sido objeto de controversia durante años, lo que incluye su arresto en 2010 y su permanencia en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde 2019.
El activista australiano ha sido objeto de una persecución legal prolongada, que muchos grupos defensores de la libertad de prensa consideran un intento de criminalizar el periodismo.
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Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la administración Donald Trump están relacionados con la publicación de documentos clasificados por parte de Manning en 2010, que detallaban crímenes de guerra y abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo.
El destino de Assange sigue siendo incierto, pero su caso continuará siendo un punto de referencia crucial para el futuro del periodismo de investigación y la libertad de expresión en todo el mundo. Diversos periodista y activistas en el mundo se han pronunciado para que lo liberen y le retiren los cargos en su contra.