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(Español) Arrecia represión contra autoridades Q’eqchi’ que resisten a minería en El Estor
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
En portada: Conferencia de prensa de Autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ para informar sobre la denuncia interpuesta ante la CIDH. Foto: Cortesía de Autoridades ancestrales
La represión y criminalización contra las autoridades maya Q’eqchi’ que resisten a la operación ilegal de la minera CGN – Pronico, subsidiaria de la compañía ruso-suiza Solway, arreció en los pasados días con la detención de dos personas.
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El lunes (13), Cristóbal Pop, integrante de los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q´eqchi´ y presidente de la Gremial de Pescadores de El Estor, departamento de Izabal, fue detenido por agentes de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC).
Pop fue aprehendido después de haber participado en una conferencia de prensa realizada en la capital de Guatemala, donde junto autoridades mayas Q’eqchi’, informaron sobre la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La denuncia es por la violación del derecho a la consulta por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que dejó fuera de este proceso a 94 representantes de las comunidades Q’eqchi’ y con ello consiguió mantener en operaciones a la minería de níquel en El Estor.
Acorde a los testimonios de las autoridades Q’eqchi’ que viajaban con Pop, agentes con el rostro cubierto detuvieron el vehículo en que se movilizaban de regreso a sus comunidades. En el operativo policiaco también fue detenido Roque Sut Cucul, también autoridad del Consejo Ancestral maya Q’eqchi’ y originario de Tierra Linda Panzós, departamento de Alta Verapaz.
Según información de Prensa Comunitaria, desde el 14 de enero de este año existe una orden de aprehensión en contra de Pop por el delito de instigación a delinquir, “supuestamente por agredir a 13 agentes de la PNC en una manifestación pacífica, organizada por las autoridades de los cuatro Consejos en la entrada del municipio en rechazo a la operación ilegal de CGN”.
Cabe destacar que dicha orden fue emitida por el juez Edgar Aníbal Arteaga López, denunciado por el Ministerio Público por beneficiar a un grupo de narcotraficantes en Izabal. Arteaga también giró órdenes de captura contra 11 personas que participaron en el plantón pacífico y contra el periodista de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, quien llegó a documentar el desalojo violento realizado por policías y militares en octubre de 2021.
No es la primera vez
En mayo de 2017, Cristóbal Pop fue una de las primeras personas que denunció ante el Ministerio Público (MP) la aparición de una mancha roja en el Lago de Izabal. Pese a denunciar la contaminación, de la cual después se sabría derivó de las actividades de la minera de níquel, la Fiscalía atendió una demanda de la minera contra Pop.
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Por ello fue detenido el 22 de enero de 2019 y permaneció preso más de tres meses. Actualmente Pop mantenía un proceso penal en su contra y recaían sobre él medidas sustitutivas por lo cual debía presentarse mensualmente al MP.
En testimonio para Prensa Comunitaria, Cristóbal Pop compartió que conocía de la orden de captura en su contra debido a sus labores en la defensa del territorio. “¿Qué podemos esperar de un Estado que criminaliza al pueblo indígena por exigir su derecho?”, reclamó a los medios locales.
“Tenemos un respaldo legítimo de las acciones legales y lo que hemos logrado durante los cinco años”, dijo Pop, en referencia a las acciones realizadas por la Gremial de Pescadores para detener la operación ilegal de la minería en El Estor. También responsabilizó al Estado de Guatemala por las consecuencias contra su salud y su vida derivadas de la detención.
“Mi lucha ha sido legítima, mi lucha no ha sido como lo que tildan, solo porque nos da la gana, sino que el mismo Estado nos obliga, por ejemplo lo que pasó en 2021, en octubre, sobre la resistencia, porque es ahí cuando se da esta orden de captura”, sostuvo.
CIDH
Autoridades ancestrales del pueblo maya Q’eqchi’ de los municipios de El Estor, departamento de Izabal y Panzós, departamento de Alta Verapaz, denunciaron al Estado de Guatemala ante la CIDH, el pasado 8 de junio, en reclamo por el despojo de tierras cedidas a la empresa Ferrocarril Centroamérica del Pacífico, además de la actual situación por las operaciones del proyecto minero Fénix.
Según las autoridades, son tres las razones de la denuncia ante la CIDH: El despojo de la tierra y el territorio; la violación al derecho a la consulta y la represión contra integrantes de las autoridades ancestrales y líderes comunitarios que defienden sus comunidades ante la imposición de megaproyectos.
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Las autoridades maya Q’eqchi’ compartieron que se ha recrudecido la violencia estatal en su contra y prueba de ello son las órdenes de aprehensión en contra de una docena de personas, quienes son acusadas por por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) por el delito de instigación a delinquir durante la represión policial contra la resistencia antiminera el 22 y 23 de octubre de 2021.
Ya en noviembre del año 2021, las comunidades mayas Q’eqchi’ habían solicitado medidas cautelares a la CIDH durante la vigencia del estado de sitio declarado por el gobierno de Alejandro Giammattei. En aquella ocasión argumentaron riesgos por los atropellos que vivían pues fueron allanadas viviendas de autoridades ancestrales, periodistas y una radio comunitaria.
Dictan sentencia de prisión a coautor del asesinato de Berta Cáceres
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
“Faltan los Atala”, dijeron los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) luego de la sentencia de 22 años de cárcel para David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres Flores.
El juicio se dio tras cuatro postergaciones en un año de espera. Roberto David Castillo Mejía fue sentenciado a 22 años y seis meses de prisión por el Tribunal de Sentencia de Honduras. Se trata de un ex militar y ex directivo de la empresa hidroeléctrica Empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA).
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“Se concluyó que el encausado participó de manera directa como coautor de los hechos que dieron muerte a Cáceres Flores, como un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA”, reza el comunicado del Poder Judicial.
Para Berta Zuñiga, hija de Berta Cáceres, se trata de un momento crítico-histórico muy importante, “se abre el momento de la lucha más importante para nuestra organización para que los criminales intelectuales sean llevados ante la justicia”.
Zuñiga lamentó que en Honduras la vinculación del poder económico con el militar vuelvan intocables a los responsables del asesinato de Cáceres, quien recientemente fue reconocida como Heroína Nacional por el Congreso Nacional de Honduras.
A pesar de ello, no se honra su memoria y la imagen de la líder indígena lenca solo es usada en eventos oficiales sin ningún avance concreto en la obtención de justicia por parte del Estado de Honduras.
Faltan los autores intelectuales
El martes 21 de junio, un día después de la sentencia, en un muro del banco BAC Credomatic en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Copinh pegó las imágenes de 13 hombres de la familia Atala, a quienes señala como autores intelectuales del asesinato de la defensora de los derechos humanos de los pueblos originarios.
Previo a la manifestación en BAC Credomatic, donde Jacobo Atala es gerente, los integrantes del Copinh caminaron varias calles con lonas, pancartas y consignas con las que visibilizaron el camino para alcanzar la justicia apenas comienza.
Zúñiga agregó que, desde la muerte de Berta, han sido seis años de engaños sobre una investigación inexistente, bajo la omisión de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida, del Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla.
Para lograr avances en el caso, entregarán propuestas concretas para alcanzar la justicia integral que serán presentadas antes las instancias correspondientes, asimismo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
En un comunicado difundido, el Copinh enfatizó en sus primera líneas que no habrá justicia completa hasta la captura, juicio y condena, “está autoría intelectual está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y por Daniel Atala Midence”. Agregó que la autoridad ni siquiera fue capaz de emitir la condena máxima contra Castillo.
La familia de Berta Cáceres también ha estado presente en las protestas. En el BAC Credomatic, colocaron una cinta para marcar precaución, una acción simbólica para advertir a la sociedad del riesgo de recurrir a los bancos que financian asesinatos de defensores.
También hicieron pintas que tuvieron un confrontación de palabras con el cuerpo de seguridad del edificio que en sus muros rojos relucían en letras negras la frase “Atala asesinos”.
Cáceres padeció persecución y constantes amenazas contra ella y su familia, por lo que tuvo que salir del país por varios meses, debido a su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Aunque en su andar encabezó diversas luchas en los territorios indígenas, también fue cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh).
De acuerdo a Amnistía Internacional, Honduras sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.