Autonomy and Resistance
(Español) BID retira financiamiento a dos hidroeléctricas en Guatemala
Fuente: Avispa Midia
Por Avispa
Por Francisco Simón y Luis Ovalle / En portada: Población Chuj se manifiesta pacíficamente contra la construcción de las hidroeléctricas en la microrregión de Yichk´isis. Julio, 2018. Foto: Santiago Navarro F.
La buena noticia llegó el 31 de marzo, a la población maya Chuj, Q´anjob´al y Akateko, de ocho comunidades y cuatro caseríos que integran la microrregión de Yichk´isis. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el retiro de su financiamiento a dos hidroeléctricas llamadas, San Mateo S.A y San Andrés S.A, de la empresa Energía y Renovación S.A. Estas centrales hidroeléctricas son propiedad de la corporación Castillo Hermanos, una red de empresas familiares que forman parte de la oligarquía guatemalteca.
La construcción de esos proyectos inició en 2013, entre denuncias de violaciones a los derechos humanos de los tres pueblos mayas que habitan en una parte de la región fronteriza de Guatemala con México.
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La decisión del BID se dio después aceptar los resultados de un informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), una entidad del mismo banco, que concluyó que el BID incumplió con sus propias normas y leyes, al otorgar un préstamo de 13 millones de dólares, equivalente a 100 millones de quetzales, a la empresa Energía y Renovación, S.A para la construcción de dos hidroeléctricas, con el uso de los ríos Yalwitz, Río Negro (Q´eq Sat) y Pojom. El informe fue publicado el 26 de septiembre de 2021.
Según el MICI, las políticas internas que incumplió el banco son: de Disponibilidad de Información; de Sostenibilidad Ambiental y Social; la de Pueblos Indígenas, de Igualdad de Género en el Desarrollo; y finalmente, la de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas.
Bajo esta perspectiva, el MICI sugirió al BID el retiro del financiamiento a la empresa, pero con una salida responsable bajo cuatro acciones importantes: un plan de salida responsable, otro de transición, de no represión y de seguimiento. Además de traducir el informe en los idiomas maya Chuj y Q´anjob´al.
María Bautista Hernández, originaria de la aldea Yulch´en Frontera y representante de las mujeres Chuj de la microrregión de Yichk´isis, dijo que la decisión de banco “fue un logro después de 12 años de lucha y resistencia, que marcaron un escenario de asesinatos, criminalización, violencia y división comunitaria, provocada por la empresa a su llegada al territorio, en 2013”.
La dirigente comunitaria, recordó que cuando llegó la empresa ofreció desarrollo, pero lo que en realidad ocasiones fueron impactos en la vida de las personas y en los recursos naturales. “Es lo que hemos estado manifestando y rechazando, que no queremos estos proyectos, porque han causado daños a las comunidades. También a la vida de cada persona y de cada familia. Contaminando los ríos y la tierra. Todo esto, viene a afectar las vidas de las comunidades”.
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Según María Bautista Hernández, lo que demandan las comunidades de Yichk´isis al BID “es que dejen el cerro como estaba cuando llegaron y también que retiren las represas que habían hecho para desviar el río, deben quedar tapadas las perforaciones del cerro Anlaq”, indicó.
Al ser consultada por la presencia de las fuerzas combinadas del Estado en la microrregión, respondió que insisten “en el retiro de las instituciones públicas. Tanto de la policía como del Ejército. Estas dos instituciones sabemos muy bien que están para cuidar a la empresa. Y a nosotros no nos beneficia. Al contrario, nos han intimidado, y solo hemos obtenido inseguridad al tener estas instituciones en el camino”.
Texto publicado originalmente en Prensa Comunitaria.
(Español) La violencia se agrava contra comunidades indígenas del Perú
Fuente: Avispa Midia
Por Javir Bedía Prado
Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.
De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.
Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.
Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.
Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.
A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.
Libre determinación
La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.
“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.
Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.
Autodefensa
El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.
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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.
En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.
Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.
Paros
El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.
El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.
Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.