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Autonomy and Resistance

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Avispa Midia

(Español) BID retira financiamiento a dos hidroeléctricas en Guatemala

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Fuente: Avispa Midia

Por Avispa

Por Francisco Simón y Luis Ovalle / En portada: Población Chuj se manifiesta pacíficamente contra la construcción de las hidroeléctricas en la microrregión de Yichk´isis. Julio, 2018. Foto: Santiago Navarro F.

La buena noticia llegó el 31 de marzo, a la población maya Chuj, Q´anjob´al y Akateko, de ocho comunidades y cuatro caseríos que integran la microrregión de Yichk´isis. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anunció el retiro de su financiamiento a dos hidroeléctricas llamadas, San Mateo S.A y San Andrés S.A, de la empresa Energía y Renovación S.A.  Estas centrales hidroeléctricas son propiedad de la corporación Castillo Hermanos, una red de empresas familiares que forman parte de la oligarquía guatemalteca.

La construcción de esos proyectos inició en 2013, entre denuncias de violaciones a los derechos humanos de los tres pueblos mayas que habitan en una parte de la región fronteriza de Guatemala con México.

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La decisión del BID se dio después aceptar los resultados de un informe del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), una entidad del mismo banco, que concluyó que el BID incumplió con sus propias normas y leyes,  al otorgar un préstamo de 13 millones de dólares, equivalente a 100 millones de quetzales, a la empresa Energía y Renovación, S.A para la construcción de dos hidroeléctricas, con el uso de los ríos Yalwitz, Río Negro (Q´eq Sat) y Pojom. El informe fue publicado el 26 de septiembre de 2021.

Según el MICI, las políticas internas que incumplió el banco son: de Disponibilidad de Información; de Sostenibilidad Ambiental y Social; la de Pueblos Indígenas, de Igualdad de Género en el Desarrollo; y finalmente, la de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardas.

Bajo esta perspectiva, el MICI sugirió al BID el retiro del financiamiento a la empresa, pero con una salida responsable bajo cuatro acciones importantes: un plan de salida responsable, otro de transición, de no represión y de seguimiento. Además de traducir el informe en los idiomas maya Chuj y Q´anjob´al.

María Bautista Hernández, originaria de la aldea Yulch´en Frontera y representante de las mujeres Chuj de la microrregión de Yichk´isis, dijo que la decisión de banco “fue un logro después de 12 años de lucha y resistencia, que marcaron un escenario de asesinatos, criminalización, violencia y división comunitaria, provocada por la empresa a su llegada al territorio, en 2013”.

La dirigente comunitaria, recordó que cuando llegó la empresa ofreció desarrollo, pero lo que en realidad ocasiones fueron impactos en la vida de las personas y en los recursos naturales. “Es lo que hemos estado manifestando y rechazando, que no queremos estos proyectos, porque han causado daños a las comunidades. También a la vida de cada persona y de cada familia. Contaminando los ríos y la tierra. Todo esto, viene a afectar las vidas de las comunidades”.

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Según María Bautista Hernández, lo que demandan las comunidades de Yichk´isis al BID “es que dejen el cerro como estaba cuando llegaron y también que retiren las represas que habían hecho para desviar el río, deben quedar tapadas las perforaciones del cerro Anlaq”, indicó.

Al ser consultada por la presencia de las fuerzas combinadas del Estado en la microrregión, respondió que insisten “en el retiro de las instituciones públicas. Tanto de la policía como del Ejército. Estas dos instituciones sabemos muy bien que están para cuidar a la empresa. Y a nosotros no nos beneficia. Al contrario, nos han intimidado, y solo hemos obtenido inseguridad al tener estas instituciones en el camino”.

Texto publicado originalmente en Prensa Comunitaria.

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Avispa Midia

(Español) La violencia se agrava contra comunidades indígenas del Perú

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Fuente: Avispa Midia

Por Javir Bedía Prado

Entre enero y mayo de este año, los asesinatos de líderes e integrantes de comunidades indígenas a manos del crimen organizado en el Perú muestran un alarmante incremento en relación al 2021, cuando el país ocupó el noveno puesto de los más violentos para defensores de territorios, según el registro de Global Witness.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el Ministerio de Justicia, el año pasado se registraron cuatro muertes violentas, mientras la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos indica cinco. En solo cinco meses de 2022, se reportan cinco crímenes y el incendio de un pueblo asháninka por parte de invasores.

Los casos varían por la condición asignada a la víctima: protector de territorios o del ambiente, líder indígena o campesino, en las regiones de la sierra y la costa. Organismos internacionales han emitido alertas por una situación que se agrava en los últimos años.

Desde que empezó la pandemia en 2020, se cuentan entre 14 y 19 asesinatos. La mayoría de ataques, el 70% en promedio, se cometieron contra dirigentes de comunidades nativas de la Amazonía que se enfrentan al cultivo de hoja coca para el narcotráfico, a la tala y minería ilegal, a las invasiones para monocultivos, principalmente de palma aceitera, y para el tráfico de tierras.

Los asesinatos del defensor ambiental Juan Fernández Hanco, el 21 de marzo en la región Madre de Dios, y del líder del pueblo nomatsigenga Ulises Rumiche, el 19 de abril en la región Junín, fueron reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al segundo lo victimaron horas después de reunirse con la viceministra de Poblaciones Vulnerables.

A estos se suman, también en marzo, los de la comunera Nusat Benavides y los comuneros Jesús Antaihua y Gemerson Pizango, quienes vivían en pueblos asháninka y yanesha asediados por bandas criminales en la región Huánuco, de acuerdo a la denuncia de Aidesep, organización que agrupa a 2.400 comunidades amazónicas en nueve regiones del Perú. En mayo el presidente Pedro Castillo rechazó reunirse con sus representantes, ante lo que organizaron una vigilia en las calles de Lima el 27 del último mes.

Libre determinación

La titulación de tierras comunitarias es una de sus demandas para organizarse ante la violencia desbordada.

“En los últimos nueve años han sido asesinados 23 líderes de toda la Amazonía. No hay justicia, el gobierno no ha hecho nada. Las amenazas se evidencian en las propias comunidades, en las invasiones de personas foráneas, las autoridades tienen conocimiento, la policía, los fiscales, pero no se evidencian resultados, no se ve la intervención inmediata de estas amenazas. Pedimos que se titulen las comunidades para salvaguardar así los derechos de nuestros pueblos indígenas”, declaró Tabea Casique Coronado, integrante del consejo directivo de Aidesep.

Entre otras medidas, las organizaciones piden que se les garantice la libre determinación y manejo forestal comunitario, a través de una segunda reforma agraria. Asimismo, destinar el 1% del presupuesto nacional a financiar los planes de vida de los pueblos indígenas amazónicos. Estas propuestas transmiten su visión de autogobierno y políticas posibles surgidas del seno de las comunidades y sus tradiciones.

Autodefensa

El clima de violencia se refleja en los 171 casos de amenazas y atentados activos en el Registro de Situaciones de Riesgo para Personas Defensoras de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la que se incluyen a comuneros y guardianes de territorios ancestrales. De 31 solicitudes de garantías, 23 fueron admitidas hasta abril de este año.

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Las condiciones de las comunidades originarias y sus defensores son la impunidad para quienes asesinan y mecanismos legales que no les protegen. El abandono se ve en las más de 203 mil hectáreas de bosques perdidos en 2021 en la Amazonía peruana, donde el crimen organizado es parte de una cadena de operaciones regionales y globales que alcanza picos de violencia en los vecinos Colombia (65 víctimas en 2021) y Brasil (20 víctimas en 2021), en el primer y el cuarto lugar, respectivamente, de las naciones más letales para guardianes del ambiente.

En lo que va del primer semestre de 2022, los índices de violencia en el Perú apuntan a aproximarse a los de Brasil, teniendo en cuenta la gran diferencia demográfica entre ambos.

Las comunidades resaltan que la principal medida de seguridad es el fortalecimiento de los comités de autodefensa. “Este gobierno que se llama del pueblo dice que quiere ayudar formalizando cultivos de coca, pero eso traerá más violencia. Ya hay plantaciones de cocaleros en nuestras comunidades, eso atrae al narcotráfico, la tala ilegal, son un peligro para nosotros, están matando a nuestras comunidades. Yo recibo amenazas, un año esperé para que me den garantías, eso no sirve. Necesitamos que el gobierno nos entregue recursos para nuestros comités de autodefensa, necesitamos presupuestos, armamento”, señaló a Avispa Midia el presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), Ángel Pedro Valerio.

Paros

El jueves 2 de junio, dirigentes de pueblos indígenas se reunieron con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, tras iniciales negativas de recibirlos.

El mandatario se comprometió a aprobar el fideicomiso indígena de inversiones inmediatas, la revisión de contratos petroleros y la creación de una comisión de la verdad para investigar los crímenes. De momento el gobierno no se pronunció sobre la reunión ni medidas concretas para enfrentar la ola de violencia que sufren las comunidades nativas.

Las organizaciones han anunciado paros y movilizaciones las próximas semanas en las nueve regiones del Perú que comparten territorios amazónicos.

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Avispa Midia

(Español) Laguna Larga: Cinco años en tierra de nadie

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

Hace cinco años personas campesinas, originarias de los pueblos indígenas Maya Q’eqchi, Chuj y población mestiza, fueron desplazadas de la comunidad Laguna Larga, en la Reserva Biosfera Maya, municipio de San Andrés, del Departamento de Petén, Guatemala, por mil 500 elementos de las fuerzas estatales, el Ejército y la Policía Nacional Civil del país.

Desde el 2 de junio de 2017 se asentaron en un campamento improvisado en la línea fronteriza entre México y Guatemala. “Para las mujeres y la niñez es muy duro estar aquí”, dijeron durante las actividades conmemorativas del desplazamiento forzado, en los días 1 y 2 de junio.

La justificación oficial para realizar el desalojo fue la “conservación” de la naturaleza en la Reserva de la Biósfera Maya, lo que resulta contradictorio ya que el Estado guatemalteco permite la operación de empresas extractivas en la misma región que pretende conservar.

Desde el año de 1985 opera la petrolera Perenco, empresa franco-británica que extrae hidrocarburos en la zona núcleo del Parque Nacional de Laguna del Tigre, zona que junto al Parque Nacional Sierra del Lacandón alberga más de 50 comunidades en riesgo permanente de sufrir un desalojo como el ocurrido contra Laguna Larga.

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En 2017, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares para la comunidad que el Estado guatemalteco, presidido entonces por Jimmy Morales, no acató. A partir del 2018 les ofrecieron fincas ganaderas que los propios desplazados debían pagar en abonos.

La situación no es diferente con Alejandro Giammattei. Su gobierno también propuso fincas de tierras que no son fértiles para los campesinos desplazados. Los indígenas no aceptaron, consideran que no existe verdadera voluntad para solucionar el problema de la comunidad.

Este año, la CIDH actualizó las medidas cautelares 412-17, por la falta de efectividad del Estado guatemalteco para proteger la vida de las más 500 personas desplazadas forzadamente de la comunidad Laguna Larga.

Por estas recomendaciones, el gobierno de Guatemala envió 12 raciones mensuales de arroz, cereal, harina de maíz, aceite y avena para todas las familias como una sentencia para permanecer un año más sin respuestas ni reubicación.

Las muertes

“Así como hemos visto nacer a seres queridos también los vemos morir”, dijeron las voces de las mujeres que bordan memoria y resistencia en el acampamento.

Luis Emanuel Hermosilla Suchite de dos meses de edad falleció en el campamento. Su muerte se suma a otras 12 que se suscitaron durante estos cinco años en la tierra de nadie.

El 18 de mayo, el niño Luis Emanuel fue atendido por la brigada de salud de México que acude cada 15 días para identificar los padecimientos de los 500 pobladores que viven bajo techos de palma y nylon para protegerse de las constantes lluvias y de las altas temperaturas.

El pequeño presentó fiebre y los médicos le dieron medicamento para controlarla. “Pero no fue posible”, dijeron Alfonso y Darlyn, padres de Luis Manuel. Las autoridades de Laguna Larga pidieron permiso a la Policía Nacional Civil, a la Conanp y al Ejército para entrar al panteón a enterrar al bebé.

Marvin Pérez, vocero de la comunidad, ya casi no recuerda el número de muertos, incluso de abortos que sufren las mujeres por las condiciones insalubres y la alimentación basada sólo en arroz, frijoles, avena y harina.

“Todo es por falta de atención médica y nosotros hacemos responsables al Estado de Guatemala. Es incumplimiento en todos los sentidos: en alimentación, educación, salud. Mis hijos estudian en el suelo, es algo que desespera, que preocupa, pero estamos dispuestos a seguir en la lucha y resistir hasta que se haga justicia”.

La brigada médica de Guatemala llega dos o tres veces al año. La diarrea y las enfermedades en la piel son casi permanentes entre las niñas y niños. Actualmente se propaga la varicela, virus que temen se convierta en epidemia como el paludismo que padecieron en el 2021.

El caso de Laguna Larga representa una de las grandes injusticias que se perpetran en los límites de Guatemala con México, dijo Aldo Ledón Pereyra de la organización Voces Mesoamericanas que brinda acompañamiento a las familias.

Foto: Xolotl Salazar / Voces Mesoamericanas

Las brigadas de salud son insuficientes para la cantidad de personas en el campamento. Aunado a eso están las pésimas condiciones del camino que conecta el campamento al El Desengaño, municipio de Candelaria, Campeche, donde los guatemaltecos buscan asistencia.

En los constantes días lluviosos, tienen que salir caminando y varias personas enfermas han perdido la vida por no poder buscar atención médica al ser la única vía de comunicación.

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“Reconocemos que el caso de Laguna Larga no es aislado, se une a una estrategia más grande de violencia y de crisis, de violaciones a los derechos humanos, no solo en la región guatemalteca, también del lado mexicano sur-sureste donde cientos de miles de personas están siendo desplazadas con la justificación de megaproyectos”, agregó Ledón.

Crisis humanitaria

“Es posible afirmar que esta crisis se encuentra en su punto más álgido y puede desencadenar consecuencias aún más graves y lamentables”, coincidieron 12 organizaciones de México y Guatemala en un comunicado de prensa.

Las comunidades Laguna del Tigre y Sierra de Lacandón se unieron a la protesta pacífica en el asentamiento de los desplazados. Realizaron pancartas y celebraron una asamblea, pues la situación para estas comunidades también se agudiza con los desalojos.

Ante este contexto, exigieron al Estado de Guatemala, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala, resolver el problema de Laguna Larga. Asimismo, pidieron a la Comisión una visita in situ para verificar las condiciones del campamento, a la vez de solicitar Medidas Provisionales a la Corte IDH por la gravedad en la que se encuentra la vida de las familias y por las muertes que continúan ocurriendo.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) En Chiapas se reprime a defensores comunitarios, no existe la presunción de inocencia

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
7 de junio de 2022

Boletín No. 20

En Chiapas se reprime a defensores comunitarios, no existe la presunción de inocencia

    • Injusta vinculación a proceso a defensores comunitarios de San Juan Cancuc en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio

    • Exigimos la libertad inmediata de los cinco detenidos.

Ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso cinco indígenas tseltales del pueblo creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, San Juan Cancuc, quienes fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el pasado 4 de junio dio a conocer a través de Boletín de Prensa No. 19 y la Acción Urgente No.7 [1], la criminalización y detención injusta de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más.[2] Esto como parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

Como adelantamos, la situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolvería el día lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, y existía el riesgo de que continuara su detención en virtud de que el poder judicial de Chiapas había demostrado ser parte de este ejercicio de criminalización.

Dentro de la audiencia de vinculación a proceso, el Juez de control no fue imparcial ya que los vinculó a proceso aún cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez; además de existir serias contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscaban culpabilizar a los cinco detenidos.

Pese a que defensores de este Centro de Derechos Humanos hicieron notar tales anomalías, el Juez penal convalidó y justificó más allá de sus atribuciones las deficiencias de la Fiscalía, lo que corrobora su contubernio.

Como Centro de Derechos Humanos exigimos una investigación real, efectiva, científica y que agote todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Antonio Aguilar Pérez. Que este lamentable suceso no sea aprovechado para criminalizar a defensores de derechos humanos y de la vida de cuya inocencia existen múltiples testigos. Así como que las autoridades no aprovechen este suceso para polarizar a la población.

De lo documentado por el Frayba, hemos registrado que existe una práctica sistemática por la que las fiscalías fabrican versiones de los hechos más allá de un agotamiento de las posibles líneas de investigación y fabrican una serie de pruebas a modo para forzar su teoría del caso. Desafortunadamente, esta mala práctica suele incluir la inculpación de personas inocentes. Patrón que a su vez es avalado por el Poder Judicial del Estado. Bajo este contexto se desarrollan los hechos aquí narrados.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, al Pueblo Creyente, a estar pendientes de las acciones para lograr la libertad incondicional de los defensores comunitarios.

*-*

1 Frayba, Acción Urgente no. 7, https://frayba.org.mx/criminalizan-y-fabrican-delito-defensores-ddhh-en-san-juan-cancuc
2 Frayba, Boletín no. 19, https://frayba.org.mx/sistema-justicia-chiapas-criminaliza-defensa-ddhh

 

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Avispa Midia

Van a prisión indígenas opositores a la autopista que conectará con Tren Maya

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Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

En portada: Organizaciones de derechos humanos acompañaron a familiares de los detenidos para realizar una manifestación en las afueras del CERSS No.5. Foto: Jeny Pascacio

“Estoy preocupada porque está encerrado mi marido y mi hijo Vicente está enfermo, qué tal si se muere. Pido que lo liberen de inmediato porque no es verdad lo que le culpan”, narró Lucia Santiz Aguilar, esposa de Martín Pérez Domínguez, detenido de manera arbitraria y acusado de homicidio calificado junto a Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Manuel Santiz Cruz, presidente del Comité de Derechos Humanos San Juan Evangelista, de la parroquia de San Juan Cancuc, Chiapas.

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Lucía participó con otros familiares, defensores de los derechos humanos, sacerdotes y organizaciones acompañantes en una peregrinación que recorrió los alrededores del Centro de Reinserción para Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal de las Casas, donde se encuentran los indígenas tseltales.

Foto: Jeny Pascacio

“Quiero justicia para mi esposo porque no es su culpa que haya muerto el borracho”, dijo a Avispa Midia, Josefa Cruz Pérez, esposa del defensor Manuel Santiz. “No es verdad lo que están diciendo las autoridades de San Juan Cancuc, solo es una trampa”.

Josefa y Manuel tienen 12 hijos, uno de ellos aún en brazos. “Estamos sufriendo porque no hay comida para los hijos; pido la libertad”. La madre de Manuel, Matalia Cruz Torres, se unió a la protesta pacífica para exigir a la Fiscalía dejar de criminalizar y hostigar a los indígenas por su labor en los derechos humanos, “esa es la palabra”.

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

(Español) El CIPOG-EZ en resistencia, frente al desprecio y silencio de los malos gobiernos

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos

01 junio de 2022

Compañeros, compañeras, compañeroas, hermanos y hermanas de México y del mundo:
Los días pasan y nuestra rabia crece. Porque la violencia continúa en nuestras comunidades y al Estado Mexicano no le interesa. Los grupos narco-paramilitares, no cesan en el hostigamiento hacia quienes habitamos la Montaña Baja de Guerrero y los tres niveles de gobierno, guardan silencio frente a esta situación, lo que delata su complicidad, así como su interés en desaparecernos, pues no toleran que haya pueblos que rechacen sus migajas y busquen autodeterminarse.

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Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

(Español) No habrá paisaje después de la Transformación

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Layú bee

Nuestras abuelas y abuelos fueron los primeros que anduvieron estas tierras, conocieron sus caminos, árboles, plantas, trazaron rutas y se encontraron entre pueblos distintos a veces enemistados, a veces compartiendo el hacer del territorio, otras como hermanos o familia; de ellos aprendimos que lo que habita no es sólo naturaleza y que Layú bee está repleto de otros seres que se cruzan de vez en vez en los caminos, las milpas, las cuevas, el agua, el mar para hacer presente su voz, aprendimos pues, a escuchar y que a ella se le conoce andándola, así es como se descubre la forma tan íntima en la que estamos relacionados, aunque nuestros pueblos sean distintos, lo que sucede en un lugar irremediablemente afecta a otros.
(Niltie)

Layú bee (tierra angosta) es como se nombra en diidxazá a esta región conocida como Istmo de Tehuantepec, que se encuentra en el extremo oriental del estado de Oaxaca y al sur del de Veracruz, abarcando al oriente algunas porciones de Chiapas y Tabasco. Layú bee es, como su nombre lo indica, la zona más angosta entre los mares del Golfo de México y del Oceánico Pacífico, separados por un estrecho de tierra de 300 km.

En Layú bee se encuentra una inmensa diversidad natural, en sus bosques y selvas se albergan 10 ecosistemas diferentes que representan el 10% total de la biodiversidad del planeta. Sus macizos boscosos son los encargados de regular la diversidad de climas presentes y son el punto de encuentro de millones de plantas y animales, uniendo el hemisferio norte con el sur con la flora y fauna del trópico seco del Pacífico con la del trópico húmedo del Atlántico.

Desde la parte norte de Layú bee, en la Sierra de Santa Marta o Sierra de los Tuxtlas se encuentra 940 especies de plantas, 80 helechos, más de 1200 especies de insectos, 122 especies de reptiles y anfibios, más de 440 especies de aves y 115 especies de mamíferos; y esto sólo de las especies descubiertas a la fecha. Esta zona se encuentra bañada por el río Papaloapan, cuyas redes fluviales desembocan en los ríos Coatzacoalcos, Uxpanapa y parte del sistema Grijalva-Usumacita, formando durante su camino estuarios, meandros, manglares, ciénagas y pantanos y es resguardada por los pueblos tannundajïïyi y nahuas.

En la parte central de Layú bee, se encuentra la Selva de los Chimalapas donde abunda una inmensa riqueza de flora y fauna que hace de esta selva una ecorregión interdependiente en sí misma. En esta habitan 445 especies de mariposas diurnas; 149 especies de mamíferos, lo cual equivale al 32% del total nacional de estas especies. Además se encuentran 464 especies de aves, lo que equivale a un tercio del total en el país; 54 de anfibios y 105 especies de reptiles. Esta selva, por sí sola, alberga casi un tercio de la biodiversidad total del país, además, en estas tierras se produce naturalmente el 40% de todos los escurrimientos de agua superficial, es decir ríos y arroyos, de México.

La Selva de los Chimalapas, la Sierra de Santa Marta y el Uxpanapa en su conjunto cuenta con diversos tipos de ecosistemas que van de bosques de clima templado, bosques de niebla, selvas tropicales húmedas, los cuales forman parte del último relicto de selvas en buen estado de conservación de Mesoamérica. Esta variedad de ecorregiones presentes en Layú bee, constituyen parte de la zona de máxima concentración de la diversidad vegetal en México y de uno de los grandes centros de endemismo florístico del área cultural conocida como mesoamericana.

El correr de estas aguas termina en las planicies costeras del Golfo de Tehuantepec, habitado por pueblos binnizá, angpón, ayuuk y slijuala xanuc’, en el extremo sur de Layú bee se forman suelos fértiles que favorecen el desarrollo de la vegetación del Istmo Sur y que desembocan finalmente en los sistemas lagunares costeros, los mayores del Pacífico Sur mexicano. Entre los que sobresalen las lagunas Superior e Inferior y mar Tileme, habitadas por el pueblo ikoojt, que moldean el territorio de está última parte del litoral.

Pero sabemos, y nos consta, que Layú bee no es una región prístina y paradisiaca, ya oímos y leímos a los grandes defensores del mesías, escribiendo y balbuceando: “¿en donde ven toda esa vegetación?”, “son ecologistas o ambientalista pagados por la mafia del poder”, “¿dónde estaban cuando Obrador era del PRI?” (a no, esto último no) y un sin fin de etc., por eso respondemos como han dicho lxs hermanxs zapatistas: “ya no hay debate”. Lo sabemos, este territorio es un campo agonizante por los diversos emprendimientos de “progreso y desarrollo” que los finqueros del pasado han realizado.

Layú bee, con su amplia riqueza natural, ha cambiado su paisaje, se ha deteriorado por la explotación de mantos petroleros y azufreros; por el aumento de la capacidad de refinación del crudo en sus dos costas; el establecimiento de grandes complejos petroquímicos; la instalación y operación de un complejo sistema de transportes; gasoductos y oleoductos; el crecimiento de la zona urbana y del corredor industrial Coatzacoalcos-Minatitlán.

A esto, se han sumado los sistemas de transportes de carga pesada, terrestres y marítimos, para conectar las regiones petroleras desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz, que se conectan a su vez con las regiones petroleras del norte de Chiapas, Tabasco y Campeche; además de la ganaderización extensiva concentrada en el sur de Veracruz y gran parte de Tabasco; la expansión de una agricultura intensiva tecnificada y de plantaciones forestales comerciales, el uso indiscriminado de agroquímicos y fertilizantes sintéticos, y la explotación maderera han hecho mella en los bosques y selvas.

Se han devastado decenas de miles de hectáreas de selvas tropicales húmedas y más del 80 por ciento de los ecosistemas de humedales en el delta del río Coatzacoalcos, donde se suma la contaminación del aire, suelo y, sobre todo, de los cuerpos de agua debido a las refinerías y al uso industrial del suelo. Ocurre lo mismo en el río Tonalá, en la laguna del Ostión y en las aguas del litoral del Istmo Norte, que reciben fuertes descargas bacterianas y microbianas derivadas de las aguas negras de uso humano, para hidrocarburos y de metales pesados.

Todos esto lo sabemos y desde siempre lo denunciamos y nos hemos enfrentado a ello, así como a los finqueros encargados de llevar a cabo este “progreso y desarrollo”, que hoy tiene sus consecuencias a lo largo de todo Layú bee. Es por ello que hoy, con el nuevo finquero que responde al mismo capataz al que respondieron sus antecesores, continuamos apareciendo y nombrando esta biodiversidad que constituye nuestro territorio y que nuevamente se encuentra en riesgo.

Nuestra diversidad de ecorregiones no son solo parte de un paisaje agonizante, no. Layú bee también es vida, son historias, cuentos, mitos y leyendas; son palabras andantes y pasos que conversan. Somos abuelxs, madres, padres, hijxs y nietxs. Somos tejidos que cuentan el pasado para seguir viviendo el presente, son las fiestas que nos recuerda que, a pesar de las adversidades, el reunirnos, convivir y compartir sigue siendo parte fundamental de nuestras vidas; son pasiones (peregrinaciones) a nuestros cerros y al mar, sagrados para nosotrxs que aquí habitamos; son las flores que en el panteón y en nuestros altares nos conectan con nuestros ancestrxs; son cuidadores de la montaña andando en la selva; son andantes nadando los humedales costeros y brazos trazando las redes fluviales.

Layú bee lo constituimos raíces históricas profundas, somos los mokaya (gente de maíz) que hace 3600 años aquí habitaron y que hoy somos lxs angpøn (zoques), ayuujk (mixes) y tannundajïïyi (popolucas). Hemos echado raíz e historia aquí nosotrxs lxs binizaá (zapotecas), ikoots (huaves), slijuala xanuc’ (chontales) , o’ de püt (zoques de Chiapas) y lxs yokot’an (chontales de Tabasco). Estamos presentes aquí el pueblo afromexicano; nos acompañan también nuestrxs hermanxs tsa ju jmí’ (chinantecos), ha shuta enim (mazatecos), ñuu dau (mixtecos) y lxs bats’i k’ op (tsotsiles). Pueblos que fueron desplazados de sus territorios por los finqueros del pasado, que fueron arrebatados de sus tierras para ser empleados como fuerza de trabajo, y que entregaron sus tierras a los capataces que hoy se nos presentan como amigos.

Los primeros pasos y las primeras voces que caminaron este territorio continúan andando, está representado en los pluriversos que hoy tenemos memoria, que conservamos en la narración que nuestros ancestrxs nos dejaron. Somos los pueblos que sabemos que nuestra existencia es una “urdimbre de múltiples cuerpos”, cuerpos que han sabido mantener y proteger esta inmensa biodiversidad que, en plena crisis climática y medioambiental, aún representa nuestra tierra. Somos las alternativas y estamos vivas.

Hoy nuevamente Layú bee y nosotrxs, que somos parte orgánica de ella, debemos estar alerta, ya que el nuevo finquero que ocupa la silla presidencial quiere fragmentar nuestro territorio para entregarlo a los capataces, a los que realmente representa. Porque si los dejamos avanzar, ellos vendrán a “despojarnos de la tierra, la memoria, cerrarnos los oídos y el corazón para no escuchar las voces que como presagio nos advierten: es hora de caminar con mucho cuidado”.

Desde la región del Istmo de Tehuantepec

Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Aclaración:

El título de este escrito en 3 partes, tomando como referencia al lanzado por el Sup Moi y Galeano el 03/03/22. ¿Por qué? Como bien está especificado en el comunicado del EZLN, pasada la invasión no habrá entonces “quien dé cuenta del paisaje”. La guerra, a la que hacen referencia los compas zapatistas en su comunicado, comparte con la transformación que el Corredor Interoceánico pretende para el Istmo, pues también aquí en Layú Bee: “Hay intereses del gran capital en juego, por ambos lados”, “hay intervenciones-invasiones-destrucciones buenas, Las buenas son las que realizan sus afines” y “Quienes ganan son los grandes consorcios armamentistas y los grandes capitales que ven la oportunidad para conquistar, destruir/reconstruir territorios, es decir, crear nuevos mercados de mercancías y de consumidores, de personas”. Es por esto que: No Habrá Paisaje Después de la Transformación.

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Comunidad indígena nahua de Santa María Ostula

Acción de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula en solidaridad con la Caravana por la Dignidad y Conciencia Wiráxika

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Este 30 de mayo, a partir de las 8:00 horas, la comunidad indígena de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, se movilizará en la carretera costera 200 en solidaridad con las justas exigencias de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlan y su anexo Tuxpan, Jalisco:

Restitución de las más de 11, 500 hectáreas invadidas por ganaderos de Nayarit.

Atención y solución integral de dicha problemática por el Presidente de la República.

 

radio
Habitantes de El Rebollero , San Pablo, Cuatro Venado

(Español) Alerta máxima, paramilitares entran a derribar casas en El Rebollero, Oaxaca

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta nacional e internacional

A los medios libres y autónomos o como se llamen

A la prensa en general

 

Este 28 de mayo, aproximadamente a las 6 de la mañana, un grupo de más de 100 personas armadas entraron a la comunidad en resistencia de, El Rebollero, San Pablo, Cuatro Venados, Oaxaca.

Estas personas comenzaron a disparar y las personas que estábamos en la comunidad buscamos un resguardo. Tiempo después comenzaron a incendiar nuestras viviendas y nuestras cosas personales.

Estos acontecimientos se dan días antes de la inauguración de nuestra casa de salud y nuestra capillas. Estas dos construcciones son símbolo de la reconstrucción de nuestras viviendas . Ya que en 2019 habían entrado más de 500 personas armadas y acompañadas con traslados, dejando arrasada a la comunidad.

En días anteriores , en conferencia de prensa, hemos alertado a los tres niveles de gobierno sobre estos ataques y nos han ignorado. Por ello, responsabilizamos al gobierno del estado, que preside Alejando Murat Hinojosa. Responsabilizamos al gobierno federal que preside Andrés Manuel López Obrador  y a las autoridades de Cuilápam de Guerrero. También a Flavio Sosa Villavicencencio y a su hermano, del partidos de MORENA sobre estos acontecimientos y los daños provocados.

 

¡Nunca más un México sin nosotrxs!

Atentamente

Habitantes de El Rebollero , San Pablo, Cuatro Venado.

radio
Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán

(Español) Comunicado de Azqueltan sumándose a la caravana y a las exigencias de San Sebastián Teponahuaxtlán

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A la comunidad Wixárika de Waut+a- San Sebastián Teponahuaxtlán

Al pueblo y gobierno de México

La comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, anunciamos que por acuerdo de la asamblea general, nuestras autoridades tradicionales y agrarias se suman a la marcha por la Dignidad y la Conciencia Wixárika, que luego de más de 900 kilómetros, arriba a la Ciudad de México y exigimos al gobierno federal que se dé una solución integral y definitiva al conflicto agrario en Huajimic, Nayarit.

Los pueblos indígenas no tenemos porqué mendigar la justicia, como si ganar un juicio no fuera algo que se nos tenga permitido a los que somos originarios de este país México, como si las leyes no hubieran sido hechas para nosotros, excepto las que están dirigidas al saqueo, a la privatización y al despojo.

Como comunidad de Azqueltán sabemos que no puede haber pequeñas propiedades sobre los terrenos comunales, pues para eso hay leyes que nos protegen, hay tratados internacionales y está la constitución mexicana.

Reconocemos la larga lucha de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán por el territorio ancestral que le fue reconocido tanto en su título virreinal como en su resolución presidencial. Sabemos, porque hemos sido testigos, de las invasiones causadas por la ambición y por las políticas de los gobiernos, que buscan siempre privilegiar a la propiedad privada sobre la propiedad colectiva para hacer la tierra una mercancía. Con más razón cuando reconocemos esos territorios como sagrados, donde se manifiesta nuestras deidades y nuestra madre que es la tierra.

Hemos sido testigos también de la larga lucha de San Sebastián por defender y cuidar, como nuestra madre sagrada, a la tierra, que es su territorio ancestral, lo que es digno de admiración, respeto y un ejemplo para toda la región y para nuestro país.

Nos sumamos a la exigencia de que el Gobierno Federal haga valer las leyes, las sentencias emitidas por el Tribunal unitario Agrario del Distrito 16 y señale con precisión los pasos a seguir para la restitución inmediata de las tierras comunales, sin falsas mesas de negociación y sin pretextos que lleven a alargar el regreso de las tierras a sus verdaderos dueños.

Atentamente

A 26 de mayo de 2022

Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco 

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