Noticias:

Autonomia y Resistencia

image/svg+xml image/svg+xml
radio
Consejo Supremo Indígena de Michoacán CSIM

Consejo Supremo Indígena de Michoacán, CSIM, toma 7 carreteras en Michoacán

Meseta Purépecha a 9 de agosto de 2023.

En el marco del #DiaInternacionalDeLosPueblosIndígenas, cientos de comuneras y comuneros bloquean permanentemente 7 carreteras federales en exigencia de servicios básicos y obras de infraestructura, manifestando que el Estado mexicano “es ciego, sordo y mudo” con las comunidades originarias.

A través de un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, que aglutina a 70 comunidades de la entidad, informó que las tomas de carreteras surgen por una decisión la asamblea general de autoridades tradicionales y con el objetivo de visibilizar los problemas que persisten sus comunidades, argumentando que históricamente, es mediante la movilización, la resistencia y la lucha, como los pueblos originarios han logrado obtener reivindicaciones sociales y no con la sumisión o cooptación política.

Las carreteras que fueron bloqueadas son:

▪️Carretera Cheran-Zamora en Zopoco.
▪️Carretera Pátzcuaro-Uruapan a la altura de San Juan Tumbio.
▪️Carretera Paracho-Uruapan en el Parque Comunal.
▪️Carretera Uruapan-Los Reyes en la comunidad de Nuevo Zirosto.
▪️Carretera Morelia-Zacapu en la entrada a Santa Fe de la Laguna.
▪️ Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas en Caltzontzin
▪️ Carretera Paracho-Charapan en la comunidad de San Francisco Corupo.

En su pliego petitorio exigen cinco puntos: una mesa de trabajo con la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde Luján, para trabajar en la falta de servicios elementales en las comunidades indígenas como lo son agua potable, drenaje y electricidad; una mesa de trabajo con el Gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla a quien acusan de no atender a las 500 comunidades indígenas existentes en la entidad; el respeto al autogobierno de la comunidad de Turícuaro y la transferencia de la parte proporcional del presupuesto por parte del ayuntamiento de Nahuatzen; la presentación con vida de Cesar Ciprés Murguía, promotor cultural e integrante de los Barrios Tradicionales de Uruapan, desaparecido desde el pasado 6 de julio y el cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán donde mandata al Presidente Municipal de Hidalgo José Luis Téllez Marín sesione en cabildo y autorice la entrega del presupuesto directo a la comunidad de San Matías el Grande.

Consejo Supremo Indígena de Michoacán

radio
Avispa Midia

Comunidad de Puente Madera acusa persecución de opositores al Corredor Interoceánico

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Desde el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la Asamblea General Comunitaria de Puente Madera mantiene una campaña para alertar a la población sobre su lucha y resistencia frente a la imposición de un parque industrial en tierras de uso común de la población binnizá. Contrario al discurso gubernamental, asegura que no es un conflicto interno, sino imposición y despojo.

Con énfasis, la Asamblea hace un llamamiento en espera de la audiencia intermedia, a efectuarse el próximo martes 15 de agosto, contra David Hernández Salazar, a quien, acusan, “se inculpa y fabrican diversos delitos, con la finalidad de privarlo ilegalmente de su libertad, y de esa manera detener su labor como representante y vocero de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera”, refiere mediante pronunciamiento.

La Asamblea de Puente Madera señala que, con los mismos delitos fabricados, se acusa a otros 17 habitantes de la comunidad binnizá, quienes cuentan con órdenes de aprehensión, en lo que señala como un proceso de criminalización y violencia, coordinado y ejecutado por los gobiernos locales y estatales.

Actualmente, Hernández Salazar funge como Agente Municipal Comunitario de Puente Madera, además de ser parte de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y participante del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Te puede interesar – El istmo se defiende: La persistente lucha frente al Corredor Interoceánico

La participación de Hernández en la defensa de sus territorios inició en 2017 frente a la extracción de material pétreo en el Cerro Igú, dentro de las tierras de uso común conocidas como El Pitayal. Debido a ello, fue encarcelado por primera vez; sin embargo, obtuvo su liberación y poco después se integró a la lucha contra la instalación de una Subestación Eléctrica de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), nuevamente, en tierras del Pitayal.

La resistencia de Puente Madera se reactivó el 14 de marzo del 2021, “cuando a través de una asamblea amañada, las autoridades comunales de San Blas Atempa, en confabulación con el entonces presidente municipal Antonino Morales Toledo, buscaban imponer la instalación de un Parque Industrial, por su nombre oficial; polo de desarrollo para el bienestar (PODEBI) del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en Tierras de Uso Común del Pitayal”, contextualiza un pronunciamiento de la APIIDTT.

(Continuar leyendo…)

radio
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

Pronunciamiento por la desaparición forzada de Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, miembro de la Guardia Comunal

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO,
A LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES,
A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.

El día 1 de agosto de 2023, 3 habitantes de la comunidad de Santa María Ostula se encontraban en la cabecera municipal de Coalcomán resolviendo asuntos comerciales personales. Dos de ellos en camioneta y otro en su motocicleta. Al salir Lorenzo Froylán de la moto, fue detenido por un retén del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los otros dos habitantes de Ostula al no saber nada de su compañero, regresaron a ver qué había sucedido y también fueron retenidos.

Los tres permanecieron varios días retenidos por el grupo criminal hasta que al ser interrogados dos de ellos fueron liberados y sólo el que es miembro de la Guardia Comunal, Lorenzo Froylán, quedó retenido por el CJNG hasta este momento.

Las autoridades comunales, guiadas por las personas secuestradas y luego liberadas, harán efectivo su derecho y pondrán la denuncia correspondiente, esperando que las autoridades de seguridad estatales cumplan con su trabajo e investiguen el paradero de nuestro guardia, así como garanticen su liberación.

Cabe destacar que en la región existen diversas instalaciones de cuerpos castrenses, como el cuartel del 65 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano y un cuartel de la Guardia Nacional, sin embargo el CJNG actúa con total impunidad.

Esté cartel criminal está compuesto, entre otras, por algunas personas que anteriormente eran habitantes de nuestra comunidad, quienes luego de traicionarla, decidieron seguir una carrera como delincuentes: Cemeí Verdía Zepeda, Leonardo Bravo Manjares, alias Gorraprieta, Vicente Villanueva Ramírez, Silvano Mercado Cervantes, alias Quirrin, Guillermo Francisco Cruz, alias Picolin, y Refugio Alcalá Alcalá, alias Cubano.

Nuestra comunidad se encuentra organizada y unida para enfrentar estos ataques, tenemos a nuestra Guardia Comunal y a nuestras instituciones; estamos acompañando a las familias de nuestros compañeros liberados y a la de nuestro guardia retenido.

Señalamos que esta desaparición forzada se suma a los crímenes que ha cometido el CJNG no sólo en contra de nuestra comunidad, sino en contra de otras comunidades de la región, como San Miguel Aquila y Huitzontla.

Este grupo criminal busca, a toda costa, expandir las actividades de la empresa minera Ternium, y de esta forma lograr una gran ganancia económica, mayor protección en Michoacán y Colima y ampliar sus redes políticas dentro de los gobiernos de estos dos estados.

Igualmente recordamos que entre los años 2009 y 2014 nuestra comunidad sufrió una embestida fatal por parte de la delincuencia organizada en complicidad con los gobiernos en turno, destacando el contubernio entre la Secretaría de Marina y el cartel de los Caballeros Templarios; situación que provocó 35 asesinatos y 6 desapariciones forzadas de autoridades agrarias y lideres comunales, incluyendo el asesinato del niño Hidilberto Reyes García por parte del 65º batallón de infantería del Ejército Mexicano, lo que fue comprobado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Y tan sólo este año, el 12 de enero, 3 de nuestros guardias comunales Isau Nemesio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Magno Zambrano fueron asesinados por este grupo denominado CJNG.

El 15 de enero, el abogado Ricardo Lagunes y el comunero Antonio Díaz, de la comunidad indígena de San Migue Aquila, fueron desaparecidos también por este grupo.

El 1 de abril, el comunero Eustaquio Alcalá Díaz, de la comunidad indígena de Huitzontla, fue asesinado a manos de miembros de este CJNG y el 14 del mismo mes, nuestro ex jefe de Tenencia, Juan Medina fue también asesinado por un criminal ligado a este grupo.

(Continuar leyendo…)

radio
Grieta.org.mx

Foro nacional “Del horror de la guerra a la resistencia por la vida”

Por Colectivo Grieta

Ciudad de México, 2 de agosto de 2023.- Convocadas por la Coordinación Nacional “Alto ala guerra contra los pueblos zapatistas”, más de cien de personas acudieron al Foro Nacional “Del horror a la guerra a la resistencia por la vida”, en el que se denunciaron diversas agresiones que han sufrido las comunidades indígenas zapatistas por parte los tres niveles de gobierno. Reunidos en el Centro de Derechos Humanos Pro Juarez, en Serapio Rendón #57, en la Colonia San Rafael de la Ciudad de México escucharon testimonios y reflexiones desde el México de abajo.

El foro estuvo organizado en cuatro mesas que abordaron los temas de Violencia (mesa 1), Justicia (mesa 2), Paz (mesa 3) y Arte (Mesa 4). En ellas participaron concejales del Concejo Indígena de Gobierno, delegados del Congreso Nacional Indígena, defensores de derechos humanos, profesoras, buscadoras de desaparecidos, y artistas que practican diferentes artes.

En la primera mesa, con el tema de “Violencia” Jesús Plácido del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata habló sobre la lucha de las comunidades Ñuu Savi por la construcción de la autonomía en la región de la Montaña en Guerrero y explicó la forma en la que los grupos del crimen organizado, coludidos con los tres diferentes niveles de gobierno y con la protección por parte del ejército, agreden las comunidades mediante desapariciones, asesinatos y ataques con drones. Pero inisistió en que no van a dejar de construir autonomía. Gilberto López y Rivas del colectivo “Llegó la hora de los pueblos” denunció la estrategia de guerra irregular del gobierno federal mediante grupos paramilitares por parte del ejército mexicano contra las comunidades zapatistas de Chiapas y la continuidad de esas agresiones desde 1999 hasta la fecha, mientras el actual ejecutivo federal insiste en una defensa a ultranza del ejército represor. En su oportunidad, Carlos Ogaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Batolomé de las Casas documentó el proceso de violencia reciente contra las comunidades zapatistas en Chiapas y como la violencia en este caso está marcada por el racismo y la desigualdad estructural y a partir del gobierno de la 4T está asociada al saqueo de recursos naturales y a los objetivos capitalistas del desarrollo industrial. Por último Volga de Pina del Observatorio sobre desaparición e impunidad comentó sobre las continuidades y discontinuidades en la violencia contra los pueblos así como en la resistencia de lo mismos.

En la segunda mesa, con el tema de “Justicia”, la compañera Myrna Valencia, concejala del CIG por el pueblo Mayo-Yoreme habló de cómo los pueblos indígenas de México han vivido en la pelea por justicia y en defena de sus tierras y de cómo esa historia ha persistido a través la narración oral. Posteriormente Juan Carlos Flores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua y parte de la Comisión Jurídica del CNI, reflexionó sobre las formas de resistir y luchar por la justicia durante la IV Guerra mundial, en la que el capital busca conquistar los territorios de los pueblos, especialmente en la escalada del despojo violento por parte de la política de la llamada Cuarta transformación. María Herrera, de la Brigada Nacional de Búsqueda de desaparecidos habló de cómo frente la injusticia por parte del Estado es necesaria la unión y la organización como sociedad para poder vivir en paz, pues de otro modo desde del Estado solo llega injusticia, que intenta esconderse tras las migajas de los programas sociales. Finalmente, Giovanna Gasparello, del INAH, hizo un comentario sobre las intervenciones y el hecho de que el despojo y los ataques contra el territorio, si bien se originaron hace mucho, en la actualidad, presentan una forma brutal en la acción coordinada del Estado y el crimen organizado; de ahí que el Estado ha dejado de ser un espacio para buscar justicia.

En la tercera mesa cuyo tema era “Paz”, Carlos González, del Congreso Nacional Indígena, reflexionó sobre cómo lamentablemente no podemos pensar la paz sin hablar sobre la guerra que recorre nuestro país además de apuntar cómo hay un nuevo tipo de mezcla entre organizaciones paramilitares y cárteles de crimen organizado que se está generalizando en nuestro territorio; Araceli Osorio, madre de Lesby, afirmó lo importante que era hablar sobre la paz que queremos y no tenemos, porque solo a partir de imaginarla y discutirla podremos empezar a construirla; Dolores González de SERAPAZ, reflexionó sobre lo específico del momento de acumulación del capital y del muy particular lugar que ocupa México en la geopolítica global, así como el fenómeno actual de la economía criminal.

Durante la cuarta mesa, dedicada al “Arte” como una otra forma de resistencia y lucha, una otra mirada y experiencia sobre lo que acontece, Hugo Molina bailarín, presentó una coreografía inspirada en el texto En (auto)defensa de las jirafas; la compañera Libertad Hernández, nos presentó una coreografía de Argelia Guerrero sobre la pieza “La ‘Esperanza’ es zapatista” con música de Víctor Jara; Arturo Torres cantó canciones rebeldes con su guitarra y armónica; Jesús Peredo platicó y cantó corridos revolucionarios; y el grupo La revuelta de las Semillas nos invitó a bailar con sus ritmos fusión.

(Continuar leyendo…)

radio
Avispa Midia

En una semana se agota tiempo para que Justicia Federal atraiga el caso de Samir Flores

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

En portada: Familiares, organizaciones y abogados informaron que a cuatro años del asesinato de Samir Flores Soberanes, la Fiscalía de Morelos sigue operando de manera omisa para resolver el caso.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FDTA-MPT) lanzó una petición en la cual exige que el caso del asesinato del indígena nahua, Samir Flores Soberanes, sea atraído por la justicia federal. Exige que la Fiscalía Especial en Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) investigue el caso.

El 20 de febrero del 2019, Samir Flores, defensor del territorio y comunicador comunitario de la radio comunitaria Amiltizinko, fue asesinado en la puerta de su casa, en la comunidad de Amilcingo, Morelos, México. Samir tenía 7 años luchando junto a su comunidad y el Frente de Pueblos contra el megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos. Después de 4 años y 6 meses, su asesinato sigue impune.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía General del Estado de Morelos que, durante estos años, “no ha investigado con seriedad las diferentes líneas de investigación, principalmente las relacionadas con sus actividades como defensor del territorio y comunicador comunitario, tratando de minimizar su asesinato a una acción aislada de la delincuencia organizada”, señala el Frente de Pueblos.

Sostiene además que la Fiscalía Estatal ha generado una “dinámica de obstrucción de la justicia,anunciado como avances en el acceso a la justicia la detención de una persona que ya estaba detenida desde hacía un año atrás sin tener los suficientes sustentos jurídicos para sostener su acusación, ha construido una explicación de los hechos concentrándose sólo en los autores materiales más no los intelectuales,desligando la relación entre el asesinato de Samir y el evidente contexto de conflicto social en el que se desarrolló”.

Te puede interesar – Narcotráfico y gobierno coludidos en el asesinato de Samir Flores

El 30 de marzo de 2023, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera señaló qué el caso de Samir sería atraído por la Fiscalía General de la República, sin embargo esto no ha acontecido.

La Feadle ya ha determinado la facultad de atracción del caso de Samir Flores por su calidad de comunicador indígena. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Morelos se ha negado a que el caso sea atraído por la Federación y esto llevó a la Feadle a solicitar una audiencia, en la que un juez de control federal decidirá conocer o no el caso atraído por la Feadle.

Te puede interesar – Exigen que la FGR atraiga las investigaciones sobre el asesinato de Samir Flores

Desde el 4 de julio se está esperando que se designe al juez de control federal y la fecha para que se lleve a cabo la audiencia. Sin embargo, esto no ha sucedido. De no ocurrir en próximos días, el 11 de agosto del 2023 se celebrará audiencia por parte del Poder Judicial del estado de Morelos para iniciar el juicio contra el presunto homicida, “lo que complica las condiciones jurídicas en que pueda investigarse y llegar a la verdad sobre los verdaderos homicidas”, advierte el Frente de Pueblos.

Es por ello que “estamos solicitando que se realice la audiencia en la prontitud posible y que se resuelva el proceso de atracción por parte de la justicia federal del caso del comunicador indígena y defensor del territorio Samir Flores”.

 

 

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Pueblo Creyente de San Juan Cancuc exige la libertad de sus compañeros

San Juan Cancuc, Chiapas, México, A 03 de agosto de 2023

Mateo 5, 12 “DICHOSOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED JUSTICIA, POR QUE SERÁN SACIADOS DICHOSOS LOS QUE TRABAJAN POR LA PAZ, POR QUE SE LES LLAMARA  HIJOS DE DIOS

DENUNCIA PUBLICA

a los 14 meses de detención, encarcelamiento y condena de 15 años de cárcel, el dia  01 de agosto de 2023 se llevaría a cabo la audiencia de apelación de los compañeros: Manuel Santiz Cruz, Martín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar la cual se canceló porque alguno de los magistrados no estaba presente.

Como pueblo creyente, derechos humanos y modevite nos unimos a las familias de los compañeros mencionados anteriormente, para denunciar a la fiscalía y la jueza Maria Guadalupe Flores Rocha por su falta de seriedad y responsabilidad en el juicio de investigación del caso de los acusados: por ejemplo la contradicción de los testigos acusatorios, la necropsia, del cuerpo realizada hasta los 40 días después del fallecido y no se hizo la prueba de taxología, alteración de acta de defunción corregida a mano, y con corrector, ni tampoco investigaron la patrulla en la que murió, no realizaron ninguna investigación en el lugar de los hechos, la policía recogió con vida al señor Antonio Aguilar Pérez a las 5 am y hasta las 10 de la mañana lo entregaron a su familia ya muerto.

Esta muerte es responsabilidad de la policía municipal, por que habiendo una clínica con urgencias no lo llevaron y lo dejaron morir en la comandancia municipal.

Vemos que para el sistema de justicia y los políticos la justicia es una cuestión de cifras y números para tratar de aparentar que no hay impunidad en Chiapas, pero que acaba con las vidas de personas inocentes y sus familias como el caso de nuestros compañeros quienes se encuentran injustamente presos.

Exigimos a los magistrados la inmediata liberación de los compañeros, ya que se ve claro la fabricación de delitos por parte de la fiscalía y la conclusión con los jueces.

Pueblo Creyente de San Juan Cancuc

Comité de Derechos Humanos de la Parroquia San Juan Evangelista de San Juan Cancuc

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite)

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Carta de los defensores de San Juan Cancuc injustamente presos en el CERSS No. 5

1 de agosto del 2023

San Cristóbal de las Casas, Chiapas

Al publico en general

A los medios de comunicación

Al grupo de trabajo sobre la defensa arbitraria

Al pueblo creyente

Somos los presos de San Juan Cancuc estamos detenidos injustamente 15 meses preso estamos sentenciados 25 años de prisión injustamente estamos detenidos injustamente:

Por la guardia nacional, ejercito mexicano, y la fabrico el delito de portación de droga y después el homicidio calificado aquí seguimos resistiendo la injusticia y vamos a seguir luchando la libertad.

A la diosis de San Cristóbal

A los derechos humanos

Pueblos creyentes – caritas

y nuestros familiares,

Que no nos dejan solo que siguen luchando por nosotros

Por todo exigimos nuestra inmediata libertad

Respetuosamente

Agustín Pérez Domínguez

Agustín Pérez Velásquez

Juan Velasco Aguilar

Martín Pérez Domínguez

radio
CDH Fray Bartolomé de las Casas

Frayba denuncia ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables contra defensores indígenas en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

3 de agosto de 2023

Boletín No. 17

Denunciamos ante la ONU, al Estado mexicano por patrón de tortura y fábrica de culpables contra defensores indígenas de derechos humanos

  • Presentamos ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias los casos de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN y los 5 defensores del territorio de San Juan Cancuc.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), presentó una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la que posicionamos dos casos que ejemplifican que en Chiapas existe un patrón de fabricación de culpables para criminalizar a defensores de derechos humanos de pueblos originarios.

El primero de ellos es el de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quien permanece Privado Arbitrariamente de la Libertad (PAL) desde diciembre de 2020. Manuel fue acusado falsamente de un delito que no cometió, sometido a actos de tortura, desaparecido de manera forzada, y después procesado penalmente.

De acuerdo con una investigación de la Junta de Buen Gobierno “El Pensamiento Rebelde de los Pueblos Originarios” en Nueva Jerusalén (JBG Nueva Jerusalén), la acusación en su contra fue un acto de criminalización a su adherencia zapatista. A más de dos años y medio de su detención es mantenido en reclusión de manera arbitraria bajo la medida cautelar de prisión preventiva, es decir sin haber recibido una sentencia, aún cuando la Constitución mexicana establezca un límite de dos años.

El segundo caso presentado son las detenciones de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, cinco indígenas tseltales del municipio de San Juan Cancuc, defensores de derechos humanos, que fueron sustraídos de su comunidad por elementos policiales acompañados de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, se inventó un informe de detención con hechos falsos acusándolos de una supuesta detención por portación de drogas en otro municipio. Los detenidos fueron después procesados y sentenciados por un homicidio que no cometieron. El objetivo de esta criminalización fue el de enviar un mensaje ejemplar hacia la población a fin de que no se organicen contra la imposición de proyectos de infraestructura carretera en su territorio y lo defiendan de la militarización.

La documentación del Frayba confirma el patrón sistemático de criminalización a defensores indígenas por el gobierno de Chiapas entre cuyas características se encuentra: participación cómplice de la Fiscalía de Justicia Indigena utilizada para el control de los pueblos a través de la criminalización del ejercicio de sus derechos políticos, a la autonomía y autodeterminación como pueblos originarios, acusaciones falsas, tortura, uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa y de testigos falsos, participación de autoridades comunitarias, Privaciones Arbitrarias a la Libertad (PAL), detenciones con la participación de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional (GN), un Poder Judicial cómplice sin acción judicial en su conjunto son detenciones arbitrarias que buscan castigar ejemplarmente la defensa de los derechos humanos, de la tierra y el territorio.

Para el Frayba, la criminalización a defensores comunitarios no afecta solamente a las personas y sus familias, sino que se trata de una agresión a toda la comunidad, ya que el gobierno con sus instituciones de justicia  intentan generar un estado de shock hacia la colectividad, sosteniendo un mecanismo de represión, buscando anular a quienes defienden el territorio y la vida desde su propia identidad y formas de ver el mundo como parte de su ser pueblos originarios.

Llamamos la atención hacia el Estado mexicano a través de la denuncia presentada ante el Grupo de Trabajo de la ONU, con el objetivo de censen las patrones de criminalización y represión hacia los pueblos originarios, en específico hacia las personas vulneradas en sus derechos por estos mecanismos de violencia institucional, además de que se han resarcidos los derechos humanos bajo los ms altos estándares internacionales incluidos el de la libertad absoluta.

radio
Avispa Midia

Un régimen policializado contra la protesta popular en Lima

Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedía Prado

En portada: Participantes de las manifestaciones en la denominada “Toma de Lima”. Fotos de Lucha

Las protestas contra la dictadura de Dina Boluarte se reactivaron en la mayoría de regiones del Perú. En la capital, donde las jornadas de la denominada toma de Lima fueron masivas, se desplegaron 8,000 policías. En el resto del país se movilizan más de 21,000 agentes armados.

En vísperas de las fiestas patrias, se registraron manifestaciones en 59 provincias y bloqueos de vías en 64, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo. Hasta el 29 de julio, las marchas en el Centro de Lima dejaron decenas de heridos y detenidos. Las detenciones con formas de secuestros, por parte de policías sin uniforme y en vehículos particulares, se han normalizado. Cuatro periodistas recibieron disparos de perdigones y otros dos comunicadores fueron intervenidos.

Crédito: Fotos de Lucha

Durante el discurso a la nación de Boluarte, el 28 de julio, las movilizaciones en los alrededores de las sedes del Ejecutivo y el Congreso fueron reprimidas. “Estamos planteando el cambio de Constitución, es lo fundamental. Hay poderes detrás de esta dictadura, no solamente es la oligarquía nacional, está Estados Unidos, por eso es que el Ejecutivo y Legislativo permiten la presencia de soldados norteamericanos”, declaró un manifestante de Puno.

Te puede interesar – Militares de Estados Unidos en el Perú como respaldo a más represión

Un activista de Lima norte señaló el vínculo de la “dictadura pactada entre el Congreso y la presidencia” con el poder económico de las actividades extractivas: “No queremos ser un país extractor. Se quiere entregar nuestros recursos a los países que financian a Keiko Fujimori y los políticos que entregan el país”.

Desde un gobierno de facto policializado, el terrorismo de Estado apunta a intimidar las protestas en Lima bajo la amenaza de cárcel. Es el mensaje implícito en el caso del joven brigadista Óscar Bellido, detenido durante cinco días en condiciones contra sus derechos fundamentales, sindicado sin pruebas de escribir “Dina asesina” en una pared, para quien la fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva y una posible pena de hasta ocho años de cárcel. El estudiante fue liberado por el Poder Judicial.

Distinta es la represalia contra Vladimir Molina, también brigadista, a quien lo registraron cuando lanzó una bengala a los policías. La Corte Superior de Justicia de Lima dictó nueve meses de prisión preventiva contra él. De esta manera, el régimen criminaliza tanto la protesta pacífica como acciones a las que, en otras circunstancias, se aplican medidas menos severas.

Las delegaciones de todas las localidades peruanas, principalmente del sur andino, continúan llegando a la ciudad bastión de la dictadura cívico-militar-empresarial que es responsable del asesinato de 50 personas. La Policía hostiga a las comitivas durante los trayectos y en los locales de acogida. La fuerza contra las comitivas quechuas y aymaras se ejecutó, como en meses pasados, con mayor violencia. La imagen de mujeres indígenas empujadas y arrojadas al suelo por policías en el Centro de Lima grafican la represión racializada.

Discursos y prácticas de intimidación

Las demandas del pueblo movilizado son la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y el cambio de Constitución. La liberación y restitución de Pedro Castillo en la presidencia es una consigna firme en las provincias andinas y amazónicas, pero desestimada por la organización regional más representativa del sur peruano.

Crédito: Fotos de Lucha

“Es una agenda nacional, pedimos de inmediato las elecciones generales, también una consulta popular para hacer una asamblea constituyente mediante un referéndum, para una nueva Constitución, no pedimos la restitución de Pedro Castillo desde la Macrosur”, señaló a este medio un dirigente por Cusco de la Macrorregión Sur, que reúne a siete regiones del país.

Un régimen autoritario, con niveles de rechazo de más del 80%, desconoce la voz del 80% de la población que respalda el adelanto de elecciones y un 70% que está a favor de una asamblea constituyente, reclamos que aún estigmatizan y que reprimieron con violencia letal en diciembre y enero últimos.

“Cusco tiene gas de Camisea, oro, cobre, plata, y no se beneficia con nada, todavía la población sigue siendo pobre y hay extrema pobreza, por eso estamos en lucha. La situación económica y alimentaria están en crisis”, añadió el representante cusqueño. Un ciudadano de Puno subrayó la posición de los pueblos ante el modelo económico que expropia recursos y territorios: “El litio de Puno tiene que salir transformado, no solo extraerlo. Es considerado como soberanía de los pueblos originarios, quechuas, aymaras y amazónicos. Queremos que todos los minerales e hidrocarburos sean declarados patrimonio soberano de los pueblos”.

La dictadura insiste en acusar terrorismo detrás de la legítima protesta popular. Desde Boluarte a la cúpula policial y militar, la criminalización es el único discurso, a pesar de ser expuestos en sus mentiras. Las comunidades andinas y amazónicas fueron, precisamente, las que contuvieron a Sendero Luminoso y las que más sufrieron la represión contrainsurgente. En Puno, epicentro de la oposición, la organización subversiva nunca ganó terreno durante los años de la guerra interna.

Allí las manifestaciones se retomaron con medidas de fuerza: el puente de Ilave, en la frontera con Bolivia, fue bloqueado por días. En la región Huancavelica, en el sur andino, hubo enfrentamientos entre manifestantes y uniformados.

En su discurso a la nación, Boluarte mintió al incluir entre las víctimas del estallido detonado por su gobierno ilegítimo al policía asesinado en Juliaca (región Puno) por sus compañeros, quienes quemaron el cadáver al interior de un patrullero y atribuyeron el crimen a manifestantes. También contó a los siete policías asesinados por narcotraficantes en venganza por robos de mercadería, en zona de emergencia.

Además de los bonos a policías y presupuestos privilegiados para el Ministerio del Interior (Mininter), otra señal del poder de la institución dentro del régimen es la propuesta del Ejecutivo de la creación de la Policía del orden y seguridad, que constaría de efectivos con un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armados, para “prevención y cuidado de las calles, en la ciudad y las zonas rurales, como las comunidades nativas”, de acuerdo al Mininter.

En el papel, una  nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP); en la práctica, se apunta a una suerte de escuadrón armado paralelo, pues el Estado y los mandos policiales no tendrían responsabilidad penal por su accionar. El Congreso, a la cabeza del gobierno de facto en alianza con el Ejecutivo, tiene un plazo de 120 días para aprobar la propuesta. Todo indica que la iniciativa pasará y que el próximo año, con una breve instrucción y armas, serán cientos los nuevos agentes que actuarán sin una cadena de mando que obedezca a la PNP y el Mininter. Desde las organizaciones sociales se prevé que el cuerpo policial será militarizado y usado con fines políticos, para intimidar y perseguir a las poblaciones estigmatizadas, tanto en protestas como en cualquier escenario.

radio
Avispa Midia

Exigen suspensión de obras de Tren Maya tras sentencia de Tribunal Internacional

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Aldo Santiago

El tren maya, proyecto estrella del gobierno federal, viola los derechos de la naturaleza y de comunidades mayas en el sur de México, concretando un ecocidio y etnocidio del cual es responsable el Estado mexicano.

Esta es la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, quien urgió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la suspensión inmediata de las obras del tren para detener la devastación ambiental y la violación de derechos de las comunidades indígenas.

El veredicto, difundido el pasado miércoles (26), destaca el papel de los pueblos mayas, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. En contraste, “las obras del tren, algunas ejecutadas por el Ejército mexicano, lesionan derechos al agua, a la salud integral y a estar libres de contaminación”, remarca el veredicto.

La sentencia exige el cese al despojo de tierras ejidales, así como “terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación contra las personas defensoras de la naturaleza”. El Tribunal también urgió al gobierno tomar medidas para la desmilitarización de todos los territorios indígenas donde se construye el proyecto.

Te puede interesar – Bacalar: los olvidados que va dejando el despojo del Tren Maya

La sentencia del Tribunal es resultado de la audiencia realizada en Valladolid, Yucatán, entre el 9 y 12 de marzo de este año, mediante la cual se vertieron testimonios y evidencias científicas que consideran “de modo irrefutable” las afectaciones contra la naturaleza y comunidades derivadas de las obras del tren.

El veredicto está firmado por 23 jueces honorarios de varios países del mundo. Entre los integrantes del Tribunal se encuentran juristas, economistas y ambientalistas internacionales, quienes concluyeron que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.

Razones

En el informe presentado para sustentar el veredicto, el Tribunal asevera que las obras de construcción del tren resultaron en la tala de miles de hectáreas de selva, además de que ambientalistas alertaron por daños a la biodiversidad de la región.

Entre otras consecuencias negativas resaltan la contaminación de acuíferos, la extinción de flora y fauna, así como la destrucción de cenotes.

En torno a los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denunció la falta de consulta para que el tren atraviese sus territorios, aunado a la militarización de la región para supervisar el proyecto.

Te puede interesar – “La tierra no se vende”: Defensores frente al tren mal llamado maya

Desde el inicio de las obras, diversas organizaciones ambientalistas promovieron amparos contra el proyecto, el cual modificó distintas veces su trazado original, sin que se hayan presentado ni comprobado el cumplimiento de estudios de impacto ambiental.

Ante los amparos, AMLO declaró el tren, así como otros proyectos en el sureste mexicano, como de seguridad nacional, con lo cual ocultó información de las obras y bloqueó investigaciones sobre irregularidades. Además, emitió un decreto para acelerar los trámites y permisos que debía conceder la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El proyecto contempla 1,554 kilómetros de vía para el recorrido de un tren de carga, turístico y de pasajeros. El tren pretende atravesar los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Al cierre del primer trimestre del 2023, presentaba un avance de 58%, con un costo hasta ahora de 359 mil 863 millones de pesos, 130% más del monto estimado en 2020.

Denuncias

Russell Pebá Ocampo, integrante de la Asamblea de Defensores Maya Múuch’ Xíinbal, denunció la realización de una “falsa consulta”, e indicó que se violentaron leyes al no presentar estudios de impacto ambiental a las comunidades mayas, previo al inicio de las obras.

“Este proyecto no es solamente un tren y mucho menos, como dije al principio, es maya. Para nosotros, este megaproyecto es un tren militar”, acusó el integrante de la Asamblea. “Nosotros los pueblos vamos a tener absolutamente ningún beneficio de este megaproyecto”, enfatizó.

Raúl Vera, ex obispo de Saltillo e integrante del Tribunal, señaló que la negativa de presentar el Plan Maestro del proyecto obedece a que las autoridades “están escondiendo la destrucción directa contra la naturaleza y atentan contra el pueblo que protege la naturaleza”.

El presidente López Obrador se ha negado de manera reiterada a admitir que el Tren Maya provoque daños ecológicos, y a los expertos que critican la obra los ha acusado de “ingenuos” y de estar manipulados por “intereses conservadores”, aunque nunca ha especificado a qué se refiere con esa formulación, señaló el sacerdote.

A su vez, Pedro Regalado Uc Be, también integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, celebró la sentencia. “Hoy sentimos una pequeña luz en nuestro corazón, una luz de esperanza con este veredicto”, expresó.

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es una institución creada para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales alrededor del mundo.

Como parte del veredicto, el Tribunal solicitó al Estado mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra. También instruye “reparar y restaurar integralmente” todos los ecosistemas afectados por la ejecución del proyecto y sus instalaciones colaterales, así como “todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios”.

Página 28 de 193« Primera...1020...2627282930...405060...Última »