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Desmilitarización urgente en territorio zapatista

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas            Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

A 22 de mayo de 2019

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Sobre el seno y los brazos de la madre tierra sagrada de Acteal, nos volvemos hoy a encontrarnos, en respeto a nuestras hermanas y hermanos 45 y 4 bebes masacrados por un grupo de paramilitares priistas de Chenalhó por orden de Ernesto Zedillo Ponce de león y del ejército mexicano.

Nosotras y nosotros como sobrevivientes de la masacre de Acteal y miembros de la Organización Las Abejas de Acteal, escuchamos y miramos que en México cada vez más la situación de derechos humanos y la vida se encuentran al borde del abismo de la muerte.

A 5 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha intensificado la estrategia contrainsurgente a Pueblos Originarios, El Centro de derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), a través de la documentación que realizan las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), registró que desde fines del 2018, se duplicó el número de incursiones del Ejército mexicano a la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad (Municipio oficial de Las Margaritas).

Las BriCo observaron 19 patrullajes terrestres, (con soldados armados con metralletas) y 5 sobrevuelos desde helicópteros, de enero a abril de 2019. Preocupante es la regularización de los sobrevuelos a las comunidades y el aumento de los movimientos militares.

Nosotras y nosotros miembros de una organización No violenta, exigimos a López Obrador que salgan los militares de todas las comunidades y territorios de Chiapas, como por ejemplo aquí en Majomut, del municipio de Chenalhó Chiapas, no los queremos aquí, porque son una amenaza para nuestra cultura de paz y sobre todo para las mujeres que somos víctimas acoso sexual y que atenta nuestra dignidad. Además, estos militares son los mismos quienes entrenaron y le dieron armas a los paramilitares para masacrar en Acteal.

Es decir, bajo ninguna circunstancia no sirve la presencia del ejército mexicano porque en el gobierno de los priistas y ahora en el gobierno morenista el ejército solamente les ha rentado su servicio a las trasnacionales para proteger sus intereses económicos y para el despojo de nuestra tierras y territorios. Por esta razón urge que el ejercito mexicano se vayan a sus cuarteles.

Además, nuestra exigencia de la salida de los paramilitares de nuestros territorios, exigimos también a López Obrador que saque a las empresas mineras de Chiapas y de México porque su “desarrollo” de ricos y poderosos, han asesinado a muchas y muchos defensores de la madre tierra y de los derechos humanos y la vida; en pocas palabras, los proyectos extractivistas, mata y apesta.

Exigimos a los tres niveles de gobierno que sean respetados sus derechos a la libre manifestación y su integridad física de los habitantes del pueblo Solusuchiapa en Chiapas, decidieron tomar la minería Santa Fe de Carlos Slim.

Desde la tierra sagrada de Acteal donde en este momento nuestra palabra y dignidad hablan saludan el tercer encuentro estatal del pueblo; comunidad y organizaciones, aquí decidimos si a la vida, no a la minería que tuvo lugar en santa Catarina Lachatao y Capulatpam de Méndez en Oaxaca.

Con estas acciones que están realizando nuestros hermanos por la vida de la madre tierra y por la vida, estamos orgullosos y alegres porque se le está demostrando al mal gobierno y a las empresas de muerte que ya basta de sus despojos en nuestros territorios y les decimos que ya no queremos asesinatos a los defensores de la vida y de la madre tierra.

En muchas partes de nuestro México, hombres y mujeres han recuperado su conciencia por lo que nos solidarizamos con ellos, como lo ha expresado nuestro hermano y compañero de lucha padre Marcelo con los movimientos en defensa del territorio.

Desde esta tierra sagrada de Acteal donde emana memoria y esperanza exigimos justicia por los asesinatos de nuestros compañeros Samir Flores Soberanes, José Lucas Bartolo y Modesto Verales quienes eran integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno.

Ante todo, lo anterior exigimos:

Alto a los asesinatos de las y los defensores de la madre tierra y de la vida.

Alto a la impunidad.

Desmilitarización urgente en territorio zapatista
No a la guardia nacional
No al tren maya
No a las minerías si a la vida

Castigo a Ernesto Zedillo Ponce de león autor principal intelectual de la masacre de Acteal y sus cómplices.

Desde Acteal casa de la memoria y esperanza seguimos trabajando en la otra justicia y en la construcción de nuestra autonomía.

Atentamente

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Juan Vásquez Luna                  Antonia Vásquez Pérez

Presidente                                 Vicepresidenta

Hermilo Pérez Sántiz                   María Vásquez Gómez

Secretario General                     Subsecretaria

Genaro Oyalté Pérez                  Antonia Pérez Pérez

Tesorero                                   Subtesorera

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Al CCRI CG EZLN

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A la Comisión Sexta del EZLN.
Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio Martínez.
Al Congreso Nacional Indígena.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las “Redes de Resistencia y Rebeldía”.
A las Organizaciones Estudiantiles, Sindicales y Políticas
A las Organizaciones en Lucha
A quienes se asumen anticapitalistas y antipatriarcales.
A los medios de comunicación, independientes, alternativos o como se llamen.
A las Resistencias y Rebeldías en todo el mundo que luchan contra el Capitalismo.
Al pueblo de México y al Mundo.

Hermanas y Hermanos.

Las organizaciones, colectivos, redes de apoyo al CIG, individu@s y adherentes a la Sexta, que participamos en la asamblea emergente contra la militarización en territorio zapatista y contra la represión hacia los pueblos y comunidades indígenas del CNI-CIG , reunidos en el Café “Zapata Vive” el pasado 9 de mayo del año en curso, condenamos los arteros asesinatos políticos de los compañeros Samir Flores Soberanes, José Lucio Bartolo y Modesto Verales, todos ellos, integrantes del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno. Nuestros hermanos fueron asesinados por defender la vida y por defender la Madre Tierra. Exigimos a Andrés Manuel López Obrador, verdad y justicia para nuestros compañeros asesinados, exigimos castigo a los culpables, pues el crimen organizado, la clase política y los dueños del poder y del dinero, así como las autoridades municipales, estatales y federales gozan de plena impunidad frente a estos hechos.

Denunciamos la creciente militarización en territorio zapatista bajo la orden del Estado Mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues, como bien señala el CDH FRAYBA, “Las incursiones militares constituyen actos de intimidación y hostigamiento en contra de los Pueblos Originarios zapatistas en resistencia, significan una agresión a su derecho a la autonomía y representan un riesgo a la vida, integridad y seguridad de toda la población.”

Exigimos, alto al acoso contrainsurgente y paramilitar en contra de los pueblos y comunidades autónomas zapatistas en Chiapas; exigimos respeto a la tierra, territorio y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, que siendo o no del CNI-CIG, luchan, resisten y se organizan en contra de los megaproyectos de destrucción y muerte; exigimos, QUE EL EJÉRCITO SALGA INMEDIATAMENTE DE CHIAPAS Y EN PARTICULAR DE TERRITORIO ZAPATISTA, pues, es en “la sede de la Junta de Buen Gobierno (JBG) Hacia la Esperanza, en el Caracol de La Realidad”, donde se ha centrado en mayor cifra la militarización.

Rechazamos, que desde el capitalismo neoliberal que hoy gobierna, se impongan mediante la “simulación de consultas”, mega proyectos de destrucción y muerte, como el mal llamado “Tren Maya”, el “Corredor Transístmico”, el “Proyecto Integral Morelos”, la “siembra de un millón de hectáreas con árboles frutables y maderable”, así como los proyectos extractivistas, mineros y petroleros, las presas, parques eólicos, complejos turísticos, el aeropuerto en Santa Lucía y otros, que responden a los intereses estratégicos del capital estadounidense y trasnacional, como las ZEE. Rechazamos la militarización del País, mediante la creación de la Guardia Nacional, rechazamos su complicidad con el paramilitarismo y su colusión con el crimen organizado, rechazamos la continuidad de una guerra contra el pueblo que se opone al sistema capitalista neoliberal, sobretodo, porque responde a los intereses de Trump, como oferta de un “nuevo gobierno de bienestar y desarrollo”.

Herman@s, nuestra lucha es por la vida y porque, nuestros herman@s zapatista no están sol@s, invitamos a los colectivos, organizaciones, redes de apoyo al CIG, individu@s y adherentes a la Sexta nacional e internacional, a participar y organizar las siguientes acciones:

1er. F O R O
CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN TERRITORIO ZAPATISTA Y EN CONTRA DE LA REPRESIÓN A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CNI-CIG
Dicho evento se llevará a cabo el día sábado 25 de Mayo, 11:00 hrs.
En el Café “Zapata Vive”. Certificados 6, Col. Alamos. Metro Xola.

Así mismo, l@s invitamos a participar creativa y activamente, según sus calendarios y geografías, en México y el Mundo en la siguiente Accion Global contra la militarización, bajo el siguiente título:

L@S ZAPATISTAS NO ESTÁN SOL@S
JORNADA DE LUCHA Y ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACIÓN EN TERRITORIO ZAPATISTA Y EN DEFENSA DE LA TIERRA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CNI-CIG.
Dicha Acción Global se realizará, para el caso de México, el día 31 de Mayo de a las 17:00 Hrs. CDMX. Frente a Palacio Nacional.

Finalmente, reiteramos la invitación para tod@s aquell@s que luchan contra el capitalismo y que su corazón late abajo y a la izquierda, para que según sus calendarios y geografías, sus modos y muy sus formas, realicen acciones similares y/o simultáneas, en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y contra la militarización en territorio zapatista. Que sepa el Finquero, los Capataces, Caporales y Mayordomos, que nuest@os herman@s zapatistas, ¡NO ESTÁN SOL@S!

A cien años del asesinato de nuestro General Emiliano Zapata,

¡ZAPATA VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Por la reconstitución integral de nuestros pueblos

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Con Resistencia y Rebeldía,
desde abajo y a la izquierda luchamos por la vida.

Atentamente

Colectivos, Organizaciones, Redes de apoyo al CIG, individu@s y adherentes a la Sexta, que suscriben este pronunciamiento

Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal con el CIG, Comunidad Indígena Otomí Residentes en la CDMX, Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la violencia, Resonancias Radio – Casa de los pueblos Mexico, Colectivo Zapatista Neza, Frente de Trabajadores por el Derecho a la Salud y S.S., Café “Zapata Vive”, UPREZ Benito Juárez, Colmena Oaxaca, Regeneración Radio, “Zapateando Medios Libre”, Noticias de Abajo y Laboratorio Popular de Medios Libres, Mujeres que Luchan y se Organizan Anticapitalistas y Antipatriarcales, C.C. Tultepec, Arquitectura UNAM, Concejo Supremo Indígena de Xochicuautla, Movimiento Social en Defensa de la Tierra-Ixtapaluca, Rebelión, MTS, Comité por la Memoria y Justicia Bety Cariño, Grupo Internacionalista, Eduardo Ibáñez del Plantón por los 43, Roxana, Leonel López Piña-Colectivo Los Ojos del Coyote-Prepa 6, Benita Rodríguez-SITUAM, Abigail Pamela Gómez Suárez-SITUAM, Zenhia Alvarez González-SITUAM, Roberto Rocha López-SITUAM, Profesora Karina Ayala Soto-Interventora Educativa y Pedagoga (Morelos), Elizabeth Galina-Red Tierra y Libertad, Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta, Brigada de Salud Zapatista de Pantitlán, La Otra Cultura Inlakech, Carmen Cariño Trujillo-Profesora de la UAM Azcapotzalco, Profesora-Investigadora Mayra Terrones Medina del Posgrado en Desarrollo Rural-UAM Xochimilco, Profesora Patricia Vázquez Montalvo-Adherente a la Sexta, Valeria Alvarez González-Adherente a la Sexta, Claire Albane Duboscq-Estudiante Investigadora en Ciencias Políticas nivel Maestría (Francia), Praxis en América Latina, Seminario Marxismo/Feminismo, Martha Lechuga Sección 9ª. CNTE, Colectivo Contantik, Cooperativa Salud Autónoma de Tetelcingo-Morelos, Colectivo de Grupos de la Asamblea de Barrios de la CDMX (CG ABCM), Brigadas Emiliano Zapata de México (BEZ-MEX), Frente Nacional de Movimientos y Organizaciones Populares (FNAMOP), Mayola Pérez Galicia-Trabajadora Administrativa de la UAM, Vecinos Unidos Zona Poniente, Brigada Uno, Obrer@s Maquiler@s de Ciudad Juárez 20/32, Agrupación de Lucha Socialista-ALS, frente Popular Revolucionario, Unión de Juventudes Revolucionarias Mexico, Unión General de Trabajadores de México, Bazar Rebelde, El Diván Sensual, Colectivo Dos que Tres, Voces del Viento y much@s más que no alcanzaron a llegar sus adhesiones, pero que sabemos se suman a estas acciones.

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Por Eugenia López

El primer y segundo tribunales colegiados en materia administrativa dieron la razón a ocho comunidades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM).

Uno de los objetivos principales del PIM es el transporte de gas para una termoeléctrica para responder al crecimiento y desarrollo industrial de la zona. El camino del gasoducto atraviesa toda la zona del volcán Popocatépetl, desde Tlaxcala hasta por Puebla. La inversión total, asumida por las empresas españolas Elecnor y Abengoa, es cercana a los 1,600 millones de dólares.

Los tribunales ordenaron a los jueces que acepten el amparo que interpusieron en febrero pasado las comunidades de Huexca, Jantetelco, Amayuca, Amilcingo, Santa María Zacatepec, San Damian Texoloc, San Jorge Tezoquipan y San Vicente Xiloxochitla contra la Consulta Ciudadana efectuada por el gobierno federal para resolver sobre la viabilidad del PIM.

Leer también – México: a 2 días de que se realice consulta sobre la Termoeléctrica en Morelos, es asesinado un activista

El amparo, por el mal uso de las consultas

El pasado 18 de febrero, dos días antes del asesinato del indígena Nahua Samir Flores, las comunidades mencionadas habían promovido las demandas 199/2019 y 209/2019 ante los juzgados Primero y Cuarto de Distrito.

De acuerdo con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, con esas demandas las comunidades se oponían al hecho de que el proyecto pueda ser aprobado mediante la Consulta Ciudadana promovida y realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si bien, el mandatario declaró que gracias a esa consulta la decisión recaerá “en el pueblo”, las comunidades indígenas afectadas lo acusan de violar sus derechos a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como a la autodeterminación, reconocidos por la Constitución de México y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como lo afirmaron las comunidades, la Consulta Ciudadana no remplaza la obligación del Gobierno Federal de realizar una Consulta Previa e Informada enmarcada en los estándares internacionales.

Rechazo

En una primera instancia, los juzgados primero y cuarto rechazaron las demandas de las comunidades indígenas, alegando que le presidente no es “autoridad responsable” del supuesto agravio y que usó la consulta como fundamento moral y no legal, para dar continuidad a la termoeléctrica, acueducto y gasoducto.

Además, citando como antecedente la consulta pública para decidir el futuro del aeropuerto en Texcoco realizada en noviembre de 2018, sostuvieron que en la zona directamente involucrada no existen comunidades consideradas indígenas, sino comunidades con un interés “simple”, como “el resto de los mexicanos”.

En respuesta, los pueblos acudieron a los tribunales colegiados.

Reconocen daños a derechos de pueblos

El primer y segundo tribunal colegiados determinaron que fueron erróneos los criterios emitidos por los jueces primero y cuarto de distrito con sede en Puebla, al desechar los amparos 199/2019 y 209/2019 y permitir la realización de la consulta, a pesar de que incumplía con la ley.

El primer tribunal colegiado reconoció que los quejosos acreditaron violaciones a la ley que los dejaron sin defensa. El juez consideró que los juzgados de Distrito no habían tomado en cuenta el acervo probatorio ofrecido por los quejosos y validó como pruebas del interés de los quejosos sus constancias de residencia, el acta de hechos de su asamblea general, las múltiples firmas en hojas anexas, donde manifestaban «yo no estoy de acuerdo por el paso de gasoducto por mi comunidad», así como las actas de Cabildo que negaban autorización al PIM.

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Por su parte, el segundo tribunal aceptó que la consulta abrió la puerta a la continuación del proyecto, sin garantizar la participación efectiva de los pueblos en las medidas administrativas que puedan impactar su entorno o hábitat. También reconoció el argumento de que la metodología de aplicación no cumplió con los parámetros del Convenio 169 de la OIT, para dar a los interesados una adecuada participación.

En un comunicado, las comunidades agraviadas pidieron que el criterio del segundo tribunal colegiado sobre el PIM siente precedente para otros casos de resistencia a megaproyectos como los trenes Transístmico y Maya en el sureste del país.

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TRES MESES DESDE EL ASESINATO DE SAMIR SIN JUSTICIA Y CASTIGO A LOS CULPABLES

El día de hoy 20 de mayo del 2019 se cumplen tres meses del asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes, incansable luchador social y defensor del territorio y los derechos humanos. Tres meses ya han pasado y no hay ningún avance en las investigaciones sobre su asesinato desde la Fiscalía General del Estado.

Aunque las líneas de investigación se ampliaron hacia su labor tanto de periodística, como de sus actividades de lucha ante el PIM, los avances sobre estas líneas son nulos. La falta de seriedad y las formas de cómo se ha ido ejecutando la investigación nos preocupa.

Casi un mes después del asesinato de Samir se presentaron los investigadores de la Fiscalía al lugar de los hechos para levantar pruebas, incluso se les tuvo que prestar herramientas, ya que no iban preparados con lo necesario. Solo se han presentado a declarar a personas sospechosas pero a la par, hemos recibido citatorios compañeros que defendemos el territorio, con el argumento de ser parte de la investigación, situación que pareciese, más que una investigación, una forma de amedrentarnos.

Los abogados de la familia han dado elementos para que se citen a ciudadanos que pueden aportar para la investigación pero pareciera que para la Fiscalía no es importante ya que ha postergado citarlos para declarar. El Fiscal del Estado está más preocupado en dar declaraciones irresponsables para justificarse diciendo que “todo va bien y que están por salir ordenes de aprehensión contra los presuntos responsables materiales”, sin que haya sucedido nada, a casi un mes de las declaraciones.

Por su parte el super delegado federal Hugo Erik Flores declara que el asesinato de Samir fue por la delincuencia organizada debido a su labor periodística, sin explicar cómo obtiene la información que asegura, ya que no puede conocer la carpeta de investigación sin haber sido citado antes, por ser uno de los sospechosos en las líneas de investigación. Declaraciones del delegado sin fundamento, ya que Samir, durante su labor periodística, no hablaba o se refería a situaciones realizadas por la delincuencia organizada, por lo que esta versión del super delegado, pretende posicionarse como una verdad histórica para quitarle el peso político a su asesinato y reducirlo solo a un hecho de la delincuencia.

A raíz de la muerte de Samir, diversos compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua y de la Resistencia de Amilcingo han temido por su seguridad e integridad física, además de actos de hostigamiento y amedrentamiento laboral que han sufrido algunos, situación que los llevó a incorporarse al Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, a petición del mismo Mecanismo, pues señalaron, “el Gobierno Federal está muy preocupado por nuestra seguridad”, pero lamentablemente hasta el momento se han implementado una mínima parte de todas las medidas que se evaluaron eran necesarias para la protección de las y los compañeros. Por lo que exigimos al Mecanismo de protección cumpla ya con las medidas programadas para mejorar las condiciones de seguridad de la comunidad de Amilcingo y de los compañeros en riesgo. También nos preocupa la falta de información y conocimiento de las autoridades gubernamentales y educativas respecto a las implicaciones de estar incorporado al
mecanismo, situación que está generando complicaciones y posibles represalias laborales hacia algunos de los beneficiarios de este mecanismo. Exigimos se respeten las medidas estipuladas por el mecanismo que permitan garantizar la seguridad e integridad de nuestros compañeros.

Denunciamos que la complicidad de los poderes de gobierno para imponer el Proyecto Integral Morelos continúa para Amilcingo, pues en el mes de abril, el ejido de Amilcingo interpuso un amparo contra la ilegal instalación del Gasoducto Morelos en tierras ejidales, sin embargo, el Juez Noveno de Distrito con sede en Morelos, desechó infundadamente el amparo al señalar que el ejido tenía 15 días para ampararse, cuando el plazo establecido en la Ley de Amparo para núcleos agrarios es de 7 años.

¿Cómo quieren que no pensemos que el gobierno no está involucrado en el asesinato de Samir por su oposición al PIM, si fue asesinado en medio de un ambiente de discurso de descalificación y odio promovido por López Obrador? ¿Si fue asesinado 3 días antes de la consulta y la consulta se impuso a la fuerza? ¿Si los amparos interpuestos por la consulta dos días antes de la muerte de Samir fueron desechados de manera injusta para permitir la consulta? ¿Si el super delegado Hugo Erik declara conclusiones de la investigación sin tener acceso a la misma? ¿Si aunque existe la línea de investigación sobre el asesinato a Samir a causa del PIM, esta línea no ha avanzado en nada, permitiendo a los sospechosos como Hugo Erik Flores, querer sembrar verdades históricas en la opinión pública? ¿Si el proyecto se quiere seguir imponiendo a través de diversos operadores, ocultando todas las irregularidades que tiene? ¿Si a las comunidades indígenas y ejidos que no queremos el PIM se nos desechan los amparos de diversas formas tan ridículas? ¿A quién le conviene que las comunidades y defensores contra el PIM vivan con miedo y sin medidas de protección para seguir realizando su labor de organización y defensa?

Ya son tres meses sin nuestro compañero, tres meses sin sus programas al aire, sin su presencia en la asamblea, en su casa, en nuestras vidas. Tres meses que el pueblo de Amilcingo junto con otros pueblos, colectivos, organizaciones hemos exigido justicia. No permitiremos que su caso quede impune, no permitiremos que nos quieran imponer “verdades históricas” ni chivos expiatorios sobre su asesinato.

El asesinato de Samir es un asesinato político, porque sucedió en un contexto político y fue por su labor de defensa de derechos humanos y comunicador indígena. No permitiremos que desdibujen las razones de su muerte a versiones infundadas que pretendan desviar la gravedad de su asesinato en un contexto donde se ha incrementado gravemente el asesinato de defensores de derechos humanos, del territorio y periodistas en México, sin que el gobierno haga nada para detener este ataque.

¡Exigimos que la Fiscalía General del Estado realice su trabajo seria y verazmente!
¡Exigimos que el Mecanismo de protección a periodistas y defensores proteja verdaderamente a los defensores y periodistas!
¡Justicia para Samir! ¡No al PIM! ¡Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos!

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Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, individuos y colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, así como organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, reunidos en la Ciudad de México, el 8 de mayo de 2019, DENUNCIAMOS que:

A tan solo 5 meses de gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha declarado una guerra en contra de las comunidades autónomas zapatistas y de los integrantes del CNI-CIG, aumentando la presencia de efectivos y operaciones militares en territorios zapatistas; permitiendo el asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor del agua y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM); así como los recientes secuestros y asesinatos del concejal José Lucio Bartolo Faustino y del delegado Modesto Verales Sebastián, ambos integrantes del Congreso Nacional Indígena y promotores del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata.

Existe una guerra contrainsurgente llevada a cabo por el ejército, la policía y los grupos narco paramilitares que operan en el país con el propósito de continuar con las políticas de despojo del territorio a los pueblos originarios; evidencia de esto son el incremento de la frecuencia y agresividad de estos grupos y la incursión de espías e informantes en territorio zapatista, así como la reaparición de sobrevuelos de aviones, helicópteros militares y vehículos artillados.

Con falsas consultas y violando el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas a cuidar y conservar su territorio, el mal gobierno se empeña en imponer el “Tren Maya”, el Corredor Transístmico, el Proyecto Integral Morelos, la siembra de monocultivos en territorios indígenas y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos; pese a la oposición de los pueblos que se han declarado en contra, porque sólo traerán beneficios económicos a los empresarios; porque las fuentes de empleo que estos proyectos generarán, solo ofrecen a los hombres y a las mujeres indígenas trabajos como servidumbre y mano de obra barata;  porque significa la destrucción y contaminación de la tierra.

La guerra contra la vida se extiende por todo el país y es una guerra contra los pueblos originarios, contra las mujeres, contra la infancia, contra nuestra madre tierra. Es una guerra que nos afecta a todas y a todos. Es por ello que frente a esta terrible guerra que padecemos es necesario organizarnos para la defensa de la vida, del camino de la autonomía y de la digna resistencia que encabezan el EZLN y el CNI-CIG contra los megaproyectos de muerte.

Por todo lo anterior colectivos y colectivas de la Sexta nacional e internacional, redes de resistencia y rebeldía de México y el mundo, hombres y mujeres anticapitalistas y antipatriarcales, nos conformamos como COMITÉ ORGANIZADOR y anunciamos que damos inicio a las JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, con el fin de llevar adelante tareas que en conjunto, nos permitan visibilizar esta guerra de despojo, explotación, desprecio y represión. Es por esto que

CONVOCAMOS

A las Redes de Resistencia y Rebeldía en Apoyo al CNI-CIG, a las y los colectivos Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona,  a las organizaciones que luchan contra el capitalismo y el mal gobierno en México y el mundo, a todos los hombres y las mujeres honestas y de buen corazón; a formar parte y fortalecer entre tod@s las  JORNADAS POR LA VIDA Y CONTRA LA GUERRA, a partir de las siguientes

ACCIONES

UNO: Tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, salir a las calles a informar, visibilizar y denunciar –con perifoneos, volanteo, exposiciones, teatro, música, cine, utilizando las ciencias y las artes– este escenario de guerra. Instalar mesas informativas en diversos puntos de la Ciudad de México, en otras ciudades del país y fuera de México. (Continuar leyendo…)

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La militarización de Chiapas se da en el contexto de una apuesta del Estado mexicano por el paradigma de la guerra. El Frayba ha documentando hostigamientos en contra de pueblos que construyen autonomía y defienden su derecho al territorio. En esta región históricamente el Ejército mexicano es responsable de crímenes de lesa humanidad.

The Highest Bidder Takes It All: The World Bank’s Scheme to Privatize the Commons details how the Bank’s prescribes reforms, via a new land indicator in the Enabling the Business of Agriculture (EBA) project, promotes large-scale land acquisitions and the expansion of agribusinesses in the developing world. This new indicator is now a key element of the larger EBA project, which dictates pro-business reforms that governments should conduct in the agricultural sector. Initiated as a pilot in 38 countries in 2017, the land indicator is expected to be expanded to 80 countries in 2019. The project is funded by the US and UK governments and the Bill and Melinda Gates Foundation.

The EBA’s main recommendations to governments include formalizing private property rights, easing the sale and lease of land for commercial use, systematizing the sale of public land by auction to the highest bidder, and improving procedures for expropriation. Countries are scored on how well they implement the Bank’s policy advice. The scores then help determine the volume of aid money and foreign investment they receive.

Amidst myriad flaws detailed in the report is the Bank’s prescription to developing countries’ governments, particularly in Africa, to transfer public lands with “potential economic value” to private, commercial use, so that the land can be put to its supposed “best use.” Claiming that low-income countries do not manage public land in an effective manner, the Bank pushes for the privatization of public land as the way forward. This ignores the fact that millions of rural poor live and work on these lands, which are essential for their livelihoods while representing ancestral assets with deep social and cultural significance.

The Highest Bidder Takes It All is released as part of the Our Land Our Business campaign, made up of 280 organizations worldwide, demanding an end to the Enabling Business of Agriculture program.

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