El Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, decidió mantener la suspensión de operaciones que fue impuesta a la mega granja porcícola, de manera que la fábrica de cerdos permanecerá cerrada en lo que concluye el juicio de amparo promovido por niños y niñas mayas de Homún, Yucatán, contra la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo).

El argumento principal para la suspensión de la mega granja es que viola los derechos de los niños a tener una vida digna con un medioambiente sano, con agua y aire limpios.

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En 2018 se ordenó la suspensión de la mega granja de cerdos en territorio del pueblo Maya de Homún y la medida fue ratificada en abril de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La empresa, entonces, pidió la revocación de la suspensión de sus actividades.

De acuerdo con la organización Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que asesora jurídicamente a la comunidad, el Tribunal determinó que dicha compañía no aportó pruebas de hechos novedosos que “derribaran” los tres pilares que sostienen la suspensión impuesta a la fábrica de cerdos.

El primero, que la planta de tratamiento de aguas residuales no estaba concluida al momento de iniciar operaciones. El segundo, que no se hizo la consulta previa a la población maya de Homún. El tercero, que ante el riesgo de que el funcionamiento de la granja podría afectarse al medio ambiente y por lo tanto, debía aplicarse el principio precautorio.

Sobre el primer pilar, relacionado con la planta de tratamiento, el Juez explicó que la prueba otorgada por Papo, un documento emitido en abril del 2021 por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), no es novedosa, pues está basada en hechos pasados.  Solamente relata que, en el 2017, la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) consideró viable la planta de tratamiento al momento de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), de la fábrica de cerdos. Además, no se aportaron exámenes periciales o científicos que garanticen que dicha planta evitará la contaminación del aire u otros impactos ambientales.

Respecto al segundo pilar, la empresa aseguró que en su momento, la Seduma publicó la MIA de la mega granja en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. También alegó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), no tiene la obligación de realizar una consulta indígena.

El Juez respondió que la consulta pública realizada por la Seduma no es equivalente a una consulta indígena, la cual, según la normativa internacional, tiene que ser previa, informada, culturalmente adecuada y de buena fe respetando el derecho a la autonomía del pueblo maya y con el fin de obtener el consentimiento del pueblo.

En cuanto al principio precautorio, se resaltó que la empresa Papo tampoco logró comprobar que existen las condiciones para afirmar que el principio precautorio está superado, pues no sólo se debe contemplar la contaminación del suelo y el agua, sino también del aire.

En un comunicado, el pueblo Maya de Homún sostuvo que la resolución “resulta crucial para los pueblos mayas de la península que enfrentan industrias extractivas que imponen proyectos en su territorio y ponen en riesgo la salud, el agua, el aire y al medio ambiente en general”.

El pueblo maya de Homún resalta que las pruebas utilizadas por la empresa, en todos los intentos de eliminar la suspensión, han tenido en común la participación del Gobierno del Estado de Yucatán a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, argumentando que la planta de tratamiento de aguas residuales ya está terminada.

“La población de Homún exige al Gobierno del Estado de Yucatán no ser cómplice de la empresa Papo y respetar su derecho a la libre determinación”.

El juicio principal todavía continúa, bajo la medida cautelar que suspende las actividades de la mega granja.

^{En portada: Habitantes de San Cristóbal de las Casas exigen la protección de los humedales de montaña}

El pasado jueves (14), personas armadas con machetes buscaron evitar una reunión en San Cristóbal de las Casas que tenía el propósito de emitir la declaratoria de hábitat crítico de los humedales de montaña.

Testimonios indican que habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes de un grupo de choque, conocido popularmente como “los motonetos”, impidieron el paso a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, y agredieron a ambientalistas que se reunirían con representantes de colonias para explicar la declaratoria.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los hábitats críticos son áreas específicas dentro del rango normal de distribución de una especie o población de una especie con condiciones particulares que son esenciales para su sobrevivencia, y que requieren manejo y protección especial.

El primer día de abril, la Semarnat publicó el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para alertar sobre estado crítico de los humedales de montaña de San Cristóbal de Las Casas, “tendiente a desaparecer debido al crecimiento urbano insostenible”, además de la contaminación, derivado de las actividades inherentes al uso del suelo habitacional.

El documento público hace referencia que el instrumento fue adoptado a partir de la lucha de la organización social que defiende los humedales La Kisst y María Eugenia, localizados dentro de la mancha urbana.

“Aplica cuando se tiene conocimiento de que existe una afectación y una complejidad social o de otro tipo en torno a ciertas zonas y se tienen que tomar medidas urgentes y efectivas para detener y, si es posible, revertir el daño”, reza el texto de Semarnat.

El pasado 26 de febrero, ambientalistas y representantes de las colonias y barrios solicitaron el cumplimiento y seguimiento del acuerdo de establecer las medidas especiales de manejo, mitigación de impactos y conservación. Esto, según la Semarnat, permitirá la recuperación y restablecimiento de los recursos naturales y de las especies identificadas con la categoría de riesgo que habitan en los humedales.

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Ahora será facultad de la dependencia federal preservar, proteger y restaurar los humedales: prohibir la liberación de organismos genéticamente modificados y el uso de sustancia tóxicas como plaguicidas; no permitir la contaminación del agua, así como tampoco el desarrollo inmobiliario dentro del polígono de hábitat crítico que comprende 220 hectáreas.

Agresiones

Después de la declaratoria, los activistas y ambientalistas lograron un espacio en la agenda de la titular de la Semarnat, María Luisa Albores González, para reunirse con representantes de al menos 90 colonias y explicar el funcionamiento del mecanismo de habitar crítico.

El encuentro se planeó a discreción entre autoridades municipales, estatales y federales, pero el día del encuentro los policías se retiraron de la zona y un grupo de choque armado con machetes se colocó en el camino de la colonia FSTSE 2001, que colinda con el humedal María Eugenia, lugar acordado para el acto ambiental.

Las personas armadas dijeron que la declaratoria es para desalojarlos y mientras trataron de explicarles que la búsqueda es la conservación de las áreas, la situación se tensó. Hubo jaloneos, persecución, amenazas y agresiones físicas al académico de la Universidad Intercultural de Chiapas y ambientalista, León Enrique Ávila, que documentó el hecho con su teléfono celular.

“Es complicado hablar con gente que le han sembrado odio y que viene de manera muy agresiva”, relató y agregó que el grupo de choque no permitió la entrada de alrededor de 100 personas. Ávila cuenta con medidas del mecanismo de protección de defensores desde el año pasado, por la violencia que enfrentan como defensores y ambientalistas en los Altos de Chiapas.

Los grupos de choque fueron identificados como habitantes de la colonia Bienestar Social e integrantes del grupo delictivo conocido como “los motonetos”, que han invadido o son cómplices en actos ilícitos en las reservas ecológicas, también reconocidas como sitios Ramsar —por su importancia internacional—.

Luego de la tensión, la policía municipal detuvo a dos personas que fueron liberadas horas más tarde. En un comunicado, los ambientalistas responsabilizaron al gobierno municipal y del estado por no procurar las condiciones de seguridad para esta reunión urgente y necesaria.

Por su parte, Albores González escribió en redes sociales: “El proceso de defensa del Hábitat Crítico de La Kisst y María Eugenia en Chiapas lo construiremos juntos a través del diálogo respetuoso. Diálogo, acuerdos y la defensa de la naturaleza guían nuestra acción. El agua de San Cristóbal de Las Casas es el bien superior a proteger”.

Humedales en riesgo

La defensa de los humedales siempre representó un peligro para los ambientalistas, pero desde 2020, la situación se agravó, por lo que dos representantes de 14 colonias cuentan con medidas de protección.

“De 2015 para acá tendremos alrededor de 10 incidentes graves en los que se ha puesto en riesgo la integridad de los defensores de los humedales”, agregó el investigador agredido.

Durante años, los defensores de los humedales han solicitado la historia traslativa de los terrenos, pero es negada por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Ahora se enfrentan a la amenaza de los grupos criminales de la zona que ya están involucrados en el deterioro de las zonas de conservación.

Los humedales de montaña surten de agua al 70 por ciento de la ciudad turística de San Cristóbal de Las Casas y albergan especies endémicas como el pez popoyote, además son refugio de aves migratorias y residentes.

Este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció la falta de protección de los humedales por parte de autoridades federales, estatales y municipales y emitió la recomendación 18-2022.

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Se trata de 115 hectáreas de los humedales de la Kisst y las 110 de María Eugenia, que se encuentran dentro de la mancha urbana de la ciudad turística que crece precipitadamente, por lo que urgen soluciones para evitar la pérdida total.

“Están contaminando los humedales y están generando no solo un problema de salud pública para los que vivimos alrededor sino para los habitantes de la ciudad. Pedimos que acepten ser reubicados; nosotros queremos que se conserve lo que queda de los humedales”, dijo Ávila.

El académico dijo que la titular de Semarnat se retiró tras el incidente, pero el encuentro se logró con representantes del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua); además de María del Rosario Bonifaz, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, y quien no aceptó las recomendaciones previas de la CNDH sobre este caso.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Campesinos zapotecas de la comunidad El Rebollero, localizada a menos de una hora de la ciudad de Oaxaca, podrían estar conmemorando los días santos, pero este sábado (16) cumplen una semana de estar esquivando balazos de alto calibre. Desde la zona conocida como “La Mesa”, un grupo paramilitar de más de 30 personas les ha estado disparando con armas de uso exclusivo del ejército.

La comunidad de El Rebollero, perteneciente al municipio de San Pablo Cuatro Venados, en un comunicado emitido este mismo sábado, afirma que incluso la Guardia Nacional y la policía del Estado hicieron acto de presencia en dónde se encuentran los paramilitares y entablaron un diálogo. “Tiempo después los elementos de seguridad se retiraron y el hostigamiento continuó”, alertaron los campesinos.

De acuerdo con los agredidos, el gobierno de Oaxaca, a través de la Junta de Conciliación Agraria del Estado de Oaxaca, los llamó a una mesa de diálogo con autoridades vecinas de Cuilápam de Guerrero, para destrabar la situación legal de estas tierras. En esta cita se reunirían una comisión de El Rebollero y otra de Cuilápam de Guerrero, los primeros acudieron a pesar de haber sido agredidos con armas de fuego un día antes, mientras que la comisión de Cuilápam no se presentó.

“Nosotros como comunidad decidimos participar en este diálogo, el cual se realizaría el día 11 de abril, pero el hostigamiento comenzó un día antes y, el día siguiente, nos avisaron que la mesa de diálogo se suspendía”, denuncian los campesinos que hoy se resguardan de los ataques armados que ya cumplen seis días.

En una entrevista, vía telefónica, uno de los integrantes de la comunidad que, por seguridad, prefiere mantenerse en el anonimato, dijo que hasta este momento no hay registro de heridos, “solo de una casa incendiada, casas balaceadas y el miedo en los niños y mujeres que temen por sus vidas”.

Los habitantes de la comunidad denuncian que, mientras las autoridades de Conciliación Agraria les pidieron ceder para la mesa de diálogo, un equipo de ingenieros y trabajadores “comenzaron a realizar actividades en la vieja mina conocida como Zavaleta”.

Según los habitantes de El Rebollero, las actividades mineras “ya han provocado pigmentaciones de contaminación en el arrollo que pasa por la comunidad, y esto no lo saben los habitantes de las comunidades vecinas”.

El conflicto

En mayo de 2019, un grupo de centenas de personas armadas ingresaron a la comunidad derribando las viviendas y quemando los cultivos.

Un equipo de Avispa Midia se dio a la tarea de documentar la zona destrozada un día después y, nuevamente, les volvieron a disparar, donde el equipo de periodistas pudo presenciar y grabar los disparos.

En una declaración pública, Diego Moisés Pérez, edil municipal de Cuilápam en ese momento, dijo para un medio local, “le pedimos al gobierno del Estado que ya sea certero y que sea firme. Ningún invasor debe estar presente en la jurisdicción de Cuilápam de Guerrero. Cuatro Venados tiene su propia área delimitada y Cuilápam también. Quienes están ahí son invasores”.

El entonces edil municipal de Cuilápam se refería al convenio firmado entre autoridades de Cuilápam y Cuatro Venados, dentro del juicio agrario numero 309/1996, en el cual delimitaron sus territorios y donde dividieron la zona de conflicto en dos polígonos, A y B.

Pero el polígono A, que se le entregó a Cuilápam, es donde viven estos campesinos que han sido atacados. Los campesinos hoy agredidos saben que han quedado en medio de un acuerdo monetario al que llegaron autoridades de Cuilápam y de Cuatro Venados.

“Nunca nos consultaron, no nos informaron. Simplemente nos tacharon de paracaidistas. Pero aquí hemos vivido y nuestro abuelos y padres han cultivado. Aquí hay comuneros y gente ha prestado sus servicios en la cabecera municipal, ¿cómo van a decir que somos paracaidistas?”, comparte el entrevistado vía telefónica, “mientras las actividades mineras van avanzando en nuestro territorio”.

Los habitantes de la comunidad El Rebollero se sienten traicionados al ver que “el gobierno, tanto estatal como federal, está respaldando a este grupo paramilitar para avanzar con la apropiación de nuestras tierras y continuar con la explotación minera”, dijo el entrevistado.

La comunidad llama a la solidaridad y reafirma que, “no cederemos ni un milímetro de nuestro territorio, vamos a seguir defendiendo el agua y el bosque”.

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En portada: Ambientalistas protestan contra la deforestación provocada por las obras del tramo 5 del tren maya.

En el seminario Tren Maya: análisis de los impactos desde la academia, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron, de nueva cuenta, sobre los riesgos más allá de las vías férreas, con mayor presión sobre los territorios y bienes culturales y naturales de la península de Yucatán.

“Por esta razón buscamos con este seminario visibilizar la opinión académica sobre la esencia del proyecto del Tren Maya desde una perspectiva efectiva ecológica, social y jurídica”, dijo la investigadora mexicana, Marisa Mazari Hiriart.

El proyecto se anunció en el 2018, días antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llegara al poder. Desde entonces la comunidad académica se pronunció en una carta para detener la velocidad del plan.

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Los investigadores hicieron análisis de las primeras manifestaciones de impacto ambiental, además de solicitudes para discutir el tema con distintos organismos del Estado, así como para involucrar a la sociedad. Pero nunca hubo respuesta.

Hasta hace unas semanas, dijo el investigador del Instituto de Biología, Luis Zambrano, al recordar la campaña de artistas populares que no fue bien tomada por AMLO. “¿Dónde estábamos hace 30 años? Estábamos peleando por la selva Lacandona. Nada más nos descalifican y no hay paso adelante. Que nos ponga a platicar con quienes él considera que son ambientalistas y san, se acabó”, agregó el investigador del Instituto de Ecología, Rodrigo Medellín Legorreta.

No hay plan definido 

El Tren Maya recorrerá una distancia de 1,500 kilómetros por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, según la plataforma digital habilitada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para informar, de forma limitada, sobre el proyecto.

Para Medellín Legorreta, los trenes han sido subestimados y sub apoyados por todas las administraciones. La última inversión la hizo Porfirio Díaz en el siglo XX, aún cuando representan una gran posibilidad de detonar el desarrollo sustentable, “si se hace bien”.

Hasta ahora, dijo que no hay un plan definido, no es sustentable ni compatible con el desarrollo socioeconómico de la Península ni con el futuro de sustentabilidad desde el punto de vista de la biodiversidad o de los beneficios de los pueblos mayas.

Incluso, el proyecto incumple con el Marco Jurídico Ambiental, particularmente al no presentar un proyecto íntegro y no segmentado, amplió Gustavo Alanís del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

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Alanís dijo que no se conoce la compatibilidad del proyecto con los usos de suelo municipales, “pero de manera sorprendente ni el promovente ha dicho cómo cumplen”, en los cinco estados donde pasará el tren.

Península heterogénea  

Cualquier megaproyecto debe ser planeado de acuerdo a las características del territorio, “el flujo del agua, como en cualquier territorio, va ser lo que permita la conexión entre ecosistemas”, dijo la también investigadora del Instituto de Ecología, Luisa Falcón.

Puso el ejemplo del corredor transversal costero del sur de Quintana Roo que representa flujo de agua tanto superficial como subterránea y permite la interacción e interconexión de sitios como Laguna Bacalar a través de una serie de canales de otras lagunas tanto en Chetumal hasta llegar al Mar Caribe.

“Entonces hay desplazamiento de un sinfín de especies muchas de ellas endémicas de la Península de Yucatán que van a desplazarse siguiendo estos flujos hidrológicos”. La región es frágil porque la geología es distinta, “es fantástica”.

Además, explicó que el 50 por ciento de sus manglares están a lo largo del litoral, por ello insistió “se tiene que hacer un proyecto que entienda perfectamente bien antes de ocasionar un mal mayor”.

En este entorno, Ana Esther Ceceña del Observatorio Latinoamerica de Geopolítica, consideró la importancia del peso de los dos trenes, de pasajeros y de carga, en un piso que es calcáreo y quebradizo, “no se han discutido los argumentos que llevamos tres años presentando”.

En el caso de Calakmul, Campeche, existe la cueva más importante de murciélagos en la región Neotropical. En términos de números, se trata del refugio de 3,000,000 quirópteros de mayores dimensiones desde el centro de México hasta Argentina.

Cada millón de murciélagos destruye 10 toneladas de insectos cada noche, aproximadamente. El 70 por ciento de estos invertebrados son plagas de la agricultura, expuso Rodrigo Medellín Legorreta.

“Si tiran eso me voy a ir con todo porque están destruyendo uno de los grandes aliados de la agricultura. Tengo entendido que cambiaron el trazo para pasarlo por detrás del cerro donde está la cueva lo que también va a traer montones de destrozos en un corredor donde sabemos que cruzan jaguares porque es la zona cercana a la reserva de la biosfera de Calakmul”.

En esta parte de Quintana Roo, del tramo cinco, tampoco hay Manifestaciones de Impacto Ambiental que puedan ser consultadas, para que los académicos puedan ver las medidas de mitigación que resuelvan las preocupaciones por el mega proyecto.

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Originalmente el trazo estaba planeado para ir entre las carreteras de cuatro carriles que conectan Cancún con Tulum, “luego resultó que, por los hoteleros, no por temas técnicos de ninguna manera, sino por la preocupación de los hoteleros se cambió el trazo para meterse cinco kilómetros dentro de la selva”, agregó Medellín.

La Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar publicó artículos que demuestran que la mayor cantidad de jaguares de México están precisamente en la Península de Yucatán. Los investigadores dijeron que, incluso los pasos de fauna, tampoco están bien ideados.

Borrar la historia  

En el 2019, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) identificó 7,274 puntos de valor arqueológico en esa región. De acuerdo al Fonatur, cuando iniciaron los trabajos del primer tramo del Tren Maya se encontraron 5,300 hallazgos arqueológicos.

En el mapeo, no se muestran todos los vestigios arqueológicos, porque se descubrieron con el avance del proyecto del tren y, hasta ahora, no hay registro. Se trata de piezas pequeñas y grandes edificaciones que, a la fecha, pueden alcanzar las 13,000, descubiertas durante este proyecto de la “cuarta transformación”.

La investigadora Ana Esther Ceceña, consideró que los hallazgos continuarán en la medida que se vaya ‘rascando’ por la zona, “lo que está puesto en riesgo es de enorme importancia y dimensión desde todos los puntos de vista histórico-cultural”.

“Somos un país que en el momento de la conquista le fue borrada su historia y su historia se está recuperando a través de la experiencia de los pueblos, pero también de los hallazgos arqueológicos qué hoy están realmente amenazados”.

Lo mismo pasa con las poblaciones indígenas que habitan la región, pero al no estar reconocidas en las estadísticas no son consultadas ni visibilizadas, pese a ser parte fundamental de la conservación de la selva.

Ceceña agregó que, de los 68 grupos lingüísticos reconocidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), 44 están en esta región que jurídicamente es indispensable que den su consentimiento para el Tren Maya.

Narcotráfico y migración

La académica Ana Esther Ceceña, sumó que no se cuenta con un estudio de factibilidad económica del proyecto, mientras la promoción que se hace del empleo está ligada a la propia construcción de las vías y no al resto de las actividades.

En la zona donde comenzaron los trabajos del tren, existe un incremento de 8% anual de personas asalariadas, pero se trata de trabajo temporal y precario “aunado a esta dinámica urbanizadora, tienden a disminuir la calidad de vida de las personas que están incorporadas”.

Dijo que la región es una de las zonas más ricas del país en la que se pueden generar proyectos sin dañar ni romper las condiciones de sustentabilidad; pero el Tren Maya fue anunciado como proyecto de urbanización.

Recordó que hace 40 años, Cancún tenía 3 mil habitantes y un territorio urbano de mil hectáreas que ahora se extendió a 13 mil, es decir “se comió el área donde se producían alimentos y eso tiende a aumentar la dependencia desde el exterior para la dotación de los mismos”.

Esto, a su vez, provoca intensificación de este tipo de actividades económicas, por ejemplo, la agroindustria que aumenta “el área de colonización urbana”, que contribuye a la contaminación del planeta.

Para la investigadora, a la situación social, económica y ambiental se agrega la presión de Estados Unidos con la política migratoria, pues la zona de detención justamente es la franja transístmica, “además de que Quintana Roo se ha convertido en una de las rutas importantes del narcotráfico”, con Estados Unidos y Europa, por el lado atlántico.

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“En la medida que se va rompiendo el tejido social y la organización comunitaria con todo el contexto tiende hacerse más frágil la defensa de la población frente a estos grupos y quedan en manos del crimen organizado que promueve la trata de personas”.

Ceceña agregó que es un punto estratégico, “habría que imaginar qué pasa si de repente todos los grandes competidores o las grandes licencias del comercio mundial aparecen interesadas en este paso, ¿Qué va pasar con la región? ¿Vamos a entrar en guerra por el territorio o cómo se va diluir el problema?”, cuestionó.

Los investigadores coincidieron que el proceso de restauración ecológica será 10 o 20 veces más caro que la conservación actual del ecosistema, asimismo que el proyecto del tren transístmico que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz, “hay que revisarlo porque también tiene serios problemas”.