Mexico
(Español) La militarización aumenta la violencia y perpetúa las violaciones a Derechos Humanos y a los territorios de los Pueblos
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
18 de septiembre de 2022
Boletín No. 30
- Las reformas constitucionales en materia de seguridad vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos.
En Chiapas se tiene planeado concluir la construcción de 24 cuarteles de la Guardia Nacional (GN) de los 500 proyectados a nivel nacional. Contará con 3522 efectivos, de 223 000 elementos que forman esa institución y distribuidos en 266 coordinaciones regionales a nivel nacional. Los cuarteles se han instalado en territorios de Pueblos Originarios que se oponen al despojo de sus espacios de vida a través de los megaproyectos del Gobierno Federal, como el tren maya, el corredor interoceánico, la Refinería Dos Bocas o la infraestructura carretera que los conectan.
En este contexto, las fuerzas armadas en el estado Chiapas han servido como elementos coercitivos que busca desmovilizar a los pueblos y comunidades que defienden su tierra y territorio. El Ejército mexicano en el año 2018 implementó un aparato de espionaje, hostigamiento, intimidación y criminalización a la organización Pueblos Autónomos en Defensa de los Usos y Costumbre (PADUC), incursionando el 18 de febrero del mismo año en la Comunidad de Angel Albino Corzo, municipio de Palenque, Chiapas. El operativo se llevó a cabo, por efectivos militares (38 zona militar, 18 de infantería y la séptima región militar) Policías Federales y Estatales, así como policías ministeriales, quienes bajo el argumento de aplicar la derogada “Ley de Seguridad Interior” tendieron un cerco a la comunidad, les cortaron la energía eléctrica, generando terror contra representantes de decenas de comunidades.
El pueblo tseltal de Chilón se manifestó el 15 de octubre del 2020, en contra de la construcción del cuartel de la GN que se construyó en su territorio sin su consentimiento, siendo fuertemente reprimidos por Policías Municipales de Ocosingo y Chilón, así como por la Policía Estatal, con el apoyo de la GN, quienes agredieron con piedras, palos, gases lacrimógenos, golpearon a personas y vehículos, causando lesiones, daños materiales y la detención arbitraria de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, quienes además de haber sido torturados, enfrentan un proceso penal injusto por el delito de Motín que da cuenta del sentido represivo del gobierno de Chiapas.
En medio de la remilitarización actual de Chiapas, se ha intensificado el tráfico y consumo de drogas, persisten las desapariciones y los homicidios. Lo que da evidencia que como en los noventas la estrategia es fallida. Dentro de los impactos de la violencia esta: comunidades agredidas y obligadas a desplazarse, en otras se han impuesto toques de queda por grupos criminales y zonas de silenciamiento. Estamos ante un Estado omiso y ante el fracaso de la estrategia militar.
El Gobierno Federal ignora lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han expresado su preocupación por el rol de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Han exhortado al Estado mexicano cambiar el enfoque militarizado de la seguridad.
Sin embargo, el titular del ejecutivo, con la aprobación del Congreso de la Unión, otorgaron el control a la Secretaría de la Defensa Nacional de la operación y administración de la GN. Con esta iniciativa el gobierno profundiza la militarización del país, poniendo en riesgo e inseguridad a quienes se organizan para la defensa de sus derechos y del territorio.
En la memoria persiste la forma en que el Ejército mexicano ocupó territorios zapatistas desde 1994, entrenó, financió y ejecutó el plan de contrainsurgencia llamado Plan de Campaña Chiapas 94, creando diversos grupos de paramilitares. No se olvidan las diversas represiones al movimiento social como en Atenco, a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, Xoxocotla, las ejecuciones sumarias como Tlatlaya, así como la participación directa en el crimen de Estado que es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
En el Frayba, expresamos nuestra preocupación ante la aprobación de las reformas constituciones en materia de seguridad que vulneran los procesos de construcción de paz de los pueblos, comunidades y colectivos. Hacemos un llamado para caminar en la construcción de un modelo de seguridad distinto que impulse soluciones al ambiente de violencia que impera en Chiapas y en nuestros país.
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Fuerzas Armadas se mantendrán en las calles de México hasta 2028
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Este miércoles (14), diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en alianza con el Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Revolucionario Institucional (PRI), aprobaron una reforma constitucional para extender hasta 2028 las labores de las Fuerzas Armadas en seguridad pública.
Al mismo tiempo, en las inmediaciones del recinto legislativo, familiares de estudiantes y alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Guerrero, se manifestaban contra la permanencia del ejército en las calles sin que ningún congresista atendiera sus demandas.
Ante la continuación de la política de militarización en México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) aseveró que existen múltiples razones que evidencian la inutilidad y perjuicio de mantener a los militares en tareas de seguridad. Entre ellas destacan el aumento en el riesgo de violaciones a derechos humanos, como dan cuenta los hechos ocurridos en Tlatlaya, Ayotzinapa y recientemente con el asesinato de la niña Heidi a manos de elementos del ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
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Para la organización defensora de derechos humanos es fundamental destacar que esta política pública, que se ha desplegado durante los últimos 15 años con el pretexto del combate al crimen organizado, no ha conseguido disminuir la violencia.
Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indican que en el primer semestre del 2022 se han registrado más de 18 mil homicidios en el país, con lo cual argumentan una “tendencia a la baja” en palabras de Rosa Icela Rodríguez, titular de dicha dependencia.
En contraste, la organización Save Democracy denunció que México enfrenta una creciente espiral de violencia criminal desde hace dos décadas que hoy alcanza niveles sin precedentes. Mediante informe, la ONG señaló que entre los meses de julio y agosto se vivió un “clima de auténtico terror” en los estados de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Baja California y Michoacán, donde ocurrieron incidentes criminales que involucraron la quema de vehículos y comercios, así como constantes enfrentamientos entre civiles armados y miembros del ejército.
Militares, con más poder
Según el Centro Prodh, otro punto de preocupación es el desequilibrio en la relación cívico y militar, pues considera que se fortalece el poder del sector castrense con iniciativas recientes como el traslado de las funciones administrativas y operativas de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, lo cual genera riesgos a la democracia. Esto, reitera la organización, se evidencia en el caso de que las Fuerzas Armadas no cuentan con controles civiles, ni internos mucho menos externos, para la rendición de cuentas ante las denuncias por los abusos de sus elementos.
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Entre las argumentaciones para mantener a los militares en las calles, diputados resaltaron la falta de preparación de las corporaciones policiacas locales. “Todas y todos sabemos que en 2024 la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales no estarán listas para atender la inseguridad que vive México”, expuso la diputada priista Yolanda de la Torre, quien promovió esta reforma.
No obstante, hubo reclamos por partidos de la oposición, como el de Ricardo Villareal del PAN quien señaló que, desde el gobierno federal, en el periodo del año 2020 y hasta el 2022, se le ha quitado recursos a la policía civil.
El Centro Prodh también retoma este punto pues asevera que “la militarización no incentiva la profesionalización de la policía civil, indispensable para atender contextos locales y comunitarios”.
Ahora, con la aprobación de la reforma por los diputados, deberá pasar al Senado donde se prevé la sesión para el próximo martes 20 de septiembre.
Derechos humanos respalda militarización
Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclamaron al organismo autónomo tras difundir públicamente que no impugnará la reciente reforma que traslada a la Guardia Nacional bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
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El reclamo proviene de ocho de nueve integrantes del Consejo después que la CNDH anunció que declinará ejercer su facultad de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como exigen múltiples organizaciones civiles.
“En México será necesario que la Guardia Nacional, bajo la administración de la Sedena, vaya de la mano con instituciones del Estado y de organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para construir protocolos y normativas que garanticen la formación y profesionalización de sus integrantes y, desde luego, su actuación con un enfoque de derechos humanos”, añade la CNDH para quien esta modificación legal no contraviene las normas del país.
Cabe destacar que, aún cuando el Sistema Nacional de Alerta de la CNDH contabiliza más de 2 mil quejas por violaciones a derechos humanos que involucran a la Sedena y la Guardia Nacional durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, solo en junio de 2021 el organismo de derechos humanos emitió la primera recomendación que cataloga como violación grave a los derechos humanos la actuación de los elementos de la Guardia Nacional por el asesinato de una civil en Chihuahua.
Mediante comunicado, los consejeros de la CNDH advirtieron sobre el impacto negativo de la modificación legal de la semana pasada. “Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”, señalaron.
Sus argumentos se suman a los de organizaciones civiles y activistas quienes sostienen que pasar el control de la Guardia Nacional al Ejército profundizará la militarización de la estrategia de seguridad pública y, con ello, dará pie a más violaciones a los derechos humanos.
Tras la publicación de la reforma el viernes pasado, se abrió un plazo de 30 días para que actores públicos con facultades la impugnen ante la SCJN. Existen ya anuncios de congresistas de que así lo harán, pero para ello requieren contar con el apoyo de una tercera parte de cualquiera de las cámaras del Congreso.