^{En portada: Poder Judicial del Estado de Oaxaca donde se lleva a cabo la última etapa del juicio por la desaparición de Claudia Uruchurtu. Foto: Rafael E. Lozano}

El pasado 18 de octubre inició el juicio oral contra cuatro de las cinco personas imputadas por la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, mujer activista desaparecida el 26 de marzo de 2021, durante una manifestación en Nochixtlán, Oaxaca.

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Avispa Midia acudió al tribunal donde se realiza la audiencia de debate y, después de acreditarse, le negaron la entrada al reportero. La jueza María Teresa Quevedo Sánchez ordenó que la audiencia se realizara a puerta cerrada.

Ante la pregunta expresa de por qué se tomó esa decisión, un funcionario en la entrada del tribunal sólo respondió “por el género”.

Cristina Lozano, una de las abogadas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), organización no gubernamental que ha dado seguimiento a las acciones urgentes emitidas por la ONU-DH para la localización de la activista desaparecida, señala en conversación con Avispa Midia que no es normal que estas audiencias sean privadas. “Todas las audiencias, esencialmente, deben ser públicas. Puede ser por el contexto político que la hayan cerrado”, opina.

Entre las personas imputadas en el juicio se encuentra la expresidenta municipal de Asunción Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta, y varios de sus colaboradores cercanos.

Esta fase del juicio, también conocida como audiencia de debate, es la última de tres etapas que comprende el proceso penal iniciado hace más de un año. La fase anterior se difirió al menos cinco veces a lo largo de seis meses. Apenas termine el juicio oral, se debe dictar sentencia.

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Esto se da en un contexto de máxima impunidad en el estado de Oaxaca. Según un oficio obtenido a través de transparencia, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca reconoce nunca haber emitido una sola sentencia condenatoria por el delito de desaparición forzada en la entidad, a pesar de haber iniciado más de 30 juicios relacionados con este delito en dos décadas.

Según el Registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Oaxaca hay 556 personas que siguen desaparecidas y no localizadas.

19 meses desaparecida por denunciar corrupción

El 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación que pobladores realizaban en la plaza central de Asunción Nochixtlán, en desacuerdo con el gobierno de Lizbeth Victoria Huerta. Esa noche la policía municipal dispersó a golpes la manifestación. Después unos hombres alcanzaron a Claudia y la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces se desconoce su paradero.

Antes de ser desaparecida, Claudia Uruchurtu documentó y denunció irregularidades en el manejo de las finanzas del gobierno municipal de Lizbeth Victoria Huerta, quien en ese entonces buscaba la reelección por MORENA.

Entre abril de 2019 y marzo de 2021, Claudia documentó presuntos desvíos a través de empresas fantasma, nepotismo, falsificación de firmas y documentos oficiales. También la simulación de un proceso de contraloría ciudadana, entre otras irregularidades.

En ese periodo, Claudia envió misivas a funcionarios de los tres niveles de gobierno alertando sobre la situación y solicitando apoyo para investigar y detener los posibles actos de corrupción en su pueblo, ubicado en la Mixteca Oaxaqueña.

Después de agotar varias vías, y ante la insistencia y evidencias reunidas por Claudia, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (OSFEO) determinó procedente iniciar en noviembre de 2019 una Auditoria por Situación Excepcional al municipio de Asunción Nochixtlán, y así se lo notificó a Claudia en enero de 2020.

A la auditoría excepcional se le asignó el número OA/AECSEM/002/2019.

Meses después, cuando Claudia solicitó a través de transparencia información con los avances de dicha Auditoría, el OSFE le respondió que declaraba la información bajo “reserva” durante cinco años.

Han pasado casi tres años desde que arrancó esa auditoría y más de un año y medio desde la desaparición forzada de Claudia, y el Organismo sigue sin presentar resultados. Toda la información relacionada con ésta se mantiene en reserva.

El 5 de mayo de 2021, el portal Primera Línea reveló que el OSFEO detectó irregularidades por 8 millones 795 mil 285 pesos en la administración de Victoria Huerta, cantidad que no pudo comprobar ante el Organismo.

Medio año después, el periódico El Imparcial publicó los descubrimientos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró al investigar los recursos federales asignados a Nochixtlán durante el ejercicio fiscal 2020.

Según la ASF el municipio no disponía de un adecuado sistema de control interno y administración de riesgos, y obtuvo 0 de100 puntos en la evaluación practicada en ese sentido. Por lo cuál emitió la recomendación 2020-D-20006-19-1104-01-001.

Además, la Auditoría dictaminó que “el municipio excedió los recursos disponibles, debido a que se reportaron erogaciones financiadas con otras fuentes de financiamiento”.

Finalmente, la auditoría determinó que el municipio de Nochixtlán no pudo comprobar ni justificar el ejercicio de 270 mil 603 pesos por el pago de servicios personales, que no se ajustaron a lo establecido en los contratos revisados.

Derivado de esto, la Auditoría Superior de la Federación concluyó, entre otras cosas, que “en el ejercicio de los recursos, el municipio infringió la normativa, principalmente la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca”.

Por disposición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a partir de este mes de septiembre, la Secretaría de Marina (SEMAR) ya no solo brindará seguridad en las áreas de influencia del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), también absorberá la coordinación y administración de la entidad paraestatal denominada Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT).

El FIT es una empresa de participación estatal mayoritaria constituida el 19 de octubre de 1999 por el Gobierno Federal mediante un decreto, para operar y explotar esta vía férrea identificada como línea “Z” que abarca una extensión de 207.376 Km, que conecta los puertos de Coatzacoalcos en el estado de Veracruz con el de Salina Cruz en el estado de Oaxaca.

La principal actividad de la empresa está orientada a la conservación y mantenimiento de la vía férrea, así como a otorgar y recibir derechos de paso con los ferrocarriles con los cuales conecta: FERROSUR, S. A. de C. V. y Cía. de Ferrocarriles Chiapas Mayab, S. A. de C. V.

El FIT y las entidades paraestatales – Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. y Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. – eran consideradas como parte del patrimonio del organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)”, creado mediante decreto presidencial en junio del 2019. Estas tres instancias estratégicas serán coordinadas por la Secretaría de Marina.

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De acuerdo con la disposición del presidente, es necesario que estas instancias queden agrupadas en el sector coordinado por la Marina, a fin de cumplir con el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, “el cual impulsa el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano, siendo su eje el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías”, reza el documento.

Por tanto, se establece que estos sectores “dejan de formar parte del patrimonio del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en términos de las disposiciones aplicables”.

El nuevo teatro de operaciones

La participación de las fuerzas armadas de México se va ampliando, además de acciones y tareas de seguridad, también van asumiendo responsabilidades y actividades administrativas económicas y migratorias.

Desde octubre del año 2021 la SEMAR asumió la seguridad y vigilancia de las instalaciones, trenes y vía férrea del área de influencia del Corredor Interoceánico.

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Así mismo el Ejecutivo Federal designó a este organismo llevar a cabo acciones de protección y seguridad de los puertos nacionales, “con la finalidad de evitar que sean empleados para realizar actividades ilícitas al interior de las 17 aduanas marítimas y 2 interiores, para lo cual se creó la Coordinadora de Protección Marítima y Portuaria y Aduanas”, según el informe de labores de SEMAR de año 2021-2022.

Desde noviembre del 2021, a través del Acuerdo Secretarial no. 347/2021, fue creada la Unidad Coordinadora con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuya misión es realizar y coordinar las acciones y actos en materia de seguridad, servicios portuarios principales, auxiliares y conexos, que requieran el Corredor y las empresas de participación Estatal.

Posteriormente, el 16 de abril de 2022, se crea la Coordinadora de Protección Marítima y Portuaria y Aduanas, cuya misión “es coordinar los compromisos de apoyos y acciones necesarias entre las áreas de la Marina y las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así́ como con diversas autoridades que convergen en los recintos portuarios y aduanas coordinadas por esta Institución, en las materias de protección marítima”, puntualiza el informe de SEMAR.

Hasta el 31 de agosto de 2022 se mantiene un despliegue de 1,400 militares, que realizan operaciones permanentes de seguridad y vigilancia a lo largo del Corredor Interoceánico. Entre sus actividades se contempla el establecimiento de dos Estaciones Navales y tres Destacamentos de Seguridad, localizados en cinco municipios intermedios entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como el empleo de dos Batallones de Infantería de Marina.

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SEMAR también ha participado en la contención del flujo migratorio que por lo regular cruzan por áreas de influencia del Corredor Interoceánico. Del 1 septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2022, “el personal naval en apoyo al Instituto Nacional de Migración (INM) y en apego al Plan Estratégico del INM, llevó a cabo diversos operativos para poder desarrollar el Programa de Repatriación en los diferentes puntos establecidos (…), las jurisdicciones de mayor flujo migratorio corresponden a la frontera sur: Tapachula y Tonalá, Chiapas, en el Pacifico: Salina Cruz, Oaxaca, y en el Golfo: Cárdenas, Tabasco y Coatzacoalcos, Veracruz”.

Según los reportes de la Marina, en lo que va del año 2022, ha apoyado a las acciones del INM, sobre todo en el “rescate humanitario” de 31,060 migrantes de diferentes nacionalidades. También realizó el traslado de 580 migrantes a la sala de última espera del INM y otros 8,822 no fueron admitidos por diversas irregularidades en su documentación oficial.

Mientras tanto, Rafael Marín Mollinedo, director del CIIT, asegura que al menos once parques industriales ya han sido proyectados para ser construidos en esta región y el gobierno ha invertido más de 80 mil millones de pesos en infraestructura y programas sociales. Se tiene programado finalizar la rehabilitación del FIT “hasta finales de este año 2022 y se tiene proyectado su funcionamiento para el año 2023”, puntualizó el director.

^{En portada: Firma del convenio entre el gobierno de Egipto y la trasnacional Coca-Cola como patrocinadora de las negociaciones del clima de la ONU.}

Coca-Cola, la mayor productora de plástico de un solo uso del mundo, será patrocinadora de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27). Así lo anuncio la empresa norteamericana junto a funcionarios del gobierno de Egipto, donde el próximo mes de noviembre se llevará a cabo la ronda de conversaciones del tratado sobre el clima.

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En 2021, una auditoría realizada por el movimiento global Break Free From Plastic anunció que, tras la recolecta de más de 330 mil residuos de plástico en lugares que van desde parques y calles de ciudades hasta playas de todo el mundo, el 58% de estos pertenecían a un sola empresa: Coca-Cola. Con ello, y por cuarto año consecutivo, la empresa norteamericana fue catalogada como la “mayor contaminante del mundo” por sus desechos plásticos.

Tras la firma del convenio entre el área de operaciones de Coca-Cola para el norte de África y el gobierno egipcio, se desató una ola de conmoción donde diversos actores y organizaciones ambientalistas condenaron la acción como una muestra de lavado verde corporativo.

“El hecho de que Coca-Cola patrocine la COP27 es puro ‘greenwash’ (lavado verde)”, denunció Emma Priestland, coordinadora de Break Free From Plastic, la alianza global que describe como “asombroso que se permita a una empresa tan vinculada a la industria de los combustibles fósiles patrocinar una reunión tan vital para el clima”.

De acuerdo a Greenpeace, cada año, Coca-Cola produce 120 mil millones de plásticos de un solo uso y el 99% de los plásticos se fabrican con combustibles fósiles, lo que agrava la crisis del plástico y del clima.

Según John Hocevar, integrante de dicha organización ambientalista, “esta asociación socava el propio objetivo del evento que pretende patrocinar. Si Coca-Cola quiere realmente resolver la crisis del plástico y del clima, tiene que cerrar el grifo de los plásticos”.

En 2019, la ONG divulgó un informe en el que calcula la producción anual de Coca-Cola en casi 3 millones de toneladas de plástico, cantidad mayor a otras empresas del ramo como Pepsico y Nestlé.

Por su parte, Ashka Naik y Rachel Rose Jackson, de la organización Corporate Accountability, condenaron el patrocinio de Coca-Cola a la COP27 al calificar su modelo de negocios como “intrínsecamente insostenible y destructor del clima”, debido a la producción masiva de envases a base de petróleo, además de los perjuicios a la salud que conlleva su consumo.

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“Durante años, los países del Norte Global, alentados por legiones de grupos de presión de la industria, han enfrascado las conversaciones en discusiones sobre falsas soluciones de mercado a la crisis climática, como los inefectivos esquemas de comercio de carbono y las tecnologías de eliminación de carbono aún no probadas, frenando el progreso de las soluciones reales y probadas que tanto necesitamos hasta casi paralizarlas”, complementan las integrantes de Corporate Accountability, sobre el contexto de las negociaciones del clima y la participación de las empresas.

Empresas y negociaciones del clima

De acuerdo al gobierno de Egipto, uno de los objetivos de la COP27 es que se logre un progreso en la financiación prometida por los países desarrollados para ayudar al continente africano a hacer frente al calentamiento global.

Además, el gobierno anfitrión espera que durante las negociaciones se de un impulso a las recomendaciones para la mitigación colocadas por el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en abril pasado, destacando acciones dentro del discurso de la “neutralidad de carbono” mediante el cual se promueven tecnologías como la captura de carbono para combatir la crisis climática.

Según Corporate Accountability, el patrocinio de Coca-Cola es sólo el indicio más reciente de lo arraigada que está la captura de las Naciones Unidas por parte de las empresas, a quienes se les da oportunidades a los mayores responsables de las emisiones contaminantes para hacer frente a las crisis que ellas mismas exacerban.

“Las corporaciones globales han estado explotando los escenarios políticos internacionales para lavar su imagen e influir en un proceso ya profundamente comprometido por la interferencia de la industria. Y no debería sorprender a nadie que las empresas con algunas de las mayores huellas de carbono, los peores historiales en materia de derechos humanos, los mayores presupuestos de los grupos de presión y los impactos duraderos en la salud pública hayan sido las más ansiosas por aprovechar estas oportunidades únicas”.

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Otro ejemplo es la actuación de Unilever, trasnacional de bienes de consumo, quien fuera el socio principal de la COP26, realizada en 2021 en Glasgow, Reino Unido. Entre otras empresas patrocinadoras de las negociaciones del clima del año pasado también figuran Sky, Hitachi, National Grid, ScottishPower, Microsoft, NatWest y Sainsbury’s, quienes en conjunto sumaron un valor de 286 millones de euros en patrocinios.

Para Corporate Accountability el error yace en la misma Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la cual no establece ningún control duradero sobre el patrocinio de las empresas a las conversaciones sobre el clima, por no hablar de cualquiera de las otras formas en que los grandes contaminadores tienen acceso sin restricciones a las negociaciones.

^{En portada: Miembros de la comunidad Otomí residente en la ciudad de México realizan un foro sobre la militarización en México y conmemoran el segundo aniversario de la toma de la Casa de los Pueblos Samir Flores. Foto: CNI}

Este miércoles 12 de octubre, pueblos, organizaciones, colectivos e individuos de México y de diferentes partes del mundo toman las calles para movilizarse en contra de la militarización y la guerras capitalistas y patriarcales.

Dichas acciones responden a la convocatoria realizada por el Congreso Nacional Indígena (CNI), para reivindicar que “a 530 años de la mal llamada conquista de América, nosotras y nosotros no tenemos nada que celebrar, que no sean la resistencia y la rebeldía de los pueblos originarios y de la humanidad entera contra la guerra capitalista y la violencia patriarcal”.

El CNI realizó el llamado a las manifestaciones a una escala global, mientras que en México se viven “flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que se han agudizado en el actual régimen de la 4T”.

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Entre las innumerables formas de violencia que enfrentan los pueblos de México enuncian los homicidios y desapariciones masivas, la represión a estudiantes, mujeres, campesinos, trabajadores y jóvenes, así como la violencia y agresiones contra defensores de derechos humanos y de la madre tierra como el caso del asesinato de Samir Flores Soberanes, sumado a los asesinatos de periodistas y activistas.

De acuerdo con un informe reciente de la organización Global Witness, en México, sólo en 2021, se registraron los asesinatos de 54 personas defensoras, lo que coloca al país a la cabeza de los homicidios de ambientalistas a nivel mundial, una tendencia que ha escalado en los últimos tres años y donde destacan las agresiones en conflictos por la tierra y la minería.

A esta situación de violencia se suma la profundización de la militarización. El CNI en su convocatoria recuerda las recientes modificaciones legislativas que permiten el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas mexicanas, además de la aprobación de las labores del Ejército y Marina en labores de seguridad pública hasta el año 2028, “ello a pesar del estruendoso fracaso de dicha política y el crecimiento paralelo de los cárteles criminales por toda la geografía nacional”.

La convocatoria del CNI enfatiza la exigencia de un alto total al cerco militar, los ataques paramilitares y la guerra contrainsurgente dirigida en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las comunidades zapatistas y en contra de los pueblos de México a traves de la militarización y paramilitarización, el crimen organizado, los megaproyectos de muerte, el despojo y la destrucción de la tierra y la violencia patriarcal en contra de las mujeres.

Llamado

El pasado lunes (10), diversas organizaciones pertenecientes al CNI realizaron el llamado a sumarse a la jornada de acciones globales. Desde el edificio que anteriormente albergara al Instituto Nacional de Los Pueblos Indígenas (INPI) y que ahora se conoce como la “Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes”, se realizó una conferencia de prensa con diversas organizaciones que difundieron la convocatoria.

Son 530 años de la llamada “conquista de América”, dijo Filiberto Margarito, concejal del Concejo Indígena de Gobierno y perteneciente a la comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, quienes en voz de Margarito no dudan que han sido mas de cinco siglos en que como pueblos originarios “han resistido el genocidio, el despojo y la discriminación que imponen los dueños del poder y del dinero”.

Como parte del CNI, del cual forman parte estos pueblos, anunciaron su preocupación por el avance de megaproyectos que, en nombre del desarrollo, continúan amedrentando, despojando y asesinando a quienes se oponen.

Prueba de esto es la insistente militarización de México que vela por intereses del capital nacional y transnacional, quienes pretenden, “desarticular a las policías comunitarias y guardias comunales (…) para garantizar el avance de las empresas mineras, agroindustriales, energéticas o inmobiliarias y de los carteles (de la droga)”, comparte una integrante de los Pueblos Unidos de la región Choluteca y de los Volcanes, quienes han resistido al saqueo de los mantos acuíferos por parte la transnacional Bonafont Danone.

Lxs integrantes del CNI también agregaron que existe una gran preocupación por “el espionaje y la vigilancia constante que se realiza a activistas, periodistas, a los pueblos y a todos los defensores de derechos humanos que defendemos la vida”.

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Entre las exigencias está el cese a la vigilancia y el espionaje. Así como a la presentación de los miles de desaparecidos en el país y el cese al hostigamiento a las madres buscadoras, quienes han sido asesinadas. “Exigimos que se detenga la guerra en contra los pueblos zapatistas y en contra de todos los pueblos”, puntualizaron en la conferencia.

Acciones              

La respuesta al llamado del CNI se ha nutrido de diferentes convocatorias, en diversas partes de la geografía mexicana y mundial, para la realización de movilizaciones, así como de eventos culturales y políticos.

En México, hasta la mañana de este miércoles, se registran actividades en Estados como Morelos, Oaxaca, Veracruz, Yucatán, Colima, Sinaloa, Chiapas, Sonora, Baja California, Tlaxcala y la Ciudad de México. A estas acciones se suman eventos en el País Vasco, Bélgica, Alemania y EEUU.

En la Ciudad de México se realizará una movilización desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, la cual enarbola la demanda de un alto a la militarización de los territorios indígenas.

El protagonismo del embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, en temas internos como seguridad, migración y “desarrollo” persiste con más fuerza en México. La semana pasada, en una rueda de prensa, el embajador estadunidense y el gobernador de Zacatecas, David Monreal, anunciaron un convenio para “regresar la paz” en esta entidad, “porque con seguridad hay prosperidad, llegan las inversiones y crece la confianza en las instituciones”, dijo Salazar.

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La reunión se dio luego de la alerta de viaje a Zacatecas que emitió el gobierno de Estados Unidos. “De ambas partes hemos coincidido que a través de la cooperación logaremos que esta situación cambie para brindar la certeza a los viajeros y a los inversionistas y, con ello, generar un mayor desarrollo económico”, señalo Monreal.

Salazar estuvo en compañía de representantes del Buró Federal de Investigación (FBI), de la Administración Antidrogas (DEA), de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL), y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). Las agencias también participaron de la reunión de trabajo, que ocurrió antes de la rueda de prensa.

Los organismos de seguridad de los Estados Unidos intervendrán en acciones como la dotación de equipo de alta tecnología, en la capacitación a policías y funcionarios locales de las áreas de seguridad pública, y a personal de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, en materia de inteligencia, fortalecimiento penitenciario y fortalecimiento del sistema de administración de justicia.

Para ello, “el embajador ha planteado un plan de acción”, sostuvo el gobernador sin dar detalles de las acciones que se llevarán a cabo.

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La paz para los inversionistas

Uno de los objetivos del acuerdo es que Zacatecas se convierta en una pieza clave en el comercio entre Estados Unidos y México. “Contamos con una posición geográfica propicia para fortalecer la cadena de suministros en tiempos económicamente complejos”, mencionó Monreal.

La presencia del sector minero en las negociaciones fue subrayada por Salazar durante la rueda de prensa. Dijo que dicho sector tiene “interés” en fortalecer estas cadenas de suministros. “[Tienen interés en] la inversión que se pueda hacer aquí en Zacatecas. Eso será otro tema que seguiremos trabajando de forma muy cercana con el gobernador”.

El embajador mencionó que “afortunadamente tenemos el T-MEC [Tratado México-Estados Unidos-Canadá]”, que ofrece las condiciones “para crear la potencia más grande del mundo, aquí en Norteamérica”.

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“Ni modo que vamos a hacer un escándalo”

Esta vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se ha pronunciado frente a otras intervenciones de Salazar, no dejó pasar la acción del embajador en los asuntos internos de México.

En la mañanera de este lunes (10), Obrador dijo que el acuerdo es inconstitucional. Según el mandatario, los Estados no tienen facultades para celebrar convenios con gobiernos extranjeros. Lo que significa que, tanto Estados Unidos, como el gobernador zacatecano, están incurriendo en una ilegalidad según las leyes mexicanas.

Pero su tono amenizó la situación. “(…) Le tenemos confianza a Ken Salazar, que está visitando los estados y hay buena relación con el gobierno de EEUU. No hay que hacerlo grande, es un pronunciamiento. Ni modo que vamos a hacer un escándalo. Este es un asunto de otro tipo y no vamos a pelearnos”.

¿Qué sigue?

El embajador de Estados Unidos aclaró que “estaremos muy pronto en Washington D.C., para el diálogo de alto nivel de la seguridad”, donde se definirá la especificidad de las acciones en Zacatecas y los recursos que se utilizará.