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Avispa Midia

En Yucatán, Guardianes de los Cenotes obtienen revocación de autorización ambiental para megagranja porcícola

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Manifestación de pobladores de Homún, en la capital de Yucatán, para exigir que la Secretaría de Desarrollo Sustentable acate la orden judicial y revoque los permisos ambientales para la operación de la megagranja porcícola, propiedad de PAPO, ubicada en la localidad maya. Foto:Tapanco Centro Cultural.

El pasado jueves (15), habitantes de Homún e integrantes del Colectivo Maya Kanan Ts’ono’Ot (Guardianes de los Cenotes) se movilizaron en la ciudad de Mérida, Yucatán, para exigir a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) que acate la sentencia de un juez federal, quien, un día antes, resolvió una demanda de amparo ordenando la cancelación de autorización ambiental para la operación de una megagranja porcícola ubicada en la comunidad maya.

Mediante comunicado firmado por la comunidad y organización maya, y difundido por el Equipo Indignación, enfatizan que la resolución judicial corresponde a una demanda de amparo interpuesto por habitantes de Homún, en la que se determinó que autoridades de Yucatán incurrieron en omisiones y violaron derechos al autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que permitió la operación de la megagranja porcícola, propiedad de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), en dicho municipio.

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Como parte de la resolución, el juez también ordenó a la SDS la realización de una consulta previa al pueblo maya de Homún, toda vez que es requisito para cualquier empresa presentar una MIA para obtener la autorización de cualquier permiso ambiental, en este caso, para la operación de la megagranja porcícola. En la resolución, se hace alusión a que dicha consulta deberá cumplir “los más altos estándares y [se deberá] emitir una resolución distinta que atienda todo lo relativo al medio ambiente sano y al derecho fundamental al agua y que pondere de manera específica y amplia la posible afectación al anillo de los cenotes como reserva protegida”, cita el comunicado.

No obstante la orden para revocar los permisos ambientales de la mega granja porcícola, las y los habitantes de Homún consideran que la resolución es parcial y la decisión del juez es “tibia y tardía”, pues pone en evidencia lo que consideran como un procedimiento ilegal, al reiterar que se requiere la realización de una consulta previa antes de autorizar cualquier MIA, ignorando que ya existe una autoconsulta donde la población de Homún se posicionó por un rotundo NO a la operación de la megagranja.. Acorde a la comunidad y organización maya, “todas las granjas operan sin autorización de los pueblos mayas a los que afectan, por lo tanto todas son ilegales”.

Cabe recordar que, mediante el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán, publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en marzo de 2023, se identificaron 507 coordenadas de la ubicación de posibles granjas solo en este estado de la península.

Con fundamentos científicos y para dar seguimiento a las denuncias presentadas durante años por dversas comunidades de la región, la Semarnat ubicó una mayor presencia de las granjas en municipios como Mérida, Izamal, Tizimín y Acancéh, Tetiz, Ticul, Telchac, Tixkokob y Motul. Entre las localidades con mayor densidad de granjas se encuentra Homún, con 15 instalaciones para la cría de animales para la agroindustria.

Ante la victoria legal y mediante la protesta, los pobladores y organizaciones demandaron a la SDS que se abstuviera de impugnar la resolución. El plazo para solicitar la revisión de la resolución judicial vencía este lunes (19). La secretaría no incurrió en dicho procedimiento.

Exigen respeto a autoconsulta

Sostienen que realizaron por su cuenta una consulta para decidir sobre la operación de la mega granja propiedad de PAPO.

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“Como pueblo maya de Homún y en ejercicio del derecho de auto determinación, decidimos realizar nosotros mismos la consulta que el gobierno omitió. La realizamos el pasado 8 de octubre de 2017, después de un proceso de información y deliberación, tal como establecen las directrices en la materia. Alrededor de 790 personas salieron a votar, de las cuales 732 expresamos rechazo a la mega granja”, recordaron.

Por esta razón, exigieron a la SDS que respete los resultados de su consulta, la decisión del pueblo maya de Homún de rechazar la mega granja y también la reparación de los daños ocasionados por la operación de esta industria en la región.

“¿Quién puede autorizar la MIA? ¿La Secretarıá de Desarrollo de un gobierno que ha litigado a favor de la empresa? ¿El gobierno federal? Nosotras y nosotros sostenemos que sólo Homún puede autorizar una granja y en este caso ya hemos expresado nuestro rechazo”, reiteraron los pobladores mayas.

Siete años después

La comunidad maya de Homún destaca que, tuvieron que transcurrir siete años para obtener una resolución a su favor.Esto debido a que desde noviembre del 2017, tras la aprobación de la MIA, el pueblo de Homún promovió el juicio de amparo debido a que argumentaron omitió estudios decisivos, y tampoco consideró posibles afectaciones al anillo de los cenotes ni su importancia como reserva protegida.

Desde aquel momento, denuciaron lo que consideraron una autorización irregular de la MIA y que, en consecuencia, cualquier operación de la megagranja constituía una ilegalidad.

“Hoy la resolución del juez lo confirma, pero son siete años de pelear en contra de un sistema racista: contra las empresas PAPO y Kekén, contra el gobierno que autoriza ilegalmente y que litiga a favor de las empresas en vez de defender los derechos del pueblo maya; contra el juez que inicialmente rechazó el amparo y ahora amparó pero sólo parcialmente y ‘para efectos’”, afirmaron en referencia a la orden de realizar una consulta, a pesar de que el pueblo de Homún ya tomó una decisión para no permitir la operación de la megagranja porcícola.

Según la comunidad maya de Homún, este largo proceso demuestra que “la ‘justicia’ no es justicia para el pueblo maya”. Además, enfatizaron que la reciente sentencia no contempla la reparación del daño. “Este es un amparo. Hay otro amparo que no se ha resuelto aún, el de la infancia, de cuyo resultado estamos atentas y atentos. Es insostenible para los pueblos asumir estos procesos tan largos y costosos. ¿Cuántos pueblos pueden hacerlo?”, cuestionaron mediante su declaración ante la resolución judicial.

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Avispa Midia

Gobierno niega conflicto armado en Chiapas, mientras violencia exacerba crisis humanitaria

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados. Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro

Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.

Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.

Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.

A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.

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En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.

El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.

Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.

Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjunto albergan una población de más de 400 mil habitantes.

Macrocriminalidad

Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.

Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).

Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.

“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.

Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.

Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.

El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.

Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.

Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.

A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.

En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.

Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.

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La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.

“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.

Militarizacion, otro frente contra la población

Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.

Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.

Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.

El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.

Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades

Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.

Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.

Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento del estado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.

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Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.

Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.

Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.

Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.

Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.

Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.

Alertas, ignoradas

Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.

Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.

Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.

“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.

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“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.

Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.

Puedes consultar y descargar el informe completo aquí

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CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN (CSIM)

Las lenguas mueren entre las políticas oficiales, la impunidad y la injusticia: Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM)

LAS LENGUAS MUEREN ENTRE LAS POLÍTICAS OFICIALES, LA IMPUNIDAD Y LA INJUSTICIA

AL PUEBLO DE MÉXICO Y MICHOACÁN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
AL ESTADO MEXICANO

Comunidades Originarias de Michoacán a 21 de febrero de 2024.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo de los pueblos originarios de la entidad, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, asamblea general autoridades indígenas, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 70 comunidades originarias, manifestamos colectivamente lo siguiente:

Hoy, en el #DiaInternacionalDeLaLenguaMaterna se cumple un año del asesinato del defensor de los bosques, el Comisariado de Bienes Comunales de la Comunidad Autónoma de Sicucho, Alfredo Cisneros Madrigal, asesinado la noche del 21 de febrero de 2023, sin que a la fecha haya ni un solo detenido o procesado judicial.

En este contexto, suman 70 líderes indígenas, autoridades tradiciones y defensores de los derechos humanos asesinados o desaparecidos por luchar por un país más justo o por proteger el territorio, los bosques o la vida, los primeros casos datan de 1974, con la desaparición forzada de 5 integrantes de la familia Guzmán Cruz, cuyo proceso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. En todos los casos, la respuesta es la misma, impunidad total e injusticia sistémica.

Históricamente, el Estado mexicano ha sido el principal causante de la desaparición de nuestras lenguas ancestrales, imponiendo unilateralmente métodos educativos que tienen como objetivo la aculturación, la incorporación y el integracionismo, baste recordar las técnicas de castellanización forzada que fueron impuestas como política pública. De igual forma, según las cifras oficiales (INEGI 2020), en nuestro país existen más de 120 millones de personas, de las cuales el 6.2% habla alguna lengua indígena, sin embargo, en perspectiva, durante el Censo de Población de 1930 (INEGI), el 16.0% de los mexicanos hablaba un idioma indígena, es decir, las estadísticas reflejan el fracaso de los gobiernos en turno para “rescatar” nuestras lenguas. No basta con que organicen conferencias y conversatorios, posando para la fotografía para que después se olviden de los problemas de las comunidades originarias.

Las lenguas mueren entre las políticas oficiales, la impunidad y la injusticia, pero pese a todo, los idiomas de nuestros antepasados continuarán floreciendo en la organización, la resistencia y los bienes comunales. Justicia para el compañero Alfredo Cisneros Madrigal.

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

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Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala

Comunicado FPDTA-MPT A 5 años del asesinato de Samir, las piezas se miran pero no se tocan

20 de febrero de 2024

Comunicado FPDTA-MPT
A 5 años del asesinato de Samir, las piezas se miran pero no se tocan

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno
A la Europa Insumisa
A los firmantes de la Declaración por la vida
A los pueblos, organizaciones, colectivos, organismos civiles de derechos humanos y personas rebeldes de México y el mundo
Al pueblo en general
Al mal gobierno

Cinco años se han cumplido del artero asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes sin que exista verdad y justicia de los motivos de su asesinato y castigo a los responsables por parte de las instituciones obligadas a procurar justicia.
Tomando piezas de un rompecabezas para mostrar una imagen, acompañamos este comunicado con un pequeño mapa de actores y mensajes que han salido a la luz pública en torno al asesinato de Samir Flores Soberanes. Este cuadro cada quien lo puede leer a su entender, lo presentamos para que lo vean y nos digan que ven; y es que, aunque está ahí la imagen, las conexiones, los motivos, los contextos, los mensajes, para algunos las piezas del rompecabezas muestran relaciones evidentes, pero para otros (como la Fiscalía), ni siquiera las ven.
En el mapa se señalan 4 colores que son las líneas de investigación principales que el Fiscal de Morelos planteó sobre el asesinato de Samir en 2019. En rojo, se encuentra la línea de investigación del crimen organizado, que lo mató el Comando Tlahuica por “puto chismoso”, lo que decía la cartulina del fiscal (“que se perdió”); otra línea de investigación es azul y es la que podría ser por un juicio laboral que Samir ganó junto con otros extrabajadores del Ayuntamiento de Temoac que fueron despedidos injustamente hace 20 años aproximadamente, lo que generó una deuda importante para el municipio, poniendo como principal sospechoso al Presidente de Temoac Valentín N; la tercera línea de investigación en morado está relacionada al conflicto sobre un predio destinado para escuela primaria que es del ejido de Amilcingo, en el predio se llevaron a cabo construcciones, sin consentimiento del ejido, por parte de la CFE como parte de las obras sociales impuestas a Amilcingo por la instalación del Gasoducto Morelos, en dicho conflicto resalta Humberto N, el principal líder del grupo de choque contra la resistencia que Samir impulsaba en su comunidad contra el Gasoducto. Y como cuarta y quinta línea de investigación que tenía la Fiscalía, era por motivos de la labor de Samir como comunicador indígena y opositor al Proyecto Integral Morelos, esa como ustedes pueden ver esta en línea amarilla y podría continuar de manera cíclica por casi todo el mapa, pero no es así, porque la Fiscalía no ve nada de eso, y no ha caminado nada de lo que ahí se ve.
Pareciera que las líneas de investigación sobre el crimen organizado, demanda laboral y conflicto de la escuela primaria fueron las más trabajadas por la Fiscalía de Morelos e incluso hay un detenido, Javier “N”. Pero en la teoría del caso de la Fiscalía de Morelos, las 4 personas que probablemente son responsables de la ejecución material de Samir no forman parte del Comando Tlahuica; incluso, dos son de un grupo criminal y el detenido es de otro grupo diferente. La Fiscalía de Morelos presentó a estas cuatro personas, pero sin decir los motivos porque asesinaron a Samir, los cuales entonces, están propensos a relacionarse a cualquier línea de investigación.
La línea de investigación del asesinato de Samir por su oposición al PIM y su labor de comunicador no fue explorada por 4 años y medio por la Fiscalía de Morelos. En agosto de 2023, la presión de los pueblos concretó la atracción del caso hacia la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), parte de la Procuraduria General de la República. Eso implica que se perseguirá la línea de investigación ignorada por la Fiscalía de Morelos, la participación de Samir en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos y su labor como comunicador indígena. Nosotrxs añadiríamos: en el contexto de una consulta ilegal impuesta por el Presidente de la República en donde la opinión pública de la región era importante y Samir era clave en la información y opinión pública que la gente pudiera tener al momento de emitir su voto sobre el megaproyecto e incluso organizarse.
Hay un hilo muy grande, claro y lleno de aristas en torno al Proyecto Integral Morelos y el asesinato de Samir, ustedes pinten a discreción el mapa como les parezca y unan las líneas de los colores que consideren y dígannos: ¿Quién mandó matar a Samir? ¿Por qué no avanzan las investigaciones?
Seis meses lleva el caso de Samir con la FEADLE y no se ha celebrado a la fecha audiencia para continuar con las investigaciones y el proceso. Así que, ante tanto silencio de la autoridad, ponemos a disposición pública de la FEADLE este mapa de actores y mensajes que se encuentran en torno al asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, para que agilice sus investigaciones y teja los hilos que tenga que tejer.
De cualquier forma en este mapa ustedes podrán ver claramente que el crimen organizado y la imposición de un megaproyecto como el Proyecto Integral Morelos, están directamente relacionados, así como también sucede en el Corredor Interoceánico, el Tren Maya, la minería a cielo abierto, la disputa del territorio en Santa María Ostula y cientos de lugares más en nuestro país.
En algunos lugares ocupan grupos delictivos, en otros grupos de choque, en otros casos criminalización, intimidación, difamación, militarización, todo esto ha sucedido desde 2012 a la fecha en la lucha contra el PIM y sus proyectos conexos.
Es por ello que a 5 años del asesinato de Samir, denunciamos lo que el poder judicial no ha querido ver, ni investigar y exigimos haga su trabajo, porque aunque no creemos más en este sistema de gobierno capitalista, exigimos y seguiremos exigiendo castigo a los responsables del asesinato de Samir, porque mientras estén en el poder o no, deben responder por lo que hicieron, sabemos que no van a querer responder, pero por eso debemos obligarlos a responder de manera civil y pacífica y una herramienta es la denuncia. Denunciar lo que es evidente y el gobierno no quiere ver, denunciar las innumerables violaciones a los derechos humanos causadas por el PIM. Exigir alto a la impunidad.
Por lo que, ANUNCIAMOS que, en la búsqueda y construcción de la justicia, a 5 años del asesinato de Samir, en próximas fechas estaremos presentando un informe de violaciones a los derechos humanos que ha causado el PIM, para el que pedimos su difusión, cobertura y apoyo.
Seguiremos luchando en la construcción y reconstrucción de la autonomía de nuestros pueblos frente a la defensa de la vida que tenemos que realizar en nuestros territorios ante innumerables problemas causados por el capitalismo depredador.

… aquí estamos Samir y aquí seguiremos.

T´neki tlalle uan atl para tenochti, amo timikiske por tumi
Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala

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Avispa Midia

Mujeres mazatecas inician el 2024 con jornada de lucha por la libertad

Fuente: Avispa Midia

Texto y fotos por Karen Castillo

En portada: Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca.

Las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán llevarán a cabo una jornada, en los días 18 y 19 de febrero, que consta de dos conferencias magistrales impartidas por los abogados Rafael Zaffaroni y Guido Croxatto, ambos argentinos con amplia experiencia en el área de los derechos humanos y el derecho internacional, y responsables de la defensa del ex presidente de Perú, Pedro Castillo.

La primera conferencia se llevará a cabo el domingo, 18 de febrero, a las 12 horas, en el Zócalo del centro de Oaxaca. La segunda conferencia será el lunes, 19 de febrero, en el Auditorio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ambas conferencias tienen como objetivo visibilizar cómo el Estado utiliza el derecho penal para criminalizar la organización comunitaria y la lucha social.

En conferencia de prensa en enero de este año, Argelia Betanzos, hija de Jaime Betanzos, preso político liberado el 28 de septiembre del 2023, por cambio de medida cautelar, denunció: “Oaxaca es un Estado fallido en el caso de los presos políticos de Eloxochitlán, y frente a las mujeres indígenas que buscamos justicia por la persecución política y prisión política injusta.”

De acuerdo con las mujeres mazatecas, el caso de los presos de Eloxochitlán se remonta al 2011 cuando la Asamblea Comunitaria, organizada por usos y costumbres, comenzó a ser atacada por otro grupo de la comunidad con intereses partidistas, conformado por Elisa Zepeda Lagunas quien es la parte acusadora en el caso y la actual Secretaria de las Mujeres del Estado de Oaxaca.

El punto más álgido de las agresiones en contra de la Asamblea Comunitaria se suscitó el 14 de diciembre del 2014 cuando un grupo de personas armadas, que según pobladores y la defensa de los indígenas actuó bajo el mando de la familia Zepeda, atacó a la Asamblea Comunitaria. De ahí comenzó la persecución política en contra de las familias que integraban la Asamblea. Para el 2016 había 40 familias con familiares con órdenes de aprehensión o encarcelados.

En estos nueve años, varios indígenas mazatecos han logrado ganar su libertad al demostrar la fabricación de delitos. En el caso de los perseguidos políticos, han logrado obtener amparos contra las ordenes de aprehensión en su contra.

Sin embargo, aún hay cuatro indígenas mazatecos presos: Marcelino Miramón, Alfredo Bolaños, Francisco Durán y Fernando Gavito. Además, hay alrededor de 12 hombres y sus familias desplazadas por la amenaza de las ordenes de aprehensión. En el mismo caso se encuentra Miguel Peralta, expreso político a quién se le revocó su sentencia de libertad en 2023.

De acuerdo con Argelia Betanzos, el Tribunal Superior de Oaxaca, el Gobierno de Oaxaca, el Juzgado de Huatula y el Ministerio Público de Huautla siguen favoreciendo al grupo de Elisa Zepeda Lagunas lo cual ha alargado este proceso por ya casi una década.

Actividades realizadas en la faena internacionalista que se celebró en noviembre del 2023, en la Mazateca. Foto: Karen Castillo.

En la conferencia de prensa, las Mujeres Mazatecas también anunciaron que, este año, elevarán sus demandas hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de que la institución vigile que el sistema judicial de Oaxaca acate los amparos federales que demuestran la inocencia de todos los presos y perseguidos.

Nueve años de prisión política 

En diciembre del 2023, Alfredo Bolaños y Fernando Gavito cumplieron nueve años en prisión sin sentencia. Ambos fueron detenidos de forma arbitraria el 14 de diciembre del 2014 y acusados por tentativa de homicidio y homicidio. Alfredo Bolaños había sido elegido por usos y costumbres como Presidente Municipal de Eloxochitlán. Franciso Durán ha permanecido 5 años en prisión sin sentencia, fue detenido en 2018, acusado de tentativa de homicidio y por homicidio.

En septiembre del 2023, el Juez de Huautla negó a los 3 hombres la solicitud de cambio de la medida cautelar para poder continuar con el proceso en libertad, un acto violatorio a la Constitución Política Mexicana, la cual establece que la prisión preventiva no puede ser extendida por más de dos años.

Como los testimonios de Elvira Bolaños, hermana del preso político Alfredo Bolaños y el mismo Alfredo, quien participó en la conferencia de prensa por medio de una llamada telefónica, exponen: el cambio de medida cautelar a Alfredo y los demás compañeros no puede ser denegada ya que no hay argumento legal que justifique el encarcelamiento y los presos han comprobado una y otra vez su inocencia.

“Las instituciones de Oaxaca han pisoteado nuestros derechos, han participado en este encarcelamiento, quiero decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que revise los casos, porque no es posible que el Estado mexicano nos trate de la forma en que nos trata”, dijo Alfredo Bolaños.

El caso de Marcelino Miramón

Presente en la conferencia de prensa estuvo Alejandra García, esposa del preso político Marcelino Miramón, quien fue detenido el 22 de mayo de forma arbitraria acusado por daños.

El Juzgado de Huautla y la Fiscalía de Oaxaca detuvieron a Marcelino Miramón pese a que, en el caso de Fernando Gaspar, otro de los integrantes de la Asamblea Comunitaria encarcelado, se había comprobado que el delito de daños no fue denunciado por la Fiscalía en el tiempo correspondiente, por lo cual el delito ya prescribió. Gaspar se encuentra en libertad.

Después de meses de movilización por familiares y la comunidad de Eloxochitlán, Marcelino Miramón ganó un amparo a nivel federal que determina como ilegal su detención. Ahora, Marcelino espera dentro de prisión a que el recurso de revisión interpuesto por la familia de Elisa Zepeda sea resuelto y por ende se compruebe, una vez más, que no hay delito que perseguir, obteniendo después de más de 7 meses su libertad.

Como Alejandra García dio a conocer, sumamente afligida, sus hijos han tenido que abandonar la escuela para poder mantener a la familia de 10 hijos e hijas y luchar por la libertad de su padre.

“Soy una madre de familia con 10 hijos y apenas puedo mantenerlo, mi hijo de 16 años es el que ha tenido que ayudarme para todo, como por ejemplo juntar el dinero para poder venir a esta conferencia, tengo 25 años viviendo con mi esposo, y nunca había tenido necesidad de salir a la ciudad, y desde que lo detuvieron ahora tengo que ir hasta el reclusorio a verlo”, sostuvo Alejandra García.

Familias desplazas de Eloxochitlán

En la conferencia de prensa estuvieron también mujeres familiares de algunos de los hombres perseguidos políticos desde el 2014 y que actualmente se encuentran en desplazamiento.

Presente estuvo, Marisol Fernández, esposa de Jacob Betanzos, ella relató que, en 2014, tuvieron que huir sin pertenencias y, desde entonces, su familia no ha podido regresar a sus tierras originarias. Marisol relató lo difícil que ha sido el desplazamiento de su familia y permanecer alejados de su comunidad

“Mis hijos tuvieron que dejar su escuela, la más pequeña tenía 6 años, otros 8 años, y el más grande 11 años; no es fácil vivir estos 9 años con el temor de que a mi esposo lo vean y lo encarcelen también”, señaló Marisol Fernández.

Las mujeres mazatecas denunciaron que en Eloxochitlán hay un proceso de etnocidio por el cual se ha obliga a la comunidad a abandonar su forma de vida tradicional y originaria a través de la prisión y persecución política.

Las afectaciones del desplazamiento forzado han sido ampliamente documentadas por organismos como la ONU, el obligar a pueblos originarios a abandonar su territorio es obligarlos a abandonar su forma de vida, organización, cosmovisión y por ende atentar contra el derecho a su existencia.

El ciclo de conferencias magistrales, además de presentarse en Oaxaca, recorrerá el Estado de México y Ciudad de México. Esta jornada es también organizada por la Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo-Base México.

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Avispa Midia

Interviene Marina para detener a jubilados que protestan en el Tren Interoceánico

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto: Página 3

Este miércoles 14 de febrero, miembros del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO) iniciaron manifestaciones en varias partes del territorio mexicano. Bloquearon las vías del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en Matías Romero, Oaxaca, donde intervino la Marina. Reportan que dos de sus dirigentes fueron detenidos.

Las diversas acciones han sido en torno a las exigencias de una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, para tratar el aumento de sus pensiones, ya que argumentan que lo que reciben actualmente es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas.

Los jubilados, personas de la tercera edad en su mayoría, señalan que han sostenido 18 mesas de negociación sin resultados satisfactorios. Las protestas se suscitaron simultáneamente en la Ciudad de México, donde bloqueando calles cercanas a Palacio Nacional, en Ciudad Juárez, Chihuahua y también en áreas del Tren Maya en Campeche, así como las vías del tren Interoceánico en Matías Romero.

La intervención de elementos de la Marina, la policía estatal y municipal permitió que el flujo en las vías del Tren Interoceánico volviera a la normalidad. Mientras tanto, se desconoce la situación legal de los dos líderes ferrocarrileros detenidos durante el desalojo en Matías Romero, Oaxaca.

José Luis Godínez, fue aprendido mientras reclamaba su libre derecho a manifestarse y por solicitar un diálogo directo con la nueva secretaria de gobernación.

Las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad estatal ya suman un listado de acciones de represión contra diversas protestas en torno al tren y al Corredor Interoceánico en su conjunto.

Ver también: Comunidad zapoteca exige revocación de sentencia por 46 años contra opositor al Corredor Interocéanico

Recientemente, el indígena zapoteca David Hernández, quien resiste al lado de su comunidad a la imposición de un parque industrial en Puente Madera, fue condenado a 46 años de prisión. El activista es acusado, entre otros delitos, de “obstrucción a las vías federales de comunicación”.

También están en prisión nueve activistas de Mixtequilla, Oaxaca, quienes se oponen a la imposición de otro parque industrial en su comunidad que forma parte del Corredor Interoceánico.

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grupodetrabajofronterachiapas.org

Informe de organizaciones de la sociedad civil en Chiapas sobre la violencia en la región frontera

Informe de organizaciones de la sociedad civil en Chiapas sobre la violencia en la región frontera.

 Descarga el informe aquí

La frontera de Chiapas con Guatemala se encuentra desde aproximadamente 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local. Esta zona, conocida como región frontera, comprende los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Escuintla, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.

Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales. Cabe resaltar que la región, cuya población es ampliamente indígena, es históricamente abandonada por el Estado. La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.

El punto de inflexión que destapa la disputa entre grupos criminales en el estado son los hechos ocurridos el 7 de julio de 2021. Ese día fue asesinado Gilberto Rivera, “El Junior”, hijo del operador de uno de los grupos de la delincuencia organizada que mantenía el control en el estado, y cuyo homicidio fue reivindicado por el grupo criminal antagónico.El año 2023 ha tenido varios picos importantes de violencia. Destaca la violencia ocurrida en el mes de mayo, cuando se enfrentaron grupos de la delincuencia organizada en la comunidad de Nueva Independencia, conocida también como Lajerío, impactando a comunidades vecinas, todas del municipio de Frontera Comalapa. Esto provocó que alrededor de 3,500 personas se desplazaran de manera forzada de sus comunidades, poniendo en riesgo su vida, seguridad e integridad personal.

La “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes. De manera general, las personas que viven en la zona ven su vida cotidiana afectadas en casi todos sus aspectos, sin que siempre sea fácil identificar los motivos de los grupos presentes.

A nivel institucional, aparece que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, entre otras. El control de estas instituciones es no obstante ambivalente, y según el grupo y el estado del conflicto en la zona puede pasar de cooptación y financiación a casos donde las instituciones deban permanecer cerradas o abiertas a pesar de que haya enfrentamientos.

Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas

Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos.

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Avispa Midia

Familiares de los 43 llaman a fortalecer luchas del EZLN y de los desaparecidos

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Foto: @Tlachinollan

En una declaración pública emitida el pasado sábado (10), las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, al sur de México, reafirmaron su compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad y la justicia para sus hijos.

En su comunicado, denunciaron los intentos del gobierno actual de dividirlos, asegurando que permanecerán unidos en su lucha. Además, criticaron al gobierno por pactar con la élite económica y militar “para mantener inalterable el capitalismo y profundizar el modelo económico”, puntualizan.

El comunicado también aborda la crisis humanitaria causada por miles de asesinatos y desapariciones en todo México, así como la falta de recursos y avances en las investigaciones por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República.

Así mismo, destacan la continua violencia que afecta a las poblaciones campesinas e indígenas, ya que “son desplazadas de sus comunidades por la violencia que despliegan las bandas delictivas solapadas por el gobierno y las fuerzas de seguridad”, advierten.

Las madres y padres criticaron la estrategia del gobierno de dividir a los movimientos sociales y socavar la lucha de izquierda e independiente. Llamaron a redoblar esfuerzos y unificar las luchas con otros movimientos sociales, incluyendo sindicatos, colectivos de desaparecidos y universidades públicas.

“Las madres y padres de los 43 llamamos a redoblar esfuerzos para rearticular las luchas con las hermanas y hermanos del SME, el STRM, la CNTE, las madres y padres de los colectivos de desaparecidos, el EZLN, las Universidades Públicas como la UNAM y el Politécnico Nacional y otras”, han anunciado.

Finalmente, adelantan diversas acciones de protesta y movilización que serán realizadas los próximos días, con el objetivo de mantener viva la memoria de los 43 estudiantes desaparecidos y exigir justicia.

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ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA | Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Exigimos revocación de la sentencia contra David Hernández Salazar

Repudiamos enérgicamente la sentencia dictada en contra de David Hernández Salazar, en la que pretenden privarlo de su libertad con 46 años y 6 meses de prisión, una multa de $182,818 (ciento ochenta y dos mil ochocientos dieciocho pesos) y un pago por reparación de daños por la cantidad de $1,100,015 (un millón cien mil quince pesos), estas sanciones, son un claro ejemplo de criminalización y persecución por su labor como Defensor del Territorio, los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas.

El día de ayer, 7 de febrero, después que el Ministerio Público de Tehuantepec presentará su dictamen de delitos y sanciones, el Juez de Distrito encargado de dictar sentencia, ignoraron por completo la información arrojada durante los días de debate que demuestra la inocencia de David, como son los peritajes presentados como parte de la defensa y las contradicciones de los testigos de la parte demandante. En este sentido, decidieron incriminarlo de delitos fundamentados en falsas acusaciones y declaraciones inconsistentes. Esto es un claro ejemplo de la corrupción y colusión de las Autoridades del Poder Judicial con grupos políticos y empresariales de la región vinculados al crimen organizado, a quienes les estorban las personas defensoras del territorio y pretenden callarlas con prisión, desapareciendo o asesinándolas.

Recordar que David Hernández Salazar ha sido criminalizado desde el año 2017 en su lucha por la defensa de las Tierras de Uso Común del Pitayal. En ese momento, contra la imposición de la subestación eléctrica del Ejército Mexicano, detenido ilegalmente y golpeado por policía municipal, continuando por una serie de campañas de difamación a su persona y amenazas a su integridad física y psicológica.

Nuevamente, en el año 2021, por su representación como Agente Comunitario de Puente Madera e integrante de la Coordinación General de la APIIDTT, ha sido judicializado y perseguido por: el Municipio de San Blas Atempa, el Gobierno del Estado de Oaxaca, el Corredor Interoceánico, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, el Registro Agrario Nacional, la SEDENA, la Marina y la Guardia Nacional. Enfrentando una primera demanda federal en 2021 (Carpeta judicial 269/2021) en la que no fue vinculado a proceso.

En un segundo momento, a inicios de 2022, da comienzo la Causa Penal 446/2022, haciendo efecto el 16 de enero de 2023 con su detención ilegal y abriendo la carpeta de investigación la cual es motivo del presente escrito; por último, en octubre de 2023 se le notifica de una nueva demanda federal, cuya audiencia inicial dará el próximo 21 de febrero. En estos 3 procesos, el principal promotor ha sido en todo momento el Municipio de San Blas Atempa, obedeciendo al ex Administrador del Estado de Oaxaca y actual Candidato al Senado de la República, Antonino Morales Toledo.

Esta condena no es absoluta y no se ejecuta de manera inmediata, tenemos amparos contra las órdenes de aprehensión de David y las 17 personas de Puente Madera incriminadas (Causa Penal 446/2022), continuaremos trabajando en la defensa legal, interponiendo los recursos necesarios y acudiendo a las instancias competentes que puedan darle la revisión a esta sentencia injusta y absurda.

Con mucha rabia y coraje, ratificamos que nuestra lucha va a continuar por la defensa de las tierras de uso común del PITAYAL que da vida a nuestra comunidad e historia como pueblo binnizá. Llevamos años defendiendo lo común, lo nuestro, lo colectivo y lo seguiremos haciendo, defendiendo la vida con la vida misma de ser necesario.

Antes esta situación como ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA y Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, hacemos un llamado a:

  • Emitir pronunciamientos exigiendo la revocación de esta sentencia en contra de David Hernández Salazar y el desistimiento de la Causa Penal 446/2022 donde existen las órdenes de aprehensión en contra de 17 habitantes de la localidad de Puente Madera.
  • Acciones en solidaridad, a los modos y formas de cada individualidad, colectividad y organización, con la digna resistencia de Puente Madera en contra del Parque Industrial y el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
  • Apoyar solidariamente de forma económica para solventar los gastos que está representando la defensa legal de estas demandas.

Por último, queremos aprovechar este comunicado, para dar la primera llamada e invitación a la celebración por los tres años de resistencia en defensa del monte El Pitayal, a realizarse del 14 al 17 de marzo de 2024, en la comunidad en rebeldía de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca.

Desde la Barricada en El Pitayal

REITERAMOS QUE

¡DEFENDER EL PITAYAL ES DEFENDER EL COMÚN, ES DEFENDER LA VIDA!

¡SI TOCAN A UNX NOS TOCAN A TODXS!

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

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Red Ajmaq

¡Alto a los ataques a la comunidad zapatista “La Resistencia”!

7-febrero-2024
Jobel, Chiapas.

Al Congreso Nacional Indígena
A la Sexta nacional e internacional
A las Redes de Resistencias y Rebeldías
A quienes suscribimos la Declaración por la Vida
A las personas de buen corazón

Hace unos días nos enteramos, al igual que muchxs de ustedes, del ataque realizado a nuestrxs compañerxs bases de apoyo zapatista del GAL La Resistencia, perteneciente a la Región Autónoma Moisés y Gandhi, Caracol 10 [1], por parte de la agrupación de corte paramilitar Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO). Sabemos bien que no es la primera vez que ésta organización criminal ataca a nuestrxs compañerxs y que es una estrategia que viene de mero arriba, que es parte de la guerra integral de desgaste para intentar frenar la autonomía y la organización de nuestrxs compañerxs. La acumulación por despojo se basa en la violencia y muerte. Pero sabemos, al igual que ustedes, que en estos tiempos de avaricia y poder quien se organiza por y desde la autonomía y lo común va por algo más grande: la vida. Mientras allá arriba se pelean las migajas del producto de la falsa democracia, llamada elecciones, abajo se abona y cuida la raíz de una vida que abrigará generaciones, comunidades y pueblos; de la destrucción que dejan los de arriba se reconstruyen paisajes de vida con dignidad y valentía.

Ante estos ataques queremos expresar nuestra indignación y digna rabia. Desde nuestro corazón colectivo decimos firmemente que nuestrxs compañerxs zapatista no están solxs, que si tocan a unx nos tocan a todxs. Hacemos un llamado a la Sexta y a todxs lxs compañerxs solidarixs a que se sumen a esta indignación y al llamado de cese inmediato de los ataques hacia nuestrxs compañerxs zapatistas.

¡Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas!
¡Alto a la guerra integral de desgaste!

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

[1] Desplazamiento forzado de 28 zapatistas en la región Moisés y Gandhi https://redtdt.org.mx/archivos/18769

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