^{Una versión de este texto fue publicado en Corriente Alterna}

^{En portada: Claudia Uruchurtu, activista de Nochixtlán, es víctima de desaparición forzada desde el 26 de marzo de 2021. Foto cortesía de la familia Uruchurtu.}

“¿Es un huesito de pollo o de mano?”, pregunta una de las mujeres que busca a sus familiares desaparecidos en el basurero de residuos orgánicos en los Valles Centrales de Oaxaca.

–¿A ver? –responde su compañera, y suelta la pala con que cava.

Ambas analizan el hueso detenidamente, lo comparan con su propia mano.

–No –concluye la segunda– es de pollo. Déjalo allá para que las demás lo vean.

Es 13 de agosto de 2021. Ocho mujeres y dos hombres, integrantes de la asociación civil Sabuesos Guerreras, participan en las primeras jornadas de búsqueda de la recién creada Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Oaxaca.

Van vestidas para aguantar el sol, con gorras y botas. También llevan cubrebocas y alcohol para evitar un posible contagio de covid-19. Llegaron de madrugada en tres camionetas cargadas con picos, palas y varillas que ellas mismas consiguieron.

En este tercer día de la jornada de búsqueda se les notificó que no contarían con la custodia de la Guardia Nacional, que las había escoltado por barrancas y ríos durante las dos jornadas previas. Tampoco acudirá la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda. La expedición queda, hoy, completamente en manos de los y las rastreadoras:madres, hermanas, esposas e hijas que se han visto orilladas a buscar por cuenta propia a los seres que aman.

“¿A quién buscan esta ocasión?”, les preguntó la prensa unos días antes, cuando anunciaron la jornada.

“A todos”, respondieron ellas, inmediatamente.

Claudia Uruchurtu

El caso más reciente de desaparición forzada por motivos políticos en Oaxaca es el de Claudia Uruchurtu Cruz, una mujer de 48 años de edad. Antes de ser desaparecida en Nochixtlán, su lugar de residencia en la región mixteca del estado, documentó y denunció la corrupción en el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta.

La noche del 26 de marzo de 2021 Claudia participaba en una manifestación en la plaza central de Asunción Nochixtlán. Al terminar, hombres desconocidos la forzaron a subir a una camioneta roja. Desde entonces está desaparecida.

Elizabeth Uruchurtu Cruz explica que su hermana Claudia había documentado el desvío y malversación de fondos del gobierno municipal, durante la administración de Lizbeth Huerta, quien en 2021 hacía campaña para reelegirse en el cargo.

Claudia había regresado a Oaxaca luego de visitar a sus hermanas en el Reino Unido en 2018. Volvió con el propósito de votar por Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales.

“Le dijimos: ‘Quédate, ya va a empezar el verano’ –recuerda Elizabeth–. Nos dijo que no, que ella se tenía que regresar porque López Obrador estaba de candidato y tenía que ir a votar, porque una vez que llegara López Obrador las cosas iban a cambiar”.

Ese mismo día, primero de julio de 2018, Lizbeth Victoria Huerta fue electa presidenta municipal de Asunción Nochixtlán a través de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, PT y PES). Era la primera vez que una mujer ocupaba la presidencia municipal y la primera vez que Nochixtlán era gobernado por un partido diferente al PRI.

Pero poco cambió. Cuenta Elizabeth: “Cuando empieza la nueva administración y Claudia se da cuenta de que, en lugar de que estén invirtiendo el dinero en mejorar el pueblo se lo están gastando en pendejadas, ahí empieza la denuncia…”

Claudia detectó que, con la llegada de Victoria Huerta al gobierno municipal, sus familiares estrenaron motocicletas, otros recibieron cargos públicos y la misma alcaldesa adquirió un reloj valuado en más de 160 mil pesos, entre otros lujos.

Claudia acudió a los tres niveles de gobierno para denunciar los hechos: presentó quejas ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Nochixtlán, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, al Congreso del Estado de Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación federal y la Fiscalía General de la República, entre otras instancias. Nadie le respondió satisfactoriamente.

“Claudia nunca caracterizó su trabajo como activismo porque, en su pensar, toda la gente debería de estar luchando por sus derechos. Ella, simplemente, lo veía como su deber, como algo que cada uno debería estar haciendo para mejorar las condiciones en las que vives”, cuenta su hermana.

“Yo creo que, ahí, lo que pasó es que empezaron a ponerle presión al municipio por la cuestión de las auditorías. Llegó un momento dado en que las autoridades municipales decidieron que Claudia era muy incómoda”.

La alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta fue detenida el 7 de mayo de 2021, junto con dos de sus colaboradores cercanos, acusados de  la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu. Otras dos personas fueron detenidas el 22 de julio del mismo año. Todas están en espera de sentencia. La audiencia de defensa está prevista para el próximo miércoles 13 de octubre.

Elizabeth advierte que esto es inédito, en comparación con la impunidad que prevalece en el resto de los casos de desaparición en Oaxaca. Respecto del caso se han pronunciado la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Amnistía Internacional y parlamentarios del Reino Unido.

“Hemos tenido un acceso a las autoridades que no toda la gente tiene. Es, realmente, lamentable que tenga que ser así”.

Pese a todo, Claudia Uruchurtu sigue desaparecida.

El tamaño de la impunidad

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 1964 han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas 3,629 personas en Oaxaca. El 90% de los registros corresponden a los últimos 10 años, durante los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) y Alejandro Murat Hinojosa (que empezó en 2016 y termina en 2022).

El mismo registro indica que 362 personas aún permanecen en calidad de desaparecidas o no localizadas. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales coinciden en que la cifra real es mayor. La Plataforma de Violencia Feminicida en Oaxaca, por ejemplo, ha documentado la desaparición de 1,415 mujeres sólo en lo que va del gobierno de Alejando Murat.

Por otra parte, en las últimas dos décadas (entre el 2000 y el 30 de julio de 2021) sólo 35% de las personas que fueron reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, cuentan con una investigación abierta en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, según informó la propia institución.

Al mismo tiempo, el Poder Judicial del Estado informó que en los últimos 21 años únicamente ha iniciado 34 juicios por desaparición, pero no ha emitido una sola sentencia condenatoria.

Aprender a rastrear

Sabuesos Guerreras AC es una de las diversas organizaciones que buscan personas desaparecidas en México. La fundó en Sinaloa María Isabel Cruz Bernal, madre de Yosimar García Cruz, desaparecido en Culiacán el 26 de enero de 2017.

En 2020 la organización llegó a Oaxaca. Seis de sus integrantes viajaron al estado del sureste para capacitar a otras madres buscadoras.

“Llevamos, hasta la fecha –con cuatro años y seis meses desde su creación–, más de 180 cuerpos localizados. Tenemos más de 18 mil fragmentos calcinados y seguimos encontrando”, explica María Isabel.

Con el apoyo de las madres de Sinaloa, las buscadoras oaxaqueñas crearon Extensión Oaxaca. Marta Pablo Cruz es su representante. Ella busca a su hijo Jassiel Vladimir Florean Pablo, desaparecido el 21 de mayo de 2019 en Tlapa de Comonfort, Guerrero.

A María Isabel y a Marta las une haber nacido en Oaxaca y la convicción de buscar a sus hijos desaparecidos. Como ellas, sus demás compañeras buscan a familiares, cargan con ellas sus fotos y los nombran todo el tiempo: Félix Arturo Ayala Tamayo, José Manuel Macías Mendoza, Ángela Sánchez Cruz, Miguel Enrique Cárdenas Echavarría, Luis Alberto Hernández López.

La alianza entre las familias sinaloenses y oaxaqueñas se comenzó a cocinar a principios de 2020, durante un taller en el que compartieron experiencias de búsqueda, y se formalizó en septiembre del mismo año, cuando nombraron a Marta coordinadora general en Oaxaca.

Marta cuenta que las Sabuesos Guerreras de Sinaloa les enseñaron a enfrentar a servidores públicos, a solicitar las carpetas de investigación de su hijos –que no les habían entregado–, a exigir avances y a presentar quejas en las comisiones estatal y nacional de derechos humanos.

Se acompañan a las fiscalías cuando es posible y se esperan hasta que salgan, aunque llegue la noche. “Esas muestras de cariño, esas muestras de apoyo… Tengo más con esta gente que no es mi familia… Son hermanas del mismo dolor que estamos pasando porque hay esposas, hay madres, hay hermanas que buscan”, dice Marta.

Apenas llegan a la entrada del basurero de residuos orgánicos, las rastreadoras de Sinaloa descargan picos, palas, cernidores, varillas, radios y silbatos. También traen un dron para exploración aérea.

Reconocen el terreno y se dividen: un grupo irá al área de restos animales, llena de huesos; y otro grupo se irá más al fondo, a las pilas hediondas de basura orgánica, que desprenden vapor por la putrefacción.

Enseñan a las oaxaqueñas a identificar posibles fosas: zonas en las que la vegetación cambia o se hunde un poco, debido a las excavaciones. Les muestran cómo limpiar el área, cómo excavar, cómo usar y oler la varilla con la que punzan la tierra para diferenciar los olores del subsuelo e identificar el singular tufo de la descomposición humana.

Les comparten, con rabia y cariño, los conocimientos y la experiencia que han acumulado luego de tantos años de buscar “tesoros”, como llaman a sus seres queridos.

–¿No se entristecen cuando, después de una búsqueda, no encuentran nada? –les pregunta uno de los hombres oaxaqueños que está aprendiendo a oler la tierra para rastrear fosas, sorprendido de que las sinaloenses no suelten la herramienta ni en sus momentos de descanso.

–Nos entristecemos cuando encontramos algo –responde una de ellas, sin detenerse.

Lo que no hace el Estado

A raíz de la desaparición forzada de Claudia Uruchurtu, las autoridades federales realizaron diligencias de búsqueda, para las cuales solicitaron la colaboración de la Fiscalía estatal y de la Secretaría de Gobierno de Oaxaca.

El personal enviado para apoyar en un primer momento, recuerda Elizabeth, hermana de Claudia, fueron las secretarias administrativas del gobierno estatal. “Entonces, ahí, vienen todas las secretarias de la oficina a hacer labor de campo”.

Es desesperante, lamenta Elizabeth, que la búsqueda no se apoye en una la investigación judicial y científica, sino en acciones improvisadas: “Nos ha parecido muy triste el desperdicio de recursos. Si no hay líneas de búsqueda que salgan de la investigación, ¿a qué chingados vienen (a buscar)? Es como si pusieran un dedo al aire y dijeran ‘ahí vamos a buscar’, y entonces ahí viene la Guardia Nacional, y ahí vienen los dos binomios caninos que hay en el Estado, y ahí viene todo mundo”. Se trata, en suma, de una búsqueda a ciegas.

Esos recursos, en cambio, faltan ahí donde las búsquedas no cuentan con el interés de las autoridades, como es el caso de la jornada que realizan las Sabuesos Guerreras en el basurero orgánico.

Abrir paso a la esperanza

Al terminar el día las Sabuesas Guerreras han rastrillado la zona entera.

“Parece que no logramos nada, pero hicimos un chingo”, dice una de ellas durante una reunión final en la entrada del basurero. Han pasado horas extenuantes de trabajo bajo el sol para abrir la tierra y darle paso a la esperanza con cada golpe de pala. En medio de la basura y la podredumbre reaccionan visiblemente nerviosas ante cada camioneta que se acerca y pasa de largo. No olvidan que buscar desaparecidos es una labor peligrosa, que es un trabajo que no les corresponde. Años y años de negligencia y desprecio gubernamental les ha dejado una convicción: “Si no los buscamos nosotras –dicen–, nadie lo va a hacer”.

^{En portada: Manifestaciones para exigir justicia por el asesinato de Samir Flores durante el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Morelos, 2019. Foto: Santiago Navarro F.}

Dos años y siete meses después del asesinato de Samir Flores Soberanes, la Fiscalía de Morelos anunció con bombo y platillo la detención de Javier N, inculpado como uno de los autores materiales del homicidio del activista y defensor indígena. Para l@s miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA), esta acción representa un montaje y oportunismo al mismo momento en que el gobierno federal anunció la operación de la termoeléctrica de Huexca, a la cual Flores se opuso en vida.

“No fue fácil, nos tuvieron confianza la mayoría de las personas, de los campesinos, hicimos compromisos con ellos. Ya va a operar a toda su capacidad esa planta”, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador durante un evento oficial realizado el pasado viernes (1) en Morelos. Un día antes, el Fiscal General del mismo estado, Uriel Carmona, informó sobre la detención del también conocido como “Tamalaco” ocurrida en la ciudad de Cuautla, pese a que el inculpado ya se encontraba preso desde hacia un año atrás.

De acuerdo a una denuncia publicada este lunes (4) por el FPDTA, las investigaciones que condujeron a la captura del presunto responsable datan de abril del año 2019 cuando la Fiscalía habría identificado a los probables responsables del homicidio de Flores sin realizar su detención, por lo cual la organización cuestiona el hecho de que las autoridades demoraran más de dos años en emitir las órdenes de aprehensión.

Para el FPDTA esta actitud además demuestra la protección de las autoridades hacia uno de los homicidas. Así lo indicó uno de sus integrantes, Juan Carlos Flores Solís, en entrevista con medios nacionales: “Él (Fiscal) tenía a los asesinos de Samir en la cárcel. Sabía en donde estaban y ahora inventa que lo que acaba de detener, eso evidentemente es un mal actuar del fiscal, es un encubrimiento o es la fabricación de un chivo expiatorio”.

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Cabe resaltar que el presunto homicida habría sido detenido, junto a su hermano Marcelo, en septiembre del 2019, ambos acusados de secuestro, robo y tráfico de drogas, aunque fueron liberados. En torno a ello, el FPDTA denuncia que “el Tamalaco es una persona que entra y sale de la cárcel aunque sea acusado de delitos graves y también tienen él y su hermano, la capacidad de estar en la política en altos puestos de representación en Morelos de partidos vinculados a la Cuarta Transformación su hermano, lanzarse de candidato, después de haber sido liberado”.

Por lo anterior, el FPDTA exige la renuncia del Fiscal Uriel Carmona, así como la realización de una investigación sobre la complicidad y posible vinculación que pudiera tener el funcionario por actos de encubrimiento y protección de los asesinos de Samir Flores Soberanes.

Termoeléctrica, móvil del asesinato

El discurso del Fiscal ha sido renuente en aceptar el registro de amenazas previas a Samir ocasionadas por su trabajo organizativo contra la construcción y operación de la termoeléctrica de Huexca, así como también de otras obras de infraestructura para la generación de energía, las cuales hacen parte del Proyecto Integral Morelos. Entre ellos un acueducto que despoja de su agua al río Cuautla afectando ejidos de Ayala y un gasoducto que recorre por zonas sísmicas aledañas al volcán Popocatépetl.

Por esta razón, durante la presentación del presunto asesino de Flores, el titular de la fiscalía descartó que el asesinato estuviera vinculado a la labor de Samir en la defensa del territorio. En contraste, el abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, enfatiza que las declaraciones oficiales son completamente falsas.

“Hemos logrado probar que Samir Flores fue asesinado por su activismo político. El móvil que llevó o que derivó en su asesinato fue precisamente un móvil de naturaleza política (…) el fiscal estatal señaló que no podía hablar del móvil específicamente, pero que podía afirmar que no había sido asesinado por su oposición a la termoeléctrica y eso es completamente falso, se ha logrado probar en la carpeta que intereses políticos, intereses económicos que pues les parecía incómodo o estaban enojados con la actitud y con la defensa que tenía Samir Flores precisamente en torno a su comunidad por oponerse al proyecto del gasoducto, fueron esos intereses los que mandaron a ejecutar a Samir”, destacó el abogado a través de video.

El asesinato de Samir ocurre tras una larga historia de actos de represión y mentiras que han acompañado la imposición del PIM desde su inicio, en donde la administración de AMLO no es la excepción. En 2019 él mismo le dio continuidad con la realización de una consulta y después en 2020 con el desalojo del plantón en Apatlaco, efectuado por elementos de la Guardia Nacional.

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Actualmente, pese a que el presidente asegura que la central termoeléctrica iniciará actividades una vez se resuelvan problemas técnicos, aún existen demandas de amparo a favor de habitantes de la región para evitar que con ello sean despojados de recursos como el agua. Ante esta situación, el FPDTA asegura que con estos antecedentes no pueden confiar en las autoridades.

“No olvidamos el papel que tuvo el Presidente en la muerte de Samir, insultándonos, soltando a los perros e impulsando la termoeléctrica con un montaje de consulta colonialista, discriminatoria, violatoria de los derechos de los pueblos indígenas y todo sin escuchar a las víctimas del proyecto. No olvidamos tampoco el papel de Hugo Erik Flores en la consulta y como uno de los sospechosos que pueden estar detrás de la muerte de Samir”, denuncian en el documento recién divulgado.

Por su lado, el abogado Peña advierte que el caso no se cierra con la detención anunciada la semana pasada. Al contrario, la investigación continúa para “deslindar la responsabilidad de quién o quienes ordenaron este asesinato y por qué lo hicieron en este contexto, en ese momento, justo cuando se celebraba, o se estaba convocando a una consulta para preguntarle a una parte de la población si estaban de acuerdo o no con la instalación de la termoeléctrica”.

^{En portada: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.}

A unos días de concluir el evento denominado ‘Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021’ organizado por el gobierno de México y Canadá entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre de 2021, diversos pueblos, colectivos y comunidades indígenas de Oaxaca se deslindaron y denunciaron una “simulación de hermandad” con la que se pretende “desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto”.

En un posicionamiento firmado el 29 de septiembre por autoridades de San Pedro Apóstol y San Pedro Mártir, Ocotlán y de Capulálpam de Méndez, así como por las comunidades El Rebollero, Río Minas y Los Arquitos, San Pablo Cuatro Venados, Zaachila, se advierte que “el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros”.

Comuneros, comuneras y pobladores hacen un recuento del dolor y la violencia colonial que han sufrido los pueblos y comunidades indígenas de ambos países, desde el reciente descubrimiento en Canadá de fosas con cientos de cuerpos de infantes en antiguos internados para niñas y niños indígenas, hasta las concesiones mineras en México que han sido otorgadas a empresas canadienses en tierras comunales sin el consentimiento de los pueblos, las cuales han causado conflictos socioambientales que han provocado el asesinato de defensores y la contaminación impune de ríos y suelos.

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“Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral Sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para explotación mineras son otorgadas a empresas de dicho país” recalcan.

El comunicado también es firmado por el Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, el Espacio de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra “Las Meñas”, el Colectivo Matza, San Miguel Chimalapas y la Articulación Por la Vida, Contra la Minería en el Valle de Ocotlán.

En el documento, los colectivos y las comunidades que han vivido en carne propia el embate de megaproyectos de capital extranjero con la anuencia de las autoridades locales, advierten que no le van a permitir ni material ni simbólicamente el avance “a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena (…) a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”.

Los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021” surgieron “gracias a la invitación del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, a sumarse a las diferentes conmemoraciones que México celebra este 2021”. Así lo establecen en su página web. “En ese contexto, se decidió hermanar al pueblo de Canadá con el pueblo oaxaqueño”.

Mientras tanto, las comunidades señalan que se encuentran en alerta máxima ante este acto de simulación de hermandad. “Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio”, finaliza el documento de denuncia.

^{Foto por Ángel Huerta}

Hace siete años (2014) ocurrió un evento que marcó al país entero, se abrió un capítulo más entre los miles que se suman constantemente al libro de las desapariciones en México; aunque, como la mayoría de las historias, esta tampoco ha encontrado su desenlace y se niega a morir hasta que su “misterio” sea resuelto. Como es bien sabido, la oscuridad de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2016 fue testigo de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Tras de búsqueda implacable, desvelo, rabia e impunidad, las madres y padres desesperados preguntan por el paradero de sus hijos, cuestionan en donde está esa justicia que se les viene prometiendo desde el sexenio pasado. Porque, sin lógica alguna, 84 meses parece ser apenas suficiente para encontrar únicamente los restos de 3 desaparecidos y tener ningún responsable pagando por sus crímenes.

Ha quedado en varias ocasiones evidenciado que las propias autoridades entorpecen las investigaciones, pues el sexenio pasado se ofreció como respuesta de consolación la llamada “verdad histórica” que consistía en un escenario en el cual agentes policiacos corruptos de Iguala (Guerrero) pusieron a los jóvenes en manos del cártel Guerreros Unidos, quienes posteriormente los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula; no obstante, dicha aclamación resulto ser una injuria a su nombre, ya que tiempo después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron dichos resultados y a partir de encontrar en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre y en junio de este año  los de Jhosivani Guerrero de la Cruz, se derrocó la teoría fraudulenta al probarse de dichos resquicios  no mostraban haber sido expuestos al fuego.

¿Entonces, cual fue el verdadero destino de los 43?  

Esa pregunta sigue sin respuesta, lo cual, después de siete años añade gravedad a este caso de violación a los derechos humanos. Y no es que no haya avances pues, al menos, hace tres años fue creada (por Decreto del presidente de la República) la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa) y ya existen 80 detenidos, según informes del actual sexenio; pero los resultados siguen siendo mínimos y continuamente se detienen.

Integrantes de la CoVAJ-Ayotzinapa refieren encontrar interés por parte del presidente en turno -Andrés Manuel López Obrador- en cuanto a dar resolución a este caso; no obstante, los resultados ofrecidos hasta el momento son discordantes a las promesas hechas con vehemencia.

Como dijo Cristina Bautista (madre de Benjamín Ascencio Bautista y miembro de la la CoVAJ-Ayotzinapa), en una entrevista para Proceso, “le hemos dicho al presidente que nos digan, que no nos estén engañando; queremos saber la verdad, aunque sea muy dolorosa para nosotros”.

En este punto varios padres no encuentran resignación en cuanto a volver a abrazar a sus hijos, no han renunciado a conocer qué les pasó. Así la realidad sea un golpe, ellos ya no quieren analgésicos ni placebos hechos de falsas mentiras y esperanzas, lo que demandan es la verdad (que les otorgará paz o el impulso para luchar todavía más en búsqueda de castigar a los responsables).

Obstáculos en los procesos 

Se han desestimado decenas de pruebas aportadas al caso, dado que se determinó que habían sido conseguidas por medio de tortura a los testigos.

Además, no todos los engranajes del gobierno desean trabajar para el mismo fin y ejemplo de ello es que la fiscalía mantiene pendientes 40 órdenes de aprehensión correspondientes al caso de los 43 desaparecidos. Entre las cuales destaca la de Tomás Zerón de Lucio (extitular de la Agencia de Investigación Criminal) a quien se le acusa de alterar evidencia del caso de los 43 y actualmente se encuentra “escondido” en Israel.

Este 26 de septiembre, se realizó una misa y, después, una marcha encabezada por los padres de los 43 desaparecidos que comenzó a las 4:00 P.M., desde el ángel de la independencia, con destino al zócalo capitalino. Igualmente, en diversos sitios de México y otros países se realizaron acción que se sumaron para exigir justicia y presentación con vida de los 43 estudiantes. Porque este caso no sólo dejo una cicatriz profunda para México y los familiares de los jóvenes, es un crimen que lo sabe el resto del mundo.