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(Español) Desde Slumil k’axjemk’op y Abya Yala piden alto a la guerra en Chiapas
Europa, Tierra insumisa, Slumil K’ajxemk’op, enero de 2022
Señoras y Señores:
Como Red de Resistencia y Rebeldía y en apoyo a la lucha por la vida de nuestras compañeras y compañeros Zapatistas, y como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, participamos en la campaña “Nuestra lucha es por la vida” y denunciamos enérgicamente las violencias ejercidas en contra de los pueblos indígenas de Chiapas. Esto ocurre dentro de un marco de total impunidad, que persiste a pesar de varias denuncias documentadas dirigidas a los 3 niveles del gobierno mexicano.
Recalcamos que no se trata de conflictos entre comunidades o familias pobres, como lo afirma la versión oficial, que ha servido de excusa para dejar actuar la violencia en total impunidad. Se trata de conflictos fomentados por una presencia paramilitar impune que busca sembrar terror en un proceso de guerra de baja intensidad.
Afirmamos nuestro apoyo a las comunidades de Moisés y Gandhi y Nuevo San Gregorio, que dependen de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”.
Desde el verano de 2020, la ORCAO, grupo de paramilitares, ha llevado a cabo acciones de extrema violencia al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo, donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que hace el trabajo sucio de Morena), cuyo principal líder es funcionario del municipio. Este grupo de paramilitares actúa cobijado por el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gobernatura de Chiapas.
Entre los ataques que han llevado a cabo los paramilitares de la ORCAO, los cuales se han denunciado públicamente, y que hasta el momento han quedado en total impunidad, están:
- 22 de agosto de 2020: saqueo, robo y quema de la tienda “El Arco Iris”, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo;
- 8 de noviembre de 2020: denuncia por parte de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva del “secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO”;
- 11 de septiembre de 2021: secuestro de dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno, José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, ^por el grupo paramilitar que les ha mantenido desaparecidos hasta el día 19 de septiembre;
- 21 de noviembre de 2021: otro ataque con armas de fuego por parte de los paramilitares de la ORCAO a la comunidad de Moisés y Gandhi, e incendio de la escuela secundaria autónoma zapatista;
- desde noviembre de 2019, en la misma zona, el poblado de Nuevo San Gregorio sufre la invasión de sus tierras por “el grupo de los 40”, cuyos líderes han sido identificados y denunciados públicamente varias veces. Hoy en día, de sus 155 hectáreas, sólo le quedan 7 hectáreas al pueblo, y sus habitantes han sido reducidos a una situación de campesin@s sin tierra. A pesar de que dichos actos fueron documentos y denunciados el 2 de diciembre de 2021 por parte de la Junta de Buen Gobierno y del CDH Fray Bartolomé de las Casas, con fecha del 2 de diciembre, el mismo grupo invasor entró los 6 y 7 de diciembre a arar el potrero colectivo de la comunidad, dejando 22 cabezas de ganado sin alimento. Es importante aclarar que el supuesto arado solo tuvo el objetivo poner en peligro la supervivencia del ganado. Con cada invasión, l@s habitantes de Nuevo San Gregorio se sienten “secuestrad@s”; ya no pueden desplazarse, ni trabajar ni siquiera salir de sus casas, sometid@s a la observación y presencia de los agresores apostados en varios lugares estratégicos.
Existen testimonios e imágenes de los vínculos amistosos entre el grupo de los 40 y la policía municipal de Huixtán. Así que ¿se puede hacer todo esto en Chiapas bajo la mirada de la policía y del ejército? ¿Robar tierras? ¿Secuestrar a la gente? ¿Desplazarla? ¿El concepto de respeto a los derechos humanos será menos importante que la lógica capitalista de la 4T?
Los invasores del “grupo de los 40” pusieron un precio a las tierras que robaron: 100 000 pesos por hectárea, o sea más de 4300 euros, un precio exorbitante en la región. ¿Quién comprará estas tierras robadas? ¿El Estado o una multinacional de la electricidad que por fin podrá construir la presa de agua planeada hace unos años, cuando la cañada esté librada de l@s Zapatistas, guardianes de las tierras y protectores de la vida?
Esta serie de actos de violencia, incluido la detención ilegal y arbitraria de autoridades autónomas, ha sido denunciada tanto por las Juntas de Buen Gobierno como por organizaciones nacionales e internacionales. Los que firmamos la presente urgimos al Estado mexicano, quien tiene conocimiento pleno de los hechos por lo menos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones tendientes a terminar de una vez por todas las acciones violentas y de despojo que muchas veces vienen apoyadas por autoridades locales, municipales y estatales, y a respetar la tierra y el territorio que pertenecen al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.
- El 10 de enero de 2022, en esta misma zona del Caracol 10, la comunidad autónoma 16 de Febrero fue atacada por un grupo armado: una mujer y sus 3 hijos fueron desaparecidos por 24 horas. Denunciamos enérgicamente estas desapariciones forzadas.
- También denunciamos la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y el desplazamiento de miles de personas durante el año 2021 en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares (últimamente, 36 ataques con arma de fuego los 7, 8, 9, y 10 de enero de 2022), dejando a una persona base de apoyo zapatista muerta, quien primero fue herida mientras iba junto con su familia a trabajar a su milpa.
- Denunciamos de igual manera el asesinato de Simón Pedro Pérez, ex-presidente de la organización pacifista de Las Abejas, que sigue en la espera de una verdadera justicia en respuesta a la masacre de Acteal en 1997.
El Estado de Chiapas está al borde de la guerra civil. Es una situación creada por el mismo Estado mexicano: desde 1994, su estrategia contra-insurreccional ha favorecido la surgimiento de grupos paramilitares que actúan en total impunidad.
Ha fomentado el desmantelamiento de los ejidos y la división de las comunidades, cuyos usos y costumbres eran la gestión colectiva tanto de la vida como de las tierras.
Promueve y alienta los grandes proyectos capitalistas como las minas o el mal llamado Tren Maya que sólo pueden concretizarse desplazando comunidades enteras y obligándolas a romper con sus usos y costumbres.
Crea programas de “ayuda”, como “Sembrando vida”, que favorecen tanto la destrucción del modo de vivir en colectivo de los pueblos indígenas y la de las tierras, estimulando la monocultura productivista, como la invasión de las tierras por grupos violentos (ayuda otorgada a condición de poseer más de 2,5 hectáreas).
Denunciamos la violencia en contra de los pueblos indígenas zapatistas y su impunidad.
Exigimos que los responsables institucionales actúen como debe de ser dentro de un Estado de derecho, respetando la vida y los derechos de los pueblos originarios. Ya es tiempo que los 3 niveles de gobierno actúen para detener la violencia que va en aumento en el Estado de Chiapas.
Nosotr@s seguiremos apoyando la organización, la autonomía y la resistencia de las comunidades zapatistas por todos los medios posibles, porque l@s Zapatistas luchan por la vida, por la protección de la tierra y por ende por la de la humanidad.
Firmas:
- Colectiva Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala – Red de Resistencias y Rebeldías
- Groupe CafeZ, Liège, Bélgica
- Casa Nicaragua, Liège, Bélgica
- Identité Amérique Indienne, Liège
- RAIZCOF – Réseau d’amitié et d’inspiration zapatiste en Condroz-Famenne, Bélgica
- La Gang éco!féministe, Bélgica
- Le petit théâtre de la Grande Vie, Bélgica
- Americasol-Réseau Escargot, Francia
- Collectif inter-collines des 2 rives de la rivière Aveyron (Colectivo intercerros de las 2 orillas del río Aveyron), Francia
- Quartier libre des lentillères Francia
- Espace autogéré des Tanneries, Francia
- Mut Vitz 13
- Colectivo París Ayotzinapa, Francia
- Universidad de la Tierra, Puebla
- Colectivo Utopía, Puebla
- Colectivo Utopia
- Colectiva Zurcando el tiempo
- Cecilia Zeledón
- Kathia Behaeghel, Bélgica
- Geert Carpel, Bélgica
- Patrick Dessart, Liège, Bélgica
- Geneviève Michel, Bélgica
- Jean-Claude Charlier, Jupille, Bélgica
- Martine Gerardy, Bélgica
- Orlando Kintero, muralista
- Union syndicale Solidaires, Francia
- Yala Colectiva Nantes, Francia
- Colectivo Armadillo Finlandia
- Caravana Zapatista Portugal
- Associazione Ya Basta! Êdî Bese!, Italia
- Scotland Zapatista, Escocia
- Latir por México, París
- Alerta feminista, París
- Brigada Serpientes, París
- Miradas-Caracol, Madrid
- Olivier Vermeulen, Bélgica
- Natalia Hirtz
Carta dirigida a:
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
Lic. Adán Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Via :
- Sandra Fuentes-Berain, embajadora de México en Bélgica
- Blanca Elena Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia
Con copia a: Mujeres y la Sexta, México
(Español) Organización internacional denuncia Israel por crimen de apartheid contra Palestina
Por Ñaní Pinto
En portada: Un manifestante lleva un cartel durante una manifestación de manifestantes palestinos, israelíes y extranjeros contra la recién inaugurada Ruta 4370, en Cisjordania, el 23 de enero de 2019. Foto: Abbas Momani/AFP
Un reciente informe de Amnistía Internacional se une a las voces que, desde hace décadas, reclaman que el propósito de Israel de crear y mantener un sistema de opresión y dominación sobre la población palestina constituye el crimen de apartheid.
Así lo indica mediante la investigación titulada “El apartheid israelí contra la población palestina, cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad”, difundido el pasado martes (1).
En el documento, la organización afirma que desde su creación en el año de 1948, Israel ha accionado para establecer y mantener la hegemonía demográfica judía para, con ello, maximizar su control sobre la tierra. Al mismo tiempo, restringe los derechos de la población palestina e impide que las personas refugiadas regresen a sus hogares.
Esto lo ejemplifica con momentos históricos como lo sucedido en 1967, cuando Israel amplió su dominio a Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios que ocupa desde entonces, así como con la política actual de desalojos de familias palestinas que habitan Jerusalén Oriental.
Ataque sistemático
Amnistía Internacional concluye que Israel ha cometido violación de derechos humanos y del derecho internacional público que constituyen el crimen del apartheid. Según la documentación consultada, casi la totalidad de la administración civil, instituciones gubernamentales y las autoridades militares de Israel participan en la aplicación del sistema de apartheidcontra la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), así como contra la población refugiada palestina y sus descendientes fuera del territorio.
La organización también señala un ataque sistemático y generalizado contra la población palestina por parte de Israel “y que los actos crueles e inhumanos cometidos en el contexto de este ataque han sido perpetrados con la intención de mantener este sistema y constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheidtanto según la Convención contra el Apartheid como según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
En ese contexto, Amnistía Internacional detalla los componentes clave que constituyen el crimen de lesa humanidad, los cuales se expresan como una discriminación institucionalizada y sistemática por Israel en contra de la población palestina a través de leyes, políticas y prácticas concebidas para impedir que la población palestina reclame los mismos derechos que la población israelí judía dentro de Israel y los TPO.
Así, se reconocen los elementos fundamentales de este sistema de opresión y dominación mediante “la fragmentación territorial, la segregación y el control mediante la negación de la igualdad en nacionalidad y estatuto, las restricciones a la libertad de circulación, las leyes discriminatorias de reunificación familiar, el uso del régimen militar y las restricciones al derecho a la participación política y a la resistencia popular, la desposesión de tierras y propiedades, y la supresión del desarrollo humano de la población palestina y la negación de sus derechos económicos y sociales”.
Todo ello se suma a la documentación, realizada durante décadas por distintas organizaciones locales e internacionales, de actos crueles e inhumanos concretos, violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos contra la población palestina con la intención de mantener este sistema, “como traslados forzosos, detenciones administrativas y torturas, homicidios ilegítimos, la negación de libertades básicas y la persecución”, detalla la organización.
Represión
Amnistía Internacional reconoce en su informe que su organización nohabía prestado suficiente atención a situaciones de discriminación y opresión sistemáticas en el mundo y en específico en el caso de los crímenes contra la población palestina.
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También señala que Estados y aliados occidentales de Israelse muestran reacios a escuchar estos llamamientos y se niegan a tomar medidas significativas contra sus crímenes. Mientras, “organizaciones y las personas que defienden los derechos humanos en Palestina y lideran el trabajo de incidencia y las campañas contra el apartheidsufren desde hace años una represión israelí creciente como castigo por su labor”.
Ello lo ejemplifica con lo que sucedió en octubre de 2021, cuando las autoridades israelíes intensificaron los ataques contra la sociedad civil palestina “mediante el uso indebido de la legislación antiterrorista para proscribir seis destacadas organizaciones, tres importantes grupos de derechos humanos entre ellas, cerrar sus oficinas y detener y enjuiciar a quienes trabajaban para ellas”, denuncia la organización.
A su vez, Israel también ejecuta campañas de desprestigio y deslegitimación a las organizaciones israelíes que denuncian el apartheid y otras violaciones graves de derechos humanos contra la población palestina.
La investigación de Amnistía Internacional se desarrolló durante más de cuatro años, tiempo en que examinó informes, leyes y directivas institucionales, entre otros documentos. De acuerdo a la organización internacional, el objetivo es “apoyar a la sociedad civil palestina y a organizaciones israelíes en sus esfuerzos para poner fin a la opresión y dominación de Israel sobre la población palestina en un momento en el que su trabajo es cada vez más difícil. Con ello, también espera contribuir a una comprensión y un reconocimiento mayores de la discriminación institucionalizada que se comete en Israel y los TPO, así como contra la población palestina refugiada, como un sistema y un crimen de apartheid”.