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Familiares y Comunidades de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes

(Español) Familiares y Comunidades de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes señalan responsabilidad de la minera Ternium y de instituciones agrarias

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Convocan acciones descentralizadas nacionales e internacionales

Ciudad de México, 23 de enero de 2023

 

En conferencia de prensa, familiares y amigos de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes reiteraron su exigencia a las instituciones de intensificar la búsqueda, respondieron el comunicado publicado por la empresa Ternium, y lanzaron una convocatoria nacional y global de acciones descentralizadas.

Ana Lucía Lagunes inició la conferencia de prensa subrayando la falta de resultados hasta ahora de la búsqueda. “Ya han pasado 8 noches de su desaparición. Seguimos exigiendo al Estado Mexicano que intensifique las acciones de forma coordinada y eficiente para su aparición con vida.”

Michel Cervantes, de la organización civil de IDHEAS, declaró que “el 19 de enero, el Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU adoptó el mecanismo de Acciones Urgentes, haciéndole llegar a las autoridades del Estado Mexicano una serie de observaciones y recomendaciones, entre ellas la necesidad de implementar una estrategia de búsqueda e investigación inmediata, eficiente, coordinada y que garantice el derecho a la participación conjunta de las familias. Asimismo, instó al Estado Mexicano a que la investigación tome en cuenta el contexto político en que ocurren los hechos, así como la actividad por la defensa de los derechos humanos en que se desempeñan Ricardo y Antonio.”

Comuneros de Aquila presentes en el plantón del puente de Coahuayana, que se sumaron a la conferencia de prensa por vía telefónica, se sumaron a la exigencia de liberación de los retenidos, señalando: “está muy floja la búsqueda, no vemos nada de avance. La gente ya se está exasperando, si esto se alarga tendremos que llevar otro tipo de acciones por parte de las comunidades, ya nos cansamos de esperar. No vamos a movernos hasta que aparezcan nuestros compañeros, vamos a luchar hombro con hombro con la familia”. El Comisariado de Ostula, comunidad vecina a Aquila, agregó: “venimos en apoyo por los compañeros desaparecidos, Toñito es conocido y querido en la región, nos unimos al dolor y a la lucha por que los regresen vivos.”

Respuesta al comunicado de la empresa Ternium y cierre de la mina por comuneros

Varios miembros de la familia respondieron al comunicado emitida por la empresa minera Ternium. Antoine Lagunes afirmó: “Representantes de la empresa empezaron a comunicarse con la familia un día después de haber sido nombrados ante los medios como actor importante en la zona. Seguimos apelando a su intervención para que aparezcan vivos Ricardo y Antonio, debido a su gran influencia y poder en la zona con los grupos que allí conviven. Usen todos sus recursos para localizarlos con vida.”

María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, añadió: “En nuestra región, el actor más importante es la empresa minera Ternium, ya que les toca relacionarse con la sociedad local, con los actores políticos, económicos y también con los poderes fácticos regionales. Si bien la empresa es un actor más en este tablero, reiteramos que quien sea que esté detrás de la desaparición de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, forma parte de los grupos que interactúan con la contraparte en el trabajo de mi esposo. Por esta razón, solicito que la empresa minera Ternium use todos sus salvoconductos para solicitar a los grupos que conoce, para que si uno de ellos tiene a Ricardo Lagunes y a don Antonio Díaz, los regrese de inmediato.”

Alejandra Gonza, Directora de Global Rights Advocacy (Defensa Global en Derechos Humanos), subrayó: “De acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales, la empresa y sus inversionistas tienen el deber de debida diligencia en materia de derechos humanos, que le exige tomar todas las medidas a su alcance y ejercer influencia para atender la gravedad de la denuncia de desaparición de los defensores que trabajan en su área, conversando con todos los actores con los que habitualmente trabaja para lograrlo. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas destacó, en un documento emitido en 2021 (A/HRC/47/39/Add.2), la necesidad de abordar los impactos adversos de las actividades empresariales sobre las personas defensoras de los derechos humanos. En su comunicado público, la empresa desconoce y se intenta deslindar de estas responsabilidades. En respuesta a su falta de diligencia que, en representación de las familias, además de las distintas acciones internacionales ya tomadas, y con la colaboración del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en Argentina, como primer paso vamos a presentar una queja ante los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas, particularmente, ante el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, para obligar a la empresa a que dé una respuesta seria en relación al incumplimiento de sus obligaciones internacionales en este caso.”

María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, agregó que “el pasado sábado, un grupo de comuneros se presentó a la entrada de la mina, en el cerro El Tenamaxtle, Aquila, Michoacán, para impedir el cambio de turno de los trabajadores de la empresa. Solicitaron el apoyo de las fuerzas federales para que resguarden los explosivos que tienen en la mina. En este momento, si bien los comuneros no se encuentran al interior de la mina, sí permanecen en el plantón del puente Coahuayana, con la digna solidaridad de la comunidad indígena de Ostula.”

Keivan Díaz, hijo de Antonio Díaz, sumó la voz de la familia del profesor, demandando a la empresa que “haga todo lo que esté en su mano para obtener el rescate con vida y buen estado de los desaparecidos, utilizando sus vínculos institucionales y económicos con el grupo que pensamos ha perpetrado la desaparición.” María de Jesús Ramírez Magallón añadió “no queremos palmaditas en la espalda por parte de la empresa, sino que activen todos los mecanismos a su alcance para lograr la liberación de los desaparecidos”.

Relación de desaparición con Tribunal Superior Agrario e instituciones agrarias

Julián Vázquez Guzmán, de Asesoría y Defensa Legal Sureste, señaló que “Ricardo Lagunes trabaja para hacer valer los derechos del pueblo Nahua de San Miguel Aquila. Durante varios años el Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima lleva reconociendo a un grupo de personas que se ostentaron ser representantes de comuneros, de manera ilegal sin contar con las facultades que señala la ley agraria. Los últimos cuatro años los comuneros de San Miguel Aquila Michoacán, están sin representación que pueda defender los derechos e intereses de los comuneros, todo esto por la dilación y tolerancia del Magistrado del Tribunal Unitario agrario distrito 38 de Colima, pues a pesar de haber reconocido y determinado la ilegalidad de la representación que ejerce un grupo de personas, no ha sometido a la elección de los órganos de presentación común quien pueda defender y representar legalmente a los comuneros. El magistrado está actuando con total dilación y aquiescencia de lo que este grupo de personas quienes ostentan una representación, están realizando en contra de los derechos de la comunidad indígena Nahua. El Tribunal ha sido negligente en velar por los derechos de la comunidad indígena Nahua, y ha dado ventajas procesales a un grupo de personas que no tienen autoridad legal.”

Sergio Oceransky de Fundación Yansa agregó: “El sistema de justicia agraria no ha hecho nada para impedir que este grupo de poder minoritario, que apoya incondicionalmente la operación y expansión de la mina, usurpe la representación comunitaria. La Procuraduría Agraria tampoco ha cumplido su función, al dilatar innecesariamente la elección democrática de representantes comunales. Estas graves omisiones se repiten a lo largo de todo el país, donde multitud de defensores de tierras ejidales y comunales enfrentan instituciones y tribunales negligentes y corruptos, lo que pone a las comunidades y sus abogados en una situación terrible de indefensión y vulnerabilidad a la hora de intentar que se haga justicia. Para evitar que se repitan estas situaciones resulta fundamental la reforma y fortalecimiento del marco legal e institucional para garantizar la protección de las tierras de propiedad colectiva y de los territorios de pueblos y comunidades indígenas”.

El Comisario de Ostula, desde el plantón, agregó: “En Ostula tenemos también caídos, hace días asesinaron a 3 miembros de la comunidad, que se suman a otros cerca de 40 asesinados previamente. Hemos sentido la tristeza, la injusticia y la indefensión en la defensa de nuestro territorio comunal. Exigimos el castigo a los culpables, y no bajaremos la guardia hasta que haya justicia.”

Convocatoria de acciones

Ana Lucía Lagunes anunció una convocatoria a acciones descentralizadas por la búsqueda y rescate de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Invitó a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero. Estas acciones pueden incluir protestas en sedes que la empresa minera tiene en varias partes del mundo, acciones ante consulados y embajadas mexicanas, protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional, así como marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo. Se adjunta el texto de la convocatoria a este comunicado.

María de Jesús Ramírez Magallón, esposa de Ricardo Lagunes, cerró la conferencia de prensa deseando que estas acciones abonen a la reconstrucción del tejido social de Aquila y otras comunidades en la costa de Michoacán, y al inicio de procesos de paz y reconciliación.

Contacto: todxsconricardoyantonio@gmail.com

Grabación de conferencia de prensa del 23 de enero:

Grabación de conferencia de prensa del 19 de enero:

 

Convocatoria a acciones descentralizadas por la búsqueda y rescate de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz

El pasado domingo 15 de enero de 2023 el abogado defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, ubicada en el Estado de Michoacán, fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada. Ambos acababan de salir de una asamblea en el auditorio comunal de Aquila y posteriormente se trasladaron con dirección a la capital del Estado Colima, comunicándose por última vez con sus familias a las 18:50. Desde entonces se desconoce su paradero, por lo que la familia y los comuneros de Aquila han realizado diversas acciones, que van desde lo legal hasta bloqueos en carreteras y el cierre de una mina perteneciente a la empresa Ternium.

La comunidad indígena San Miguel Aquila está asentada sobre importantes yacimientos mineros. La empresa minera del grupo Ternium ha explotado desde hace dos décadas la mina extrayendo enormes cantidades de minerales, especialmente de hierro, oro, plata y cobre además de generar una gran división al interior de la comunidad.

El prof. Antonio Díaz representa al grupo mayoritario de comuneros, quienes litigan desde hace años, con asesoría de Ricardo Lagunes, con el fin de que se lleve a cabo un proceso de elección democrática. Esto resultaría en la pérdida de poder de un grupo minoritario que apoya incondicionalmente a la empresa minera y que ha gestionado cuantiosos recursos durante años por ese motivo. La familia y los comuneros están convencidos de que este grupo cercano a la empresa minera está detrás de la desaparición de Antonio y Ricardo.

Tanto el Tribunal Unitario Agrario como la Procuraduría Agraria han sido sumamente negligentes, favoreciendo con su inacción y con ventajas procesales al grupo de poder minoritario cercano a la empresa minera. Comparten por tanto responsabilidad en la situación de injusticia social que ha culminado con estas desapariciones.

En virtud de que hasta el momento no se cuenta con información de su paradero, las familias de Ricardo y Antonio lanzamos esta convocatoria para invitar a organizaciones sociales, ejidos y bienes comunales, comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes, colectivos y colectivas, para que, en solidaridad realicen actividades descentralizadas de protesta y presión durante el fin de semana del 27, 28 y 29 de enero.
La forma de acción y el objetivo de cada acción se decidirá localmente. Aquí incluimos algunos ejemplos de acciones que se podrían llevar a cabo:

  1. Firmar y circular la acción urgente que se encuentra en el siguiente enlace:
    https://chng.it/NcKBVyY9XS
  2. Protestas ante las representaciones de la empresa minera Ternium, la cual cuenta con instalaciones en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nicaragua, España, Uruguay y EE.UU (ver lista en: https://us.ternium.com/en/contact-us/our-offices#our-offices)
  3. Acciones frente a embajadas y consulados mexicanos para exigir la búsqueda y  recuperación con vida de Ricardo y Antonio.
  4. Protestas ante las sedes de los Tribunales Unitarios Agrarios o las Delegaciones de la Procuraduría Agraria o el Registro Agrario Nacional.
  5. Marchas, bloqueos, u otras formas de protesta que hagan visible la exigencia de intensificar la búsqueda y presentación con vida de Antonio y Ricardo.

Sugerimos incluir las siguientes demandas a sus acciones y protestas, además de otras que sean relevantes para ustedes en el ámbito local/regional:

  1. A las instituciones públicas, intensificar la búsqueda para la presentación con vida de Antonio Díaz y Ricardo Lagunes.
  2. A la empresa minera, que asuma su responsabilidad y ponga presión sobre el grupo minoritario que se presume está detrás de la desaparición, con el que la empresa ha tenido fuertes vínculos desde hace años.
  3. Al Estado mexicano, la reforma integral del sistema de justicia agraria y de su marco legal.

Las familias de Ricardo y Antonio agradecemos las muestras de solidaridad que puedan llevar a cabo y dejamos aquí una serie de recursos que pueden utilizar para llevar a cabo las acciones así como para tener más información sobre el caso.

Les pedimos por favor nos informen de sus planes de acciones descentralizadas al correo: todxsconricardoyantonio@gmail.com

Materiales:

  1. Acción Urgente: https://chng.it/NcKBVyY9XS (puede imprimirse y presentar, de manera simbólica, ante las distintas representaciones, las firmas recabadas.
  2. Fotografías: En breve tendremos un drive con fotografías y materiales para su reproducción

Más Información sobre el caso:

  1. Reportan desaparición de activista y de profesor en Michoacán
  2. Desaparecidos un defensor de derechos humanos y un líder indígena en la frontera de Colima y Michoacán
  3. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas expresa su profunda preocupación por la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz en Colima, México, el pasado domingo 15.
  4. CIDH condena la desaparición de los defensores de Derechos Humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz el 15 de enero en el municipio de Tecomán, Colima.
  5. Grabación de conferencia de prensa del 23 de enero
  6. Grabación de conferencia de prensa del 19 de enero

 

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Festivales Solidarios

(Español) La lucha y la condena contra la hija del Lago (El Estor, Izabal, Guatemala): María Choc y la condena en su contra

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Texto: Lucia Ixchíu

Fotografías: Vanesa Ordoñez.

Con el agua hasta la cintura María habla sobre la condena penal en su contra, por delitos que ella asegura jamás cometió, y que considera una represalia por su activismo contra la minería, y en favor del desarrollo de la comunidad.

María actualmente reside en el barrio “La Unión” en el Municipio de El Estor. Hija de Natalia Choc y de Manuel Cuc Xol, tiene 5 hermanas y 2 hermanos, nacidos y originarios también en el mismo municipio. Madre soltera de dos mujeres y dos hombres, y sobreviviente de violencia doméstica.

María es maestra y desde hace varios años tiene una especialización en traducción de su idioma materno al castellano, ella de forma voluntaria desde que tiene 18 años, ha apoyado a mujeres sobrevivientes de violencia machista para poner denuncias en las entidades gubernamentales, así mismo ha trabajo como traductora para el sistema penal, pues muchas mujeres son monolingües y el sistema de justicia no las atiende en su propio idioma según aseguran testimonios en la comunidad.

La conexión entre los pueblos con el río Dulce y el lago de Izabal, en el municipio de El Estor (319 kilómetros al noreste de la ciudad de Guatemala), es milenaria, cosmogónica y va de la mano con la pesca, una de las actividades comerciales más vitales en la región, y que está en riesgo desde que la contaminación en el lago de Izabal empeoró en 2017 debido a la extracción minera en la zona.

Con una familia de tradición de servicio su padre, ella y varios de sus hermanos, han realizado trabajo comunitario de forma cotidiana. María quien en medio de la lucha familiar y de su pueblo contra la industria extractiva instalada desde hace más de 60 años en su territorio, es testigo clave en el espantoso crimen cometido contra su cuñado Adolfo Ich Chamán y es fundamental en apoyar y acompañar en caso de violación sexual de 11 mujeres en Lote 8, vinculado a la industria extractiva y al despojo que denomino como un práctica “colonial vigente”. Y es que la colonia no es un hecho histórico o cuestión del pasado, es algo que a simple vista puede verse en los vasto y ancho de este país.

En medio de la impunidad y el incremento de desalojos a los territorios ancestrales indígenas, hechos que se agudizaron desde el 2005 con el desalojo de 37 comunidades del Valle del Polochic, Panzós , Alta Verapaz, María recibe una solicitud de apoyo en traducción para la comunidad Chabil Choc del territorio conocido como Chinamacas,Río Dulce, Izabal, que ha sido despojada de las comunidades en el gobierno de Otto Pérez Molina y la relación de este con Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta Rimola, relación que evidencia una investigación realizada por el economista Luis Solano en el 2017. ((https://cmiguate.org/chabil-choch-y-su-lucha-lo-que-se-esconde-detras-de-un-desalojo/)

María sin dudar acompañó a las comunidades ante el Ministerio Público a interponer la denuncia contra del desalojo y despojo. “Lo que jamás imaginé es que esto significaría un caso de criminalización en mi contra”, relata María, quien asegura que la denuncia carece de fundamentos y la armaron con testigos falsos.

El pasado 27 de junio del presente año, María fue condenada a dos años de prisión por usurpación agravada. No conoce a las personas que la demandan, y asegura que no participó en los hechos que le atribuyen. No ha sido el único proceso penal en su contra.

Con una familia de tradición de servicio a la comunidad, su padre Manuel Cuc Xol, ella y varias de sus cinco hermanas y dos hermanos (todos, nacidos en El Estor), han realizado trabajo comunitario de forma cotidiana. Su hermano Ramiro Choc fue un líder indígena de la región, a quienes muchos consideran como el primer preso político en el tiempo de la paz. Ramiro estuvo detenido entre 2008 y 2014, por delitos que no cometió, los delitos que le imputaron fueron: usurpación agravada, robo al Estado y detención ilegal. Sin embargo, fue condenado a 8 años de prisión, que meses después fueron reducidos a 6 años, tras el proceso de apelación. El hermano mayor de María murió en mayo pasado derivado del deterioro de su salud como consecuencia de la prisión y criminalización de la cual fue objeto. Falleció siendo un mentor y maestro para María.

María honra y recuerda la vida de quienes la antecedieron. Fotografía:Vanesa Ordoñez

“A veces me miro completa, pero por dentro estoy destruida”, admite María. “A veces finjo estar bien para no darle gusto a los que me quieren ver mal, pero hay días en los que siento que ya no puedo más con toda la violencia que nos ha tocado vivir. La pérdida de mi hermano ha sido de las cosas más dolorosas que me han pasado y eso que he vivido mucho”.

María Choc. Fotografía: Vanesa Ordoñez

María, de 43 años, quien en medio de la lucha familiar y de su pueblo contra la industria extractiva, instalada desde hace más de 60 años en su territorio, también es testigo clave del asesinato de su cuñado Adolfo Ich Chamán. Además, acompaña el caso de violación sexual de 11 mujeres en Lote 8 (comunidad en El Estor), vinculado a la industria extractiva y al despojo que denomina como una práctica “colonial vigente”, porque se puede apreciar a simple vista en esta y otras partes del país.

Esta lideresa es maestra y desde hace varios años tiene una especialización en traducción de su idioma materno al castellano. Desde que tiene 18 años, ha apoyado en forma voluntaria a mujeres sobrevivientes de violencia machista para presentar denuncias ante las autoridades gubernamentales. También ha trabajado como traductora para el sistema penal porque muchas mujeres son monolingües y el sistema de justicia no las atiende en su propio idioma, según aseguran testimonios en la comunidad.

Las dinámicas de solidaridad y de comunalidad (la vida en comunidad que interfiere con todo el entorno, las personas, la red de la vida) en las relaciones indígenas cotidianas son parte también del día a día y la conexión entre los pueblos con el río Dulce y el lago de Izabal. Conexiones milenarias, teorizadas y bastamente investigadas. La conexión cosmogónica de estos pueblos con el de toda la zona son fundamentales y van de la mano con una de las actividades comerciales más vitales en la región, la pesca artesanal.

María Choc. Ilustración : María Paola Herrera

María, la vida diaria y el sustento para su familia

La cocina de María Choc es una invitación a la comida y los platos solidarios, verduras y famosísimo Pachay (comida tradicional indígena de la región) la han convertido en una mujer muy valiosa y querida en su comunidad. Siempre lista para servir y apoyar a otras que necesitan.

El municipio de El Estor, Izabal es parte de los cinco municipios que conforman el departamento de Izabal, con una extensión territorial de más de 2800 kilómetros cuadrados de extensión, considerado las puertas del Caribe Guatemalteco, desde 1871 tiene la huella del despojo neocolonial vigente con lo que denominaron “Reforma Liberal”.

Desde hace cientos de años según el antropólogo Diego Vásquez Monterroso el pueblo Chol y Q´eqchi´ han habitado este territorio , desde la cosmogonía del pueblo Q´eqchi y en su propio idioma se han denominado como Aj Ralch’och’ que en su traducción al castellano significa, hijas e hijos de la tierra.

En el departamento de Izabal más del 50 % de la población son mujeres y un 28% son pertenecientes a los pueblos originarios. Sin embargo la información oficial recopilada en el censo del año 2018 no especifica cuántas mujeres habitan la región. Guatemala es un país sin datos y sin información actual lo que acentúa la brecha de la impunidad y desigualdad en el país.

Estas tierras privilegiadas y muy abundantes han sido saqueadas por siglos por empresas transnacionales que con el uso de las leyes del Estado-nación han despojado y expropiado grandes extensiones de territorios a las poblaciones originarias. La socióloga e investigadora Laura Hurtado, quien tiene más de una década en trabajar y sistematizar información en el área, define que “el Valle del Polochic encarna el despojo neoliberal actual en el país”. Esta cita sirve de referencia para analizar todo el territorio donde habita el pueblo Q´eqchi que tiene un patrón de actuación similar en cuanto al despojo de tierras en Guatemala.

Y como si fuera poco el nombre “El Estor” viene de una palabra en inglés, que hacía referencia a “the store” que significa tienda, debido a que desde 1904 la United Fruit Company, operaba en el área, el nombre originario fue sustituido por El Estor y es el que se utiliza hasta hoy día. El nombre originario de este territorio es Se’Kenel y es una término que las personas Q’eqchi reivindican para no olvidar y que en su traducción al castellano significa “lugar en donde hay piedra para moler el maíz”. Que este territorio actualmente tenga este nombre sin duda es un dato vital para entender el despojo y desde lo simbólico, lo que ha significado para este territorio ser la “tienda” de las transnacionales.

En las luchas históricas y recientes de los pueblos originarios de esta región, la presencia y participación de las mujeres ha existido y ha sido vital para la continuidad de la mismas, de alguna u otra manera las mujeres Q´echi´ han alimentado, criado y sostenido sus hogares y al mismo tiempo su entorno y comunidades.

En todo el territorio nacional parte fundamental de los conflictos actuales tiene un origen respecto a la redistribución de la tierra, en el Estor no es la excepción, la tierra ha sido heredada históricamente a los hombres y en la escala de los despojos siempre son las mujeres indígenas rurales las que se llevan la peor parte. Según la antropóloga Aura Cumes los sistemas de opresión colonial y patriarcal se fusionan sobre los cuerpos de las mujeres indígenas.

Dentro de las realidades que encarna el país, el despojo para las mujeres indígenas empieza en sus cuerpos, en sus casas, en sus comunidades y las luchas que a lo interno tiene que librar en cotidiano contra las violencias machistas muy internalizadas por los mismos movimientos sociales y campesinos. “Nacemos con las historias trazadas” mencionan mujeres indígenas.

María Choc y su mirada al futuro

En la entrevista María nos indica “que su voz es muy pausada”, esto derivado de la criminalización que está sufriendo, se nota tristeza en su relato y se nota un dejo de angustia por el futuro, por el devenir. Con el sonido de los gallos y de las aves al fondo, María relata que durante el mes de mayo y junio de este año se llevó a cabo el juicio en su contra, en donde la empresa Lisbal S.A., era la parte acusadora y de la cual fue acusada por los delitos de usurpación agravada, detención ilegal y amenazas. El juez Jesús Mazariegos encargado de impartir justicia, la condenó únicamente por el delito de usurpación agravada, por lo cual María y su equipo legal apelaron la sentencia el pasado mes de julio y hasta el momento no han tenido resultado de las instancias legales pertinentes.

Al menos tenemos palabras para gritar” dice María, es lo único que le queda ante el trauma que ella ha sufrido junto a su familia durante estos años de criminalización. El trabajo que ella realiza ha sido “voluntario”. El trabajo de apoyar como intérprete ante la justicia occidental, como ella le llama.

A María Choc jamás le van comprar su dignidad y su voluntad, tengo palabra para decir con certeza que llevará esta lucha, sea como sea. La fuerza de María Choc viene de los cerros, de la montaña, de su familia y eso la mantiene de pie” afirma con la voz quebrantada.

Con la mirada firme y la voz fuerte, María enfrentará nuevamente a la justica blanca, como ella le denomina, esa justicia que solo sirve para que los empresarios y los corruptos, sigan saqueando y violentado a El Estor, el lugar que vio nacer a María y la vio convertirse en una lideresa indígena que sin dudarlo, acompaña a las mujeres Q´eqchi´ que viven en las orillas de unos de los lagos más lindos de Centroamérica, todo esto mientras las chicharras nos acompañan en el relato de María, como diciendo que la lluvia se acerca, deseando que el agua limpie y purifique el andar que le espera a María en estos meses de espera, para poder abrazar nuevamente a la libertad por la que tanto ha luchado.

María Choc. Fotografía: Vanesa Ordoñez

Reportaje realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.

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(Español) Casino, el caso de la empresa francesa vinculada a la deforestación en Brasil y Colombia

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El acaparamiento de tierras en territorios indígenas de Brasil está relacionado con el lucro de una empresa francesa de supermercados. Así lo expone una demanda realizada, desde el 3 de marzo de 2021, por una coalición formada por organizaciones brasileñas y colombianas de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

Acompañadas de ONGs internacionales, las organizaciones latinoamericanas denunciaron a la cadena de supermercados Casino/Pão de Açúcar ante los tribunales franceses por violación de su deber de vigilancia en su cadena de suministro.

En la demanda se acusa a Grupo Casino/Pão de Açúcar por no haber tomado las medidas necesarias para excluir de su cadena de suministro, tanto en Brasil y Colombia, la carne de vacuno procedente de la deforestación ilegal y de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

Ahora, en vísperas de la audiencia que se celebrará con el Grupo Casino/Pão de Açúcar, relacionada con la deforestación en la Amazonía brasileña, la asociación Jupau, que representa al pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau, ubicado en el estado de Rondonia, Brasil, confirmó oficialmente su interés en unirse a la coalición internacional que ha presentado la demanda en Francia contra la cadena de supermercados.

Según un informe del Centro de Análisis de Crímenes Climáticos (CCCA), la ganadería es la principal causa de deforestación en el territorio del pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Más de 25 mil 482 cabezas de ganado se encuentran allí ilegalmente y se ha deforestado 13mil 411 hectáreas de terreno para producción de pasto, lo que representa una superficie mayor que la ciudad de París.

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El informe indica que, de acuerdo a registros oficiales de transporte de animales, se han identificado tres granjas establecidas ilegalmente en el territorio del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau y conectadas a la cadena de suministro de un matadero de la empresa brasileña JBS, proveedora de las tiendas del grupo Casino en Brasil.

Ante estas evidencias, el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau exige, a través de la demanda, la reparación de los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos causados por la deforestación ilegal y la actividad ganadera.

Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau, representante del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau, espera “que el caso del Casino sirva de ejemplo a otras empresas y que contribuya a reducir la deforestación en la Amazonia, así como a garantizar los derechos de los pueblos indígenas”.

Colombia

Acorde a denuncias de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), la deforestación ligada a la cadena de suministro de la empresa Casino también se repite en la Amazonía colombiana a través de su filial de supermercados Éxito.

A través del cruce de datos de vacunación, de transporte del ganado y con entrevistas directas a proveedores, EIA demuestra que parte del ganado comercializado por la filial colombiana de Casino proviene de fincas instaladas “en terrenos deforestados ilegalmente de parques nacionales donde operan además grupos armados”.

“Un proveedor indirecto de Casino ejerce, por ejemplo, la posesión de alrededor de 800 hectáreas dentro del parque natural de Chiribiquete, de las cuales 400 hectáreas fueron deforestadas y convertidas en pastos”, indica el documento que fue presentado ante los tribunales franceses para sostener la demanda contra Casino.

A partir de 2017, las leyes francesas obligan a las empresas, con sede en el país europeo y que emplean a miles de personas en el mundo, a prevenir las violaciones de derechos humanos y a no dañar el medio ambiente. Con base en esta legislación fue que varias ONG francesas iniciaron siete causas contra transnacionales por violar directamente o a través de proveedores indirectos, los derechos ambientales o sociales.

Las demandas no se limitan a la actividad agroindustrial del grupo Casino. En la mira están también la empresa de electricidad EDF por la imposición de un proyecto eólico en México; el gigante de distribución de agua potable Suez en Chile; y la petrolera TotalEnergies con un megaproyecto de extracción de crudo en Uganda.

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Pese a las acciones judiciales, aún no se han dictado sentencias.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

(Español) Exigencia al Estado mexicano la inmediata búsqueda y presentación con vida del líder comunitario Antonio Díaz y del abogado Ricardo Lagunes

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

a 17 de enero de 2023

Acción Urgente No. 1

Exigimos al Estado mexicano la inmediata búsqueda y presentación con vida del profesor Antonio Díaz Valencia y del abogado  Ricardo Arturo Lagunes Gasca

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha recibido información de las autoridades de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, relacionado con la desaparición forzada del profesor Antonio Díaz Valencia (profesor Antonio), líder de comunidad indígena de Aquila y del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca (el abogado Ricardo).

Los hechos se llevaron a cabo el día domingo 15 de enero de 2023, aproximadamente las 18:50 horas, en el puente Coahuayana, en el estado de Michoacán, momentos después del término de una asamblea general en el auditorio comunal de Aquila y mientras se trasladaban con dirección a la capital de Colima. La camioneta pick up blanca marca Honda, en la que viajaban fue encontrada en la carretera federal en la zona de topes de Cerro de Ortega, presentando impactos de bala y en dicha unidad no se encontró a ninguna persona. Por lo que los habitantes de la comunidad de Aquila han denunciado la privación arbitraria de la libertad por personas desconocidas, situación que pone en grave riesgo la integridad física y la vida del  profesor Antonio y el abogado Ricardo.

El profesor Antonio es comunero de Aquila Michoacán, candidato a la presidencia del comisariado ejidal de Aquila Michoacán y el abogado Ricardo es abogado del ejido de Aquila Michoacán.

La desaparición del profesor Antonio y del abogado Ricardo se da en un contexto de asesinatos, amenazas, intimidación, hostigamientos y agresiones físicas a comunidades de la región. Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para que active todos los protocolos correspondientes de búsqueda y localización; así como una investigación con la debida diligencia para ubicar el destino y paradero con vida.

Les pedimos firmen esta acción urgente:

 

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Avispa Midia

(Español) Liberan a indígena David Hernández Salazar que lucha contra parque industrial del Corredor Interoceánico

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

El indígena David Hernández Salazar, quién fue detenido el día martes (17) por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), estuvo detenido algunas horas y posteriormente fue puesto en libertad. Hernández preside la agencia municipal de Puente Madera, una comunidad ubicada en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

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La comunidad se ha opuesto a la determinación del gobierno federal y estatal de instalar un parque industrial a escasos mil metros de donde habitan.

Tras la detención de Salazar, su comunidad y diversas organizaciones se alertaron y activaron acciones rápidamente por el miedo de una desaparición, como ha sucedido con otros activistas del país.

Horas después de la detención, integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio anunciaron que había sido liberado. Sin más detalle, esta organización anunció que “el compañero David Hernández Salazar ya está libre, se encuentra seguro y con buena salud”.

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La no aceptación de 1 de los 35 parques que el gobierno pretende instalar en esta región se mantiene. Aseguran que no quieren el proyecto.

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Radio Zapote

(Español) Atentado a la Libertad de Expresión en México: 31 periodistas asesinados en 2022

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La definición que adopta la ONU de quien es periodista o comunicador parte de un criterio funcional. El Comité de Derechos Humanos señala que son periodistas “una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios”. La Relatoría Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, consideró que este tipo de definición funcional incluye “a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los periodistas ciudadanos cuando desempeñan por un tiempo esa función”.

 

En la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 2012, la definición establece que “Periodistas son las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consista en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proporcionar información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que pueda ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. 

 

Durante el año 2022 fueron asesinadas en México 31 personas cuyo oficio era el periodismo, esto de acuerdo a la investigación que hemos realizado como Comité Editorial de Radio Zapte para documentar y registrar los casos, representa una de las cifras más altas del mundo.

Las entidades con mayor incidencia de este crimen fueron Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Baja California y Sinaloa, pero ocurrió en 13 estados, afectando a una mayoría de hombres y varias mujeres.

Nombres como Lourdes Maldonado, Heber López Vásquez. Yesenia Mollinedo Falconi, Sheila Johana García Olivera o Fredid Román, entre muchos más, quedan en la memoria colectiva, para gritar a todos los rincones del mundo, que exijan detener ya la impunidad para los perpetradores.

La cifra de 31 periodistas asesinados en 2022 es más del doble respecto a la cifra de 13 oficialmente reconocida por el gobierno mexicano, que insistentemente –y sin investigación previa– tiende a no reconocer la incidencia de periodistas asesinados a causa de su trabajo y a deslegitimar a ciertas personas a las que no considera como “periodistas”, violentando no solo la definición de periodista de los organismos internacionales, sino también la que enuncia la propia legislación mexicana.

En esta lista, además de trabajadores de medios tradicionales como los impresos, radio y televisión, se recogen casos de miembros de medios digitales y de quienes han realizado su labor a través de las plataformas de las redes sociales, por tanto en esta lista incluimos tiktokers, facebookeros y youtubers. Parecería una innovación incluir a estos últimos, sin embargo es en apego a la definición de periodista que referimos al inicio de este texto, y es el reflejo de la realidad mexicana. Muchas personas se expresan por los medios de la web.

Las grandes empresas de comunicación son inalcanzables y cada día se cierran más periódicos impresos (en el estado de Guerrero están a punto de extinguirse) a causa de la censura criminal. Las nuevas tecnologías están albergando al periodismo de a pie y hacen posible de facto, el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión y a la información.

Es claro que los periodistas asesinados el año pasado en México son más de 31, porque no todos los caídos son documentados como periodistas por las autoridades correspondientes o no todos los casos son denunciados ante la opinión pública. Se impone un silencio ante la potencial represión que se practica contra las personas denunciantes. Además de los 31, tuvimos noticias de al menos otros 3 casos de periodistas asesinados, los cuales nos fue imposible confirmar hasta el momento.

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En México el oficio de periodista es de alto riesgo, porque no se persigue con seriedad el delito de su asesinato, ante la necesidad de los poderosos de callar las voces que den cuenta de las corruptelas o los vínculos entre crimen organizado y políticos, que señalen personajes como culpables o que digan algo que incomode.

En México las periodistas suelen ser las más valientes y comprometidas con el oficio de informar. Muchas de ellas realizan investigaciones rigurosas, que toman en cuenta todas las voces involucradas, pero que evidencian corrupción de grupos políticos a todos los niveles del poder.

Cuando las periodistas publican sus pesquisas, arriesgan con ello su vida o su tranquilidad, se les acosa judicialmente y se les difama o resta credibilidad. Sin embargo, ellas continúan realizando un periodismo crítico, responsable y de interés público. Haciendo posible un conocimiento necesario para entender la compleja sociedad mexicana.

 

A pesar de la guerra de despojo no reconocida, en México las nuevas generaciones de periodistas hacen imposible el silencio que nos imponen.
Desde los espacios de más abajo, ROMPEMOS EL CERCO.

 


Lista de periodistas asesinadxs en México en 2022

 

1.- 10 de enero de 2022 | JOSÉ LUIS GAMBOA ARENAS, Veracruz, Veracruz. Inforegio Network y La Noticia. Director, editor y columnista.

2.- 17 de enero de 2022 | ALFONSO MARGARITO MARTÍNEZ ESQUIVEL, Tijuana, Baja California. Semanario Zeta y La Jornada Baja California. Fotoperiodista.

3.- 23 de enero de 2022 | LOURDES MALDONADO, Tijuana, Baja California. Sintoniza sin censura. Redactora y locutora.

4.- 31 de enero de 2022 | ROBERTO TOLEDO, Zitácuaro, Michoacán. Monitor Michoacán. Reportero y columnista.

5.- 6 de febrero de 2022 | MARCO ERNESTO ISLAS FLORES, Tijuana, Baja California. Director de Noti Red.

6.- 9 de febrero de 2022 | HEBER LÓPEZ VÁZQUEZ, Salina Cruz, Oaxaca. Noticias Web Oaxaca y RCP Noticias. Reportero, fotoperiodista y columnista.

7.- 20 de febrero de 2022 | ANAHÍ MICHELL PÉREZ TADEO, “Michel Simón”, Ciudad de México. Freelance.Cronista deportiva.

8.- 24 de febrero de 2022 | JORGE LUIS CAMERO ZAZUETA, Empalme, Sonora. El Informativo. Director, redactor y locutor.

9.- 3 de marzo de 2022 | JUAN CARLOS MUÑIZ “RIGOBERTO”, Fresnillo, Zacatecas. Multimedios Testigo Minero. Reportero.

10.- 15 de marzo de 2022 | ARMANDO LINARES LÓPEZ, Zitácuaro, Michoacán, Monitor Michoacán. Director y redactor.

11.- 18 de abril de 2022 | JORGE LUIS, Culiacán, Sinaloa. Youtuber. Creador de contenido.

12.- 5 de mayo de 2022 | LUIS ENRIQUE RAMÍREZ RAMOS, Culiacán, Sinaloa. Fuentes Fidedignas. Director y columnista.

13.- 9 de mayo de 2022 | YESENIA MOLLINEDO FALCONI, Cosoleacaque, Veracruz. El Veraz del sur de Veracruz. Directora, redactora y reportera.

14.- 9 de mayo de 2022 | SHEILA JOHANA GARCÍA OLIVERA, Cosoleacaque, Veracruz. El Veraz del sur de Veracruz. Reportera y camarógrafa.

15.- 29 de junio de 2022 | ANTONIO DE LA CRUZ, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Expreso. Reportero y columnista.

16.- 18 de julio de 2022 | GUSTAVO HUESCA CARDOSO “Hues-K!”, Acapulco, Guerrero. Programa de radio ADN Cultura y Radio y Televisión de Guerrero. Radialista y locutor.

17.- 19 de julio de 2022 | ENRIQUE SOSA, León, Guanajuato. TV4. Camarógrafo, jubilado.

18.- 2 de agosto de 2022 | ERNESTO MÉNDEZ, San Luis de la Paz, Guanajuato. Periódico Tu Voz. Director, reportero y columnista.

19.- 3 de agosto de 2022 | ÁLVAR NÚÑEZ SÁNCHEZ, Chilpancingo, Guerrero. Youtuber. Creador de contenido, periodista cultural.

20.- 11 de agosto de 2022 | ALAN GONZÁLEZ, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Locutor.

21.- 11 de agosto de 2022 | ARMANDO GUERRERO, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Gerente de operaciones.

22.- 11 de agosto de 2022 | LINO FLORES, 35 años, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Colaborador de medios.

23.- 11 de agosto de 2022 | ÁLEX ARRIAGA, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Colaborador de medios.

24.- 16 de agosto de 2022 | JUAN ARJÓN LÓPEZ, San Luis Río Colorado, Sonora. A qué le temes. Director y reportero.

25.- 22 de agosto de 2022 | FREDID ROMÁN ROMÁN, Chilpancingo, Guerrero. La Realidad. Director, editor, reportero y columnista.

26.- 31 de agosto de 2022 | RUBÉN ORTEGA, Ixtapaluca, Estado de México. Súper Chinelo. Youtuber, creador de contenido, periodista cultural.

27.- 23 de septiembre de 2022 | KARLA PARDINI, Culiacán, Sinaloa. Tiktoker. Creadora de contenido.

28.- 5 de noviembre de 2022 | ADÁN LINARES SILVERIO, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Promotor de las radios comunitarias del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

29.- 5 de noviembre de 2022 | MOISÉS CUAPIPISTENCO, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Colaborador de las radios comunitarias del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

30.- 5 de noviembre de 2022 | GUILLERMO HILARIO MORALES, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Promotor de las radios comunitarias del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

31.- 22 de noviembre de 2022 | PEDRO PABLO KUMUL AMAYA, Xalapa, Veracruz. Comunicación AX Noticias y Es Amor 104.5 HD. Locutor y reportero.

Una investigación colectiva de Radio Zapote

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Noticias de Abajo

(Español) Noticias de abajo 18 enero 2023

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Noticias de abajo 18 enero 2023 #Podcast #MediosLibres #Noticiero
.::ROMPIENDO FRONTERAS::.
—PERÚ: Resumen de noticias, Masacre en Chala-Perú, en Juliaca, región Puno. Arranca Marcha popular hacia Lima contra la dictadura de Boluarte-Otárola. Comunicado de las naciones Wampis, Archivos de Memoria.
Fuentes:Kaos en la red, avispa, redeco, witness, gtaawajun.
—ALEMANIA: en Lutzerath ante la represión, la respuesta ha sido la solidaridad rebelde enfrentando la violencia del Estado y el Capital. Cayeron barricadas, pero siguen las protestas contra la minera ARW.
—ESTADOS UNIDOS: Semana de Solidaridad Alto a la Ciudad Policía en Atlanta
Capital del Estado de Georgia. EarthfirstJournal, Crimethinc, SavTheForest
—ÁFRICA: La multinacional Shell tendrá que indemnizar con 15 millones de dólares a aldeas en Nigeria afectadas por la derrama de petróleo.
—EL SALVADOR: Detienen a 5 líderes comunitarios de Santa Marta, exigen su liberación ante régimen de excepción en El Salvador

.::Desde el ombligo del monstruo::.
—MICHOACÁN: Demandan presentación con vida del abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el maestro Antonio Díaz Valencia ante posible secuestro en la Costa Michoacana.
—MICHOACÁN: Asesinan a comuneros de integrantes de la Guardia Comunal en Santa María Ostula por parte del crimen organizado. CNI
—CAMPECHE: Desalojan con violencia a familias que bloqueaban trabajos del Tren Maya en Campeche. Desinformemonos.
—OAXACA: Reportan libre después desaparición y detención ilegal de David Hernández Salazar defensor Biniza opositor a Corredor Interoceánico
—CHIAPAS: Agresión al Centro Social Xanobil en San Cristobal de las Casas, Chiapas.
—CDMX: Imponen a la Guardia Nacional en el Metro ante crisis de accidentes y falta de mantenimiento. Protestas contra el militarismo, la falta de mantenimiento y la corrupción.

Música:
-Esto no para aquí – Músicxs Segunda Línea
-Señor Magón – Calesia de la Torre
-Música de las protestas en Lutzerath. El sur global.

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Comuneros de la Comunidad Indígena San Miguel Aquila

(Español) Pedimos a las autoridades que realicen sus encomiendas de búsqueda y rescate por los compañeros Ricardo Lagunes y Antonio Díaz con vida

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Al gobierno federal

A los organismos internacionales

Al gobierno del estado de Colima

Al gobierno del estado de Michoacán

A la sociedad civil en general

Los comuneros de la comunidad indígena San Miguel Aquila permaneceremos bloqueando el tramo carretero de la carretera federal México 200 a altura del puente Coahuayana hasta que nuestros compañeros aparezcan y los queremos vivos.

Le pedimos a quienes los mantienen privados de su libertad que los regresen, lo único que ellos han realizado es el mandato de nuestra asamblea, el cumplimiento de los acuerdos que emanan de nuestra voluntad como lo mandarán nuestros usos y costumbres de nuestro pueblo Indígena nahua, y pueden constatarlo en el Tribunal Unitario Agrario distrito 38 con sede en Colima.

Los compañeros estaban trabajando en la problemática agraria en la que el Tribunal Agrario a afectado a los comuneros de Aquila y negado celeridad en los procesos agrarios.

Pedimos a las autoridades que realicen sus encomiendas de búsqueda y rescate.

Por nuestra parte desconocemos el comunicado que de manera maliciosa subió una pagina electrónica Costa Ranchito, no buscamos conseguir justicia con injusticias, no vamos a afectar a particulares ni empresas con actos violentos. Sólo vamos a mantener el bloqueo hasta que aparezcan nuestros compañeros el Profesor Antonio Díaz Valencia y Licenciado Ricardo Arturo Lagunes Gasca.

A los organismos internacionales pedimos se recomiende a los gobiernos de ambos estados que atiendan nuestro problema y se de audiencia con funcionarios de primer nivel.

Agradecemos a las organizaciones y comunidades que nos brindan el apoyo para hacer cumplir nuestras exigencias.

Desde el Puente Coahuayana, a 18 de enero de 2023.

Comuneros de la Comunidad Indígena San Miguel Aquila.

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Avispa Midia

(Español) Honduras: Asesinato de defensores contra minera despierta condena mundial

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado 7 de enero, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) dio a conocer el asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, integrantes de la resistencia de Guapinol, comunidad en el norte de Honduras que ha destacado por su lucha contra la minería a cielo abierto en dicha región.

Según el Comité, las puertas a la extracción minera en el área de conservación fueron abiertas por el propio Congreso de Honduras, al reducir la zona núcleo del parque, lo cual permitió el arribo de la empresa Inversiones Los Pinares quien opera desde el año de 2014 para la extracción de óxido de hierro.

Para el año 2015 y tras las evidencias de contaminación en las fuentes de agua, habitantes de la región se coordinaron para la defensa de su territorio mediante la creación del CMDBCPT. Fue así que, en 2018, se movilizaron contra las concesiones mineras y mediante un campamento bloquearon la calle de acceso a la concesión minera.

El 27 de octubre de 2018, tras casi tres meses de movilización, el campamento fue desalojado violentamente. Desde entonces no ha cesado la persecución, criminalización, hostigamiento y amenazas contra los defensores del agua. Destaca el proceso judicial contra 32 personas, de las cuales ocho de ellas permanecieron encarceladas por casi dos años y medio.

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Aly Domínguez fue una de las personas encarceladas, junto a doce defensores más, por acusaciones de Inversiones Los Pinares. Ahora, en el caso de su homicidio, la Policía Nacional de Honduras alega que el móvil fue un robo, descartando su labor en la defensa del territorio.

“Cuando se trata de personas que han sido criminalizadas y que han sido personas que son parte de una comunidad que defiende los ríos, debe haber una presunción de que cualquier acto en contra de ellos, en este caso su asesinato, tiene que ver con la defensa de los territorios y de la comunidad y de los ríos, por tanto, las investigaciones deberían ir por ahí”, compartió a medios locales el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera.

El homicidio de los dos defensores ocurrió al mismo tiempo que se encuentra vigente un Estado de excepción, decretado bajo el argumento de combatir a las pandillas. De esta manera, Tocoa, junto a los municipios vecinos de Trujillo, Sonaguera y Bonito Oriental, conforma una región con derechos suspendidos y cuya ampliación por 45 días más fue aprobada un día antes del asesinato de los defensores de Guapinol.

Ya desde diciembre del 2022, el Comité denunció que individuos armados, vinculados a la minera, vigilaron a sus miembros de Guapinol mediante seguimientos a bordo de vehículos sin matrículas. También denunciaron haber recibido amenazas de muerte.

Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), a pesar de las múltiples denuncias públicas, las autoridades, incluida la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, no reforzaron ni ampliaron las medidas de protección para las personas defensoras de Guapinol y sus familias, ni tampoco llevaron a cabo una investigación en torno a las amenazasrecibidas.

El Observatorio recuerda que no es la primera vez que este tipo de campaña, seguida de amenazas de muerte contra los defensores del río Guapinol, desemboca en asesinatos: Arnold Joaquín Morazán Erazo fue asesinado en octubre de 2020, y Roberto Antonio Argueda Tejada, en agosto de 2019. Ambos asesinatos se mantienen en la impunidad.

Amenazas, en aumento

Desde agosto del 2022, el CMDBCPT denunció una escalada en la campaña de desprestigio contra sus miembros, la cual incluía vigilancia, acoso y amenazas contra la vida de quienes se oponen a la minería en el área de conservación.

La violencia contra el CMDBCPT se intensificó después que sus miembros acompañaron una gira interinstitucional, junto a funcionarios gubernamentales, a cuatro proyectos extractivos del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Aún cuando la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) encabezó estas visitas, la institución aún no ha publicado la información recabada durante la visita.

Frente al incremento en las agresiones y amenazas de muerte, en diciembre pasado el Comité exhortó a la presidenta de Guatemala, Xiomara Castro, para garantizar la integridad física de sus miembros, así como a cumplir su promesa para cancelar las concesiones de minería a cielo abierto.

Ahora, ante la denuncia del doble asesinato, el CMDBCPT remarcó que “la comunidad de Guapinol en los últimos años ha sido brutalmente golpeada por la criminalización mediática, la judicialización y el encarcelamiento, hasta llegar al asesinato como lo evidencia el hecho criminal que ha segado la vida de Aly y Jairo”.

Mediante comunicado, el Comité responsabilizó de las agresiones a la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteckla cual, señala, opera ilegalmente en la zona. Además, enfatizó que “hay personas defensoras de este colectivo señaladas como posibles objetivos de exterminio. Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigación seria, responsable y objetiva arroje como resultado los vínculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios públicos participando en ese frente criminal contra las personas y movimientos que luchan por la vida”.

En su posicionamiento, el CMDBCPT asegura que grupos empresariales están acostumbrados a imponerse por la fuerza. “La agroindustria, la minería e hidroenergía han demostrado su perversidad criminal para apagar la lucha social por los derechos humanos utilizando diversos medios, tanto económicos, armados, mediáticos”.

Promesa incumplida

Entre las promesas del gobierno de Xiomara Castro destaca su postura de frenar la minería a cielo abierto en Honduras. En concordancia, durante febrero de 2022, la Secretaría de Recursos Naturales declaró al país centroamericano como territorio libre de minería. No obstante, la medida no tuvo ningún efecto legal pues se redujo a la difusión de un comunicado.

“Las autoridades actuales, al igual que las autoridades del régimen anterior, no quieren o no tienen la voluntad o la valentía de cancelar, suspender, esos derechos mineros a una empresa tan poderosa perteneciente a la dupla Pérez-Facussé”, sostuvo Joaquín Mejía Rivera al referirse al matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del terrateniente dueño de Corporación Dinant, reconocido por imponer el cultivo de palma aceitera mediante violencia y despojo contra comunidades campesinas del valle del Aguán.

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Por su parte, Pérez es el presidente del Grupo Emco Holding, conglomerado de empresas con inversiones en la construcción, el sector aeroportuario y la siderurgia. Él es el dueño de las concesiones mineras ubicadas en el interior del Parque Nacional Carlos Escalera, las cuales reconoció haber negociado con diputados del Partido Nacional para la reducción de la zona núcleo del área de conservación.

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Además, a través de su empresa Alutech S.A. posee grandes inversiones en otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, donde donó un millón de dólares para la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019.

Ahora, una investigación del medio ContraCorriente señala que Pérez, además de beneficiarse con sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández, mantiene un acceso privilegiado al gobierno de Xiomara Castro mediante el trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Según el medio hondureño, Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir Pérez y, por ejemplo, fue la notaría que se encargó de la constitución de al menos cinco empresas que forman parte del Grupo Emco Holding.

“La Secretaría de Gobernación, que dirige Vaquero, tiene la misión de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirtiéndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Además, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculación del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones también tiene la promoción del acceso y la aplicación oportuna e imparcial de la justicia”, escribe el periodista Fernando Silva.

Para el abogado Mejía, quien reconoce que el Ejecutivo tiene la facultad, a través del Ministerio de Ambiente, para suspender las licencias de Inversiones Los Pinares, resulta sorprendente que aún no se cancelen la extracción minera. “Hasta el momento no entendemos por qué no se ha cancelado, no se ha suspendido el derecho minero, a pesar de los daños al medio ambiente y a pesar del peligro para la vida y la integridad de las personas”, señaló el investigador de ERIC-SJ.

Exigen investigación independiente

Mientras tanto, el Comité, junto a organizaciones sociales, denuncia que la fiscal Karen Edith Martínez Guardado, quien participó en la criminalización de los ocho defensores de Guapinol, será la responsable de la investigación en el doble asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.

Ante ello, la Coalición contra la Impunidad alertó la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Tocoa para investigar el crimen, “pues son las mismas autoridades que han reprimido, hostigado, amenazado, atentado y criminalizado a la comunidad de Guapinol”, por lo cual se suma a la exigencia de constituir una unidad especial de investigación independiente y con la participación de la comunidad afectada.

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Joaquín Mejía enfatizó que Jairo Bonilla y Aly Domínguez formaban parte de un espacio colectivo que fue criminalizado por el Ministerio Público de Tocoa. “Esa misma fiscal es la que ha sido nombrada como encargada de investigar el asesinato de dos personas con las que ella tiene o ha tenido una relación obviamente terrible, en el sentido que el Ministerio Público de Tocoa ha utilizado pruebas ilegales falsas para poder criminalizar al Comité de Guapinol. Obviamente esto nos indica que no puede ser imparcial ni puede ser independiente”, señaló el abogado y experto en derechos humanos.

radio
Avispa Midia

8 de enero, el 6 de enero brasileño

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Fuente: Avispa Midia

Por Colectivo CrimethInc. / Traducción por A Planeta.

En portada: Partidarios del derrotado ex presidente brasileño Jair Bolsonaro asaltan edificios gubernamentales en Brasili.

El 8 de enero de 2023, partidarios de extrema derecha del derrotado ex presidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en Brasilia, aparentemente en una grotesca imitación del fiasco en el que los partidarios de Donald Trump hicieron lo mismo en Washington, DC el 6 de enero de 2021. En el siguiente informe, nuestros camaradas en Brasil detallan la trayectoria que condujo a estos acontecimientos y discuten los enigmas que los opositores al fascismo enfrentan en Brasil como consecuencia.

La incursión de la extrema derecha plantea cuestiones que los anarquistas y otros antifascistas deben afrontar en todo el mundo.

¿Quién está impulsando los esfuerzos de la extrema derecha para intensificar el conflicto civil y transformar las instituciones del Estado en un campo de batalla? Mientras que muchos en los Estados Unidos han sugerido la participación de Steve Bannon, Brasil y América Latina en general tienen una larga historia de golpes de Estado dirigidos por fuerzas militares y de derecha locales y apoyados por centristas, así como por conservadores dentro del gobierno de los Estados Unidos. A diferencia de Trump, el propio Bolsonaro estaba ausente de Brasil durante el asalto a los edificios, habiendo huido antes de que terminara su mandato presidencial. Probablemente sea un error reducir estos acontecimientos a las maquinaciones de unos pocos autócratas.

Quienquiera que estuviera detrás de la incursión, ¿por qué la debacle del 6 de enero de 2021 se consideró lo suficientemente exitosa como para merecer repetirse? ¿Era el objetivo de los participantes tomar el poder, ejercer presión sobre la administración entrante o provocarla para que reaccionara de forma exagerada, legitimar tácticas extralegales como un paso hacia la construcción de un movimiento fascista? ¿O no hay aquí ningún objetivo racional, sino sólo los efectos secundarios de las estrategias de campaña de los demagogos de extrema derecha, la creciente polarización de una sociedad fragmentada y la irresistible atracción de las tácticas meméticas?

¿Cómo pueden las poblaciones marginadas que son objetivo de los movimientos fascistas movilizarse para defenderse sin legitimar las mismas instituciones del Estado que tanto fascistas como centristas emplean contra ellas? ¿Cómo pueden los anarquistas y otras personas comprometidas con un cambio social profundo evitar que los “rebeldes” de extrema derecha monopolicen la forma en que el público en general ve las tácticas que nosotros también tendremos que utilizar, aunque sea en pos de la liberación?

Esperamos que la siguiente contribución ayude a nuestras y nuestros camaradas a reflexionar sobre estas cuestiones.


Las elecciones no detienen al fascismo

Desde la derrota de Jair Bolsonaro y la victoria de Luís Inácio Lula da Silva por un margen de menos del 2% en las elecciones presidenciales brasileñas del 30 de octubre de 2022, las movilizaciones de la extrema derecha han ido escalando tanto en tamaño como en violencia. Poco después del anuncio de la victoria de Lula, los manifestantes acamparon alrededor de cuarteles del ejército y bloquearon carreteras, impugnando los resultados electorales y pidiendo la intervención militar. Muchos de estos campamentos estaban equipados con baños químicos, tiendas de campaña y cocinas; estaban financiados por empresarios y políticos afines al bolsonarismo y a la extrema derecha. En noviembre, el Tribunal Superior Federal ordenó que se bloquearan las cuentas de algunos de los financiadores, firmando órdenes de registro y embargo.

Como documentamos, camioneros organizados por grupos patronales bloquearon cientos de carreteras en todo el país, beneficiándose de la indulgencia de la Policía Federal de Carreteras (PRF). Cuando estos bloqueos fueron derrotados, el impulso pasó a los movimientos bolsonaristas urbanos, especialmente los campamentos frente a los cuarteles militares. Los campamentos que habían comenzado con un carácter más diverso, incluyendo ancianos y niños, se convirtieron en predominantemente masculinos, con los participantes más dispuestos a utilizar la fuerza. Los linchamientos de personas que intentaban cruzar los bloqueos, secuestros e incluso torturas de quienes discrepaban de sus tácticas o puntos de vista se convirtieron en algo habitual.

Una ocupación pro-Bolsonaro. Los intereses de clase de los participantes son bastante claros.

En la noche del 12 de diciembre, durante el reconocimiento formal del presidente Lula y su vicepresidente Geraldo Alckmin como ganadores de las elecciones, la base callejera radicalizada del bolsonarismo avanzó un paso más en un ensayo general para los acontecimientos del 8 de enero. Grupos acampados en Brasilia atacaron una comisaría y la sede de la Policía Federal. Los partidarios de Bolsonaro incendiaron cinco autobuses y tres coches en respuesta a la detención de un indígena llamado Serere Xavante, pastor evangélico y bolsonarista. Xavante fue acusado de organizarse para dar un golpe de Estado, proferir amenazas y promover atentados contra el Estado democrático de derecho; el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó su detención.

El Supremo Tribunal Federal ordenó la detención de decenas de personas implicadas en las manifestaciones pro-Bolsonaro y en la financiación de los campamentos. La izquierda continuó apostando a que la represión institucional bastaría para frenar a los bolsonaristas. Contar con leyes e instituciones que no habían hecho nada para disminuir el ímpetu de la extrema derecha dejó las calles abiertas a la organización fascista. En general, a pesar de las detenciones mencionadas, la policía y otras autoridades siguieron tratando con permisividad al movimiento bolsonarista.

La imagen de un autobús en llamas -anteriormente un símbolo de la lucha contra la represión estatal y la explotación capitalista, visto en las protestas contra la subida del billete de autobús en 2013, la Copa Mundial de la FIFA en 2014, y la violencia policial en la periferia urbana- se asocia ahora con el “terrorismo de derechas”. La izquierda legalista e institucional, representada por el gobierno entrante, adopta el papel de “defensora de la ley y el orden.”

Incapaz de soportar la derrota electoral, Bolsonaro dejó que sus partidarios lucharan solos por su sueño golpista. El 30 de diciembre, partió hacia Orlando, Florida, en el avión presidencial con su séquito y familiares; el dinero público lo pagó todo. Su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, se convirtió en presidente interino, haciendo una declaración elogiando “la alternancia de poder en una democracia”.

La extrema derecha ve ahora tanto a Bolsonaro como a Mourão como traidores. Pero sin Bolsonaro, los Bolsonaristas sólo se volvieron más enfurecidos e impredecibles.

En la Nochebuena de 2022, el conductor de un camión de combustible encontró un artefacto explosivo en el vehículo y alertó a la policía. El autor del intento de atentado, George Washington de Sousa, fue detenido y confesó que pretendía hacer estallar el vehículo cerca del aeropuerto de Brasilia antes de la investidura de Lula, con la esperanza de obligar al todavía presidente Bolsonaro a establecer el estado de sitio. Las autoridades descubrieron un considerable stock de armas en el apartamento de Washington de Sousa; él afirmó haberlas adquirido a lo largo de los años, motivado por los discursos de Bolsonaro. Esto llamó la atención de las autoridades, incluido el gobierno entrante de Lula, sobre las formas en que las ocupaciones bolsonaristas estaban reclutando y radicalizando a la extrema derecha.

El 1 de enero de 2023, Lula juró el cargo bajo fuertes medidas de seguridad. Esto le convirtió en el único presidente elegido tres veces por votación democrática en Brasil, y a Bolsonaro en el primer presidente que no logra ser reelegido, así como en el primer presidente de la era democrática que se niega a pasar la banda presidencial en una ceremonia de investidura. Las imágenes de representantes de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de los negros, de los discapacitados y de los excluidos pasando la bandera a Lula circularon por todo el mundo, significando optimismo, aunque las medidas paliativas para una sociedad capitalista en evidente declive probablemente no ofrecerán mucho más que una breve mejora superficial antes del colapso.

8 de enero de 2023, Brasilia.

En cualquier caso, la sensación de calma tras la “derrota del fascismo en las urnas” no duró ni una semana.

La revuelta de los escoltados por la policía

Aunque la participación disminuyó después de que Lula asumiera el poder, las protestas y acampadas de extrema derecha continuaron. En los primeros días de enero, los partidarios de Bolsonaro convocaron una manifestación para el domingo 8 de enero. Aproximadamente 4000 personas que habían estado protestando a las puertas de los cuarteles en varias ciudades de Brasil tomaron autobuses fletados hasta la capital, Brasilia, uniendo fuerzas para una manifestación masiva de repudio a la toma de posesión de Lula como presidente. La multitud incluía un gran número de funcionarios, empleados de representantes parlamentarios e incluso tenientes de alcalde de ciudades más pequeñas. Afirmaban que las elecciones estaban amañadas y que Lula era el jefe de una banda criminal que pretendía malversar el dinero de Brasil para financiar el “comunismo”.

Cuando llegaron los autobuses a la capital, los fascistas vestidos con las camisetas de la selección brasileña de fútbol marcharon a primera hora de la tarde, sin sufrir interferencias ni acoso policial en un lugar que suele estar fuertemente vigilado y ser de difícil acceso. Se acercaron a los edificios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palácio do Planalto (el palacio presidencial). Estas son las sedes de los tres poderes federales de Brasil: legislativo, judicial y ejecutivo. Los manifestantes asaltaron los edificios, destruyeron ventanas, equipos y mobiliario y dañaron y robaron objetos históricos y obras de arte raras de Candido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti y Victor Brecheret valoradas en millones de dólares. Robaron documentos y armas de la Oficina de Seguridad Institucional, situada en la planta baja del Palacio del Planalto, lo que sugiere la posibilidad de que algunos de ellos tuvieran acceso previo a información sobre la ubicación de las mismas.

Al igual que en los sucesos ocurridos en el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, los manifestantes filmaron ellos mismos todo lo que hicieron, mostrando sus rostros y publicando las imágenes en directo en las redes sociales sin preocuparse por el riesgo. Irónicamente, llevaron a cabo una acción desafiando a los mismos poderes que mucha gente había confiado en que bastarían para librar a la sociedad del fascismo tras la elección de un gobierno progresista de izquierdas.

Los invasores contaron con el apoyo tácito de la Policía Militar del Distrito Federal, comandada por el gobernador Ibaneis Rocha; no sufrieron oposición ni represión policial durante al menos tres horas. La policía les permitió entrar en los edificios. Sólo a las 18h la policía consiguió tomar la iniciativa y rodear los edificios. Varios vídeos muestran a agentes de policía tomándose selfies y riéndose mientras los manifestantes invadían el Congreso; otros muestran a agentes de policía confraternizando con los Bolsonaristas dentro de los edificios invadidos.

8 de enero de 2023, Brasilia.

Sólo después de las 8 de la tarde la policía, incluida la Fuerza Nacional -que suele estar tan ansiosa por atacar a profesores, estudiantes, e indígenas– consiguió “contener” pacíficamente la protesta, deteniendo a unas 200 personas. En los vídeos vemos a la policía desalojando pacíficamente a los Bolsonaristas, sin heridos ni muertos, a pesar de que la policía brasileña es posiblemente la más letal del mundo.

Esta reacción institucional sólo comenzó cuando Lula, que se encontraba en una ciudad del interior de São Paulo, emitió un decreto de Intervención Federal en la Seguridad Pública del Distrito Federal, nombrando al Secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, como interventor hasta el 31 de enero de 2023. En la práctica, esto significa retirar a la policía del gobierno del caso (la Policía Militar y la Policía Civil) y entregar el caso a la policía del gobierno federal (la Fuerza de Seguridad Nacional y la Policía Federal). En la noche del 8 de enero, el ministro de Justicia y Seguridad Pública hizo una declaración en la que afirmaba que se habían abierto investigaciones, se había identificado a los financiadores de los autobuses y se había detenido a unas 200 personas.

También habló el ministro de Justicia, Flávio Dino, ex juez y ex gobernador del estado de Maranhão, con un discurso mesurado en el que trató de salvaguardar la legitimidad de las instituciones de gobierno, describiendo a los participantes en las manifestaciones pro-Bolsonaro como radicales aislados que serían tratados como criminales, vaciando así el evento de contenido político al tiempo que lo describía como un intento de golpe de Estado. El ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, activo durante todo el gobierno de Bolsonaro como “guardián del orden institucional democrático”, también ordenó la destitución del gobernador del Distrito Federal, conocido partidario del bolsonarismo.

Un día después de los hechos, la situación sigue siendo desconcertante para la prensa y las autoridades, a pesar de que la manifestación estaba anunciada desde hacía meses en las redes bolsonaristas.

Una manifestación local de una ola fascista global

Hay muchas similitudes entre los acontecimientos del 8 de enero de 2023 en Brasil y los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en Washington, DC. Pero también hay diferencias significativas, empezando por el liderazgo político de los fascistas.

Jair Bolsonaro siempre se ha posicionado como partidario de Donald Trump, alineándose con movimientos globales de extrema derecha, como los de Polonia y Hungría. Bolsonaro tiene conexiones con Steve Bannon, de quien fue mentor a los hijos de Jair Bolsonaro para la campaña presidencial de 2018 y en 2022 afirmó que la elección de Jair Bolsonaro era la segunda más importante para su movimiento. Tras la derrota, Bannon y Trump aconsejaron a Bolsonaro impugnar el resultado electoral. Aun así, no se puede afirmar que haya una injerencia directa de Bannon o de la extrema derecha internacional.

La motivación de las dos invasiones de edificios gubernamentales también es similar en el contenido de la supuesta conspiración: los partidarios de Bolsonaro alegan que las elecciones fueron amañadas a favor de una élite globalista simpatizante del comunismo y China, con el objetivo de desestabilizar a los gobiernos nacionalistas para difundir lo que llaman “ideología de género”, fomentar el consumo de drogas y promover los intereses de los cárteles criminales internacionales. Siguiendo el ejemplo de la alt-right (izquierda alternativa) en otras partes del mundo, se declaran liberales en su programa económico y conservadores en su programa cultural. Así, afirman defender la familia cristiana tradicional como medio para difundir la supremacía blanca, el odio a las personas LGBTQI+ y la ansiedad por una supuesta amenaza comunista.

Tanto el 6 de enero de 2021 como el 8 de enero de 2023, una turba fascista que dice ser la verdadera representante del pueblo y se niega a reconocer la legitimidad del proceso electoral que derrotó a su candidato invadió las sedes físicas de los poderes constituidos para generar el caos con la esperanza de suspender el resultado de las elecciones.

Después de décadas de gestión democrática, durante las cuales prácticamente todos los partidos aceptaron que era la única forma posible de hacer política en la era de la globalización capitalista, la extrema derecha ha vuelto a situar la política en el terreno de la disputa y el enfrentamiento. Cada vez está más claro que el consenso construido en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en torno a la fórmula capitalismo + democracia liberal + derechos humanos, que ignoraba las contradicciones y desigualdades inherentes al sistema capitalista y estatal, se ha roto. Significativamente, es la derecha la que apuesta por esta ruptura, avalando explícitamente la guerra civil, mientras que la mayor parte de la izquierda sigue aferrada a las instituciones democráticas y a la gestión de una paz cada vez más precaria.

Los acontecimientos en Brasil difieren de los de Estados Unidos en que los bolsonaristas se cohesionaron en torno a algo más antiguo que el culto a Trump, algo específico de la historia política brasileña: la nostalgia de la dictadura instaurada por un golpe cívico-militar con la ayuda de Estados Unidos en 1964 y la lealtad a todos los aspectos de la dictadura que persisten en la sociedad brasileña.

En la formulación del psicoanalista Tales Ab’Sáber: “¿Qué queda de la dictadura en Brasil? Todo, excepto la dictadura”.

Partidarios de Bolsonaro aprovechando la indulgencia de la policía para presentarse como rebeldes.

A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos tras la elección de Biden, las Fuerzas Armadas brasileñas -compuestas por oficiales formados en escuelas militares impregnadas por el discurso anticomunista del contexto de la Guerra Fría y por el revisionismo histórico que denomina al golpe civil militar “Revolución del 64”- son parte fundamental de los movimientos golpistas. El bolsonarismo social y electoral involucra a numerosos oficiales de reserva del ejército, la marina y la fuerza aérea. Los oficiales en servicio activo apenas disimulan su apoyo a los manifestantes pro-Bolsonaro; desde 2014, han hecho declaraciones públicas expresando su oposición a los partidos y candidatos de izquierda. La prueba más evidente del apoyo de las Fuerzas Armadas a los movimientos golpistas es su tolerancia con las acampadas frente a sus cuarteles, que sin duda no habrían sido aceptadas si el contenido de las manifestaciones hubiera sido diferente.

Con la esperanza de lograr un acercamiento dentro de las instituciones, la coalición liderada por la izquierda institucional que ganó las elecciones de octubre nombró a José Múcio para el Ministerio de Defensa, un político de derechas amigo de los militares, cuyo partido (el Partido Trabalhista Brasileiro) utilizaba el lema “Dios, Familia, Patria y Libertad”. En su declaración sobre las manifestaciones, Lula admitió que el ministro de Defensa no había actuado para desalojar las ocupaciones en torno a los cuarteles.

Marcha del 9 de enero de 2023 en Belo Horizonte contra la amenaza del fascismo en Brasil. Los participantes corean “¡Atrás fascistas, el poder popular está en las calles!”

Lo que está ocurriendo hoy en Brasil muestra la fuerza que la extrema derecha ha adquirido en la última década, capitalizando un difuso fascismo social que siempre ha existido en la sociedad brasileña. Las instituciones democráticas que se introdujeron con la Constitución brasileña de 1988 no supieron defenderse de ello, o no quisieron hacerlo. Podemos ver esto desde el principio, en la participación de los militares en el proceso de reintroducción de las elecciones democráticas en la década de 1980 y el “papel constitucional” de los militares como garantes del poder del Estado.

La mayor vergüenza para la izquierda en su conjunto -y especialmente para aquellos que se consideran radicales- es que el gobierno de Jair Bolsonaro y sus milicias ha reorganizado toda la estructura del Estado, desmantelando la salud pública, la educación y las protecciones medioambientales, al tiempo que ha atacado a las personas negras e indígenas, a las mujeres y a las personas LGBTQI+, todo ello en medio de una pandemia global que mató a más personas en Brasil que la media per cápita mundial. Sin embargo, no fuimos capaces de responder a esos acontecimientos, ni con una huelga general, ni cerrando ciudades y carreteras, ni invadiendo el palacio presidencial.

Ahora todas esas acciones, que deberíamos haber emprendido para defendernos de la extrema derecha, se asocian a la extrema derecha. Esto contribuye a un discurso que nos paralizará, haciendo imposible ejercer la influencia que necesitamos contra los fascistas tanto fuera como dentro de las instituciones del Estado, por no hablar de los otros partidos que también utilizarán las instituciones del gobierno para seguir imponiéndonos los peores efectos del capitalismo.

Anarquistas y otros antifascistas marchan el 9 de enero de 2023 en Belo Horizonte contra la amenaza del fascismo en Brasil.

Necesitamos fomentar una revuelta popular que incluya a todos los sectores de la sociedad privados de derechos, a todos los que son objetivo de los fascistas, a todos los que sufren bajo el capitalismo incluso cuando lo gestiona un gobierno progresista. No debemos deslegitimar la insurrección cuando el aparato del Estado está en manos del centro-izquierda mientras las calles siguen en manos de los fascistas y las fuerzas de seguridad. Debemos encontrar formas de resistir, rechazando el chantaje de quienes afirman que lo más importante es mantener el orden, con su eterno moralismo en defensa de la propiedad privada y el poder del Estado.

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