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(Español) Caso del preso político Fidencio Aldama está en momento decisivo
Por Jeny Pascacio
Un grupo armado entró en Loma de Bácum, perteneciente a la Tribu Yaqui en Sonora, el 21 de octubre de 2016, con la intención de imponer autoridades en la comunidad a favor del Gasoducto Sonora, proyecto de IEnova (Infraestructura Energética Nova, SA de CV), filial de la empresa estadounidense Sempra Energy.
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Ese día las autoridades tradicionales estaban reunidas en una asamblea. El ataque dejó varios heridos, doce vehículos quemados y un muerto identificado como Cruz Buitimea Piñas, integrante del grupo que irrumpió.
El guardia tradicional, Fidencio Aldama Pérez presenció los hechos. Seis días después fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales de Sonora por el homicidio de Buitimea Piñas.
Roberto López, de la organización Los otros abogados, explica en entrevista a Avispa Midia que el caso tiene un origen político porque es motivado por el Estado y por empresas transnacionales, “cuando el pueblo se empieza oponer contra el gasoducto que pasa por sus tierras, empieza la estrategia de eliminar a los opositores”.
En noviembre de 2012 la transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para construir el gasoducto Sonora destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México.
En menos de un año, el 29 de agosto de 2013, la Comisión Reguladora de Energía aprobó la construcción en los tramos Guaymas-El Oro del proyecto que atraviesa ocho pueblos yaquis en 835 kilómetros de longitud.
Pero el 28 de mayo de 2015 la comunidad de Loma de Bácum acordó en una asamblea negar el acceso a persona, compañía o entidad vinculadas al gasoducto Guaymas-El Oro.
La tensión se intensificó cuando un juez federal en Ciudad Obregón ordenó la suspensión del de la obra por no tener el consentimiento de toda la tribu, pero la empresa IEnova continuó con los trabajos sin acatar la resolución judicial.
La empresa se dio a la tarea de comprar conciencias para abonar a la división de los pobladores. Después surgió el grupo de personas que ingresaron armadas a la asamblea del 21 de octubre para imponer otras autoridades a favor del proyecto. “Llega un grupo armado que se empieza a confrontar a la gente opositora al gasoducto, la gente corre para resguardarse y en ese cruce de proyectiles fallece una persona. Se comienza a ver claramente la intención de quitar a los opositores”, señala el abogado Roberto López.
Proceso penal
En el proceso penal de Fidencio Aldama existen violaciones al debido proceso que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento. El Tribunal lo condenó a 15 años y 6 meses de prisión por homicidio simple doloso en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, en marzo de 2018.
Algunas de las irregularidades identificadas son las declaraciones de los testigos pertenecientes al grupo a favor del gasoducto, pues señalan que Fidencio portaba un arma que no corresponde a la que privó de la vida a Cruz Buitimea Piñas. “Son armas distintas”.
Otra irregularidad es que fue desestimada por las autoridades la declaración de la esposa de Cruz Buitimea Piñas que tuvo a la vista a Fidencio y dijo que nunca vio que accionara el arma.
Para el asesor jurídico se trata del modus operandi para generar la confrontación, división y violencia en pueblos originarios a consecuencia de proyectos transnacionales.
En la actualidad, los abogados esperan la resolución del amparo interpuesto ante la magistrada Luz Elba de la Torre Orozco del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, en agosto de 2021.
Para organizaciones acompañantes del caso, el delito de Fidencio a los ojos del Estado y de las empresas multinacionales es la resistencia al gasoducto de Sonora.
“Dadas estas circunstancias, ahora es un momento urgente y decisivo en la lucha por la libertad de Fidencio. En lugar de esperar pasivamente a que el tribunal tome su decisión, ahora es el momento de amplificar la llamada para la liberación inmediata de Fidencio”, dijo el abogado.
El indígena Yaqui es originario de la comunidad de Loma de Guamuchil, pero en 2009 llegó a la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa, quien desde hace cinco años espera justicia para Fidencio.
(Español) Organización internacional denuncia Israel por crimen de apartheid contra Palestina
Por Ñaní Pinto
En portada: Un manifestante lleva un cartel durante una manifestación de manifestantes palestinos, israelíes y extranjeros contra la recién inaugurada Ruta 4370, en Cisjordania, el 23 de enero de 2019. Foto: Abbas Momani/AFP
Un reciente informe de Amnistía Internacional se une a las voces que, desde hace décadas, reclaman que el propósito de Israel de crear y mantener un sistema de opresión y dominación sobre la población palestina constituye el crimen de apartheid.
Así lo indica mediante la investigación titulada “El apartheid israelí contra la población palestina, cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad”, difundido el pasado martes (1).
En el documento, la organización afirma que desde su creación en el año de 1948, Israel ha accionado para establecer y mantener la hegemonía demográfica judía para, con ello, maximizar su control sobre la tierra. Al mismo tiempo, restringe los derechos de la población palestina e impide que las personas refugiadas regresen a sus hogares.
Esto lo ejemplifica con momentos históricos como lo sucedido en 1967, cuando Israel amplió su dominio a Cisjordania y la Franja de Gaza, territorios que ocupa desde entonces, así como con la política actual de desalojos de familias palestinas que habitan Jerusalén Oriental.
Ataque sistemático
Amnistía Internacional concluye que Israel ha cometido violación de derechos humanos y del derecho internacional público que constituyen el crimen del apartheid. Según la documentación consultada, casi la totalidad de la administración civil, instituciones gubernamentales y las autoridades militares de Israel participan en la aplicación del sistema de apartheidcontra la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), así como contra la población refugiada palestina y sus descendientes fuera del territorio.
La organización también señala un ataque sistemático y generalizado contra la población palestina por parte de Israel “y que los actos crueles e inhumanos cometidos en el contexto de este ataque han sido perpetrados con la intención de mantener este sistema y constituyen el crimen de lesa humanidad de apartheidtanto según la Convención contra el Apartheid como según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
En ese contexto, Amnistía Internacional detalla los componentes clave que constituyen el crimen de lesa humanidad, los cuales se expresan como una discriminación institucionalizada y sistemática por Israel en contra de la población palestina a través de leyes, políticas y prácticas concebidas para impedir que la población palestina reclame los mismos derechos que la población israelí judía dentro de Israel y los TPO.
Así, se reconocen los elementos fundamentales de este sistema de opresión y dominación mediante “la fragmentación territorial, la segregación y el control mediante la negación de la igualdad en nacionalidad y estatuto, las restricciones a la libertad de circulación, las leyes discriminatorias de reunificación familiar, el uso del régimen militar y las restricciones al derecho a la participación política y a la resistencia popular, la desposesión de tierras y propiedades, y la supresión del desarrollo humano de la población palestina y la negación de sus derechos económicos y sociales”.
Todo ello se suma a la documentación, realizada durante décadas por distintas organizaciones locales e internacionales, de actos crueles e inhumanos concretos, violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos contra la población palestina con la intención de mantener este sistema, “como traslados forzosos, detenciones administrativas y torturas, homicidios ilegítimos, la negación de libertades básicas y la persecución”, detalla la organización.
Represión
Amnistía Internacional reconoce en su informe que su organización nohabía prestado suficiente atención a situaciones de discriminación y opresión sistemáticas en el mundo y en específico en el caso de los crímenes contra la población palestina.
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También señala que Estados y aliados occidentales de Israelse muestran reacios a escuchar estos llamamientos y se niegan a tomar medidas significativas contra sus crímenes. Mientras, “organizaciones y las personas que defienden los derechos humanos en Palestina y lideran el trabajo de incidencia y las campañas contra el apartheidsufren desde hace años una represión israelí creciente como castigo por su labor”.
Ello lo ejemplifica con lo que sucedió en octubre de 2021, cuando las autoridades israelíes intensificaron los ataques contra la sociedad civil palestina “mediante el uso indebido de la legislación antiterrorista para proscribir seis destacadas organizaciones, tres importantes grupos de derechos humanos entre ellas, cerrar sus oficinas y detener y enjuiciar a quienes trabajaban para ellas”, denuncia la organización.
A su vez, Israel también ejecuta campañas de desprestigio y deslegitimación a las organizaciones israelíes que denuncian el apartheid y otras violaciones graves de derechos humanos contra la población palestina.
La investigación de Amnistía Internacional se desarrolló durante más de cuatro años, tiempo en que examinó informes, leyes y directivas institucionales, entre otros documentos. De acuerdo a la organización internacional, el objetivo es “apoyar a la sociedad civil palestina y a organizaciones israelíes en sus esfuerzos para poner fin a la opresión y dominación de Israel sobre la población palestina en un momento en el que su trabajo es cada vez más difícil. Con ello, también espera contribuir a una comprensión y un reconocimiento mayores de la discriminación institucionalizada que se comete en Israel y los TPO, así como contra la población palestina refugiada, como un sistema y un crimen de apartheid”.