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Avispa Midia

(Español) Mujeres Achí ganan una larga batalla en las cortes de Guatemala

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Por Avispa

Texto: Roderico Y. Díaz y Emily Rhyne

Portada: La abogada Lucia Xiloj abraza a una de las mujeres achí sobreviviente de violencia sexual. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

En un caso histórico para la justicia en Guatemala, un tribunal especial condenó a cinco ex paramilitares a 30 años de cárcel por deberes contra la humanidad en su modalidad de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996). Los culpables de estos crímenes son Francisco Cuxum Alvarado, Damián Cuxum Alvarado, Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino y Gabriel Cuxum Alvarado.

En 2018, un grupo de 36 mujeres indígenas Maya Achí, todas sobrevivientes de violencia sexual, iniciaron el proceso judicial, casi 40 años después de sufrir estos vejámenes por parte de miembros de las patrullas de autodefensa civil (ex PAC), grupo paramilitar organizado por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno.

El tribunal estuvo compuesto por tres jueces, Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gervi Sical, destacados por su trabajo en casos anteriores de derechos humanos de alto impacto.

Las 36 mujeres maya achí fueron representadas por un equipo de tres abogadas indígenas de la Asociación Bufete Jurídico y Popular de Rabinal, entre ellas la abogada Lucía Xiloj, reconocida internacionalmente por su trabajo en casos de derechos humanos enfocados en violencia contra las mujeres.

Una anciana mujer Achí camina frente a una manta de apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, con el mensaje “Justicia para las mujeres Achí”. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

La abogadaLucía Xiloj, en sus conclusiones finales ante el tribunal, argumentó que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Es una práctica que se comete durante los conflictos armados […] Estos hechos han permanecido en la impunidad, al ser una estrategia contra las mujeres y sus comunidades.”.

El juez Sical leyó el veredicto histórico a la pequeña multitud de abogados, testigos, periodistas y observadores de derechos humanos reunidos dentro de la sala del tribunal, mientras en las afueras del edificio del tribunal, otro grupo de mujeres sobrevivientes, escuchaban la transmisión del proceso en un altavoz y teléfonos celulares, debido a las restricciones de salud pública.

El veredicto contiene un análisis importante que puede servir como precedente para litigios futuros relacionados a casos de violencia sexual durante la guerra en Guatemala. “Los soldados atacan a las mujeres […] con la intención de romper el tejido social, de romper emocionalmente al adversario. […] Violencia sexual contra las mujeres achí fue utilizada como parte de la estrategia militar que las consideraba enemigas internas [del Estado] […] A través de la violencia sexual buscaban destruir al pueblo maya achí a través de los cuerpos de las mujeres achí. [… ] Fueron utilizados como ‘botín de guerra’ y como instrumento de tortura”. […]

Continúa el veredicto: “Al escuchar las declaraciones de las sobrevivientes, este tribunal determinó que las mujeres achí sufrieron violencia sexual individual, colectiva y sistemática y esclavitud doméstica. […] Reconocemos la valentía y el respeto que merecen las mujeres Achí por su valentía y perseverancia al sacar adelante este caso, rompiendo el silencio sobre los hechos a los que fueron sometidas, y que crímenes de esta naturaleza nunca más se repitan.”

Afuera del juzgado, cientos de simpatizantes celebraron el veredicto y las sobrevivientes se dirigieron a la multitud. “Estamos contentas con esta sentencia y doy gracias a Dios y a nuestra sagrada tierra. […] Estamos aquí porque es nuestro derecho y es una obligación del Estado [guatemalteco]. Nos deben esto porque no solo por violarnos, también mataron a nuestros familiares”.

Las mujeres Achí junto a un grupo de apoyadores del caso celebran en las afueras de la corte la sentencia de 30 años de prisión a los 5 ex paramilitares. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

Testimonios dolorosos y actos atroces de violencia

Los dolorosos testimonios de las mujeres describieron abortos espontáneos y embarazos forzados, daño emocional severo y estigmatización como resultado del abuso.

Relataron cómo las Fuerzas Armadas de Guatemala y las PAC llevaron a cabo asesinatos y desapariciones forzadas de familiares mientras quemaban todas sus pertenencias, incluidas sus viviendas y cultivos alimentarios, durante las masacres. También describieron la destrucción del tejido social y los valores de apoyo mutuo en las comunidades indígenas.

Pedrina López tenía solo 12 años cuando el 29 de agosto de 1982, luego de que sus padres fueran capturados, los paramilitares Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, hermanos, se turnaron para violarla frente a sus hermanos menores. En su testimonio describió los hechos atroces:

“Mataron a mi padre y a mi madre. Luego regresaron a la casa y me violaron. No tengo vergüenza de contar lo que me pasó porque Benvenuto golpeó a mi hermanito contra la pared, hicieron lo que quisieron conmigo. Querían dinero, encontré 50 centavos en el cajón y se los di. Es duro vivir sin padres, pasamos hambre. Y queremos justicia, lo que hicieron, la violación, son mayores, yo no sabía, yo era una niña. Ellos vivían abajo de nuestra casa, los conocíamos, siempre los encontrábamos en el mercado. Me dejaron sangrando durante un mes por lo que me hicieron, y lo hicieron frente a mis hermanos. El dolor de mi corazón no se va, siempre lo recordamos.”

Haydeé Valey, (centro), abogada Achi, quién representó a las sobrevivientes del caso “Mujeres maya Achí” celebra junto a grupo de mujeres en las afueras del edificio de tribunales en las ciudad de Guatemala. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

Margarita Alvarado Enríquez estaba lavando ropa cuando los paramilitares la agarraron y procedieron a amordazarla y golpearla en todo el cuerpo. Amenazándola con armas de fuego, la obligaron a desnudarse y posteriormente procedieron a violarla en grupo a pesar de que estaba embarazada de tres meses, lo que resultó en un aborto espontáneo.

“Me pusieron la pistola en el pecho, me amordazaron la boca, me violaron, me patearon, me abofetearon. Yo tenía 20 años cuando me violaron, me violaron dos veces”.

Su hermana, Marcela Alvarado Enríquez, estaba con ella en ese momento y también sufrió un aborto espontáneo como resultado de los brutales ataques.

En su testimonio describe “a mi esposo lo mataron los paramilitares cuando estaba trabajando. Nos obligaron a salir de nuestras casas y tuvimos que vivir en la selva. […] Llegaron a la casa preguntando por mi esposo, pero ya lo habían matado. […] Estaba asustada y temblando, me dijeron ‘ahora vas a pagar’. Grité y me taparon la boca. ‘Quita tu corte [un tipo de falda usada por mujeres indígenas en Guatemala] te vamos a violar.’ […] Me violaron dos veces. Yo tenía unos dos o tres meses [embarazada]. Me duele la espalda. Nos llevaron [y nos obligaron] a hacer tortillas en la base militar de Xococ”.

Mujeres Achí observan la transmisión del juicio en las afueras del edificio de tribunales. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

Deportado de Estados Unidos para enfrentar la justicia

En un comunicado, la U.S Inmigration and Customs Enforcement (ICE), en enero 2020, indicó que Francisco Cuxum Alvarado se había refugiado en los Estados Unidos por varios años, y que fue localizado en Waltham, Massachusetts, y deportado hacia Guatemala para responder a los señalamientos de violencia sexual en contra de las mujeres maya achí.

Parte del comunicado de ICE señala: “Según documentos judiciales, desde principios de la década de 1980, las fuerzas armadas guatemaltecas, asistidas por milicias civiles conocidas como Patrullas de Defensa Civil (PAC), perpetraron una serie de masacres contra el pueblo indígena maya achí de Río Negro, en y alrededor del municipio de Rabinal, en Guatemala. Más de 400 maya achí fueron asesinados en estas masacres y cientos más fueron sacados a la fuerza de sus hogares. En 1998, Cuxum Alvarado fue nombrado sospechoso en la masacre del 13 de marzo de 1982 de 177 personas, incluidos 107 niños en Cerro Pacoxom.”

Margarita Alvarado Enriquez (centro) quien presentó su testimonio durante el juicio del caso mujeres Achí, conversa con otras mujeres en las gradas del edificio de tribunales después de la sentencia. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

El largo camino hacia la justicia

En 2011, el grupo de mujeres maya achí rompió el silencio denunciando lo sucedido durante la guerra de más de 30 años antes.

Unos años más tarde, en 2016, Guatemala vio un veredicto innovador que condenó a dos militares a más de 100 años de prisión cada uno por la esclavitud sexual de 15 mujeres maya q’eqchi’ de la comunidad de Sepur Zarco. Éste fue el primer caso en confrontar las secuelas de la violencia sexual generalizada cometida durante el brutal conflicto armado interno de Guatemala.

En mayo de 2018, seis presuntos integrantes de las PAC fueron capturados y acusados ​​de crímenes de lesa humanidad por violencia sexual contra 36 mujeres maya achí. Este es solo el segundo caso de alto impacto que aborda el tema de la violencia sexual y la esclavitud durante el conflicto armado.

En 2019, a pesar de las pruebas contundentes presentadas por la fiscalía, la jueza Claudette Domínguez desestimó los cargos contra tres de los acusados ​​y dejó en libertad provisional a los tres restantes.

En un comunicado de 2019, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), quien actuó como querellante en el caso en ese momento, aseguró que “la impunidad que [la jueza Claudette Domínguez Guerrero] otorga a militares acusados ​​de graves violaciones a los derechos humanos durante la conflicto armado interno” confirma “su parcialidad en estos casos”.

Dos mujeres se toman de la mano alrededor del altar maya colocado en la plaza de los Derechos Humanos, frente a la torre de tribunales en la ciudad de Guatemala. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

El Centro indicó que “la jueza se escudó alegando secreto militar para evitar revisar documentos militares presentados por el Ministerio Público”. Además, expresó su solidaridad con las mujeres maya achí de quienes dijeron que “valientemente” rompieron su silencio para buscar justicia e instaron al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional ya las autoridades competentes a “denunciar estos actos de impunidad”.

Las víctimas interpusieron recurso de apelación argumentando que en la audiencia de apertura de juicio, el juez Domínguez, además de dictar clausuras y sobreseimientos provisionales, “omitió o no se pronunció” respecto de los hechos de violencia sexual, “desvirtuando los hechos” y “omitiendo del caso el 80% de las víctimas exigiendo justicia para sus familiares que sufrieron violencia sexual”.

Luego de varios meses de espera para que una corte de apelaciones resolviera el estado del caso de violencia sexual Maya Achí, el 9 de septiembre de 2019 se resolvió que la jueza Claudette Domínguez no podía seguir presidiendo el “Caso Mujer Achi” por interés indirecto, ordenando que el caso fuera trasladado a otro tribunal.

Una anciana indígena Achí sobreviviente de violencia sexual, carga un ramo de flores después del veredicto que condenó a los patrulleros que la sometieron a violencia y esclavitud sexual en la década de 1980. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

La resolución de 2019 fue el momento crucial que permitió que el caso de las sobrevivientes siguiera adelante. El caso fue reabierto en enero de 2020 por el juez Gálvez, quien determinó que había pruebas suficientes para detener a 5 de los imputados, fijando la fecha del juicio público para enero de 2022 y que llevó a la condena de 30 años de prisión a los cinco acusados.

En sus alegatos finales, la abogada Lucía Xiloj recordó al tribunal que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”, y que tales crímenes no prescriben. Un elemento importante para el caso porque existen aún varios ex paramilitares prófugos por estos mismos señalamientos.

Una anciana maya Achí sostiene una flor roja en sus manos, después de presentar un amparo en contra de la jueza Claudette Domínguez, quien declaró el cierre provisional del caso “mujeres Achí” en el año 2019. Guatemala Agosto 2019. Fotografía: Roderico Y. Díaz.
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Prensa Comunitaria

(Español) Chiquimula: autoridad Maya Ch’orti’ es detenida por oponerse a minera

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Timoteo Váldez, es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado.

La Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch’orti’ y el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, denunciaron a través de una alerta la detención de Timoteo a las 10 de la mañana en el pueblo. La autoridad indígena fue identificada en el momento en el que buscaba atención médica por padecer de quebrantos de salud.

En comunicado expresaron que  condenan la detención de la Autoridad Indígena y Guía Espiritual Timoteo Valdez por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a bordo de la patrulla CHI-119, sin informarle el motivo de su detención. Denuncian que se encuentra en estado crítico de salud y que necesita atención.

“Dicha detención se da en el marco que, el día de mañana 31 de enero, 2022, el gobernador departamental de Chiquimula y responsables del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, INAB y DIPRONA y la municipalidad de Camotán, se comprometieron a dar una respuesta sobre el cierre de la Mina Cantera el Porvenir, la cual tiene múltiples denuncias de explotación ilegal de minerales en tierras Ch’orti’ y destrucción de bosques comunales.” Afirman autoridades indígenas y campesinas del pueblo Ch’orti’.

La PNC publicó en su cuenta oficial en twitter, a las 14:18 horas una fotografía en la que trasladan a Timoteo Vásquez, Autoridad Indígena Maya Ch’orti’ al juzgado de Chiquimula, supuestamente requerido por los delitos de por los delitos de coacción, amenazas y extorsión e instigación a delinquir.

Foto PNC

Lea más sobre el rechazo a las empresas mineras en Chiquimula:

 

Autoría y edición

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CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

(Español) ¡Urgente! Frente a los ataques en Tula, Xicotlàn y Zacapexco llamamos a estar atentos y a mantener las denuncias por otro posible ataque del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

A los medios de comunicación

  

30 de enero de 2022

Hermanos y hermanas, como pueblos nahuas de la Montaña Baja de Guerrero pertenecientes al CIPOG-EZ y al CNI-CIG, estamos atravesando por momentos difíciles, pues por un lado el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” ha desatado una nueva escalada de violencia, con desapariciones e incursiones, como las de esta mañana en las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco, en las que por alrededor de 2 horas, abrieron fuego en contra de sus habitantes, sin que autoridad alguna interviniera, hasta pasadas las 2 horas, a pesar de haber una Base de operaciones Mixtas en la comunidad de Tula, no respondieron inmediatamente a las agresiones, tal como lo dicen la parte gubernamental en un  comunicado.

También dejamos claro que en el comunicado del gobierno no aclaran que son “Los Ardillos” quienes nos atacaron, lo cual nos deja mucho que pensar, vemos que les temen, que no los nombran, que los protegen; ya lo hemos dicho en otros momentos, dentro de las presidencias municipales, fiscalía, policías municipales, se pasa información y se protege a este grupo narco-paramilitar. Dicen también que intervinieron para “evitar que los pobladores continúen agrediéndose entre sí”, lo cual resulta absurdo, no nos agredimos entre nosotros, nos vinieron a atacar “Los Ardillos”.  Nuevamente llamamos a las autoridades a hacer su trabajo, a cuidar la vida de las comunidades y a desmantelar al grupo delincuencial “Los Ardillos”.

Les pedimos a nuestros hermanos y hermanas solidarias, a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos y demás compañeros y compañeras, que estén atentos a lo que pueda suceder, pues aunque ya hay presencia de la Guardia Nacional y otras autoridades, éstas no permanecen en el lugar para protegernos y no dudamos que “Los Ardillos” vuelvan a atacarnos. Como CIPOG-EZ, mantendremos las denuncias y la defensa de la vida, por lo que sabemos que nuestras vidas corren peligro, frente a lo que responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por lo que pueda suceder, pues saben lo que pasa en Guerrero, las denuncias se han hecho en todas las instancias gubernamentales, sin una respuesta clara que termine con la violencia en nuestras comunidades, ni en el estado.

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

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It’s Going Down

Two Members of the CIPOG-EZ Disappeared by Municipal Police in Guerrero

Communique from the Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), denouncing the disappearance of two of their members at the hands of the police, and announcing a highway blockade to protest insecurity in their communities

To the Zapatista Army of National Liberation

To the National Indigenous Congress

To the Indigenous Governing Council

To the National and International Sixth

To the Networks of Resistance and Rebellion

To the Network Against Repression and for Solidarity

To the Human Rights Organizations

January 27, 2022

Brothers and sisters. In the afternoon of January 25 at approximately 5:40pm, our compañeros Pablo Hilario Morales of the community of Tula, and Samuel Hernández Sánchez of the community of Zapapexco—both part of the CIPOG-EZ and CNI-CIG—were detained by municipal police of Atlixtac. We continue not knowing of their whereabouts.

As an organization, we are seeking information regarding their location. The authorities say they do not know anything, including in Atlixtac, where they even denied information to the National Human Rights Commission. We fear for the lives of our brothers, but the authorities seem to not care about life. It is more than evident that the government of Guerrero is afraid of confronting the criminal groups who move at will, kidnapping, assassinating, torturing, and shooting the population throughout the state. Acapulco, Chilapa, different parts of the Sierra, the Tlapa mountain region, Chilpancingo, are all scenes of extortion and assassination. The inaction of the authorities shows clearly that they are colluding with criminal and narco-paramilitary groups. We have denounced this to exhaustion, but the municipal, state, and federal authorities turn a deaf ear and look at us with contempt, as if we are only seeking charity, social programs, or crumbs to shut us up.

It is not only municipal authorities and municipal presidents. The National Guard, SEDENA, state and local police who are supposedly in charge of security, they also cover their eyes ignoring those who carry out crimes against the communities. At the same time, they continue claiming that they are engaged in actions to provide security. They do not understand that the criminals, the narco-paramilitary groups, must be sought out from within their own structures, inside the municipal police, prosecutor’s office, and municipal governments. With one hand they collect their salary from the taxes of the people, and with the other they collect pay from organized crime groups for their complicity and silence.

What good is a dialogue offered by the AMLO Administration, Evelyn Salgado Pineda, and the other levels of government, if when it comes to confronting organized crime, they don’t do it? We affirm that they are only acting as if they are truly listening to the people. We say to them, if they cannot provide security, they should resign. If they do not dare to confront organized crime groups, then they should get out of here. For the authorities, the lives of our people are just numbers, votes, political commodities. They only administer death, and resort to lies to avoid exposing their ineptitude.

The power vacuum that exists in Guerrero is visible. It is not possible that the government is afraid of confronting organized crime and narco-paramilitary groups. Just yesterday around 5:00pm, in the Valley of Ocotito, in the municipality of Chilpancingo, men armed with military grade weaponry and armored cars fired rounds for more than an hour against community police. No authority was there was confront these criminal groups. Not the army, ministerial police, nor the National Guard have acted to carry out arrests or stop the violence that plagues the state. This demonstrates that the criminal groups have the capacity to attack and move around as they please. It proves that they control the police who share with them inside information so that they can circulate and terrorize the population, assassinating those who decide to defend life.

For this, we demand the alive appearance of our brothers Pablo Hilario Morales and Samuel Hernández Sánchez.

  • We demand that the municipal police of Atlixtac, of Chilapa, and of José Joaquín de Herrera, be purged. It is well known that they are in collusion with the criminal narco-paramilitary group, “Los Ardillos.”
  • We demand the investigation and purge of municipal presidents. They are the ones who coordinate and dispute the resources of the people. They are also the ones who are allowing that the criminal groups operate with complete freedom.
  • We demand that SEDENA and the National Guard began to actually do their job of stopping organized crime, “Los Ardillos,” and those who allow these groups to kill and terrorize the population.

We hold responsible the municipal president and municipal police of Atlixtac for the disappearance of our brothers. We also hold responsible the three levels of government because they know what is happening in Guerrero. Denunciations have been made to all government agencies. There has not been a clear response on how to end the violence in our communities, and in the state of Guerrero as a whole. As the CIPOG-EZ, we will maintain a blockade on the highway which runs from Tlapa to Chilapa, and we will carry out more actions until the return of our brothers Pablo Hilario and Samuel Hernández, until the governments assume their responsibility to the people. We call on the different organizations, networks, collectives, and human rights organizations, to share, denounce, and be attentive to the situation.

Sincerely,

Popular Indigenous Council of Guerrero-Emiliano Zapata

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La Zarzamora

(Español) Temuco: Comunidades mapuche se manifestaron en repudio a nuevo proyecto hídrico de Juan Sutil

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Por: La Zarzamora

«Estamos en desacuerdo. No estamos contentos como lo señalo Juan Sutil, las comunidades se van a comenzar a organizar para rechazar la instalacion de cualquier proyecto que vaya a afectar nuestra Itxofil Monguen y sobre todo en este periodo en que estamos en escaces hídrica»

Lonko Cristina Painemal

Durante la mañana de este viernes 28 de enero, las comunidades que serían afectadas con el proyecto hídrico que pretende emplazar el empresario Juan Sutil en río Chochol, marcharon hacia Temuco para manifestar su absoluto rechazo al que calificaron «como mega proyecto frutícola extractivista» que comprendería 3 embalses de gran magnitud en Galvarino y Cholchol, dañando también los territorios de Lumaco, Traigén , Carahue, Nueva Imperial y Puerto Saavedra.

La manifestación comenzó con una caravana desde la plaza de CholChol, que partió en dirección a Temuco a eso de las 9:00 de la mañana, para agruparse posteriormente en la plaza Manuel Recabarren (plaza de los milicos). Desde ahí se dirigieron hacia la Superintendencia del Medio Ambiente de Temuco y luego a la Intendencia, lugares en los cuales entregaron cartas de rechazo al mega proyecto firmadas por 26 comunidades.

La lonko Cristina Painemal manifestó en a las afueras de la Superintendencia de Medio Ambiente los siguiente:

«Comunicar a la opinión pública, a las comunidades mapuche, que estamos en desacuerdo. No estamos contentos como lo señalo Juan Sutil, las comunidades se van a comenzar a organizar para rechazar la instalacion de cualquier proyecto que vaya a afectar nuestra Itxofil Monguen y sobre todo en este periodo en que estamos en escaces hídrica, donde las comunidades mapuche y no sólo mapuche sino también las ciudades que dependen del río Chol Chol, la comuna de Galvarino, Chol Chol, Carahue que tb se encuentran presentes queremoss manifestar nuestro rechazo al proyecto de Juan Sutil».

La numerosa marcha recorrió las calles céntricas de Temuco con gritos como: «el río se defiende», «el río no se vende» y «FUERA SUTIL» en referencia al empresario que desea emplazar este proyecto, quien pareciera tener una macabra fijación con las aguas de Wall Mapu, siendo conocido también por impulsar la cuestionada «carretera hídrica» que pretendía extraer aguas del río Queuco, hacia el norte de $hile.

Lonko Cristina Painemal

De la misma manera Painemal advirtió: «Somos comunidades autónomas, que no estamos vinculadas a ningún partido político. Con nuestro propio kimun, con nuestra propia organización, vamos a hacer la defensa de nuestra agua feley».

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Organización Viniketik en Resistencia

(Español) Nuestro compañero preso en lucha Marcelino Ruiz Gómez, de la organización Vineketik en Resistencia, se suma a la exigencia de justicia por los ataques y asesinatos a periodistas

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28/1/2022

CERSS nº 10 Comitán, Chiapas, México

COMUNICADO DE PRESOS INDÍGENAS EN LUCHA

Organización Viniketik en resistencia. Adherente a la Sexta declaración de la Selva Lacandona E.Z.L.N

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A los y las defensoras de derechos humanos.

A la sexta nacional e internacional.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Consejo Indígena de Gobierno.

A los medios de comunicación.

Al Pueblo Creyente.

A la sociedad civil organizada.

Al pueblo de México y al mundo.

Queridas compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, reciban mis saludos desde estas cuatro paredes con mucho cariño.

Al mismo tiempo, como presos tzotziles, les agradecemos el apoyo, su acompañamiento y solidaridad al estar pendientes de nosotros y de nuestro caminar a través de estos pasillos oscuros y fríos, pero sin bajar la antorcha de la esperanza, porque sabemos que no estamos solos, sino muchos los que estamos teniendo lazos de justicia y sembrando semillas de consciencia para cosechar justicia, esperanza, libertad y dignidad.

Sabemos que el enemigo opresor, la bestia capitalista, los poderosos y los políticos corruptos han estructurado el sistema político a beneficio suyo, y que les ha servido para oprimir a nuestros pueblos apropiándose de nuestros territorios, despojando las tierras, envenenando nuestros ríos, matando, desapareciendo, esclavizando y encarcelando. Y los medios de comunicación andan bombardeando con manipulaciones, escondiendo la verdad y publicando mentiras, quieren hacer creer a la sociedad a conveniencia de sus patrones los poderosos.

Cuántos periodistas de buen corazón que han sido asesinados, desaparecidos, sólo por informar la verdad y estar en contra de las mentiras de algunos, hasta algunos están en prisión.

Por todo ésto pedimos justicia y así todos juntos seguir caminando los que elegimos la vida y la libertad, organizándonos como hermanos que somos para juntos defender nuestros pueblos y nuestra madre tierra, nuestras raíces y vivir de acuerdo con nuestros corazones y seguir resistiendo con digna rebeldía.

¡Hasta que todos seamos libres!

Atentamente,

Organización Viniketik en Resistencia

Marcelino Ruiz

radio
Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México

(Español) Frente a la arrograncia, discriminación, desprecio y criminalización que ejerce Adelfo Regino Montes, titular del INPI, en contra de la comunidad indígena otomí residente en la CDMX, damos a conocer nuestra palabra humilde pero verdadera

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Ciudad de México a 26 de Enero de 2022

 

Al CCRI CG EZLN.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

A la Comisión Sexta Zapatista del EZLN.

Al Congreso Nacional Indígena.

Al Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de Jesús Patricio Martínez.

A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

A la Sexta en México y el mundo.

A los Medios libres, independientes, alternativos o como se llamen.

A los Medios de Comunicación.

Al Pueblo de México.

 

Herman@s

Ante la traición, la mentira y el engaño no podemos quedarnos callad@s.

  1. Al titular del mal llamado INPI, Adelfo Regino Montes, ¿ya se le olvidó por que NO despacha en esta sede desde hace más de un año y tres meses?. ¿Por qué se llena la boca en decir, -refiriéndose a la Comunidad Otomí residente en la CDMX-, que: Yo no he visto que tengan ellos la voluntad de llegar a acuerdos y de cumplirlos, sino que lo que he visto es que hay un conjunto de pretextos para seguir apoderándose de los bienes de la institución».

Le recordamos Sr. Adelfo Regino Montes, que tomamos esta institución como un acto de repudio a los ataques paramilitares en contra de nuestros herman@s zapatistas mismos que Usted traicionó; tomamos esta institución como un acto de repudio a la traición que desde estas oficinas ejercía -y sigue ejerciendo- usted, en contra de los pueblos originarios y comunidades indígenas y que al amparo y cobijo de la impunidad y el poder del dinero, se impusieron consultas a modo para imponer, los mega proyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucia  y la Refinería de dos Bocas, entre otros; tomamos esta institución como acto de repudio a la indiferencia gubernamental para atender nuestras demandas más elementales: trabajo, alimentación, salud, cultura, vivienda, democracia, libertad y justicia. Sin embargo, como muestra un botón, a un año y tres meses seguimos esperando su respuesta.

  1. En días pasados, como tod@s lo sabemos, las noticias y las redes sociales, han dado cuenta que “Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, se pronunció a favor de que el acervo cultural que Banamex tiene en México y que se incluye entre los activos que Citibanamex ha anunciado que venderá debería formar parte del patrimonio nacional.” Esta nota fue el detonante, para que algunos funcionarios de la mal llamada Cuarta Transformación, se acordaran que al salir corriendo de esta Sede, se olvidaron del “Acervo de Arte Indígena”, que de acuerdo al libro “Arte y Memoria Indígena de México” y que publicara la extinta Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 2014, es que supimos de la existencia de este Acervo.
  2. Es lamentable que Adelfo Regino Montes, ante el olvido y desprecio por el “Acervo de Arte Indígena” se justifique ante los medios de comunicación, señalando que “quienes mantienen tomada su sede en la Colonia Xoco no permiten el acceso a personal especializado”. Sr. Adelfo Regino Montes, Usted Miente; Usted dice que la Comunidad Otomí “impidió el ingreso al mismo para revisar el estado que guarda la valiosa colección.” Sr. Adelfo Regino Montes Usted Miente; tambien dice que “Esas personas que han tomado estas instalaciones no permiten siquiera la entrada de personal especializado para que pueda constatar de qué modo pudiéramos continuar con este resguardo, con este cuidado del patrimonio de la institución». Sr. Adelfo regino Montes, usted miente, pues nunca se ha presentado “personal especializado” y, sigue mintiendo al decir que el el Acervo es patrimonio de la Institución, mentira, es un patrimonio de los pueblos originarios y comunidades indígenas, asi como de otros pueblos más allá de nuestras fronteras y especialmente del pueblo de México.
  3. Sr. Adelfo Regino Montes, lo que sí denunciamos públicamente y ante los medios de comunicación, es que Usted como titular del mal llamado INPI, es el único responsable de los daños y deterioro que pudiera presentar el “Acervo de Arte Indigena”, pues en reiteradas ocasiones han dado la orden para cortar el suministro de luz, con la idea de fastidiar la lucha y resistencia de la comunidad Otomí, sin importarle el daño irreversible que le han provocado al Acervo que hoy tanto reclama. Si el problema es el recibo de luz, hable Usted con su hermano, con el funcionario más despreciable de este país, no solo por el grave despojo que cometen contra los pueblos, sino porque seguramente el dió la orden para asesinar a nuestro hermano “Samir Flores Soberanes”, abierto opositor a la Termoeléctrica de HUEXCA. Usted sabe bien a quien nos referimos, a Manuel Barlett, titular de la Comisión Nacional de Electricidad (CFE). Usted dijo ante los medios, que “No se ha podido pagar porque no tenemos acceso siquiera a los recibos», déjese ya de pretextos
  4. Sr. Adelfo Regino Montes. No le exigimos congruencia porque no la tiene, lo que si le pedimos es que ya no mienta. Pues ha de recordar que en las Mesas de Diálogo a la que emplazamos como Comunidad Otomí, acudió el Anterior Secretario de Gobierno Alfonso Suárez del Real, y Usted, se presentó sólo en dos ocasiones y sin ningún compromiso, todo el tiempo se mantuvo agachado pues no tenía cara para vernos de frente. Prefirió abandonar las mesas de diálogo y desatenderse de su responsabilidad institucional, aún sabiendo que el edificio donde operaba la Dirección General del INPI, estaba tomado por la resistencia y rebeldía de nuestro pueblo. Ahora resulta que, “han sido los integrantes de la comunidad otomí quienes no han manifestado interés en continuar con el proceso de diálogo que se había iniciado.”

Peor aún, ya no solo vemos discriminación, desprecio, olvido, traición e indiferencia a nuestros pueblos originarios, hoy miramos abiertamente una guerra contra nuestros pueblos y comunidades indígenas, sobre todo aquellas que no le aplauden al finquero o las que se oponen al despojo del agua, el territorio y la madre tierra. Lo más grave de esta guerra, es que viene de quien en algún tiempo pasado pregonaba “la lealtad de la propias comunidades” esa que se traduce en fuerza politica, y este es su mayor miedo. Es por ello, que mientras alude diálogo con la Comunidad Otomí, públicamente también ha declarado, “que se ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por la toma del edificio.” No nos sorprende su doble discurso.

 

Por otro lado, denunciamos públicamente y lo responsabilizamos de los que le pueda pasar a nuestro compañero Diego García, pues usted declaró que, “…  la toma del INPI ha afectado las gestiones de autoridades comunitarias que buscan algún beneficio para los pueblos, cualquier pérdida en el acervo será responsabilidad de quienes han bloqueado el acceso al mismo.”

«Y en particular de la persona que los lidera, que es Diego García (líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata-Benito Juárez), que, por cierto, no tiene ascendencia relacionada con alguna comunidad, con algún pueblo indígena. «Él tendrá que asumir las consecuencias, asumir una responsabilidad ante este perjuicio que está causando con el Instituto, y en particular con este acervo tan importante», remarcó el titular del INPI.”

Sr. Adelfo Regino Montes, su discriminación y racismos exacerbado, se denota al señalar, que nuestro compañero Diego, no tiene ascendencia relacionada con alguna comunidad. Esta declaración de guerra y la evidente criminalización de la lucha social, es más clara que el agua y le exigimos a que se disculpe públicamente.

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Por lo anteriormente expuesto, proponemos lo siguiente:

1º. Que Adelfo Regino Montes, públicamente se desista de la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por la toma del edificio”, como una muestra de voluntad para retomar Diálogo, una condición indispensable para pasar a la siguiente propuesta.

2º. Tomando en cuenta que se ha señalado en los medios de comunicación que es la Comunidad Otomí la que no ha “manifestado interés en continuar con el proceso de diálogo que se había iniciado”. Frente a esta declaración, nuestra respuesta es clara.

Convocamos a reanudar las Mesas de Diálogo Público el próximo viernes 4 de febrero de 2022, a las 11:00 Hrs., y para ellos emplazamos al Titular del mal llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, Adelfo Regino Montes y al Secretario de Gobierno Martí Batres Guadarrama. Cita: Acceso principal de la Casa de lo Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”, ubicada en Av. México-Coyoacán 343, Col. Xoco. Benito Juárez. En dicha reunión las partes nos obligamos a presentar el calendarios de trabajo para abordar las Mesas de Diálogo y la participación de las instancias y autoridades involucradas, con carácter resolutivo.

3º. Las 7 Mesas de Diálogo que se convinieron hace más de un año, son las siguiente:

– Salud y Alimentación, 

– Trabajo y Justicia

– Educación y Cultura (en esta mesa se abordaría el tema del “Acervo de Arte Indígena”)

– Vivienda y Derecho a la Ciudad

– Agua, Luz, Drenaje, Pavimentación, escuelas, mercado de artesanías, saqueo del agua y toma del Pozo en Santiago Mexquititlán

– Democracia y Libertad

– Mega Proyectos, Madre Tierra y Resistencia de los Pueblos

4º. En tanto prevalece la incertidumbre del resguardo, cuidado y preservación del “Acervo de Arte Indígena” la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, toma en sus manos y asume la defensa colectiva del Patrimonio de todos los Pueblos originarios y comunidades indígenas de México y de otros pueblos, que obran como parte del Acervo.

Para que esto sea posible, convocaremos a un Gran Foro de análisis, reflexión y propuesta para preservar y garantizar “ya no más abandono y descuido” de nuestro Acervo que data según la CDI del Siglo XVII. Convocaremos a especialistas, académico@s, investigador@s, antropólog@s, curador@s, etnólog@s, arqueólog@s, asi mismo a instituciones como la UNAM, la ENAH, Bellas Artes, INAH, Museos; pero sobretodo, a los pueblos originarios y comunidades indigenas, siempre respetando la autonomía, derechos, identidad, lengua y cultura de de nuestros pueblos. Y por supuesto, las autoridades responsables e involucradas, debido a que  “Las colecciones que conforman el Acervo son: Cerámica, Textiles, Lacas, Miniaturas, Cartón y papel, Fibras, Instrumentos musicales, Tecnología, Juguetería, Joyería, Lapidaria, Metales, Escultura, Mobiliario, Impresos, Gráfica y pintura, Máscaras, Vidrio, Arte plumario, Hueso y concha, Talabartería y Manufacturas diversas17. A su vez, cada colección se divide en tres subcolecciones, de acuerdo con la funcionalidad de la pieza dentro de su contexto de producción: Ritual, uso cotidiano y ornamental.”

Sres. y Sras. de Medios de comunicación, estas son nuestras propuesta, para atender las mesas de diálogo que llevan implícitas nuestras demandas y atender colectivamente y sobretodo, a la vista del pueblo de México, el estado que guarda el Acervo de Arte Indígena, para que a partir de este diálogo con las instituciones y las autoridades correspondientes, se de a conocer y preservase nuestro patrimonio de arte indígena, además, que deje de ser, solamente del conocimiento y dominio de las instituciones, y pase a ser del conocimiento público de nuestros pueblos y comunidades indígenas de de todo el pueblo de México, tomando en cuenta siempre, el cuidado, resguardo y conservación de este patrimonio.

Finalmente, queremos reiterar, para quienes no se dan por enterados, que en el marco de la conmemoración de los 500 años de la caída de México-Tenochtitlán, el pasado 13 de agosto de 2021, la Comunidad Indígena Otomí, anunció que a partir de esa fecha, tomaba posesión definitiva de la sede del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y que a partir de ese momento, “se convierte en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’”. Así mismo, que “Frente a la indiferencia gubernamental, hemos resuelto que este inmueble lo arranquemos del patrimonio del gobierno federal y pasa a ser patrimonio de los Pueblos y Comunidades Indígenas que integran el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno”.

 

ATENTAMENTE

¡Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos!

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

¡Samir Vive, la Lucha Sigue!

¡Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Nunca más un México y una Ciudad sin nosotr@s 


Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México integrante del Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno y de la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal 

radio
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

COMUNICADO | CIPOG-EZ denuncia la desaparición forzada de Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez

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EL CRIMEN ORGANIZADO MANTIENE SU PODER EN EL ESTADO DE GUERRERO, FRENTE A LA INACCIÓN Y COMPLICIDAD DEL GOBIERNO, MIENTRAS SIGUEN DESAPARECIENDO Y ASESINANDO A LA POBLACIÓN

 

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red contra la Represión y por la Solidaridad

A las Organizaciones de Derechos Humanos

 

27 de enero de 2022

Hermanos y hermanas, luego de denunciar que la tarde del 25 de enero, aproximadamente a las 5:40 de la tarde, nuestros compañeros Pablo Hilario Morales de la comunidad de Tula y Samuel Hernández Sánchez de la comunidad de Zapapexco municipio de Chilapa, ambas comunidades integrantes del CIPOG-EZ, CNI-CIG, fueran detenidos por la policía municipal y un comandante del Ayuntamiento de Atlixctac, seguimos sin saber nada de ellos.

Como organización, buscamos obtener información de su paradero, pero las autoridades dicen no saber nada de ellos, incluso en Atlixtac, se le negó información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tememos por la vida de nuestros hermanos, pero a las autoridades parece no importarles la vida. Es más que evidente que el gobierno de Guerrero teme atentar contra los intereses de los grupos delincuenciales, que se mueven a sus anchas, secuestrando, asesinando, torturando, disparando en contra de la población en todo el estado; Acapulco, Chilapa, en distintas partes de la sierra, en la Montaña de Tlapa, Chilpancingo, son escenarios de extorsiones y asesinatos y la inacción de las autoridades es a todas luces muestra de que están coludidas con los grupos delincuenciales y narco-paramilitares. Esto lo hemos denunciado hasta el cansancio pero desde las autoridades municipales y estatales de Guerrero, hasta las federales, hacen oídos sordos y nos miran con desprecio, como si sólo estuviéramos pidiendo su caridad, sus programas sociales, migajas para callarnos.

Pero no sólo son las autoridades de los municipios y los presidentes municipales, pues la Guardia Nacional, la Sedena, la policía estatal y todas las corporaciones que supuestamente se deben encargar de la seguridad del pueblo, también se tapan los ojos para no ver a quienes perpetran los crímenes contra las comunidades, al mismo tiempo que se llenan la boca con palabrería para afirmar que se están realizando acciones para brindar seguridad. No entienden que a la delincuencia, a los grupos narco-paramilitares, se les debe buscar dentro de su misma estructura, dentro de la policía municipal, dentro de la fiscalía, en los presidentes municipales, que con una mano cobran el salario producto de los impuestos del pueblo y con la otra cobran la paga del crimen organizado por su complicidad, por su silencio.

¿De qué sirve el diálogo que ofrece la 4T, Evelyn Salgado Pineda y los demás niveles de gobierno, si a la hora de enfrentar a la delincuencia no lo hacen? Por eso afirmamos que sólo están simulando escuchar al pueblo. Es por eso que les decimos que si no pueden brindar seguridad, que renuncien, si no se atreven a enfrentar al crimen organizado, que se vayan. Porque para las autoridades la vida de nuestros pueblos son números, son votantes, son el botín político, sólo administran las muertes en función de la imagen de su gobierno, por lo que acuden a la mentira para no evidenciar su ineptitud.

Es visible el vacío de poder que existe en Guerrero; no es posible que el gobierno tema enfrentar a la delincuencia y a los grupos narco-paramilitares. Ayer mismo, en Valle de Ocotito, municipio de Chilpancingo, personas con armas de uso exclusivo del ejército y autos blindados, dispararon por más de una hora, al rededor de las 5 de la tarde en contra de la policía ciudadana, sin alguna autoridad que enfrentara a estos grupos delincuenciales, ni el ejército, ni la ministerial, ni la Guardia Nacional han actuado para realizar las detenciones e impedir la violencia que azota al estado, demostrando que estos grupos delincuenciales tienen la capacidad de atacar y entrar cuando quieran, que tienen el control de los policías que les pasan información para que ellos circulen y dañen a la población, para que asesinen a quienes deciden defender la vida de ésta.

 

  • Es por eso que demandamos la aparición con vida de nuestros hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez.
  • Que se depuren a las policías municipales del Municipio de Atlixtac, del Municipio de Chilapa, del Municipio de José Joaquín de Herrera, pues se sabe de sobra que están coludidos con el grupo delincuencial y narco-paramilitar “Los Ardillos”.
  • La investigación y depuración de los presidentes municipales, pues son éstos quienes tienen la coordinación y la disputa por los recursos de los pueblos y permiten que los grupos delincuenciales operen con toda la libertad.
  • Que la Sedena y Guardia Nacional, empiecen a hacer su trabajo de detener a la delincuencia, a “Los Ardillos” y a quienes permiten que éstos maten y atemoricen a la población.

 

Responsabilizamos al presidente municipal de Atlixtac y a la policía municipal, por la desaparición de nuestros hermanos. También responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, pues saben lo que pasa en Guerrero, las denuncias se han hecho en todas las instancias gubernamentales, sin una respuesta clara que termine con la violencia en nuestras comunidades, ni en el estado. Como CIPOG-EZ, mantenemos un bloqueo en la carretera que va de Tlapa a Chilapa, y realizaremos más acciones hasta no tener de vuelta a nuestros hermanos Pablo Hilario y Samuel Hernández y hasta no ver que los gobiernos asuman su responsabilidad con el pueblo, por lo que llamamos a las distintas organizaciones, redes, colectividades, organismos de Derechos Humanos, a difundir, denunciar y estar atentos a lo que pueda suceder.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

radio
Entre Pueblos

(Español) Ecocidio en Perú por vertido de petroleo de Repsol en costas de Lima

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Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú pedimos acciones inmediatas a Repsol y al Estado español en cumplimiento de principios rectores de Empresas y DDHH

– Lima, a 20 de enero de 2022 –

Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú, plataforma que agrupa a 17 organizaciones que desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en el Perú, manifestamos nuestra profunda preocupación y alarma ante el reciente vertido de petróleo en las costas de Lima, responsabilidad de la empresa española Repsol, y su refinería en el distrito de Ventanilla: La Pampilla. Saludamos el comunicado de la Embajada de España en Perú solicitando acciones de reparación y las investigaciones correspondientes y, por todo ello, pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores, y dentro de él a la Embajada española y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, además de a la Cámara de Comercio que hagan todas las acciones posibles para hacer cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (resolución 17/4 del Consejo de DD.HH. de NNUU) que el propio Estado español ha suscrito con la aprobación del Plan de Acción Nacional de Empresas y DD.HH. en 2017 y el cual establece, entre otros “el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo”.  La actuación de Repsol previa y posterior al desastre ecológico generado por el vertido de varios miles de barriles de petróleo, que ha derivado en la contaminación de litoral peruano, los cuales abarcan áreas naturales del país e importantes núcleos de población, podría constituir un delito ambiental que debe ser oportunamente investigado; y muestra la falta del cumplimiento por su parte del principio de debida diligencia que busca evitar la violación de los derechos de terceros y hacer frente a los impactos adversos de su actividad. Por todo ello, exigimos se tomen las medidas efectivas para cumplir los principios de “proteger, respetar y remediar”, que descansan, como es de su conocimiento, en tres pilares fundamentales:

  1. la obligación del Estado de proteger frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas;
  2. la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y
  3. la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de remedio efectivas, judiciales y no judiciales.

En base a ello, pedimos al Estado español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Perú y la Agencia Española de Cooperación que en cumplimiento del principio rector 1: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”, insten a tomar todas las medidas necesarias a Repsol para reparar el ecocidio generado en las costas peruanas, remediar a la población aledaña impactada y afectada en sus medios de subsistencia y los ecosistemas circundantes, así como la urgente adecuación de los procesos de la Refinería La Pampilla a estándares medioambientales internacionales que pongan fin a daños ambientales que durante décadas llevan generando en su zona de intervención. Asimismo, instamos a la Cámara de Comercio a pronunciarse de manera crítica sobre esta situación y a reforzar sus compromisos para que todos sus miembros trabajen para respetar, proteger y remediar cualquier posible impacto en materia ambiental, laboral y de DD.HH. de sus actuaciones en el país. Adicionalmente, hacemos un llamado a poner la atención y prevenir todo tipo de impactos en la selva del país – zona que ha sufrido 566 derrames desde 1997 y donde la citada empresa también tiene operaciones- debido a la corrosión de ductos y fallas operativas causadas por terceros, que no han sido remediados ni indemnizados a la población afectada.  Más allá de cualquier actividad de lucro, en un contexto de crisis climática como el actual, la protección de los ecosistemas en un país megadiverso como Perú debe ser una prioridad para los estados a nivel global. Es una responsabilidad fundamental con las generaciones actuales y futuras actuar de manera coherente y en cumplimiento de los compromisos suscritos en materia de desarrollo (ODS), empresas y DD.HH. y lucha contra el cambio climático, así como caminar hacia un modelo de transición social y energética que abandone el extractivismo y la dependencia de combustibles fósiles de alto impacto ecológico, y se base en el uso de las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleo verde de manera que respondan a los retos de salud poblacional, neutralidad climática y seguridad energética actuales. Por nuestra parte, desde la sociedad civil organizada seguiremos desarrollando nuestra labor de vigilancia sobre la situación acontecida, e instando a la aprobación de un Tratado  jurídicamente Vinculante en el marco de la ONU para regular, en el derecho internacional, las actividades de las empresas transnacionales (ETN), incluidas todas las entidades de sus cadenas de producción mundiales, así como la Ley de debida diligencia en la UE que obliguen a las empresas a respetar los DD.HH. y a reparar los daños de sus acciones.

Foro de ONGDs Españolas


Fotografía de portada de Adan Calatayud del mar de Santa Rosa 21/01/2022

radio
Avispa Midia

Alertan académicos que México podría alcanzar los dos grados centígrados para 2040

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Mientras que el planeta se acerca al límite de 1.5 grados centígrados en su temperatura, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pronostican que, de no hacer nada en los próximos 18 años, México crecerá a dos grados centígrados para la década de 2040, con efectos devastadores en la agricultura y la economía nacional.

El investigador Francisco Estrada Porrúa ha advertido que el territorio mexicano se esta calentando más rápido que el promedio global. “De hecho, en el 2020, que ha sido el año más caliente que hemos registrado, rebasamos los 1.5 grados y estuvimos por arriba de 1.6 grados. Esto se debe a la variabilidad natural y a la tendencia de calentamiento”, señalo el investigador quien es el coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM.

La investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC), Paulina Ordóñez Pérez, cuestiona “¿por qué decimos que esto es peligroso? Pues hemos recopilado numerosas evidencias científicas que nos dicen que este aumento de 1.5 grados rebasa un límite seguro para el planeta, porque a partir de allí los riesgos se incrementarán”.

En conferencia de prensa el grupo de investigadores señalaron que, de 1975 a la fecha, México se ha calentando aproximadamente 0,3 grados cada década, lo que es alto en comparación con otras regiones del planeta. El 2021 fue el sexto año más caluroso a nivel global, con un aumento de 1.1 a 1.2 grados centígrados con respecto al periodo preindustrial. Aunque el calentamiento se ha presentado de diversas formas en la geografía mexicana, “mientras que en el centro y gran parte del país está alrededor de dos grados por siglo, hay regiones en el norte que han alcanzado tendencias de hasta seis grados”.

Los expertos de la UNAM han registrado que la última década ha sido la más calurosa. “Hay estimaciones de que la temperatura aumentará a 1.5 grados centígrados para inicios de 2030 y a dos grados para 2040 en el planeta (con respecto a principios del siglo pasado)”, estimaron expertos de la UNAM.

Para el año 2070, el territorio mexicano podría alcanzar aumentos mayores a cuatro grados en la temperatura anual, lo que significaría un daño irreversible para los ecosistemas e incluso algunos no podrían adaptarse. Algunas de las principales ciudades que podrían sufrir perdidas millonarias son, “Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tendrán pérdidas económicas por cambio climático que podrían rebasar mil millones de dólares anuales en esta década de 2020”, sostienes los investigadores.

Se alerta que la agricultura es un sector que se verá fuertemente impactada con reducciones en rendimientos de 5 a 20% en las próximas dos décadas, y de hasta 80% a finales del siglo para algunos cultivos y entidades, lo que significa escases de alimentos. “Los estados con mayor aptitud actualmente para maíz de temporal podrían perder, a finales de siglo, entre un 30 y un 40 por ciento en rendimientos”, destacaron los investigadores de la UNAM.

Los expertos también puntualizan que algunas regiones sufrirán inundaciones como, Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

“El cambio climático afecta ya todas las regiones del planeta, de manera más intensa en las zonas continentales del hemisferio norte, y de manera global más de mil 800 millones de personas han padecido como el año más caluroso al 2021”, añadió la investigadora Ordóñez.

Entre las posibles soluciones que propone Alejandro Jaramillo Moreno, también investigador del ICAyCC, está la aceleración en la transición energética, pero sobre todo remarca con sus colegas especialistas de la UNAM, reducir fuertemente el consumo “como individuos y lograr un cambio en el modelo social, mantener el suelo de conservación para proteger los acuíferos, incrementar en las ciudades superficies y azoteas verdes, así como modificar los pavimentos hacia materiales permeables que permitan el paso del agua”.

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