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Avispa Midia

Conversatorio: “Sur de México: militarización transfronteriza, megaproyectos y pueblos originarios”

Fuente: Avispa Midia

 

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Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán

Comunicado de Azqueltan sumándose a la caravana y a las exigencias de San Sebastián Teponahuaxtlán

A la comunidad Wixárika de Waut+a- San Sebastián Teponahuaxtlán

Al pueblo y gobierno de México

La comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, anunciamos que por acuerdo de la asamblea general, nuestras autoridades tradicionales y agrarias se suman a la marcha por la Dignidad y la Conciencia Wixárika, que luego de más de 900 kilómetros, arriba a la Ciudad de México y exigimos al gobierno federal que se dé una solución integral y definitiva al conflicto agrario en Huajimic, Nayarit.

Los pueblos indígenas no tenemos porqué mendigar la justicia, como si ganar un juicio no fuera algo que se nos tenga permitido a los que somos originarios de este país México, como si las leyes no hubieran sido hechas para nosotros, excepto las que están dirigidas al saqueo, a la privatización y al despojo.

Como comunidad de Azqueltán sabemos que no puede haber pequeñas propiedades sobre los terrenos comunales, pues para eso hay leyes que nos protegen, hay tratados internacionales y está la constitución mexicana.

Reconocemos la larga lucha de la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán por el territorio ancestral que le fue reconocido tanto en su título virreinal como en su resolución presidencial. Sabemos, porque hemos sido testigos, de las invasiones causadas por la ambición y por las políticas de los gobiernos, que buscan siempre privilegiar a la propiedad privada sobre la propiedad colectiva para hacer la tierra una mercancía. Con más razón cuando reconocemos esos territorios como sagrados, donde se manifiesta nuestras deidades y nuestra madre que es la tierra.

Hemos sido testigos también de la larga lucha de San Sebastián por defender y cuidar, como nuestra madre sagrada, a la tierra, que es su territorio ancestral, lo que es digno de admiración, respeto y un ejemplo para toda la región y para nuestro país.

Nos sumamos a la exigencia de que el Gobierno Federal haga valer las leyes, las sentencias emitidas por el Tribunal unitario Agrario del Distrito 16 y señale con precisión los pasos a seguir para la restitución inmediata de las tierras comunales, sin falsas mesas de negociación y sin pretextos que lleven a alargar el regreso de las tierras a sus verdaderos dueños.

Atentamente

A 26 de mayo de 2022

Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco 

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El Salto diario

La policía desaloja la ODS Ingobernable en la calle Cruz de Madrid

A las 8h del 24 de mayo, acompañado de un cortejo de furgonetas policiales, un contingente de antidisturbios ha procedido al desalojo de la Oficina de Derechos Sociales (ODS) de La Ingobernable, en la calle Cruz de Madrid. Termina así la experiencia de este centro social, que fue recuperado por la asamblea de La Ingobernable hace un año escaso en el edificio del Hotel Cantábrico, que pertenece a la empresa de peluquería Marco Aldany. “Los propietarios del edificio de calle Cruz, Marco Aldany junto con One Shot Hotels, nos han desalojado sin previo aviso, después de que el espacio estuviera durante cinco años abandonado”, afirman desde el centro social a El Salto.

Según explican, One Shot Hotels es una empresa hotelera propiedad de la aristocrática Familia de Solís Tello y Luis Felipe Mendieta, participada por fondos de inversión como Nazca. Dicha familia ha alquilado el antiguo Hostal Cantábrico a los hermanos Fernández Luengo, más conocidos por ser los propietarios de la cadena de peluquerías Marco Aldany. Desde el Ayuntamiento de Almeida, han permitido el cambio de uso de suelo para convertir el edificio ahora abandonado en un hotel de lujo.

 

No es solo esta operación de especulación lo que quieren denunciar desde el centro social, “sino de acaparamiento de aquellos que ya gozan de un amplio imperio inmobiliario” en referencia a la familia que controla la cadena de peluquerías y que “cuentan con más de diez empresas y múltiples propiedades y negocios: ZZ Inmobilari Próxima con un patrimonio de 12 millones de euros en terrenos, 58 millones de euros en propiedades, además del Hostal Residencia Arti en Gran Vía, el Hotel Ciudad de Alcalá, un conglomerado en el negocio de las residencias de estudiantes y 19 apartamentos repartidos entre Atocha, Malasaña y Gran Vía”.

En 2019, una de sus empresas ejecutó un desalojo extrajudicial con denuncia de lesiones y agresiones homófobas del CSOT La Pluma. Uno de los hermanos, Daniel Fernández Luengo, sigue pendiente de resolución judicial sobre las agresiones y delitos de odio por los insultos homófobos que la empresa de matones que contrató para el desalojo.

Durante estos doce meses, la asamblea que recuperó el espacio se focalizó en cubrir siete ejes de trabajo: el derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, derecho a la protesta, precariedad laboral, transfeminismos y disidencias, renta básica y salud comunitaria.

Entre sus paredes se procuraron espacios de estudio y trabajo para distintos colectivos y se planificaron acciones como la de desobediencia no violenta que tiñó el Congreso de los Diputados de color rojo el pasado mes de abril para denunciar el retraso en la acción climática.

La ODS se levantó sobre un hotel de cuatro plantas, más de 2.000 metros cuadrados, con alrededor de 120 habitaciones, que llevaba más de cinco años abandonado. Se trataba del tercer emplazamiento de La Ingobernable, tras el edificio que dio lugar a la asamblea, en la calle del Gobernador, y la efímera ocupación de la calle Alberto Bosch, que fue desalojada durante el estado de alarma.

A lo largo del mes de mayo se han acumulado las noticias en torno a esta asamblea. El día 6, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictaminó que el Ayuntamiento de Madrid estaba fuera de la legalidad para desalojar el primer centro social La Ingobernable el 13 de noviembre de 2019 y, aún sabiéndolo, procedió por causas ajenas a sus competencias al desalojo. Un día después, ese espacio anunciaba la okupación del antiguo convento de Las Recogidas, parte del patrimonio de UGT, que el sindicato quiere convertir en un hotel. Tras unas horas de retención a decenas de personas por parte de la policía, el día 8, Delegación de Gobierno autorizaba el desalojo de ese edificio en la calle Hortaleza.

“Una vez más, aquellos que prefieren seguir enriqueciéndose a costa de hacer más hoteles vuelven a desalojar un centro social”, lamentan desde La Ingobernable, que ven en este ataque contra los centros sociales “una evidencia más de la ciudad que quieren. Una ciudad muerta llena de hoteles”.

“Están deseando eliminar de la ciudad los espacios vecinales, quieren dejar Madrid vacía de centros sociales”, alertan en referencia a los ataques, desalojos y ensañamiento con otros centros sociales. “La lista es larga: La Gasoli (Guindalera), el Solar Maravillas (Malasaña), La Salamandra (Moratalaz), La Dragona (La Elipa), La Yaya (Argüelles), la Casa de las Asociaciones (Hortaleza), el EV Montamarta (San Blas), el EVA de Arganzuela , la Casa de la Cultura (Chamberi), La Casa del Cura (Malasaña), La Enredadera (Tetuán), la actual amenaza sobre el Atalaya (Vallekas) o lo comprobamos: están deseando eliminar de la ciudad los espacios vecinales. Y regalársela a la especulación y la turistificación”.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 25 mayo 2022

Rompiendo Fronteras

MUNDO: Julian Assange presos politico global por defender el derecho a la verdad. Coalición Vida y Libertad para Julian.

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WALLMAPU CHILE: Estado de excepción muestra la continuidad del modelo colonial de Boric. Rebelion y Infowerken

PANAMA: Se mantienen las protestas en las provincias de Colon a mas de dos semanas de paro. Radio Temblor.

ESTADO ESPAÑOL: El rey Juan Carlos: “¿Explicaciones de qué?”. Por si la impunidad no era obvia. Kaos en la Red

HONDURAS: Se continua postergando el acceso a la justicia al Pueblo Lenca en el caso de Berta Caceres. El COPINH exige una pena ejemplar.  COPINH.

COSTA RICA:  EL 18 de Mayo Fuerza publica y grupos de choque mantienen bajo represion y acoso a recuperadores de tierra de los pueblos China Kichá.

Desde el ombligo del monstruo

CDMX: CDMX: Más de 100 mil personas desaparecidas en México, la cifra indigna. Familiares de vi ctimas exigen atencion y solución a la crisis humanitaria de desapariciones forzadas. Axel Hernández de Sueña Dignidad.

MEXICO: El pueblo Wixarika avanza a la Ciudad de México a exigir a la presidencia que les regresen sus tierras. Otomies en rebeldia.

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CHIAPAS: A 25 Años de la masacre de Acteal y a 1 año del asesinato de Pedro Simon, la dilación de la justicia continua. Pozol

MEDIOS LIBRES: Invitacion a Tejemedios en Puebla. Defiende la tierra, toma los medios.

MORELOS: Exigen a la secretaria de Economia cancelar las concesiones mineras en Morelos. Realizan mitin en Direccion de MInas y en plaza de Cuernavana. Morelos sin mina.

música:

-BALADA POR SANTIAGO

-Mi muñeca me conto versión feminista. Ensamble coral femenil Yanaldoo

-La lira libertaria- Estallo la revuelta

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Avispa Midia

Zonas Económicas Exclusivas, objetivo de los ejercicios militares en México y Belice

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

El viernes pasado (20) la Secretaría de Marina de México anunció oficialmente que los ejercicios militares llamados “Tradewinds 2022”, realizados en territorio mexicano y en Belice, habían concluido exitosamente. Uno de los objetivos fue fortalecer la relación de los Estados Unidos y los países socios. Otro propósito fue mejorar la capacidad de defensa de las Zonas Económicas Exclusivas.

Tradewinds es un ejercicio que se ha realizado por primera vez en territorio mexicano. Por lo que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), solicitó al parlamento de México que aprobara la entrada de tropas extranjeras a su país durante el periodo del 7 al 21 de mayo.

Los ejercicios tuvieron la aprobación del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. Fueron ejecutados y patrocinados por el Comando Sur (Southcom por sus siglas en inglés) de EEUU.

Participaron más de 1500 militares de 23 países, también organizaciones civiles, como World Hope International (WHI), quien apoyó al Southcom en territorio mexicano. “La principal participación de World Hope International en Tradewinds 22 se enmarca en la vía de ayuda humanitaria en caso de catástrofe en Cozumel (México) y apoya el Sistema de Seguridad Regional”, dijo Kevin J. Bostick, uno de los altos mandos del Southcom,.

La WHI, quien es financiada entre otros por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y Ayuda directa del Reino Unido (UKaid), ha participado en otros ejercicios, así como en contextos de guerra, como en Siria y, actualmente, apoyando a Ucrania.

Las Zonas Económicas Exclusivas

México tiene la decimotercera zona económica exclusiva más grande de la región con una superficie que comprende más de 3 millones de km², establecidas en el Océano Pacífico, el Golfo de California y el Golfo de México.

Sumado a ello, durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sur de México, decretó diversas Zonas Económicas Especiales que conectan con el Pacífico y con el Golfo de México. Tras la llegada de AMLO al poder, cambió el término Zona Económica Especial (ZEE) para los proyectos estratégicos y decidió nombrarlos como Zonas Francas, aunque comprenden las mismas líneas de inversión que contienen la ZEE.

Los ejercicios militares Tradewinds 2022, ideado por los EEUU, se han enfocado a fortalecer su capacidad de reacción en está región y desarrollar nuevos procedimientos operativos estándar. El objetivo es “mejorar la capacidad de defensa de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE); aumentar la preparación de EEUU y sus socios; promover los derechos humanos (…) y aumentar la conciencia del dominio marítimo”, señaló el alto mando del Southcom.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, durante la Quinta Reunión de Gobernadores del Sur-Sureste de México en Ciudad de México, anunció que su país invertirá 30 millones de dólares en esta región. Aunque ya había anunciado la misma cantidad en el mes de febrero pasado, junto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la organización conservacionista The Nature Conservancy (TNC) y Usaid.

En su momento firmaron una carta de intenciones para “fomentar la conservación y el desarrollo económico de la región sur-sureste” mexicano.

Actualmente las fuerzas armadas de México no solo se encargan de velar por la seguridad de estos complejos de desarrollo, sino que, además, están interviniendo en su construcción y parte de la administración. Esto se debe a que el mandatario mexicano elevó la importancia de estos complejos al decretarlas como de “seguridad nacional”.

Disuasión

En los ejercicios, las fuerzas armadas de México y Belice realizaron operaciones marítimas, urbanas y en jungla en Belice. También fueron asignados en la unidad de Localización, Búsqueda y Neutralización de Artefactos Explosivos.

Los participantes en estos ejercicios también recibieron entrenamiento para dilución de protestas o disturbios urbanos que califica dentro del “orden público y de lucha contra las bombas molotov”, coordinado y dirigido por el Real Regimiento de las Bermudas en la Academia de Formación de la Policía de Belmopan. Se utilizaron equipos y tácticas antidisturbios con simulacros de protestas con bombas molotov usadas por los propios militares.

La Marina agrega que, en los ejercicios, también se llevó a cabo un Ejercicio NAMSI (por sus siglas en inglés North American Maritime Security Initiative), “el cual es un esfuerzo de integración trilateral entre el Comando Marítimo de Canadá, la Guardia Costera de los Estados Unidos de América y la Secretaría de Marina-Armada de México”.

Las fuerzas armadas de México concluyeron que estos ejercicios “permiten a las fuerzas armadas de los países participantes incrementar sus capacidades y nivel de adiestramiento, así como su interoperatividad e interoperabilidad, mediante el entrenamiento y aprendizaje de nuevas técnicas”.

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Avispa Midia

Chile | Boric despliega fuerzas militares en territorios Mapuche

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

A dos meses de haber asumido la presidencia de Chile, Gabriel Boric, considerado por muchos como políticamente de “izquierda”, decretó Estado de Excepción en Biobío y La Araucanía, al sur del país, donde están territorios del pueblo Mapuche.

El despliegue de las fuerzas armadas en la zona del denominado “conflicto mapuche” empezó el miércoles 18 de mayo. La ocupación militar debe durar 15 días, con la posibilidad de prórroga, sin la necesidad de autorización por parte del Congreso Nacional de Chile.

En esas zonas existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

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La declaración del Estado de Excepción se da en un contexto de reclamo de los camioneros y trabajadores forestales para, según ellos, restablecer la seguridad en la zona.

“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de Estado de excepción)”, anunció la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

La militarización de algunas provincias de las regiones de La Araucaníay el Biobío no es algo novedoso. Fue ordenada por el expresidente Sebastián Piñera en octubre de 2021. La instrucción, ratificada 10 veces por el Congreso, no había sido renovada por el gobierno de Gabriel Boric, quien asumió el pasado el 11 de marzo.

La aplicación del Estado de Excepción en esas regiones fue una medida que Boric criticó durante la gestión de su antecesor Sebastián Piñera y había asumido el compromiso de no repetirlo.

Histórico del conflicto

En el sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial. El pueblo Mapuche reclama las tierras en las que han habitado por varios siglos y hoy pertenecen, en su mayoría, a empresas forestales y grandes complejos económicos que, según los mapuches, explotan bosques milenarios en los que se han sustituido árboles nativos por eucaliptos.

Oficialmente este proceso es conocido como la “Pacificación de La Araucanía”, en el que se explica la pugna entre los Mapuches y la ocupación del Estado chileno a finales del siglo XIX.

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En los enfrentamientos, un gran número de mapuches han muerto a mano de agentes del Estado, así como decenas de policías y colonos.

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Avispa Midia

Guatemala: ex preso político continúa defensa del río Cahabón

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Tras salir de prisión, Caal señaló que su libertad, es una clara derrota a la criminalización. Foto: Simone Dalmaso / Prensa Comunitaria

Bernardo Caal Xol, maestro indígena y defensor del territorio del pueblo Maya Q’eqchi’, en el norte de Guatemala, fue encarcelado el 30 de enero de 2018 por defender los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón por la empresa Oxec S.A., en el departamento de Alta Verapaz.

El 16 de julio de 2020, Amnistía Internacional nombró a Bernardo Caal preso de conciencia. Tras revisar el expediente penal abierto contra Bernardo Caal Xol, la organización encontró que no había evidencia de los delitos que se le acusaban.

“El proceso en su contra muestra patrones similares de criminalización contra otras personas defensoras de derechos humanos que la organización ha documentado en Guatemala”, señaló la organización.

Pese a la falta de evidencias y a la movilización de organizaciones nacionales e internacionales en su apoyo – incluso la relatora especial de derechos de los pueblos indígenas de la ONU expresó su preocupación por la condenada tras visitarle en la cárcel -, Caal fue condenado.

Ningún recurso interpuesto en su defensa logró su puesta en libertad; 69 magistrados se rehusaron a revisar los recursos que planteó su defensa. “En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso”, sostiene el indígena Maya Q’eqchi’.

Caal Xol cumplió la pena que le impusieron. Logró su libertad el 24 de marzo de 2022.

Mientras el indígena estaba en la prisión, siete proyectos de hidroeléctricas se llevaron a cabo en territorio Maya Q’eqchi’ en el cauce del río Cahabón, incluso en su comunidad.

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En una sentencia que el indígena califica como “vergonzosa”, la última instancia de Justicia de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, consideró que sí hubo violación a los derechos de los pueblos y que sí habría la necesidad de hacer una consulta libre, previa e informado; al mismo tiempo dio luz verde para que la empresa llevara a cabo el proyecto.

La empresa Oxec desvió 50 kilómetros del río Cahabón para que el agua fuera represada. En este trecho del río desviado, “están los guardias de seguridad armados de la empresa, cuidando para que nadie toque el agua”, cuenta Caal Xol.

Además, donde pasaba el río se quedó seco. “Las familias que viven ahí ya no tienen donde hacer uso del agua. El racismo con el cual actúan estas empresas y el Estado en ignorar la situación de las familias que se quedan sin agua que, ahora, tienen que caminar horas para conseguir un poco de agua. Lo único que hicieron fue regalar tinacos a las familias para colectar de la lluvia, mientras se llevaron el río”.

Avispa Midia platicó con Caal Xol en Guatemala un poco más de un mes de estar en libertad.

Recibimiento de Bernardo por pobladores de Sepos Semococh, la comunidad de donde es originario. Foto: Gilberto Cucul

En una larga entrevista, el indígena Maya Q’eqchi hace un recuento de cómo ha sido el proceso de criminalización de la lucha por defender el territorio, desde la llegada de la empresa Oxec. Lo que vivió es “una muestra de cómo en Guatemala las empresas criminalizan y cómo cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados”.

Existe un segundo expediente penal abierto contra Caal, “es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de Justicia”. Pese a ello, el indígena, con una mezcla de rabia e indignación de lo que está pasando en su territorio y en otras partes de América Latina, sostiene: “eso no puede ser”, “tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza; esta lucha sigue”.

En lo que sigue, reportamos algunos de los temas platicados en esta entrevista.

La llegada de la empresa

Empezamos a notar la presencia de personas extrañas, vehículos extraños en el territorio. De repente llega maquinaria bastante grande y empieza a escarbar el río Cahabón y a desviar su curso. No sabíamos quién era esta gente y lo que estaba haciendo en nuestro territorio.

Fue entonces que nosotros empezamos a averiguar lo qué estaba pasando. Constatamos que el Ministerio de Energía y Minas ya había autorizado las licencias. Los permisos ya habían sido publicados en el periódico oficial del Estado, el Diario de Centroamérica. Ya era oficial la decisión de construir las hidroeléctricas.

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Estas empresas llegan con engaños, con mentiras. Como siempre lo hacen, llegan diciendo que van a llevar desarrollo a las comunidades. En mi comunidad empezó a construir la empresa Oxec S.A.

Comunidades empiezan la organización

Nos damos cuenta del desvío del río y empezamos a reunirnos en asambleas y a tomar decisiones. Buscamos asesoría hasta la capital.

Las comunidades designan, por la gran distancia entre nuestro territorio y la capital, una comisión para que esté viajando constantemente, son aproximadamente unas 15 horas de camión. Y a mi me toca estar en la comisión como un vocero, para hacer las denuncias. Me vuelvo una cara visible para lo que denuncian todas las comunidades.

Ganan amparo

Se firma un amparo, yo soy el amparista, para poder detener la construcción de la empresa Oxec S.A. Más de 100 comunidades me delegan.

Pasado alrededor de un año de haber ingresado el amparo, la Corte de Justicia [última instancia de Justicia en Guatemala] reconoce la violación de derechos. El Estado de Guatemala no realizó la consulta libre, previa e informada. Tampoco dimos nuestro consentimiento. No fuimos consultados. Nuestro fundamento legal es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así que, con el tiempo, nos da la razón las últimas instancias de justicia y se suspenden las licencias.

Viene la persecución

A partir de la suspensión de las licencias empieza la persecución, empieza la criminalización. Los medios corporativos empiezan a difundir noticias todos los días, en grandes titulares, sobre mi persona. Difamándome, calumniándome.

Bernardo Caal en una actividad pública, antes de ser encarcelado en enero de 2018. Foto: Prensa Comunitaria

Fue una estrategia para ir preparando el terreno para que el pueblo de Guatemala me odiara, para causar el odio social.

La primera orden de captura

Entonces surge una orden de captura contra mí y después otra. La primera orden de captura decía: ‘se ordena su captura por estafar al Estado de Guatemala’.

Yo soy maestro, yo enseño. Y lo que argumentaban en sus acusaciones era que yo cobré salarios un año y no me presenté a la escuela con los niños – yo soy maestro de niños y niñas.

Hay un acuerdo de la ministra de Educación de Guatemala donde me cancela el trabajo, me cancela el contrato. Es aquí donde se inicia la persecución penal. Es una estrategia del Estado de Guatemala y de las empresas.

Yo me presento ante el juez, que emite la primera orden de captura, para presentar mis documentos y decirle ‘mira, yo no cometí el delito que usted dice’. Con las pruebas, no me pudieron llevar preso.

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Entonces, apuradamente, cambió el tipo penal con el cual me acusaban. Lo nombró como ‘retenciones y apropiaciones indebidas’. Todavía sigue el expediente abierto. Es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de justicia. Imagínate, este expediente está abierto desde 2016. Lleva seis años este proceso penal allí.

El objetivo era hacer creer el pueblo de Guatemala que quien está denunciando estas hidroeléctricas es un estafador. Pude probar lo contrario.

La segunda orden de captura

Entonces empezaron a trabajar otra orden de captura, ‘por robo agravado y detenciones ilegales’.

Ellos decían que yo y 100 personas más detuvimos un vehículo, que yo bajé a los tripulantes y ya, cuando los tenía abajo, empecé a arrojar a las cosas del vehículo, eran unos cables de la empresa Oxec. Este es el ‘robo agravado’ que me acusaron. Y ‘detenciones ilegales’ porque detuvimos el vehículo, dicen ellos.

La prisión

En enero de 2018 me presenté a una audiencia por la primera orden de captura para poder finalizar las acusaciones. Ahí fui detenido, debido a la segunda orden de captura. Por los delitos que me acusaron, me sentenciaron a siete años y cuatro meses de prisión.

Los testigos de la empresa Oxec decían al juez que fui yo el que robó. Pero yo ¿qué he robado? Primero es ilógico que yo, un amparista contra Oxec, les haya robado. Lo otro ilógico es que yo soy maestro. Yo trabajo con lapicero, con marcador, con mi pizarrón, con carteles, con cartulina, con libros, estas son mis herramientas de trabajo y no como ellos dicen que yo me robé costales de cables que ellos llevaban para la empresa Oxec. Sin embargo, el juez me sentencia.

Cumplí la sentencia. Hay una normativa aquí en Guatemala que dice que aquel privado de libertad al llegar a la mitad de la pena si documenta y argumenta haber tenido una buena conducta en el sistema penitenciaria y haber trabajado se puede pedir la libertad. Eso fue lo que yo hice. A parte de tener una buena conducta, como yo soy maestro, también estuve dando clases a los privados de libertad, que les negaron una educación desde su niñez.

Logré la libertad el 24 de marzo de 2022. Hace un mes y un par de días que salí de la prisión.

69 magistrados

Cuando fui sentenciado procedí a la apelación de mi sentencia. Dos años estuvo mí expediente sobre los escritorios de los magistrados. Se excusaron 69 magistrados en no querer analizar el expediente. En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso.

La interpretación es que el sistema de Justicia está cooptado. Esta es una muestra de cómo las empresas criminalizan, uno; lo otro es que estas empresas cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados.

Clamor popular

Un punto fundamental en este proceso fue el clamor popular. Yo, en la prisión, empiezo a escribir cartas para continuar con las denuncias, se empieza a difundir las cartas, muchas organizaciones nacionales e internacionales se enteran del proceso, empiezan los pronunciamientos. Las comunidades en resistencias también siempre estuvieron al tanto de mí, nunca me abandonaron.

Carta de Bernardo escrita desde la prisión.

Luz verde para la empresa

Cuando suspenden el proyecto de la hidroeléctrica empiezan las cámaras empresariales a presionar a la Corte de Constitucionalidad; empiezan a presionar a los magistrados para que cambiaran la decisión, de manera que estas empresas continuaran sus obras. Al fin, como decimos aquí en Guatemala, estos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad no aguantaron la casaca, se vieron presionados y cambiaran la sentencia.

Una sentencia vergonzosa

En pocas palabras lo que dice la sentencia es que si bien es cierto violaron los derechos de los pueblos mayas, las empresas pueden continuar las obras. La sentencia también dice que se debe hacer las consultas, y no las hicieron. Así lo dejaron. Entonces las empresas continuaron.

Es una sentencia vergonzosa ante los ojos del mundo. Sí, están reconociendo que hay violación de derechos y, al mismo tiempo, permiten que continúe, es decir, permite que se continúe violando.

Llegamos a la última instancia y nos dan una resolución de esta forma. Tal vez tengamos que apelar internacionalmente porque aquí ya no hay qué pelear jurídicamente.

Energía eléctrica y acuerdos de paz

En 1960 se inicia el conflicto armado interno aquí en Guatemala. La política era de tierra arrasada. Bombardeaban a las comunidades que el gobierno y el ejército consideraban guerrilleras, aunque no lo fueran. Una vez así lo declaraban, guerrilleras, acababan con esta comunidad.

Eso dura 36 años. En 1996 se firman los acuerdos de paz, que no se cumplen hasta hoy. ¿Qué es que pasaba mientras se preparaba esta firma? Se gestaban paquetes de leyes para hacer negocio con la energía eléctrica, para que pudieran entrar libremente estas empresas que hoy estamos viendo en nuestros territorios.

Los acuerdos de paz y las leyes que fueron creadas a partir de entonces fueron una estrategia de las familias oligarcas en Guatemala para entrar en los territorios, ya no con armas, sino con leyes que regulan la explotación.

En Cobán, la hidroeléctrica española Renace se ha instalado con amenazas a la población y falsas promesas de desarrollo para la zona. Foto: Pedro Armestre

Ahora hay una empresa que genera la electricidad, hay una empresa que la transporta y hay una empresa que la distribuye. Así es como se reparten los negocios. Y el mejor negocio que tienen ahorita es la construcción de hidroeléctricas porque eso les está generando muchas ganancias.

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Cuando llegan las comunidades a solicitar electricidad – porque están viendo que allí en su territorio se está produciendo mientras están en la obscuridad – entonces lo que les dicen, ‘pues mira, mi trabajo es solamente generar, yo no vendo’. Ya viene otra empresa toma esta electricidad y se la lleva a México y a otros países de Centroamérica, mientras las comunidades de Alta Verapaz, que más produce energía en Guatemala, se quedan en la obscuridad.

Y ¿de dónde sale la arquitectura de toda esta infraestructura? De las leyes que se iban preparando cuando se estaba negociando los acuerdos de paz.

Una persona que le haga daño a un bosque, a una montaña o a un río, uno va a denunciar y el mismo fiscal dice: ‘mire, su denuncia sí vale la pena, pero la ley dice que no tiene caso’. Se puede pagar una multa de cierta cantidad, que es vergonzosa, y se acaba el delito. ¿Cuándo prepararon esta ley? Uno ve la fecha y es de cuando estaban negociando los acuerdos de paz.

La criminalización también desde allí la preparan a todos los que se opongan a los megaproyectos. Para eso están los jueces, los Ministerios Públicos, la policía para ir a defender estas empresas.

En 2012, en el gobierno del presidente de Otto Pérez Molina [un general retirado del Ejército de Guatemala, que gobernó entre 2102 y 2015 y fue encarcelado por corrupción] firmó licencias para autorizar que se construyeran varias centrales eléctricas sobre el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz.

Son 195 kilómetros de río Cahabón, desde que nace hasta que se desemboca en un lago que se llama Lago de Izabal. De estos 195 kilómetros, 50 kilómetros lo cortan, lo desvían para construir varias centrales hidroeléctricas. Actualmente han sido construidas siete hidroeléctricas sobre el río Cahabón.

Libertad

Ahora que llevo más de un mes de estar en libertad, vamos a retomar nuevamente el tema, porque eso no puede ser, ¿verdad? Las comunidades han continuado y las organizaciones, que nos han acompañado, siguen en la lucha. Tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza. Esta lucha sigue.

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Kurdistán América Latina

En América Latina convocan a una acción global en defensa de Kurdistán

Organizaciones sociales y colectivos políticos que integran los comités de solidaridad en América Latina convocaron a una acción global para el próximo 11 de junio, con el fin de denunciar las políticas de guerra de Turquía contra los pueblos de Kurdistán.

Bajo la consigna “Defender Kurdistán – Defender Rojava”, la convocatoria también llama “a defender el proceso revolucionario iniciado en Kurdistán, cuyo paradigma está basado en la liberación de las mujeres, la democracia directa y una vida ecológica, como expresiones de una sociedad libre”.

(Ve también: Desde México denuncian las políticas de guerra de Turquía contra el pueblo kurdo)

 

FUENTE: Kurdistán América Latina

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Somos el medio

Caravana de Dignidad y Conciencia Wixárika avanza con paso firme hacia la CDMX

La Caravana de Dignidad y Conciencia integrada la comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán y su anexo Tuxpan de Bolaños, perteneciente al pueblo wixárika y ubicada en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, inicio caminata el pasado 25 de abril del 2022, con el objetivo de llegar a la Ciudad de México y exigir al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la restitución de más de 11 mil hectáreas de tierras comunales localizadas en los límites de Jalisco y Nayarit.

Por Monica Contreras / Fotografías: Tracy L. Barnett / @Somoselmedio

En el año 2017, los integrantes de las comunidades wixárikas intentaron hacer la ejecución forzosa de las sentencias ganadas, pero hubo oposición violenta de los posesionarios, por ello la comunidad hizo un reclamo al Estado Mexicano que, en cumplimiento de sus obligaciones, si no puede ejecutarse estas sentencias, que el Estado busque los mecanismos para atender por la vía de convenios la restitución y la entrega voluntaria a la comunidad por parte de las superficies que le han sido invadidas.

El Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de la comunidad Wixárika, el Profesor Oscar Hernández Hernández, explicó que la caravana que comenzó el 25 de abril, fue planeada desde hace un año al observar falta de interés o respuestas por parte del gobierno federal en resolverles, entregarles o restituir las tierras de los integrantes de esta comunidad. Al día de hoy, 16 de mayo del presente a las 12:00 horas, contabilizan una caminata de 22 días, 176 horas de camino a pie, 580 kilómetros recorridos aproximadamente.

El profesor Hernández detalló que el movimiento que se está realizando tiene la intención de crear conciencia de resaltar el respeto que se le debe tener a los pueblos originarios, asimismo, buscan que las tierras que les fueron arrebatadas les sean restituidas. La caravana se dirige a Palacio Nacional, con el objetivo de entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, para concretar la forma en que se procederá la restitución de más de mil 500 hectáreas que hasta el momento están invadidas, que tienen ganadas en Tribunales Agrarios.

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Sergio Rodríguez Lascano

La guerra ¿Y nosotros qué?

Publicado en Camino al Andar
16 de mayo de 2022
Por Sergio Rodríguez Lascano

Ningún hombre es una isla
entera por sí mismo.
Cada hombre es una pieza del continente,
una parte del todo.
Si el mar se lleva una porción de tierra,
toda Europa queda disminuida,
como si fuera un promontorio,
o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia.
Ninguna persona es una isla;
la muerte de cualquiera me afecta,
porque me encuentro unido a toda la humanidad;
por eso, nunca preguntes
por quién doblan las campanas;
doblan por ti.
(John Donne)

Foto: Francisco Lion

Introducción

Creo que una de las grandes limitaciones de los análisis sobre el capitalismo ha sido la incapacidad para ubicar la guerra como una herramienta central en su surgimiento, crecimiento, decadencia y mantenimiento; estamos hablando de un sistema de muerte.

Desde sus orígenes mismos el capitalismo llegó chorreando sangre. Sin embargo, se podía hacer una diferencia entre lo que fueron los propios procesos productivos (llenos de violencia y humillación) con lo que era, simplemente, la otra cara de la moneda: las guerras.

Muchos han señalado que el origen de la conformación de los Estados-Nación fue el resultado de la guerra de los 30 años y la paz de Westfalia, firmada el 24 de octubre de 1648. El gran cisma religioso entre católicos y protestantes fue el marco en que se desarrolló una confrontación que definiría cuáles clases dominantes tendría la posibilidad y capacidad de conformar Estados y quiénes ya no lo podrían hacer y serían simplemente alimento de las grandes potencias que dominaron la historia en Europa (sólo dos excepciones se dieron posteriormente, la conformación del Estado alemán y la del italiano a finales del siglo XIX). (Continuar leyendo…)

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