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SEDENA suma más de 3 mil militares para blindar Tren Maya en Quintana Roo
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
El pasado viernes (6) el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó en Quintana Roo, durante la conferencia matutina que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, que la Guardia Nacional ya tiene 2 mil 454 elementos en esta entidad y “tendrá tres mil 200 guardias nacionales adicionales”, para cubrir la seguridad del Tren Maya y para que las “obras se ejecuten en paz”.
En total son 6 mil 694 elementos federales en Quintana Roo que actualmente cuidan las obras del Tren Maya. Además de la Guardia Nacional, también hay presencia de 1 mil 598 elementos del Ejército y Fuerza Aérea y de la Secretaría de Marina, 1 mil 896.
A ello se suman 658 elementos de la policía estatal, 4 mil 339 de las policías municipales. “Tenemos un total de 10 mil 110 elementos operativos realizando trabajos de manera coordinada”, con el gobierno de Mara Lezama, desde el primer día de su administración, dijo Cresencio Sandoval.
De los elementos de la Guardia Nacional se desprende el llamado batallón turístico conformado por 550 integrantes quienes ejecutan un plan que desarrolló el gobierno de esta entidad en conjunto con Sedena para protección a turistas.
Hasta el momento Quintana Roo tiene una coordinación estatal de la Guardia Nacional y cuatro coordinaciones regionales que están ubicadas en Benito Juárez, Cozumel, Othón P. Blanco y Solidaridad. Además, se tiene proyectada la construcción de una base de operaciones más en Benito Juárez.
Así mismo, el secretario de la Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) agregó que a la estrategia de seguridad en la región se suman 3 nuevas bases aéreas de la Fuerza Aérea Mexicana y 5 aeronaves destinadas exclusivamente para la seguridad del tren, así como el uso de drones. “Esas aeronaves estarán haciendo recorridos en todo lo que es la trayectoria y estarán desplegados también en lo que es las bases aéreas que se consideraron dentro de este proyecto”, señaló el secretario.
Para endurecer la seguridad de este megaproyecto, el cual está provocando una reconfiguración del territorio y las relaciones sociales cotidianas, también se agrega una inversión de 2 mil millones de pesos para la adquisición de 689 unidades vehiculares, 507 chalecos balísticos y un helicóptero para el fortalecimiento de la seguridad de la población, declaró Cresencio Sandoval.
Apelación pone en riesgo los avances del proceso de Simón Pedro
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
En portada: Miembros de las Abejas de Acteal se manifiestan en las instalaciones del juzgado que lleva el caso por el asesinato de Simón Pedro.
El martes 4 de octubre inició la audiencia de apelación para que el Poder Judicial del Estado de Chiapas revise la sentencia condenatoria emitida contra Hugo Rolando “N”, autor material del asesinato del defensor de derechos humanos, Simón Pedro Pérez López, integrante de la organización Las Abejas de Acteal, en Chiapas, asesinado el 5 de julio de 2021.
“Encontramos que en el proceso hay suficientes pruebas de responsabilidad pero estamos en un momento de riesgo, de reversión en la justicia, porque en ese pequeño avance hay una apelación”, explicó Mario Ortega coordinador del área de Sistematización e Incidencia del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
La deliberación será el próximo 9 de octubre y son tres los escenarios a los que podría enfrentarse la familia del defensor, dos de ellos pueden derivar en la liberación del detenido o la reposición del procedimiento. El tercero, sería la ratificación de la sentencia condenatoria.
En caso de la reposición del proceso tendrían que fechar, de nueva cuenta, todas las audiencias ya realizadas, lo que representaría más revictimización tanto para la familia como para la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que durante dos años han enfrentado el desgaste económico y psicológico.
Simón Pedro fue asesinado en el mercado público de Simojovel y, desde que se inició el proceso judicial, las organizaciones acompañantes identificaron esta estrategia de desgaste, por ejemplo, por los traslados que debe hacer la familia para acudir a las audiencias al Juzgado del Ramo Civil de Pichucalco, en la zona Norte de Chiapas.
“Las audiencias no se llevaban a cabo en las fechas en las que estaban programadas”, agregó Ortega, y en algunos casos fueron suspendidas por falta de presencia del acusado, que se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 “El amate”, que se localiza en la región Centro, a casi cinco horas de distancia de Pichucalco.
Esta situación implicó que testigos vivieran un proceso de revictimización, “ahora, en caso de reposición del proceso implicaría volver a atestiguar, acudir a las audiencias y para la familia significaría, también, escuchar de nuevo la historia tan lacerante y no poder encontrar la justicia”, detalló el representante de Frayba.
Juan Pérez López, padre del defensor, relató en una entrevista previa que en los días de audiencia tienen que viajar seis horas de la comunidad Nueva Israelita, Simojovel, a Pichucalco. A veces parten un día antes, lo que implica tiempo, dinero y frustración cada vez que cancelan sin previo aviso, “nos toman como objeto, como si no fuéramos seres humanos”.
Por ello, la organización considera que los desafortunados escenarios, antes mencionados, no deben suceder, pues las pruebas presentadas son suficientes para mantener la sentencia de condena, que es lo que buscarán los abogados, que desde el 2021, acompañan el caso.
“La reposición del procedimiento, en muchas ocasiones, es lo que pasa por situaciones más procedimentales legalistas. Se reponen actuaciones y es un escenario recurrente en el sistema de justicia mexicano y chiapaneco”, dijo Ortega que, independientemente de la deliberación, la lucha por la justicia seguirá.
Revivir la historia
Para Juan Pérez López y su familia, es muy importante sacar a la luz a los autores intelectuales del asesinato de Simón Pedro. “Tenemos esa esperanza de justicia, esperamos lo que siga, no se termina aquí”.
Hasta ahora la sentencia de 25 años de cárcel para el autor material Hugo Rolando “N” es justicia parcial, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas se negó a aportar elementos de prueba para demostrar que el crimen tuvo un móvil por la labor de Pérez en la defensa de los derechos humanos.
El hecho ocurrió después de que denunció ante instancias del gobierno a morenistas vinculados al actual gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, por violencia en la zona Altos de Chiapas. “Aquí digamos que la gran dificultad es que la Fiscalía no quiso involucrarse, para ellos fue más fácil verlo como un asunto de homicidio”, explicó Mario Ortega.
Para la familia es importante que el Estado reconozca de dónde vino este hecho, pero la Fiscalía tampoco ha tenido interés por indagar sobre la autoría intelectual del delito y, a decir de Frayba, prácticamente le dieron carpetazo a la investigación.
Esta falta de visión de protección y apoyo a las víctimas ha sido una constante en este y muchos otros casos por parte del sistema judicial chiapaneco. El Frayba ejemplificó con el caso de la masacre de Acteal, en el que los autores materiales fueron detenidos y después liberados en diferentes momentos y de forma paulatina.
En la actualidad no hay ningún responsable sometido a ningún proceso lo que impacta en la memoria colectiva de las Abejas de Acteal.
La organización acompañante solicitó a los magistrados Abel Bernardino Pérez, Marco Antonio Centeno Núñez, Luis Raquel Cal y Mayor Franco, del Tribunal de Alzada Región Tres, “ponderen el derecho a la verdad y la justicia”.
Las Abejas de Acteal al igual se pronunciaron, “si lo liberaran sería muy cínico, sospechoso y se evidenciarían públicamente como parte de la red de jueces corruptos que venden la justicia ‘por dinero’, al que puede comprarla, porque conocemos personas pobres e inocentes, que están en la cárcel por delitos fabricados, pasan años o mueren sin ser liberados”, porque no pueden pagar el valor de la justicia.