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Red Ajmaq

(Español) Denuncia de invasión a los trabajaderos de la comunidad de Nuevo San Gregorio

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San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
A 3 de febrero del 2021.

A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del E.Z.L.N.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
Al Congreso Nacional Indígena.
A las Redes de Resistencias y Rebeldías
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
A los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
A la sociedad civil organizada.

El día 1 de febrero del 2021, mientras la Caravana de Solidaridad realizaba su trabajo de acompañamiento a las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de la comunidad de Nuevo San Gregorio, se documentó la presencia del grupo invasor en los trabajaderos, por lo cual las BAEZLN decidieron suspender la siembra de maíz y frijol que se tenía planeada.

 

Esta nueva invasión, además de obstaculizar el trabajo en el campo, actividad fundamental para la supervivencia de las familias, también impide que se le pueda dar alimento a los animales y el regreso de las BAEZLN  a sus casas, ya que tienen que cruzar por el espacio en donde se instaló el grupo invasor.

Como caravana de Solidaridad, consideramos que esta acción es una agresión a la autonomía alimentaria y el derecho a la tierra. Estos son los mismos mecanismos de invasión que se vienen utilizando desde el mes de noviembre del 2019 [1] por parte del grupo invasor, y es una de las razones de la presencia de la Caravana de Solidaridad.

Las y los pobladores de la comunidad de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo de Lucio Cabañas, identificaron entre el grupo invasor a las siguientes personas; del poblado de San Gregorio Las Casas: Nicolás Pérez Pérez, Sebastián Bolom Ara, Pedro Hernández Gómez, Alejandro Pérez Huet, Nicolás Moshán Huet y Sebastián Ara Moshán. Del Duraznal: Javier Gómez Pérez, Manuela Moshán Huacash, Miguel Gómez Méndez y Pedro Pérez Pérez. De Rancho Alegre a Felípe Enríquez Gómez y de San Andrés Puerto Rico a Miguel Moshán Huey y Manuel Moshán Moshán.

Como lo hemos mencionado anteriormente, esta caravana de solidaridad está integrada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, reafirmamos que nuestra misión es la solidaridad con las BAEZLN, y la documentación como parte del trabajo pacífico que venimos haciendo para que se respeten los derechos humanos de las BAEZLN. En cada salida de esta caravana se ha contado con el acompañamiento y observación de derechos humanos de el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), para garantizar también nuestra integridad y respeto a nuestros derechos humanos.

Les pedimos estar atentas y atentos, difundir los sucesos  y hacer un llamado a las instancias correspondientes.

Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs.
Lumaltik Herriak.
Médicos del Mundo, Suiza-México.
Memoria Viva.
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC).
BIZILUR.
TxiapasEKIN Plataforma.
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

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Prensa comunitaria

(Español) Nebaj: autoridades indígenas piden al Estado atender causas estructurales de migración

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Créditos: Feliciana Herrera

Por: Feliciana Herrera

Las Autoridades Indígenas del pueblo Ixil de Nebaj manifestaron este día que, aunque ven con buenos ojos cualquier tipo de apoyo que sirva para el beneficio de las comunidades, recalcaron que es importante que el Estado se enfoque en acciones estructurales que cambien las condiciones de fondo que hacen migrar a la población, entre ellas la corrupción. Las declaraciones fueron hechas a propósito de un programa impulsado por la agencia de cooperación de EE. UU y un grupo de empresas privadas.

Este martes fue inaugurado en Nebaj un proyecto educativo y técnico denominado Alianza por la Educación, del Proyecto Puentes de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y otras nueve organizaciones, entre ellas Fundación Tigo, que buscan capacitar a 150 jóvenes en el uso del programa de computación Excell, para evitar la migración o para lograr su reinserción laboral luego de una deportación.

El alcalde municipal de Nebaj, Virgilio Jerónimo Bernal, recibió a Mario López vicepresidente de la Fundación Tigo, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, William Pop y a la ministra Claudia Ruiz del Ministerio de Educación.

Feliciana Herrera.

Miguel De León, autoridad comunal, manifestó que las autoridades indígenas ixiles se enteraron del evento a través de los medios de comunicación y desconocían mayores detalles del proyecto. “La migración no es porque las personas quieran, es porque no hay empleo ni políticas públicas que vayan dirigidas a resolver las problemáticas como la falta de educación”.

La autoridad añadió que las personas que han migrado a Estados Unidos, principalmente, no ven otra salida a la falta de atención de parte del gobierno. “Eso no se puede solucionar con programas pequeños, se necesitan soluciones grandes y estructurales desde el Estado, y claro que los países amigos puedan contribuir”, indicó.

Otra de las preocupaciones de las autoridades indígenas refiere a que la ministra de educación presente “como un gran proyecto la atención a 150 jóvenes, cuando somos unos 100 mil habitantes. No está malo apoyar a los beneficiarios, pero no es suficiente”, insistió De León.

Para las autoridades indígenas es impostergable que se erradique la corrupción para poder abordar el desarrollo del país. “En un país donde existan corruptos, donde exista la impunidad y donde la justicia no funciona, nada se va a solucionar y los más golpeados seguiremos siendo los que siempre quedamos excluidos”, puntualizó De León.

Capacitación técnica

A través del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) los jóvenes que han participado en este programa recibieron capacitación en elaboración de “antojitos guatemaltecos” y cursos de computación.

Para el caso de Nebaj recibirán capacitación en Excell y Fundación Tigo aportará internet móvil a la vivienda de los beneficiarios y computadoras.

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Noticias de abajo

(Español) Noticias de abajo 2 de febrero 2021

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ROMPIENDO FRONTERAS
-Medio Oriente y la India
INDIA: Protestas campesinas llegan a Nueva Deli, represión y enfrentamientos contra las leyes que benefician a los grandes capitalistas.
PALESTINA: Mujeres bajo bloqueo en Gaza: sus luchas para derribar muros
KURDISTAN: Rojava celebra el 6º aniversario de la victoria de Kobanê
-ESTADOS UNIDOS: Rediit: Jugando en el Mercado Valores y la farsa capitalista. Por Yisus Wero
-Presos Politicos
CHILE: Comunicado de los presos Mapuche Huelga de Hambre en Angol
ESTADOS UNIDOS: Jalil Muntaqim anima a los revolucionarios en todo el país a apoyar a Prison Lives Matter
ESTADO ESPAÑOL: Dictan Prisión a Pablo Hassel por escribir que los reyes de España son unos ladrones. Protestas globales en solidaridad con el músico. Por Armando Soto.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
CDMX: Protesta de Trabajadores del IMSS por falta de vacunas para el personal. En México se ha priorizado al ejercito y a funcionarios por encima de los trabajadores de la salud.
LUCHA POR LA VIDA: Litio, el oro blanco; A un año del asesinato de Homero Gomez y a 2 del de Samir Flores defensores de la tierra; Y ataque a Yesenia Zamudio. Por Juan Perez
MUJERES: Protestas contra el candidato a gobernador Felix Salgado acusado de violación y protestas en Chiapas por feminicidio en la UNACh

Música:
Pablo Hassel – Juan Carlos El bobon
Leticia Servin – Presos Políticos Homenaje a Judith Reyes
Arauko Rock – Los pacos son unos bastardos

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Avispa Midia

(Español) Honduras | El paramilitarismo en el sector energético y el turismo

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Lea aquí la 1ra parte de este Especial ⇒ Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo


Parte IV

Paramilitar en el Sector Energético

La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, particularmente en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena y Popular de Honduras (COPINH) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá.

El COPINH fue co-fundada por la activista feminista indígena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el COPINH comenzó a apoyar a las comunidades Lenca de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a).

El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños, Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del COPINH y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato.

El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un ex-militar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (BBC, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que investiga el caso, existía una “estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación” para atacar al COPINH y a Cáceres (citado por Malkin, 2017).

A nivel comunitario, DESA colaboró ​​con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo “la mejor seguridad en el sitio de la represa” (DPLF et al, 2019).

Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del COPINH en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del COPINH de dieciocho años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (COPINH, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del COPINH, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento.

En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, Departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena MILPA que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: “En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la policía nacional y 20 del ejército del batallón de Marcal y 9 civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana”, Cuentan los miembros de MILPA.

Integrantes de organizaciones indígenas y negras de Honduras protestan frente al Congreso Nacional para repudiar la Ley Nájera.

Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo

A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afro-indígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development´ a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido víctima de innumerables “amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación” durante sus años de activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue “acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas” (Soto García, 2016).

En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015).

Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña acompañada de un grupo de sicarios quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH, 2016; Spring & Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.

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Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

(Español) Caravana Solidaria a Nuevo San Gregorio, 1 febrero 2021

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San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.
A 1 de febrero del 2021.
A las Juntas de Buen Gobierno y Bases de Apoyo del E.Z.L.N.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Al Concejo Indígena de Gobierno.
Al Congreso Nacional Indígena.
A las Redes de Resistencias y Rebeldías
A los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
A los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
A la sociedad civil organizada.
Desde la caravana de solidaridad continuamos con nuestra labor en la comunidad de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo de Lucio Cabañas; partiendo hoy lunes 1 de febrero del 2021 con la finalidad de garantizar la integridad de las mujeres, niños y niñas, varones Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) mientras realizan sus labores en el campo. Estos trabajos en sus tierras son de vital importancia para el autosustento de la comunidad en tanto ejercicio de su derecho a la libre autodeterminación como pueblos autónomos.
En la caravana que está integrada por organizaciones, colectivos y personas a título individual, Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, reafirmamos que nuestra misión es solidarizarnos y hacer documentación como parte del trabajo pacífico que venimos haciendo para que se respeten los derechos humanos de las BAEZLN.
La decisión de continuar con el trabajo de la Caravana es una respuesta a la necesidad de la comunidad de Nuevo San Gregorio para acompañar a las familias a que realicen en paz el trabajo en el campo, además de resguardar la integridad física y emocional de las personas de la comunidad frente a una posible agresión, así como documentar las violencias suscitadas donde las niñas, niños y mujeres zapatistas se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad. [1]
Seguimos contando con el acompañamiento, observación internacional y de derechos humanos del Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Este acompañamiento se dará a la vez de manera presencial y a la distancia con el objetivo de realizar un trabajo integral y continuo.
Les pedimos que estén atentas y atentos de los sucesos que puedan ocurrir durante esta caravana de solidaridad y a difundir el contenido público de los hechos ocurridos durante y posterior a la caravana.
Atentamente:
Centro de Derechos de la Mujer Chiapas, A.C. (CDMCH).
Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI).
Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C.
Enlace Civil, A.C.
Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión (ELCOR).
Grupo de trabajo No Estamxs Todxs.
Lumaltik Herriak.
Médicos del Mundo, Suiza-México.
Memoria Viva.
Promedios de Comunicación Comunitaria A.C.
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Salud y Desarrollo Comunitario, A.C. (SADEC).
BIZILUR.
TxiapasEKIN Plataforma.
Y otros Colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
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Radio Kurruf

(Español) Crimen ambiental en Talcahuano: Empresa destruyó playas en península de Tumbes

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Las playas conocidas popularmente como Los Lirios y El Ensueño ubicadas en la Península de Tumbes fueron detonadas con explosivos y destruidas por la empresa de extracción de áridos Santa Fe Ltda. La acción eliminó toda la flora y fauna del sector, así como la arena blanca de las playas, en donde al día de hoy sólo hay desechos rocosos. Documentos oficiales del SEA, fotografías tomadas en terreno por RESUMEN y el testimonio de vecinos y vecinas del sector afectado confirmarían la responsabilidad de la empresa en la destrucción de los ecosistemas.

Imagen muestra la situación en que se encuentran lo que antiguamente eran playas de arenas blancas, destruidas por la empresa de extracción de áridos en la Península de Tumbes, comuna de Talcahuano | Resumen.cl

Las organizaciones socioambientales de la comuna de Talcahuano Tumbes Sustentable, Coordinadora Chorera y Asamblea Ambiental de Talcahuano hicieron llegar a RESUMEN fotografías, documentos oficiales y los testimonios de vecinos y vecinas del sector los cuales aseguran que se ha perpetrado un crimen ambiental que ha pasado desapercibido por las autoridades locales y medios de comunicación.

Imagen muestra la destrucción de la flora y fauna en el lugar, dejando altamente degradado los suelos y cerros del sector, antiguamente se encontraban las playas de arenas blancas Los Lirios y El Ensueño | Resumen.cl

Una pobladora nacida y criada en Caleta Tumbes, trabajadora, mariscadora y recolectora de Algas explicó que «El lugar era mágico. Eran dos playas maravillosas, yo recuerdo cuando era niña íbamos a las castañas, habían unos castaños gigantes. Después con el tiempo salía a caminar, a andar en bote, íbamos a mariscar con las chiquillas, con otras señoras de más edad, íbamos a las ciruelas, recuerdo».

La entrevistada explicó que incluso han sido amenazados con armas de fuego cuando han intentado acercarse al terreno donde antes existían las playas, por lo que prefirió mantener en reserva su identidad.

En el rectángulo la Península de Tumbes, y en el circulo el sector de las antiguas playas destruidas por la empresa de áridos | Google Earth

Además explicó que «siempre íbamos a ahí, había harta luga, harta alga, harto marisco, caracoles, lapas, chapes, locos, de todo lo que tú quieras buscar en el mar, lo encontrabas ahí en esas piedras, en esas playas que habían ahí. También había una vertiente que llegaba al mar. Y eso todo está intervenido ahora, no existe».

Imagen aérea muestra la magnitud de la cantera de la empresa de extracción de áridos en la península de Tumbes y cómo ha afectado al ecosistema del sector, en donde incluso se pueden divisar algunos parches de bosque nativo, entre el monocultivo forestal, los que también han sido afectados | Resumen.cl

La historia comenzó en 2006 cuando fue aprobado el proyecto «Extracción de áridos Fundo Lo Alfaro» en la península de Tumbes. Algunos años después comenzaron las faenas del proyecto presentado por la empresa Maquinarias Solar y Cía Ltda., representada por el Sr. Cristian Solar Price. Lo que nadie se esperaba es que con el transcurso de los años harían estallar con explosivos las playas y cerros circundantes, eliminando una zona recreativa y de sustento económico para muchas familias.

Imagen de las antiguas playas Los Lirios y El Ensueño destruidas por la empresa de áridos, en donde actualmente no hay arena sino que piedras y desechos de la planta de extracción de áridos | Resumen.cl

Según la Declaración de Impacto Ambiental que presentó la empresa de áridos «El proyecto consiste en la explotación de una cantera de rocas intrusivas, del tipo granodioritas y microdioritas, con el objeto de producir material pétreo o áridos para ser utilizados en obras de infraestructura y construcción. Tal actividad incluye el montaje de una Planta Chancadora, con los servicios asociados».

Imagen de Caleta Tumbes. Sus habitantes solían visitar las playas destruidas para recolectar mariscos y algas, sin embargo, afirman que ya no existen por culpa de la empresa de áridos, y que además denuncian que han sido amenazados con armas de fuego al acercarse a la zona | Resumen.cl

El documento afirma que «La operación del proyecto se efectuará de acuerdo a las siguientes actividades: perforación, tronadura, selección, chancado y acopios». Agregando que «La perforación permite introducir en la masa rocosa los explosivos, los que se disponen de acuerdo a un plan previamente trazado por personal experto».

Altamente degradado se encuentra el terreno por la acción de la empresa de áridos / Fuente: Resumen.cl

Un vecino de Tumbes muy conocedor del territorio ya que se desempeña como pescador artesanal, explicó que «Toda la vida fuimos para allá, antiguamente salía harta alga ahí, harto marisco y cuando se empezó a hacer eso… una contaminación de tierra que hubo mató todo eso y como tú te diste cuenta se perdió el terreno de playa igual»

En la imagen se pueden ver camiones, maquinaria y alguna instalaciones de empresa de áridos que destruyó las playas de la zona | Resumen.cl

Además agregó «Como se vio ahora, tú te das cuenta, cuántos árboles se echan abajo, cuánta contaminación, cuánto marisco muerto, cuántas algas muertas. Ahora ya no va gente, antes iba gente a trabajar para allá».

Península de Tumbes | Arauco.org

En 2017 el proyecto cambió de empresa titular por la Sociedad Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda, que tiene como representante legal a Francisco Javier Cordero Sepúlveda, como expresan documentos del SEIA.

Imagen de Parque Tumbes que busca conservar parte del ecosistema ubicado en la Península afectada por el proyecto de extracción de Áridos

Cabe destacar que en los documentos del SEIA se establece una vida útil del proyecto de 10 años, sin embargo, ya han pasado 14 desde su aprobación, lo que genera incertidumbres respecto a posibles irregularidades en este sentido.

RESUMEN intentó comunicarse con la empresa Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda pero no dieron declaraciones con respecto a la destrucción de estas playas.

Además debe recordarse que en las inmediaciones se encuentra el Parque Tumbes un lugar que pretende conservar parte del ecosistema de la península que ha sido fuertemente intervenido por instalaciones de la Armada y la plantación masiva de monocultivo forestal.

Imagen de Parque Tumbes ubicado en la Península

Las zonas costeras en todo el mundo sufren impactos directos e indirectos de la acción humana, los cuales incluyen la contaminación del agua con desechos industriales o urbanos, contaminación con plástico y basura de todo tipo, procesos de cambio de uso de suelo y erosión. Esto además de la mala gestión territorial, que incluye la privatización de terrenos junto a la costa. Y todo en un contexto general de aumento del nivel del mar derivado del cambio climático.

La destrucción de esta playa es un nuevo golpe para la comuna de Talcahuano, históricamente afectada por la gran cantidad de actividades industriales contaminantes provenientes de siderúrgicas, petroquímicas, pesqueras y metalmecánicas, entre otras.

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Avispa Midia

(Español) México y las probabilidades de morir por ser ambientalista

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Por Ñaní Pinto y Javier Ruiz

Fidel Heras Cruz era un campesino y ambientalista que se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la presa hidroeléctrica de usos múltiples denominada “Paso de la Reina”, proyectada en el estado de Oaxaca, al sur de México. Un proyecto que ha retomado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde febrero del año 2020. Este campesino fue asesinado, el pasado 21 de enero, alrededor de las 6 de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, del municipio de Jamiltepec, en el mismo estado.

En un comunicado, las autoridades ejidales de Paso de la Reyna, comunidad ubicada en Jamiltepec, y el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), del cual era miembro, denunciaron que Heras Cruz había sido amenazado en días anteriores. “El agente municipal Filogonio Martínez Merino fue alertado por la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo en el paraje El Zanate, por lo que dio parte a la policía y pidió le acompañaran. Le escoltaron hasta llegar al poblado”, de acuerdo con el documento.

Además, en el comunicado señalaron conflictos vividos en la comunidad. Desde 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Marquez, ha insistido en ingresar al Río Verde para extraer material pétreo. Ante esta acción, la comunidad inicialmente se opuso, sin embargo, se vio obligada a suscribir un convenio de explotación.

Debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones los pobladores se negaron a que continuara con la explotación del río. “La crisis más grave ocurrió en agosto de 2020 cuando la familia Iglesias y Rivas Marquez presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”, sostuvieron los ejidatarios en el documento.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Heras Cruz rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado. En dicha sede, de acuerdo con el comunicado, se acordó invertir los recursos de la extracción. “Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias y Rivas Marquez a la comunidad. También se mencionó que era importante que el comisariado cobrara el adeudo”, señalaron los pobladores en dicho comunicado.

Diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) en México han expresado su indignación por el asesinato. La Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) condenó el asesinato y exigió “una investigación a fondo y el castigo para los autores materiales e intelectuales del crimen”.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también se pronunció y condenó el asesinato. Luego que el organismo tuviera conocimiento del hecho que privó de la vida al defensor del Río Verde, inició el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/2021. El órgano pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.

La hidroeléctrica

A pesar de que el mandatario de México, López Obrador, sostuvo el 20 de enero de 2020 en su conferencia matutina, que “no se construirán nuevas presas” y que “no se realizaría la presa Paso de la Reina en Oaxaca”, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció la fase siguiente de este proyecto. Es así que esta instancia de gobierno aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental, en su modalidad regional, para la generación de energía renovable PH Río Verde, promovida por la empresa privada ENERSI S.A. de C.V.

Tras el activismo de Heras Cruz y otros ambientalistas en el proceso de defensa del Río Verde, se ganó un amparo contra el mencionado proyecto, en el cual se determinó salvaguardar 300 cuencas de aguas mexicanas, entre ellas, Paso de la Reina.

México y la probabilidad de morir por ser ambientalista

De acuerdo con datos de la Semarnat, en México existen más de 500 conflictos socioambientales, los cuáles presuponen “una confrontación entre los intereses sociales y los intereses económicos”, según esta instancia de gobierno.

La probabilidad de morir asesinado por oponerse a los intereses económicos, en México, continúa con el gobierno de López Obrador, ya que en su agenda se vienen acelerando complejos que se detuvieron por la resistencia de los pueblo ejercida contra los gobiernos que le precedieron. El inicio de su gobierno, en 2019, quedó marcado por el asesinato del campesino y ambientalista de 36 años, Samir Flores. Este indígena náhuatl se opuso, junto con su pueblo, a la construcción de la central termoeléctrica y un gasoducto en ese estado. Ambos complejos formaban parte del Proyecto Integral Morelos (PIM).

En lo que va del gobierno de López Obrador, por lo menos 20 ambientalistas han sido asesinados en México, incluso en el primer año de la pandemia del Covid-19. Hasta el 24 de septiembre se habían registrado once ambientalistas asesinados: tres en Michoacán, tres en Oaxaca, uno en guerrero. Los demás en Veracruz, San Luis Potosí y Baja California.

La situación de los pueblos en resistencia en México se puede agudizar aún más, ya que el periodo de gobierno de López Obrador casi llega a la mitad y la amplia agenda de proyectos se van acelerando conforme pasa el tiempo. Sus inversiones más ambiciosas se han enfocado hacia el sureste de México con el denominado Tren Maya y el Corredor Interoceánico, una región con una amplia presencia de pueblos originarios de este país.

 

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(Español) Pobreza mundial podría aumentar a más de 1500 millones de personas en 2021

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Por Santiago Navarro F

Foto de portada por Santiago Navarro F

Tras la aceleración de contagios por Covid19 a escala global, el Banco Mundial (BM) ha alertado que la economía ha sufrido un duro golpe, mucho peor que las crisis suscitadas en los últimos 150 años. Se estima que la economía global en 2020 tuvo una caída de hasta 4.3%, “lo que la convierte en la cuarta recesión global”, superada solo por “la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial”, según el BM.

La pandemia ha causado un gran número de muertes y ha sumido a millones de personas en la pobreza extrema y, advierte el BM, puede continuar “durante un período prolongado”, dónde el escenario puede ser más devastador.

Las cifras registradas en el inició de la pandemia rondaban entre “119 millones y 124 millones” de personas en extrema pobreza en el mundo, según el informe lanzado por el BM en enero del 2021, llamado Global Economic Prospects. En este mismo documento se estima que durante el año 2021 puede aumentar en 100 millones más las personas en esta situación, es decir personas que viven con menos de dos dólares al día. “Todo el progreso realizado durante la década de 2010 se ha borrado”, se argumenta en el documento del BM.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) asume estadísticas mas drásticas al considerar que ha habido un retroceso de dos décadas en cuanto a la reducción de la pobreza. “Se espera que la pandemia revierta el progreso logrado”, asevera esta instancia en su informe World Economic 2021, quien, también asegura que esta crisis ha sido más severa que la del 2008-2009 estallada en los Estados Unidos y que impactó a escala global, al grado de que gobiernos, como Estados Unidos, entró al rescate de los bancos y diversas empresas.

Aunque la pobreza generada por este escenario de pandemia no es nueva, simplemente se ha agudizado. La propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) había documentado que, tan solo en 2019, la pobreza mundial rebasaba  1.300 millones de personas que viven por debajo de 1.90 dólares al día, con la pandemia se estaría hablando de más de 1500 millones de personas en situación de pobreza para el 2021. “Son pobres en todos los sentidos de la palabra, porque no tienen apenas ingresos o carecen de acceso a agua potable, alimentos suficientes o electricidad”, según la ONU.

Estos organismos muestran un gran interés por impulsar “la recuperación de la confianza de los consumidores y las empresas, y reforzar la confianza de los mercados financieros”, según el informe del BM. Lo que pretenden es que el sistema productivo de bienes y servicios se acelere nuevamente a una velocidad inusual, que las personas sigan consumiendo de forma desmedida como se venía haciendo para acelerar el crecimiento económico. “Se espera que el consumo continúe fortaleciéndose y la inversión se recupere”, sostiene el BM.

Para el teórico y crítico David Harvey, en su análisis titulado Política anticapitalista en la época del Covid-19, esta necesidad de aumento del consumo y por consecuencia de la producción es “es un modelo de la economía capitalista como una espiral de expansión y crecimiento sin fin”, lo que ha provocado impactos severos en la crisis ambiental y climática.

Harvey ya alertaba sobre este contexto de crisis económica global desde el inicio de la pandemia. “Sabía por mis estudios del modelo económico que los bloqueos y las interrupciones en la continuidad del flujo de capital resultarían en devaluaciones y que, si las devaluaciones se generalizaban y eran profundas, eso señalaría el inicio de la crisis”, señala el teórico, quien ha hecho una larga documentación en varios libros sobre las crisis económicas y el neoliberalismo.

El analista advierte que “las economías capitalistas contemporáneas están impulsadas en un 70 o incluso en un 80% por el consumismo”, pero, además, “la confianza y el sentimiento del consumidor se han convertido en los últimos cuarenta años en la clave para la movilización de la demanda efectiva y el capital se ha vuelto cada vez más impulsado por la demanda y las necesidades”.

Pero con el Covid-19, agrega Harvey, “está apuntalando no a una fluctuación salvaje sino un choque todopoderoso en el corazón de la forma de consumismo que domina en los países más ricos. La forma en espiral de acumulación de capital sin fin está colapsando. Lo único que puede salvarlo es un consumismo masivo inspirado y financiado” por los gobiernos.

Persona en situación de calle, Sao Peulo Brasil. Foto por Santiago Navarro F

Los países más vulnerables

El BM argumenta que todas las regiones son vulnerables a la continuidad de la pandemia, así como al estrés financiero por la elevación de los niveles de deuda que han contraído los gobiernos para atender esta crisis. Sin embargo, el crecimiento sería más bajo en las principales economías de América Latina y el Caribe, Oriente Medio y África del Norte y África Subsahariana. Cuando se refiere a las principales economías de la región latinoamericana, estas son: Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú.

Los países llamados emergentes o en desarrollo, de acuerdo con el BM, se han visto más vulnerables por su dependencia del mercado internacional, sobre todo, por las exportaciones de materias primas. “Las economías que sufrieron los peores descensos fueron las que tienen una fuerte dependencia de los servicios, el turismo y exportaciones de materias primas y productos industriales”, afirma el BM.

 

Gente en situación de calle, Sao Paulo Brasil. Foto por Santiago Navarro F.

Nueva ola de reformas estructurales

De acuerdo con el Doctor Tedros Adhamom, director de las Organización Mundial de la Salud (OMS), estamos a punto de rebasar “cien millones de casos notificados”, advirtió en conferencia de prensa este 25 de enero. Aunque las cifras son una media y no considera los casos que no han sido notificados, por ello, hay quienes advierten que el número de contagios podría ser el doble de esta cifra.

Los principales índices bursátiles como el FTSE, el Dow Jones Industrial Average y el Nikkei, quienes se mantienen de pie al apostar por la producción y consumo a futuro, experimentaron grandes caídas a medida que avanzaba el número de casos de covid-19 al comienzo de la pandemia.

Desde que se comenzaron a desplegar las primeras vacunas, las principales bolsas asiáticas y de EE.UU. tuvieron un respiro.

Las principales economías del mundo junto al BM, FMI y las bolsas de valores, le apuestan a un rápido despliegue de vacunas para reducir lo más pronto posible la pandemia, “lo que provocaría un fuerte aumento de la confianza del consumidor”, según el informe del BM.

Tras las expectativas del BM, FMI y las empresas multinacionales, también hay temor, sobre todo temen lo que ya se esta evidenciando en diversos países, “una mala gestión de las vacunas”, y según alerta el BM, “esto interrumpiría la ya lenta recuperación y agravaría el daño a la economía mundial”.

Pero más que eso, si el despliegue de vacunas falla, el BM avizora que “también agravaría las tensiones existentes: una debilidad económica prolongada podría desencadenar una ola de quiebras; los balances bancarios podrían deteriorarse aún más; los gobiernos podrían no poder seguir brindando apoyo; y, en algunas circunstancias, episodios temporales de desempleo y cierres de empresas podrían volverse permanentes”. Un escenario donde se tendría que recurrir a nuevos rescates.

Más allá de las perspectivas económicas a corto plazo, el BM advierte que se impondrá una nueva batería de reformas estructurales, en materia de salud pública, gestión de la deuda, políticas presupuestarias y banca central, que garanticen “que sienten las bases para un sólido crecimiento y desarrollo a largo plazo”.

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Radio Kurruf

«Por la defensa de los DDHH y la libertad», convocan a un marzo de Rebeldía Popular y Mapuche

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Las organizaciones abajo firmantes, con el desafío de generar las presiones populares necesarias y contundentes para que el Indulto General por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta se concrete a la brevedad, convocamos y llamamos al pueblo de Chile, al pueblo mapuche y a la solidaridad internacional a lo siguiente:

1.- El debate parlamentario respecto al indulto general se ha dilatado más de la cuenta, quedando trabado en las burocracias y tiempos del hemiciclo, lo cual puede continuar si es que no se genera un contrapeso efectivo desde lo popular. La exigencia de libertad es de carácter urgente, la creación de la Prisión Política es de responsabilidad directa de la democracia y la solución política de ello debe ser concretada a la brevedad, tres aspectos medulares que deben quedar con claridad y contundencia incrustadas en el escenario nacional.

2.- Es inaceptable éticamente que la democracia quiera proseguir con su tren de elecciones para buscar su anhelada normalidad, con la abierta y flagrante violación sistemática de los Derechos Humanos en nuestro país, lisa y llanamente dicha decisión, del todo errada, es construir un país con pilares efímeros y que sólo procuran asegurar la repartija de poderes e instalación de procesos del todo alejados de nuestro Pueblo. No puede haber elección alguna que pretenda validez ética si en el Chile democrático del hoy, cuenta con una de las prisiones políticas más cuantiosas del mundo.

3.- Es en este marco, es que llamamos a que se fije un horizonte de presión en ofensiva hasta el próximo 11 de abril (día de las elecciones), que permita colocar la celeridad correspondiente a la tramitación legislativa como en apurar los procesos de exigencia de la libertad y también la defensa de los DDHH de los Pueblos. En octubre se abrió un tramo para la libertad producto del bregar de todo un año y el cual culmina en abril próximo, es el momento propicio para hacer de marzo un mes de lucha que cualifique e intensifique nuestras propias prácticas para que el abrazo con la libertad sea lo antes posible.

4.- Por ello:

– Convocamos a que el 1 de marzo sea el “Súper lunes” por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a). Llamamos a nuestro pueblo a que haciendo uso de lo que se tenga y en donde se pueda, aquel día sea un día de protesta popular. Llamamos al estudiantado popular para que aquel día, donde el gobierno intenta de iniciar la locura de las clases presenciales, se movilicen por sus justas demandas como también por la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta.

– Llamamos a las organizaciones de mujeres populares del país y del extranjero a que en las conmemoraciones del 8 de marzo se haga presente la realidad de la Prisión Política de nuestro país y la violación sistemática de los DDHH, resaltando la realidad que le ha tocado vivir a centeneras  de mujeres populares por hacer uso del legítimo derecho de luchar por un país totalmente distinto.

– Convocamos al Pueblo de Chile, al Pueblo Mapuche y a la solidaridad internacional, a darle vida a la jornada de Protesta Popular y Mapuche por la Defensa de los DDHH y libertad de los Pueblos para el próximo 18 de marzo. Que en un nuevo mes de Aniversario de la Revuelta, el mundo entero sepa – por la osada insolente de la Protesta extendida en todos los rincones del País y solidarizada en el extranjero – que en Chile existen Prisioneros(a) Políticos(a), se violan sistemáticamente los Derechos fundamentales de los Pueblos y que sus Pueblos se alzan por la dignidad y la justicia.

– Llamamos a que las protestas del 29 de marzo, día del joven combatiente, aparte de conmemorar los hechos nefastos ocurridos, este año también sea convocante para exigir la libertad de la juventud popular combatiente en Prisión de nuestro país.

5.- Llamamos a que los Prisioneros(a) Políticos(a) de la Revuelta a que tengan un mayor protagonismo. Hoy más que nunca se necesita de su actitud de lucha, demostrada con creces en las calles durante la Revuelta. Marzo debe estar impregnado de aquella fuerza.

6.- Llamamos a las Centrales de trabajadores, sindicatos, federaciones y voluntades del mundo del trabajo a que se manifiesten con contundencia en la jornada de movilización del 18 de marzo y que se hagan presente en las exigencias del Pueblo de Chile, que dejen de ser meros espectadores(a). Chile tiene que parar el 18 de marzo; Chile tiene que parar contra la impunidad exigiendo juicio y castigo para los responsables de las violaciones de DDHH; Chile tiene que parar exigiendo la libertad de los(a) Prisioneros(a) Políticos(a).

Enero 2021

·         Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos La Granja

·         Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos Santiago 1

·         Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros Políticos Guacoldas

·         Familiares Caso UDEC, Concepción

·         Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (OFAPP)

·         Coordinadora 18 de Octubre Austral

·         Red Austral anti carcelaria feminista

Imagen de portada @josemiguelaraya

 

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Costa Rica | Asesinato del indígena Bribri, Sergio Rojas, impune a casi dos años

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Por Aldo Santiago

El pasado 15 de enero, el Tribunal Penal de Buenos Aires, al sur de Costa Rica, ordenó continuar con el proceso penal para esclarecer los responsables del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortíz. Rojas fue asesinado el 18 de marzo del año 2019 en territorio Bribri de Salitre. Su labor en la recuperación de tierras indígenas, cuya posesión se mantiene ilegalmente en manos de terratenientes, le acarreó amenazas y agresiones que escalaron hasta su asesinato.

En contexto ⇒ Asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica, ataque a la recuperación de tierras indígenas

Sergio Rojas era beneficiario de las medidas cautelares 321-12 emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde abril de 2015, la CIDH ordenó al Estado de Costa Rica proteger la vida e integridad física del pueblo Bribri de Salitre y Bröran de Térraba.

¿Freno a la impunidad?

El reciente dictamen del Juzgado Penal obliga la continuación de la investigación en el homicidio de Rojas. También rechaza la “solicitud de desestimación” propuesta por el Ministerio Público realizada en septiembre del 2020, pues no se han agotado las herramientas investigativas disponibles.

Con la desestimación, el Estado costarricense pretende cerrar el caso de homicidio de Sergio Rojas ocurrido en Salitre. De la misma manera, esto sentaría un precedente para también mantener la impunidad en el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, ocurrido el 24 de febrero del año 2020 en territorio Bröran de Térraba.

Por ello, la solicitud de desestimación provocó una enorme indignación de parte de organizaciones sociales debido a que, hasta el momento, a casi dos años del asesinato, no hay ningún sospechoso detenido.

Mediante comunicado publicado el pasado 3 de diciembre, El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), organismo del cual Rojas fungió como uno de sus fundadores, repudió la intención de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para archivar el caso por el homicidio de Rojas.

En el documento, lxs integrantes del FRENAPI denuncian la continuación en las amenazas de muerte y las agresiones contra quienes realizan un acceso efectivo a sus tierras, mientras el gobierno de Costa Rica no avanza en la recuperación de las mismas. “¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que no quiere recibir denuncias de los indígenas ante las agresiones y la usurpación de sus tierras? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que tiene a un Juez Agrario en Buenos Aires que es yerno de un terrateniente no indígena que usurpa tierras en Boruca? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial donde la Fiscalía solicita la desestimación del homicidio de uno de los líderes más visibles de nuestra lucha, en menos de 2 años de iniciadas las investigaciones?”, cuestionaron lxs miembros del FRENAPI.

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Por su parte, la reciente resolución del Tribunal argumenta que “la investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la CIDH y de atacamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica”.

Filtración y obstaculización de justicia

Entre los días 21 y 22 de enero fueron publicadas una serie de notas en la prensa con informaciones confidenciales del expediente penal 19-000178-0990-PE, causa judicial que investiga el homicidio del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz.

De acuerdo a la filtración, se comprobaría que la causa del homicidio se debe a los conflictos por la recuperación de tierras en territorios indígenas. “Los elementos probatorios indican por donde va el asunto, que hay relación con las tierras y es hora de que la fiscalía actúe de acuerdo con los elementos probatorios”, explicó Gustavo Oreamuno, integrante de la Coordinadora Lucha Sur-Sur.

Por otro lado, Óscar Retana, abogado representante de la familia Rojas Lázaro, reprochó la divulgación de información confidencial, lo cual representa una violación por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente.

“Se revelan datos aportados por testigos y evidencia recopilada, lo que afecta la investigación, pero aún más grave es la posibilidad de que los testigos sean perturbados, amenazados o agredidos en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas”, condena Retana mediante un breve posicionamiento difundido el 26 de enero.

Para Elides Rivera del territorio Bröran de Térraba, la filtración forma parte de actos para deslegitimar la investigación “pero no por falta de pruebas, sino por una cuestión de racismo y de xenofobia a los pueblos indígenas, y hacer creer que los pueblos indígenas mentimos”.

Mientras los asesinatos de Rojas y Rivera se mantienen en la impunidad, las agresiones a las acciones de recuperación de territorios indígenas se mantienen al alza.

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Esto ocurre bajo cobijo del Estado costarricense, quien, en febrero del 2020, mediante la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), aplazó hasta el año de 2026 la ejecución del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI). Con ello, se prolonga una vez más la devolución de las tierras indígenas, como ha ocurrido desde finales de la década de 1970.

El Plan RTI tiene también el objetivo de identificar y realizar procesos judiciales contra aquellas personas quienes lucraron con tierras indígenas protegidas por ley. Sin embargo, el aplazamiento de su ejecución, sumado a la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas “ha envalentonado a estas personas violentas, porque al ver que no pasa nada cuando ellos realizan los actos violentos creen que lo pueden seguir haciendo”, denunció Oreamuno.