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(Español) Victoria para el maíz nativo en México, niegan amparos a gigantes trasnacionales
Por Vanessa Garcìa Navarro
Foto por Santiago Navarro F
Por este medio se ha informado sobre la larga y compleja disputa legal protagonizada por la Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo (Demanda Colectiva Maíz) y las empresas agroindustriales (Bayer-Monsanto Comercial Semillas y Agroproductos S.A. de C.V., PHI-México, S.A. de C.V., Syngenta y Dow Agrosciencies), suscitada a partir de que los magnates agroindustriales solicitaron amparos respecto a las medidas impulsadas por la Demanda Colectiva Maíz para descontinuar la siembra de maíz transgénico para uso comercial en territorios mexicanos.
Esta situación compleja desembocó una lucha prolongadísima (desde el 2013) que se alimentaba del suspenso. No obstante, no existe plazo que no se cumpla ni lucha que no valga la pena porque, a pesar de que Bayer-Monsanto, PHI, Dow y Syngenta creyeron que era posible esquivar la justicia evadiendo las investigaciones requeridas para demostrar científicamente los riesgos de sus procesos y por ende evitar que se pudiera probar la nocividad de sus productos, el día de ayer (13 de octubre), tras desechar los 130 argumentos (insustentables e insuficientes) con los que las multinacionales intentaban defenderse, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) – ¡por decisión unánime! – ha negado los cuatro amparos de las agroindustriales internacionales (al igual que cualquier impugnación).
Enriqueciendo la victoria, la SCJN determinó que siempre y cuando se cumplan los requisitos de la ley, en los juicios de acción colectiva los jueces tienen la facultad de dictar las medidas pertinentes a favor de la colectividad. La Demanda Colectiva Maíz hereda un precedente para las demandas colectivas contemporáneas y futuras. Se ha empoderado a los campesinos, pueblos indígenas y consumidores de maíz para luchar por sus derechos.
La lucha de la Demanda Colectiva Maíz tiene como principal objetivo el proteger y preservar el maíz nativo que está en el riesgo de desaparecer si continua el uso comercial de transgénicos; además de buscar evitar los efectos negativos sobre la soberanía alimentaria y salvaguardar salud de los consumidores del grano, que se comprometía por la usanza de agrotóxicos.
La realidad es que el efecto del fallo igualmente beneficia a la biodiversidad que ha sido dañada con la introducción de otros transgénicos (como la soya), la apicultura (y las abejas).
Aun así, como la misma Demanda Colectiva Maíz se refiere, “aún nos queda un largo camino por recorrer para lograr la prohibición definitiva de maíces transgénicos en México”.
(Español) Tras demora judicial, COPINH exige sentencia en caso Berta Cáceres
Por Ñani Pinto
Indígenas Lenka que resisten a que el Rio Blanco sea represado. Foto por Santiago Navarro F.
A más de tres meses del fallo condenatorio contra David Castillo por su coautoría en el homicidio de Berta Cáceres y ante la demora en la emisión de la sentencia en el caso, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se manifestaron este martes (12) frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.
“529 años de cárcel para David Castillo serían pocos para calmar el dolor que ha dejado en el pueblo Lenca, con el auspicio del Estado de Honduras”, enfatizaron los integrantes del Copinh en el marco de los 529 años del inicio de la invasión a los pueblos indígenas de América.
Acompañados de familiares de Cáceres y de miembros de la comunidad lenca de Río Blanco, exigieron la pena máxima para David Castillo y la no intervención del gobierno hondureño en la comunidad indígena donde aún pretende operar la empresa hidroeléctrica DESA, a quien reconocen como parte de la maquinaria de violencia contra el pueblo lenca.
En conferencia de prensa que acompañó la protesta, Berta Zúñiga remarcó que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal ha incumplido su palabra luego de que han expirado los tiempos procesales establecidos, poniendo en riesgo el proceso de justicia, al no emitirse la sentencia contra el condenado Roberto David Castillo Mejía.
“Sumado a todas las demás negligencias del Estado, pues consideramos que es una incertidumbre jurídica a la que se expone el derecho de las víctimas”, compartió Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh.
En el acto, Zúñiga compartió un comunicado donde se enfatiza que el Ministerio Público, a pesar de haber aceptado que aún faltan los autores intelectuales de este crimen, no han presentado ni procesado a los demás coautores. “Cabalgan en la impunidad quienes ordenaron este crimen que continúan imponiendo la muerte invasora a los pueblos indígenas”, leyó Zúñiga.
En ese tenor, el comunicado del Copinh también remarcó la ausencia de resolución penal de la la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que deje en firme la sentencia contra los siete condenados, juzgados en 2018, por el asesinato de Berta Cáceres: Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, entre otros autores materiales.
Especialmente, Zúniga y el Copinh demandaron la captura de los miembros de la familia Atala Zablah, “de una vez por todas, por el crimen contra nuestra compañera y los demás crímenes contra nuestro pueblo”.
La exigencia del Copinh se suma a las recientes declaraciones de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, agrupación de organizaciones internacionales en derechos humanos, quienes urgieron a las autoridades hondureñas la emisión de la sentencia para garantizar la justicia integral en el caso.
“Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo deberia impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia”, publicaron las organizaciones a principios de octubre.
Ante la acción de protesta de esta mañana, el Poder Judicial se excusó a través de redes sociales, pues aún se encuentra en proceso de redacción de la sentencia condenatoria contra el coautor David Castillo por ser el culpable del asesinato de Berta Cáceres.
Por último, habitantes de la comunidad lenca de Río Blanco denunciaron acciones y planes del Estado hondureño, en colusión con la familia Madrid y el alcalde de Intibucá, para extorsionar, invadir y dividir los esfuerzos organizativos de las y los integrantes del Copinh en la zona donde se pretendía la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

























