^{En portada: Cientos de migrantes, niños y adultos, han sido detenidos con violencia mediante operativos realizados en Chiapas. Foto de Cuartoscuro}

Frente a la búsqueda de alternativas por parte de personas en movilidad, las autoridades mexicanas han respondido con operativos violentos para la detención de migrantes, así como el hacinamiento de los mismos en las estaciones migratorias de Chiapas.

Lo anterior deriva de un comunicado publicado este lunes (20), mediante el cual organizaciones del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) denuncian la estrategia militarizada de contención migratoria implementada por las autoridades, así como la crisis humanitaria que se desarrolla en el corredor central migratorio en Chiapas, el cual incluye las localidades de Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

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“Hemos realizado diversas acciones de monitoreo ante el actual contexto de crisis humanitaria en que se encuentran cientos de personas solicitantes de protección internacional y con trámites migratorios en curso tras verse expuestas al abuso de poder, la represión, el uso excesivo de la fuerza, violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos por parte de distintas fuerzas de seguridad y entidades mexicanas”, contextualiza el COMDHSM.

Hacinamiento

En el documento, el colectivo informa de la situación de hacinamiento en el que se encuentran cientos de personas en las estaciones migratorias de Cupape 1 en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y en la estación Cupape 2 (conocida como La Mosca) ubicada en Chiapa de Corzo.

“En este último lugar se calculan cerca de 400 personas privadas de la libertad. En ambos lugares no se implementan protocolos de bioseguridad ante la pandemia de Covid-19, incrementando de forma grave las probabilidades de contagio. Es importante recalcar lo denunciado en repetidas ocasiones que La Mosca es una bodega abandonada que no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de las personas migrantes por el contrario las expone a sufrir diversas formas de violencia, tortura y abusos de autoridades públicas y privadas”, denuncia el COMDHSM.

Mientras, en la estación migratoria en Tuxtla Gutiérrez no hay una cifra consolidada de personas detenidas, aún cuando es obligación del Instituto Nacional de Migración (INAMI) el mantener actualizado dicho dato.

“Sin embargo, se documentó la presencia de por lo menos 80 mujeres detenidas, entre ellas mujeres embarazadas que fueron violentadas (malos tratos e inhumanos) por personal público y privado dentro de las instalaciones. Asimismo, observamos más de 15 niñas, niños y adolescentes (NNA) en detención, incluyendo bebés de solo 4 meses en contravención a las normas vigentes de NNA migrantes que tajantemente prohiben la detención migratoria y estancia en Estaciones Migratorias y Provisionales del INAMI”, señala el colectivo sobre las irregularidades en las instalaciones migratorias.

El COMDHSM incluso recibió denuncias sobre que el hacinamiento en las estaciones es tal que mujeres han dormido de pie o en los baños de las celdas. Además, algunas mujeres quienes viajan con sus hij@s han pasado la noche y día en el patio al aire libre bajo la lluvia.

Detenciones

El colectivo de organizaciones enfatiza la expansión de la estrategia militar de contención que se ha desplegado en la costa pacífica de Chiapas contra los desplazamientos colectivos de migrantes que han querido salir de Tapachula. Esto ha llevado a las detenciones masivas y arbitrarias en Tuxtla Gutiérrez de personas migrantes, en su mayoría haitianas, quienes buscan rutas alternativas de movilidad pues sus procedimientos de solicitud de protección internacional y regularización migratoria no dieron frutos.

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En la ruta alterna a la costa, en el denominado corredor central migratorio en Chiapas, los operativos de detención entre el INM y la Guardia Nacional (GN) se concentran en los alrededores de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en las carreteras entre los municipios fronterizos de Motozintla, Frontera Comalapa y Chicomuselo.

“Vale recordar, que recientemente se denunció que policías municipales en esta región están deteniendo en separos preventivos (cárceles) a personas migrantes incluyendo familias con NNA para luego entregarlas al INAMI. Acción completamente ilegal: las fuerzas de seguridad no tienen funciones de control migratorio como recientemente se confirmó en el amparo 1597/2018 para el caso de Tijuana, Baja California”, aclara el documento del COMDHSM.

Durante las semanas previas, los colectivos han recabado testimonios de personas y familias con niñas y niños pequeños que fueron detenidas durante los desplazamientos colectivos en el corredor de la costa pacífica. En ellos, testificaron que después de las violentas detenciones, l@s migrantes fueron trasladados y abandonados durante la madrugada en el punto fronterizo denominado La Mesilla, Chiapas y en Tenosique, Tabasco.

“El primero es territorio reconocido por la presencia de grupos del crimen organizado y tráfico de personas, a las personas migrantes no se les dio información alguna dejándolas en pleno desamparo y sin orientación alguna de donde se encontraban y sin posibilidades de cubrir necesidades básicas. Se reconoce y destaca la hospitalidad popular que en estos últimos días se ha dejado ver en varios puntos de esta ruta. Estas muestras nos llenan de esperanza para continuar con la labor de desmontar narrativas xenófobas y discriminatorias. Retomar lógicas de solidaridad y hospitalidad con las mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres que se movilizan huyendo de diversas violencias para mejorar sus condiciones de vida”, concluyen los colectivos en la actualización de la crisis migratoria en la frontera sur de México.

^{En portada: Campesino es cercado por aerogeneradores en el itsmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.}

Comuneros de Juchitán de Zaragoza, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron la suspensión del proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa Energies Nouvelles Group Energía de Francia (EDF), una de las más importantes a nivel mundial en el sector energético.

Los comuneros argumentan que se pretende construir el parque en tierras comunales sin la autorización del pueblo indígena que vive en Juchitán y sus cinco anexos: Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa.

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Un juicio de amparo fue interpuesto por los comuneros en septiembre de 2020. El abogado del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, quien lleva el caso, explica que el amparo fue interpuesto en el sexto juzgado de distrito, en Salinas Cruz, uno de los dos juzgados de la región que tienen competencia para este tipo de asunto. “Cuando algún grupo de personas, algún colectivo, alguna población, solicita algún amparo en contra de estas empresas, de manera sistemática, [en estos juzgados se] niega la suspensión de los actos”, explica.

Eso fue lo que pasó con los comuneros de Juchitán. El juzgado sexto de distrito negó a los comuneros que se suspendiera las actividades de la empresa hasta que, por lo menos, se resolviera el juicio de amparo interpuesto. Entonces los comuneros acudieron al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, donde interpusieron una queja y les fue concedida la suspensión.

“(…) Que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrutar de las tierras de uso común con motivo de los trabajos relativos a la construcción de un campo eólico denominado Gunaa Sicarú”, declaró el colegiado por unanimidad.

El juicio de amparo fue interpuesto por los comuneros que viven en el anexo Santa María Xadani. “Se quiere construir el parque en terrenos de otros anexos, Unión Hidalgo y La Ventosa. Por ser todo Juchitán terreno comunal y de uso común entonces les reconoce este interés legítimo”, explica el abogado.

Más allá de Juchitán

En 1964, Juchitán obtuvo una resolución presidencial en la cual se reconocía sus tierras como propiedad comunal. En esta resolución se reconoce Juchitán como la cabecera, junto con sus anexos.

“Con el tiempo, el gobierno buscó sacar de la propiedad comunal algunas franjas de tierras, otorgando títulos individuales. Eso provocó que la comunidad se organizara y que iniciara una lucha muy importante. Eso lleva a la intervención del gobierno y del ejército en contra de la comunidad, entre 1975 y 1977. La represión fuerte llevó al desmoronamiento de parte de esta organización”, explica el abogado. Como resultado hasta el día de hoy Juchitán no cuenta con representantes agrarios.

Sin embargo, en la decisión judicial, se reconoce el “interés legítimo de los comuneros para acudir en defensa de los derechos colectivos y del total de la superficie de los terrenos de la comunidad agraria de Juchitán”, sostienen los indígenas en un comunicado.

Este reconocimiento es histórico para Juchitán, argumenta González. “Juchitán ha estado indefenso para defender sus bienes agrarios, justamente porque no posee representante de bienes comunales. Cuando ha interpuesto amparos generalmente se hace por cuestiones ambientales, de afectación de la salud. Pero en este caso estamos planteando una afectación sustantiva a la tierra, al territorio. Por primera vez en muchos años se logra un triunfo”, afirma González.

El hecho de que en la decisión judicial se otorgó a un grupo de comuneros legitimidad para actuar y para defender los intereses colectivos de la comunidad, sin una representación comunal, abre una importante línea en la defensa del territorio en todo México, según González. “Esta decisión puede sustentar las luchas de multitud de comunidades que están en esta situación en todo el país, incluso casos en los cuales las comunidades tienen comisariados de bienes comunales pero que están a favor de los proyectos”, explica.

La resolución transciende para múltiples casos de comunidades o de grupos de comuneros y ejidatarios que “defienden las tierras de sus pueblos con todo encima de ellos, con el gobierno federal, gobierno del Estado, gobierno municipal, las organizaciones corporativas, los medios de comunicación en contra”, agrega González.

Sobre el proyecto

De acuerdo a datos oficiales, proyecto Gunaa Sicarú fue otorgado en la 2ª subasta eléctrica realizada en el 2016 por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a Energía Eólica Oaxaca, asociada de Energies Nouvelles Group como proyecto verde y consiste en el diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento de una central eólica con capacidad de 252 MW.

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En el Istmo de Tehuantepec hasta el momentos se han instalado 29 parques eólicos. En Juchitán de Zaragoza son 15, todos construidos en tierras comunales.