En portada: Una mujer enciende una vela en el lugar del accidente en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo en el estado de Chiapas, México. Foto: Alfredo Estrella
“Quiero justicia por la muerte de mi esposo, pero no tenemos recursos para buscarla”, dice Yesenia Flores. Su esposo, Leonel Gómez Zepeda, fue una de las 56 víctimas mortales tras la volcadura del tráiler en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, ocurrida el pasado 9 de diciembre.
Leonel Gómez Zepeda, de 37 años, fue un futbolista de Primera División del Deportivo Malacateco en Guatemala. Debido a su edad, el balompié dejó de ser redituable y la crisis económica de su país lo llevó a intentar migrar, por primera vez, a Estados Unidos.
El lunes 6 de diciembre, Leonel se despidió de su familia en Guatemala y unas horas antes del accidente, reaccionó a una foto de su hija en Facebook. Fue la última interacción que Yesina recuerda de su esposo.
El cuerpo de Leonel estuvo en el Servicio Médico Forense de Tuxtla Gutiérrez y después fue trasladado al municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas. Yesenia tuvo que viajar varias veces a México, con recursos propios, para localizarlo.
También trasladó a sus hijas desde Malacatán, Guatemala, a Chiapas para las pruebas de ADN que solicitó la Fiscalía General de la República.
El 19 de diciembre, sin avisar, los gobiernos de ambos países trasladaron tres féretros de los muertos en el accidente, uno de ellos con los restos de Leonel, “sólo vinieron a dejar la caja y no supimos nada de ningún gobierno”.
Yesenia Flores lamenta que el único momento en que tuvo atención de las autoridades mexicanas fue para las pruebas de ADN, por la presión que ella misma ejerció. “No tuvimos apoyo ni antes ni ahora”.
Yesenia y Leonel procrearon cuatro hijas, todas aún menores de edad. Leonel buscaba darles una mejor vida que esperaba encontrar en Estados Unidos.
“A mis hijas todavía no les he comprado sus útiles porque aún no encuentro trabajo. Mi esposo por eso se fue, porque la situación aquí es difícil; por eso, aunque quiera darle seguimiento a la investigación para que se haga justicia, no puedo por el gasto que representa”.
Yesenia Flores recuerda que el féretro estaba sellado y le pidieron que sepultara a su esposo de manera inmediata por el estado de descomposición que presentaban. “Escuchar al gobierno de México decir que no hay detenidos, duele en el alma”.
Solicitud de apoyo, sin respuesta
Familiares de las víctimas se han manifestado por el nulo apoyo de los gobiernos de México y Guatemala
Domingo Giovanni Raymundo Mateo, de 18 de años, salió de su casa en Almolonga, Quetzaltenango, Guatemala, el 8 de diciembre acompañado de su concuño Miguel Laynes Ortega, de 27 años.
Por segunda vez, Domingo se colgó la mochila con el ánimo de ganar dinero para apoyar a sus padres. Su tía les ayudó a contactar un coyote y lograron reunir dinero tras vender pertenencias y pedir prestado.
“Ya se murió el Mingo” dijo Miguel cuando dio la noticia de la volcadura del tráiler que los llevaría a Ohio. Miguel logró brincar del vehículo en movimiento. Resultó con lesiones en brazos y costillas.
En cuanto se enteró de lo sucedido a través de las redes sociales, la familia maya Ixil en Guatemala solicitó apoyo a las autoridades de ambos países para repatriar el cuerpo del joven que estaba en calidad de desconocido. Entonces no hubo respuesta.
Pedro Raymundo, padre de Domingo, cuenta que se trasladó a Chiapas para pedir el cuerpo de su hijo, “estuve viajando también por el acta de defunción y por eso en Guatemala me cobraron 4 mil quetzales”.
Los gastos de los traslados, alimentación y hospedaje para la realización de trámites también fueron cubiertos por ellos, “nosotros no tenemos dinero tampoco información, no sabemos ni a quién pedirle justicia”, lamenta Pedro en su fracturado español.
Pese a sus esfuerzos, Raymundo aún no cuenta con el acta de defunción de su hijo y la única respuesta que recibió fue por parte del Registro Nacional de las Personas (Renap), entidad guatemala quien aseguró se debe a que la Fiscalía General de la República mexicana aún no envía la información.
Antes de salir de Almolonga, Guatemala, Domingo y su concuño Miguel se dedicaban al campo. Dejó de estudiar hace dos años cuando su familia no pudo solventar los gastos escolares, fue entonces que uno de sus tíos, establecido desde hace un año en EEUU, lo convenció de migrar.
“Dijo que se podía hacer la lucha, porque aquí no hay trabajo ni para las mujeres y estamos en una casa prestada”, agregó Margarita Raymundo, hermana del joven.
Domingo y Miguel, recorrieron 432 kilómetros desde su comunidad hasta el municipio chiapaneco donde ocurrió el accidente. En el lugar, los pobladores locales, aún en shock, prenden veladoras por el descanso eterno de los fallecidos y la recuperación de los heridos.
No hay detenidos
Aún después de meses de ocurrido el accidente, pobladores de Chiapas colocan ofrendas en el lugar donde perdieron la vida 56 personas.
A dos meses de la tragedia, la Fiscalía General de la República se limita a decir que no tiene mayor información sobre el caso porque siguen las investigaciones. Pero en realidad aún no hay detenidos ni avances en la carpeta de investigación. Esto a pesar de que el 14 de diciembre el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que los responsables fueron identificados.
El Instituto Nacional de Migración (INM) también evade los cuestionamientos de la prensa con respecto a los apoyos a las familias que comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana siguiente del accidente carretero.
Los únicos reportes sobre el caso se publican en la página oficial donde recientemente destacaron la repatriación de cuerpos, realizados durante diciembre de 2021 y enero de 2022: 42 de Guatemala; 12 de República Dominicana; una de El Salvador y una más de Ecuador. A finales de enero, informaron que fueron trasladados los últimos restos que corresponden a un adulto y un menor de edad guatemaltecos.
Asimismo, la Secretaría de Salud en Chiapas señala que solo uno de los 114 heridos en el mismo accidente continúa con atención en un hospital de Tuxtla Gutiérrez.
Contubernio
Organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el sureste Mexicano, han hecho hincapié en las políticas de contención migratoria, las cuales orillan a las personas en movilidad a tomar alternativas peligrosas para trasladarse de una frontera a otra.
De acuerdo a la documentación del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, existe un contubernio de la autoridad migratoria para permitir el transporte de migrantes por el crimen organizado. Esto debido a que pese la presencia de retenes para inspeccionar vehículos en la ruta migratoria en Chiapas, la mayoría no son detenidos. “Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la República una investigación exhaustiva sobre esos tráileres y demás unidades que pasan invisibles por Chiapas”.
Para la organización nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría concretar sin la complicidad de la policía, funcionarios de migración y el Ejército mexicano, sobre todo en las zonas de los Altos, Norte y Selva de Chiapas controladas por narcotraficantes que también se dedican a este delito. “Desde sus países de origen a muchos los engañan, les piden escrituras de casas y terrenos, para llevarlos endeudados y con engaños”.
En estas redes, participan desde pobladores de las comunidades indígenas, donde se encuentran algunas casas de seguridad, hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que transportan a sus víctimas no sean descubiertos por la autoridad; hasta los uniformados encargados de la seguridad nacional.
Los grupos del crimen organizado se apropian de caminos de extravío o rutas claves; ofrecen o amenazan a los pobladores para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos.
“Las autoridades se sientan y dicen que van a solucionar el problema e informan que no pasa nada”, lamentó Elvira Madrid de Brigada Callejera.
En el 2018, cuando comenzaron a llegar a México las primeras caravanas migrantes, los representantes el Consulado de Honduras en México, confirmaron que los delitos contra personas migrantes incrementaron, con un mayor número de víctimas por la trata de personas y el secuestro.
Ante el ecocido que sucede a la vista de las autoridades en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 18-2022 en la cual pide al gobierno federal y estatal atender, proteger y preservar los humedales de montaña La Kisst y María Eugenia, bajo las directrices y recomendaciones contempladas en el Convenio Ramsar.
La recomendación reconoce las violaciones a los derechos humanos al medio ambiente sano, agua y saneamiento y vivienda adecuada, por la invasión, desmonte y relleno de estas áreas en agravio de los habitantes de la ciudad.
Se centra en la importancia del tratado internacional Ramsar para el estudio de las afectaciones tras la inscripción de los humedales de montaña, en términos del Artículo 1º de la Constitución Política de México.
El primer humedal que fue inscrito fue La Kisst, el 2 de febrero de 2008, con una extensión de 35.67 hectáreas; en tanto que el 2 de febrero de 2012 se integró a María Eugenia, con una extensión de 85.5 hectáreas. En ambos casos su extensión es menor a las establecidas en las declaratorias.
Estas áreas de conservación enfrentan no sólo la ausencia de manejo adecuado si no también de ostensibles irregularidades en cuanto la zonificación impuesta por el desarrollo urbano sin perspectiva de sostenibilidad, gestión ineficiente de los recursos hídricos y proliferación de asentamientos irregulares.
La CNDH dirige el documento de más de 100 hojas a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Comisión Nacional del Agua (Conagua), gobierno de Chiapas, Fiscalía General y al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas.
Pero las faltas al régimen de áreas naturales protegidas, no sólo implica infracciones al convenio Ramsar, bajo la responsabilidad internacional del Estado mexicano, sino también en el ámbito de los derechos humanos.
En este caso, menciona la ineficacia de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el gobierno de Chiapas y el Ayuntamiento local para coordinar en el ámbito interno el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia ambiental.
Defensa
“Las mujeres, hombres, colectivos y organizaciones que defendemos el agua, la vida y el territorio en San Cristóbal y la Cuenca del Valle de Jovel, vemos esta recomendación con esperanza, un logro, un paso más de un largo camino recorrido, la asumimos como un instrumento de peso moral y político”, declararon redes de colectivos y habitantes de San Cristóbal.
El pasado fin de semana, las redes en defensa de estos espacios, realizaron una caminata, convivencia y un ritual ceremonial en el humedal María Eugenia donde destacaron que la lucha aún no termina, pues ahora la tarea es vigilar el cumplimiento de esta recomendación. “Esperamos la voluntad política, la ética, la honestidad, la legalidad y compromiso de las autoridades señaladas”, señalaron.
En la emotiva reunión, mujeres ambientalistas recordaron la función de los humedales, los beneficios para especies humanas como para no humanas, así como la importancia cultural y ancestral.
“Tenemos muchas plantas medicinales como chilchagua o cola de caballo. Asimismo, son refugio de muchas especies endémicas y migratorias, además evitan las inundaciones; pero están amenazados no solo por el crecimiento urbano sino por la legislación ambiental”, enfatizaron las mujeres.
Es preciso, agregaron, difundir más información sobre las áreas naturales y traducirla a lenguas maternas para que los pueblos originarios conozcan la importancia de estos espacios de conservación.
Responsabilidad
Infografía elaborada por la Red TDT
Las recomendaciones de la CNDH no se limitan a un texto constitucional legislativo, sino que deben irradiar a todas las disposiciones jurídicas de carácter reglamentario y traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos.
Señala la urgente necesidad de que las instituciones mencionadas, gestionen y tomen todas las medidas pertinentes para contar con planes, programas y estrategias en la verificación de obras y actividades ubicadas en los humedales a fin de vigilar el cumplimiento de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
Para salvaguardar estos ecosistemas también es necesaria la protección de los recursos hídricos superficiales y del subsuelo con enfoque de cuenca; la verificación de la legalidad de la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas nacionales, así como las descargas de aguas residuales en esos cuerpos de agua.
“Se formularán ante el órgano interno de control de la Semarnat, de la Conagua, de la Fiscalía General del Estado quejas contra las personas servidoras públicas de estas instituciones, responsables de las irregularidades administrativas o presuntos delitos que derivaron en las violaciones de derechos humanos”, cita el documento.
Además de que la CNDH solicita planeación y ordenamiento territorial ecológico congruente, también pide la Fiscalía de Chiapas, un informe sobre el estado que guardan las carpetas e investigaciones relacionadas a la investigación de presuntas conductas delictivas en materia ambiental, estableciendo las medidas procedimentales, jurisdiccionales, así como las medidas reparatorias respectivas.
El año pasado, tanto la Comisión Estatal y Nacional de los Derechos Humanos, pasaron por alto el rechazo de las recomendaciones 07/2021 dirigidas a Rosario Bonifaz Alfonzo, titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, y a la administración de Jerónima Toledo como alcaldesa de San Cristóbal.
Un año después se emite esta resolución que da esperanza a los habitantes, que son, desde hace diez años, los más preocupados por la protección de estas áreas que dotan de agua al 70% de la población.
¡No están solas! por parte de la Comuna Waltershausen y la Red de Rebelión de Turingia, en el cetro de Alemania, nos solidarizamos con las comunidades Zapatistas y pueblos indígenas en lucha.
¡No al paramilitarismo de la ORCAO, los 40 invasores en Nuevo San Gregorio y los grupos paramilitares que atacan lxs pobladores de Aldama, Chiapas!
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
05 de febrero de 2022 Acción urgente No. 03
Riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades
Los testimonios señalan al grupo armado “Maria Tulukes” como uno de los autores de la violencia.
El día de hoy habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades integrantes del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc, ha informado que un grupo de personas armadas ingresaron a la cabecera municipal y que hasta el momento se encuentran disparando hacía varias direcciones, por lo que temen por su vida, seguridad e integridad personal ya que “los balazos ya pasan encima de las casas, se teme que una bala pérdida hiera a algún inocente”.
Según los testimonios “el grupo armado liderado por Hugo Gómez Sántiz ha ido por refuerzos, fueron por paramilitares, hasta el momento han saqueado y quemado 6 casas propiedad de integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, retenido vehículos y ahora mismo está fuerte la balacera y cohetazos en la cabecera municipal, tenemos mucho miedo de lo que esta noche vaya a ocurrir, según datos hay un muerto”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas manifiesta su preocupación por la escalada de violencia en la cabecera municipal de Oxchuc. Desde el 15 de diciembre de 2021, la problemática se ha profundizado con impactos graves a la población que ha derivado en violaciones a los derechos humanos. Apesar de las denuncias jurídicas y públicas, no se ha obtenido respuesta, la omisión lamentable del Estado mexicano se ha
convertido en patrón común en todo tipo de problemáticas, dejando en estado de indefensión a los ciudadanos, por lo que el Frente Comunitario ha solicitado “a la sociedad en general que tomen sus precauciones al querer viajar por esta carretera, lamentablemente el grupo de “Maria Tulukes” ha comenzado una vez más la violencia, nosotros solamente hemos exhortado a la paz social, sin embargo, esta gente quiere el poder a través de la violencia.”
Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano que haga su trabajo, que intervenga inmediatamente para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades mediante la implementación de medidas precautorias y cautelares para evitar actos de difícil reparación.
Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente:
Europa, Tierra insumisa, Slumil K’ajxemk’op, enero de 2022
Señoras y Señores:
Como Red de Resistencia y Rebeldía y en apoyo a la lucha por la vida de nuestras compañeras y compañeros Zapatistas, y como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, participamos en la campaña “Nuestra lucha es por la vida” y denunciamos enérgicamente las violencias ejercidas en contra de los pueblos indígenas de Chiapas. Esto ocurre dentro de un marco de total impunidad, que persiste a pesar de varias denuncias documentadas dirigidas a los 3 niveles del gobierno mexicano.
Recalcamos que no se trata de conflictos entre comunidades o familias pobres, como lo afirma la versión oficial, que ha servido de excusa para dejar actuar la violencia en total impunidad. Se trata de conflictos fomentados por una presencia paramilitar impune que busca sembrar terror en un proceso de guerra de baja intensidad.
Afirmamos nuestro apoyo a las comunidades de Moisés y Gandhi y Nuevo San Gregorio, que dependen de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”.
Desde el verano de 2020, la ORCAO, grupo de paramilitares, ha llevado a cabo acciones de extrema violencia al amparo de las autoridades del municipio de Ocosingo, donde gobierna el mal llamado Partido Verde (apéndice del PRI y que hace el trabajo sucio de Morena), cuyo principal líder es funcionario del municipio. Este grupo de paramilitares actúa cobijado por el gobernador del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a cambio de los votos que le dio el Partido Verde para llegar a la gobernatura de Chiapas.
Entre los ataques que han llevado a cabo los paramilitares de la ORCAO, los cuales se han denunciado públicamente, y que hasta el momento han quedado en total impunidad, están:
22 de agosto de 2020: saqueo, robo y quema de la tienda “El Arco Iris”, ubicada en el crucero Cushuljá, municipio de Ocosingo;
8 de noviembre de 2020: denuncia por parte de la Junta de Buen Gobierno de Patria Nueva del “secuestro y tortura de un compañero Base de Apoyo Zapatista de la comunidad de San Isidro, anexo de Moisés y Gandhi, por parte de la organización paramilitar llamada ORCAO”;
11 de septiembre de 2021: secuestro de dos integrantes de la Junta de Buen Gobierno, José Antonio Sánchez Juárez y Sebastián Núñez Pérez, ^por el grupo paramilitar que les ha mantenido desaparecidos hasta el día 19 de septiembre;
21 de noviembre de 2021: otro ataque con armas de fuego por parte de los paramilitares de la ORCAO a la comunidad de Moisés y Gandhi, e incendio de la escuela secundaria autónoma zapatista;
desde noviembre de 2019, en la misma zona, el poblado de Nuevo San Gregorio sufre la invasión de sus tierras por “el grupo de los 40”, cuyos líderes han sido identificados y denunciados públicamente varias veces. Hoy en día, de sus 155 hectáreas, sólo le quedan 7 hectáreas al pueblo, y sus habitantes han sido reducidos a una situación de campesin@s sin tierra. A pesar de que dichos actos fueron documentos y denunciados el 2 de diciembre de 2021 por parte de la Junta de Buen Gobierno y del CDH Fray Bartolomé de las Casas, con fecha del 2 de diciembre, el mismo grupo invasor entró los 6 y 7 de diciembre a arar el potrero colectivo de la comunidad, dejando 22 cabezas de ganado sin alimento. Es importante aclarar que el supuesto arado solo tuvo el objetivo poner en peligro la supervivencia del ganado. Con cada invasión, l@s habitantes de Nuevo San Gregorio se sienten “secuestrad@s”; ya no pueden desplazarse, ni trabajar ni siquiera salir de sus casas, sometid@s a la observación y presencia de los agresores apostados en varios lugares estratégicos.
Existen testimonios e imágenes de los vínculos amistosos entre el grupo de los 40 y la policía municipal de Huixtán. Así que ¿se puede hacer todo esto en Chiapas bajo la mirada de la policía y del ejército? ¿Robar tierras? ¿Secuestrar a la gente? ¿Desplazarla? ¿El concepto de respeto a los derechos humanos será menos importante que la lógica capitalista de la 4T?
Los invasores del “grupo de los 40” pusieron un precio a las tierras que robaron: 100 000 pesos por hectárea, o sea más de 4300 euros, un precio exorbitante en la región. ¿Quién comprará estas tierras robadas? ¿El Estado o una multinacional de la electricidad que por fin podrá construir la presa de agua planeada hace unos años, cuando la cañada esté librada de l@s Zapatistas, guardianes de las tierras y protectores de la vida?
Esta serie de actos de violencia, incluido la detención ilegal y arbitraria de autoridades autónomas, ha sido denunciada tanto por las Juntas de Buen Gobierno como por organizaciones nacionales e internacionales. Los que firmamos la presente urgimos al Estado mexicano, quien tiene conocimiento pleno de los hechos por lo menos desde marzo de 2020, a que ponga en marcha acciones tendientes a terminar de una vez por todas las acciones violentas y de despojo que muchas veces vienen apoyadas por autoridades locales, municipales y estatales, y a respetar la tierra y el territorio que pertenecen al EZLN en el marco de los Acuerdos de San Andrés, la Ley de Concordia y Pacificación, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de los Estados Americanos.
El 10 de enero de 2022, en esta misma zona del Caracol 10, la comunidad autónoma 16 de Febrero fue atacada por un grupo armado: una mujer y sus 3 hijos fueron desaparecidos por 24 horas. Denunciamos enérgicamente estas desapariciones forzadas.
También denunciamos la inacción de los 3 niveles de gobierno ante el clima de guerra y el desplazamiento de miles de personas durante el año 2021 en la región de Aldama a causa de ataques seguidos de grupos paramilitares (últimamente, 36 ataques con arma de fuego los 7, 8, 9, y 10 de enero de 2022), dejando a una persona base de apoyo zapatista muerta, quien primero fue herida mientras iba junto con su familia a trabajar a su milpa.
Denunciamos de igual manera el asesinato de Simón Pedro Pérez, ex-presidente de la organización pacifista de Las Abejas, que sigue en la espera de una verdadera justicia en respuesta a la masacre de Acteal en 1997.
El Estado de Chiapas está al borde de la guerra civil. Es una situación creada por el mismo Estado mexicano: desde 1994, su estrategia contra-insurreccional ha favorecido la surgimiento de grupos paramilitares que actúan en total impunidad.
Ha fomentado el desmantelamiento de los ejidos y la división de las comunidades, cuyos usos y costumbres eran la gestión colectiva tanto de la vida como de las tierras.
Promueve y alienta los grandes proyectos capitalistas como las minas o el mal llamado Tren Maya que sólo pueden concretizarse desplazando comunidades enteras y obligándolas a romper con sus usos y costumbres.
Crea programas de “ayuda”, como “Sembrando vida”, que favorecen tanto la destrucción del modo de vivir en colectivo de los pueblos indígenas y la de las tierras, estimulando la monocultura productivista, como la invasión de las tierras por grupos violentos (ayuda otorgada a condición de poseer más de 2,5 hectáreas).
Denunciamos la violencia en contra de los pueblos indígenas zapatistas y su impunidad.
Exigimos que los responsables institucionales actúen como debe de ser dentro de un Estado de derecho, respetando la vida y los derechos de los pueblos originarios. Ya es tiempo que los 3 niveles de gobierno actúen para detener la violencia que va en aumento en el Estado de Chiapas.
Nosotr@s seguiremos apoyando la organización, la autonomía y la resistencia de las comunidades zapatistas por todos los medios posibles, porque l@s Zapatistas luchan por la vida, por la protección de la tierra y por ende por la de la humanidad.
Firmas:
Colectiva Mujeres y disidencias de la Sexta en la Otra Europa y Abya Yala – Red de Resistencias y Rebeldías
Groupe CafeZ, Liège, Bélgica
Casa Nicaragua, Liège, Bélgica
Identité Amérique Indienne, Liège
RAIZCOF – Réseau d’amitié et d’inspiration zapatiste en Condroz-Famenne, Bélgica
La Gang éco!féministe, Bélgica
Le petit théâtre de la Grande Vie, Bélgica
Americasol-Réseau Escargot, Francia
Collectif inter-collines des 2 rives de la rivière Aveyron (Colectivo intercerros de las 2 orillas del río Aveyron), Francia
Quartier libre des lentillères Francia
Espace autogéré des Tanneries, Francia
Mut Vitz 13
Colectivo París Ayotzinapa, Francia
Universidad de la Tierra, Puebla
Colectivo Utopía, Puebla
Colectivo Utopia
Colectiva Zurcando el tiempo
Cecilia Zeledón
Kathia Behaeghel, Bélgica
Geert Carpel, Bélgica
Patrick Dessart, Liège, Bélgica
Geneviève Michel, Bélgica
Jean-Claude Charlier, Jupille, Bélgica
Martine Gerardy, Bélgica
Orlando Kintero, muralista
Union syndicale Solidaires, Francia
Yala Colectiva Nantes, Francia
Colectivo Armadillo Finlandia
Caravana Zapatista Portugal
Associazione Ya Basta! Êdî Bese!, Italia
Scotland Zapatista, Escocia
Latir por México, París
Alerta feminista, París
Brigada Serpientes, París
Miradas-Caracol, Madrid
Olivier Vermeulen, Bélgica
Natalia Hirtz
Carta dirigida a:
Lic. Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de México
Lic. Adán Augusto López Hernández. Secretario de Gobernación de México
Lic. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez. Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración
Lic. Rosario Piedra Ibarra. Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Lic. Rutilio Escandón Cadenas. Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Lic. Victoria Cecilia Flores Pérez. Secretaria General de Gobierno en Chiapas
Lic. Juan José Zepeda Bermúdez. Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Via :
Sandra Fuentes-Berain, embajadora de México en Bélgica
Blanca Elena Jiménez Cisneros, embajadora de México en Francia
“Mi hijo estaba jugando allá adentro cuando una bala cayó en una botella, caen bastantes y hacen un ruido como un ratoncito rascando la tierra; mis chamacos se espantan y salen corriendo a esconderse, ya casi no salen a jugar”.
Juanita tiene cuatro hijos y es habitante de Aldama, municipio de los Altos colindante con Chenalhó. Desde hace cuarenta años inició un conflicto agrario entre ambos municipios de los Altos de Chiapas.
En los últimos tres años las diferencias se acentuaron por el control del territorio, la violencia incrementó y es constante. Organizaciones han documentado los disparos de una montaña a otra.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) informó que durante el primer mes de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques provenientes de diferentes puntos de Chenalhó. “La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado”, sostiene Frayba.
Foto Jeny Pascacio/ Avispa Midia
A este panorama se agrega la amenaza de un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3,499 personas. “Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan”, pues en el día 3 del mes de febrero, se registraron 28 ataques más, hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.
Los habitantes de 12 comunidades más vulnerables a los disparos, en el lado de Aldama, dejaron de trabajar sus tierras y salen a buscar alimentos a escondidas con temor de ser alcanzados por una bala.
Aunque los disparos son lanzados al aire, han herido a los indígenas tzotziles. “Cuando empiezan las balas salimos corriendo a prestar casa. Mis hijos quieren que nos vayamos de aquí porque tenemos mucho miedo”, relata Juanita.
El único apoyo que reciben es maíz y frijol, además de algunos víveres que les otorgan las organizaciones acompañantes.
En el reciente comunicado de Frayba, la organización cuestionó por qué el Estado mexicano, “no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea”.
Asimismo, sobre la fuente de adiestramiento y supuestos vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada.
Foto Jeny Pascacio /Avispa Midia
Llamó a adoptar medidas efectivas y proteger la vida de los habitantes y desplazados forzadamente, además de dar certidumbre al resolver el conflicto por límites territoriales mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral.
Los humedales de montaña ubicados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, albergan especies en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, endémicas, como el pez popoyote, y es el refugio de aves residentes y migratorias.
Ayudan a evitar inundaciones al filtrar el agua de lluvia a los mantos freáticos y a purificarla, además son proveedores del 70% del agua potable que se distribuye a la población.
Pero en el Valle de Jovel la situación de los humedales La Kisst y María Eugenia es cada vez más crítica por el deterioro acelerado. En el Día Mundial de Los Humedales (2 de febrero), colectivos y ciudadanos recordaron la urgencia de proteger el 10% de los humedales que sobreviven a la mancha urbana.
Alma Rosa Rojas, coordinadora del Colectivo para la Paz y los Derechos Humanos AC, dijo que existe inconformidad por la falta de respuesta de las dependencias gubernamentales correspondientes, “no hay resultados tangibles”.
Durante los años de lucha han notado que el tema no es prioridad ni para la Fiscalía, ni para la Procuraduría Ambiental, “pareciera que está archivado”.
La ciudad turística crece sin ninguna planeación municipal, mientras en diferentes lugares se anuncia la venta de terrenos, también sin control, algunos dentro de las áreas naturales protegidas. Aunado a ello, la Carta Urbana municipal no se actualiza desde 2015.
Sexenios lo permitieron
Las administraciones municipales, estatales y federales permitieron a lo largo de los años la compra, venta e invasiones de los humedales, a pesar de que en 2008 fueron declarados Áreas Verdes de Conservación, por el gobierno del estado.
En 2011 se convirtieron en sitios Ramsar (ecosistemas de agua dulce o salada de importancia internacional), pero no expropiaron las tierras y siguen en manos de particulares, entre ellos, 19 son políticos, mencionó Enrique Ávila Romero, académico e investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH).
La solicitud para conocer la historia traslativa de los terrenos ha sido negada. Incluso, los dueños de estos terrenos se ampararon ante el decreto de conservación, y los jueces los favorecieron.
Por la falta de respuesta en México, los ciudadanos recurrieron al Convenio Ramsar y la respuesta fue positiva, pero argumentaron que no pueden realizar la visita por algunos incumplimientos del gobierno de México.
La extensión de La Kisst es de 110 hectáreas y se ubica al sur poniente del Valle de Jovel, mientras Lagos de María Eugenia se ubica al sur y su polígono es de 115 hectáreas, pero no existe delimitación física.
A la fecha se interpusieron más de 60 denuncias, solicitudes y quejas ante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
4 de febrero de 2022
Boletín No. 04
Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía
Libertad para Yonny Ronay, sobreviviente de tortura.
El 06 de septiembre del 2021, Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado y robo con violencia agravado. Frente a la apelación, el 26 de octubre de 2021, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 1 de Tuxtla Gutiérrez, anuló todo lo actuado en la primera audiencia de juicio oral incluyendo la sentencia y ordenó la reposición total del procedimiento, debido a la falta de valoración de las pruebas.
El día de hoy a las 15:00 horas, el Tribunal de Enjuiciamiento de Villaflores, Chiapas, llevará a cabo la audiencia de juicio oral de Yonny Ronay joven estudiante sobreviviente de tortura, detenido de manera arbitraria desde el 13 de marzo de 2019, por elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del estado de Chiapas (Fiscalía). Yonny Ronay fue torturado en el sótano de esa institución para autoinculparse de un delito que no cometió y se le exhibió en redes sociales como parte de una “banda de la delincuencia organizada”. Desde el 15 de marzo de 2019, se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 08 en la Cuidad de Villaflores, Chiapas.
La fábrica de culpables continuó en abril de 2019, la Fiscalía utilizó ilegalmente las identificaciones de Yonny Ronay para inventar una declaración como testigo de un robo sucedido el día 24 de abril de 2019, 1 mes y 11 días después de la detención arbitraria. La Fiscalía General de la República ha dado cuenta de la simulación de pruebas por parte de la FAI y hasta hoy no ha realizado ninguna acción.[1]
La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en México se sigue cometiendo de manera intencional para la investigación de delitos causando severos sufrimientos físicos o mentales a las y los sobrevivientes. Hasta el día de hoy las autoridades encargadas de la procuración de justicia no han demostrado que las pruebas que inculpan a Yonny Ronay fueron obtenidas sin vulnerar sus derechos humanos.
El Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes recomendó a México que tanto los fiscales como jueces están obligados a excluir pruebas o declaraciones de las cuales existan razones para creer que han sido obtenidas bajo tortura, malos tratos o en violación de garantías fundamentales, e iniciar las investigaciones correspondientes, imponer al Estado la carga de probar que la evidencia no fue obtenida bajo tortura, garantizar que las pruebas ilícitas se excluyan y que la exclusión no se postergue hasta la sentencia.[2]
A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chiapas conocen el caso de Yonny Ronay, hasta el momento no han hecho nada para detener las violaciones a sus derechos humanos.
El Poder Judicial del Estado de Chiapas tiene la oportunidad de proteger a una persona inocente y salvaguardar sus derechos humanos. De manera especial el Juez que conoce la causa penal debe tener sensibilidad frente a este crimen de lesa humanidad y no seguir permitiendo que las violaciones continúen, las pruebas deben excluirse o declararlas nulas, por carecer de valor probatorio ya que fueron obtenidas a través de actos de tortura. Por consecuencia debe ordenar la inmediata libertad de Yonny Ronay Chacón González.
• El riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama continua.
La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado con la amenaza de incursionar en las comunidades provocando un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3499 personas.
En el mes de enero de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques proveniente de diferentes puntos como el Colado y Chino en Fracción Ak’tik 2, T’elemax, Tojtik, Telesecundaria de Santa Martha, Curva Tontik, Tok’oy, Tulan, Base de la Policía, Yaxaltik en Saclum y Slumka’, mostrando una clara organización del grupo armado para llevar sus acciones de forma sistemática. A casi 72 horas de inicio del mes de febrero los habitantes de las comunidades han reportado 28 ataques hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.
Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan. Esta situación ha llevado a que los habitantes de las comunidades no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café, impactando en sus medios de subsistencia económica, al no poder obtener los ingresos para el sustento de sus familias.
A tres años de los constantes ataques el Estado mexicano no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y la fuente de adiestramiento, así como los vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada, ni mucho menos el desarme y desarticulación del grupo agresor para que estos hechos no se repitan.
Hasta el día de hoy, el Estado mexicano no ha resuelto el conflicto por límites territoriales mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral. Por lo que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios indígenas ha creado un clima de incertidumbre permanente, violando el derecho a la paz de las comunidades de Aldama e impidiendo que puedan vivir con tranquilidad en su territorio.
Hacemos un llamado al Estado mexicano para que adopte las medidas efectivas de seguridad y culturalmente adecuadas, protegiendo la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades del municipio de Aldama, así como de las personas que se encuentran en desplazamiento forzado, previniendo hechos de imposible reparación provocado por el grupo armado.
