San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
7 de junio de 2022

Boletín No. 20

En Chiapas se reprime a defensores comunitarios, no existe la presunción de inocencia

    • Injusta vinculación a proceso a defensores comunitarios de San Juan Cancuc en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio

    • Exigimos la libertad inmediata de los cinco detenidos.

Ayer 6 de junio del 2022, fueron injustamente vinculados a proceso cinco indígenas tseltales del pueblo creyente de la parroquia de San Juan Evangelista, San Juan Cancuc, quienes fueron sometidos a la medida cautelar de prisión preventiva.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el pasado 4 de junio dio a conocer a través de Boletín de Prensa No. 19 y la Acción Urgente No.7 [1], la criminalización y detención injusta de Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, así como la existencia de ordenes de aprehensión en contra de tres personas más.[2] Esto como parte de una estrategia estatal para menoscabar la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

Como adelantamos, la situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolvería el día lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, y existía el riesgo de que continuara su detención en virtud de que el poder judicial de Chiapas había demostrado ser parte de este ejercicio de criminalización.

Dentro de la audiencia de vinculación a proceso, el Juez de control no fue imparcial ya que los vinculó a proceso aún cuando las pruebas aportadas por la Fiscalía no clarificaban siquiera la causa de la muerte de Antonio Aguilar Pérez; además de existir serias contradicciones y vacíos en los testimonios fabricados que buscaban culpabilizar a los cinco detenidos.

Pese a que defensores de este Centro de Derechos Humanos hicieron notar tales anomalías, el Juez penal convalidó y justificó más allá de sus atribuciones las deficiencias de la Fiscalía, lo que corrobora su contubernio.

Como Centro de Derechos Humanos exigimos una investigación real, efectiva, científica y que agote todas las líneas de investigación para clarificar la muerte de Antonio Aguilar Pérez. Que este lamentable suceso no sea aprovechado para criminalizar a defensores de derechos humanos y de la vida de cuya inocencia existen múltiples testigos. Así como que las autoridades no aprovechen este suceso para polarizar a la población.

De lo documentado por el Frayba, hemos registrado que existe una práctica sistemática por la que las fiscalías fabrican versiones de los hechos más allá de un agotamiento de las posibles líneas de investigación y fabrican una serie de pruebas a modo para forzar su teoría del caso. Desafortunadamente, esta mala práctica suele incluir la inculpación de personas inocentes. Patrón que a su vez es avalado por el Poder Judicial del Estado. Bajo este contexto se desarrollan los hechos aquí narrados.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional, al Pueblo Creyente, a estar pendientes de las acciones para lograr la libertad incondicional de los defensores comunitarios.

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1 Frayba, Acción Urgente no. 7, https://frayba.org.mx/criminalizan-y-fabrican-delito-defensores-ddhh-en-san-juan-cancuc
2 Frayba, Boletín no. 19, https://frayba.org.mx/sistema-justicia-chiapas-criminaliza-defensa-ddhh

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
4 de junio de 2022
Boletín No. 19

Contubernio entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado de Chiapas criminaliza a Manuel Sántiz Cruz y siete defensores tseltales por su defensa de derechos humanos

• El sistema de justicia fabrica delitos para limitar el ejercicio de defensa de la vida, la tierra y el territorio.
• La procuración e impartición de justicia en Chiapas esta secuestrada por intereses políticos y privados, ajenos a la verdad y la justicia. 

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el contubernio que existe entre la Fiscalía General del Estado de Chiapas (Fiscalía Indígena) y el Poder Judicial del Estado (Juzgado de Control), para la criminalización del ejercicio de defensa de derechos humanos realizada por Manuel Sántiz Cruz, indígena tseltal (en adelante Manuel Sántiz) en el municipio de San Juan Cancuc, con el fin de desarticular la lucha por la vida, contra la militarización e imposición de proyectos en el municipio.

De acuerdo con lo documentado en la causa penal 78/2022, la Fiscalía Indígena solicitó orden de aprehensión contra Manuel Sántiz y otras siete personas por el delito de homicidio calificado el día 31 de mayo a las 15:41 y el Juez de Control, Carlos Lamberto Marquez Espinosa, les otorgó la orden esa misma fecha a las 15:40, un minuto antes de que existiera formalmente la solicitud ministerial. Esto corrobora la premeditación de la criminalización de las autoridades de justicia en el proceso de fabricación de delitos a las personas defensoras y la falta de imparcialidad del órgano de justicia, así como la colusión existente entre ambas instancias con el objetivo de convertir la maquinaria penal en un instrumento de criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, en este caso particular en contra de Manuel Sántiz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, más tres personas (por seguridad omitimos sus nombres) que tienen orden de aprehensión y constituye una acción orquestada bajo los mecanismos de violencia hacia los pueblos, que es la fabricación de delitos como método represivo de sistema judicial en Chiapas.

La detención contra Manuel Sántiz por el delito de homicidio, deriva de una privación arbitraria de la libertad en el municipio de San Juan Cancuc el pasado domingo 29 de mayo de 2022, junto con otras dos personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fiscalía indígena 24 horas después de su detención, el 30 de mayo de 2022, por elementos de la policía especializada quienes los acusaron falsamente de portación de mariguana, siendo trasladados al municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, lo que daría pie para tener tiempo de fabricar el delito de homicidio calificado que los llevaría a su reaprehensión.

La acusación por portación de droga fue desacredita por medio de tres testigos, quienes el 01 de junio de 2022, dos de ellos fueron detenidos de manera ilegal y arbitraria por elementos de la policía especializada de la Fiscalía Indígena, también acusados dentro de la causa penal 78/2022, como forma de represión por haber testificado la verdad de los hechos, así como para intimidar a los pobladores que pudieran ser testigos de este montaje.

La situación jurídica de los ahora cinco detenidos se resolverá el lunes 06 de junio a las 14:30 horas en el Juzgado de Control de San Cristóbal de Las Casas, situación que se da en medio de una ausencia de imparcialidad en su juicio.

Desde del Frayba exigimos la libertad inmediata de las personas defensoras: Manuel Santíz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martin Pérez Domínguez, así también el desistimiento de la acción penal hacia tres personas que se encuentran resguardadas por su comunidad, lamentamos y denunciamos las practicas de manipulación del sistema de impartición y procuración de justicia y exigimos que se busque la verdad y la justicia, agotando todas las lineas de investigación, con honestidad, lealtad y objetividad. Externamos nuestra preocupación frente a la fabricación de delitos que criminaliza la defensa de los derechos humanos en medio de un contexto de creciente militarización e imposición de proyectos en las comunidades sin consulta previa, libre, informada y culturalmente pertinente.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

23 de mayo de 2022

Boletín No. 18

Caminamos junto a los pueblos el horizonte de Justicia, Verdad y Memoria en medio de una profunda crisis de derechos humanos en Chiapas

• Reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos que resisten y luchan.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en el marco del cambio de la Dirección, reafirma su compromiso de caminar junto a los pueblos que luchan y defienden la tierra y el territorio, de quienes ejercen la autonomía y libre determinación a pesar de las adversidades, omisión y aquiescencia de los gobiernos, quienes además de administrar los conflictos, no llevan a cabo acciones efectivas para detener y atender debidamente las violaciones graves a los derechos humanos que se viven en Chiapas.

En los gobiernos federal y estatal persiste un patrón común, a quienes defienden los derechos humanos y la vida les asesinan, criminalizan, amenazan y torturan en medio de un racismo y discriminación estructural. La violencia generalizada emanada de la disputa entre grupos del crimen organizado por el control de territorios, la captura y complicidad con las instituciones es intensa, así como la proliferación de diversos actores duros que actúan con impunidad. Hay que sumar el Conflicto Armado Interno no resuelto, la renovada presencia militar, el ejercicio de autogobierno impulsado desde distintas propuestas comunitarias y las constantes agresiones a la autonomía zapatista en medio de un ominoso silencio del gobierno mexicano; así como el impulso de megaproyectos y programas sociales impuestos en las comunidades, que favorecen la división comunitaria y el despojo territorial.

Existe una crisis humanitaria en torno al fenómeno del desplazamiento forzado interno; alrededor de 14 893 personas han atravesado por esta situación debido a la violencia generalizada y la impunidad constante por parte de la inoperancia y omisión del Estado mexicano. La tortura es también una práctica generalizada y sistémica que sigue instalada como un mecanismo para simular justicia y fabricar culpables, dejando un grave impacto en las víctimas, sus familiares y la sociedad.

En la mayoría de los estados y municipios donde se ha declarado la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres (AVGM) se registra un alza de agresiones, chiapas es un ejemplo de la ineficacia de las medidas que se han tomado para tratar esta crisis; en lo que va del 2022 el Observatorio Feminista Contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas registró un aumento alarmante de cifras: 55 muertes violentas, 7 feminicidios en grado de tentativa y han desaparecido 69 mujeres y niñas.

En medio de la alarmante cifra de 100,204 personas desaparecidas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas señaló la existencia en Chiapas de 542 personas desaparecidas, lo que no refleja la crisis profunda del fenómeno manifestado en medio de la disputa entre grupos armados ilegales en la frontera con Guatemala o la región de Los Altos, la cuál también es negada por La Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda de Personas, sumándose la falta de debida diligencia de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares en el estado. El dolor que sufren las familias de las y los desaparecidos en México visibiliza la crisis de derechos humanos, su dignidad muestra impulsa la lucha continua contra la indiferencia del Estado y mantienen viva la Memoria Verdad, Justicia y Reparación.

Hoy vivimos tiempos violentos, obscuros y de incertidumbre ante la pandemia provocada por la COVID-19 que ha golpeado a nuestras familias y desnudado nuestras carencias, profundizando la crisis del sistema capitalista, civilizatoria y la crisis ambiental, que exige organizarnos como pueblos para defender la vida y el territorio. Son tiempos de grandes desafíos, que nos convocan a crear horizontes de esperanza; en el Frayba estamos convencidos de que la Paz se construye desde la búsqueda de la Justicia, la cual está anclada en la Dignidad de cada uno de los pueblos y personas que luchan.

Hacemos un llamado a la Comunidad Frayba, a organizaciones, colectivos a no cesar en las acciones y persistir desde abajo en el horizonte de la defensa de nuestros derechos, a juntar las luchas con los pueblos, comunidades, personas dignas de Chiapas, de México y el Mundo que han ubicado en este territorio de resistencia su mirada y trinchera; es urgente y necesario seguir andando los caminos de Libertad, Memoria y que la Verdad sea nuestra ética de trabajo, para romper las sistemáticas injusticias causadas por el capitalismo, colonialismo y patriarcado, para vigorizar la transformación social de manera radical de las diversas realidades humanas y fraternas que nos habitan y consolidar una sociedad nueva, democrática y justa.

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