Chiapas
Pueblo Creyente de Chicomuselo denuncia reactivación minera, estado de sitio y amenazas a personas defensoras
Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.
Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
20 de Octubre de 2022.
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
AL PUEBLO CREYENTE
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
En el marco de las situaciones de violencia estructural e institucionalizada, la descomposición social, la falta de acceso a la justicia, la violación a los derechos humanos y colectivos, amenazas, intimidación, hostigamiento y persecución a las mujeres y hombres que buscan la paz con justicia y dignidad que se ha venido acrecentando en nuestra región en los últimos años. Como pueblo creyente de la parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, Diócesis de San Cristobal de las Casas, Chiapas, reafirmamos nuestro compromiso social en este momento histórico que nos lleva a discernir nuestro ser y que hacer como iglesia peregrina en estas sagradas tierras, escuchando el clamor de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños ante esta realidad.
En nuestras comunidades y pueblos nos encontramos en estado de sitio y despojo de nuestros bienes naturales, nuestra tierra y territorio que historicamente hemos cuidado y defendido de las empresas y de los intereses económicos y politicos de unos cuantos.
Ya el papa Francisco ha señalado en la encíclica Laudato Si, que existe un claro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar que no se está cumpliendo, no se puede permitir que ciertos intereses que son globales pero no universales se impongan, sometan a los estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo la creación. Los pueblos estamos llamados a aclamar, a movilizarnos, a exigir pacíficamente pero tenazmente la adopción urgente de medidas apropiadas
El 26 de septiembre de este año el movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio denuncio públicamente la situación de amenazas, hostigamiento e intimación contra las defensoras y defensores de los derechos humanos en el municipio de Chicomuselo, Chiapas ante la presencia de empresas y personas interesadas en reiniciar la explotación minera en diversas localidades de este municipio como son: El Naranjo, Nueva Morelia, Santa María, Ricardo Flores Magón, Grecia y Benito Juárez, promoviendo actividades mineras sin la consulta previa e informada, sin el consentimiento de los ejidos y comunidades y sin el estudio de impacto ambiental, estamos claros que hasta ahorita no existe ninguna forma de extracción minera ecológica y sustentable, seguiremos defendiendo nuestro territorio.
El día 16 de Octubre ingresaron a la cabecera municipal de Chicomuselo diversos camiones de carga para trasportar material minero y el día 17 de octubre los habitantes del ejido Santa María se percataron que dichos camiones ya se encontraban en el lugar de donde han estado extrayendo el material de “barita”; material minero que se usa para perforación de pozos petroleros y para el sector extractivo de manera ilegal.
Desde 2007 nos percatamos del ingreso de extranjeros al territorio del municipio con el objetivo de hacer estudios antropológicos de la región, a partir de ahí el pueblo creyente como custodias y custodios de la creación de Dios que se nos ha encomendado y desde nuestras opciones diocesanas de pastoral nos pusimos en alerta y comenzamos hacer un fuerte proceso de concientización en cuidado y defensa de la tierra y el territorio como parte de nuestra espiritualidad enraizada en la Madre Tierra como nuestra casa común.
Durante nuestro proceso de concientización y resistencias descubrimos que en el municipio habían ya 14 concesiones mineras en diferentes puntos de nuestro territorio con un permiso de 50 años, fortalecimos nuestra forma organizativa propia desde las comunidades y nuestras luchas legales siempre por la vía pacífica a través de peregrinaciones, foros informativos, denuncias públicas, diálogos con las autoridades de gobierno en los tres niveles.
A pesar de nuestras luchas y resistencias la empresa minera canadiense Blackfire Exploration Ltd inicio la explotación minera en el ejido Grecia perteneciente a este municipio de Chicomuselo, sin una consulta previa e informada como lo señala el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas, afectando principalmente al agua subterránea, ríos, arroyos, montañas, la salud de la población y el tejido comunitario que caracteriza a las comunidades de nuestra región; situación que nos llevó a vivir bajo amenazas, hostigamientos y persecuciones.
Actualmente hay 12 concesiones vigentes y 2 vencidas; como Pueblo Creyente y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) mantenemos nuestras luchas y resistencias por cuidar y defender la vida de todas y todos. En estos últimos meses se han realizado diversas acciones denunciando y pronunciándonos en contra de la explotación minera ilegal, así como amenazas, hostigamiento e intimidación a servidoras y servidores comprometidos desde la opción por los pobres y la opción por nuestra Madre Tierra, reafirmada desde 2014 en el congreso teológico sobre la madre tierra en nuestra diócesis de San Cristóbal de las Casas.
Como Pueblo Creyente y MODEVITE hemos agotado los recursos legales y con apego a derecho para detener este proyecto extractivo con las autoridades municipales que no han actuado ante esta problemática que estamos viviendo y se ha dialogado con el fin de que la actual administración cumpla con sus promesas de campaña y proclame al municipio de Chicomuselo libre de minería y solo se ha quedado en un discurso bonito para ganarse aplausos pero sin un compromiso real con las luchas y resistencias del pueblo.
De manera formal se ha presentado la denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) sobre el caso y la respuesta ha sido evasiva, argumentando que no existen condiciones de seguridad para realizar la investigación ante la ola de violencia e inseguridad que se está dando en la región. Esta omisión de PROFEPA y demás autoridades, activa el riesgo para nuestras comunidades y para quienes cuidamos y defendemos nuestro territorio. Hasta el momento se ha dialogado con algunas autoridades solicitando dialogo con instancias de las secretarias responsables en la materia y tampoco hemos tenido respuesta efectiva ante esta situación tan delicada que se está dando en el municipio, sabemos que no hay permiso de explotación minera en Chicomuselo y aun así se están realizando sin que las autoridades correspondientes actúen.
Como Pueblo Creyente y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio hemos marcado un camino de lucha y resistencia ante el proyecto minero por la vía pacifica sin violentarnos contra nadie. Nuestra lucha es por la vida, la paz y la justicia desde la dignidad de hijas e hijos de Dios; reconocemos que el Evangelio reclama al Cristiano y Cristiana de hoy más compromiso con la historia como lo ha señalado San Romero de America y así seguiremos asumiendo nuestra corresponsablidad en cuidar y defender la Vida.
Denunciamos:
- La omisión y la falta de responsabilidad de los tres niveles de gobierno ante la explotación minera en Chicomuselo que vulnera nuestros derechos humanos y colectivos.
- Las amenazas, intimidación y hostigamiento a nuestras comunidades y a quienes resistimos a la explotación de nuestra Madre Tierra.
Exigimos:
- Que PROFEPA realice la investigación correspondiente ante la extracción de material minero que se está dando de manera ilegal y a través de la intimidación, hostigamiento y amenazas.
- Al gobierno estatal y federal la declaratoria oficial donde se señale que no existe permiso de reactivación de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo.
Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por cuidar y defender la vida y nuestro territorio.
POR UN PUEBLO DONDE HAYA PAZ Y JUSTICIA:
¡CANCELACIÓN DEFINITIVA DE LOS PROYECTOS MINEROS!
¡ALTO A LA EXPLOTACION MINERA EN CHICOMUSELO!
¡NO A LA MINERIA DEPREDADORA, SI A LA VIDA!
¡ALTO A LAS AMENAZAS CONTRA DEFENSORES DE LA VIDA, LA TIERRA Y EL TERRITORIO!
¡NO MAS CONCESIONES MINERAS¡
¡NO A LA EXPLOTACION DE NUESTROS BIENES NATURALES!
¡ALTO A LA INTIMIDACION, AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTO DE NUESTRAS COMUNIDADES!
Felices cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias porque será grande la recompensa. (San Mateo 5, 11-12).
Atentamente
Pueblo Creyente de la Parroquia San pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.
Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio
El prófeta tiene que ser molesto a la sociedad, cuando la sociedad no está con Dios.
(San Romero de America).
COMUNICADO URGENTE 2022-.pdf(212.05 KB)
(Español) Organizaciones denuncian persecución hacia familias migrantes tsotsiles en Puebla
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Foto de archivo del pueblo tsotsil desplazado por grupos paramilitares
El pasado 10 de febrero de 2022, personal del DIF Estatal de Puebla en coordinación con elementos de la policía municipal despojaron a dos niñas indígenas de sus familias mediante engaños, el uso excesivo de la fuerza y amenazas. Son familias en situación de desplazamiento interno (migración interna) provenientes de comunidades tsotsiles de los Altos de Chiapas, que han migrado a la ciudad de Puebla en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida debido a la extrema pobreza que viven en sus comunidades.
Roque H. y María R., padres de Estefanía H. de 3 años, y Fernando M., tío de Vanesa H. de 9 años, relatan que el día de la separación se encontraban trabajando en el crucero del Boulevard Atlixco con Camino Real a Cholula, cuando personal del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Puebla se les acercó con la supuesta intención de brindarles apoyo humanitario mediante despensas y atención médica para las niñas.
Invitación que la madre, el padre y el tío rechazaron inmediatamente, dada la desconfianza que les generó al no ver las despensas y al percibir su insistencia por trasladarlos a otro lugar. Tras la negativa de las familias a movilizarse, elementos de la policía municipal llegaron al lugar para obligarlos mediante intimidaciones y amenazas a subirse a la camioneta del DIF y ser trasladados a sus instalaciones.
Marisa R. refiere que el personal del DIF le arrebató de sus brazos a su hija mediante el uso excesivo de la fuerza, obligándola a subirse dentro de la unidad si es que quería que le regresaran a la niña.
Fernando M. cuenta que también fue obligado a subir dentro del vehículo, junto con su sobrina Vanesa, bajo la amenaza de ser detenido si no obedecía a las indicaciones. Ya estando arriba de los vehículos, los oficiales aseguraron las puertas y se los llevaron detenidos. En las instalaciones del DIF, una vez terminada la revisión médica de Estefanía y Vanesa, la doctora dictaminó que las niñas serían separadas y retenidas.
Han pasado 8 meses de la intervención y ambas niñas continúan privadas de su libertad y separadas de sus familiares. En el caso de Estefanía, sus padres ya han acreditado su parentesco y han firmado la restitución desde el pasado 7 de septiembre del 2022. Sin embargo, para el proceso de Vanesa no existe un avance ni se facilita información a los familiares, a pesar de que su abuela materna y tío, quienes están a cargo de la niña, insisten en agilizar el procedimiento.
Las familias se encuentran preocupadas por la integridad de las niñas pues las autoridades les han negado rotundamente el mantener comunicación con ellas poniendo diversas justificaciones. Es importante resaltar las afectaciones a nivel psicológico y emocional que ha implicado para ambas niñas la separación de sus padres y familiares.
La Red de Observación y Acompañamiento a Niñeces Indígenas en Situación de Movilidad (ROANIM), organizaciones de la sociedad civil solidarias y miembros de la academia repudian, en un comunicado, estos actos de criminalización y violencia institucional ejercidos contra Roque, Marisa, Fernando y las niñas Estefanía y Vanesa.
Resaltan que, con las acciones, las autoridades han ejercido múltiples violaciones a sus derechos humanos y culturales y, sobre todo, una grave violación al principio rector del Interés Superior de las Niñas, además de vulnerar su derecho a permanecer con sus padres y no ser separada de su entorno familiar. Denuncian las malas prácticas con las que fueron privadas de su libertad: engaños, amenazas y el uso excesivo de la fuerza.
Consideran que este hecho violenta su derecho a mejorar sus condiciones de vida plasmado en el artículo 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendiente porque las familias tsotsiles migran laboralmente hacia las ciudades como una estrategia de supervivencia frente a la precariedad que viven en sus pueblos.
Por ello, estas acciones también obedecen a retóricas y discursos clasistas, discriminatorios y racistas, que criminalizan la pobreza en la que viven muchas personas tsotsiles que migran a Puebla.
Exigencias
Las organizaciones exigen al DIF Estatal de Puebla la liberación y reincorporación de ambas niñas con sus respectivas familias, así como la rendición de un informe detallado sobre los protocolos y criterios de la detención y separación. Exigen que las instituciones correspondientes garanticen la protección y restitución integral de los derechos de ambas niñas y de sus familiares.
Además, hacen un llamado a las instituciones responsables a tomar cartas en el asunto y efectuar sanciones a los actores involucrados en esta situación considerando las graves violaciones a derechos humanos que han vivido tanto las niñas como sus familias.
No es un hecho aislado
En los últimos 3 años, las organizaciones han documentado múltiples persecuciones, amenazas y violencias que servidores públicos han ejercido contra niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles.
Estas violencias institucionales no solamente se han manifestado en la ciudad de Puebla. Las Organizaciones han detectado la reproducción de estas prácticas en diversos estados de la república mexicana como Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Baja California.
Violaciones que se sustentan en una supuesta lucha por erradicar el trabajo infantil pero que termina violentando otros derechos fundamentales de las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles.
La red de organizaciones externa preocupación por las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles en situación de desplazamiento-migración interna en México, pues continúan movilizándose junto con sus familias a las ciudades tras las violencias estructurales que han vulnerabilizado históricamente a las comunidades tsotsiles de Chiapas.
Exigen un alto a la persecución, criminalización y separación de las familias
tsotsiles por parte de instituciones y servidores públicos de las ciudades receptoras.
Invitan a las sociedades receptoras a no dejarse llevar por los imaginarios e ideas
que circulan sobre las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles y que los estigmatizan
socialmente; y a desmontar los discursos y prácticas discriminatorias, xenofóbicas,
clasistas y racistas que se han construido en torno a las familias tsotsiles migrantes.
“Las niñas, niños, mujeres y familias tsotsiles tienen el derecho a vivir una vida libre de
violencias y discriminación. Basta de abusos de poder por parte de las autoridades e
instituciones y de procesos de exclusión por parte de las sociedades receptoras. Porque toda persona tiene el derecho a vivir procesos de movilidad cimentados en la dignidad
humana”.
