San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
14 de septiembre de 2022.
Boletín No. 29

•    El gobierno de Chiapas propicia la impunidad y la violencia en los territorios.
•    Destrucción y despojo continúa contra Bases de Apoyo Zapatista. 

La comunidad Nuevo Poblado San Gregorio (Nuevo San Gregorio), municipio de Huixtán, es territorio recuperado en 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se encuentra en la región Altos de Chiapas, vulnerado por la violencia y bajo un continuo asedio por parte de un grupo agresor, quienes han fraccionado las tierras y despojado el 95% de las tierras que forman parte del territorio colectivo del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas , del Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”, de la Junta de Buen Gobierno “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad” en Chiapas, México.

En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), hemos documentado de nueva cuenta cómo este grupo actúa con total impunidad, saqueando casas y la escuela autónoma donde destruyen y despojan, lo que constata la omisión y aquiescencia de los gobiernos federal y estatal, donde los grupos delictivos actúan con toda normalidad en el aumento de violencia y agrediendo la autonomía zapatista.

Los hechos de violencia continuada perpetrada el 8 de septiembre de 2022, en la que constatamos el robo de una casa y escuela autónoma, el cual se dio alrededor de las 14:11 hrs., empezó el saqueo por un grupo de personas que robaron los bienes tanto de la casa como de la escuela zapatista donde se llevaron insumos de trabajo para el campo, escolares y para la vida diaria. El saqueo duró cerca de 4 horas.

El 10 de septiembre, al acudir a documentar el asedio, robo y saqueo hacia la casa y escuela zapatista, nuestra estancia fue vigilada; cuando salíamos de la comunidad, al tomar el camino de terracería a la altura de Rancho Alegre, fuimos objeto de agresiones por personas que infirieron agresiones verbales, además trataron de obstruir la carretera con un tronco de madera y autos estacionados en el camino. Lo anterior configura el aumento de la violencia, junto a una búsqueda de obstaculizar el trabajo de observación y documentación de derechos humanos y la solidaridad frente a las acciones de contrainsurgencia contra la autonomía zapatista que coloca el escenario en un contexto complejo que puede derivar en desplazamiento forzado interno, así como otros hechos graves y costos de difícil o imposible reparación.

Nos preocupan los hechos que prefiguran el territorio violentado por el sentido de acumulación y de odio hacia los pueblos zapatistas que van construyendo vida digna desde la autonomía. Insistimos en convocar a la solidaridad nacional e internacional que exprese el repudio de las agresiones hacia los pueblos en lucha y resistencia, en específico de Nuevo San Gregorio ante la persistente necedad de seguir vulnerado los territorios zapatistas.

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Informe para CECILIA JIMÉNEZ-DAMARY, relatora especial de la Organización de las Nacionales Unidas sobre Derechos Humanos de los Desplazados Forzados Internos.

Resumen Ejecutivo

En Chiapas, el problema del desplazamiento forzado ha tenido varias causas desde los sesentas hasta la actualidad, por diversos motivos entre ellos los conflictos religiosos, proyectos de desarrollo, y desastres natures, así como por violencia generalizada y sociopolítica de carácter contrainsurgente que dejó alredodor de 12 mil personas desplazadas en los noventa tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En la actualidad, el fenómeno puede tener como raíz añejos conflictos agrarios que iniciaron en los años setenta entre diferentes municipios y/o bienes comunales de la región de Los Altos, donde operan grupos armados con características similares de acción.

Desde el año 2010 a la fecha se ha documentado el desplazamiento de 14,476 personas en el estado de Chiapas. Más recientemente, la presencia del crimen organizado ha aumentado de manera exponencial y con ello, un creciente tráfico de armas, robo de autos, tráfico y trata de personas, siembra y trasiego de drogas, control territorial mediante la imposición del terror en las comunidades que ha provocado también que cientos de personas huyan de sus hogares.

Mujeres

Durante el desplazamiento forzado, las mujeres están expuestas al acoso, a la violación y a la tortura sexual, como formas de violencia directa por parte diversos actores, quienes las despojan, persiguen, criminalizan y encarcelan, fabricándoles delitos, revictimizándolas y poniendo en el desamparo a sus hijos e hijas para castigarlas. Se enfrentan también al Estado Misógino que las ignora, las discrimina y las priva de los derechos de protección, asistencia humanitaria y reparación integral del daño.

La indiferencia, el desprecio, el racismo y sexismo se extiende a fiscales, jueces, funcionarios y funcionarios del estado, quienes con sus políticas públicas patriarcales profundizan la marginalidad, la dependencia y la subordinación de las mujeres, más vulnerables.

Niños, niñas y adolescentes

No existen datos oficiales respecto al desplazamiento para este sector.  Se calcula que 3 de cada 10 de las personas en condición de desplazamiento son niñas, niños y adolescentes, entre 4400 y 5500 de población total.

Los impactos psicosociales del fenómeno en sus vidas son profundos al ser expuestos a situaciones de violencia extrema. Hay quienes no cuentan con documentos de identidad, lo que obstaculiza el acceso y exigibilidad de sus derechos, particularmente a la salud y educación en los nuevos lugares de residencia, y dificulta también todos los procedimientos para su reconocimiento como desplazados.

Situación en la frontera México-Guatemala

La creciente presencia del Crimen Organizado ha llevado a una agudización de los conflictos territoriales en regiones de frontera generando nuevos procesos de desplazamiento forzado en medio de disputas por el territorio del Crimen Organizado (CO).

No existen datos concretos de personas desplazados en el territorio fronterizo de Chiapas, sin embargo varios ejidos y comunidades han quedado atrapados en la disputa que mantiene el CO, que ante el riesgo a su vida y seguridad se han visto obligados a desplazarse de su tierra y su territorio. Hay que sumarle las personas quienes por años han radicado en esta región, al menos en dos generaciones, quienes nunca realizaron trámites para legalizar su estadía, de estas familias jamás se encontraran registros, pues su permanencia en territorio mexicano ha sido al margen de las leyes.

Ley de desplazamiento en Chiapas

En Chiapas en el año 2012 se promulgó la Ley de Prevención del Desplazamiento Forzado y Sobre los Derechos de la Población Desplazada, la cual ha tenido serios obstáculos para ser implementada de manera adecuada. En primer lugar, mandata la conformación de un Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno, en medio de la ausencia de un reglamento que desarrolle los mecanismos ordenados por la Ley, así como un procedimiento claro para el reconocimiento del estatus de víctima del fenómeno, en medio de una ausencia de un fondo específico para su atención, además de carecer de un complemento de tipo penal que castigue a quien comete este crimen de lesa humanidad.

En los hechos se observa que el Estado no ha efectuado acciones para diagnosticar las causas de este fenómeno, y menos aún para erradicarlo. Por el contrario, las acciones y discursos oficiales parecen negar que exista un patrón grave de desplazamiento forzado en Chiapas y tratan el fenómeno como asuntos aislados.

Situación de las personas defensoras de derechos humanos de las personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado

Las personas defensoras de derechos humanos asumen tareas de defensa y acompañamiento en torno al desplazamiento forzado que pone en riesgo su vida e integridad personal. En el trabajo de documentación al interior de los lugares de refugio para desplazados se exponen también a la falta de garantías de seguridad y protección que debería procurarles el Estado.

Cuando se trata de casos de desplazamiento ocasionado por violencia relacionada a enfrentamientos armados o Crimen Organizado, no cuentan con las condiciones para ingresar a los territorios afectados. Personas defensoras han sido agredidas al acompañar a víctimas de desplazamiento forzado.

Las organizaciones firmantes sugieren a la relatora las siguientes recomendaciones y exigencias al Estado mexicano:

• Se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas, en particular lo referente al derecho al territorio y a la autonomía.
• Implementar un mecanismo que garantice el respeto de principios rectores para los desplazamientos forzados, con medidas de sanción en caso de incumplimientos.
• Cumplir con la Ley de Desplazamiento Forzado para el estado de Chiapas.
• Consolidar el programa estatal, con perspectiva de género y niñez, para atender y prevenir el desplazamiento forzado en Chiapas.
• Impulsar el funcionamiento y fortalecimiento de las Procuradurías de Protección estatal y municipal con perspectiva interseccional y de género, así como la capacitación de su personal y sensibilización en el caso de desplazamiento interno.
• Que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para el estado de Chiapas genere un registro de víctimas del desplazamiento forzado interno con enfoque diferenciado.
• Investigación y desarme de grupos armados,  se consigne a los responsables de los heridos, asesinatos y desplazamientos forzados.
• Se garantice la integridad física y la protección de las personas defensoras   que acompañan a víctimas del fenómeno.
• Rendición de cuentas por parte de las fiscalías ante avances de acuerdo a la normativa vigente.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

a 01 de septiembre de 2022

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

A la Opinión Pública

A Organismos Internacionales de Derechos Humanos

A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos

A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos

A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

La Organización “Familias Unidas contra la tortura y en defensa de los derechos humanos” sostuvimos los días 27 y 28 de agosto nuestro encuentro como familias víctimas y sobrevivientes de tortura, en este encuentro compartimos memoria, seguimiento de los casos que enfrentan nuestros familiares injustamente privados de su libertad y conocimos la situación actual del país y Chiapas respecto a la tortura como un problema sistémico y estructural.

Aun tenemos familiares que se encuentran privados injustamente de su libertad por delitos fabricados; quienes enfrentan proceso bajo libertad condicionada; procesos de denuncia por el delito de tortura en la que el juez no ha dado apertura a juicio oral y quienes llevan un proceso de queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y no se ha emitido recomendación por el reconocimiento del estado por violaciones a derechos humanos y ser víctima de tortura.

Tenemos claro y sabemos que en muchos lugares de la república existen familias como las nuestras, que luchan por la libertad absoluta de sus presos, a quienes les fabricaron un delito y quienes torturaron para autoinculparse por un delito que no cometieron, con nuestra experiencia de lucha reconocemos que en el estado de Chiapas autoridades de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) han generado impedimentos al orden jurídico para que logremos justicia pronta y reparación de los daños que nos han ocasionado.

Nosotros hemos denunciado y seguiremos señalando que el Poder Judicial y Fiscalía General y Regionales de Chiapas son cómplices para realizar practicas con violaciones a derechos humanos, en la que se genera un clima de desconfianza a la población en la realización de investigaciones eficientes y eficaces, las fiscalias no investigan, sino que formulan investigaciones a modo para hacer creer a las personas que realmente capturan a delincuentes, la cara real es la criminalización a inocentes.

El estado mexicano en su conjunto cuenta con un poder para realizar estas acciones de manera impune, existe cobijo para permitir estas malas practicas, sin obstáculos, lo que genera un ambiente de injusticia.

En agosto de este año, se designo al nuevo Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado al Sr. Guillermo Ramos Pérez, tenemos fe y confiamos en que estas malas practicas sean erradicadas y que el nuevo titular del Poder Judicial de Chiapas vea y sea testigo de las constantes deficiencias en las investigaciones, fabrica de culpables con testimonios prefabricados o inexistentes.

Las y los sobrevivientes, así como sus familias han reflexionado que la tortura es parte de una estrategia del Estado, con métodos claros para generar dolor físico y mental, para generar miedo y terror, romper el tejido social y solidario, intimidar a la población y, como una forma de control, para inhibir acciones de defensa y justicia.

“Exigimos libertad y un proceso de búsqueda de justicia y verdad hacia nosotros.”

Atentamente:

Organización “Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos”

Chilón,

Cintalapa,

Jiquipilas,

La Concordia,

Palenque,

Pichucalco,

Playas de Catazajá,

San Cristóbal de Las Casas,

Teopisca,

Venustiano Carranza.

Villaflores.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
30 de agosto de 2022.
Boletín No. 28

Verdad y justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad

•    Permanece la impunidad del Estado mexicano en casos de desaparición Forzada en Chiapas.

En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la impunidad continúa ante el incremento de la violencia criminal en el país. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reafirma su camino a lado de los pueblos que luchan contra esta grave violación de derechos humanos, por justicia, verdad y memoria de sus familiares desaparecidos.

En Chiapas la desaparición forzada se acrecentó a partir de la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94 , estrategia contrainsurgente implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares con el cobijo del Estado mexicano para frenar la lucha y la resistencia de los pueblos indígenas que tomaron fuerza a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), de esa acción de guerra son 34 personas desaparecidas en combate de manera forzada.

Recordamos a quienes hace 26 años en la zona baja de Tila, Chiapas, fueron víctimas del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” quien cometió decenas de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y dejó a su paso miles de personas en desplazamiento forzado. Recordamos especialmente la desaparición forzada de 37 personas, entre ellas se encuentran Minerva Guadalupe Pérez Torres, Mateo Arcos Guzmán, Encarnación Pérez Pérez, María Rebeca Pérez Pérez, Juan Ramírez Torres, así como Antonio González Méndez desaparecido por el mismo grupo en el municipio de Sabanilla el 18 de enero de 1999. Además de las ejecuciones de Rogelio Jiménez López, Héctor Pérez Torres, Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López , Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Gutiérrez Peñate; hechos que continúan impunes.

Actualmente, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del 1 de enero del 2020 al 31 de julio de 2022, en Chiapas existen 688 personas desaparecidas o no localizadas, siendo los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y San Cristóbal de Las Casas, con las mayores cifras.

En los municipios de la frontera con Guatemala la problemática va en aumento, y los datos del RNPDNO están rebasados frente a la realidad de la desaparición, en medio de una crisis de violencia provocada por grupos criminales, frente a la omisión y/o tolerancia del Estado mexicano. Esta frontera es también refugio de familias guatemaltecas que han vivido por décadas sin poder legalizar su estancia, misma situación comparten familias en movilidad internacional forzada, por lo que sin duda existe un número mayor de personas desaparecidas que difícilmente serán encontradas en los registros oficiales, en medio de la invisibilización de su estatus migratorio.

Es notable la poca o nula capacidad del gobierno del estado, quien, tras dos años de falta de voluntad política, el pasado 9 de agosto de 2022 instaló el Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, lo que denota irresponsabilidad y poca sensibilidad en atender esta demanda pendiente de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, en un contexto nacional de profunda crisis de derechos humanos, con un registro de más de 100 mil desaparecidos en el país.

Pese al transcurso del tiempo, y pese a que instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que en Chiapas el Estado mexicano promovió el actuar de grupos paramilitares, este sigue negando la verdad, minimizando su responsabilidad, además de omitir la investigación respecto a los hechos de las desapariciones forzadas de los noventa en el marco del Conflicto Armado Interno, y con el mismo patrón de actuación respecto al fenómeno en la actualidad, lo que mantiene la herida abierta en las familias y comunidades que viven la continuidad de la impunidad.

Exigimos al Estado mexicano garantizar la seguridad de las familias que luchan por encontrar a sus familiares desaparecidos, desde el Frayba nos solidarizamos con las víctimas y nos unimos a sus exigencias de verdad y justicia.

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Cereso No. 05 San Cristóbal de Las Casas Chiapas

25/08/2022

C. Presidente de la república

C. Gobernador de Chiapas

C. Presidente Municipal

C. Obispo

C. Padre Diócesis de San Cristóbal

C. Defensor de los derechos humanos

C. Fray Bartolomé de las casas

C. Pueblos Creyentes, Modevite, Coreco Concilización

C. Pueblo de San Juan Cancuc

Queremos decirles a todas las personas que seguimos en la cárcel 3 meses, es injusto porque no, nos hicimos nada sobre lo que nos acusan.

Analizamos la carpeta de investigación nos dimos cuenta que el delito que nos acusan se trata de muerte bajo custodia de la policía municipal de San Juan Cancuc, la misma, propia la fiscalía menciona en un oficio que la persona, que la victima que falleció en una patrulla de la policía municipal y en presencia de policías municipales, has el momento no han investigado al director de la policía municipal de San Juan Cancuc y sus policías, ya que hay antecedente que hay un fallecimiento de una persona dentro de la comandancia municipal de San Juan Cancuc en el mes de noviembre de 2021 y la otra persona es lo mismo muerte bajo custodia.

Por todo esto pedimos nuestra libertad inmediata, que nos investiguen la policía municipal de San Juan Cancuc.

Que nos acompañen y no, nos dejen solos a pedirnos a nuestra libertad.

Atentamente

C. Manuel Santiz Cruz

C. Agustín Pérez Domínguez

C. Juan Velasco Aguilar

C. Agustín Pérez Velasco

C. Martín Pérez Domínguez

Este 12 de agosto a las 11 am se llevó a cabo la conferencia de prensa a 13 años de la liberación de los paramilitares autores materiales de la Masacre de Acteal por parte de la Suprema Corte Justicia de la Nación. El acto público se llevó a cabo en las oficinas del Frayba en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Hasta el lugar llegaron organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la organización de Las Abejas, y sobrevivientes de la Masacre.

La palabra fue compartida por María Gómez de La Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, el Equipo Internacional del Frayba y María Vázquez, Sobreviviente de la Masacre; acompañados por el Coro de la organización pacífica.

Escucha los audios de la conferencia de prensa.

Bienvenida

Introducción conferencia de prensa

Voz Abejas de Acteal

Boletín FrayBa

Palabras María Vázquez, sobreviviente de la masacre de Acteal

Hoy 10 de agosto de 2022

C. Presidente de la República
C. Lic. Andrés Manuel López Obrador
C. Gobernador del estado de Chiapas
C. Presidente Municipal de San Juan Cancuc
C. Al pueblo de México, Pueblo de Cancuc
C. A los derechos humanos, a los diócesis de San Cristóbal, pueblos creyentes

Queremos decirle nuestro sufrimiento que estamos en la cárcel y tantos los hijos (a) esposas que están sufriendo de conseguir los gastos para mantenerlos nuestros familiares que nosotros somos 5 detenidos queremos libertad muy pronto porque el juez del cereso 5 nos programa hasta 2 meses porque la fiscalía solicito mas tiempo de investigación que vence el 4 de septiembre queremos que nos dejen libre la fiscalía porque somo inocentes.

Al pueblo, diócesis, derechos humanos y al público en general que nos nos den solos, que oren por nosotras libertad y exigir a nuestro libertad y nosotros vamos a orar nuestra libertad también y organizar para defender nuestra libertad.

Atentamente:

C. Manuel Santiz Cruz
C. Agustín Pérez Domínguez
C. Agustín Pérez Velasco
C. Juan Velasco Aguilar
C. Martín Pérez Domínguez