El 10 de abril el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, junto con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunciaron públicamente el reforzamiento de las estrategias de seguridad en la Frontera Sur de México; mediante el envío de más elementos de las fuerzas del Estado a través de la Gendarmería Nacional. Esto luego de la exigencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al gobierno federal de frenar el flujo de migrantes en México como condición para promover un acuerdo de renegociación sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las organizaciones y redes de la sociedad civil que trabajamos en la defensa y protección de los derechos humanos, rechazamos rotundamente el envío de más agentes armados a la frontera sur ya que, -como se ha documentado ampliamente- el aumento de las fuerzas del Estado no garantiza la seguridad y además afecta los derechos de la población migrante y local.

Esta decisión del gobierno mexicano muestra que no existe una estrategia de atención integral, definida ni clara en torno a la movilidad humana, persistiendo en una estrategia que criminaliza la migración forzada centroamericana. Más bien, se realiza exactamente en los mismos días en que se da el despliegue de la Guardia Nacional de Estados Unidos en nuestra frontera norte para replicar este reforzamiento fronterizo entre México y Centroamérica. Dicha decisión, tomada desde el pasado 3 abril,[1] se contrapone al mensaje emitido por el presidente Peña Nieto en respuesta a Trump el pasado 5 de abril, en el cual hacía un supuesto llamado a la unidad nacional en defensa de la dignidad y soberanía de México, discurso que fue aplaudido por amplios sectores sociales del país, sin contemplar acciones concretas para revertir la decisión de Trump.

Es importante señalar que el envío de la Gendarmería Nacional a la frontera sur de México fortalece un modelo de seguridad y de militarización contrario a los derechos humanos, que coincide con el recrudecimiento de la política migratoria restrictiva que ha sido denunciada por organizaciones de la sociedad civil desde hace años, y que se reforzó con la implementación del Programa Integral Frontera Sur (PIFS) a partir de mediados de 2014. A raíz de dicho Programa se ha documentado un incremento en las persecuciones contra migrantes y detenciones, así como delitos y violaciones a derechos humanos de la población en contexto de movilidad humana que continúan impunes.[2] En este sentido, preocupan las similitudes entre la decisión actual de Segob de desplegar las fuerzas de la Gendarmería Nacional y el anuncio del Programa Integral Frontera Sur en su momento, pues ambas acciones se anunciaron de forma reactiva sin ningún documento público que las sustente, permitiendo así su ejecución de forma discrecional y bajo total opacidad.[3] Hasta el momento se desconocen los detalles de la decisión tales como su temporalidad, el número de agentes, sus facultades, las dependencias implicadas en esta nueva estrategia ni las otras áreas de seguridad que se pretenden fortalecer.

En medio de un contexto nacional donde la política de seguridad se ha caracterizado por implicar violaciones graves a los derechos humanos que también han quedado impunes, y del contexto actual en el estado de Chiapas de criminalización a la migración y a las organizaciones que defienden derechos humanos,[4] aunado a la coyuntura electoral actual, es evidente la manera paulatina en la que se están ampliando las facultades de las fuerzas del Estado y su reforzamiento. Tal es el caso de la Ley de Seguridad Interior -rechazada por amplios sectores en México y por diversos organismos internacionales-, que ha venido acompañada de nuevos protocolos de actuación del uso de la fuerza por agentes estatales.[5] A estas estrategias se suma la escalada de la militarización en la región fronteriza entre México y Centroamérica, tras el anuncio de la posible instalación de una base de apoyo militar del Comando Sur de Estados Unidos en el departamento de Petén, Guatemala en abril 2017.[6]

Esta política de seguridad fallida se vincula con una política migratoria cuya principal preocupación continúa siendo la seguridad nacional por encima de la protección de derechos humanos y de justicia. Por lo tanto, las organizaciones, redes y colectivos que suscribimos, consideramos que la decisión de reforzar la frontera sur de México, mediante el envío de agentes de la Gendarmería Nacional, pone en grave riesgo la integridad de las personas en contexto de movilidad humana, que sin duda resultará en un nuevo incremento de la violencia, la xenofobia y criminalización de las personas migrantes, refugiadas y quienes les defienden, así como la población en general.

Por lo tanto, demandamos un replanteamiento del modelo de seguridad de forma integral, de manera que la política migratoria se rija por una visión de derechos y no se subsuma a la seguridad nacional, al mismo tiempo que exigimos se revierta inmediatamente la decisión de reforzar la presencia policiaca en la frontera sur con más elementos de la Gendarmería Nacional.

Firman:

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género: Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova; Centro de Derechos Humanos Oralia Morales; Una Ayuda para ti Mujer Migrante, AC; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Comité de Derechos Humano Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.; Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, IMDEC; La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes; Pastoral de Migrantes de la Parroquia de Frontera Comalapa; Servicio Jesuita a Migrantes Comalapa; Médicos del Mundo Francia – España, MdM; Servicio Jesuita a Refugiados Tapachula; Servicio Pastoral a Migrantes San Martin de Porres (SEPAMI); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.; Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud Guatemala, ACCSS; FGER; ADECI; American Friends Service Committee (AFSC); Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes; COJDI, San Juan Ixcoy, Huehuetenango; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG); Movimiento Acción Esperanza (Action Hope); Nueva Luz Pastoral Social La Libertad Cristo de Esquipulas; Pop Noj’; ENLACE; CEIBA; FUNDAR; INICIA; Parroquia de Palenque; ASDECOHUE; Molanil Kinal Be; Jóvenes por el Cambio de San Marcos.

Colectivo Migraciones para las Américas, COMPA: Agencia Familiar Binacional, AC (AFABI); Albergue de Migrantes Hermanos en el Camino; Albergue del Desierto; Alianza Binacional Migración y Desarrollo A.C. (ABIMyD); Las Dignas de El Salvador; Asociación de Salvadoreños y sus Familias en México (ASAFAMEX); Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS); Association of Mexicans in North Carolina (AMEXCAN); Be Foundation, Derecho a la Identidad, AC; Boca de Polen Red de Comunicadores; Casa del Migrante en Tijuana AC; Frontera con Justicia, AC (Casa del Migrante de Saltillo); Casa del Migrante, Casa Nicolás; Instituto Madre Assunta; Casa Tochan; Centro Bonó; Centro Comunitario de Atención al Migrante y Necesitado (CCAMYN); Centro de Alternativas para el Desarrollo Social, AC (CADES); Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Centro de Apoyo Marista al Migrante (CAMMI); Centro de Asistencia para Refugiados (CEALP); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, AC; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi AC; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, AC (CEDHAPI); Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública AC (CECIG) ; Mayela Blanco; Susana Cruickshank; Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM); Clínica Jurídica Alaide Foppa-UIA; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Coalición Pro Defensa del Migrante; Colectiva Sororidad Glocal; Colectivo Transnacional CODETZIO; Colectivo Ustedes Somos Nosotros; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos (COFAMIDE); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso (COFAMIPRO); CONFEMEX; Contracorriente A.C; CONVIHVE A.C.; Coordinación de Migración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Dignidad y Justicia en el Camino, AC (FM4-Paso Libre); El Rincón de Malinalco; Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas; Espacio Migrante, AC; Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (EMGM); Estudios Fronterizos – Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM); Federación Zacatecana, AC (FEDZAC); Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Red Mesoamericana de Mujer, Salud y Migración (RMMSM); Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB); Fundación Comunitaria del Bajío; Fundación para el Desarrollo; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; Grupo Interdisciplinario sobre Mujer, Trabajo y Pobreza, AC (GIMTRAP); Help for Be Progress, Inmigrant Initiative; Identidad Migrante Derechos Humanos; Incide Social; Inclusión y Equidad, AC; Ximena Ortiz; Natalia Sánchez; Axel García; Hugo Ángeles ; Jorge Romero León; Lorena Cano; Michael Chamberlain; Mónica Salmón Gómez; Ricardo Machuca; Marta Villarreal; Rocío Osorno; Ximena Gallegos; Fabiola Mancilla; Carolina Alvarado Feldman; Iniciativa Kino para la Frontera Norte; Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (INCEDES); Instituto de Investigación y Práctica Social y Cultural AC (IIPSOCULTA); Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB); Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (INSYDE); Instituto Para las Mujeres en la Migración A.C. (IMUMI); INSAMI; Nadia Nehls Martínez-Investigadora Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Ofelia Woo-Universidad de Guadalajara (UdeG); Martha Rojas – Investigadora ECOSUR; Irapuato Vive A.C.; Justice in Motion / Global Workers Justice Alliance (GWJA); Juventudes Indígenas y Afromexicanas en Conexión (JINACO); Latin America Working Group (LAWG); Mesa de Coordinación Transfronteriza-Migraciones y Género (MTMG); Migrantólogos/Instituto Mora; Mujeres Unidas y Activas – Immigrant Youth Coalition; Observatorio Migración Puebla de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Organización Binacional Aztlán; Otros Dreams en Acción (ODA); Planeta de Comunicación, Arte, Orientación, Sociedad y Salud AC (Planeta CAOSS); Por la Superación de la Mujer A.C.; Prevención, Capacitación y Defensa del Migrante, A.C. (PRECADEM); Casa Refugiados, AC; Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI- UIA Laguna); Programa de Asuntos Migratorios del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (PRAMI- ITESO); Programa de Asuntos Migratorios en la Cd. De México (PRAMI-CDMX); Red Binacional de Mujeres Artesanas; Red de Desarrollo Sustentable; Red de Mujeres del Bajío A.C. y su Centro Regional de la Red de Mujeres del Bajío (CEREMUBA); Red del Bajío en Apoyo al Migrante; Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes (Red Mx); Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (RED MOCAF) / Red Mexicana de Esfuerzos contra la Desertificación (RIOD-Mex); Red Nacional de Género y Economía (REDGE); Red Nicaragüense de la Sociedad Civil para las Migraciones; Red Regional Verdad y Justicia; Respuesta Alternativa; Ririki Intervención Social S.C.; Salud Integral para la Mujer, A.C. (SIPAM); Scalabrinianas Migrantes y Refugiados (SMR); Patricia Zamudio, Investigadora-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS-Golfo); Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Sin Fronteras, IAP; Sistema Universitario Jesuita; The United Food and Commercial Workers (UFCW); Colectivo Por una Migración Sin Fronteras de Tlaxcala; Un Mundo Una Nación; Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida A.C.; Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ); Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD); Uno de Siete Migrando A.C.; Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, AC (VM-APM) y; Washington Office on Latin America (WOLA).

Red Jesuita con Migrantes México: Servicio Jesuita a Migrantes y Servicio Jesuita a Refugiados México; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; FM4, Paso Libre; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Hidalgo Pastoral Migrante; Albergue Tierra Blanca; Misión Santísima Trinidad Arena Chiapas; Parroquia Plátano y Cacao, Tabasco; Voluntariado Jesuita; Proyecto Kino; Proyecto Huayacocotla; CAFEMIN; CAMMI, Albergue Querétaro; Parroquia Sagrada Familia; Centro de Día para Migrantes, Jesús Torres; Albergue Oluta, Veracruz; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Secours Catholic Francia; Programa de Asuntos Migratorios, ITESO; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Torreón; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana León; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., Universidad Iberoamericana Puebla; Rita Marcela Robles; Irazú Gómez.

Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Americas; American Friends Services Committee; Asylum Access México; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría técnica.

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, REDIAS

Colectivo Kalsilaltik, Comitán

Casa de la Mujer de Palenque, Ixim Antsetik

Organización Familia Pasta de Conchos

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos

Centro Nacional de Comunicación Social AC

Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.

Asociación Ecológica Santo Tomás A.C.

Melel Xojobal, AC

Comisión Ciudadana De Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas AC, FrayBa
Comisión de Justicia y Paz, de la familia dominicana

Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A. C.

Comunidades Eclesiales de Base (CEBs)

Espiral por la Vida, A.C.

Dinamismo Juvenil AC

Colectivo Indignación AC

Red de Pueblos Trasnacionales

Instituto de Investigación y Práctica Social y cultural AC

Red Internacional de Defensores de DH de los Pueblos Originarios

Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Cántaro Azul AC

Centro de Derechos Indígenas, CEDIAC

Centro Diocesano para Los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Colectivo de Teatro Critico y Clown Zapayasos

Servicios para una Educación Alternativa a.c EDUCA

Foro para el Desarrollo Sustentable AC

Vecinos Amigos del Barrio Originario Cuxtitali, San Cristóbal de Las Casas

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio, MODEVITE

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC, IMDEC

Médicos del Mundo España

Médicos del Mundo Francia

Grupo Cultural Nueva Jovel

CEPAZDH, AC

American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe

Colectivo Oxlajuj Q’anil – terapeutas y acompañantes psicoespirituales desde la Cosmovisión Maya en Chiapas

Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos CDH- Uruguay

Lourdes Jiménez, Tequisquiapan Qro.

Diego González, Tequisquiapan Qro.

Alejandra del Cueto Castro

Rodolfo Córdova Alcaraz

Celina Valadez

Araceli Mondragón, profesora UAM Xochimilco

Blanca Martinez Bustos

Rosa Pérez Godínez

Ofelia Santos Rodríguez

Alejandra Liceaga

Ofelia Medina

Leticia Calderón Chelius,

Libertad Enríquez Abad,

Brenda Valdés Corona,

Guadalupe Barrena Nájera,

María Fernanda Pinkus Aguilar,

Marta Villarreal Ruvalcaba

Tony Marcín

Pablo Romo Cedano

[1] Gobernador Velasco y Secretario de Gobernación coordinan acciones (2018) http://www.chiapas.gob.mx/noticias/gobernador-velasco-y-secretario-de-gobernacion-coordinan-acciones

[2] Un camino incierto: Justicia para delitos y violaciones a los derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas en México (2015) https://www.wola.org/es/analisis/informe-conjunto-justicia-para-delitos-y-violaciones-a-los-derechos-humanos-contra-personas-migrantes-y-refugiadas-en-mexico/ ; El acceso a la justicia para personas migrantes en México. Un derecho que existe sólo en papel (2017) http://fundar.org.mx/el-acceso-a-la-justicia-para-las-personas-migrantes-en-mexico-un-derecho-que-existe-solo-en-el-papel/?ID=

[3] Programa Frontera Sur: Una cacería de migrantes (2015) https://www.animalpolitico.com/caceriademigrantes/textoi.html

[4] En el informe de Amnistía Internacional (2017) Falsas sospechas. Detenciones arbitrarias por la policía en México se corroboran violaciones graves a derechos humanos como desapariciones, tortura y muerte a manos de agentes policiales, enfatizando sobre los sesgos discriminatorios al momento de las detenciones que en muchos casos se dan de manera arbitraria, así como la impunidad en la que pertenecen dichos actos.

[5] En 2015, la CNDH emitió la recomendación 3VG/2015 por Violaciones Graves a Derechos Humanos debido al uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la Policía Federal durante un operativo realizado el 6 de enero del mismo año en Apatzingán, Michoacán, donde hubo al menos una ejecución extrajudicial.

[6] Apoyará el Comando Sur vigilancia en la frontera México-Guatemala (2017) http://www.jornada.unam.mx/2017/04/26/politica/003n1pol; Comunicado ¡Decimos no y nunca más a la presencia militar de estados unidos en los territorios de México y Centroamérica! (2017) http://redtdt.org.mx/?p=8648

Durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.

Foto: Niños vulnerables de la comunidad de Kokó, Aldama, Chiapas. 31 de marzo 2018. Carlos Ogaz.

Lee también: Comuneros de Aldama denuncian despojo y desplazamiento forzado

La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

(Continuar leyendo…)

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. cuenta con información del desplazamiento forzado de 90 familias tsotsiles de la comunidad de Koko’, municipio de Aldama, Chiapas, México, el pasado 24 de marzo de 2018, por el actuar violento de un grupo armado proveniente de Manuel Utrilla, Chenalhó. Las familias se encuentran dispersas en la montaña, sin condiciones de seguridad ni de asistencia humanitaria que garanticen sus derechos como pueblos indígenas en desplazamiento.

Adicionalmente, familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de comunidades del municipio de Aldama y del ejido Manuel Utrilla, Chenalhó, se encuentran también en grave riesgo de desplazamiento forzado así como de amenazas a su vida, integridad y seguridad por el mismo grupo armado que provocó el desplazamiento, el 20 de marzo de 2018, de 145 familias tsotsiles de Tabak, Aldama.(1)

Estos hechos son la continuidad de la violencia en la región con la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado de 5 023 personas en Chalchihuitán2 y el desplazamiento forzado de 7 familias de Aldama desde mayo de 2016. La ineficacia del gobierno de Manuel Velasco Coello ha generado impunidad en la zona, protegiendo a la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a los grupos armados que operan en la región.

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Chilón, Chiapas, a 16 febrero de 2018.

A LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CHILÓN Y SITALÁ.
A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.
AL PÚBLICO EN GENERAL

Desde el mes de octubre del año pasado, en los municipios de Chilón y Sitalá se ha desatado una serie de actos delictivos y violentos que han mantenido a las poblaciones en un estado de vulnerabilidad y miedo.

La Misión de Bachajón, preocupada por los sucesos acontecidos acudió al Centro de Derechos Indígenas, A.C. (CEDIAC) para denunciar públicamente una serie de hechos delictivos:

1. El intento de robo a la cooperativa de mujeres “Luchiyej Nichimetic”, acontecido en fecha 11 de febrero del presente A este acto se suma al robo del mes pasado, donde un grupo de personas entró y robó bordados y productos en general con los cuales las compañeras se mantienen y apoyan a sus familias.

2. La amenaza hacia los promotores del gobierno comunitario. Las amenazas han sido expresas y abiertas diciendo que los matarán o secuestrarán. Tememos por su seguridad y por su vida.

Ante esto DECLARAMOS:

• SE EXIGE A LAS AUTORIDADES mantener la seguridad de los municipios y cumplir con su trabajo de garantizar una vida segura y en paz para todas las personas que los integran y para los trabajadores y servidores de la Misión de Bachajón.
• A LOS DELINCUENTES INVOLUCRADOS EN LOS SUCESOS DEL ROBO Y LAS AMENAZAS: los tenemos claramente identificados, sabemos quienes son y no dudaremos en llevar a cabo todas las acciones legales necesarias para hacer justicia. Los hacemos responsables de lo que pueda suceder a los trabajadores o servidores de la Misión de Bachajón, ante cualquier cosa que pueda ocurrirles a ellos y sus familias.
• SE HACE UN LLAMADO A TODAS LAS COMUNIDADES a mantenerse unidas en este periodo electoral. Ta que los intereses partidistas buscan dividir a las comunidades.

Por lo demás, se hace clara la postura de que estamos a la observancia de todos los hechos que están sucediendo durante este periodo electoral e informaremos a las autoridades pertinentes a fin de exigir que cumplan con sus responsabilidades.

CENTRO DE DERECHOS INDÍGENAS, A.C.
CEDIAC.

Fuente: Chiapas Denuncia Pública

A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

(Firma la Acción Urgente aquí.)

Las organizaciones civiles firmantes hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que se pronuncie ante la inminente agresión de un grupo civil armado en contra de la población del municipio de Oxchuc, Chiapas. Se ha hecho de nuestro conocimiento que el día de ayer 24 de enero, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, comenzaron a escucharse disparos en algunas comunidades y en la cabecera municipal, lo que ocasionó temor.

Personas del municipio nos informaron que ante la inseguridad, por órdenes del gobierno estatal tuvieron que desalojar a niñas, niños y docentes de las escuelas, así como pacientes, personal médico y de enfermería de los centros hospitalarios, lo que denota una situación de riesgo que vulnera la seguridad e integridad de las mujeres, niñas, niños y demás población.

De acuerdo a información proporcionada por vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se desconoce su genero y edad; 17 heridos, entre ellos se encuentran Juan Gabriel Méndez López de 36 años (abogado comunitario del Movimiento con Justicia y Paz para el pueblo de Oxchuc y quien representó a la comunidad en el Amparo promovido para rechazar las presencia de partidos políticos en el municipio, recientemente promovió un Amparo contra la Ley de Seguridad Interior), Julio Cesar Gómez Santíz de 24 años de edad, Manuel Gómez López de 39 años, Bonifacio López Gómez de 39 años y el adolescente Néstor Avidal López Gómez de 15 años, José Alfredo Gómez López, de 20 años de edad, Moises Santiz Gómez de 27 años de edad, Alonso López Santiz de 36, Eliseo Góme Santiz, de 17 años, Javier Santiz Gómez de 37 años, Hugo Santiz Gómez de 21 años, Alexander López Gómez de 16 años, Juan Gómez López de 17 años, Edagar Jhovani Santiz Gómez de 24 años, Rafael López Santiz de 16 años, Marcelo Santiz Santiz de 31 años; y tres personas muertas, Ovidio López Sántiz, Víctor Sántiz Gómez y Francisco Méndez López, dos de ellos pertenecen a la comunidad Media Luna y el otro a la comunidad Cruxilja cuyo cuerpo aún permanece en el lugar de los hechos.

De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes locales, se concentra en las comunidades: Piedra Escrita, El Mash (colinda con Chanal), Cruxton (colinda con San Juan Cancuc) y Yochib (que colinda con Tenejapa). Por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, la población considera que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre.
El temor persiste y es real, ya que el día de hoy, 25 de enero, alrededor de las ocho de la mañana nuevamente se escucharon disparos cerca de la comunidad Piedra Escrita y el crucero de Cruzton, de Oxchuc, no se ha reportado el cese de las detonaciones. Asimismo no se tiene certeza de la existencia de personas heridas o muertas porque la población vecina no ha podido ingresar y tampoco hay presencia la policía estatal.

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Condenamos el feminicidio de Guadalupe Campanur Tapia
Exigimos seguridad a defensoras del territorio en riesgo y a la caravana del CIG

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), se une a la demanda de justicia ante las agresiones a pueblos del Congreso Nacional Indígena, integrantes del Consejo Indígena de Gobierno, su red de apoyo y periodistas que hacen cobertura de su recorrido por el país.

El pasado 16 de enero, en el municipio de la Chilchota, Michoacán, fue encontrado el cuerpo sin vida de Guadalupe Campanur Tapia, indígena purépecha, defensora del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios. Lupita fue fundadora de la Ronda Comunitaria de Cherán que custodia y defiende los bienes naturales y el territorio de Cherán.

El municipio de Cherán, en Michoacán, es parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) y se ha caracterizado por su proceso de autonomía y organización comunitaria en la defensa de los bosques en contra de la explotación ilegal de madera.

EL 21 de enero, entre Tepalcatepec y Buenavista, Michoacán fue atacada la caravana del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) en donde viajaba su vocera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy. El último vehículo de la caravana fue interceptado por dos camionetas de la que salieron sujetos fuertemente armados obligando a los comunicadores independientes Daliri Oropeza, Aldabi Olvera y Cristian Rodríguez a entregar sus cámaras y teléfonos celulares. Marichuy se dirigía a Nurío, municipio de Paracho, después de concluir una reunión en la comunidad de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán.

Es importante señalar que en ese contexto, el pasado 9 de enero el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), que aglutina a 30 comunidades originarias, acordó respaldar a Marichuy vocera del CIG.

El riesgo que viven las defensoras de derechos humanos es cada vez más preocupante, en este sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Lucila Bettina Cruz Velázquez, defensora zapoteca de la tierra y territorio en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y concejala del CIG. La CIDH pidió al Estado mexicano proteger de forma inmediata la vida e integridad de Bettina Cruz y su familia.

El Frayba condena el feminicidio de la defensora de derechos humanos Guadalupe Campanur Tapia y exige al Estado mexicano una investigación exhaustiva, para evitar que este hecho quede en la impunidad.

Nos solidarizamos con la familia de Guadalupe Campanur Tapia y con la comunidad de Cherán, Michoacán, en su ejercicio de autonomía como pueblo purépecha en la defensa de sus bienes naturales y de su territorio.

De igual manera nos unimos a las exigencias de seguridad a la caravana del CIG y a su vocera María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, así como de Bettina Cruz y su familia.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
23 de enero de 2018
Boletín No. 02

PDF aquí: Cese de agresiones al Congreso Nacional Indígena

Fuente: Comunicación Frayba

A las ocho de la noche del día 09 de enero de 2018, obtuvieron su libertad nueve personas, integrantes de La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que se encontraban en injusta detención, en la cárcel comunitaria de Río Jordán, colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, en Chenalhó.

En la tarde de ayer, 22 mujeres de Las Abejas de Acteal realizaron una peregrinación en exigencia de la libertad de José Vázquez Entzin, Oscar Hernández Gómez, Ignacio Pérez Pérez, Eusebio López Guzmán, Martín Gómez Pérez, Manuel Ortiz Gutiérrez, Mario Hermilo Pérez Sántiz, Antonio Ramírez Pérez y Sebastián Guzmán Sántiz.1 Posterior a esta acción civil y pacífica, las autoridades comunitarias de Los Chorros liberaron a quienes privaron arbitrariamente de su libertad.

Los liberados se reunieron con su organización en Acteal. En el sitio sagrado, realizaron un rezo y un acto de bienvenida. José Vázquez Entzín agradeció que no los dejaron solos y reiteró su compromiso en la organización colectiva. Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre de Acteal, destacó que fueron las diversas acciones pacíficas por las que se logró la libertad de las 9 personas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C reiteramos que la Privación Arbitraria de la Libertad es una violación de derechos humanos; mantenemos la exigencia de no repetición, cese al hostigamiento a Las Abejas de Acteal y respeto a su autonomía. Agradecemos la solidaridad nacional e internacional, a quienes con sus llamamientos al Estado mexicano contribuyeron en el camino de la justicia en Chiapas.2

Frayba reconoce el proceso organizativo de Las Abejas de Acteal en la construcción de Otra Justicia y autonomía. Son 25 años de afrontar estrategias para destruir su tejido comunitario, pero también 25 años de ser emblema de paz.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
10 de enero de 2018

Boletín No. 01

Fuente: Frayba

• Continúa la detención arbitraria de 9 integrantes de Las Abejas de Acteal

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. cuenta con información que ante las amenazas a la vida, a la integridad y seguridad personal, 14 familias integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, del municipio de Chenalhó, Chiapas, México, se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado, por las acciones de hostigamiento por parte de autoridades comunitarias.

Recordamos que desde el pasado 5 de enero fue detenido José Vazquez Entzin y el 7 de enero fueron detenidos 8 integrantes más de Las Abejas de Acteal. Al día de hoy las personas que se encuentran privadas arbitrariamente de su libertad son: José Vázquez Entzin, Oscar Hernández Gómez, Ignacio Pérez Pérez, Eusebio López Guzmán, Martín Gómez Pérez, Manuel Ortiz Gutiérrez, Mario Hermilo Pérez Sántiz, Antonio Ramírez Pérez y Sebastián Guzmán Sántiz.1

Los 9 personas detenidas arbitrariamente denuncian malos tratos y amenazas, además de daños a su salud: dolores de cabeza, abdominales, de espalda y baja presión arterial.2 La tarde del 9 de enero de 2018, las mujeres de Las Abejas de Acteal llevan a cabo una peregrinación para solidarizarse con sus compañeros encarcelados, en exigencia de su libertad y por justicia y paz.

Ante la privación arbitraria de la libertad de los 9 integrantes de Las Abejas de Acteal, los riesgos a su seguridad e integridad personal y la amenaza de desplazamiento forzado solicitamos de manera urgente al Estado mexicano:

La liberación inmediata de los 9 miembros de Las Abejas de Acteal, garantizando su integridad física y psicológica.

Cese de las amenazas a las familias de Las Abejas de Acteal de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, del municipio de Chenalhó.

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