Frayba | Radio Zapatista

Poder Judicial del estado de Chiapas debe liberar a Yonny Ronay

Fecha:28 feb 2022

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
27 de febrero de 2022
Boletín No. 6

Poder Judicial del estado de Chiapas debe liberar a Yonny Ronay Chacón González

Libertad incondicional e inmediata a Yony Ronay

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), en la etapa de juicio oral ha demostrado la falta de debida diligencia, objetividad y lealtad por parte de Fiscalía General del Estado (FGE), y se ha exhibido que ésta realiza investigaciones a modo, sin legalidad y sin buscar la verdad de los hechos, fabricando pruebas, delitos y culpables.

En dicho juicio oral quedó evidenciada la falta de expertiz de los supuestos peritos ofrecidos por la FGE, así como la validez científica de dichos dictámenes. Además de no existir pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad de Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) en los hechos que se le acusan, por lo que no existen elementos para sentenciarlo culpable.

Es de resaltar que la Juez de Primera Instancia del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villaflores, admitió que la FGE desahogara diversas documentales, mediante lectura, violando los principios que rigen el sistema penal acusatorio y el debido proceso.

Dentro de la carpeta de investigación hay evidencias de violaciones a derechos humanos cometidos en contra de Yonny Ronay como la detención ilegal, la tortura, y los tratos crueles inhumanos y/o degradantes. Se encuentra demostrado que la FGE utilizó de manera ilegal la licencia de conducir de Yonny Ronay para inventar una declaración a su nombre la cual el Fiscal de Ministerio Publico utilizó para acusar a dos personas que hoy se encuentran privadas de su libertad en el CERSS No. 14 El Amate.

El 28 de febrero de 2022, la Juez de Primera Instancia del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Villaflores emitirá su resolución en la que tendrá la oportunidad en demostrar independencia e imparcialidad y emita su fallo otorgándole la libertad a Yonny Ronay.

El Frayba reprueba las prácticas ilegales de la FGE para realizar sus investigaciones y lamenta que por estas acciones personas inocentes se encuentren privadas de su libertad. Solicitamos al Poder Judicial del estado de Chiapas garantizar un juicio justo, el debido proceso y su imparcialidad.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Nos pronunciamos en contra de las políticas del gobierno de la cuarta transformación por neoliberales y capitalistas

Fecha:22 feb 2022

“LUZ Y FUERZA DEL PUEBLO” ADHERENTES DE LA SEXTA DECLARACION DE LAS REGIONES PRONTERIZA Y TOJOLABAL

AL PUEBLO EN GENERAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
A LA OPINION PÚBLICA

Como organización de la Resistencia Civil “Luz y Fuerza del pueblo” Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, región fronteriza y región Cañada tojolabal, con la presencia de la Red Nacional de Resistencia Civil, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FRAYBA), nos pronunciamos en contra de las políticas del gobierno de la cuarta transformación C. Andrés Manuel López Obrador porque es pura simulación de las políticas neoliberales y capitalistas, por eso, como pueblos organizados en resistencia sabemos que el cambio verdadero reside en los pueblos organizados como nosotros y no puede venir desde arriba, sino construir desde abajo y muy a la izquierda; por lo tanto, hacemos hincapié los siguientes pronunciamientos:

(Continuar leyendo…)

CDH Fray BArtolomé de las Casas

La CIDH presentó el caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH

Fecha:21 feb 2022

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

21 de febrero de 2022

Boletín No. 05

La CIDH presentó el caso Antonio González Méndez ante la Corte IDH

* La desaparición forzada en Chiapas parte de la estrategia contrainsurgente contra los pueblos originarios.

El 22 de enero del 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso Antonio González Méndez (Antonio González) contra México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre su responsabilidad internacional frente a la falta de investigación, identificación de los responsables, juzgamiento y sanción de la desaparición forzada de Antonio González, originario del pueblo maya Ch’ol y de la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Los hechos sucedieron el 18 de enero de 1999, y fueron cometidos por un integrante del grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia.

La desaparición se enmarca en el contexto de guerra contrainsurgente implementada por el Estado mexicano para acabar con la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), sus bases de apoyo y contra la sociedad civil en la región. Tras la creación y actuación de los grupos paramilitares en Chiapas, que operaban con el respaldo y consentimiento del Estado, tan solo en la zona Norte se documentaron privaciones arbitrarias e ilegales de la libertad, tortura, 85 asesinatos, 37 desapariciones forzadas y más de 4500 personas desplazadas.

Los familiares de Antonio González y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), saludamos la decisión de la CIDH al considerar que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial en relación a su obligación de respetar los derechos y su deber de adoptar disposiciones de derecho interno consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José),[1] además de incumplir con su obligación de sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.[2]

La presentación del caso ante la Corte IDH evidencia la falta de mecanismos para la investigación de las desapariciones forzadas en nuestro país abonando a la impunidad y a la crisis de derechos humanos. Recientemente el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez señaló en el municipio de Sabanilla que en México “existen más de 95 mil desaparecidos y no localizados que reclaman justicia”. Hay reconocimiento de la crisis de derechos humanos en México por este gobierno, lo que falta son hechos contundentes para que se logre avanzar en los temas de Memoria, Verdad y Justicia.

En el presente caso la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, no ha tenido ningún avance para la ubicación del paradero de Antonio González, así como la falta de herramientas y acciones progresivas para el desarrollo de su trabajo dejando la responsabilidad a los familiares. La propia CIDH ha establecido que “el deber de investigar debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o sus familiares o de la aportación privada de los elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”.[3]

La justicia sigue latente, suspendida en el limbo institucional, desde Sabanilla en la zona Norte de Chiapas hay clamor de justicia que cimbrará el territorio donde la resistencia y la rebeldía son un solo corazón, es por ellos que el Frayba reafirma su compromiso de acompañar a la familia de Antonio González Méndez en la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición de estos graves crímenes. La justicia llega tarde a Sabanilla uno de los municipios con más alto indice de marginación en Chiapas.

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[1]    Artículos 5.1, 8.1 y 25.1 en relación al 1 y 2 de la Convención Americana.
[2]    Artículo I b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
[3]    Corte IDH. Caso Albán Cornejo y Otros vs Ecuador. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C. No. 171.párr. 62

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CDH Fray Bartolome de las Casas

No al gobierno por decreto. No es desarrollo, es despojo

Fecha:06 feb 2022

México, reconocemos y denunciamos las consecuencias negativas e irreversibles sobre nuestros pueblos, territorios y la naturaleza con la que convivimos y cuidamos, que se derivan del Acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre de 2021, (DOF: 22/11/2021) por lo que… EXIGIMOS SU DEROGACIÓN INMEDIATA

El decreto, mal llamado Acuerdo, tiene dos puntos centrales:
1. Declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medioambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional; y deja abierto además a todos aquellos que el gobierno considere que “por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.

2. Establece además que las diferentes instancias gubernamentales relacionadas, deben otorgar una autorización provisional en 5 días luego de presentada la solicitud y que si ésta no se expide, se entenderá resuelta en sentido positivo. Dichas instancias tendrán un año para tomar una resolución definitiva.

El decreto contraviene varios artículos de la Constitución y viola una serie de leyes existentes, como detalla Francisco López Bárcenas (Gobernar por decreto, La Jornada, 27/11/21).

Es la legitimización de cualquier proyecto del gobierno federal para ejecutarse sin cumplir los requisitos y los términos de ley que evalúan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el ámbito de la propiedad y la no violación de los derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en las leyes nacionales y tratados internacionales, esto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios.

Estas resoluciones llamadas provisorias por un año, intentan poner en situación de acto consumado los megaproyectos del gobierno, impidiendo el amparo y protección de la justicia a través del juicio de garantías, ya que si no se impide su realización, generarán impactos negativos irreversibles debido al tipo de obras de infraestructura, tala de bosques y selvas, contaminación de agua, inundaciones, arrasamiento de tierras y poblados. El acuerdo es en realidad una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados.

Adicionalmente es una legalización de la represión y persecución a quienes legítimamente nos organizamos y defendemos nuestros territorios y vidas ante los impactos irreversibles de estos proyectos sobre los que ni siquiera habremos sido informados, consultados ni dado nuestro consentimiento. En el gravísimo contexto del avance de la militarización del país que promueve y favorece el gobierno, esto es una declaración de impunidad ante la represión contra los pueblos indígenas y campesinos, quienes hemos vivido y cuidado los territorios desde tiempos inmemoriales y mucho antes de la constitución del Estado Mexicano. Para muestra basta con leer lo que declaró el director general del proyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín sobre el decreto-acuerdo: “éste no sólo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos ;esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”.

Son los mismos empresarios y partidos que han cuestionado este decreto por sus intereses comerciales y politiqueros que en gobiernos anteriores impusieron este mismo tipo de proyectos a nuestros pueblos, y contra quienes hemos protestado, denunciado y resistido igualmente desde hace muchas décadas, de lo cual hay numerosos testimonios e historia escrita. Entre éstas, las luchas y denuncias del Congreso Nacional Indígena desde 1996 al presente en todo el país, los testimonios asentados en más de 40 pre-audiencias y audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México entre 2011 y 2014, los testimonios de devastación territorial y ambiental en verdaderas zonas de sacrificio en más de 10 regiones del país, también constatadas por caravanas y misiones de pueblos y organizaciones nacionales e internacionales en 2020-21.

Mucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastación generada por infinidad de megaproyectos que ahora serán considerados estratégicos y de seguridad nacional: megaproyectos carreteros, hidráulicos, energéticos, de infraestructura que invaden y despojan nuestros territorios, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico, y el mal llamado Tren Maya, contra el que muchas comunidades nos hemos amparado.

Igual se pronunciaron las comunidades, movimientos y organizaciones en el Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, del 17 de enero de 2022, donde afirman los pueblos: “el Decreto Presidencial del 22de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal” (https://www.centrodemedioslibres.org/2022/01/20/pronunciamiento-del-enc…).

Sabemos que la SCJN suspendió la aplicación de este acuerdo en atención a lo planteado por el INAI, pero solamente en sus aspectos relacionados al acceso a la información, mientras que las consecuencias del decreto son mucho más amplias.

Comunidades y organizaciones del Congreso Nacional Indígena han interpuesto 17 amparos con reclamos de fondo. Uno de éstos fue aceptado y el juzgado en Puebla ha concedido un recurso de suspensión de la aplicación del acuerdo. (https://tinyurl.com/465yt4ek) En la mayoría de los demás amparos, los tribunales han contestado planteando a las comunidades indígenas dificultades innecesarias, demandando trámites complementarios absurdos y/o declarándose incompetentes, lo cual en los hechos es una negación al acceso a la justicia a los pueblos indígenas.

Denunciamos también que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos políticos fueran críticos al decreto, en realidad su principal preocupación es que este decreto sólo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensión de derechos y obligación de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades.

Como manifiestan las organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca (https://tinyurl.com/f36nu9nt), lo que este gobierno y los anteriores llaman “desarrollo nacional” no es tal, sino un renovado plan para el despojo.
Denunciamos la utilidad pública al servicio de los intereses privados. Es utilidad privada y despojo público.

Exigimos la derogación inmediata del decreto…
Llamamos a todas las comunidades y pueblos a denunciar y…
Resistir por todas las vías pacíficas y de ley.
2 de febrero de 2022, día de la Candelaria.

Red en Defensa del Maíz: Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, SC. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal. Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami). Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Desarrollo Económico y Social para Los Mexicanos Indígenas (Desmi), AC. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Colectivo por la Autonomía. Grupo ETC. GRAIN. Ejidos en Defensa del Territorio Maya. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruíz García, Chicomuselo, Chiapas. Jóvenes Ante la Emergencia Nacional. Casa Temilco. Espacio de Todos para la Defensa Comunitaria (ETCO). Sección XXII CNTE-SNTE. Guardianes del Mar. Colectivo Xa´aybej. CODEDI. Frente de la Juventud Comunista. Partido Comunista de México. Frente Peninsular de la Resistencia Popular. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación de la Tribu Yaqui. Lagos de Colores. ZODEVITE. Misión de Bachajón, Chiapas. Comuneros de San Pedro Atlapulco. Magdalena Gómez. Evangelina Robles González. Lorenzo Moreno Pajarito. Julián Vázquez Guzmán. Colectivo Matza de San Miguel

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF aquí

CDH Fray Bartolome de las Casas

ACCIÓN URGENTE | Riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades

Fecha:05 feb 2022

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
05 de febrero de 2022
Acción urgente No. 03

Riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades

Los testimonios señalan al grupo armado “Maria Tulukes” como uno de los autores de la violencia.

El día de hoy habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades integrantes del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc, ha informado que un grupo de personas armadas ingresaron a la cabecera municipal y que hasta el momento se encuentran disparando hacía varias direcciones, por lo que temen por su vida, seguridad e integridad personal ya que “los balazos ya pasan encima de las casas, se teme que una bala pérdida hiera a algún inocente”.

Según los testimonios “el grupo armado liderado por Hugo Gómez Sántiz ha ido por refuerzos, fueron por paramilitares, hasta el momento han saqueado y quemado 6 casas propiedad de integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, retenido vehículos y ahora mismo está fuerte la balacera y cohetazos en la cabecera municipal, tenemos mucho miedo de lo que esta noche vaya a ocurrir, según datos hay un muerto”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas manifiesta su preocupación por la escalada de violencia en la cabecera municipal de Oxchuc. Desde el 15 de diciembre de 2021, la problemática se ha profundizado con impactos graves a la población que ha derivado en violaciones a los derechos humanos. Apesar de las denuncias jurídicas y públicas, no se ha obtenido respuesta, la omisión lamentable del Estado mexicano se ha
convertido en patrón común en todo tipo de problemáticas, dejando en estado de indefensión a los ciudadanos, por lo que el Frente Comunitario ha solicitado “a la sociedad en general que tomen sus precauciones al querer viajar por esta carretera, lamentablemente el grupo de “Maria Tulukes” ha comenzado una vez más la violencia, nosotros solamente hemos exhortado a la paz social, sin embargo, esta gente quiere el poder a través de la violencia.”

Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano que haga su trabajo, que intervenga inmediatamente para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades mediante la implementación de medidas precautorias y cautelares para evitar actos de difícil reparación.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente:

Ver la Acción Urgente en PDF

CDH Fray Bartolome de las Casas

Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía

Fecha:04 feb 2022

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
4 de febrero de 2022
Boletín No. 04

Poder Judicial del Estado de Chiapas debe detener la fábrica de culpables de la Fiscalía

Libertad para Yonny Ronay, sobreviviente de tortura.

El 06 de septiembre del 2021, Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) fue sentenciado a 31 años y seis meses de prisión por el delito de homicidio calificado y robo con violencia agravado. Frente a la apelación, el 26 de octubre de 2021, la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Penal Zona 1 de Tuxtla Gutiérrez, anuló todo lo actuado en la primera audiencia de juicio oral incluyendo la sentencia y ordenó la reposición total del procedimiento, debido a la falta de valoración de las pruebas.

El día de hoy a las 15:00 horas, el Tribunal de Enjuiciamiento de Villaflores, Chiapas, llevará a cabo la audiencia de juicio oral de Yonny Ronay joven estudiante sobreviviente de tortura, detenido de manera arbitraria desde el 13 de marzo de 2019, por elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del estado de Chiapas (Fiscalía). Yonny Ronay fue torturado en el sótano de esa institución para autoinculparse de un delito que no cometió y se le exhibió en redes sociales como parte de una “banda de la delincuencia organizada”. Desde el 15 de marzo de 2019, se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No. 08 en la Cuidad de Villaflores, Chiapas.

La fábrica de culpables continuó en abril de 2019, la Fiscalía utilizó ilegalmente las identificaciones de Yonny Ronay para inventar una declaración como testigo de un robo sucedido el día 24 de abril de 2019, 1 mes y 11 días después de la detención arbitraria. La Fiscalía General de la República ha dado cuenta de la simulación de pruebas por parte de la FAI y hasta hoy no ha realizado ninguna acción.[1]

La tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en México se sigue cometiendo de manera intencional para la investigación de delitos causando severos sufrimientos físicos o mentales a las y los sobrevivientes. Hasta el día de hoy las autoridades encargadas de la procuración de justicia no han demostrado que las pruebas que inculpan a Yonny Ronay fueron obtenidas sin vulnerar sus derechos humanos.

El Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes recomendó a México que tanto los fiscales como jueces están obligados a excluir pruebas o declaraciones de las cuales existan razones para creer que han sido obtenidas bajo tortura, malos tratos o en violación de garantías fundamentales, e iniciar las investigaciones correspondientes, imponer al Estado la carga de probar que la evidencia no fue obtenida bajo tortura, garantizar que las pruebas ilícitas se excluyan y que la exclusión no se postergue hasta la sentencia.[2]

A pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Chiapas conocen el caso de Yonny Ronay, hasta el momento no han hecho nada para detener las violaciones a sus derechos humanos.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas tiene la oportunidad de proteger a una persona inocente y salvaguardar sus derechos humanos. De manera especial el Juez que conoce la causa penal debe tener sensibilidad frente a este crimen de lesa humanidad y no seguir permitiendo que las violaciones continúen, las pruebas deben excluirse o declararlas nulas, por carecer de valor probatorio ya que fueron obtenidas a través de actos de tortura. Por consecuencia debe ordenar la inmediata libertad de Yonny Ronay Chacón González.

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[1] Ver Boletín No. 10 del 21 de septiembre de 2021, disponible en: https://frayba.org.mx/la-fiscalia-federal-y-la-fiscalia-del-estado-de-chiapas-complices-en-la-falsificacion-de-pruebas
[2] Relator Especial sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Visita a México del 21 de abril de 2014. A/HRC/28/68/ADD.3 Distr. General 29 de diciembre de 2014, párrafo 83.

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CDH Fray Bartolome de las Casas

Sistemática las agresiones armadas en Aldama, Chiapas

Fecha:03 feb 2022

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

3 de febrero de 2022

Boletín No. 03

Sistemática las agresiones armadas en Aldama

• El riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes de las comunidades de Aldama continua.

La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado con la amenaza de incursionar en las comunidades provocando un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3499 personas.

En el mes de enero de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques proveniente de diferentes puntos como el Colado y Chino en Fracción Ak’tik 2, T’elemax, Tojtik, Telesecundaria de Santa Martha, Curva Tontik, Tok’oy, Tulan, Base de la Policía, Yaxaltik en Saclum y Slumka’, mostrando una clara organización del grupo armado para llevar sus acciones de forma sistemática. A casi 72 horas de inicio del mes de febrero los habitantes de las comunidades han reportado 28 ataques hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.

Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan. Esta situación ha llevado a que los habitantes de las comunidades no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café, impactando en sus medios de subsistencia económica, al no poder obtener los ingresos para el sustento de sus familias.

A tres años de los constantes ataques el Estado mexicano no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea y la fuente de adiestramiento, así como los vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada, ni mucho menos el desarme y desarticulación del grupo agresor para que estos hechos no se repitan.

Hasta el día de hoy, el Estado mexicano no ha resuelto el conflicto por límites territoriales mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral. Por lo que la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios indígenas ha creado un clima de incertidumbre permanente, violando el derecho a la paz de las comunidades de Aldama e impidiendo que puedan vivir con tranquilidad en su territorio.

Hacemos un llamado al Estado mexicano para que adopte las medidas efectivas de seguridad y culturalmente adecuadas, protegiendo la vida e integridad personal de los habitantes de las comunidades del municipio de Aldama, así como de las personas que se encuentran en desplazamiento forzado, previniendo hechos de imposible reparación provocado por el grupo armado.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Persiste tortura en Chiapas para fabricar culpables

Fecha:21 ene 2022

Reunión de familiares de Yonny Ronay con personal de la ONU-DH México

Quienes suscribimos el presente pronunciamiento reafirmamos que Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay) un joven mestizo, estudiante de Ingeniería Mecánica Automotriz, fue detenido de manera arbitraria el día 13 de marzo 2019 y durante tres días fue torturado junto a otras dos personas por elementos de la Fiscalía de Alto Impacto (FAI) de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGECH). Primero fue torturado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y después en Villaflores, Chiapas.

Los actos de tortura que vivió Yonny Ronay consistieron en insultos, amenazas intimidatorias, sometimiento a posturas corporales incómodas, desnudez forzada, vendaje de ojos, golpes con puños, manos abiertas, pies y planchas “de manera” en las piernas, el rostro y cabeza; asfixia con agua, asfixia con una bolsa con sustancia picante, toques eléctricos y tortura psicológica. Los primeros actos de sometimiento bajo tortura ocurrió en el sótano de la Fiscalía de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado y posteriormente en Villaflores antes de ser llevado a la Fiscalía de Distrito Fraylesca ubicada en ese municipio.

El día 14 de marzo del 2019, se le expuso en medios de comunicación como parte de una banda criminal con armas de grueso calibre. No obstante, en la noche del día 15 de marzo se le concedió su libertad, ya que la Fiscalía de Alto Impacto alegó que a Yonny Ronay solamente se la había encontrado una navaja multiusos.

La noche de su liberación, frente a su familia, Yonny Ronay fue detenido de nueva cuenta a solicitud de la Fiscalía de Distritoo Fraylesca, acusándolo de homicidio y robo. La orden de aprensión había sido solicitada el mismo 15 de marzo de 2019. Yonny Ronay fue trasladado al municipio de Villaflores, mientras tanto, durante el trayecto fue nuevamente torturado. Desde entonces está privado ilegalmente de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 08 de la Cuidad de Villaflores, Chiapas.

De acuerdo con la documentación del Frayba, la Fiscalía de Alto Impacto utilizó su licencia de conducir para colocarlo como testigo de cargo de un supuesto delito de robo ejecutado con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército el día 24 de abril de 2019. De esta manera la Fiscalía de Alto Impacto falsificó el testimonio y firma de Yonny Ronay, con los cuales inculparon y sentenciaron a las dos personas privadas de la libertad en el CERSS No. 14 “ El Amate” en la Cuidad de Cintalapa, Chiapas.

En el caso del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la investigación pasó a la Fiscalía General de la República (FGR), quien concluyó que Yonny Ronay no pudo haber sido testigo de esos delitos porque ya se encontraba detenido desde el 13 de marzo de 2019. Así mismo, indicó que la Fiscalía General del Estado de Chiapas había simulado pruebas contra de las dos personas por el delito de robo y portación de armas. La FGR a sabiendas de los delitos cometidos por los servidores públicos del estado, no emprendió ninguna acción para investigar y sancionar las conductas ilícitas desplegadas por los servidores públicos.

A pesar de contar con pruebas ilícitas dentro de su proceso penal, Yonny Ronay fue sentenciado a 31 años de prisión el mes de septiembre del año pasado. Ante esa determinación judicial, la defensa apeló y se logró reponer el proceso, motivo por el cual la audiencia de juicio oral se llevará a cabo el 21 de enero de 2022 a las 13 horas, en el Tribunal de Enjuiciamiento en la Cuidad de Villaflores. Debido a las violaciones al debido proceso, presunción de inocencia, juicio justo e imparcial cometidos contra Yonny Ronay, hacemos un llamado al Juez para efectuar un fallo que garantice la protección más amplia de los derechos humanos.

Desmentimos la afirmación del gobierno federal que la tortura ya está erradicada en nuestro país. Manifestamos nuestra preocupación de que este tipo de violaciones graves a los derechos humanos se siga dando en el actual sistema penal acusatorio. Existe “una muy alta incidencia de la tortura y los malos tratos, incluida la violencia sexual, en particular por parte de miembros de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación durante el arresto y las primeras etapas de la detención” como ha señalado el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Y que las autoridades mexicanas deben “Pronunciarse sin ambigüedades en favor del respeto de la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos y anunciar públicamente que quien cometa actos de esta índole, sea cómplice en ellos o los tolere, será personalmente responsable de tales actos ante la ley, estará sujeto a enjuiciamiento penal y a las sanciones apropiadas…”1 Las autoridades deben comprometerse a llevar a cabo acciones que erradiquen la impunidad arraigada de manera profunda en las distintas esferas de la administración pública.

Por lo anterior, solicitamos:

• Que el Juez penal responsable del juicio oral a efectuarse el día 21 de enero de 2022, tome en cuenta las pruebas que acreditan que Yonny Ronay Chacón González es inocente y le otorgue la libertad inmediata.

• Como consecuencia de la privación arbitraria e ilegal de la libertad y tortura el Estado mexicano repare todo el daño que ha causado tanto a él como a sus familiares.

• Investigar exhaustivamente las violaciones a derechos humanos cometidas en el presente caso.

Suscriben

Familiares de Yonny Ronay Chacón González
Colectivo de Familiares de Presos en Lucha
Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República)

Personas, organizaciones y colectivas internacionales

Fionn O’Sullivan, London, Reino Unido; Dr Joey Whitfield, Universidad de Cardiff, Gales; Taula per Mèxic. Asociación por la Paz y los Derechos Humanos en México; Asamblea de Solidaridad con México – ASMEX País Valencià; Canopia Cooperativa Valenciana; Perifèries del Món, València; Taller Ahuehuete_México; Compagnie Tamèrantong – Paris, FRANCIA; Solidaridad Internacional Andalucía; CGT. Confederación General del Trabajo, España; Federación Unión Africana, España; Colectivo Acción Solidaria, Viena, Austria; CEDSALA. Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África; Lêgerîn Azadî, Colectiva No Mixta Transfeminista de Apoyo al Movimiento de Liberación del Kurdistan; colectivo «Zapateria Toulouse» ; colectivo (Scotland Zapatista); CSOA l’Horta; Marea Verde Valencia; ACUDES Valencia; Uhuru Valencia; Voces de Mujeres Afrodescendientes en Panamá; Hijas de Alkebulan – Panamá; Lumaltik Herriak. Asociación por la Cooperación y el Desarrollo entre los pueblos; Associació Solidaria Cafè Rebeldía-Infoespai – Barcelona, Catalunya; Asamblea Libertaria Autoorganizada «Paliacate Zapatista» – Grecia, Centro de Documentación sobre Zapatismo -Cedoz-; Colectivo Armadillo – Finlandia.

1 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/MEX/CAT_C_MEX_CO_7_34944_S.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
20 de enero de 2022
Pronunciamiento conjunto

Descarga el pronunciamiento en PDF aquí: Pronunciamiento conjunto sobre la libertad de Yonny Ronay

Frayba

Actualización: Inacción y omisión del Estado cobra una vida en Aldama, Chiapas

Fecha:10 ene 2022

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
10 de enero de 2022
Actualización de Acción urgente No. 01

Inacción y omisión del Estado cobra una vida en Aldama

Lorenzo Gómez Ruíz, tsotsil del municipio de Aldama, pierde la vida

Los representantes de los 15 comuneros reportaron el día hoy las nuevas agresiones armadas que provenían de diversos puntos del sector de Santa Martha provocado por un grupo armado. Uno de los proyectiles que provinieron del punto Chalontic, hacia las 11.30 horas, impactó a la altura de la costilla de Lorenzo Gómez Ruíz mientras se dirigía de regreso a su comunidad Juxton, luego de haber estado en la cabecera municipal de Aldama.

Por la gravedad de la herida fue trasladado al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas, en donde falleció. Mientras tanto, el Sr. Javier Hernández de la Torre, tsotsil de 32 años, Base de Apoyo Zapatista, se recupera en el Hospital de Las Culturas quien fue herido de arma de fuego el día de ayer, cuya herida se localiza debajo del ojo izquierdo y con salida del proyectil detrás de la oreja izquierda.

El Frayba reitera su preocupación por las constantes agresiones armadas que vive la población y que tiene el registro que del viernes 07 de enero de 2022 al 10 de enero, hasta las 15.30 hrs., que habitantes de las comunidades de Chivit, Stzelejpotobtik, Yeton, Xuxchen, Tabac, Juxton, Coco’, Stselej Potov y Cabecera del municipio de Aldama, Chiapas han recibido 49 ataques de armas de fuego.

Urgimos al Estado mexicano a que realice acciones que garanticen el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH mediante la Resolución 15/2018 del 24 de febrero de 2018 (MC-882-17) y Resolución 35/2021 del 23 de abril de 2021 (MC-284-18) con la finalidad de parar la violencia hacia la población.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional envíen sus expresiones de repudio por esta grave situación de violencia en Chiapas a:

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Frayba

Desaparición Forzada de 4 Bases de Apoyo Zapatistas del Caracol Patria Nueva, municipio de Ocosingo

Fecha:10 ene 2022

<<ACTUALIZACIÓN>>

La Junta de Buen Gobierno del Caracol Patria Nueva informó que han aparecido con vida la señora Hilaria Hernández Gómez y sus 3 hijos, Tomas López Hernández de 3 años de edad, los niños Jeremías López Hernández de 10 años y Julio Cesar López Hernández de 6 años de edad.

San Cristóbal de La Casas, Chiapas, México
10 de enero 2022
Acción Urgente No. 2

Desaparición Forzada de 4 Bases de Apoyo Zapatistas del Caracol Patria Nueva

Desplazamiento Forzado por ataque de un grupo armado.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recibió información urgente de la Junta de Buen Gobierno (JBG) “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, Caracol Patria Nueva, en Chiapas, México, que el día de hoy 10 de enero de 2022, aproximadamente a la 1:00 horas, fue atacada la comunidad autónoma 16 de Febrero en el municipio autónomo Lucio Cabañas, municipio oficial de Ocosingo, Chiapas.

Un grupo de alrededor de 15 personas encapuchadas y armadas, entraron a la comunidad autónoma, desplazando a una familia Base de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, golpeando con la culata de un arma de fuego a un joven de 15 años, la señora Hilaria Hernández Gómez de 42 años, fue golpeada y obligada a salir su casa mientras llevaba en brazos a su hijo Tomas López Hernández de 3 años de edad, los niños Jeremías López Hernández de 10 años y Julio Cesar López Hernández de 6 años de edad, se quedaron en la casa. Hasta el momento se desconoce el paradero de la señora Hilaria Hernández Gómez y sus hijos Tomas, Jeremías y Julio Cesar.

El Frayba hace un llamado urgente al Estado mexicano para que intervenga de manera inmediata para la búsqueda y localización con vida de la señora Hilaria Hernández Gómez y sus tres hijos, así como realice acciones eficaces para cesar las agresiones del grupo armado que se encuentra en la comunidad. Al cierre de esta acción urgente recibimos el reporte de que el grupo armado se encuentra posicionado en la comunidad autónoma, por lo que existe un grave riesgo a la vida, seguridad e integridad de los habitantes.

Exigimos se respete la jurisdicción, autonomía y libre determinación de la Junta de Buen Gobierno Zapatista “Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad”, Caracol Patria Nueva, Chiapas Zapatista -municipio oficial de Ocosingo- al implementar las acciones pertinentes.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente y le escriban a las autoridades mexicanas para cesar estas acciones violentas.

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