El CDH Frayba y la OMCT expusimos, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nuestra preocupación por la situación de desplazamiento forzado en México, y por la violencia particular que causa este fenómeno en los pueblos originarios de #Chiapas.

En voz de Dora Roblero, directora del CDH Frayba agradecimos el informe de la Relatora Especial en materia de Desplazamiento tras su visita al país, reconocimos la importancia de sus hallazgos, y urgimos al Estado mexicano cumplir con sus recomendaciones.

Acá su intervención 📲

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Diócesis de San Cristóbal de Las Casas Comunicado del Pueblo Creyente Peregrinación por la Paz

Al pueblo de México

A todas las confesiones religiosas

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos A los medios de comunicación nacionales e internacionales A los tres niveles de gobierno

A los hombres y mujeres que construyen la paz.

“La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad

y confianza para siempre” (Isaías 32,17).

“La paz es un grito que merece ser escuchado”.

(Papa Francisco, 25.10.22)

El día de hoy como Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas unimos nuestro clamor con la de nuestros obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Queremos ser agentes constructores de paz, entendiendo, como afirma el Papa Francisco, que “una verdadera paz sólo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo” (Fratelli Tutti 229).

Como humanidad muchas personas siguen construyendo un mundo individualista, egoísta donde se buscan los propios intereses sin importar el bien común, un mundo en donde reina la mentira, la avaricia, la envidia, las divisiones, los pleitos, las confrontaciones, las guerras a todos los niveles de la vida social y que poco a poco también van generando destrucción y muerte.

La misión profética del Pueblo Creyente nos pide estar de pie y de proclamar su palabra, por eso vemos esta realidad que vivimos:

• LA VIOLENCIA Y ENFRENTAMIENTO GENERADOS ENTRE GRUPOS ARMADOS Y DEL NARCOTRÁFICO: Que provocan secuestros, desapariciones, miedo, dolor, sufrimiento, heridos y asesinatos. La disputa de territorio por grupos criminales ha ocasionado el desplazamiento forzado de personas y familias enteras. El narcomenudeo ha penetrado en las escuelas en zonas urbanas y comunidades.

También aumenta el paso de personas migrantes, de otros países por nuestro territorio chiapaneco, la migración forzada de personas y familias de nuestras comunidades, sea por la pobreza o por la violencia generalizada.

• CONFLICTOS TERRITORIALES: Notamos también que hay comunidades y organizaciones que continúan en conflicto por la tierra, pero, que están buscando caminos de dialogo, reconciliación y toma de acuerdos para el bien común.
• EL AUMENTO DE CANTINAS: Vemos cada vez más el aumento de cantinas clandestinas en las cabeceras municipales y en las comunidades, donde también han sido centros de prostitución a menores y venta de drogas. Donde el gobierno ya no tiene control, e incluso algunas autoridades están coludidas.
• LA CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DE AGENTES DE PASTORAL DE DIFERENTES PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS: Vemos la fabricación de culpables, por ello denunciamos la arbitraria privación de la libertad de nuestros hermanos de San Juan Cancuc: Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez. Quienes, por defender su territorio, han sido condenados a 25 años de prisión mediante un proceso legal ineficaz, injusto, con violaciones a derechos humanos y, por lo tanto, carente de valor jurídico. Por ello, exigimos su libertad inmediata y absoluta, y de otros hermanos presos o sentenciados injustamente.
• EL ATAQUE Y DESPLAZAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Hemos notado que hay persecución y ataque a las comunidades autónomas de parte de organizaciones armadas, que quieren desalojarlos de las tierras que habitan para quedarse con ellas y explotar los recursos naturales para obtener ganancias. Todo esto genera miedo y desplazamiento forzado en estas comunidades.
• EL NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA:

Se deja escuchar un discurso de negación de la realidad de la violencia e integridad e inseguridad que vivimos por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Pareciera que viven en un mundo paralelo y distinto al que vive el pueblo. Pero como Estado tiene responsabilidad de esta violencia que sufrimos a nivel estatal y nacional.

Cada día también se nota más la falta de fe en Dios, o a veces sí se cree en Dios pero buscamos un dios a nuestra medida, un dios que justifique nuestros egoísmos y no nos dejamos conducir por el verdadero Dios que nos llama a buscar la verdad, el bien, la justicia, la búsqueda organizada del bien común y de la solidaridad hacia las persona más vulnerables, pobres y marginadas de nuestra sociedad.

Como Pueblo Creyente:

• Estamos buscando los caminos de diálogo para la resolución de los conflictos que se presentan en nuestras comunidades.
• Procuramos no caer en este juego de violencia y venganza. No vamos a caer en la violencia que promueve el Estado. No vamos a creer en su mensaje, que “no pasa nada”. Y vamos a estaratentos a su estrategia de contra-insurgencia y militarización. Ya sabemos que la militarización es para hacer más posible el despojo y el saqueo de nuestros bienes. Ya sabemos que promueven la acción de los paramilitares, grupos armados y se alían con ellos.
• El Dios de la Vida nos llama siempre a ser personas dadoras de vida y para ello es necesario fortalecer nuestra espiritualidad. Por eso seguiremos fortaleciendo nuestra fe y nuestra voz profética para contribuir a la construcción de caminos alternativos de transformación y vida de nuestra sociedad tan golpeada por la violencia y la impunidad.
• Continuaremos realizando nuestros ayunos y oraciones, nuestras peregrinaciones que nos animan a la esperanza en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Lo cual también incluye la denuncia de las injusticias y la impunidad que sufrimos como sociedad.
• Se empiezan a notar también las campañas electorales anticipadas y disfrazadas de muchas maneras en diferentes puntos de nuestro estado de Chiapas, por eso nosotros buscaremos no caer en las divisiones que provocan estas campañas políticas.
• Seguiremos acompañando los sufrimientos de hombres y mujeres que sufren, independientemente de su cultura, posición social o religión.
• Seguiremos caminando en sinodalidad, comunión y participación, de manera respetuosa, pacífica y dialogante, por la paz en nuestro territorio y en todo México.

Llamamos:

• A todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a estar atentos y a solidarizarse activamente con estos casos de criminalización, los cuales se suman a la persecución de quienes buscan caminos de paz con justicia y dignidad para los pueblos.
• A todos los hombres y mujeres de buena voluntad a ser constructores y constructoras de la paz.

Pedimos a María, Reina de la Paz, que interceda ante el Dios de la Vida, en favor de su pueblo y de sus hijos e hijas que luchan por la paz.

¡Alto a la persecución y amenaza de los defensores de derechos humanos!

¡Libertad a los cinco presos de San Juan Cancuc!

¡Justicia para nuestros hermanos y hermanas asesinados!

Pueblo Creyente, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 5 de julio de 2023

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El Presidente de la República en su mañanera de hoy miente y encubre la violencia en Chiapas y es cómplice de las agresiones hacia las comunidades

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
23 de junio de 2024

• El gobierno federal cómplice de la violencia en el estado y las agresiones hacia los pueblos y comunidades.

Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), manifestamos nuestra preocupación y lamentamos la difamación en contra de las organizaciones de la Sociedad Civil y de Derechos Humanos en Chiapas realizada el día de hoy en su conferencia mañanera por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que vulnera nuestro trabajo en medio de una profunda violencia que se ha agudizado en los últimos años en el estado, y que sigue creciendo, consolidándose como un elemento estructural en los territorios de los pueblos de los Altos, Costa, la grave violencia en la Frontera Sur, Norte y Selva del estado, lo que ha impactado en los pueblos, varias de ellas son de comunidades originarias e históricas que se organizan por la vía pacífica y de forma antagónica a la política del Estado mexicano en medio de una  diversificación y opacidad de grupos armados, grupo de la delincuencia organizada, sucesores del paramilitarismo que utilizan la violencia para el control social, político, económico, y territorial, marcada por la continuidad de una violencia generalizada y de una estrategia contrainsurgente.[1]

El negacionismo de esta violencia por parte de AMLO profundiza la impunidad impulsada desde actores municipales, estatales y federales que abonan al despojo, explotación y marginación social, además de agudizar la crisis de derechos humanos en la que nos encontramos, y particularmente promueve los ataques sistemáticos contra el proyecto político de autonomía del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), encabezados por grupos armados corporativistas, que han perpetrado desde el 2019 a la fecha, más 110 ataques armados contra las comunidades que pertenecen a la región zapatista de Moisés y Gandhi, que pertenece a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, del Caracol 10 Floreciendo la Semilla Rebelde, zona Patria Nueva, dentro del municipio oficial de Ocosingo, Chiapas, México.

Estos ataques han incluido quema de escuelas y bodegas de café, agresiones armadas, tortura, secuestros y heridos de gravedad con armas de fuego, los cuales han sido denunciados por los pueblos zapatistas y documentados por el Frayba, además de realizar intervenciones ante las autoridades de los gobiernos estatal y Federal, a quienes hemos hecho llamados enérgicos para que respeten y garanticen la vida e integridad física y psicológica de los pueblos y comunidades que pertenecen a la Región de Moisés y Gandhi. Los gobiernos han sido omisos, a la par que el grupo armado actúa con total impunidad siguiendo con las agresiones ante el ominoso silencio de las instituciones del gobierno mexicano.

Hay que sumar que los integrantes de estos grupos armados corporativistas son parte de la estructura gubernamental del municipio de Ocosingo por el Partido Verde Ecologista de México, obtienen recursos de programas sociales como Sembrando Vida; cuya implementación en el territorio chiapaneco ha generado conflictos y tensiones, confrontando entre quienes pugnan por un control desde el derecho a la autonomía y autodeterminación y quienes buscan acceder al recurso de la tierra a partir del control estatal y la reconfiguración territorial, con un manejo de la tierra, ajeno a las necesidades de los pueblos originarios.

Recordamos al gobierno mexicano que en Chiapas nos encontramos en medio de un conflicto político-militar irresuelto, y que tiene pendiente el respeto de las tierras y territorios de los pueblos, quienes siguen siendo invisibilizados, enmarcados tanto en los derechos consignados en los tratados y declaraciones internacionales, así como lo estipulado en los Acuerdos de San Andrés, por ello las causas que propiciaron el levantamiento del EZLN siguen siendo vigentes.

[1] Informe Frayba 2023. Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado: https://frayba.org.mx/sites/default/files/Informes/Informe-Frayba-2023/Informe-Frayba-2023_Chiapas-un-desastre.pdf

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de mayo de 2023
Boletín No. 14

• Exigimos que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad frente a los crímenes de lesa humanidad en el marco de la contrainsurgencia de los noventa.

El miércoles 21 de junio del presente año se celebra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la audiencia del Caso Antonio González Méndez vs. México, quien fuera desaparecido en 1999 por el grupo paramilitar Organización Desarrollo, Paz y Justicia (Paz y Justicia) en el norte del estado de Chiapas por pertenecer a las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La audiencia es un momento histórico, pues se trata del primer caso que la Corte IDH conoce sobre las acciones de contrainsurgencia de los años 90-2000 en el Estado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), quien acompaña y representa a la familia de Antonio González Méndez (Antonio), espera que el proceso resulte en una condena contra México bajo el reconocimiento de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar a reparar a todas las víctimas de su política criminal; a la fecha no se ha realizado ninguna acción para buscar a Antonio González, ni se han considerado líneas de investigación conforme al contexto de contrainsurgencia reconocido internacionalmente.

Zonia López, esposa de Antonio, asumió desde su desaparición el papel de defensora, exigiendo su búsqueda ante instancias locales y nacionales. El proceso ha sido tortuoso, revictimizante y colmado de discriminación hacia la mujer del pueblo maya Ch’ol. Ante la falta de búsqueda y de investigación adecuada en México, ella y sus familiares decidieron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el año 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su informe de fondo en 2019, decisión de gran alcance para el caso y la búsqueda de la verdad, reconociendo la participación del Estado mexicano en la conformación de grupos paramilitares, incluyendo Paz y Justicia, además de exigir investigar los hechos y buscar a Antonio bajo este contexto de terror y criminalidad.

El gobierno mexicano abanderado por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador dio un cumplimiento mínimo a las recomendaciones del informe de la CIDH. La disculpa pública del Subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en 2022 fue interpretada por familiares de Antonio como un simple acto protocolario, dada la falta de búsqueda e investigación. Ante la continuidad en las omisiones del Estado, el caso fue finalmente presentado ante la Corte IDH, en donde el gobierno de la “cuarta transformación” ha negado la política de Estado de contrainsurgencia donde sucedieron graves violaciones a los derechos humanos. Esta actitud lo convierte en un cómplice más de los gobiernos anteriores, y responsable de las afectaciones psicosociales que se siguen produciendo por la falta de justicia y verdad hacia las víctimas.

Las acciones de contrainsurgencia diseñadas por la Secretaría de la Defensa Nacional en su “Plan de Campaña Chiapas 94”[1] incluyeron la formación de grupos paramilitares tras el levantamiento zapatista de 1994. El Ejército mexicano y los paramilitares cometieron crímenes de lesa humanidad en contra de la población indígena como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, desplazamientos forzados, entre otros. Estas agresiones, dirigidas en gran medida contra civiles, tenían como objetivo ocasionar un estado de terror que impidiera el apoyo de las comunidades a la insurgencia. El Frayba documentó que Paz y Justicia, que fue solo uno de los múltiples grupos paramilitares que operaban en Chiapas, desapareció a 37 personas y ejecutó a 85 más en la región.

Exigimos que el gobierno de México, reconozca la responsabilidad y responda a esta demanda de trascendencia histórica que tiene que ver con graves violaciones a los derechos humanos, cometidos durante la década de los noventa, tal y como fue la Desaparición Forzada de Antonio González Méndez, por lo que debe cumplir con una investigación y búsqueda exhaustiva tomando en cuenta el contexto de violencia política y generalizada en el marco de un conflicto armado interno, así también cumpla en su totalidad con sus obligaciones en materia de reparación integral de los daños, para que la familia de Antonio tenga la posibilidad de un proyecto de vida el cual fue truncado. El caso Antonio González Vs. México puede ser un precedente importante que impulse la memoria, verdad y justicia en el país y para decenas de víctimas que han sido negadas y ocultadas por los gobiernos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
28 de mayo de 2023

Acción Urgente No. 2

Ejecuciones, reclutamiento y desplazamiento forzado en la frontera sur de Chiapas

•     Permisibilidad del Estado mexicano de graves violaciones a Derechos Humanos

El municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, vive una profunda crisis derivado de la espiral de la violencia que se ha vivido en esta región y en estos días se ha intensificado, violentado el derecho a la vida e integridad personal de comunidades y pueblos, según por la disputa territorial de grupos armados pertenecientes a la criminalidad bajo el auspicio y observancia de los gobiernos municipal, estatal y federal.

Según información que ha llegado a este Centro de Derechos Humanos, es sumamente grave y de difícil documentación dando el contexto de violencia, no obstante fuentes confidenciales nos refieren los siguientes:

El 25 de mayo se dieron ataques armados donde la población civil ha sido afectada, directamente en donde se han asesinaron a personas según en fuego cruzado.

El 26 de mayo, durante el entierro de una mujer, que había sido asesinada en fuego cruzado, un grupo de hombres fuertemente armado lanzaron ráfagas de disparos, hechos ocurridos hacia la comunidad de Nueva Independencia (El Lajerío), municipio de Frontera Comalapa. De igual forma a la altura de la localidad de Chamik, ubicado en la carretera Comalapa – La Trinitaria, cerraron la carretera y quemaron de vehículos.  A partir de estos hechos decenas de personas se desplazaron de sus hogares.

Durante el 27 de mayo, se registraron bloqueos en los puntos de 3 Maravillas, Pacayalito (Nuevo Amatenango), en el desvío de Nuevo México, Santa Rita, Paso Hondo y Chamic. Se pudo observar una caravana de vehículos artillados y de los conocidos como monstruos, quienes realizan recorridos de vigilancia en carreteras rurales y calles.

La aquiescencia del Estado a través de instituciones castrense se identifica en los territorios donde se están suscitando estos hechos. En la localidad de El Jocote existe un destacamento del Ejército mexicano. En el tramo carretero Paso Hondo – Frontera Comalapa, está establecido un destacamento de la Guardia Nacional. En el municipio de Chicomuselo, está el cuartel más grande del Ejército mexicano en Chiapas. Testimonios refieren que frente a estas instituciones se pasean las caravanas de vehículos transportando personas fuertemente armadas.
Los últimos 4 días se incrementó de manera alarmante la violencia en el municipio. Jóvenes de diversas comunidades fueron reclutados de manera forzada por la delincuencia; refieren de por lo menos tres mil personas fueron desplazadas de sus comunidades, unas buscando albergues provisionales, y otras llevan días refugiándose en los montes o algún lugar seguro; así también nos informan que muchas familias permanecen en sus casas sin poder salir, están encerradas por el terror extremo que están viviendo. Se ha llegado a esto bajo las mecánicas de complicidad y abandono del gobierno mexicano.

La acción de estos grupos armados son perjudiciales, varios de ellos de difícil reparación, son daños e impactos que pudiéramos denominar escenarios de guerra, que se han prolongado en meses, días, sin que se atienda para cambiar esta realidad, es por ello que recordamos al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, estos son la esencia para que los ciudadanos puedan vivir en condiciones donde se respeten todos los derechos que son parte del pacto social que tenemos como país.

Por tal razón desde el Frayba:

Primero: Exigimos que, en el marco de nuestra Carta magna, tratados y convenios internacionales ratificados por México, se garantice la vida e integridad personal de la región fronteriza del Estado de Chiapas, con el objetivo de parar y evitar la vorágine de la violencia que está impactando gravemente a mujeres, hombres, niñas, niños, personas de la tercera edad.

Segundo: Urgimos al Estado mexicano, aplique medidas cautelares y precautorias; medidas de emergencia que garantice plenamente la vida, la seguridad e integridad física, psicológica y emocional de las y los habitantes de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Trinitaria.

Tercero: Se garantice el derecho inalienable de las personas a vivir una vida sin violencia en sus territorios, así como garantizar la Paz.

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional, manifestemos nuestra exigencia de vivir en paz, realizando acciones de protesta pacífica, así como difundiendo y firmando esta acción urgente:

https://frayba.org.mx/ejecuciones-reclutamiento-y-desplazamiento-forzado-en-la-frontera-sur-de-chiapas