Manuel Gómez Vázquez es liberado después de 2 años, 11 meses y 7 días injustamente privado de su libertad.

El día de hoy se emitió sentencia absolutoria que ordenó la inmediata libertad para Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del #EZLN, al no comprobarse ninguna responsabilidad en la comisión del delito.

Agradecemos infinitamente la solidaridad de todas las personas, colectivos, organizaciones de derechos humanos que hicieron posible la libertad del compañero.

Desde comienzos de septiembre, una delegación del Congreso Nacional Indígena y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas está recorriendo Europa para intercambiar sus dolores, problemáticas y alegrías con otros pueblos del mundo

Texto y fotos: Arturo Landeros

BARCELONA. – Oscar narra el momento en que una comisión encargada de mapear el territorio indígena de su comunidad preguntó a los abuelos, a los mayores del pueblo, sobre cómo debían cartografiar su territorio. La historia se complica cuando los abuelos les contestaron: “hay que comenzar con la Luna”.

La luna marca muchos de los ciclos vitales, agrícolas y espirituales de las comunidades ¿Puede haber territorio sin luna, sin sol, sin cielo? Una capa que cobija a los pueblos por encima de donde se da la reproducción de la vida, donde se siembra para comer, pero donde los cuerpos también son sembrados al morir.

Conocer las dimensiones de la territorialidad que habitan los pueblos y comunidades indígenas es importante para poder defenderla. Oscar despliega un mapa donde se puede ver la República mexicana atravesada por grandes infraestructuras que cortan el territorio. Desde gasoductos como el Texas-Tuxpan-Tula y su continuación hacia el sureste, hasta las diferentes concesiones mineras agazapadas por todo el país, muchas a la espera del pistoletazo de salida.

Pero también hablan de las fosas clandestinas, de los territorios de exterminio, de los campos de tiro y entrenamiento del crimen organizado infiltrado en el territorio, muchos al amparo de las autoridades locales, donde el crimen no es organizado sino autorizado.

De eso, de su vida, dolores y resistencias, han venido al viejo continente Oscar y Amaidaly para hablar con las organizaciones europeas solidarias con México. Desde comienzos de septiembre, una delegación del Congreso Nacional Indígena (CNI) y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas viene recorriendo Europa en una primera fase en la que se han reunido con colectivos e instituciones de una veintena de ciudades en siete territorios: Alemania, Austria, Francia, Suiza, Países bajos, Bélgica y Catalunya.

El objetivo principal es compartir los Espejos de dolor y resistencia que viven los pueblos y comunidades indígenas de México, así como dar seguimiento a la visita de la delegación del CNI que acompañó al EZLN en la Gira por la Vida del 2021. En aquella ocasión varios delegados y delegadas tuvieron presencia en algunas de estas mismas ciudades europeas, presagiando lo que hoy es una situación de incremento de violencia ejercida desde varios sectores hacia los territorios de los pueblos.

La entrada del crimen organizado en Chiapas es una de las situaciones más preocupantes. La violencia ejercida hacia la comunidad zapatista de Moisés Gandhi o el cerco que se vive en Frontera Comalapa y Chicomuselo, todas esas noticias que llegan a Europa y se miran con preocupación. La cooptación forzada de comunidades indígenas que son obligadas a trabajar para esos intereses criminales está provocando una degradación social de gran calado. Aunque también hay motivos para la esperanza, como la heroica defensa de la comunidad nahua de Santa María Ostula frente a los ataques por el control de su territorio frente a las pulsiones externas por convertirlo en campo de operaciones de diferentes actores criminales.

Los delegados del CNI comentan que la forma de contener el avance del crimen y del despojo ha sido el poder mantener cohesionada a la comunidad, en su trabajo organizativo para mantenerse unidos, en sus tradiciones y su espiritualidad, con la solidaridad nacional e internacional. Como pasó en Wirikuta, o como ha ocurrido en Cherán y en otras regiones donde los pueblos son los que han detenido el avance del crimen, no las autoridades ni las fuerzas del orden.

Los megaproyectos son un capítulo aparte. La trama de infraestructuras que recuerdan las intenciones del viejo Plan Puebla Panamá sigue siendo una de las principales amenazas de despojo territorial y cultural, si es que puede haber lo uno sin lo otro. Los polos de desarrollo aparejados al Tren Maya o al Transístmico son un goloso botín. Es ingenuo pensar que estas zonas de crecimiento industrial y urbano no terminará devorando territorios de reserva natural y de las comunidades y pueblos indígenas que los habitan.

A su paso por Europa, la delegación también ha tenido oportunidad de solidarizarse con otros pueblos, como las organizaciones de mujeres del Kurdistán, o con la comunidad palestina de Barcelona en una de las concentraciones por el alto a la guerra, frente a la delegación de la Unión Europea en la ciudad. Han entablado contacto con las organizaciones migrantes y su lucha por regularizar su situación frente a la falta de papeles que les dejen existir. La delegación resalta que la resistencia de los pueblos frente al despojo tiene su Espejo también de este lado del mundo y el valor del internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos más allá de las geografías.

Por todo esto, el llamado urgente del CNI y del Frayba es para poner la mirada en los procesos de violencia y despojo que han detectado en los más de 45 pueblos, naciones y tribus que conforman el Congreso Nacional Indígena. Analizar las actividades de las empresas transnacionales que pueden ser cómplices directas o indirectas de esta situación. Pero, sobre todo, poder renovar los vínculos que los pueblos indígenas mexicanos han construido con la Europa insumisa Slumil K’ajxemk’op en los 27 años de existencia del CNI, cumplidos justamente el pasado 12 de octubre, Día de la resistencia y dignidad indígena.

Convocamos a movilizarse el 13 y 14 de noviembre por la libertad de Manuel Gómez Vázquez, Base de Apoyo del EZLN privado arbitrariamente de su libertad desde hace 2 años y 11 meses por ser zapatista, acusado de un delito que no cometió a través de falsificación de pruebas.

El 14 de noviembre dará inicio la audiencia de juicio oral que derivará en próximas fechas en una sentencia, por lo que es un momento importante para hacer ver al Estado que Manuel no está sólo y seguir exigiendo su libertad.

Les invitamos a hacer visibles sus movilizaciones en redes sociales para mostrar nuestra indignación y a etiquetar las cuentas del #Frayba para poder replicar y concentrar sus acciones.

#LibertadParaManuel
#RehénDelEstado
#FabricaciónDeCulpables
#ManuelNoEstáSolo
#Chiapas
#EZLN

 

Escucha el #NotiFrayba:

• Demandas históricas y actuales;
• Las luchas de los pueblos y comunidades por la vida, donde abordamos la #lucha y resistencia a 531 años de #despojo y genocidio de los pueblos originarios;
• Les contamos sobre el encuentro “Hasta la #justicia: juntando fuerzas contra la #tortura” que se realizó el pasado 13, 14 y 15 de octubre;
• Además del comunicado urgente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas por la agudización de la violencia en la región frontera.
• Exigimos la libertad inmediata de José Días, Base de Apoyo del #EZLN.

 

Pronunciamiento del encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura”

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 15 de octubre de 2023.

PRONUNCIAMIENTO

A la Opinión Pública
A Organismos Internacionales de Derechos Humanos
A Organizaciones Civiles y Defensores de los Derechos Humanos
A Organismos Nacionales, Estatal e Independientes de Derechos Humanos
A los Medios de Comunicaciones Local, Estatal, Nacional, Internacional e Independientes

PRESENTE.

El día de hoy se dio por concluido el Encuentro “Hasta la Justicia: Juntando Fuerzas Contra la Tortura” 2023, en la que como Familias Unidas Contra la Tortura en Defensa de los Derechos Humanos, participamos junto con nuevas familias que esperamos sean parte de la lucha por la búsqueda de la justicia, reparación de daño, actos de no repetición y libertad a nuestros presos inocentes que el sistema de supuesta procuración y acceso a la justicia del Estado de Chiapas los mantiene encarcelados de manera arbitraría para aparentar una supuesta paz, tranquilidad y seguridad en el Estado, situación que el contexto, noticias y la realidad son falsas.

Los días 13, 14 y 15 de octubre, reflexionamos sobre la tortura, que una de las violaciones más atroces de los derechos humanos, y que sigue siendo un patrón generalizado en muchas partes de nuestro Estado, a pesar de las innumerables convenciones y tratados internacionales que la prohíben de manera categórica. Aún más alarmante es el hecho de que, en muchos casos, las autoridades estatales no solo pasan por alto este crimen, sino que también omiten investigar y perseguir a los perpetradores, siendo los agentes aprehensores, fiscalías y jueces.

En Chiapas no podemos acceder a una justicia pronta, expedita e imparcial, si tenemos a Juzgadoras y Juzgadores quienes solapan las malas actuaciones de las Fiscalías, sin considerar las vulneraciones a nuestros derechos humanos y sentenciando a inocentes, no podemos creer y confiar en un Estado de derecho en la que los Tribunales Judiciales están siendo marcados por la corrupción y mala impartición de justicia, ya que sentenciar a una persona inocente marca un número en el supuesto Chiapas seguro, siendo todo lo contrario.

Nuestra preocupación acerca del sistema judicial en Chiapas recae en la práctica, pareciera más fácil sentenciar a personas inocentes basándose en investigaciones sesgadas o deficientes que llevar a juicio y sentenciar a agentes de la policía o perpetradores de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Esta situación destaca una posible falta de imparcialidad y rendición de cuentas en el sistema judicial, lo que podría tener graves implicaciones para los derechos y la justicia de las personas involucradas en estos casos.

Esta preocupación también apunta a la necesidad de mejorar la efectividad y la transparencia en la investigación y el enjuiciamiento de casos relacionados con tortura y abusos policiales. Es esencial garantizar que las investigaciones sean exhaustivas, justas y oportunas, y que las personas responsables de abusos sean llevadas ante la justicia de manera adecuada.

La percepción de que es más fácil condenar a personas inocentes que llevar a la justicia a agentes de la policía o perpetradores de tortura subraya la importancia de fortalecer la independencia y la integridad del sistema judicial para garantizar que todos los casos se manejen de manera imparcial y justa, y que se respeten los derechos fundamentales de las personas en cuestión.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

4 de octubre de 2023

Boletín No. 21

 

Instamos al Estado mexicano a no repetir, en el caso de Simón Pedro, la historia de impunidad de La Masacre de Acteal

Es de conocimiento de este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que hoy 4 de octubre, se lleva a cabo la audiencia de apelación en la que el Poder Judicial del Estado de Chiapas revisará la sentencia condenatoria emitida en contra del autor material del asesinato del Defensor de Derechos Humanos, Simón Pedro Pérez López, cometida el 5 de julio de 2021[1].

A más tardar el 9 de octubre este recurso puede derivar en una resolución de liberación del autor material, o en una reposición del procedimiento que a su vez implicaría nuevos caminos revictimizantes y de desgaste para su familia y la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas).

Para el Frayba, las pruebas aportadas en juicio demuestran la responsabilidad del asesinato de una persona defensora como lo fue Simón Pedro, por lo que solicitamos a los magistrados Abel Bernardino Pérez, Marco Antonio Centeno Núñez, y Luis Raquel Cal y Mayor Franco, del Tribunal de Alzada Región Tres en el municipio de Pichucalco, Chiapas, ponderen el derecho a la verdad y la justicia.

Tenemos en la memoria la liberación total de los autores materiales de la Masacre de Acteal por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Expertos como Carlos Martín Beristain, constataron que este acto generó un fuerte impacto psicosocial en los sobrevivientes y la organización de Las Abejas para quienes a la fecha no ha habido justicia. Nos encontramos en un episodio en el que se corre el grave riesgo de revivir la historia, pues tanto en el caso de Simón Pedro como en el de La Masacre los autores intelectuales no han sido responsabilizados, ni reconocidos sus móviles.

Hacemos un llamado a la Sociedad Civil Nacional e Internacional a estar pendientes de la continuidad del proceso, así como de no cesar en la exigencia de verdad y justicia integras para Simón Pedro, su familia y para Las Abejas.

 

[1] Simón Pedro fue un dedicado defensor de derechos humanos perteneciente a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, trabajó toda su vida desde el ejercicio de la no violencia por el respeto de los derechos de la población tsotsil, y en la construcción de paz. Antes de su asesinato denunció ante instancias estatales, la situación que se vivía en los Altos de Chiapas por el actuar de grupos armados vinculados a la delincuencia organizada que controlaban la región. Desafortunadamente las instancias de investigación no retomaron este antecedente como el probable móvil de los hechos.

Descarga el Boletín No. 21 en PDF (345.36 KB)

 

AL GOBIERNO FEDERAL.

AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

A LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE CHICOMUSELO, LA TRINITARIA, FRONTERA COMALAPA, AMATENANGO DE LA FRONTERA, MOTOZINTLA, SILTEPEC, COMITÁN, MAZAPA DE MADERO, LA GRANDEZA, BELLA VISTA, BEJUCAL DE OCAMPO Y EL PORVENIR.

A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, CHIAPAS.

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

A LA SOCIEDAD CIVIL EN GENERAL.

A 29 de Septiembre de 2023

Pronunciamiento Conjunto

La población civil no es un objetivo

Las organizaciones aquí firmantes nos unimos a las voces, incluidos los llamados realizados por las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales.

Desde hace más de dos años se ha venido agudizando esta disputa en el territorio caracterizada por un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada. De acuerdo a notas periodísticas, y testimonios anónimos, alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos.

El corte de suministros básicos, como alimentos, gasolina, gas lp, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa.

Si bien la situación ha sido álgida en la Región Frontera, también en otros territorios se han presentado situaciones de violencia, y existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice.

Frente a ello, el Estado tiene un deber urgente de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población. Las y los habitantes de estos municipios se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves a sus Derechos Humanos, lo cual se suma a la histórica marginación del territorio.

Denunciamos:

El incremento de distintas formas de violencia: asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones como “cobro de piso”, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida. La población ha estado en una intermitente incomunicación que ha derivado en desabasto y encarecimiento de productos básicos como alimentos y gasolina, generando aislamiento.
La interrupción de la vida cotidiana de la población a partir del corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud.
Múltiples violaciones a Derechos Humanos: el derecho a la alimentación, a una vida digna, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la justicia, al libre tránsito, y a vivir en paz.
La minimización de la violencia por parte del discurso oficial, destacando el titular del Ejecutivo Nacional.
La criminalización que se hace de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado, y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada.
La respuesta insuficiente del Estado ante las denuncias de la población desde hace varios meses; pues no ha habido una estrategia integral que atienda las necesidades y que abone a una pacificación real.

Exigimos urgentemente al Estado mexicano:

Brindar atención integral a la población afectada directamente por la violencia.
Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro.
Atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia.
Garantizar la seguridad para el libre tránsito de la población.
Realizar una investigación imparcial y exhaustiva que identifique a los responsables de la violencia, y que se imparta justicia.
Implementar una estrategia integral, garantizando la seguridad de la población. No se considera la militarización prolongada como una respuesta duradera para lograr una pacificación real y estructural.
Garantizar la seguridad de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, defensores del territorio, y ciudadanía en general en Chiapas, particularmente en la Región Frontera y Sierra.

Pedimos a la población en general su solidaridad, empatía y observación de lo que sucede en las Regiones de la Frontera y Sierra de Chiapas, velando por el cumplimiento de estas exigencias, la garantía de los Derechos Humanos y el cese de la violencia.

Redes:

Alianza contra la Desigualdad México

Alianza Mexicana contra el Fracking

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL)

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)

Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos

Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict (GPPAC), North America

Grupo Territorio, Género y Extractivismo (TGE)

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG)

Plataforma para la Construcción de Paz en México

Plataforma de Paz

Red de Agricultura Urbana, Periurbana y Rural de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Red de Cooperativas del Sur (RECOSUR)

Red de Guardianes del Sur de Yucatán

Red de Mujeres de Jalisco “Aguas en Movimiento”

Red de Mujeres de la Costa en Rebeldía

Red franciscana para migrantes

Red Futuros Indígenas

Red Jesuita con Migrantes

Red Nacional de Peritos/as y Expertos/as Independientes Contra la Tortura

Red Mayense de Guardianas y Guardianes de Semillas

Red MesoAmeri-Kaab (Red MAK)

Red Mesoamericana de Educacion Popular Alforja

Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias)

Red de Rebeldías y Resistencias Ajmaq

Red Slow Food de Pueblos indígenas de México

Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio

Organizaciones

Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente, A.C.

Alianza Sierra Madre A.C.

Aluna, acompañamiento psicosocial

Antropo Film House

Articulo 19 Oficina para México y Centroamérica

Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y Territorio

Asociación Maya Uk’ux B’e (Guatemala)

Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic

Awe Tibuame, A.C.

Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, A.C.

Centro de Capacitación y Formación para Mujeres, A.C.

Centro de Investigación y Recursos para el Desarrollo A.C.

Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba)

Centro de Derechos Humanos Fray Ignacio Barnoya AC, Arquidiocesis de Tuxtla

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC

Centro de Educación y Apoyo a la Produción y al Medio Ambiente A.C.

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.

Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, A.C. (Cecaddhi)

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C.

Centro de Voluntarixs Junax

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco A.C.

Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón

Cohabitantes MX A. C.

Colectiva Reentramados para la vida, defendiendo territorios

Colectiva Cereza

Colectivo Asodette Región P’urhépecha

Colectivo Agroecológico Teocintle

Colectivo Coamil Federalismo

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.

Colectivo Despertar Florencia

Colectivo de Labores Comunitarias de formación sociopolítica para la defensa del territorio

Colectivo del periódico El Zenzontle

Colectivo Feminista Mercedes Olivera, A.C.

Colectivo Festival de la Tierra

Colectivo In Laak Le Ixiimo de Hopelchén

COLEMBYJ, Colectivo en Memoria y Búsqueda y Justicia

Comunidades Eclesiales de Base México

Comunidad de Aprendizajes para una Praxis Emancipatoria (CAPE)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO)

Comite de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.

Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla

Consorcio Oaxaca

Consultoría Técnica Comunitaria CONTEC A.C.

CORECO A.C.

CORASON Huasteca – Totonacapan

Desarrollo Económico y Social de los Méxicanos Indígenas, A.C. (DESMI)

Desaparecid@s de la Costa y Feminicidios de Michoacán A.C.

Desplazadas de San Juan Copala

Desplazados Kanjobales y Cakchiqueles de Maya Balam

Engenera, A.C.

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.

Equipo Indignación

EQUIS Justicia para las Mujeres

Escuela Autónoma de Mujeres

Escuela de Salud Comunitaria Alina Sánchez

Foro para el Desarrollo Sustentable AC,

Frente Agustin Tosco (Argentina)

Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación Promotora de Cooperativas (FUNPROCOOP) (El Salvador)

Fundar. Centro de Análisis e Investigación A.C.

Educreando A.C.

Geo-grafías Comunitarias

Grupo de Trabajo No Estamos Todxs

Huerta Educativa de Semillas Colibrí

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario A.C. (IMDEC)

IYOLOSIWA AC

Kalli Luz Marina AC

K’inal Antsetik, A.C.

La Sandía Digital

Marabunta Filmadora

Melel Xojobal A.C.

Médicos del Mundo Suiza

México Unido Contra la Delincuencia A.C.

Milpamérica

Misioneros AC

Movimiento de Unificacion y Lucha Triqui Independiente

Movilidades Libres y Elegidas A.C., CoLibres

Mujeres Socialistas de Honduras

Mujer y Medio Ambiente, A.C.

Narrativas desde la Mayanidad

Nueva Constituyente Ciudadana Popular, Coahuila

Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Habitat

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen AC

Red de Guardianes del Sur de Yucatán

Red Solidaria de Derechos Humanos A.C.

Salud y Desarrollo comunitario A. C (SADEC)

Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados – SMR

Serapaz A.C. – Servicios y Asesoría para la Paz A.C.

Servicios Para una Educación Alternativa A.C. – EDUCA

Sinergia por la paz

SPR La Cascada de Ocosingo, Chiapas. ARIC UUH

Tsikini, A.C.

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Uyool Ché, A.C.

Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

Integrantes de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)

Campeche

Ejido Miguel Colorado Champotón

Unión de Ejidos en defensa del Territorio Maya.

Consejo de vigilancia del Ejido División del Norte

Ejido Haro

Observatorio de violencia social y de género.

Mujeres por un Nuevo Amanecer Hopelchén

Las Mariposas Comunidad de Xpujil

REDMYH A.C.

Chiapas

Movimiento en defensa de la vida y el Territorio MODEVITE

Movimiento de pueblos originarios en resistencia MOPOR

Tianguis Campesino

CDH Fray Pedro

Bienes Comunales de la Selva Lacandona BCZL

Enlace Región Cañadas de Las Margaritas y Zona Fronteriza

Enlace Región Selva y Cañadas de Ocosingo

Petem Mango

Santa Cruz El Palmar

Yajtajtik

Lindavista

San José Napila

San Ramon Segunda sección

Juxuechej

San Antonio Las Palomas

La Libertad

Las Delicias

Raya Limón

Corralchen

Tacuba Nueva

Banacaxa

Ejido San Antonio Bulujib

Xanail

Chik Aktik

Najchij

20 De Noviembre

Santa Cruz La Reforma

Ejido San Jerónimo

Guadalupe Xaquila

Bonampak

Xaquila

Soteel

Tunapas

Ranchería Majchum

Cabecera Yajalon

Cabecera Sitala

Santa Rosa Mamalik

Mojontsuy

Nuevo Progreso

Mojontsuy

Barrio Las Golondrinas

Barrio Ojo De Agua

Barrio Centro

Ejido Luis Espinoza

Ejido Santoton

Ejido Petalcingo

Ejido Tila

La Unión

Comunidad Xixintonil

San Juan De La Montaña

Gobierno comunitario de Chilón

Sacun c’ubwitz

Sacun Saquila

Bawitz Jerusalén,

Jol sacun,

Sacun palma,

Sacun San Pedro

Yochibja,

Q’uicisal,

Onteel,

Axupja,

Jol Axupja segunda Sección

Mojón,

C’anal Ulub,

Nup’ha,

Laguna Verde,

Crucero Saquila.

Red Ambiental en Defensa de los Humedales de San Cristóbal

Chihuahua

Bosques San Elías Repechique

Huitosachi

Bacajípare

CONTEC, A.C.

Ciudad de México

Coordinadora Agua para todas y todos, agua para la vida

Tonelhuayotzin Nuestra Raíz A.C.

Fundación para el Debido Proceso DPLF

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)

Colectivo de Abogadas

Oxfam México

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible CCMSS

Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C (ProDESC)

Enlace Comunicación y Capacitación AC

Estado de México

Comunidad de Tepetlaoxtoc

San Francisco Magú

San Jerónimo Amenalco

Consejo Comunitario de San Jerónimo Amanalco Texcoco

Consejo Supremo Indígena de San Francisco Xochicuautla

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) – Atenco

Guerrero

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC)

Enlace Región Montaña Alta

Jalisco

San Lorenzo Azqueltán

Comunidad de Indígena de Tepizoac

San Juan de los Potreros

Michoacán

Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen

Santa María Ostula

Comunidad de Cherán

Comunidad de Comachuén

Carapan

Cheranatzicurín

Nayarit

Niuwari A.C.

Oaxaca

Enlace Región Tlaxiaco

San Sebastián Ocotlán

San Jacinto Ocotlán

Tejas de Morelos

San Felipe Apostol

San Matías Chilazao

Maguey Largo, Oaxaca

El porvenir, Oaxaca

Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.)

Consejo Estatal de Derechos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (CEDIAO)

Enlace Comunicación y Capacitación A.C.

Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA)

San Isidro Zegache

La Barda Paso de Piedras

San Antonino Castillo Velasco

Santiago Apóstol

Santa Ana Zagache

San Pedro Mártir

San Martín Tilcajete

San Pedro Apóstol

Asunción Ocotlán

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

CDI Flor y Canto A.C.

Comité en Defensa de los Derechos Humanos y de los Bienes Comunales de Unión Hidalgo

Puebla

Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios

Quinta Roo

U Yich Lu’um

Kanan derechos humanos

Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes

San Luis Potosí

Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij A. C.

SEDEPAC Huasteca

Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina.

Observatorio Indígena.

Centro Ceremonial Tenek.

COCIHP A. C.

Autoridades de comunidades de los municipios de Axtla, Coxcatlan, Huehuetlán y Xilitla.

Xochitzotlajmani

Sonora

Pueblo de Vícam

Veracruz

Colectivo Kalakgpaliw parte del semillero de mujeres defensoras de nuestros territorios

Red por la Justicia y Paz Veracruz

Comité de Derechos Humanos Sierra Norte de Veracruz

Consejo Veracruzano de Laicos A.C.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Integrada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Agua y Vida, mujeres, derechos y ambiente (Chiapas); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC), (Oaxaca); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Programa Universitario de Derechos Humanos Ibero León (Guanajuato) Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

19 de septiembre de 2023

Boletín No. 20

 

César y José Luis, defensores de la tierra y del territorio criminalizados por oponerse a la militarización

• Informe de Amnistía internacional México revela patrón de criminalización en el país contra Personas Defensoras de la Tierra, Territorio y Medio Ambiente.

César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández son defensores comunitarios tseltales de la región de Chilón, caracterizada por la defensa de la tierra en contra de megaproyectos y la militarización de su territorio. La criminalización de la protesta de César y José Luis, condenados a 2 años por defender su territorio contra la militarización, se enmarca en la política de militarización en el estado de Chiapas con la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional (GN), incluyendo uno en su territorio, San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas.

El desarrollo de la infraestructura militar en Bachajón se realizó sin consentimiento previo, libre, informado y culturalmente pertinente, violando los derechos a la autonomía, libre determinación y a que no se desarrollen actividades militares en sus tierras. La oposición a la militarización se remonta a su lucha histórica desde el levantamiento zapatista de 1994 y la experiencia de tener una base militar en su territorio que trajo consigo casos de acoso sexual, violaciones, ataques, inseguridad y despojo.

El 15 de octubre de 2020 el pueblo de Chilón se manifestó pacíficamente en contra de la construcción del cuartel en el crucero Temó, tramo carretera Ocosingo – Palenque. Fueron detenidos César y José Luis, se documentaron en su contra actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada y faltas al debido proceso por parte de los agentes aprehensores, así como la criminalización mediante la acusación por el delito de motín[1].

A pesar de haberse comprobado la falta de elementos para condenarlos,[2] y que la acusación constituía una restricción desproporcionada al derecho a la protesta social, fueron sentenciados el pasado 3 de mayo, día de la Santa Cruz, tras 2 años de proceso[3]. Si bien obtuvieron su libertad por medio de una sustitución de la pena, ambos defensores cuentan ahora con antecedentes penales y la criminalización fue judicializada.

La criminalización de la protesta social consiste en el uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado tanto de la fuerza, como de la justicia penal en contra de las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, como el caso de Cesar y José Luis.

En Chiapas, como en México existe un patrón de criminalización de las personas derensoras, enfáticamente contra defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente.

El derecho a la protesta social, en este caso particular por las violaciones a los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, es reconocido tanto en la Constitución mexicana, como en instrumentos internacionales, lo que implica para las autoridades tomar medidas para respetar, garantizar y protegerlo.

 

[1] Este delito implica “perturbar el orden público” u “obstruir las vías de comunicación”, en este sentido habría sido utilizado para describir los efectos de una protesta y también para criminalizar la protesta por su ambigüedad o vaguedad.

[2] En su contra se comprobó la falta de elementos sólidos para condenarlos, los testigos no acreditaron pertenecer a la policía estatal ni su participación el día de la protesta, ni la calidad de peritos y legistas expertos en su materia.

[3]    Se concedió el beneficio de la sustitución de la pena, por poco más de 6,000 pesos.

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