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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Ejecuciones, reclutamiento y desplazamiento forzado en la frontera sur de Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
28 de mayo de 2023

Acción Urgente No. 2

Ejecuciones, reclutamiento y desplazamiento forzado en la frontera sur de Chiapas

  •     Permisibilidad del Estado mexicano de graves violaciones a Derechos Humanos

 

El municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, vive una profunda crisis derivado de la espiral de la violencia que se ha vivido en esta región y en estos días se ha intensificado, violentado el derecho a la vida e integridad personal de comunidades y pueblos, según por la disputa territorial de grupos armados pertenecientes a la criminalidad bajo el auspicio y observancia de los gobiernos municipal, estatal y federal.

Según información que ha llegado a este Centro de Derechos Humanos, es sumamente grave y de difícil documentación dando el contexto de violencia, no obstante fuentes confidenciales nos refieren los siguientes:

El 25 de mayo se dieron ataques armados donde la población civil ha sido afectada, directamente en donde se han asesinaron a personas según en fuego cruzado.

El 26 de mayo, durante el entierro de una mujer, que había sido asesinada en fuego cruzado, un grupo de hombres fuertemente armado lanzaron ráfagas de disparos, hechos ocurridos hacia la comunidad de Nueva Independencia (El Lajerío), municipio de Frontera Comalapa. De igual forma a la altura de la localidad de Chamik, ubicado en la carretera Comalapa – La Trinitaria, cerraron la carretera y quemaron de vehículos.  A partir de estos hechos decenas de personas se desplazaron de sus hogares.

Durante el 27 de mayo, se registraron bloqueos en los puntos de 3 Maravillas, Pacayalito (Nuevo Amatenango), en el desvío de Nuevo México, Santa Rita, Paso Hondo y Chamic. Se pudo observar una caravana de vehículos artillados y de los conocidos como monstruos, quienes realizan recorridos de vigilancia en carreteras rurales y calles.

La aquiescencia del Estado a través de instituciones castrense se identifica en los territorios donde se están suscitando estos hechos. En la localidad de El Jocote existe un destacamento del Ejército mexicano. En el tramo carretero Paso Hondo – Frontera Comalapa, está establecido un destacamento de la Guardia Nacional. En el municipio de Chicomuselo, está el cuartel más grande del Ejército mexicano en Chiapas. Testimonios refieren que frente a estas instituciones se pasean las caravanas de vehículos transportando personas fuertemente armadas.
Los últimos 4 días se incrementó de manera alarmante la violencia en el municipio. Jóvenes de diversas comunidades fueron reclutados de manera forzada por la delincuencia; refieren de por lo menos tres mil personas fueron desplazadas de sus comunidades, unas buscando albergues provisionales, y otras llevan días refugiándose en los montes o algún lugar seguro; así también nos informan que muchas familias permanecen en sus casas sin poder salir, están encerradas por el terror extremo que están viviendo. Se ha llegado a esto bajo las mecánicas de complicidad y abandono del gobierno mexicano.

La acción de estos grupos armados son perjudiciales, varios de ellos de difícil reparación, son daños e impactos que pudiéramos denominar escenarios de guerra, que se han prolongado en meses, días, sin que se atienda para cambiar esta realidad, es por ello que recordamos al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos, estos son la esencia para que los ciudadanos puedan vivir en condiciones donde se respeten todos los derechos que son parte del pacto social que tenemos como país.

Por tal razón desde el Frayba:

Primero: Exigimos que, en el marco de nuestra Carta magna, tratados y convenios internacionales ratificados por México, se garantice la vida e integridad personal de la región fronteriza del Estado de Chiapas, con el objetivo de parar y evitar la vorágine de la violencia que está impactando gravemente a mujeres, hombres, niñas, niños, personas de la tercera edad.

Segundo: Urgimos al Estado mexicano, aplique medidas cautelares y precautorias; medidas de emergencia que garantice plenamente la vida, la seguridad e integridad física, psicológica y emocional de las y los habitantes de los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo y La Trinitaria.

Tercero: Se garantice el derecho inalienable de las personas a vivir una vida sin violencia en sus territorios, así como garantizar la Paz.

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional, manifestemos nuestra exigencia de vivir en paz, realizando acciones de protesta pacífica, así como difundiendo y firmando esta acción urgente:

 

https://frayba.org.mx/ejecuciones-reclutamiento-y-desplazamiento-forzado-en-la-frontera-sur-de-chiapas

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Frayba

La opacidad e inacción del Estado mexicano es una amenaza inminente a la paz en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
26 de mayo de 2023

Boletín No. 12

La opacidad e inacción del Estado mexicano es una amenaza inminente a la paz en Chiapas

  •     Tensión en territorio zapatista
(Descarga aquí)  

El primero de enero de 1994, se levantó en armas el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declarando la guerra al Estado mexicano, luchando por trabajo, educación, salud, justicia, tierra y libertad, después de 12 días y por la presión de la sociedad civil nacional e internacional se decretó el cese al fuego en contra de los pueblos zapatistas. Posterior a los Diálogos de San Andrés el gobierno mexicano incumplió con los acuerdos para reformar la Constitución y cumplir a cabalidad con los derechos de los pueblos indígenas, a partir de entonces el EZLN ha construido su autonomía y autodeterminación en su territorio de manera civil y pacífica, además es un actor clave para el avance y ejercicio de los derechos de los pueblos originarios.

Durante estos 29 años el EZLN ha sido hostigado y continuamente agredido por el Ejército mexicano y grupos afines al Estado, las estrategias de guerra y contrainsurgencia modifican sus métodos de violencia, con finalidad de destruir y cooptar los movimientos de resistencia y emancipatorios que están pugnando por el respeto de sus derechos, y en este territorio por los derechos colectivos que reivindican como pueblos originarios.

Los hechos de violaciones al territorio, a la autonomía y libre determinación, las agresiones, ataques armados, criminalización entre otros, los hemos documentado y denunciado constantemente en todas las esferas de responsabilidad, tal y como fue el asesinato impune del maestro Galeano en el 2014, que marco un nuevo escenario con organizaciones aliadas a los gobiernos en sus tres niveles (municipal, estatal y federal).

Este sexenio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no se ha quedado atrás, los ataques hacia las tierras recuperadas del EZLN son constantes, en algunos territorios autónomos hemos documentado agresiones, amenazas y ataques armados, como es el de la Junta de Buen Gobierno (JBG) del Caracol 10 de Patria Nueva, las Bases de Apoyo del EZLN han sufrido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, torturas, desplazamiento forzado y varios heridos por armas de fuego.

En la actualidad está vigente la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, en la que el EZLN es ejemplo y ha tenido una acción continua en la que propone, construye y resiste de manera pacífica, siendo un parteaguas para muchos pueblos que están por la defensa de la vida y el Territorio.

De todos estos hechos de agresión y ataques hacia el movimiento zapatista, se ha informado con todo el rigor documental a las instancias del Estado que tienen la competencia y que deben respetar, garantizar y proteger los derechos humanos, sin que hayan mostrado voluntad política para atender la urgente situación. Desde el Frayba expresamos nuestra preocupación por la constante violencia que ha recibido el EZLN y que vemos un incremento debido a la impunidad activa generada desde el gobierno mexicano.

En uno de sus últimos comunicados del 2021, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del EZLN (CCRI-CG-EZLN) advertía que Chiapas se encontraba al borde de la Guerra Civil.[1] Su perspectiva es un síntoma de los que vamos viviendo en el territorio Chiapaneco.

Desde el Frayba manifestamos que vivimos en una constante inseguridad, con alto riesgo a la vida, lo cual ha dado el incremento de la violencia extrema contra las Bases de Apoyo del EZLN, como el cometido el 23 de mayo en la región de Moisés y Gandhi. Esto se ha expandido hacia otros territorios que están siendo vulnerados desde la criminalidad que controla las vidas de comunidades y pueblos como lo que sucede en la frontera sur de Chiapas.

Ante este contexto declaramos que nuestro deber insoslayable es el de parar esta violencia que viene creciendo y vemos que se puede hacer con la organización de los pueblos, comunidades, organizaciones, barrios y colonias; desde su propia raíz y cultura, para desactivar la violencia y construir la paz desde abajo, apostando la posibilidad de la reproducción de la existencia en donde se pondere la buena vida.

Es urgente que el Estado mexicano haga su trabajo a cabalidad y atienda inmediatamente el problema de fondo a fin de garantizar el diálogo y la paz en Chiapas, generando rutas claras para alcanzarla.

Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a exigir al Estado mexicano actúe de manera contundente para que cesen de manera inmediata los ataques hacia el proyecto político autonómico del EZLN y la violencia generalizada en el estado de Chiapas, así también solicitamos a la solidaridad a dar muestras de apoyo a los pueblos que defienden la vida, el territorio, a la madre tierra y la paz.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

El poder judicial del estado de Chiapas condena a 25 años a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc por defender su territorio

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
17 de mayo de 2023

Boletín No. 10

El poder judicial del estado de Chiapas condena a 25 años a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc por defender su territorio

  • La criminalización a los pueblos indígenas, causa recurrente en Chiapas.

Desde este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunciamos la criminalización hacia los defensores del territorio; el gobierno Chiapas una vez más actúa con toda impunidad. El día de hoy 17 de mayo del 2023 el Poder Judicial del Estado de Chiapas declaró culpables a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez, cinco indígenas defensores comunitarios, del pueblo maya tseltales de San Juan Cancuc, privados arbitraria de su libertad por defender su territorio, a quienes se les condenó a 25 años de prisión por un delito que no cometieron.

Para establecer la condena la Juez utilizó criterios legales de 1993 es decir, criterios de hace más treinta años, a pesar de todas las reformas legales que han ocurrido en México que deberían de garantizar los derechos humanos. La Juez le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados, ya que la muerte aconteció en la patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc; otro hecho notorio fue que dio valor a un acta de defunción alterada.

El 3 de mayo de 2023, los cinco indígenas tseltales rindieron su declaración frente a la Juez, en donde mencionaron que tres de ellos fueron detenidos de manera arbitraria el día 29 de mayo de 2022, en San Juan Cancuc, mediante un operativo conjunto de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, para después ser entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados.

Los dos últimos, declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el día 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5  (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad, hecho realizado por las Fuerzas de Seguridad el día 29 de mayo de ese mismo año, ninguno de estos elemento arbitrarios fueron tomados en cuenta, por lo que una vez más dan evidencia de la acción recurrente de criminalización hacia los pueblos originarios que defienden al territorio.

Este caso es parte de un modelo de complicidad que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, junto con jueces y fiscalías para generar la fábrica de culpables y mantener a personas inocentes en prisión, por lo que, la falta de acceso a la justicia es un lastre del sistema jurídico mexicano.

El Frayba exige libertad y justicia a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc, ya que tenemos plenamente documentado la existencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas el debido proceso legal, haciendo notar la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuales son carentes de valor jurídico, además de la parcialidad del Poder Judicial que actuó ignorando las evidencias claras de las privaciones arbitrarias de la libertad que fueron objeto los cinco defensores del territorio. Por último, referimos los argumentos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que menciona que, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de la libertad en violación de las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad.[1]

[1]Opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el diez de septiembre de 2021, relativa a Adrián Gómez, Germán López, Abrahám López, Juan de la Cruz y Marcelino Ruiz (México).    https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647086&fecha=29/03/2022#gsc.tab=0

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Abrazamos a las madres que buscan a sus hijos e hijas. No Conocemos Fronteras para Buscarles

10 de mayo de 2023.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

XII Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus hijos e hijas
¡Verdad y Justicia!
No Conocemos Fronteras para Buscarles.
Concentración Pública con Madres Buscadoras de Chiapas

Este día, en que celebramos el Día de las Madres, no es de celebración para muchas familias, ya que miles de madres buscan a sus hijos e hijas.

Ellas están marchando en la Ciudad de México, se están concentrando en varias plazas del país, están visibilizando la problemática que vivimos en este país, y por eso estamos aquí, con ellas, en esta plaza central en San Cristóbal de las Casas, para exigir justicia y hacer visible la desaparición de personas en Chiapas.

Esta problemática atraviesa a todo nuestro territorio mexicano, y aunque la cifra oficial es de 112,203 personas que han sido desaparecidas a nivel nacional, y de 1,314 en Chiapas, sabemos que la cifra es lamentablemente más alta cada día.

La violencia sociopolítica es la realidad que vivimos todas y todos los que vivimos y transitamos en este país. Chiapas no es la excepción, las zonas de los Altos, Norte, Frontera, Costa, Selva, y prácticamente toda nuestra entidad, se han vuelto un campo de batalla, un campo en disputa, con violencia, armas, muertos, familias desplazadas, feminicidios, secuestros; y la desaparición de personas va cada día en aumento. Aunque las autoridades del estado de Chiapas quieran maquillar y disfrazar esta realidad y hacernos creer que vivimos en uno de los estados más seguros y que tenemos a un gobierno con autoridades eficaces y eficientes cercanas a las personas.

La realidad es que las niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y jóvenes, personas en contextos de movilidad humana nacionales e internacionales, desaparecen día a día, y la principal demanda de las Madres sigue siendo: ¡Regrésenos a nuestras hijas e hijos!, ¿dónde están?, ¡queremos a nuestras hijas e hijos en casa!, ¡este día no es de fiesta, sino de lucha y de protesta!

Las Madres que buscan a sus hijos e hijas, y las organizaciones que les acompañamos, seguiremos gritándole al Estado que su omisión e indolencia lo hace responsable de esta tragedia que se vive en las familias, ya que hemos comprobado, día con día, que las instancias del Gobierno Federal y Estatal, las Fiscalías, la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, realizan acciones de simulación y son las madres quienes verdaderamente realizan las acciones de investigación y de búsqueda, poniendo en riesgo su seguridad, su integridad y su vida.

Es por ello que, desde el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas, acompañamos esta concentración en la plaza pública en San Cristóbal de las Casas, mencionando que un día como hoy es un símbolo de lucha, de resistencia, de búsqueda, pero también es un símbolo de mucho amor, de madre a madre que exige justicia, para que ninguna otra madre viva este dolor. Esta concentración es por la vida, por la esperanza, por el amor, por el regreso, por la verdad y la justicia. No están solas, compañeras, las acompañamos desde cada rincón que habitamos.

Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Melel Xojobal
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (VM-APM)

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Se dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización

e dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización

  • El 03 de mayo de 2023 el Juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres del Distrito Judicial de Ocosingo, dictó sentencia que condena a 2 años de prisión a los defensores del territorio tseltal del municipio de Chilón.
  • El Poder Judicial del Estado de Chiapas se suma a la criminalización a defensores comunitarios de derechos humanos.

 

El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacífica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas.

El pasado 24 de abril de 2023 inició el juicio oral de José Luis y César, defensores del territorio, durante el desarrollo de las distintas audiencias se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020; los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de Policía Estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del día 15 de octubre de 2020 cuando los Ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón se opusieron a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena sin que hayan sido consultados previamente. De igual manera, la Fiscalía no demostró la calidad de peritos y legistas expertos en su materia dentro de la investigación que sostenían el dicho de los elementos que acusaban a los defensores comunitarios.

Las organizaciones firmantes nos solidarizamos y lamentamos la decisión del juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, de haber dictado una sentencia condenatoria de 2 años que criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios. Hacemos un llamado al Gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización  de las personas defensoras de derechos humanos y de la vida.

 

Contactos Frayba

Dora Roblero, Dirección Frayba: +52 967 134 0759;

Equipo Regional Zona Norte: +52 967 141 0420

       
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presentación del Informe Frayba “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado” – 9 mayo

Les invitamos a nuestra magna presentación del Informe Frayba “Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado”.

Reflexionemos juntas sobre la violencia actual en Chiapas, la continuidad de la contrainsurgencia, desplazamiento forzado y despojo a la tierra y el territorio.

Martes 9 de mayo.
18 horas.
Oficinas Frayba. Brasil 14, Barrio de Mexicanos, SCLC, Chiapas.

Live vía FaceBook del Cdh Frayba y en www.frayba.org.mx/envivo

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Frayba denuncia el desalojo del Campamento Tierra y Libertad en Mogoñe Viejo, Oaxaca

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que monitorea la Caravana El Sur Resiste, recibió información, relacionada al desalojo del Campamento Tierra y Libertad en Mongoñe Viejo, Oaxaca. El día de hoy 28 de abril, alrededor de la 10.38 hrs., un grupo de agentes de la fuerza de seguridad entre ellos Policía Municipal Guardia Nacional  y Marina Nacional, el cual era mantenido por el Pueblo Mixe con acciones pacíficas de manifestación con la finalidad de detener las obras del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec relacionado al Corredor Transístmico. Durante el desalojo fue detenida María Magdalena Martínez Isabel, Fernando Hernández Gómez, Adela Severo Teodoro, Esperanza Martínez Isabel, Elizabeth Martínez Isabel y Eliodoro Martínez Isabel, sin que hasta el momento sepamos de sus paraderos. Así también se reporta una compañera golpeada. El Campamento fue destruido y robadas pertenencias.

Este campamento cumplió 60 días en resistencia, con más de sesenta movilizaciones por parte de las comunidades desde julio 2019, donde han recibido constante hostigamientos y amenazas. El día de ayer recibió la Caravana El Sur Resiste.

En estos momentos integrantes de la Caravana El Sur Resiste se encuentran manifestándose en la carretera transístmica a la altura de Oteapan, Veracruz para denunciar la agresión sufrida por parte de elementos del gobierno federales y del estado de Oaxaca. Por lo que pedimos que se respete esta manifestación pacifica y los derechos quienes expresan su inconformidad sobre las acciones represivas de agentes del estado.

Desde el Frayba exigimos la inmediata liberación de los y las indígenas mixes detenidos, cese a la represión y respeto a los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, el respeto del derecho a manifestación de las comunidades y pueblos contra el despojo e imposición de proyectos de desarrollo, violatorios de los derechos de los pueblos originarios.

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Frente a la violencia desbordada en San Cristóbal de Las Casas, expresamos nuestra preocupación y exigimos que se garantice el derecho a la Paz

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
21 de abril de 2023

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Frente a la violencia desbordada en San Cristóbal de Las Casas, expresamos nuestra preocupación y exigimos que se garantice el derecho a la Paz, Garantías y respeto a la vida, integridad y seguridad de la población en riesgo inminente.

Quienes firmamos este pronunciamiento expresamos nuestra profunda preocupación por el incremento y excesiva violencia de grupos armados en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, con una población de más de 200,000 habitantes, quienes actúan con la aquiescencia, tolerancia y protección de funcionarios Estatales, afectando a la población en general. Exigimos se cumpla la obligación del Estado mexicano de proteger el derecho de los pueblos a la paz.

El día 17 de abril de 2023, alrededor de las 11:40 horas, la violencia en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, aumentó tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, uno de los lideres de la organización conocida como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH). Durante más de ocho horas, personas con armas de alto calibre detonaron ráfagas de disparos en varios puntos de la ciudad, quemaron al menos tres casas y asesinaron a otras dos personas, además de que se difundieron diversas amenazas y rumores en redes sociales. El clima de violencia provocó terror entre la población, lo cual llevó a que la tarde de ese día y el día siguiente escuelas de todos los niveles suspendieran clases, diversos comercios cerraron tras los hechos, y un alto porcentaje de habitantes se resguardaron en sus domicilios.

El propio Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, se refirió públicamente al escalamiento de violencia, con un mensaje discriminatorio en contra de personas indígenas y jóvenes de las periferias a quienes responsabilizó de la violencia, con ello promueve la estigmatización y criminalización hacia estas personas y comunidades, y legitima la violencia en su contra.[1]

A pesar de las constantes interpelaciones al Estado mexicano por la actual crisis de violencia en Chiapas, no ha habido una respuesta efectiva. Por el contrario existen diversas señales de colusión, minimización, o inacción, que incrementan el riesgo e indefensión para las víctimas y la sociedad en general, particularmente en niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Es patente que la estrategia de seguridad implementada por el Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno no ha resuelto la problemática sino que ha generado una espiral de mayor violencia, por lo que es necesario generar alternativas desde la sociedad con una mirada de construcción de paz duradera.

Contexto

En la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas han proliferado organizaciones clientelares que administran de manera irregular mercados, transporte público, venta de tierras ocupadas y otras actividades económicas lícitas e ilícitas. Durante los últimos años ha sido evidente el vínculo de algunas de estas organizaciones con funcionarios Estatales y la delincuencia organizada, puesto que se encargan de controlar en diversos mercados el tráfico y venta de drogas, de armas de alto calibre, la trata de personas, la explotación de madera y materiales pétreos, robo de autos, pornografía, etc. Durante los últimos años estas organizaciones han utilizado armas de alto calibre para imponerse aumentando la violencia y la colusión entre empresas, crimen organizado y políticos.

Este fenómeno se enmarca en una conocida disputa actual entre carteles de la droga en el territorio de Chiapas, elevando el riesgo para los habitantes y las personas defensoras de derechos humanos en la región.

Es evidente que en el caso de San Cristóbal de Las Casas poderes fácticos utilizan a grupos criminales que, a través de acciones de terror, buscan controlar a la población y el territorio estratégico para las economías legales e ilegales de la delincuencia organizada.

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Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Casas | Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

César y José Luis mayas tseltales enfrentan un proceso penal por defender su territorio en contra de la militarización

    

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

20 de abril de 2023

César y José Luis mayas tseltales enfrentan un proceso penal por defender su territorio en contra de la militarización

  • El próximo 24 de abril de 2023 se llevará a cabo la audiencia de juicio oral en la que podría condenarles por defender su territorio ante la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.
  • El poder judicial del estado de Chiapas tiene una oportunidad de proteger a los defensores comunitarios César y José Luis y con ello los derechos de los pueblos indígenas.

El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacifica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas. Desde entonces ambos defensores se encuentran vinculados a proceso por el delito de motín y en libertad bajo proceso, lo cual les impide salir y realizar actividades más allá del municipio de Ocosingo. El próximo 24 de abril de 2023 podría ser un fecha definitoria de su situacion jurídica ya que el Juzgado de Oralidad en Ocosingo tendrá lugar la audiencia de juicio oral donde se podrían condenar o declarar su libertad.

Ante las irregularidades documentadas por parte de la defensa de José Luis y Cesar, entre ellas una deficiente integración de la carpeta de investigación, la incorporación de pruebas obtenidas de manera ilícita y construcción de informes policiales a modo por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, así como diversos retrasos en el proceso por parte Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, esperamos que en la audiencia de juicio oral a realizarse el día 24 de abril de 2023 puedan poner fin al proceso injusto al que se les ha sometido. Es importante señalar que como parte del proceso de resistencia pacifica del pueblo indígena tseltal de Chilón se inició en noviembre de 2020 un juicio de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito de Tuxtla Gutiérrez con numero 717/2020 el cual igualmente sigue pendiente de resolverse.

Las organizaciones firmantes vemos con preocupación las respuesta del estado ante el ejercicio del derecho a la protesta, ya que cabe resaltar que este hecho de criminalización no es aislado en Chiapas, y que el patrón suele ser la vinculación a proceso por parte de autoridades judiciales sin tomar en cuenta que se trate de una medida desproporcional que busca criminalizar acciones de protesta social. En conferencia de prensa el CDH Fray Bartolomé, el Pueblo Originario de Chilón, el Pueblo Creyente Zona Chab, Familias Unidas Contra la Tortura y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro Prodh, hicieron un llamado al Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo en su resolución tiene una oportunidad de demostrar que los pueblos indígenas pueden confiar en el sistema de justicia para el respeto de sus derechos y absolver a los defensores comunitarios José Luis y César.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Casas

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

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No es Justicia la sentencia contra el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
31 de marzo del 2023
Boletín No. 09

No es Justicia la sentencia contra el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro

  • Reconocemos su labor en la defensa de la vida, la tierra, el territorio y los derechos de los pueblos y comunidades.
  • Que se garantice que no haya impunidad en asesinatos contra personas defensoras.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reconoce ampliamente a Simón Pedro López Pérez (Simón Pedro) como defensor de derechos humanos, quien caminó junto con los pueblos en las reivindicaciones de derechos que la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal (Las Abejas de Acteal) han impulsado históricamente. El Juez de Control de Pichucalco se ajustó a la condena menor, con la sentencia de 25 años de prisión contra el autor material del asesinato del defensor de los derechos humanos, y la “reparación” económica para las familias, refleja lo estrecho y limitada que es la justicia del Estado, que niega el acceso a la verdad y a la Justicia Verdadera.

Hace poco más de 19 meses, junto a Las Abejas de Acteal, y con toda la familia de Simón Pedro, comenzamos a caminar la justicia y la verdad; hemos aprendido muchas cosas, una de ellas la generosidad de Las abejas de Acteal y la familia del defensor comunitario, que al inicio de la audiencia de juicio oral a las afueras del juzgado de control en Pichucalco, compartieron el pan, el agua y los alimentos a la familia de la persona que privó de la vida a Simón.

La sentencia y la reparación son las más bajas y omite su labor como persona defensora de los derechos humanos que realizaba, así como medidas de reparación del daño y no repetición adecuadas y culturalmente pertinentes. Desde el Frayba expusimos los hechos partiendo de dos testigos presenciales. Se tuvo la oportunidad de dictar una sentencia con perspectiva de derechos humanos al presentar las pruebas que dieron muestra de su actividad como defensor.

La sentencia es omisa, desde lo que dicta la Ley General de Víctimas, respecto a que el proceso penal debe de garantizar el derecho a la verdad. No es un asesinato aislado, por ello exigimos se investigue a los autores intelectuales y se otorgue medidas mínimas de reparación integral, desde atención médica y psicológica, medidas de satisfacción, y el reconocimiento público de su actividad de defensa de los derechos humanos.

Es importante se ponga especial atención en la continuidad de la violencia que cobija a la región, y en la necesidad de medidas de no repetición que puedan proteger a su familia, a la comunidad y a las Abejas de Acteal.

Estaremos atentas a que la sentencia quede firme y que no se otorgue libertad en otras instancias, para efectos de garantizar que no haya impunidad contra asesinatos de personas defensoras, que como el trabajo de Simón Pedro, nos compromete a seguir caminado con los pueblos y comunidades que luchan por su dignidad y la construcción de alternativas de vida, donde sí exista el Lekil Chapanel (la Justicia Verdadera).

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