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Por Jana X
Después de cuatro meses de campamento de toma de la planta Bonafont, en el día del natalicio de Emiliano Zapata, los Pueblos Unidos del municipio de Juan C. Bonilla y otros 17 pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, junto con el pueblo Otomí migrante en resistencia y el movimiento Mexicali Resiste, decidieron juzgar al gobierno y a las empresas que con engaños les han despojado de la tierra, sobreexplotado el agua y los mantos freáticos de la región.
La consecuencia de ello ha sido el secamiento de sus pozos, y manantiales, al punto de generar hace poco más de un mes un gran socavón, el cual a la fecha las autoridades no pueden explicar su origen. Mientras, los pueblos lo dicen claramente: “es la sobreexplotación por las empresas como Bonafont, Volkswagen, Carol, Audi entre otras”.
Por cuatro meses se mantuvo el campamento de toma de la planta Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, que se encuentra a las faldas de los cerros Iztaccíhuatl y Popocatépetl.
Esta es una región abundante en agua, la cual proviene justo de los cerros que la rodean y que han sido resguardados por los pueblos nahuas originarios de esta región.
No obstante, después de 29 años del robo de su agua a través de la extracción diaria de 1,600,000 litros de agua en la planta ocupada, había provocado que los pozos artesianos de la región se secaran, además de una sequía generalizada y la imposibilidad de que los pueblos campesinos e indígenas que allí habitan para poder continuar con su modo de vida, que es a partir de la agricultura campesina de pequeña escala y autoconsumo.
En estos cuatro meses de cierre de operaciones de la planta, dicen los habitantes de estos pueblos, “los pozos han vuelto a tener agua”.
Previo a la toma del 22 de marzo de este año y durante los cuatro meses que duró el campamento de resistencia, se dio un proceso de asambleas y consulta entre los pueblos que habitan esta región, en donde además se informó sobre el despojo y las intenciones de abrir nuevos pozos para continuar con el robo de agua, por lo que 14 pueblos, hartos del despojo y la sequía, se articularon en “Pueblos Unidos” para defender el agua e impedir que continúe el saqueo.
Entre los pueblos imperó la misma voz: “ya era demasiado el robo, estamos hartos, y si no actuamos ya, nos seguirán despojando. Queremos justicia.”
Juicio de los pueblos
Dicen que siempre estuvieron abiertos al diálogo, pero ni las autoridades del gobierno, ni la empresa se acercaron para dialogar. Los pueblos evidenciaron que a las autoridades se les llamó a través de los cauces formales y se les invitó a tomar la palabra en el evento de festejo del aniversario de Emiliano Zapata, pero ellos no llegaron.
Se les estuvo esperando, y simplemente no llegaron. Ante la ausencia del gobierno, los pueblos decidieron hacer del evento un espacio de denuncia. Ahí, los 20 pueblos presentes denunciaron los diferentes atropellos que han vivido en la defensa del agua frente a la sobreexplotación y contaminación de los ríos.
Un ejemplo es el caso del río Metlapanapa, el cual ha sido explotado por años por empresas como Volkswagen, Audi, Bonafont, Junghans, Coca-Cola, granjas Carol, Hylsa, y otras, además de los parques industriales y el creciente desarrollo inmobiliario, e incluso ante un nuevo complejo industrial llamado “Ciudad téxtil” que se pretende instalar en la región.
Todas estas empresas usan grandes cantidades de agua. Por ejemplo, señalaron que la empresa automovilistica Volkswagen, contra la cual también hubo resistencia que en su momento fue reprimida, producen 20 carros por minuto y para la fabricación de cada carro se usan hasta 4,000 litros de agua.
Las empresas además contaminan los ríos, arroyos y mantos freáticos al verter los desechos tóxicos de sus procesos industriales. Denunciaron que en el río Metlapanapa corren las aguas negras y fecales de las empresas, pues en él se descargan sustancias tóxicas como plomo, cadmio, aluminio y arsenio provenientes de las fábricas que operan en la región.
El espacio de denuncia sirvió para que también se señalaran otros megaproyectos que atentan contra la vida de los pueblos, como el gasoducto que corre en toda esta región entre Puebla y Morelos y que forma parte del PIM (Proyecto Integral Morelos) el cual incluye además super autopistas y termoeléctricas de ciclo combinado y que ante la resistencia al proyecto, ya ha habido diferentes actos de represión que han ido desde la detención arbitraria y por razones políticas, hasta el asesinato de quienes se han resistido, como el caso de Samir Flores, el cual ya fue denunciado.
Ante la explotación y robo permanente de las empresas legitimado por el gobierno, los “Pueblos Unidos” de esta región del estado de Puebla exigieron justicia, una justicia que ellos mismos se han encargado de procurar, pues como dijeron algunos de los jóvenes que participaron de la toma: “Del gobierno no esperamos nada bueno, nuestra lucha es por la autonomía y la libre determinación”. Es por ello que decretaron la reapropiación de lo que fue arrebatado bajo engaños y corrupción y convertirlo en una Casa de los Pueblos.
De ser una sede para el robo, hoy será una Casa de los Pueblos
Los entrevistados (de los cuales resguardamos su identidad por seguridad) señalaron que durante las diferentes asambleas que se realizaron en los cuatro meses de toma, se decidió primero cerrar la planta y los pozos para acabar con el despojo y parte de los abusos. Después surgieron diferentes propuestas de cómo usar el espacio, entre las que señalaron estan: para casa de salud, como espacio deportivo y educativo, para la comunicación desde los pueblos y para la formación de los pueblos para la agricultura orgánica.
Aún faltará que este lunes (9) tras una rueda de prensa se continúe con el proceso asambleario para que los pueblos decidan por sí mismos qué uso darán a las instalaciones. Por ahora, los pozos han sido clausurados de forma permanente, y se espera que esta batalla sea el inicio de muchas batallas por la defensa del agua y de la vida, para que los pueblos puedan continuar viviendo como pueblos campesinos que manejan desde sí mismos el uso respetuoso del agua, como de por sí ya lo hacían.
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Por Itzela Olivarri
L@s garífunas, que habitan varias regiones del Caribe Hondureño, han sufrido acoso, represión, desapariciones, asesinatos y detenciones arbitrarias desde hace ya varios años, debido a la resistencia y a la defensa de sus territorios, los cuales, ancestralmente les pertenecen.
“Nosotras defendemos la vida, la naturaleza, pensamos en los que vienen atrás, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que tengan dónde vivir, dónde sembrar, dónde comer”, comparte Marianela Mejía mediante testimonio en video para el medio Contracorriente.
En los últimos 10 años se han reportado 105 ataques contra sus comunidades; algun@s de sus integrantes han sido detenid@s y encarcelad@s, tal fue el caso de Jennifer Mejía Solórzano, quien el 3 de marzo del presente año fue detenida y, cuando su hermana Marianela acudió a la estación de policía para solicitar informes, también fue arrestada. Después de cuatro días, el 7 de marzo, se les dictó auto de formal prisión y, si son condenadas, podrían pasar 10 años privadas de su libertad.
Las hermanas Mejía son integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y se les acusa de usurpación de tierras en territorio ancestral.
Tierras ancestrales que en realidad les pertenecen y que el Estado no quiere reconocer, por lo que han sufrido expropiación territorial, persecución, amenazas y secuestros.
Aunado a ello, se les ha intentado desplazar de las tierras que habitan, con el fin de realizar diversos proyectos turísticos en la zona de Trujillo. Una de las empresas que quiere realizar estos proyectos es la Sociedad Responsabilidad Bienes raíces JUCA, de capital canadiense, misma que acusó a 32 miembros de la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, entre ellas a las hermanas Mejía, de usurpación, daños y amenazas.
Recuento de la violencia
El 18 de julio de 2020 fueron secuestrados cuatro jóvenes garífunas en Triunfo de la Cruz, a los cuales se les hizo una fuerte campaña de desprestigio en las redes sociales, vinculándoles con el narcotráfico y, quienes, hasta la fecha, no han sido encontrados.
El 13 de febrero de 2021, dos sicarios asesinaron al joven líder garífuna Fernando Padilla, quien pertenecía a la OFRANEH.
El 16 de junio fue detenida la defensora Silvia Bonilla, integrante de la misma organización garífuna, y también acusada por supuesta “usurpación de tierras”. Por el mismo caso, aún se encuentran pendientes 29 órdenes de captura en contra de personas defensoras de los pueblos garífunas.
Las hermanas Jennifer y Marianela Mejía Solórzano han sido acusadas de “usurpación” de tierras ancestrales garífunas. Imagen de Procesohn
Ante esta serie de detenciones arbitrarias, desapariciones y desplazamientos forzados, a principios de julio, Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU, manifestó su preocupación: “El gobierno debe de abstenerse de utilizar la legislación penal nacional como una herramienta de intimidación en perjuicio de las personas defensoras de derechos humanos. La criminalización debilita los movimientos de la sociedad civil y su capacidad para proteger a las personas mas vulnerables de la sociedad”.
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Foto de portada por Santiago Navarro F
Por Vanessa García Navarro y David Milán
En Sonora, el pueblo Yaqui de Loma de Bácum, uno de los ocho pueblos que forman la Tribu Yaqui, denunció el pasado miércoles 14 de julio, la desaparición de varios miembros de su comunidad. Desde entonces la incertidumbre continúa latente, pues, los familiares ignoran en qué condiciones se encuentran las víctimas de este acontecimiento.
En la denuncia pública, hecha por la comunidad, figuran los nombres de siete personas: Martín Hurtado Flores, Braulio Pérez Sol, Eladio Molina Zavala, Juan Justino Galaviz Cruz, Fabian Sombra Miranda, Leocadio Galaviz Cruz, y Fabian Valencia Romero (cuyas edades oscilan entre los 27 y 66 años); sin embargo, en esa misma fecha, también se reportó la desaparición de Artemio Arballo Canizalez, Benjamín Portela Peralta y Gustavo Acosta Hurtado. Son diez indígenas que hasta el momento se encuentran en calidad de desaparecidos.
Se informa que siete de ellos fueron vistos por última ocasión mientras se disponían a llevar vacas para efectuar una celebración en una población aledaña. La comunidad se enteró de las desapariciones el mismo día que ocurrieron, por tanto, la guardia tradicional de esta comunidad decidió proceder con cautela antes de tomar acciones. Al día siguiente, al ver que sus hermanos no volvieron, la vigilancia tradicional y algunos voluntarios partieron rumbo a la sierra a bordo de cuatro camionetas para buscarlos. Lamentablemente los escasos hallazgos fueron “sólo el equipaje esparcido de tres de ellos, una piola y una vaca quemada,” como indicaron los familiares en la denuncia pública.
Otro miembro del pueblo, que por razones de seguridad prefirió solo presentarse como Felipe, explicó las circunstancias de la desaparición y, la situación peligrosa en la que se encuentran, ya que desconfían del Estado y de la presencia del narco en la región, los cuales muchas veces no se sabe distinguir. “Ellos cuidaban vacas. Eran parte de un rancho que se llama Agua Caliente. Iban por unas reses para las fiestas tradicionales del siguiente pueblo, que se llama Bataconsica, que está a cinco kilómetros de nuestro pueblo que se llama Loma de Bácum”, dijo Felipe.
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Por Avispa
Por Paolina Albani y Carlos Choc. Con información de Elmer Ponce y Nelton Rivera. Edición Héctor Silva / Prensa Comunitaria
En portada: Río Salinas, Sayaxché Petén. Comunidad Pico de Oro. Foto de Nelton Rivera
La fuerte lluvia azota la lancha en la que viajan cinco hombres de mediana edad esta tarde-noche de noviembre de 2020. Intentan llegar al caserío Pico de Oro, una comunidad guatemalteca cerca de la frontera con México, en el selvático departamento de Petén. Los hombres y la lancha pierden el rumbo: la tormenta ha desbordado el río por el que navegan, el Salinas, y no encuentran la orilla. El Salinas, hoy, se extiende unos 500 metros fuera de su cauce en ambas orillas, la guatemalteca y la mexicana.
Después de bregar con las aguas por un buen rato, los hombres logran llegar. Nada está como lo dejaron. Todo está en silencio. Desde la lancha y, en medio de la noche, solo alcanzan a ver las siluetas de los techos de paja y lámina de la escuela comunitaria y de la iglesia. Lo demás está bajo el agua. En menos de 24 horas, la tormenta Eta ha cambiado las vidas de los cinco hombres y de otras 17 familias. Esta es la primera de dos inundaciones: el agua no se retirará de aquí en tres meses.
Pico de Oro es una comunidad de parcelarios que existe desde 1975, habitada por 22 familias. Las primeras se instalaron en la década de los ochenta, atraídas por la fertilidad de la tierra. Cuarenta y seis años después, la comunidad vive sin agua potable, energía eléctrica, teléfonos, tiendas o centros de comercio al alcance. Allí viven y cosechan los productos que venden en los poblados cercanos.
A escasos metros de la comunidad inician los cultivos de palma de aceite de Tikindustrias, S.A., una sociedad anónima fundada en 2004, y se extienden 527 hectáreas a la redonda. Es como si las comunidades estuviesen rodeadas por 380 campos de fútbol. La empresa ha comprado las tierras circundantes a varios comunitarios y ha vedado el paso a los parcelarios que permanecen en el lugar. Sin el permiso de Tikindustrias, nadie puede entrar o salir por tierra: la comunidad ha quedado encerrada por el río y por la plantación.
La solución que los pobladores proponen es sencilla: construir una carretera que les permita conectarse con el mundo. El problema es que las tierras de los palmeros son las únicas disponibles para hacer el proyecto. Un rotundo no ha sido su respuesta. La empresa les ha hecho una contrapropuesta: dar el derecho de paso a cambio de vender sus tierras.
Centro de la comunidad Pico de Oro. Sayaxché Petén. Foto Nelton Rivera
En la madrugada del 18 de noviembre de 2020, César Martínez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Pico de Oro, sale de su vivienda. En ese momento, el río Salinas está calmado y su cauce corre a unos 10 metros de su casa, como normalmente lo hace, pese a que ha llovido ininterrumpidamente por más de 30 días.
Camina bajo la lluvia para tomar una lancha hacia el pueblo “Lo Veremos”, a una hora de distancia de la comunidad. Allí toma un picop que lo lleva hasta el municipio de Sayaxché en un viaje que puede tomar entre 40 minutos o dos horas, dependiendo del estado de la carretera.
Martínez tiene una reunión con la Municipalidad de Sayaxché, a la que pertenece Pico de Oro y con Tikindustrias, que las autoridades han insistido en llamar una “mesa de diálogo”. Esta es la tercera vez en dos años que los comunitarios intentan introducir la idea de un proyecto para una carretera. La espera se ha alargado más de un año por la pandemia de COVID-19.
Más de doce horas después, César Martínez regresa a la comunidad acompañado de los otros miembros del COCODE y encuentra todo lo que conoce bajo de agua. Salta de la lancha hacia la única ventana del segundo nivel de su casa de madera. Baja lentamente los pies y patea el agua mientras camina por la habitación. A pocos pasos está su familia, que ha reunido todo lo que tiene sobre las camas para evitar que se moje. Él, su esposa, padre e hijos, en total 10 personas, permanecerán 22 días encerrados en las dos únicas habitaciones secas.
Los días pasan y la lluvia no para. La inundación aumenta y el agua los alcanza. “Como el río iba creciendo… solamente por una ventana sacamos unos costales de maíz, ya cuando le estaba llegando el agua. Un concuño mío me hizo favor de llevarlos a un montículo, para que no se me fueran a mojar”, cuenta César Martínez. La tormenta ha sido despiadada; cubre los montículos y quienes han llevado allí sus pertenencias para salvarlas las han perdido.
“Como a las 7:00 de la noche empezó una gritazón de la gente que vivía en los lugares donde no había lanchas y no se podían trasladar. Gritaban para que los salvaran. Mucha gente perdió sus animales, sus casas. -La tormenta- se las llevó con todo. Las familias solo se quedaron con la ropa que tenían encima. Fue duro”, cuenta Dorita Estrada, una de las vecinas. “Muchos dicen que hasta lloraron porque perdieron todo. Esperamos que no vuelva otra igual”, agrega.
Las inundaciones no son una novedad para Pico de Oro. Su ubicación geográfica los ha predispuesto a que cada 3 o 4 años ocurra un evento similar, pero el último que había dejado sus casas completamente inundadas fue la tormenta Mitch, en 1998. Desde entonces, las crecidas del río, y de un arroyo llamado San Román, han logrado ser controladas y las pérdidas han sido mínimas debido a su corta duración.
En 23 años, no había pasado nada igual al Mitch. Hasta ahora.
Cesar Martínez. Presidente de la Comunidad Pico de Oro. Foto: Nelton Rivera
“Se perdieron la mayor parte de las cosechas. Perdí siete toneles de frijol, 50 sacos de maíz y abono en bulto. Mucho se perdió. Camas, roperos. Fue de volada. Nos quedamos perdidos en esta desgracia. Menos de vidas. Allí no hubo pérdidas, pero sí de cosas. Estamos y fuimos olvidados”, dice Felipe Estrada Marroquín, uno de los propietarios de las parcelas en Pico de Oro y Secretario del COCODE del lugar.
Apenas un mes después de la inundación, las 22 familias han dejado atrás el albergue improvisado por la Iglesia Benemérito de las Américas, ubicada en el lado mexicano y han regresado a sus casas. El agua todavía no se ha retirado completamente y las personas han tenido que caminar a lo largo de la comunidad con medio cuerpo sumergido.
Felipe Estrada cuenta que regresaron para cuidar sus cosas, pero algunos encontraron que no tenían a dónde regresar; la corriente ha ladeado las construcciones más débiles.
“La motocicleta, mi hijo la puso sobre unas tablas. Le puso unos trozos debajo y se dio vuelta. Allí pasó la inundación. El agua había subido como dos metros o metro y medio. Cuando se escuchó que la segunda inundación sería más grande, entonces conseguí que un amigo me hiciera un viaje hacia Zaragoza, un lugar alto donde no hay inundaciones. Allí mandé a mi familia, a una iglesia evangélica de un pastor que es amigo mío. Allí estuvieron durante la segunda tormenta. Me quedé solito cuidando mi casa porque como dice el dicho: ‘unos con la pena y otros con la repepena”. Porque hay gente que viene de otro lugar en lanchitas y se llevan las cosas de valor. Entonces uno cuida lo poquito que tiene”, comenta César Martínez.
Diálogo de sordos con los palmeros
Pico de Oro es, en realidad, una isla en la tierra. Está limitada al oeste por el río Salinas, como se llama ahí la porción del caudal que viene de la presa Chixoy, en Alta Verapaz, que luego se convierte en el Usumacinta y está rodeado por los demás flancos, por 520 hectáreas de palma de aceite, propiedad de Tikindustrias, que cultiva del lado de Guatemala desde hace 17 años.
La finca en la que la empresa estaba asentada incrementó su extensión original en los últimos cinco años y ahora es 22 veces más grande, según la última actualización de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas, en 2019. De acuerdo a datos de Grepalma, en Guatemala hay 180 mil 612 hectáreas cultivadas con palma de aceite. De ellas, 16 mil 479 hectáreas han sido deforestadas para dar espacio al cultivo.
Todo el comercio y movilidad de quienes aquí viven tiene que ser por agua, porque Tikindustrias no permite a los pobladores utilizar sus terrenos. Eso, en tiempos de tormentas e inundación, puede ser una condena.
Este escenario motivó a que el día de la primera inundación, César Martínez y su comitiva viajaran a Sayaxché para plantear la construcción de la carretera, pero la industria se negó. Pese a la emergencia que ocurriría horas después de aquella reunión, los comunitarios eligieron no solicitar la ayuda de los palmeros con el paso por sus tierras y prefirieron evacuar por lancha con ayuda de las autoridades mexicanas.
La relación entre los comunitarios de Pico de Oro y Tikindustrias se tornó problemática cuando los parcelarios se negaron a vender sus tierras y, más aún, desde que los palmeros se enteraron de las intenciones de la comunidad por construir un camino.
Plantaciones de Palma de aceite. Foto Nelton Rivera
Meses antes, había ocurrido este intercambio con un representante de los palmeros, según contó el presidente de Pico de Oro: “Si alguien pasa por allí y alguien aparece muerto, no vayan a culpar a la palma porque la palma no es responsable de nada”, les dijo un representante de la empresa. Como autoridades, sospechamos y tuvimos miedo. En la comunidad nadie pasa por ese camino”, cuenta César Martínez.
Quienes quedan en Pico de Oro son los vecinos renuentes a vender sus tierras, porque saben lo que valen y no quieren aceptar los dos mil quetzales que la palma les ofrece por parcela, cada una mide aproximadamente 60 metros de ancho y 45 metros de largo.
“Aquí están los patrimonios. Es la vida completa. Si lo hacemos -irse- ¿a dónde vamos?, ¿Qué será de nosotros? Lo que le den a uno por el terreno no es nada. En cambio, el patrimonio es todo el tiempo. De eso vivimos. De eso comemos. Hemos luchado”, explica Felipe Estrada cuando responde a la posibilidad de buscar en otro lugar.
Quienes aquí viven saben que estar cerca del río tiene ventajas: el Salinas puede ponerse bravo, pero sigue dando vida a la comunidad. El río también los cuida.
“Si no lo tuviéramos estaríamos tronados. Ya nos hubieran sacado los de la palma. Han intentado, pero no pueden porque tenemos al río”, asegura Felipe Estrada.
“Es una bendición tener el río cerca. El agua no nos hace falta”, señala Dorita Estrada.
Las reuniones con los palmeros han sido infructuosas hasta ahora. Tikindustrias propuso a la comunidad tres alternativas que los dejan igualmente afectados: permitirles el paso de un solo vehículo, darles una lancha acuática para trasladar a las familias hasta la comunidad de Lo Veremos o vender sus terrenos y mudarse a un área más segura.
La municipalidad actúa como mediador en este proceso, pero pasa por alto ofrecer otras soluciones que favorezcan a Pico de Oro como: un nuevo lugar para vivir.
A mediados de mayo, las autoridades del COCODE propusieron justamente eso: que el Estado guatemalteco les compre una caballería que se encuentra a 3 kilómetros de distancia de la comunidad. Un terreno que es lo suficientemente amplio para dar cabida a las 22 familias y que se encuentra a una altura superior a su comunidad.
“Allí no habría necesidad de construir una calle porque ya hay una”, asegura Felipe Estrada.
La propuesta surgió en un momento de tensión en la comunidad, pues César Martínez decidió abandonar la presidencia del COCODE para dedicarse a su salud. Hace 10 años sufrió un accidente que lo dejó inconsciente por más de un mes y, desde entonces, sufre las secuelas. Algunos miembros de la comunidad tienen miedo de que este alejamiento sea producto de la influencia de Tikindustrias sobre su líder, pero él aseguró que no es así y que pretende regresar cuando se restablezca.
Pico de Oro, además, tiene otro problema: no es reconocido por la municipalidad como caserío y la falta de nombramiento legal representa un impedimento para que puedan gestionar cualquier proyecto como la instalación de la red de cableado eléctrico.
Tikindustrias sigue sin pronunciarse. Se les contactó a un número que aparece en el directorio de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), a la que están asociados, pero al momento de llamar se identificaron con el nombre de otra empresa. La mujer que atendió la llamada proporcionó otro número de celular en donde respondería el responsable de Tikindustrias, pero en ese teléfono nunca atendieron la llamada.
Lo cierto es que la industria se ha vuelto hermética desde 2012, cuando la empresa productora de Palma de aceite, Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA) derramó Plaguicida Malatión en el río La Pasión y provocó el ecocidio de miles de peces, cangrejos, tortugas, entre otros animales marinos. A la empresa se le abrió un proceso legal, pero nunca llegó a nada.
A pesar de esto, la industria no necesitó abrirse para ser bien acogida por las autoridades guatemaltecas. El 18 de diciembre de 2019, el Ministerio de Ambiente le entregó un reconocimiento “por su compromiso y trayectoria en el manejo y conservación de la fauna silvestre reconocido públicamente”.
Comunidad Pico de Oro. Previo a la asamblea informativa. Foto Nelton Rivera
Tan lejos del Estado
Pico de Oro está mucho más cerca de sus vecinos mexicanos que del Estado guatemalteco, que nada hizo para atender la devastación que aquí dejaron las tormentas del año pasado.
Los pobladores de Pico de Oro se dedican a la siembra de maíz, frijol, ayote, chile y pepitoria. Son pocas las familias que tienen lanchas. La de César Martínez era una de ellas, pero la perdió con el paso de las tormentas Eta y Iota. Las lanchas, cayucos y ferris juegan un papel importante, no solo en el desarrollo económico de la comunidad, sino como única alternativa de transporte y comercio hacia los poblados vecinos.
El poblado solo cuenta con una escuela primaria en la que enseña un maestro mexicano y una iglesia evangélica que es el centro de la comunidad. Pico de Oro no tiene centro de salud, tiendas, servicio de agua potable o una conexión a la red de energía eléctrica nacional. Por eso, los pobladores acuden a México para ser atendidos por un médico, beben agua de un pozo comunitario y quienes tienen energía es gracias a unos paneles solares que les fueron donados años atrás.
“Tuvimos la oportunidad de contactarnos con el Alcalde de Pico de Oro. Fuimos a supervisar la zona y cómo estaban de afectados. Nos comentaron que allí no estaba llegando ayuda. Los habitantes de esta comunidad estaban aislados en algunos lugares altos. Un día llegamos con unos hermanos de la iglesia”, relata Jesús Sánchez Hernández, pastor de una iglesia evangélica de la comunidad Benemérito de las Américas, un poblado mexicano ubicado a unos 30 kilómetros de distancia.
“Nos preocupó mucho Pico de Oro. Cuando pasaban dando ayuda -las autoridades mexicanas-, les pedían credenciales. Si tenían credenciales mexicanas les daban alguna despensa. Nosotros nos dimos a la tarea de llevarles ropa, despensas y agua potable. El gobierno de su país no les había proporcionado ninguna ayuda. Estaban tristes y preocupados porque cómo le iba a hacer para cuando regresaran. Ya no iban a tener nada”, refirió Jesús.
El pastor mexicano resume bien la actitud del Estado guatemalteco hacia los habitantes de Pico de Oro: “Las familias están confiando, están esperando, que sí les llegue alguna ayuda. Cuando menos sería bueno que supieran que existen estas comunidades. Para su gobierno no existen. Que sepan que están desolados y desatendidos. Ellos están resignados. Solo se enfocan en salir adelante”.
Así han vivido siempre, como una isla independiente. Las únicas veces que el Estado guatemalteco se ha hecho presente es en la época electoral. Después de las tormentas, los comunitarios mostraron su molestia por el abandono. Aseguraron que están hartos de los ofrecimientos de los políticos que los seducen con promesas proyectos y desarrollo, pero siempre los olvidan. Esta vez, dicen, ya no se dejarán engañar.
“Estábamos contentos porque había una bonita cosecha de maíz. Estábamos esperando que secara para poder cosechar y venderlo”, cuenta el presidente del COCODE. “Estábamos esperando a que bajara la lluvia, para poder tener un mejor precio y para que los maíces llegaran a punto. En eso se presentó la primera tormenta que fue la Eta. Lamentablemente, solo algunas personas lograron sacar los sacos de maíz para sustento. Unos nos quedamos sin maíz, sin gasto y mucho menos para sacar a la familia adelante”, añadió.
La respuesta del Estado no fue eficiente. El Ministerio de Agricultura y CONRED llegaron a la comunidad para registrar las pérdidas, llevar semillas y una que otra bolsa humanitaria, además de colchones. CONRED, específicamente, revisó la condición en la que las viviendas quedaron tras la inundación de tres meses e identificó que solo cuatro de ellas quedaron con daños severos y que podrían ser reconstruidas. Para el proyecto de reconstrucción el Gobierno ha dicho que destinará 385.8 millones de quetzales.
Las casas de Pico de Oro aparecen en el listado de las 2 mil 696 viviendas con daños severos que serían priorizadas para la reconstrucción, de acuerdo a información de CONRED. Falta saber si el Ministerio de Comunicaciones cumplirá con la reconstrucción en la comunidad, ya que cada familia deberá de llenar una serie de requisitos como tener título de propiedad y que el terreno esté en un área libre de riesgos, de acuerdo a lo indicado por Carlos Armendáriz, viceministro de vivienda. Además, los alcaldes de cada municipio deberán crear un expediente por cada comunidad para que el Gobierno proceda.
El modelo de las casas nuevas consistiría en dos habitaciones, un baño y un ambiente compartido para sala, comedor y cocina en un espacio de 32 metros cuadrados. Las viviendas serán construidas con block y lámina y cada una tendrá un costo de 35 mil quetzales. Las familias podrán elegir entre un terreno o una casa, pero la reubicación, en caso de elegir un terreno, dependerá de la disponibilidad de lotes y que estos sean evaluados como seguros, indicó Armendáriz.
Mientras tanto, en el Congreso se libra una batalla totalmente distinta, que también tiene que ver con lo que pasa en Pico de Oro. Esta batalla legislativa nada tiene que ver con la protección de las comunidades, sino de los recursos naturales y, enfrenta a los diputados conservadores y a los liberales. Los últimos proponen a través de la iniciativa 5843 que reformaría la Ley Forestal, que se prohíba la deforestación de hectáreas de bosque para sembrar palma de aceite sin contar con una licencia extendida por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y, que quienes incumplan la normativa serían sancionados con prisión de cinco a diez años o con multas de medio millón a un millón de quetzales.
En Pico de Oro, el 90 % de los comunitarios permanecerá en la misma casa que las tormentas casi se llevaron. Eso sí las cuatro familias consiguen que sus viviendas sean reconstruidas por el Gobierno.
Comunidad Pico de Oro. Foto Nelton Rivera
La casa de César Martínez conserva un fuerte olor a lodo. En las paredes de madera todavía es visible la marca que el agua dejó como un recordatorio de lo vivido. Los pilares quedaron al descubierto, algunos de ellos están podridos y no podrán soportar el peso por mucho más tiempo. El resto de la estructura también está dañada. Su casa, que construyó con sus propias manos después del Mitch, no será una de las elegidas para ser reconstruida. Para esta comunidad, no hay desastre natural ni emergencia que haya valido para que el Estado solucione el encierro y abandono en el que viven por el Salinas y la industria palmera.
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Por Sare Frabes
En portada: Acción para exigir justicia por el asesinato de Sergio Rojas ocurrido en 2019.
Integrantes de distintos pueblos originarios, partícipes de procesos de recuperación de tierras en la región sur del país, denunciaron que solo en el año 2020 registraron 86 agresiones en su contra.
Estos datos se desprenden del Informe de agresiones y violaciones a los derechos humanos contra los Pueblos Originarios de la zona sur de Costa Rica; Enero – Diciembre 2020, presentado la semana pasada.
El documento señala el amedrentamiento y hostigamiento de finqueros, peones y otros actores, invasiones a recuperaciones, amenazas de muerte, incendios provocados y el ingreso de ganado a recuperaciones, todas acciones que forman parte de las agresiones y ataques que sufrieron los pobladores indígenas de la zona sur de Costa Rica.
Menores en frecuencia, pero no menos graves se encuentran el homicidio y el intento de homicidio. El 2020 atestiguó el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, segundo líder indígena asesinado en menos de un año, después del homicidio de Sergio Ortíz.
El informe también denuncia el caso de Minor Ortiz Delgado, del Clan Tubolwak, quien sobrevivió a un intento de homicidio en su contra.
El informe contextualiza el escenario en el cual se incrementaron las agresiones. Este responde al reinicio de procesos de de recuperación de tierras-territorios por parte de los pueblos originarios de la zona sur, acciones que además cuentan con sustento legal derivado de la Ley Indígena, incumplida desde 1977.
Por ello, hace 10 años el pueblo Bribri de Salitre realizó una serie de recuperaciones de tierras dentro de su territorio, las cuales habían sido usurpadas y explotadas por terratenientes no indígenas. Con el transcurso de los años, estas recuperaciones de tierras-territorios son realizadas por más pueblos, tales como el Bribri Iríria Sá Ká (conocido como Cabagra), Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y Yimba Cajc (conocido como Curré).
Recuperador@s en la tierra Cabécar de China Kichá.
“Estos 10 años de resistencia directa han sido respondidos con violencia racista, patriarcal y colonial por parte de los terratenientes, cuyas fincas fueron recuperadas o por quienes se han visto amenazados con una recuperación de sus fincas. Así, los Territorios Indígenas han sido el escenario de un choque directo de visiones del mundo: la de los Pueblos Originarios y la de los terratenientes”, señala el informe.
Por su parte, días antes a la presentación del informe, el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) señaló la campaña racista y de odio contra el Movimiento Autonomista y de Recuperación de Tierras Indígenas en Buenos Aires.
“En la medida que el proceso de Afirmación territorial se fortalece y aumenta, también ha crecido la violencia, en sus métodos y en sus autores intelectuales, físicos, directos e indirectos, así como sus cómplices y acompañantes”, denunció la organización indígena.
De acuerdo a la organización indígena, este señalamiento se da en un contexto de violencia racista, la cual señalan como responsable por la promoción de agresiones y el abierto llamado para atacar las comunidades y desalojarlas, así sea mediante el asesinato de l@s recuperadores.
Debido al riesgo para las comunidades indígenas, desde abril del 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida cautelar para obligar al estado de Costa Rica el “garantizar la vida y la integridad personal del pueblo indígena Teribe (o Térraba) y del Bribri de Salitre”.
No obstante, el promedio de agresiones contra las comunidades durante el año 2020 fue de mas de 7 ataques por mes.
Las agresiones
Para la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), el informe proviene de la necesidad de construcción de la memoria colectiva y popular y para enunciar los procesos de denuncia y exigencia de justicia para las comunidades originarias.
“El informe responde a un esfuerzo minucioso, veraz y serio de parte de todas las organizaciones que forman parte de la CLSS (…) y pretende ser un grito de justicia. A través de la sistematización y la construcción de datos duros se evidencia el alto riesgo en el que se encuentran los Pueblos Originarios”, compartió Nery Chaves García, autora del informe, durante la presentación del documento.
Entre los datos que resaltaron durante la presentación del informe se encuentra que, en 24 casos de violencia contra l@s recuperadores, están involucrados agentes de la Fuerza Pública.
Un ejemplo es lo ocurrido el 4 de octubre del 2020, cuando “la Fuerza Pública presente en Yuwi Senaglö realizó un operativo en condiciones extrañas y que evidencia un ataque del ente policial contra las personas cabécares que se encuentran en el terreno recuperado desde el pasado 28 de septiembre”.
Entre las agresiones de los elementos policiacos se encuentran el arresto, así como el abuso de autoridad en contra de l@s recuperadores indígenas. También, el informe enfatiza que actualmente existen 14 personas de pueblos originarios amenazadas de muerte.
Incendio de casas en la recuperación de Kerpego, territorio China Kichá, uno de os ataques mas graves en la escalada de violencia contra recuperador@s ocurridos entre febrero y marzo del 2020.
Los datos consignados en el documento fueron recolectados mediante un monitoreo de agresiones que realiza la CLSS, la cual trabajó junto con el apoyo de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö y Asociación Voces Nuestras.
También se utilizó información brindada por diversos grupos y comunidades que son parte de procesos de recuperación de tierra– territorio en la zona sur de Costa Rica.
“A través de esta sistematización y clasificación, fue posible identificar los picos de violencia durante el 2020, las principales formas de agresión contra los Pueblos, la frecuencia en cada uno de los Territorios Indígenas y los actores más importantes en las agresiones. Estos datos pretenden aportar a la discusión política del conflicto existente en los Territorios Indígenas de la Zona Sur, pero sobre todo a demostrar evidencia popular y organizativa del profundo riesgo que acecha a los Pueblos Originarios”, resaltaron durante la presentación del documento.
Finalmente, Gustavo Oreamuno Vignet, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, señaló que todos los crímenes realizados por particulares, así como las violaciones a los Derechos Humanos en los que incurrió el Estado de Costa Rica, hasta en la actualidad se encuentran impunes.
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Se completaron DOS MESES de digna rebeldía en las calles, de resistencia organizada por el pueblo y para el cambio… Colombia se cansó de la opresión histórica, la inequidad, la mentira, la guerra y la muerte… Colombia se levantó porque despertó y se empoderó desde el cuidado colectivo… Nunca olvidaremos… Siempre recordaremos… Nos dimos cuenta que es estando juntxs, todas y todos en nuestra diversidad, que lograremos cambiar este país!
Luego de dos meses, del 28A al 28J, seguimos unidxs, fortalecidxs, organizándonos en todos los lugares, desde la casa hasta los espacios asamblearios de los puntos, barrios, ciudades…
Van DOS MESES de resistencia, de aguante, de aprendizaje… Aunque ya hemos sentido en el campo el dolor desgarrador que genera la guerra, hoy admiramos a la juventud que se levanta al calor de todas y todos, en lucha, aguante y resistencia, desde los barrios, las periferias, los territorios olvidados en las ciudades, para dejar al descubierto que nos gobierna, la tiranía y la injusticia. Familias de ricos, narcos y políticos herederos que solo saben de genocidio y saqueo, se niegan a soltar el poder y no les importa matar generaciones y pueblos, engendrar hordas paramilitares, vender el país y desangrar a su gente y su naturaleza, para mantener su establecimiento… los malos gobiernos hoy después de 2 meses de paro siguen en guerra contra el pueblo. ¡Por eso Colombia sigue resistiendo! por eso y por nuestrxs muertxs no descansaremos…
¡Hoy todo es mucho más claro para todxs! Hagamos parte de este cambio, es por todxs lxs que se fueron antes de ver la transformación o que no han regresado a casa, es por los derechos de todas y todos, es por nuestrxs hijxs, por los sueños de un territorio en paz y con dignidad.
Siempre recordaremos cada semilla que el paro ha sembrado y nunca olvidaremos toda la zozobra que el estado continúa entregándonos al pueblo por exigir lo digno:
Y, después de todo, ¿cómo es, cómo sería, Puerto Resistencia?
Cómo empezar esta pequeña historia, dentro de la gran estructura narrativa llamada Paro Nacional 2021 en Cali. ¿Qué contar que no haya sido ya contado, gritado y denunciado?. En las últimas semanas hemos sido testigxs de episodios de violencia generalizada que nos hacen recordar otras épocas que se pretendían ya muertas en el país. Y nos entristece pensar que el sentimiento de cansancio y hastío de una generación de jóvenes y recién ingresadxs a eso que llaman “adultez” ha generado tanta barbarie. Nos duele que se haya desplegado tanta violencia ante las personas que tienen la sensación de que no hay justicia, ni pan, ni salud… no hay respeto a la vida, ni a la opinión disonante… no hay futuro.
En algún lugar leímos alguna vez que cuando se siente tristeza, el plexo solar, esa ramificación de nervios que tenemos en el tórax y que asemeja a una galaxia en expansión, provoca una sensación de dolor físico sobre el pecho, una sensación de vacío en el estómago, y nos da vértigo cuando la emoción nos abruma. Ya vemos que esa frase de “nos duele el pecho de la tristeza”, tiene su basamento científico después de todo.
Nos duele el pecho que ante la esperanza, la utopía, la solidaridad y la belleza de este pueblo, hayan desatado tanta violencia institucional que justifica otro tipo de violencias ya naturalizadas: civiles disparando desde camionetas y motos, desaparición forzada, mujeres violentadas, madres desesperadas, barrios, veredas y ciudades enteras asoladas por una barbarie de sangre que no entendemos bien de dónde viene.
¿Cómo le hacemos frente a esto ahora? Es una pregunta que nos ronda la cabeza desde hace días, semanas. Muchas parecen ser las fórmulas, algunas parecen esconder retiradas y derrotas, otras nos suenan razonables y las celebramos, otras no parecen soluciones de ningún tipo. Lo que sí es seguro es que no podemos seguir apostándole a un centralismo de las respuestas. Es la intuición que hemos venido recogiendo en varios puntos: ningún lugar es igual a otro, ninguna reivindicación puede pretender unificar a las otras. Todos los territorios son diferentes y merecen ser escuchados de manera diferenciada. Todas las historias son válidas y no hay réplicas únicas para darles a esos miles de oídos desvalidos y atormentados.
Este pequeño escrito pretende enfrascarse en esa reflexión, sin querer dar soluciones (porque no las damos) o respuestas finales ante tanta zozobra. Es una crónica, somera y sin ínfulas de exactitud, sobre pequeños sucesos que ocurrieron la semana pasada -del jueves 10 al martes 15 de junio- en Puerto Resistencia y algunos otros puntos en Cali; una crónica que habla desde el vacío en el estómago y el dolor en el pecho, desde el vértigo que nos han producido estos casi dos meses de resistencia barrial y callejera. No nos gusta el periodismo que sólo recoge datos y cifras, que acumula chivas noticiosas y va dejando huecos sin rellenar, preguntas sin responder y necesidades urgentes de la gente sin problematizar. Creemos firmemente, y don Jose Alberto Tejada es un claro exponente de ello, que en este país el periodismo debe ser político y afirmarlo claramente y sin miedo, tomar partido, buscar soluciones, proponer caminos, ser activo, no neutral u objetivo. Debe ser un periodismo desde la gente y para la gente. Eso nos gusta más y nos perdonarán si esta crónica tiene mucho de eso y poco de objetividad.
Por ende, les pedimos que nos disculpen si no ven aquí una denuncia a la delincuencia en los barrios “que ha provocado el Paro”, o si no ven aquí la queja de ciudadanos por la movilidad y la escasez de alimentos, o de los empresarios por no poder trabajar. ¿Que han habido ataques a la Policía, a bancos y estaciones de transporte público? Sí, los ha habido. ¿Que han habido casos poco esclarecidos sobre distintas confrontaciones internas entre muchachxs y bandas en los puntos? Sí, también ha habido eso. Pero no hablará esta crónica sobre todo aquello, porque no es eso lo único que deja el Paro Nacional después de 60 días. Para eso están RCN y Caracol, expertos en mostrar “lo decadentes” que son los barrios populares, pero “lo bien que está el país”, lo sabroso que juega Cuadrado o lo áspero que pedalea Bernal en el Giro. ¿Que estamos parcializadxs en nuestra narrativa? Sí. ¿Que idealizamos la movilización y el Paro? Lo hacemos, aunque no desconocemos las riñas internas que han habido, los encontronazos entre colectivos y organizaciones, los tropeles entre lxs pela’xs en el pedazo, las denuncias de violencia de género en los puntos y el cansancio que hay ante la normalización de los bloqueos. No nos gusta contar mentiras, pero tampoco nos gusta atacar el esfuerzo de la gente con argumentaciones sacadas de un escritorio en Bogotá o de un gabinete en Cali. Y bueno, basta de disculpas… a lo que vinimos.
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Cali, 13 de Junio 2021
Hoy no es un día cualquiera:
Cali diversa y pluricultural demuestra la potencia de la juntanza, envía un mensaje: no necesitamos de sus estructuras, de sus contratos ni de sus bajos salarios para la transformación de nuestro territorio, nuestro pedazo. Abrazamos el puño en alto con danza, con memoria, con el recuerdo de lxs que ya no están, con minga, con punk, con alabaos, con familia, cuidado y festival. Vemos realizado nuestro sueño de monumentos nuevos, de símbolos propios, de un barrio de colores para nosotrxs y por nosotrxs. En Puerto Resistencia el puño está en alto, la resistencia tiene su monumento…
Después de 48 días de paros, bloqueos, marchas, movilizaciones, asambleas, talleres de arte, universidad a la calle, chapas, escudos, memorias, muertxs, desaparecidxs y heridxs… después de todo eso, hoy Cali no será la misma porque todas esas expresiones que habitaban los rincones se cansaron de vivir entre sombras, exigieron su lugar en las esquinas, barrios, avenidas y la ciudad entera tuvo que entender que era más que caña y ají: Cali se dio cuenta que es un pueblo multicolor que ha resistido los embates de la injusticia social por siglos, que ha resistido el hambre y el silencio, que resiste las balas y el desprecio institucional, que sabe cómo resistir, cómo encapucharse sin ser una amenaza, cómo pelear al desgaste, cómo aguantar. Que sabe resistir. Todo eso está plasmado en este puño de imágenes, hitos vueltos graffitis, personajes hechos memoria, arte vuelto escultura, discurso político hecho monumento. Un monumento que brilla en la oscuridad y que nos invita a escribir en los anales de la historia que bastaron 48 días para darnos cuenta como ciudad lo que somos, el valor de nuestra verdadera esencia: una red de ansiedades juntas que entendimos que sólo resistiendo nuestra voz alcanzará su luz y retumbará en los oídos de quienes sólo creen que acá sólo hay salsa… Bienvenidxs a Cali, Sucursal de la Rebeldía, y a su capital, Puerto Resistencia…
(#MediosLibresCali)
Que todo el mundo te cante:
Hoy asumo yo, es el día de la victoria en Cali, en mi Distrito, en el que será el lugar más mágico y legendario en la sucursal del aguante: Puerto Resistencia.
Hoy el barrio firmó su sello histórico, su memoria para la eternidad. Hoy millones de voces se inmortalizaron. Cali tendrá un nuevo paseo turístico. El paseo de la memoria y la lucha.
La gente irá a PR y sabrá que además de salsa y alegría habrá quienes cuenten que se enfrentaron con palos y piedras, que se picó tomate y cebolla como nunca, que la leña ardió tanto como cada corazón en plena lucha, que muchos se graduaron de médicxs y enfermerxs en el ejercicio de salvar vidas a diario ante la inclemencia del asesino, que otrxs tantos, se graduaron de la escuela y la universidad que se trasladó a la calle, que de politólogxs se llenó esta generación, que las Ciencias Humanas dejaron verse también en acción, que la banda sonora de la resistencia contempló el sonido de una trompeta, un saxofón, marimba y zampoña, todos debidamente combinados pues han sido los sonidos de los pueblos que tras su paso enseñaron que la digna rabia también crea su propia música.
La gente va a conocer a Cali nuevamente, la Cali del puño levantado en PR en el Oriente, pues ya no es más la Cali del Gato de Tejada en el Oeste, ese recuerdo será anacrónico y quienes hayan conocido la otra Cali, se verán obligadxs a conocerla de nuevo. Que ya no está el tal Sebastián porque la lucha milenaria lo derribó el primer día de revuelta.
Señoras y señores tengo la fortuna de haber nacido en Cali, en un barrio de la Comuna 13. De haber estado en la construcción de lo que fue PR antes de ser de PR y de admirar como se admira a algo divino, su grandeza hecha monumento… y, con amor y dolor recordaré también que no pude estar ahí, que no lo permitieron quienes en la oscuridad se esconden, pero que ni así, me quitaron lo bailado, pues mis compas y amigxs, panas y futurxs hermanxs están bailando por mi, aún sin que lo sepan, porque mi corazón ya no es solo mío, ya es de todxs quienes luchan y han luchado.
Bienvenidos y bienvenidas ahora sí, a CALI, SUCURSAL DE LA RESISTENCIA y a lo que sería su capital si fuese republica independiente: Bienvenidxs a PUERTO RESISTENCIA.
¡Salud!
Hemos vencido.
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Se han venido conculcando en el país, una porción tras otra, las pocas conquistas democráticas que tanto han costado. El estado de derecho se resquebraja en manos de una plutocracia autoritaria y con oscuros nexos que hace varias décadas desplazó a las conniventes élites políticas tradicionales. No que éstas fueran mejores, pero al menos habían espacios para el logro de reformas y mejoras materiales para la población. Ahora ya ni atisbo. Desde el desmonte de la economía nacional, aupado por el modelo neoliberal y los desiguales términos de intercambio impuestos por el TLC con los Estados Unidos, el empobrecimiento del pueblo colombiano ha sido galopante hasta colocarse entre los mayores del mundo. En América Latina sólo nos supera Haití. Una vergüenza.
En 1999, el ex ministro de Estado y Gestor de Paz, Gilberto Echeverry Mejía, advertía sobre las fatales consecuencias del modelo económico neoliberal. Palabras premonitorias: “El principal problema de Colombia no es la guerrilla. Es una bomba de tiempo, que amenaza con estallar en Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla, conformada por una gran masa de jóvenes que nunca han tenido oportunidades educativas, ni de empleo ni de integración social. Ellos saldrán de sus barrios y comunas, avanzando hacia los centros comerciales, almacenes de cadena y grandes negocios, arrebatando, lo que nadie les ha ofrecido. Por tanto, dirigentes políticos, gobernantes, empresarios y líderes sociales, si no resuelven estas inequidades y carencias estructurales, este es el futuro que nos espera”.
Dos décadas después de las premonitorias palabras de este lúcido empresario antioqueño, ese anunciado futuro ya es nuestro presente: duro, convulso y esperanzador. El 28 de abril explotó la digna y soñadora rabia de los jóvenes colombianos, el mayor y más valeroso contingente de las multitudinarias manifestaciones de protesta en la vasta geografía del país. Desde el Bogotazo del 9 de abril de 1948, a raíz del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, y por supuesto de mayores dimensiones, no habíamos tenido un sacudimiento tan profundo de rebeldía social contra un régimen que rebosó la copa, con medidas antipopulares como la reforma tributaria, la reforma de la salud y la reforma de pensiones, amén de las multimillonarias transferencias de recursos al sector financiero y a las grandes empresas so pretexto de salvaguardarlas en tiempos de pandemia. A lo que se suma la corrupción de más de 50 billones por año en los grandes negociados del Estado (Reficar, Hidrohituango, Isagen, Isgaura, Túnel de la Línea, Odebrecht, Electricaribe, Carrusel de contratos en Bogotá, Coopsalud, entre otras).
Raspada la olla por los poderosos, a la población ahora el régimen pretende acabarla de esquilmar aumentando los impuestos, encareciendo la salud, cercenando las pensiones y aumentando los costos de la educación, la vivienda y los medicamentos. Ahí están los móviles de tamaña explosión social. Simple y claro. Sin embargo, la élite gobernante es incapaz de interpretar lo que está pasando y, sigue, completamente errática, respondiendo con la brutalidad y el asesinato de los jóvenes en las calles y barrios de las ciudades por salir a protestar.
Estas breves pinceladas tienen tras de sí, como un iceberg, una masa enorme de asuntos que bien valen ser tratados como una contribución a la comprensión de lo que está pasando y a la búsqueda colectiva de nuevos rumbos para el pueblo colombiano. El libro recién publicado de los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales – Pensar la Resistencia– contribuye a la comprensión de tan justa y digna rebeldía. En la misma dirección, esta edición especial de La Palabra, auscultó la voz de los protagonistas en las barriadas, para brindar conocimiento de sus necesidades y reivindicaciones, tan desconocidas y nunca escuchadas. Se necesitan, solo eso piden los jóvenes y sus comunidades, formas de participación, de diálogo y análisis, que ayuden a construir salidas para superar tanta miseria e inequidad en el país. Ya no quieren más el país que ahora tenemos.
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La muerte y la zozobra buscan deshacer nuestro tejido y apagar nuestra resistencia
Boletín de Derechos Humanos Çxhab Wala Kiwe – ACIN
El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos denuncia ante la comunidad en general y la opinión pública nacional e internacional sobre el más reciente hecho de muerte en el norte del Cauca.
Esta madrugada fue asesinada la profesora y Sa’t We’sx (autoridad ancestral) del resguardo Páez de Corinto Argenis Yatacué, junto con su compañero Marcelino Yatacué Ipia. Ambos residían en la vereda Media Naranja. El doble asesinato ocurrió en la entrada del casco urbano de Corinto.
Tejido de Defensa de la Vida Çxhab Wala Kiwe – ACIN 09 de junio de 2021
Nuestra organización y camino están profundamente heridos, las lágrimas y la tristeza empañan el corazón, es inevitable que la rabia y la impotencia nos inunden. Este es el proyecto de muerte que se ciñe sobre nuestros pueblos y no da tregua. Nos han imposibilitado el duelo y la despedida. Sus balas asesinas buscan silenciar la palabra e impedir que el tejido prevalezca.
Desde hace siglos lo que nos ha movilizado ha sido el cuidado y defensa de la vida- territorio. Esto ha sido garantía de nuestra pervivencia como pueblos en el espacio y el tiempo. En medio de duros contextos hemos caminado con dignidad y valentía. Hoy con profundo dolor y sentimiento vemos partir antes de tiempo a nuestras autoridades ancestrales, comuneros y comuneras indígenas cuyas acciones estuvieron orientadas desde los mandatos espirituales y comunitarios.
Los violentos que hacen presencia en nuestros territorios han aprovechado el paro nacional y la minga hacia afuera para golpear una vez más nuestro proceso organizativo, mientras nos encontramos acompañando y asistiendo a los cambios estructurales que demanda nuestro país , actores de todo tipo buscan deshacer nuestro tejido, arrebatarnos la vida y acallar nuestra voz.
Todas las muertes que vemos son el producto de varios fracasos: El proceso de paz, los diálogos humanitarios y un supuesto proyecto revolucionario devenido en el lucro de la muerte. Esto nos muestra que además del narcotráfico existe otro interés común entre el Estado y los grupos armados, y es la destrucción de los gobiernos indígenas y su decidida vocación de paz. Hemos perdido con los hechos de hoy seis autoridades en ejercicio en los últimos cinco años.
Esta mañana fue asesinada vilmente nuestra autoridad Sa’t We’sx de Corinto Argenis Yatacué junto con su esposo Marcelino Yatacué. Sus cuerpos quedaron tendidos sobre la vía que comunica Corinto con Miranda. El doble asesinato ocurre tan solo horas después del velorio de nuestra compañera Beatriz Cano, víctima de la masacre del pasado viernes, donde también perdieron la vida los compañeros Aleida Perafán y Juan David Güegüe (autoridad del territorio ancestral Munchique los Tigres). El día de ayer fueron hallados sin vida los cuerpos de los compañeros Shirley Osnas y José David Díaz que se encontraban desaparecidos desde el día 02 de junio. Hemos sembrado siete compañeros en menos de seis días.
Aunque en estos momentos las palabras duelen como nunca, mantenemos la cabeza en alto y gritamos ¡BASTA! De ninguna manera permitiremos que nos silencien. El proyecto de muerte también fracasará, la vida y la dignidad están sembradas en los territorios y su raíz es imposible de arrancar. Nos abrazamos en estos tiempos de dolor y rabia para mañana volver a caminar la palabra.
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Fallece Beatriz Cano, comunicadora que acompañaba la resistencia del pueblo Nasa (Por Santiago Navarro, vía Avispa Midia):
Beatriz Cano era una comunicadora, que, aunque no nació dentro el territorio rebelde del pueblo indígena Nasa, lo adoptó como su propio pueblo. Porque estas tierras le enseñaron a “vivir sabroso”, le enseñaron a “ver y a vivir de otra forma”, como ella misma decía. El pueblo Nasa de Colombia hoy le llora, junto a sus demás caídos que han defendido con su sangre estas tierras ancestrales. El pasado 7 de junio, de este año 2021, la comunicadora falleció en la clínica Valle del Lili de Cali, tras haber recibido tres impactos de bala en un ataque armado, presuntamente perpetrado por el Frente Dagoberto Ramos, disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La comunicadora formaba parte del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. De acuerdo con la organización Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos, el ataque fue perpetrado el pasado 4 de junio. Los disparos provinieron de una camioneta negra contra la instalación policial, ubicada en la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao. Es así como una comitiva del pueblo Nasa, que viajaba en un Jeep, se quedó en el fuego cruzado.
Entre las victimas se reportaron cuatro comunicadores heridos: César Galarza, Beatriz Cano y su hija, Ayelén Guetio de cinco años de edad. También el comunero Floresmiro Tróchez. Beatriz y su hija, fueron trasladas a la clínica Valle del Lili, dónde posteriormente falleció la periodista. El resto de las víctimas quedaron con heridas graves, incluyendo la niña de cinco años de edad.
Durante los últimos meses han asesinado al menos a cinco indígenas de esta región. “Ella era una antioqueña que echó raíz y dejó semilla acá en el Cauca. Era alegre, rebelde, crítica, fuerte, amaba compartir café y chirrincho y no le temblaba la voz para denunciar las injusticias, hablar y rescatar las luchas y resistencias que se dan por la dignidad de las comunidades”, destacó el Consejo Regional Indígena del Cauca.
La comunicadora de corazón Nasa
En una entrevista realizada por un equipo de Avispa Midia a la comunicadora Beatriz Cano, con mucha alegría compartió sobre su llegada al territorio Nasa. Aquí se caso con un integrante de este pueblo y, también tuvieron a una niña, que con orgullo compartió, “ella si es Nasa al igual que su padre”.
Ella provenía de un proceso de comunicación urbano, pero quiso conocer al pueblo Nasa y se quedó para, “enamorarme del proceso y para defender la tierra”, dijo al equipo de Avispa Midia.
Ella aprendió que la “vida no es tan acelerada” y que en la ciudades hay presión de “cumplir tiempo y de trabajar sin vivir una vida sabrosa”.
A continuación, la entrevista completa de Beatriz Cano, realizada en 2019, durante una acción de recuperación de territorio Nasa, colonizado por el monocultivo de la caña de azúcar:
Bea Cano, una mujer que se enamoró y dejo semilla en el pueblo nasa (Texto vía Colectivos de comunicación del Norte del Cauca):
Ella llegó a nuestro pueblo como viento para avivar el fuego de esta tulpa llamada Çxhab Wala Kiwe, ella llegó se enamoró y dejo semilla. Se enamoró de la palabra y de los corazones libres, se enamoró de la lucha digna que palpita por los rincones del territorio y que da vida a la vida.
Conoció el canto dulce, digno y rebelde que se hace resistencia y se quedó con nosotros.
