(Español) Ixcán: tensión por el espacio público para un grupo de comerciantes se resuelve temporalmente
Créditos: Descontento de comerciantes en Ixcán. Foto Joel Pérez
Por Joel Pérez
El pasado lunes un grupo de comerciantes del piso Plaza, ubicados en la terminal de buses del municipio de Ixcán, ocupó la calle principal de la zona 1 para vender sus productos en esta época de Navidad y Año Nuevo. Esto con el objetivo de obtener más clientela según indicaron los mismos comerciantes. De las autoridades municipales la postura inicial fue desalojarlos, pero tras varios días de tensión lograron el acuerdo de permanecer en esta zona hasta el 31 de diciembre. Ixcán es uno de los 21 municipios del departamento de Quiché a unos 370 kilómetros de la ciudad de Guatemala.
Los comerciantes indicaron que únicamente permanecerán en el lugar durante 8 días, dijeron que en su momento enviaron solicitudes a las autoridades municipales para que les permitieran estar en el lugar. No recibieron respuesta y un grupo de comerciantes decidió ocupar el espacio sin autorización.
A raíz de esto, el juzgado de asuntos municipales, la oficina de servicios públicos municipales y la policía municipal intentaron desalojarlos el pasado lunes 20 de diciembre, sin embargo no lograron su objetivo.
A primeras horas del día martes un fuerte contingente de antimotines se hizo presente a la cabecera municipal, esto para brindarle apoyo a las autoridades municipales para poder desalojar a los comerciantes, ante la presencia de la Policía Nacional Civil PNC el grupo de comerciantes se opuso a ser desalojados.
Momentos de tensión se vivieron durante más de 4 horas en la calle principal de Ixcán, ya que los comerciantes optaron por lanzar piedras contra los policías municipales, también lo hicieron las personas que pasaban por el lugar como muestra de inconformidad ante la decisión de las autoridades municipales.
Según los comerciantes la Municipalidad de Ixcán no accedió inicialmente a reunirse con ellos, para buscarle una solución viable ha dicho caso. Frente a la tensión local que se había generado los síndicos municipales, delegados del juzgado de asuntos municipales, oficiales de la Policía Municipal (PM) y de servicios públicos municipales optaron por reunirse con los comerciantes ese día. Logrando acordar qué los comerciantes permanecerán en el lugar hasta el 31 de diciembre.
Esta vez, ante la falta de una orden del juez competente, los antimotines no actuaron contra los comerciantes.
La postura del Consejo Municipal
El consejo municipal se reunió este jueves 23 de diciembre para aclarar el tema de la intención de desalojo a comerciantes que ocupaban la calle principal de la zona uno de Ixcán.
Durante la reunión la mayoría de integrantes del concejo municipal aseguró no haber tenido conocimiento sobre las diferentes solicitudes presentadas por integrantes del comercio informal, también indicaron que no tuvieron conocimiento sobre el motivo de la presencia de antimotines el pasado martes.
El alcalde municipal Antonio Elías Calel, indicó haberse reunido con los integrantes del comité de comerciantes del piso Plaza, pero considero no ser de mayor relevancia razón por la cual decidió no presentarlo ante el consejo.
Durante la sesión del concejo municipal, los concejales solicitaron una explicación al alcalde municipal sobre la presencia de los policías antimotines en el municipio, del cual tampoco tuvieron conocimiento, así mismo dijeron que en ningún momento se les solicitó reunirse de manera urgente el pasado martes.
Según un documento leído durante la sesión, la solicitud de los anti antimotines fue realizada por Cristal Colindres, encargada de servicios públicos municipales y aprobado únicamente por el alcalde municipal, no existió orden de juez competente para que los antimotines accionaron contra los comerciantes, razón por la cual no actuaron.
(Español) Una familia hondureña forzada a migrar por las tormentas y las pandillas
Por Francisco Simón, Andrea Hernández y Cenia Marroquín
Editado por Javier De León
Kevin, un migrante hondureño de 28 años, abandonó su país junto a su esposa de 20 años y sus 3 hijas de 11 meses, 3 y 5 años a principios de enero de 2021. Él y su familia perdieron su casa y cultivos con el paso de las tormentas Eta y Iota en noviembre de 2020. Ahora se encuentran con estatus de residencia permanente en Ciudad Acuña, en la frontera de México con Estados Unidos. Intentó ingresar al país estadounidense con su familia en septiembre, sin embargo, fueron expulsados de inmediato a esa ciudad, bajo el Título 42. Al amanecer en la orilla del río Bravo se renuevan sus esperanzas de cruzar la frontera, porque retornar a su país no es una opción.
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Sentado a la orilla del río Bravo en una tarde soleada, del 14 de noviembre, Kevin, un joven migrante, dice “yo salí de Honduras con mi familia, porque perdimos nuestra casa por el paso de las tormentas en noviembre de 2020, nunca recibimos apoyo del gobierno y nuestra esperanza era migrar”, mientras tanto dos agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo vigilan al otro lado del río.
Kevin tuvo que abandonar su país debido a los estragos de las tormentas Eta y Iota y al incremento de la pobreza que estas agudizaron. Su casa y sus cultivos quedaron sumergidos bajo el agua estancada y el lodo. A estas condiciones se suma la extorsión y las amenazas provocadas por las pandillas, con las que tenía que lidiar diariamente.
Antes de la pandemia se empleaba de manera informal en el sector de la construcción y ganaba en promedio diez dólares diarios cuando había oportunidades de trabajo, lo cual no era siempre. “Nosotros vivíamos en la zona del río Chamelecón y el huracán se llevó todo, la casa y los cultivos, lo perdimos todo. Luego por la violencia y la falta de trabajo salimos de nuestro país con la idea de llegar a Estados Unidos y tener mejores oportunidades”, dice Kevin, mientras recuerda con nostalgia lo vivido en Honduras.
De acuerdo con la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) de ese país, el río al que hace referencia Kevin, fue unos de los lugares donde hubo alerta roja durante las tormentas Eta y Iota. La ribera del río Chamelecón, en las zonas bajas de San Pedro Sula, Puerto Cortés, Villanueva y la Lima fue la más afectada por las inundaciones, incluso, mayores a las que provocó el huracán Mitch en 1998.
Las pandillas y la inseguridad fueron otros motivos más por los que abandonó el país. Estos factores de expulsión de migrantes en Honduras, también los menciona el medio Contracorriente en una publicación en 2020. El medio indica que Chamelecón es considerado uno de los focos de violencia de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país con más homicidios; sólo en 2019 se registraron 438 casos en ese municipio, de acuerdo a los datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL), citado por el medio.
Chamelecón es un barrio situado en el municipio de San Pedro Sula, en Cortés, departamento de Honduras. Su nombre se debe a la cercanía que tiene con el río que lleva el mismo nombre. De allí es originario Kevin, el migrante, que ahora radica temporalmente en la ciudad norteña de Acuña, en el estado de Coahuila, México.
La historia de Kevin refleja la realidad que viven los hondureños en Chamelecón, no solo perdieron sus hogares con la inclemencia de las tormentas, sino también su tranquilidad, provocada por las pandillas y el sufrimiento por las extorsiones.
Kevin y su familia: los migrantes climáticos
Para Kevin, una de las principales causas de su migración fue la pérdida de su hogar por los efectos de las tormentas Eta y Iota. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), publicados en mayo de 2021, el costo total de los efectos causados en Honduras por estos fenómenos meteorológicos ha sido aproximadamente de 52 millones de lempiras, equivalente a más de 2 millones de dólares.
En Honduras hay unas 282 mil familias en las que al menos una persona se encuentra viviendo en otro país, lo que equivale a 424 mil migrantes en el exterior, de este número el 59.4% son hombres y el 40.6% mujeres, según cifras publicadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un estudio denominado “Perfil migratorio de Honduras 2019”.
En Centroamérica, Honduras se encuentra entre los principales países con mayores riesgos climáticos, los cuales han provocado en las poblaciones pérdidas de cultivos, hogares y familias, según el Índice de Riesgo Climático Global (IRC) de Germanwatch en un reporte de este año. En consecuencia los pobladores de este país, son actores de la migración internacional, a los que se les denomina, “migrantes climáticos o desplazados ambientales”.
Es decir, las consecuencias de estos fenómenos se traducen en la migración para sobrevivir, tal fue el caso de Kevin que se encontraba entre las personas que perdieron su hogar, convirtiéndose así en un “migrante climático”.
En el estudio de la migración, el término de migrante climático se utiliza para referirse a las personas que abandonan su lugar de origen de forma temporal o permanente dentro de un Estado o cruzando una frontera internacional, bajo contextos de desastres o deterioro ambiental y que afectan los entornos de vida, derivados por el cambio climático.
No obstante, estos grupos de migrantes aún no son reconocidos legalmente en el ámbito del Derecho Internacional. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2020 expresó que no se hace uso de este término, porque no está reconocido por la Organización de las Naciones Unidas ni en la Convención de Ginebra de 1951.
La pandemia y las tormentas reflejan cada vez más la salida de personas migrantes del país hondureño, en busca de mejores oportunidades. En términos de sacrificio humanitario, social y económico, las consecuencias han sido evidentes. Y pese a los riesgos que la migración irregular conlleva, sigue siendo su opción para sobrevivir.
En Honduras, 3 millones 907 mil 229 personas fueron afectadas por las tormentas Eta y Iota, de este número 437 mil fueron evacuadas. El 88% eran originarias de Cortés, Gracias a Dios, Yoro, Santa Bárbara y Colón, según datos presentados por la COPECO de ese país en noviembre de 2020. Así mismo, el informe destaca que las consecuencias fueron trágicas, puesto que 95 personas perdieron la vida, 32 en el departamento de Cortés, 16 en Santa Bárbara y 12 en Lempira.
Salió de Honduras en búsqueda de un futuro incierto
Kevin abandonó su país en horas de la mañana, un 6 de enero de 2021. Con 5 mil dólares en sus bolsillos -su único ahorro- en búsqueda de un futuro incierto. Él ya había estado en Estados Unidos cinco años atrás; en ese tiempo logró construir su casa y compró 10 cuerdas de terreno para cultivar, pero un desastre natural y la ola de violencia que vivió en su barrio de Chamelecón en San Pedro Sula, lo obligó a migrar de nuevo, pero esta vez acompañado de su familia.
Ingresó a Guatemala con su esposa aún embarazada y sus 2 hijas, por un paso ciego cercano a la frontera de El Corinto ubicada en el departamento de Izabal, frontera con Honduras. Evadieron el primer puesto de control migratorio instalado por el gobierno guatemalteco “porque allá nos pedían la constancia de la prueba de Covid para ingresar, el costo era caro, nos cobraban 100 dólares por persona para sacarla y el poco dinero que cargaba era para el viaje”, comentó.
Las personas migrantes que ingresan por esta frontera entran en pequeños grupos mixtos y de varios sectores etarios, incluyendo núcleos familiares. La mayoría prefieren evadir los puestos de control establecidos por las autoridades de migración guatemalteca, porque les revisan la identificación personal y la constancia de la prueba de COVID-19, este último se convirtió en un requisito indispensable en tiempos de pandemia, según reportó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en julio de este año.
A decir de la OIM, la emisión de certificaciones para la COVID-19 se ha establecido como un negocio bajo engaño y estafas con pruebas falsas en la localidad fronteriza de El Corinto.
Kevin no tenía entre sus planes quedarse en Guatemala, su meta era alcanzar el sueño americano, tuvo que recorrer el territorio guatemalteco por cuatro días desde que salió de su pueblo, en buses extraurbanos hasta llegar al municipio de Tecún Umán, frontera con México. Desconocer el país fue un desafío para él como para cualquier migrante, pero la necesidad de viajar le animó a buscar apoyo humanitario.
Recordó que pasó por la Casa del Migrante, ubicada en la ciudad de Guatemala, “allí me dieron alimentación, chequeo médico para mis 2 hijas, -la tercera nació en México- y un mapa para ubicarme desde la frontera de Tecún Umán”, añadió.
Él y su familia pensaron pasar la noche en la Casa pero les dijeron que no “por temas de coronavirus”. “Fui a quedarme en un hotel pobre, no recuerdo su ubicación, pero me sacaron lana, me cobraron 300 quetzales por una noche para toda mi familia, fue un costo injusto”, recordó.
Durante su recorrido en el territorio guatemalteco, el migrante relató que fue “sujeto de extorsión” por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a quienes se les pagaba entre 100 y 200 quetzales por persona en cada estación de control. De lo contrario, amenazaban con regresarlos a su país de origen, pese a que él y su familia llevaban sus documentos de identificación como el pasaporte.
De acuerdo con Kevin, durante el trayecto encontró alrededor de siete puestos de control hasta llegar a la frontera de Tecún Umán, ubicado en San Marcos, uno de los cuatro departamentos guatemaltecos que colindan con México y que se extiende por 963 kilómetros.
Él y su familia, finalmente lograron llegar a la frontera el 9 de enero, en una tarde soleada entre cansancio y hambre, es decir 4 días después desde que salió de su barrio de Chamelecón.
La esposa de Kevin, de quien se omite el nombre, recordó que no aguantaba el cansancio, ella venía embarazada de su tercera hija que ahora tiene 11 meses. “Le dije a mi esposo, Kevin, que nos detuviéramos, pero no me respondió”, indicó.
En ese momento ella no entendió las razones de Kevin para no parar, pero lo explicó después: “la plata -dinero- se nos acababa, mi esposa venía embarazada y en cualquier momento podía dar a luz, entonces decidí seguir de largo”.
Tecún Umán: cruzar en balsa
Esa misma tarde entraron por el territorio mexicano y para no pasar por el puesto de control migratorio, instalado por el gobierno de México sobre el puente “Dr. Rodolfo Robles”, evitaron la seguridad fronteriza y cruzaron en balsa.
Kevin, tímido pero astuto, no lo pensó dos veces. Nos dijo que buscó el famoso “Paso del Palenque”, encontró el lugar y contrató el servicio de un balsero, a quien le pagó 20 quetzales por persona. Se subió a una balsa con la intención de cruzar el río Suchiate, que separa a Guatemala del país mexicano.
Las balsas son conocidas por los lugareños como “cámaras”, están elaboradas con tubos y llantas de tractor sobre las cuales se colocan cinco tablas de madera, de forma separada.
Las famosas “cámaras”, al parecer ya forman parte de un sistema de transporte transfronterizo desde lo informal. Primero, cualquier migrante que llega ahí recurre a este servicio para evitar los controles migratorios del lado mexicano. Mientras que en Guatemala, se utiliza por el comercio local y regional para escapar de los controles aduaneros.
A diario decenas de personas cruzan esta línea fronteriza para diferentes fines. De acuerdo con la OIM, solo en julio de este año, más de 31 mil migrantes procedentes de distintos países salieron de Guatemala con destino a México. De esta cifra, 4 mil 650 pasaron por la frontera de Tecún Umán, es decir, en un día, un promedio de 155 personas utilizó el servicio de los balseros, en su mayoría eran haitianos y hondureños.
Kevin vivió en Chiapas, su hija menor nació en México
La primera estación mexicana a la que la familia llegó, fue a Ciudad Hidalgo, luego se dirigieron a Tapachula donde permanecieron por seis meses.
“La plata” de pronto se volvió un problema tanto para él y su familia. Llegó a Tapachula con 4 mil 200 dólares. Es decir, en su recorrido por Guatemala gastaron 800 dólares en transporte y alimentación. Llegaron solos sin apoyo de ningún guía de viaje.
Kevin vivió las primeras semanas en la Casa del Migrante Scalabrini, con sede en esa ciudad, mientras inició el proceso de solicitud de asilo a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), pero no tuvo éxito.
A su solicitud se suman más de 22 mil migrantes procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela y Haití, quienes solicitaron asilo en México desde enero de 2021, según una nota de prensa publicada en el portal de noticias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de abril de este año.
El 64% de las solicitudes fueron del norte de Centroamérica, de las cuales, 51% eran de Honduras; 8% de El Salvador y 5% de Guatemala. Del total de las solicitudes registradas, el 22% eran de menores de edad no acompañados, es decir sin ningún familiar.
“Ahí están trabajando por citas y las están dejando para dos o tres meses de espera, y ahorita va para el otro año. Me dieron cita y como mi esposa venía embarazada, mi bebé nació en México. Por medio de mi hija recién nacida logré conseguir los permisos. Si fuera por la COMAR allá estaría en Tapachula esperando”, dijo Kevin.
Luego que su esposa diera a luz en el Hospital General de Tapachula, abandonaron la Casa del Migrante a principios de febrero y acudieron al Instituto Nacional de Migración (INM) con sede en Tapachula, para solicitar su residencia permanente, debido a que su hija recién había nacido en territorio mexicano.
Así, realizó los trámites y tres meses después obtuvo las credenciales por el costo de siete mil pesos mexicanos, luego recibió un apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) en donde le exoneraron del pago de una credencial.
“Los gastos del parto lo cubrió el DIF”, añadió Kevin mientras explica cómo logró sobrevivir en Chiapas. No encontró trabajo formal por dos razones: por su apariencia y su forma de vestir en su condición de migrante hondureño y por la falta de su documento personal que le acredita su legalidad en México.
“No hay trabajo, queremos ver tu documento”, fueron las palabras que más escuchó Kevin durante su estadía en Chiapas.
“Me dediqué a bolear, -lustrar- zapatos, fue el único trabajo que encontré, dice. Con este oficio él ganaba al día entre 100 a 140 pesos mexicanos diarios, que equivale a 6.5 dólares. Con este dinero él compraba alimentación para su familia.
Mientras estuvo en Tapachula, encontró algunos “paisanos catrachos”, con quienes se pudieron ir a vivir sin pagar renta por 3 meses. “La pura solidaridad”, dijo la esposa de Kevin. Con ese ahorro lograron juntar el dinero necesario para cambiar de destino.
Viajar por México en autobús de “clase pobre”
Tras obtener la documentación que le acredita su residencia permanente en México, en agosto decidió salir junto a su familia de Tapachula a Ciudad Acuña, lugar fronterizo con Texas, Estados Unidos; el río Bravo separa a ambos países.
En agosto salió de Tapachula con destino a Saltillo, capital del estado de Coahuila. Abordó un autobús, según él “de clase pobre”, porque el pasaje es barato y poco seguro, “pagué 1,500 pesos por los 2, mis hijas no”, indicó.
Llegaron en 2 días a Saltillo, en donde vivió un mes como indigente, para reunir dinero y continuar su viaje hasta llegar a Acuña, llegó a esa ciudad fronteriza el 21 de septiembre de este año, durante la crisis de migrantes haitianos, que rebasó la capacidad de atención de las autoridades tanto de México como de Estados Unidos.
Llegar a Acuña, un paso desconocido
Kevin llegó a Ciudad Acuña el 21 de septiembre con la intención de cruzar la frontera de Estados Unidos. Lo intentó durante septiembre, pero fue expulsado el mismo día. “Crucé el río Bravo junto a mi familia a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde ya estábamos en el puente”, indicó.
El río Bravo separa a Ciudad Acuña, México, de la ciudad Del Río, un condado del estado de Texas. No existen datos oficiales de cuántos migrantes utilizan este lugar fronterizo. Antes de la crisis de los migrantes haitianos en septiembre, el río Bravo era un lugar poco utilizado o desconocido. En esta ciudad fueron albergados 14 mil migrantes haitianos bajo el Puente Internacional por orden del gobierno de Joe Biden.
Según cuentan habitantes cercanos al río, a diario pasan entre 90 y 120 personas migrantes. En una mañana pudimos observar durante un lapso de 3 horas y 45 minutos, el paso de 88 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y otras nacionalidades.
Por la tarde y parte de la noche disminuye el número de personas por los riesgos que presenta el río ya que aumenta su caudal, además del incremento de asaltantes en el área.
Kevin fue detenido a caballo en la ciudad Del Río, Texas por dos agentes de la Patrulla Fronteriza, luego fue trasladado al puente y nunca imaginó que su expulsión sería inmediata. Le dieron un número y pensó que era su pase de ingreso, sin embargo, ocurrió lo contrario. La política humanitaria ofrecida por el presidente Joe Biden fue un engaño para él. Fue expulsado bajo el Título 42.
Corrieron con mejor suerte los migrantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses, según él. “A los centroamericanos nos regresan el mismo día sin preguntarnos nada. A los de Venezuela, Cuba y Nicaragua los dejan pasar, nada más los detienen un día y luego pueden entrar a Estados Unidos”, recordó.
El sueño americano opacado por el Título 42
La expulsión de migrantes bajo el Título 42 por Estados Unidos, se refiere a la expulsión irregular e invisible de migrantes guatemaltecos, centroamericanos o de otras nacionalidades de una forma no habitual e inmediata, por el país donde ingresaron, que en este caso sería México, o a un tercer país, que es Guatemala. Y si no es posible, a sus países de origen.
Para el caso de México, el gobierno de Estados Unidos expulsó a cientos de migrantes por la frontera de Ciudad de Acuña, que también se ha vuelto un lugar de paso cotidiano de personas de diversos países, a partir de la crisis de migrantes haitianos sobre el río Bravo. Además, algunas de estas personas expulsadas, como Kevin, prefieren quedarse varadas en esa frontera, que ser deportadas a su país de origen.
A los migrantes centroamericanos -a excepción de los nicaragüenses- que tienen la documentación mexicana, los regresan sobre el puente Internacional a Ciudad Acuña, y a los que no cuentan con dicha documentación, los regresan a su país de origen o a la frontera de Tecún Umán en Guatemala, bajo el Título 42.
Kevin cuenta que, por el temor a la pandemia, decidieron no sumarse a los 14 mil haitianos que arribaron a la misma ciudad el mismo mes. “No me quise sumar por la pandemia, porque ahora no puede andar uno aglomerado, por querer buscar algo mejor se puede enfermar, ese es el problema, que se fueron todos juntos y uno tiene que buscar apartarse. Crucé a mi familia, pero están regresando por el Título 42”, explicó Kevin.
Respecto a la situación de la pandemia consultamos a David Fuentes, encargado de un albergue instalado por la sociedad civil quien indicó que varias personas han resultado contagiadas de COVID-19. Sin embargo, no se cuenta con datos estadísticos de las cifras de migrantes positivos. Según él, “porque la salud de los migrantes no es una prioridad del gobierno mexicano”.
El albergue social está situado en el centro de Ciudad Acuña a pocos minutos del Puente Internacional, actualmente alberga a 800 migrantes. Los colaboradores del lugar indicaron que buscan apoyar a los migrantes con tres servicios: alojamiento, alimentación y atención psicosocial, particularmente a las personas haitianas y algunas de origen hondureño que se quedaron varados, tras la crisis migratoria ocurrida en septiembre.
Ciudad Acuña: “Charolear” para sobrevivir
Desde el día que llegó a Ciudad Acuña, Kevin debe juntar dinero para pagar la renta diaria de un cuarto por 300 pesos mexicanos. Además, de conseguir “plata” para los alimentos de su esposa y de sus tres hijas.
Él y su familia viven en esa ciudad con estatus de residencia permanente, pero continúan abrazando la idea de llegar un día no tan lejano a Estados Unidos. Mientras ese día llega, comparten una pena en común: reunir los 300 pesos del cuarto antes del mediodía.
La habitación que mide 3 metros cuadrados, no cuenta con agua, sólo con una ventana y una puerta de madera, que está a 25 minutos caminando desde el río Bravo. Para obtener esa cantidad de dinero, por el día junto a su esposa se dedican a “charolear”, a pedir apoyo económico en las calles de la ciudad, de lo que obtienen entre 300 y 400 pesos diarios.
Por la tarde, y para no deambular en la ciudad, se dirigen a las orillas del río Bravo. Primero, porque allí se bañan. Segundo, porque su esposa también allí lava la ropa, ya que en el cuarto que alquilan no cuentan con servicio de agua. Y tercero, para ellos el río les trae muchos recuerdos, ya que en Honduras se iban a bañar al Río Chamelecón. Además, este río les ayudaba para el riego de sus cultivos de maíz y frijol, que con el paso de las tormentas se perdieron.
A pesar de las condiciones, Kevin encontró en esta ciudad fronteriza un espacio libre para bañarse, jugar, bailar y lavar la ropa, junto a su esposa de 20 años y sus 3 hijas, una de ellas mexicana.
Durante los meses que lleva viviendo en Ciudad Acuña, se han encontrado con distintas situaciones: “aquí en Acuña hay gente buena y gente mala, nos hemos topado a las dos, pero gracias a Dios han sido en su mayoría buenas”.
Al consultarle sobre quiénes son las “malas personas”, indica que se trata de personas racistas que salen con machetes y les gritan que no pueden permanecer en las orillas del río Bravo, también personas que fuman cristal “a esos vatos sí hay que tenerles miedo, por cincuenta o cien pesos te venden, incluso a las mujeres se las llevan, las violan y aquí los vecinos, aunque miran nunca hacen nada”, indicó.
El retorno a Honduras no es una opción
“Regresar a mi país en donde mi hogar fue arrasado por las tormentas, no es una opción; mi meta es llegar a Estados Unidos para trabajar y ahorrar lo suficiente, por si luego me retornan, -deportan- a Honduras, así ya tengo algunos recursos para sobrevivir con mi familia. Allá no hay futuro, no hay nada, allá quienes gobiernan son las pandillas y en cualquier rato vuelven a dar un golpe de Estado”, expresó Kevin.
“Si pones un negocio la mara te extorsiona y quieren más de lo que ganas, si no la pagas te matan. Y luego con la pandemia, las tormentas, lo perdí todo, perdí mi casa. Mi familia en Honduras está empezando de nuevo”, agregó.
Al consultarle a Kevin, cómo las personas aún sobreviven en Honduras, respondió con melancolía: “arroz y frijoles no faltan gracias a Dios, ni las tortillas. Se busca sobrevivir. Allá la gente está volviendo a empezar porque perdimos todo por la tormenta. El departamento de Lima quedó borrado, todo fue devastado. Mucha gente hasta el sol de hoy todavía sigue limpiando sus casas y el gobierno solo llegó con unas bolsas solidarias con arroz y frijol duro”.
La población hondureña, al menos, tendrá que pasar 20 años para que pueda recuperarse de los daños provocados por las tormentas ocurridas en noviembre de 2020, según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FODESH) citado por el medio BBC News Mundo en 2020.
El ciclo migratorio para los hondureños se da en un contexto adverso y antimigratorio. Las cifras presentadas en un informe de la OIM de enero a septiembre de 2021, reflejan un aumento en el retorno de carácter forzado, es decir la deportación, puesto que durante estos meses han sido retornados al menos 39 mil 960 migrantes.
De este número, 35 mil 231 desde México y 4 mil 293 procedentes de Estados Unidos, que en comparación con el año anterior incrementó la cantidad, dado que para 2020 fueron retornados desde México 18 mil 199 personas y 12 mil 593 desde EE. UU, lo que indica que la migración hondureña va en aumento y cada vez más personas quieren salir de las precarias condiciones en las que se encuentran.
La historia de Kevin y su familia retrata el éxodo de la migración centroamericana que implica múltiples riesgos y vulneraciones para quienes salen en condición de irregularidad. La situación sociopolítica, económica y ambiental de Honduras y de otros países centroamericanos ha provocado que esto siga convirtiéndose en la única salida para miles de personas que ya han perdido las esperanzas en su lugar de origen.
Kevin y su familia permanecen en una zona fronteriza militarizada, con cámaras y helicópteros de vigilancia que intentan detectar a cualquier migrante a su paso. A pesar de ello, aún se aferran al “sueño americano”. En su plan no cabe el retorno a su país, pues aseguran que su meta sigue siendo llegar a Estados Unidos.
Un helicóptero y cuatro agentes de la Patrulla Fronteriza vigilan la zona fronteriza del río Bravo. Fotografías: Francisco Simón Francisco
Mientras Kevin termina su relato, un helicóptero de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos sobrevuela el río. Del otro lado, una radiopatrulla con dos agentes estadounidenses observa fijamente al joven y su familia. “Creen que soy migrante o coyote”, finaliza.
Este texto fue producido con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL-
