^{En portada: Construcción de la estación de compresión de TC Energy en el municipio de Barrillas, Veracruz.  Foto: Renata Bessi}

La empresa de capital canadiense TC Energy (anteriormente Trans-Canadá) fue señalada en 2019, junto a otras empresas, por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como una de las empresas que habían firmado contratos con “cláusulas leoninas”, de las cuales recibieron millones de dólares de un servicio de transporte de gas que no había brindado. A cuatro años de las declaraciones del presidente, esta empresa ha adjudicado de forma directa, en alianza con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la construcción de un gasoducto marino, un proyecto que pone en riesgo una red de ecosistemas de arrecifes en el golfo de México.

Este ducto permitirá a TC Energy tener presencia en los proyectos estratégicos del gobierno actual en México como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. La llave a Puerta al Sureste es un ducto submarino de 715 kilómetros que transportará diariamente más de mil 300 millones de pies cúbicos (MMPCD) de gas natural. A su vez conecta otro gasoducto de 800 km llamado Sur de Texas-Tuxpan, también propiedad de la canadiense, a través del cual se importa gas de los Estados Unidos y Canadá.

En la habitual conferencia matutina del mandatario de México, de enero pasado, el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, sostuvo que con esta infraestructura de gas natural la paraestatal se suma a la magna obra del Tren Maya, en la Península de Yucatán. “Se trata de construir todo un sistema eléctrico en la selva de la península”, puntualizó. El complejo llamado Puerta al Sureste tendrá un costo aproximado de 4 mil 500 millones de dólares.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, dividido en dos etapas -zona terrestre y marina-, se tiene proyectado, en su primera fase, la construcción de tres estaciones de compresión en tierra firme, al menos 21 kilómetros de ductos terrestres, necesarias para conectar el ducto marino, así como líneas eléctricas, caminos de acceso y obras provisionales.

Dos estaciones ya están siendo construidas en Veracruz: una en Tuxpan y otra en Coatzacoalcos. La tercera estación está en el Municipio de Paraíso, Tabasco.

El quipo de este reportaje visitó una de las estaciones, la que esta en el municipio de Barrillas, Coatzacoalcos Veracruz. Se pudo constatar que las tierras ya estaban cercadas, con personal de vigilancia y con cámaras de seguridad. La maquinaria pesada ha limpiado toda la vegetación y, desde entonces, las tuberías han comenzado a llegar. Esta construcción está a escasos 500 metros de un cuerpo de agua dulce y un poco más de un kilometro de un complejo habitacional llamado Ciudad Olmeca.

En entrevista para Avispa Mídia, Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, destaca: “Hemos estado alertando que en el camino de este gasoducto resalta la opacidad. Las autoridades y la empresa han sido muy opacas en todo el proceso de análisis de impacto ambiental”.

Lo que más preocupa, advierte Ramírez, es que “no hay estudios de las posibles afectaciones a toda una red de ecosistemas arrecifales mesofóticos que existen fuera de áreas protegidas en el Golfo de México, la parte marina del gasoducto”.

Según la reglamentación de las Unidades de Gestión Marina, en su criterio ZGN-01, “con el fin de proteger y preservar las comunidades arrecifales, principalmente las de mayor extensión, y/o riqueza de especies en la zona, y aquellas que representan valores culturales particulares, se recomienda no construir ningún tipo de infraestructura en dichas comunidades”, haciendo referencia a las zonas protegidas marinas.

La MIA presentada por la filial de la canadiense, Transportadora de gas natural de la huasteca S. de R.L. de C.V, asegura que el desarrollo del proyecto “no afectará comunidades arrecifales”, argumentando que se encuentran a un poco más de 550 metros del Área Natural Protegida denominada Sistema Arrecifal de Lobos Tuxpan, y a 2.8 km del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, “con lo que se reitera la no afectación a estas comunidades”, asevera la empresa.

El pasado mes de mayo, científicos expertos en sistemas arrecifales coralinos adscritos a la Universidad Veracruzana, del Colectivo Interdisciplinario de Ciencia Aplicada y Derecho Ambiental (CICADA), conjuntamente con un equipo de Greenpeace, recorrieron la parte centro y norte de Veracruz, por donde cruzará el ducto marino. Constataron que existen arrecifes que están en riesgo por estar fuera del área de protección de flora y fauna Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan (APFF SALT).

En la investigación que realizaron los científicos a bordo del barco de Greenpeace Artic Sunrise, identificaron que en la zona centro del área de influencia de ducto existen al menos 366 estructuras de alta complejidad que pueden representar ecosistemas arrecifales mesofóticos, entre las profundidades de los 50 y 80 metros, los cuales no habían sido previamente reportados.

Del mismo modo, en la zona norte en las aguas de Veracruz, donde escanearon, con tecnología de punta una superficie de 10 millones 044 mil 221.6 metros cuadrados, hallaron al menos 69 estructuras de este tipo de ecosistemas de arrecifes mesofóticos, que no habían sido reportados ni estudiados previamente.

Greenpeace utilizó un tipo de dron marino equipado con cámaras y sensores, con capacidad de sumergirse hasta 100 metros de profundidad -vehículo operado de manera remota (ROV, por sus siglas en inglés). Gracias a esta tecnología registraron, a través de fotografías y videos del fondo marino, en el centro y norte del estado de Veracruz, la biodiversidad que habita esta región. “Lo que encontramos es que sí hay arrecifes que se encuentran en una zona somera, es decir, de baja profundidad. Pero este tipo de arrecifes pueden vivir hasta los 150 metros de profundidad”, afirma Ramírez quien fue parte de esta exploración.

El problema, agrega el integrante de la organización, “para poder establecer un ducto marino se requieren actividades como dragados. Incluso los colocan sobre los arrecifes. Entonces con mucha certeza podemos afirmar que estos ecosistemas si están en riesgo”.

Incluso, en la misma MIA se establece una serie de actividades que afectarán a la vida marina en torno al gasoducto: como ahuyentamiento de fauna marina; cruce con terceros y, el tipo de perforación que usarán, llamado direct-pipe, así como zanjeo y soldadura.

Por su parte, TC Energy puntualiza en la MIA que, aunque no afectan a este tipo de comunidades de arrecifes, “sin embargo dada la cercanía que existe con los mismos, se propondrán medidas de compensación dentro del Programa de Protección a la Fauna Marina”.

¿Quién fiscaliza?

El pasado 2 de marzo, fue presentado un informe de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), en el cual se presume que un equipo de esta agencia y de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) realizaron, durante dos días, diversos recorridos de navegación en el área que comprende “la construcción y operación de obras en zona marina”, en Tuxpan, Veracruz, referente al área de influencia del gasoducto marino, según el informe.

“La visita se realizó con la finalidad de verificar las condiciones generales y estado actual que guardan los arrecifes emergentes y sumergidos y las incidencias del trazo del proyecto” relacionadas con el Área Protegida Lobos, enfatiza el documento presentado por el ingeniero Carlos Yegros Díaz, Subdirector de Gestión Industrial de Cambio de Uso de Suelo A.

En el documento se destaca que el personal de Conanp no pudo detectar, con los equipos que llevaba, el límite de las profundidades. No obstante, recurrió a una aplicación digital que alcanzaba los 100 metros de profundidad de la cual no menciona si encontraron no algún tipo de arrecifes y, “para descartar alguna falla con el equipo de medición (la aplicación digital)” enfatiza en el documento, recurrieron a una cuerda de 50 metros lanzada al mar para intentar identificar las profundidades “que tampoco toco fondo por lo que no realizaron inmersiones de los buzos”, sostuvo el funcionario de la ASEA.

Con este informe se concluye que la MIA regional de la Etapa 1, presentada por la filial de la canadiense TC Energy, “es congruente”, determinan en el documento, dando por hecho que no de identificaron especies de coral.

Para seguir un procedimiento del análisis ambiental de la obra, la empresa presentó en dos etapas sus MIAs y esto, “es una falta al procedimiento, era suficiente para que la ASEA lo desechara. Pero no se desechó, sino que se ha estado avanzado de una manera opaca y de una manera no pública, con argumentos de que la información es de seguridad nacional. La ASEA es la responsable principal de haber aprobado este proyecto”, advierte el integrante de la ONG.

^{Fotos tomadas por el equipo de Greenpeace}

El festejo y las alianzas

TC Energy ha anunciado oficialmente, en su cartera de proyectos, que Puerta al Sureste es 100% de su “propiedad efectiva”. Por otra parte, Bartlett Díaz ha anunciado que la CFE tendrá una participación en las acciones del 15% en total de esta sociedad y, “a partir de 2026 irá aumentado su participación”, señaló el director general de la paraestatal mexicana. Se pretende que el ducto comience a funcionar en 2025.

Tras el convenio, pactado en agosto del 2022, François Poirier, presidente y consejero delegado de TC Energy, enfatizó que les “complace haber sido seleccionados por la CFE como su socio y forjar esta estratégica e importante alianza público-privada, la primera de este tipo en los 85 años de historia de la CFE”.

El festejo oficial de este pacto se realizó el pasado mes de junio de este año 2023 en el Club de Banqueros, rememorando que es el primer aniversario de este acuerdo. Bartlett Díaz destacó en este evento que, “la alianza es valiosa para ambos países. Representa la cooperación y la voluntad para realizar proyectos que beneficiarán a México y Canadá”.

El festejo no es para menos, con este nuevo gasoducto, TC Energy ya tendrá desplegados al menos 3 mil 900 kilómetros de tuberías en distintas partes de México. Puerta al Sureste, además de suministrar gas al complejo denominado tren maya y a la Península de Yucatán, también conectará con el ducto Jáltipan- Salina Cruz y a su vez, con la planta de licuefacción de Gas Natural Licuado en Salina Cruz, desde donde se pretende exportar gas principalmente a Europa y Asia. De la misma forma se suministrará gas al menos a 10 parques industriales que se establecerán en la región conocida como Corredor Interoceánico.

Desde 2021, la CFE ha anunciado entre sus acuerdos que la empresa estadounidense Sempra Energy, mediante su subsidiaria mexicana Sempra Infraestructura -socia de TC Energy -, está incluida en el “desarrollo de una terminal de gas natural licuado en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca”, la misma terminal de donde se exportará gas al continente europeo y asiático.

De esta forma, TC Energy entra a ocupar un papel estratégico en la reorganización económica del sur-sureste de México, ya que podrá mercar su gas explotado en Alberta y Toronto, en Canadá, por medio del método conocido como fracking. Posteriormente conecta con procesos de explotación en Charleston, en Estados Unidos. El camino que recorre este energético es a través de ductos que pertenecen a TC Energy, hasta llegar a su terminal en Houston, Texas. Posteriormente conecta con el gasoducto Valley Crossing, un ducto interestatal estadounidense de 257 kilómetros, diseñado especialmente para exportar gas a México.

Al final de este pequeño puente intermedio, TC Energy vuelve a conectar su gas con el primer ducto marino edificado en territorio mexicano llamado Sur de Texas-Tuxpan, el cual también es de su propiedad en sociedad con la estadounidense Sempra Energy, a través de la empres Infraestructura Marina del Golfo (IMG).

Así, Puerta al Sureste, terminará conectado vía terrestre en la Estación de Regulación y Medición Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, con dos nuevas centrales de generación de energía CC Mérida y CC Riviera Maya (Valladolid) de la CFE, posteriormente continua con el gasoducto terrestre Mayakan.

Las empresas leoninas

TC Energy y Sempra Energy han trabajado de forma estrecha en el comercio de este energético, el cual consideran como “energía limpia” y un “puente para la transición energética”. En 2019, el mandatario mexicano les había amenazado con demandarlas en cortes internacionales de Londres y París por haber establecido contratos “ventajosos y leoninos” con el gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto.

Estas empresas son: Carso, del multimillonario Carlos Slim; TransCanadá (hoy TC Energy) y la empresa IEnova (hoy Sempra Infraestructura), ya que, según López Obrador, son las propietarias de siete gasoductos distribuidos en diversos estados de México, los cuales no estaban brindando el servicio pero que estaban recibiendo el pago como si lo estuviera haciendo, porque así lo estipulaban los contratos.

En una investigación lanzada por Connectas y Avispa Mídia llamada Los “Ventajosos” beneficios de Sempra Energy en México revelamos  que el pago que había realizado el gobierno de México, por causas de “fuerza mayor”, ascendió los 16 millones de dólares por estos gasoductos que no funcionaban. Entre los proyectos que estaban cobrando este servicio figuraba el Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan, el cual es propiedad de Sempra Energy y TC Energy.

Las empresas fueron perdonadas y llegaron a nuevos acuerdos con el presidente de México y con la paraestatal CFE que son los proyectos que hoy continúan. En su momento, dijo el presidente de TC Energía en México, Robert Jones: “Reconocemos y agradecemos al presidente Andrés Manuel López Obrador por su participación directa y por su liderazgo, facilitando las conversaciones y estableciendo el rumbo que condujo a una resolución positiva. También agradecemos a la CFE por su ayuda en facilitar el acuerdo”.

En el municipio de Tepixtepec, Veracruz, campesinos denunciaron agresiones por parte de elementos armados de la Marina, Fuerza Civil y Guardia Nacional para la implementación del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

Acorde a un comunicado difundido este martes (13), el pasado 8 de julio, los cuerpos de seguridad invadieron un predio de más de 140 hectáreas con la intención de desalojar las viviendas y a sus habitantes, pese a no contar con ninguna orden judicial.

“Machetean las casitas que estaban ahí de palos. Le prenden fuego a una que estaba hecha de lona, le prenden fuego a unas cosechas que estaban por ahí”, compartió Ramón García, abogado de los posesionarios legales del terreno, quienes acusan despojo por parte del gobierno federal.

L@s campesinos señalaron que los elementos armados entraron realizando disparos al aire con la intención de provocar terror entre los campesinos, quienes desde hace más de 30 años posesionaron estas tierras a la altura del kilómetro 18 de la autopista Minatitlán-Acayucan.

En el comunicado difundido, los afectados señalan que el plan del actual gobierno es generar la cultura del terrorismo de Estado “que ha sido una constante igualada con los anteriores representantes del gobierno”.

Días antes del ataque, estas mismas tierras fueron anunciadas por la administración federal como parte de uno de los 10 sitios que albergarán los denominados “polos de desarrollo del bienestar”, espacios que integran el “ecosistema de producción industrial” del Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec.

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Mediante video proyectado durante la conferencia matutina de la presidencia el pasado 5 de julio, la administración federal anunció que el Programa Istmo ha formalizado la tenencia de la tierra en cuatro municipios, uno en Oaxaca y tres más en Veracruz.

“En coordinación con dependencias federales se elaboran los estudios y proyectos necesarios para su habilitación y la dotación de servicios básicos para la industria”, detalló el video presentado en la conferencia.

Uno de los polos anunciados se encuentra en Tepixtepec, en las tierras atacadas tres días después por los elementos policiacos y militares.

Sin embargo, para los campesinos, ese predio es el lugar donde desarrollan su vida campesina sembrando maíz, frijol, y otros alimentos de la tierra que sirven para el sustento de sus familias.

Además, enfatizan que cuentan con una sentencia de jurisdicción voluntaria emitido por un Juez mediante la cual se reconoce su propiedad sobre el predio. “Pero ahí en el registro público de propiedad de Acayucan, pues desapareció el folio”, lamenta el abogado García sobre las distintas irregularidades que han encontrado l@s campesinos para hacer valer su posesión legal.

¿Diálogo o represión?

“Nos daban 30 días para desalojar”, recuerda el abogado García cuando en mayo del año 2020 se les notificó la acción de compra-venta de sus tierras por parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En aquel momento, García se encontraba en el proceso para legalizar la posesión del predio por parte de los campesinos, trámite interrumpido por las medidas sanitarias implementadas ante la pandemia por la Covid-19.

Además, l@s campesinos señalan que a partir del anuncio de compra-venta del predio, elementos de las Fuerzas Armadas comenzaron a rondar en las proximidades del terreno. También denunciaron a elementos civiles armados dentro de sus tierras.

Por ello, l@s campesinos contactaron a las oficinas del CIIT, con lo cual consiguieron agendar una reunión el pasado 2 de julio con Irma Ruth Lara Gallegos, representante legal del organismo responsable por la implementación del Programa Istmo.

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“En el enterado de esa reunión es que íbamos a estar tranquilos, en son de paz y que íbamos hacer trabajos técnicos para ver si estábamos en la posesión”, rememora García. No obstante, tres días después vino el anuncio de la conferencia presidencial y para el 8 de julio sucedió el ataque.

“(Lo) tomamos como una traición lo que nos hizo el Corredor Interoceánico”, señala el abogado de l@s campesinos afectados.

Según García, para l@s campesinos en ese momento fue claro que el gobierno federal responde a la presión de los empresarios, sobre todo trasnacionales, quienes desean certeza legal para sus inversiones en el Corredor Interoceánico.

“Entonces, tú tienes que sacar como gobierno de México: ‘Ya tengo mis cinco polos’, pero ¿Qué pasa? Unos días antes llegó un abogado a Palacio Nacional a decir, oye estamos en posesión y le compraste a un huachicolero. (Con el desalojo) lo que tienen que ir a decir es que ya está todo tranquilo”, afirma el abogado.

Negocios con delincuentes

Además de la agresión denunciada por l@s campesinos, también existe el señalamiento de que el CIIT realizó la compra de los terrenos con una persona dedicada a actividades ilícitas.

“Ricardo Cano Trueba nos ha violentado durante todo nuestro tiempo de posesionarios que llevamos en el predio. Así mismo denunciábamos que el C. Ricardo Cano Trueba junto con el alcalde de Texistepec han venido usando esos predios para el aprovechamiento del ‘Huachicol’ y que siempre han mantenido una vigilancia armada rondando por nuestra posesión”, enfatiza el comunicado.

Para l@s campesinos es evidente la actuación entre las fuerzas policiacas y militares con la delincuencia para amedrentarles.

“En los predios siempre ha habido gente civil armada, los que trabajan para el ‘huachicol’ están ahí. Cuando están trabajando andan en camionetas, en caballo, armados, pero justamente, obviamente, está todo preparado cuando llegan ellos, nada mas llegan los elementos oficiales”, relata el abogado García sobre la relación entre los distintos grupos para llevar a cabo el ataque.

Por último, l@s denunciantes responsabilizan de su seguridad, vida y cualquier otra afectación sobre sus posesiones al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, al gobernador de Veracruz y al presidente municipal de Texistepec.

A la denuncia también se adhirieron más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos.