^{Foto por Regina López}

Pueblos y organizaciones de diversos estados de México lanzaron un comunicado en el cual reconocen la labor del Gobierno Indígena Comunitario de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, en la defensa de los derechos colectivos del pueblo indígena nahua y por velar por seguridad en su territorio.

La comunidad indígena nahua de Santa María Ostula se encuentra enclavada en la región costa, sierra del Estado de Michoacán, una región rica en recursos naturales, minerales y forestales. Sin embargo, es una de las zonas más violentas de México. La disputa entre diferentes grupos del crimen organizado por el control del territorio y sus recursos ha derivado en cientos de personas asesinadas y desaparecidas.

En este contexto, las habitantes de la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, “han entendido que solo la unidad, el trabajo comunitario, el fortalecimiento de sus sistemas normativos internos y el cuidado de la madre tierra, pueden generar una alternativa para generar condiciones de vida digna dentro de su territorio”, sostiene el comunicado.

Desde el 2011, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, según los términos constitucionales y tratados internacionales, como lo es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, las 24 comunidades y encargaturas, que conforman la comunidad indígena de Santa María Ostula, han fortalecido sus sistemas normativos internos conforme a su derecho como pueblo indígena a la libre determinación.

De acuerdo a las decisiones tomadas en asambleas generales, como máximo órgano de gobierno, han fortalecido sus instituciones de Gobierno Indígena, basado en sus autoridades agrarias, Consejo Comunal, Jefatura de Tenencia, Encargados del Orden y la Guardia Comunal.

En tal sentido, el gobierno indígena de Santa María Ostula “es garante de la legitimidad y capacidad de sus instituciones propias para generar mejores condiciones de vida en su territorio, que es uno de los lugares más seguros del país, a pesar de estar en una de las zonas más violentas”, sostienen las organizaciones.

Ante la falta de capacidad por parte de las dependencias del Estado para brindar seguridad, los grupos del crimen organizado mantienen el control de gran parte de la región costa – sierra de Michoacán y han intentado ingresar en los terrenos comunales de Ostula generando violencia y tensión, afirman.

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A pesar de ello, la comunidad de manera organizada ha logrado repeler los ataques y ha buscado por medio del diálogo fortalecer las alianzas con el Gobierno Federal para, en conjunto y coordinación, hacer frente a la situación de violencia en la región.

De acuerdo a las organizaciones, la historia reciente “nos enseña que solo con la participación y control, legal y legítimo del Gobierno Indígena Comunal de Santa María Ostula, ha sido posible la construcción de la paz y la seguridad, que son dos de los temas más sensibles que enfrentamos como pueblo mexicano”.

^{En portada: Clausura de polígonos de concesiones mineras en los Chimalapas. Foto: Colectivo Matzá.}

El pasado 21 de febrero, en una sesión de cabildo celebrada en el Municipio de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, se declaró el territorio municipal zoque “libre de minería”.

De esta asamblea derivó el llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, para que “nieguen la autorización de manifestación de impacto ambiental” para la empresa canadiense Minaurum Gold, quien pretende explotar oro y cobre en esta región.

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Días después de esta declaratoria, la titular de Semarnat respondió a la determinación de las autoridades municipales de San Miguel Chimalapa, expresando su reconocimiento a la decisión de este pueblo indígena zoque.

En un oficio dirigido al Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional, Albores González afirmó que “el Gobierno de México celebra y respalda la decisión de declarar el territorio ancestral zoque libre de minería”.

Reafirmó el compromiso del gobierno de México de no autorizar ningún proyecto de minería en el territorio de San Miguel Chimalapa y destacó que la determinación del municipio representa un acto de defensa de sus espacios y fuente de vida, así como de protección a las personas, familias y comunidades.

La realidad

A pesar de la declaración de las autoridades ambientales, las dos concesiones mineras que comprenden el proyecto minero Santa Marta, perteneciente a la empresa Minaurum Gold, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, se encuentran vigentes ante la Secretaría de Economía.

Estas concesiones están establecidas en el lote minero Jackita y Mar de Cobre según los títulos, las cuales tienen una vigencia hasta 2055 y 2058 cada una, así lo establecen los documentos emitidos por la Secretaría de Economía.

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Además de ello, Minaurum Gold, Inc. especula con sus acciones en la bolsa de varores, donde contempla, en su cartera, a los proyectos Álamos, Aurifer, Adelita, Aurena, Vuelcos del Destino, Biricu, Taviche y Santa Marta.

Darrell Rader, el presidente y CEO de Minaurum Gold, ha anunciado el pasado 14 de febrero a sus inverionistas, que sus principales descubrimientos están en México. “Tenemos lo que llamamos un modelo generador de descubrimientos y el objetivo es adquirir, avanzar y, en última instancia, monetizar proyectos a escala de distrito en México”, señaló el representate de la empresa.

Además, Darrell Rader ha agregado que tienen, “un historial de haber descubierto más de 16 millones de onzas de oro y 300 millones de onzas de plata en México hasta ahora. Y, por primera vez, Minaurum ha reunido a todo su equipo para hacer un nuevo descubrimiento”, sin detallar cual es el nuevo descubrimiento.

A esto se suma que las dos concesiones mineras están ubicadas en dos municipios, San Miguel Chimalpa y Santo Domingo Zanatepec, el segundo municipio no ha emitido declaración alguna.

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El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapa, Vicente Contreras, ha advertido que están en litigio con Zanatepec, por un problema de límites, de un aproximado de 13 mil 480 hectáreas. En esa extensión se encuentran las minas. “Hubo una sentencia en 2001 y otra en 2017 a favor de Zanatepec. Entonces, actualmente, hay un nuevo proceso con un recurso de revisión que interpusimos que, hasta el momento, sigue en el tribunal”, señala la autoridad agraria.

Así que la situación “aún no está resuelta y están latentes las diversas estrategias que ha usado la empresa [para lograr los permisos], entonces estamos a la expectativa”, advierte.

Contreras está consiente de que las concesiones mineras tienen una vigencia de 50 años y que la empresa ha buscado diversas estrategias para poder avanzar con la exploración minera. “Es seguro que en algún momento vuelvan a intentar entrar a nuestras comunidades. Pero lo que nos urge es resolver el límite de tierras y después buscar hacer conciencia con el muncipio vecino para que de ninguna forma se de entrada a la minera”, dijo el comisariado.

^{En portada: Fuga de petróleo en un pozo al norte de Veracruz donde las instalaciones para la extracción de hidrocarburos en la zona se encuentran abandonadas. El derrame afecta tierras y fuentes de agua de las comunidades circundantes. Foto: Regina López.}

Son diversos los casos en México que dan cuenta de un incremento de la violencia desplegada en contra de poblaciones campesinas e indígenas para dar paso a la imposición de megaproyectos. Es en este escenario donde se inserta el análisis que comparten habitantes del norte de Veracruz, en la región del Totonacapan, sobre la vinculación que existe entre tres actores que consideran fundamentales para el despojo de los territorios: empresas, Estado y crimen.

En voz de Óscar Espino, activista y defensor de derechos humanos en Veracruz, acompañante de colectivos de personas buscadoras e integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), la denuncia señala la lógica de terror impuesta por parte de estos actores, con la intención de inmovilizar a la población y, así, evitar la organización y resistencias comunitarias.

Según la reflexión de las comunidades del Totonacapan, la violencia de estos tres actores promueve el vaciamiento de sentido de los territorios para el despojo multidimensional: el territorial, económico, organizativo y político, entre otros, para con ello catalogarlos meramente como zonas de extracción.

“No puedes luchar con una lógica de terror impuesta sobre tu territorio, por ahí está la lógica de geoterror”, sostiene Espino y lo ejemplifica con el caso del norte de Veracruz, una región sumida en actos violentos como las ejecuciones y desapariciones, enmarcada como una zona prioritaria, histórica y actualmente, para la extracción de hidrocarburos.

Para Óscar Espino, la finalidad de las estrategias de geoterror es quitar del camino a las comunidades, quienes “estorban” ante los planes para imponer megaproyectos de “desarrollo”.

La región del norte de Veracruz es atravesada por múltiples megaproyectos que buscan explotar fuentes de agua, como el Proyecto Trasvase de Pánuco que pretende extraer el líquido con destino a estados del norte como Tamaulipas y Nuevo León.

También pretende dar continuidad con la extracción de hidrocarburos mediante métodos no convencionales, como la fractura hidráulica, dentro del proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG). De acuerdo a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), en esta región se han fracturado 3,358 pozos.

A esto se añade las afectaciones en los ecosistemas del Golfo de México por el paso del gasoducto Puerta al sureste, ducto submarino de 715 kilómetros que conectará con infraestructura al sur de Texas, para la exportación de gas natural proveniente de EEUU y Canadá.

Acorde al testimonio de Espino, la actuación de las empresas, Estado y crimen tiene como objetivo transformar la vida del campesino, al cual necesitan como cuidador, promotor y sometido al megaproyecto. De acuerdo al análisis, esto lo consiguen no solo mediante la violencia. “Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo”, subraya el activista sobre las condiciones que limitan la articulación y organización comunitaria para la defensa de los territorios en esta zona del país.

Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI realizada en Puebla durante el 2023. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos de resistencia en la Sierra Mazateca, Sonora, el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo. A continuación, presentamos extractos de la conversación con Óscar Espino.

Avispa Mídia (AM): Durante las reuniones con delegados del CNI compartiste algunos elementos de la reflexión que realizan desde el norte de Veracruz sobre lo que llaman estrategias de geoterror, ¿podrías platicarnos más acerca de ello?

Óscar Espino (OE): El análisis lo hemos hecho de manera colectiva, entre los pueblos y las comunidades, las organizaciones de ahí en el Totonacapan. Primero no nos dábamos cuenta cuáles eran los mecanismos que tenían, tanto el Estado, como las empresas, como el crimen organizado para actuar en nuestros territorios, pero de estos tres actores veíamos que había una lógica de meter miedo a las comunidades.

Nosotros los veíamos aislados, como el crimen organizado haciendo su propia chamba, diciendo que ellos se dedicaban a la cuestión del narco; a las empresas haciendo sus planes de megaproyectos de hidrocarburos y al Estado haciendo las leyes y las cuestiones de hostigamiento y de represión, o señalamiento de las comunidades.

Pero cuando empezamos a profundizar en el análisis, pues nos dimos cuenta que, más bien, hay una sinergia, un maridaje entre estos tres actores y otros actores de poder en la región, como cacicazgos locales que están enquistados en las comunidades campesinas e indígenas que funcionan también como mecanismo de aglutinamiento de estos tres actores que meten terror y miedo a las comunidades.

AM: ¿Cuáles son los efectos en los territorios del Totonacapan derivados de estas estrategias de geoterror?

OE: Para las comunidades ha sido muy difícil ver cómo se empieza a renombrar su territorio. Deja de ser el Totonacapan para convertirse, por ejemplo, en territorio Zeta; en campo estratégico de extracción de hidrocarburos como el “Aceite Terciario del Golfo”; en zonas de amortiguamiento para un proyecto estratégico, en rondas de exploraciones y extracción de hidrocarburos. Nombrar el territorio de un modo, también da sentido para vivir en él. Ese renombrarse es también un especie de vaciamiento del territorio. Lo que nosotros decimos es que hay una sinergia de estos actores, tanto del Estado, como del crimen organizado, como de las empresas, de vaciar el territorio del corazón y del pensamiento. La cosa no es que no estemos en el territorio, sino que estamos perdiendo vínculo con él y ese vínculo se está perdiendo por esa lógica del terror.

Nosotros vemos otros pueblos que se levantan y luchan, pero no es lo mismo una comunidad, a la que ahorita le llega la minera, con toda la información que tiene y que puede plantarse frente a la minera, al Totonacapan que tiene 120 años de exploración y extracción de hidrocarburos. Lo que significa es que habemos generaciones, hay incluso abuelos, bisabuelos que nacieron ya con pozos en sus comunidades, con un despojo de inicio, de no sentirse dueños, porque los primeros que estaban fueron desplazados y a ellos se les ha relegado a vivir en espacios de convivencia o de conflicto permanente con la exploración y extracción de hidrocarburos.

Te estoy hablando que los primeros pozos fueron a inicios del siglo pasado. Estamos hablando de más de 100 años de exploración y extracción de hidrocarburos, pero además de una lógica económica asociada a la vida de los hidrocarburos. Los abuelos veían las chapopoteras, como brotaba naturalmente el hidrocarburo, pero no imaginaban nunca la devastación. Salían a la calle, fascinados de ver las máquinas que llegaban, pero empezaron a ver la destrucción cuando debajo de sus casas o donde pretendían hacer su parcela, o su milpa, empezaron a ver una red de ductos. De manera que se empezó a limitar el control territorial y la decisión que los pueblos tienen sobre su territorio.

La cuestión aquí es cómo sus vidas se vieron amenazadas por la propia permanencia de los ductos de las empresas de Petróleo Mexicanos (PEMEX), en un principio, pero además del riesgo permanente.

Hay comunidades que tienen, por ejemplo, centrales de turbinas con un ruido ensordecedor, de manera que en toda la comunidad, para poderse hablar de tú a tú, se tenían que gritar. Es un sistema de privaciones y de riesgos que empieza por la salud misma.

Gente con problemas de salud muy fuertes por el gas venteado en la zona que no tiene regulación y que el Estado simula diciendo que está en los parámetros controlados de emisión de gases a la atmósfera, cuando es totalmente falso. Eso, asociado a una red de ductos de infraestructura para la extracción de hidrocarburos que implica el uso del agua. Por ejemplo, comunidades que no tenían agua y entonces Pemex llegó y les metió el agua; pues decían, “qué chingón”, pero eso ha precarizado tanto, de manera que ahorita ya no tienen, porque el agua se usa para las instalaciones de hidrocarburos.

Y todo un sistema de control también asociado al territorio. Primero, la depreciación de la vida campesina y, por otro lado, el alza de los precios de sus territorios. Entonces dicen ellos, “¿a ver, cómo?, no sirve mi territorio para sembrar, pero luego ¿llegan las empresas privadas?”.

Porque empezó a llegar gente de fuera, contratada por Pemex y otras empresas para hacer recorridos por las montañas, los valles y los territorios de los pueblos para ubicar zonas de exploración.

Nosotros supimos, desde un centro de derechos humanos, que drogaban a las personas para que aguantaran las jornadas infrahumanas, a un calor de más de 40 grados en el Totonacapan, y que fueran a ubicar los pozos. Después de eso, el trabajo que les dieron a los compas no es el trabajo de ingenieros y de petroleros, es limpiar los lodos, que es el trabajo más insalubre y depredador de la salud de los pueblos.

AM: Platicabas acerca de los métodos violentos para el despojo de los territorios, pero tambien acerca de otras estrategias que no implicaban el uso de la fuerza, ¿podrías darnos algunos ejemplos?

OE: Los pueblos implican una amenaza para la lógica del megaproyecto. A esta lógica, no solo estorba la relación del campesino con el territorio, sino el campesino siendo campesino. Necesitan al campesino siendo otra cosa, siendo cuidador de su megaproyecto, siendo promotor del megaproyecto, siendo súbdito del megaproyecto, siendo sometido al megaproyecto. Esta lógica de terror empieza así, no empieza llevando armas, empieza seduciendo. Se impone una hegemonía, le llaman “suave”, una hegemonía impuesta sobre los pueblos de manera que les convencen, desde la precariedad de la vida campesina, indígena, abandonada por el sistema de Estado, y entonces llegaban las empresas y decían “¿cuál es la necesidad más grande que tienen ustedes aquí ahorita?”.

Y se inventaron un programa que se llama Programa de apoyo a la comunidad y el medio ambiente (Pacma), ¡imagina!, la depredación hablando de apoyo a la comunidad y del medio ambiente. Pues con ese programa, ofrecían obras. Entonces llegaba un compañero defensor de derechos humanos y decía a las personas de los pueblos “no, compañeros, los están engañando”, pero eran solo palabras. Mientras los del programa llegaban y decían “aquí está” el recurso para la obra.

Eso metió la lógica de las empresas a las comunidades, ya no el conflicto fuerte, en donde las comunidades se plantaban frente a los pozos, porque las que se plantaban empezaron a ser criminalizadas. La negociación era inducida y sometida, ni siquiera era negociación, era un sometimiento.

Esa lógica empezó a meter el terror en la comunidad, el miedo de vivir en su territorio pensando que el día siguiente serían sacados o que el día siguiente iban a explotar, o que al día siguiente iba a haber un derrame, o que al día siguiente iba a haber un incendio, o que al día siguiente, al ir a su pozo, en vez de agua, irian sacar natas de crudo, o que iban a ver uno de sus animales muertos, porque en el arroyo donde estaba consumiendo agua, hubo un derrame. Es el miedo permanente a morir.

AM: ¿Cómo se da la participación del capital privado en este entramado para imponer la lógica del terror?

OE: Empezaron a aparecer los gestores de las empresas privadas, que eran contratadas por Pemex, por contratos de subrogación de actividades que Pemex no podía hacer. Esta transición fue cambiando de manera que, primero, veías solo a Pemex y después empezamos a contar hasta más de 40 empresas privadas. Los que llevan los ductos, los que llevan los líquidos, los que llevan los químicos, los que hacen la exploración, los que meten los fierros, los que lo quitan; cada empresa dentro de su propia lógica y cada uno deslindándose de la responsabilidad. Ya no sabías con quien pelearte.

Empezó a haber seguridad privada de las empresas y, después de eso, empezamos a ver cómo, a la par de que empezaban a introducir el megaproyecto, se empezaba a introducir la droga y el crimen organizado. Lo que no sabíamos es que el objetivo era desplazar a familias completas, desplazar a comunidades completas, desplazar a actores concretos de las comunidades, meter miedo, para imponer una lógica de terror.

No entendíamos si estaba vinculado al megaproyecto. ¿De qué nos defendemos? ¿del crimen organizado que empieza a llegar a nuestro territorio?, ¿nos defendemos del megaproyecto?, o ¿de la empresa que nos está jodiendo?, o ¿saneamos nuestro arroyo?, ¿nos cuidamos del gas que está venteándose?, o ¿sanamos nuestros oídos?. Esa es la lógica del terror.

AM: ¿En que circunstancias atestiguaron la vinculación del crimen con el Estado?

OE: Cuando empezamos a relacionarnos con otros colectivos de familias defensoras y buscadoras (de desaparecidos), empezamos a encontrar lógicas muy raras, porque nosotros andamos defendiendo el territorio para pedir que los pozos no dañaran y ellas andaban (buscando) entre los pozos.

Porque de estos miles de pozos que hay en el Totonacapan, la mayoría está en desuso. Son pozos viejos, de yacimientos que ya fueron explorados o ya fueron explotados y que tienen poco (hidrocarburos) y no les es redituable hasta que metan para hacer fracking, pero ahí está la infraestructura petrolera.

Por ejemplo, había uno que parecía un hotel. El crimen organizado ahí hacia sus reuniones. No se lo dieron a la comunidad que lo pidio para que hiciera su bachillerato, pero sí dejaron que el crimen organizado ocupara su territorio. Entonces, decíamos, “esto no es lógico”, ¿cómo el crimen organizado llega y hace una cocina?, -así le llaman a un centro de exterminio-, en una de las zonas de Pemex, y Pemex tiene seguridad y las empresas tienen seguridad y no pasa nada.

La gente de la comunidad nos decía, años después, veían que dejaron de ocuparlo, llegaban a barrerlo y hacían montones de tierra. Aventaban todo y ahí iban restos de carros, de cosas que se robaban y restos humanos, los botes con los hoyos donde ahí deshacían los cuerpos. Es una lógica perversa.

AM: Mencionaste que el despojo no es solo del territorio, ¿cuáles son esas otras expresiones? 

OE: Hay un despojo económico con el modo de depreciar la vida campesina y, al mismo tiempo, especular sobre ella, del endeudamiento de la gente, del préstamo.

Hay un despojo organizativo a la hora de quitarle la fuerza a la Asamblea y a sus autoridades. Un despojo político porque ya la gente ahorita no puede decidir sobre su propio territorio. Si hay un ducto y lo primero que te encuentras en tu parcela es un anuncio de “no cavar”, entonces, ¿cómo le hago?, y en la siguiente parte de tu parcela, el derrame de crudo que no puedes tú limpiar, ¿cómo lo limpias?.

AM: ¿Cómo las empresas se articulan para el despojo de los territorios con otros actores?

OE: Las universidades públicas estaban haciendo alianzas con las empresas y con Pemex para hacer contratos de colaboración para el despojo. Si quiere seguirse llamando universidad pública debe hacer investigación contra el despojo y debe declararse libre de fracking, así como nos declaramos las comunidades con nuestras asambleas, la universidad pública tiene que declararse libre de fracking. Pero lo primero que hicieron fue, “nueva oferta educativa: Ingeniería Petrolera”, o sea ingeniería para el despojo.

Óscar Espino hace énfasis en compartir el análisis de las y los habitantes del Norte de Veracruz, “a manera de espejo, como nos ha enseñado el CNI”, para, con ello, colaborar con otras comunidades y procesos de resistencia e identificar de manera previa a los actores y la lógica en que se mueven para la imposición de megaproyectos.

“A veces no imaginamos esta lógica perversa de terror impuesta sobre nuestras comunidades, y nos toma mucho tiempo descubrirla”, sostiene Espino sobre la importancia de analizar el poder de las empresas, su vinculación con el crimen y la anuencia de funcionarios para hacer frente a los “proyectos de supuesto ‘desarrollo’”.

“Hay ejemplos maravillosos de las comunidades campesinas e indígenas luchando contra estos proyectos, pero creemos que este ejercicio de espejear la realidad dolorosa de algunos puede ayudarnos a sanar la propia antes de que llegue ese dolor”, finaliza.

Campesinos en el campo los vieron pasar con sus equipos, era el año 2021. Pusieron atención porque era gente que no es común en esta zona. No le dieron mucha importancia en un primer momento, pero, eran ingenieros y técnicos que estaban haciendo exploración minera en los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, una de las mayores zonas selváticas de México. Los mineros confirmaron que, en las entrañas de estas montañas, se encuentra un gran yacimiento de oro y cobre.

Un poco antes de internarse en esta región donde habita el pueblo Zoque, la empresa canadiense Minera Minaurum Gold S.A. de C.V., en el año 2021, había vendido 23 mil acciones en Canadá, de donde pudo recabar 9,2 millones de dólares canadienses para continuar con sus procesos de exploración y lo que consideran fines generales de explotación de sus proyectos mineros en México. Uno de ellos es el proyecto bautizado con el nombre de Santa Marta.

El comisariado de bienes comunales de San Miguel Chimalapas, Vicente Contreras, dijo para Avispa Mídia que los habían visto pasar en 2021. “Decidimos armar unas brigadas para recorrer el territorio y encontramos que en algunos lugares habían removido la tierra. Entonces nos movilizamos porque no queremos minería en nuestro territorio”, señaló.

De acuerdo con información de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Plataforma de Transparencia, las solicitudes de los permisos de Santa Marta, habían sido desechados mediante el acuerdo establecido en el oficio UGA-0687-2021, dictamen que fue notificado a la empresa el 25 de junio de 2021, vía correo postal certificado.

Un mes después del supuesto dictamen de Semarnat, en julio del mismo año, Minaurum, para dar certeza a sus accionistas, anunció que veía “más oportunidades desbloqueadas en algunos de los proyectos de exploración menos avanzados de la empresa, en particular Santa Marta, un proyecto de sulfuro masivo volcanogénico (de cobre y oro) potencialmente muy grande”.

Incluso, el anuncio de la empresa se daba con bombo y platillo argumentando que uno de sus inversionistas más importantes, la empresa de activos Crescat Capital, equiparó Santa Marta con el yacimiento de oro y cobre de categoría mundial Hod Maden en Turquía, un proyecto que concentra reservas minerales de 8 mil 696 toneladas de oro y cobre.

Aunque Semarnat sostiene en respuesta a las peticiones de información que los permisos de Santa Marta habían sido desechados en junio de 2021, oficialmente en su plataforma el proceso continuó hasta el 17 de agosto del 2021 sin haber hecho público los resolutivos. Por el contrario, en las peticiones de información sostiene que es información “reservada o confidencial”.

Minaurum solicitaba un permiso de exploración por un periodo de 12 meses. Si esto hubiera surtido efecto, entraría en vigor en agosto del 2021 hasta agosto del 2022, justo en las fechas cuando vieron pasar a los mineros por la región.

En el portal de la empresa hay fotos de sus recorridos por este lugar, aunque no mencionan las fechas.

^{Geólogos de Minaurum en la mina Santa Marta}

La novedad es que la empresa sostiene en un informe de este año 2024, que el muestreo de roca histórico realizado “ha arrojado valores de cobre que oscilan entre 1% y 3,7% de cobre y valores de oro que alcanzan los 3 g/t (gramos por tonelada en bruto de roca)”, según su informe llamado “Perspectivas de Exploración 2024”.

Es así que la empresa Minaurum ha avanzado con el proyecto Santa Marta y anuncia que ha actualizado sus actividades de exploración para 2024, incluyendo un nuevo trámite presentado para una solicitud de permiso de 3 mil metros de perforación, lo que implica una nueva MIA y un nuevo proceso que tiene que aprobar Semarnat. Mientras tanto, Minaurum está obligada a dar avances a sus inversionistas que han invertido los 9,2 millones dólares canadienses.

^{Brigadas que recorren el territorio de San Miguel Chimalapa}

La estrategia

El proyecto Santa Marta abarca dos concesiones que se ubican entre los municipios de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec, los mismos que tienen conflictos legales en cuanto a sus limítrofes de las tierras. “El problema de límites comprenden más de 13 mil hectáreas y es ahí donde está este proyecto”, dijo el comisariado de San Miguel Chimalpa.

Lo interesante es que a Minaurun, a la hora de solicitar sus permisos de exploración en 2021, según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) realizada por Asesores en Impacto Ambiental y Seguridad, S.C., presentó una copia de resolución del conflicto legal de linderos entre San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Zanatepec. Pero el comisariado sostiene que “el problema agrario aún no se ha resuelto. Porque hemos metido un recurso de revisión que aun está en los tribunales, entonces el conflicto no está resuelto”.

En el año 2019 Semarnat ya le había negado una autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) a la empresa según el oficio SEMARNAT-SGPA-UGA-0021-2019, con la cual solicitaba autorización para la realización de obras y actividades en los dos lotes del proyecto.

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Pero cuando Minaurum volvió a solicitar la aprobación de una nueva MIA y los permisos de exploración, en 2021, el apoderado legal de la empresa, el Maestro Daniel Jesús Ventura Uribe, presentó más documentos, pero ahora solo para hacer exploración en el lote Jackita. Complementando con una copia certificada de notario público con el permiso de la comunidad La Cristalina, perteneciente a San Miguel Chimalapa.

Es ya sabido que las empresas mineras en México recurren a diversas estrategias para poder proceder con la exploración y explotación de los minerales, una de ellas es dividir a las comunidades y recargarse en un grupo. “Es lo que pasó con la comunidad de La Cristalina, quien supuestamente les dio el permiso para ingresar a nuestro territorio para hacer exploración”, lamenta el comisariado Contreras, quien lleva dos años con el cargo.

Para el Comisariado esto es totalmente ilegal, ya que pasaron por alto a la máxima autoridad. “Aquí ninguna comunidad está facultada para dar este permiso, ni si quiera yo como comisariado. Porque el propio estatuto comunal establece que la última palabra la tiene que dar la asamblea general, donde participan todos y todas las comuneras. Por ello, La Cristalina no está facultada para dar este permiso. Esto es una ilegalidad”, puntualiza el representante agrario de la comunidad.

Los dos lotes mineros Reducción Mar de Cobre y Jackita, con número actualizado de títulos correspondientemente 246936 y 225472, suman la exorbitante dimensión de más de 6 mil 400 hectáreas, casi el equivalente a nueve veces lo que comprende a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente esta empresa, a través de su filial Minera Zalamera, S.A. de C.V., cuenta con 9 concesiones vigentes en el estado de Oaxaca en fase de exploración que suman más de 27 mil hectáreas. También tiene una concesión en Puebla, una en Morelos, dos en Guerrero y tres proyectos en Sonora.

Dependencia del agua

El resguardo de región de Los Chimapalas es de ámbito internacional, ya que es esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.

Por la región cruza la Sierra Atravesada, la Sierra de Tres Picos y la Sierra Espinazo del Diablo y las cuencas de los ríos Corte y el Alto Uxpanapa. Comprende la totalidad de los Municipios de Santa María Chimalapa y San Miguel Chimalapas, así como parte de los Municipios de Matías Romero y San Pedro Tapanatepec colindando al este con el estado de Chiapas.

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El comisariado de San Miguel Chimalapas destaca que la mayoría de las personas en estas comunidades se dedica al campo y dependen del agua. “Que vamos hacer si se contaminan los mantos acuíferos. Chimalapas alimenta a una gran cantidad de comunidades, por eso nos preocupa, porque no vamos a comer oro, vivimos del campo. Dependemos del agua”, alerta.

Ni la empresa ni el Estado les ha dado información hasta el momento de lo que implica la exploración y posible explotación de estos lotes mineros. “La única información que hemos obtenido es a través de foros que han organizado los propios jóvenes de la comunidad”, dice Contreras, representante agrario de esta comunidad.El comisariado sostiene que las comunidades son tajantes en no permitir el extractivismo. “En distintas asambleas hemos acordado no permitir la explotación minera en nuestro territorio. Vamos a defender nuestras tierras”, remarca el indígena Zoque.

^{Foros informativos realizados por jóvenes de san Miguel Chimalapa}