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SubVersiones

Sobre la detención de El Lico: cuando la justicia institucional no alcanza

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Por Dante A. Saucedo y Regina López

El pasado 22 de marzo, elementos de la Policía Federal detuvieron en Nayarit a Federico González Medina, El Lico. En los días siguientes a su aprehensión, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría de Justicia de Michoacán emitieron comunicados para adjudicar la captura del jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en La Placita —en el municipio michoacano de Aquila— a trabajos coordinados de «inteligencia».

En la sierra-costa michoacana, sin embargo, los boletines de prensa de las corporaciones de seguridad del Estado mexicano no son suficientes para borrar de la memoria los años de agravios y violencia que El Lico provocó con la aquiescencia o franca complicidad de los tres niveles de gobierno. Para el pueblo nahua de Santa María Ostula, el nombre del jefe Templario es sinónimo de una época de terror, cuyas memorias y dolores apenas comienzan a sanar.

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Comunidad de Santa María Ostula

Santa María Ostula: Solidaridad con Arantepacua

A los hermanos y hermanas de Arantepacua.
A la sociedad civil en general
A Los medios de comunicación

Reciban un saludo respetuoso, combativo y fraterno, sepan que en la comunidad indígena Nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, tienen amigos que estamos y estaremos con ustedes en su dolor y en su lucha. Nos duelen, como nuestros, los compañeros comuneros purépechas que fueron cobardemente asesinados por la policía represora de Silvano Aureoles.

Nos duele porque conocemos el dolor y la rabia que se siente al ver un niño muerto por las balas asesinas del gobierno que responde con descaro y cinismo. Nos duele porque conocemos el miedo que queda en la mirada de los niños que crecen sintiéndose amenazados. Nos duele porque conocemos la profunda corrupción criminal del gobierno.

Nos sumamos a la exigencia de castigo a Silvano Aureoles, así como a todos los mandos políticos, policiacos y militares que orquestaron la masacre en contra de la comunidad de Arantepacua y hacemos nuestra la exigencia de libertad inmediata de todos los comuneros detenidos.

Condenamos la cobarde forma de hacer política del gobierno del estado de Michocacán, que está lleno simulación, criminalización, asesinatos y atemorización de los pueblos. Es decir, condenamos la traición en todas sus formas.

Condenamos el terrorismo de Estado operado por  los gobiernos de todos los niveles en las comunidades indígenas de Michoacán a través del uso del ejército en contra de la población civil y exigimos la inmediata salida de militares y policías del territorio de Arantepacua.

Atentamente

Abril de 2017

Comunidad de Santa María Ostula

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NotiFrayba

NotiFrayba: Santa María Ostula frente a las infamias del gobierno y el crimen organizado

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(Descarga aquí)  

Te presentamos un especial de la Comunidad Santa María Ostula, la cual recuperó en el 2009 alrededor de 1200 hectáreas de tierra para fundar el pueblo de Xayakala. Estas tierras les habían sido arrebatadas por “pequeños propietarios” provenientes del estado de Colima y zonas aledañas, mismos que a la larga demostrarían estar aliados con el Cártel de los Caballeros Templarios, el cual les asesinó a 32 comuneros y les desapareció a otros seis, entre 2008 y 2014. Todo ello ante la omisión de los gobiernos estatal y federal.

La infamia más reciente hacia este pueblo se presentó en los primeros días del mes de febrero del 2017. El día 8, la comunidad informó que tras operativos conjuntos y negociaciones fueron liberados los policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, quienes habían sido secuestrados y desaparecidos desde el pasado 5 de febrero de 2017 a manos de elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron al grupo del crimen organizado de los Templarios, así como los dos comunitarios que posteriormente fueron retenidos en el proceso de negociación.

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Radio Zapatista

Ostula: Liberan a policías comunitarios – denuncian impunidad y complicidad entre Estado y delincuencia organizada

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Foto: Enrique Castro (Proceso)

La comunidad indígena de Santa María Ostula informó que ayer, 8 de febrero de 2017, fueron liberados los policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, secuestrados el 5 de febrero por miembros de la Marina y entregados al crimen organizado. La liberación se dio como resultado de operativos y negociaciones entre el Estado y el crimen organizado, cuyo contenido la comunidad ignora. Al mismo tiempo, la comunidad de Ostula denuncia la complicidad entre el Estado, la delincuencia organizada y el capital, sobre todo en la forma de las empresas mineras que operan en la región. En el comunicado hacen también un recuento de las graves agresiones sufridas a manos del Estado y de la delincuencia organizada a lo largo de este último año, y ennumeran una serie de exigencias para acabar con la impunidad, desmilitarizar la región, desmantelar los grupos del crimen organizado, permitir la construcción de la autonomía y crear las condiciones para el retorno de la paz social.

A continuación, el comunicado completo.


COMUNICADO DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA, AQUILA, MICHOACAN: LIBERADOS LOS POLICÍAS COMUNITARIOS

8 DE FEBRERO DE 2017

A LA OPINIÓN PÚBLICA
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS LIBRES
A LOS MEDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES

El día de hoy a temprana hora y tras operativos conjuntos y negociaciones fueron liberados los compañeros policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, municipio de Aquila, Michoacán: Abigail Farías Fernán, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia, quienes habían sido secuestrados y desaparecidos desde el pasado 5 de febrero de 2017 a manos de elementos de la Secretaría de Marina, quienes después los entregaron a los grupos delictivos encabezados por Jesús Cruz Virrueta (alias Chuy Playas), Fernando Cruz Mendoza (alias El Tena), José María Cruz (alias el Tunco), Federico González Medina (alias Lico) y Mario Álvarez López (alias El Chacal), así como los dos comunitarios que posteriormente fueron retenidos en el proceso de negociación.

Aclaramos que nuestra comunidad desconoce las condiciones y acuerdos a los que se haya llegado con los delincuentes para la liberación de nuestros compañeros y denunciamos que no han sido detenidos ninguno de los responsables materiales e intelectuales de este nuevo atentado, ni ha sido esclarecido el vínculo y la complicidad entre estos y los elementos de la Secretaría de Marina.

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Comunidad Indígena de Santa María Ostula

Comunicado de Santa María Ostula 7 de febrero de 2017

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Sierra-costa de Michoacán, 7 de febrero de 2017

A los pueblos de México y el mundo,
Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios libres,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,

La Comunidad Indígena de Santa María Ostula se manifiesta enérgicamente en contra de la detención ilegal de 5 elementos de las policías comunitarias de San Pedro Naranjestil y Tizupan –ambos pertenecientes a la comunidad indígena de Pómaro– a manos de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) para ser entregados directamente a un grupo de criminales, el cual ha sido denunciado insistentemente con anterioridad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana del día 5 de febrero, hora en la cual algunas camionetas de la SEMAR llegaron al filtro de seguridad que la policía comunitaria mantenía en el punto conocido como Tizupan. A partir de los testimonios recopilados, es posible certificar que los marinos no detuvieron al azar a los comunitarios sino que éstos estaban plenamente identificados y eran el objetivo de esta acción.

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Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos

Acción Urgente | Desaparición Forzada de cinco integrantes del Pueblo Nahua de la región Costa Sierra, Michoacán, perpetrada por la Marina Armada de México y el Crimen Organizado

Ostula

La Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, hemos recibido información directamente de integrantes de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, estado de Michoacán, de que alrededor de las 3.30 am del día domingo 5 de febrero de 2017, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, de nombres: Abigail Farías Fernández, Crispin Francisco de Aquino, Saul Fabian Meraz Martinez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreon Valencia, fueron privados de la libertad por miembros de la Secretaría de Marina Armada de México, en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila; quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

Ante tales hechos, la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula decidió iniciar un bloqueo en la carretera federal 200 pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo. Además se denuncia que hay una amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas.

Recordamos que el 15 de noviembre del 2016, se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el Pueblo Nahua de la región, debido a una constante condición de vulnerabilidad y amenaza que mantiene en riesgo la vida e integridad personal de los habitantes.

Frente a señalamientos de esta naturaleza, de los que se advierte la probable comisión de una desaparición forzada con participación de las fuerzas armadas, hacemos un llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregados por la Marina Armada de México; haciendo uso de los medios más efectivos a su alcance para localizarlos.

¡Firma en línea!

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Miembros de la Marina levantan a 5 comuneros y entregan al crimen organizado

Regina López . Agencia Subversionesphoto
Foto e información “Subversiones Agencia Autónoma de comunicación”

Compañeros de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula nos informan que en la madrugada de este 5 de febrero, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, fueron levantados en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Marina, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado.

Señalan que les están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a los secuestrados y que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera. Los criminales amenazaron con ejecutar a los comunitarios de no obtener una respuesta afirmativa a sus exigencias.

La comunidad de Ostula acaba de decidir en asamblea, bloquear la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa – Sierra de Michoacán como acción urgente para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación de los policías comunitarios.

Resulta alarmante que nuevamente se observe una colusión entre los cuerpos castrenses del Estado (en este caso la Marina) y el crimen organizado, para hostigar y amenazar gravemente a las comunidades en resistencia.

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Radio Pozol

Michoacán: Marina secuestra a 5 comuneros de Naranjestil y los entrega al crimen organizado

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México. Pozol. 5 de febrero. En horas de la madrugada de hoy fueron secuestrados 5 integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, Michoacán. Comuneros de Santa María Ostula informaron que dichas personas fueron levantadas en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Secretaría de Marina, quienes posteriormente, los entregaron al crimen organizado.

A cambio de la libertad de los 5 miembros de la policía comunitaria, los secuestradores piden la cantidad de 21 armas, así como que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera, de lo contrario amenazaron con ejecutar a los comunitarios.

Por su parte, la comunidad de Santa María Ostula decidió en asamblea realizar el bloqueo de la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa-Sierra de Michoacán como medio para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación sus compañeros.

Cabe recordar que la región de Santa María Ostula mantiene una lucha por sus territorios ancestrales que recuperó de manos del crimen organizado y de pequeños propietarios coludidos con cárteles de la droga y a pesar, también, de la complicidad que con los grupos delictivos y supuestos “propietarios” han mantenido los cuerpos de “seguridad” del Estado mexicano. Suman ya más de 30 comuneros asesinados y otros tantos desaparecidos por paramilitares, narcos y el ejército mexicano, el precio que la comunidad de Santa María Ostula ha pagado por la defensa de su territorio. Vale recordar que uno de los casos más recientes fue 2015 cuando el ejército mexicano asesinó a un niño de apenas 12 años mientras atacaba con armas de alto poder a comuneros indefensos.

Información: Solidaridad con Ostula
Foto: Desde las nubes

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Agencia SubVersiones

Ostula: la seguridad comunitaria no es tema de negociación

Por Rafael Camacho

Hace ya varios meses que a través de diversos comunicados, autoridades de la comunidad indígena de Santa María Ostula, Pómaro y San Juan Huizontla, así como habitantes, Policías Comunitarias y Grupos de Autodefensa de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, han denunciado una escalada de violencia en la región costa-sierra del estado de Michoacán.

Dicha escalada, señalan, se debe principalmente a la reagrupación de células del crimen organizado vinculadas con Los Caballeros Templarios, cártel que después de la retirada provocada por el surgimiento de los Grupos de Autodefensa en 2013 y 2014 se ha visto nuevamente fortalecido desde la llegada de Silvano Aureoles a la gubernatura del estado. El plan de seguridad pública, cuya primera medida había sido la implementación del Mando Único en el estado hace poco más de un año, se ha revelado de hecho un rotundo fracaso.

A la par del aumento de la violencia, se ha registrado también un alza en el hostigamiento que realizan la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la Policía de Michoacán en contra de la comunidad de Ostula y las comunidades aledañas. El evidente reacomodo de fuerzas y las órdenes de aprehensión contra el comandante comunitario y Director de Seguridad en el municipio de Aquila, Germán Ramírez Sánchez, y del Director de Seguridad en el municipio de Coahuayana, Héctor Zepeda Navarrete, han encendido las alertas en las comunidades y en la región.

Pobladores, Grupos de Autodefensa y Policías Comunitarias de Santa María Ostula, Pómaro, San Juan Huitzontla y Aquila, así como de Coahuayana y Chinicuila, han iniciado desde el 2 de noviembre pasado una serie de acciones, entre las que destacan la toma de las alcaldías de Aquila, Coahuayana y Chinicuila, así como un bloqueo permanente en la carretera federal 200.

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Solidaridad con Ostula

Comunidades de Sierra-Costa de Michoacán exigen desmilitarización y justicia

A la sociedad mexicana
Al Gobierno del estado de Michoacán
Al Gobierno Federal

Los grupos de autodefensa y policías comunitarias de la sierra costa de Michoacán, de las comunidades de Santa María Ostula, Pómaro, San Juan Huitzontla y Aquila y los grupos de autodefensa de la sierra costa de Michoacán, informamos que como parte de las movilizaciones emprendidas para defender nuestra seguridad comunitaria, exigir el cese de la represión y desmantelamiento de las bandas criminales,  mantendremos tomadas las presidencias municipales de los municipios de Coahuayana, Chinicuila y Aquila, así mismo mantendremos el bloqueo instalado sobre la carretera federal 200 hasta que se alcancen acuerdos para el cumplimiento de nuestro pliego petitorio.

Lo decimos claro, no está en negociación nuestra seguridad comunitaria pues son  los muertos en nuestros municipios, los que fueron asesinados y desaparecidos, las mujeres violadas, las familias extorsionadas y destruidas, las miles de personas en la región que fueron desplazadas por la violencia criminal, las comunidades que fueron despojadas de sus tierras sagradas, minerales y maderas preciosas en peligro de extinción los que hablan por nuestra determinación irrenunciable de que la muerte y violencia no regrese a nuestros municipios y comunidades, no lo podemos negociar porque sería resignarnos a ver morir a nuestras familias, a ver la muerte tan cotidiana que nos acostumbremos a ella, a hacer del miedo la única certeza, a perder la esperanza de que la oscuridad termine.

La detención  y permanente hostigamiento a nuestras policías comunitarias y grupos de autodefensa por parte de la Marina Armada, del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Policía Michoacán altera la paz de la región y es para nuestras familias equiparable con el también permanente asecho de las bandas de la delincuencia organizada por penetrar a nuestra región e implementar el terror y la venganza contra quienes de forma organizada nos decidimos por ejercer la vida y no el miedo y la muerte  en que nos tenían sometidos.

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