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Avispa Midia

Zapotecas clasifican como “acto coercitivo” reinicio de consulta de la eólica EDF

Por Sare Frabes

Este domingo (16), el ayuntamiento municipal de Unión Hidalgo, en el Istmo de Tehuantepec, ha difundido la convocatoria para el reinicio de la Consulta Indígena para la instalación del parque eólico de la empresa Électricité de France (EDF).

El proceso de consulta, iniciado en abril de 2018 y detenido debido a la pandemia de Covid-19 deberá, según la convocatoria, ser retomado el 22 de enero, en su fase final, en la etapa deliberativa.

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La Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Istmo de Tehuantepec, ha expresado su inconformidad ante la decisión de la reanudación del proceso. “Deliberar en medio de la pandemia es un acto coercitivo de las autoridades”, pronunciaron los comuneros de la comunidad zapoteca en sus redes sociales.

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“En plena alza de la panemia en Oaxaca y ante un eventual repunte en el Istmo, después de las fiestas de fin e inicio de año, la Sener [Secretaría de Economía], INPI [Instituto Nacional de Pueblos Indígenas], CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] se lavan las manos y practican la danza de la muerte con la reanudación de la consulta eólica del proyecto de muerte denominado Gunaa Sicarú”, afirman.

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Los zapotecas han denunciado, desde por lo menos 2017, que la EDF firmó contratos y acuerdos, desarrolló procesos paralelos de información y comunicación, y contribuyó a la ruptura del tejido social en Unión Hidalgo, afectando el carácter previo, libre e informado de la consulta.

Han denunciado además que las acciones de la empresa, en conjunto con autoridades, han llevado a la comunidad de Unión Hidalgo a una escalada de violencia, especialmente hacia comuneros y comuneras que están en contra del proyecto.

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En testimonio para Avispa Midia, un representante de la Asamblea de los Comuneros apuntó varios problemas en la retomada de la consulta. Uno de ellos es que no hay condiciones para iniciar la fase final, la deliberativa. “No se ha cerrado formalmente la fase informativa”, dijo, necesaria para que se inicie la deliberación.

Además, sostiene que la responsable por la convocatoria debe ser la Sener, a través de la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Territorial, y no el ayuntamiento municipal.

En Unión Hidalgo ya existe un parque eólico con dos fases de la española Demex. Son alrededor de 100 aerogeneradores ya instalados.

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Avispa Midia

Zapotecas resaltan desafíos tras lograr la primera concesión comunitaria del agua

Por Samantha Demby

El 24 de noviembre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) otorgó la primera concesión comunitaria para el uso del agua subterránea en México a 16 comunidades zapotecas, organizadas bajo la Coordinadora de Pueblos Unidos para el Cuidado y la Defensa del Agua (Copuda). Durante 16 años, Copuda se ha organizado no sólo para recuperar sus acuíferos amenazados por la prolongada sequía en los Valles Centrales de Oaxaca, sino también para que el Estado respete su derecho de administrar su agua.

Un decreto presidencial de noviembre de 2021 levantó la veda impuesta en 1967, que prohibía el uso del agua del subsuelo de la que dependen las comunidades campesinas para cultivar las hortalizas que comercializan en toda la región.

El decreto establece la “Zona Reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales del Estado de Oaxaca” y reconoce, en su séptimo artículo, “su derecho a la libre determinación y autonomía, así como su derecho al territorio y en consecuencia a participar en la administración coordinada del acuífero”, con Conagua.

De igual manera, su octavo artículo sostiene que las comunidades indígenas ubicadas en el acuífero “tendrán derecho de contar con un título de concesión comunitaria y un reglamento comunitario”. Las comunidades ya están poniendo en práctica estos reglamentos comunitarios que establecen normas para la conservación y el uso del agua.

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Zapotecas exigen que Sener respete suspensiones judiciales contra EDF

Por Sare Frabes

La autoridad municipal de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, César Carrasco Vicente, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, ha solicitado a la Secretaría de Energía (Sener) que retome el proceso de consulta indígena para la instalación del parque eólico Gunaa Sicarú de la empresa francesa de energía EDF (Electricité de France).

Durante toda la consulta, que fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19, comuneros han denunciado que ha sido un proceso protocolar para la implementación del proyecto, sin llevar en consideración los impactos reales en el territorio zapoteca.

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En caso de que la Sener decida retomar el proceso de consulta contravendría, de acuerdo con el abogado agrario del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, dos suspensiones otorgadas por tribunales de Oaxaca que impiden a la eólica EDF realizar cualquier acción sobre los terrenos comunales de la comunidad, lo que incluye la retomada de la consulta.

La primera, otorgada desde el 05 de mayo de 2018, suspende la Manifestación de Impacto Ambiental. La segunda es la suspensión de plano, lograda el 6 de septiembre de 2021, que el tribunal colegiado de Oaxaca del décimo tercer circuito otorgó por unanimidad a la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos, Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa.
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Avispa Midia

Tribunal de Oaxaca suspende sentencia que defendía territorio chontal de minería

El colegiado del Segundo Tribunal de Circuito en Materias Civil y Administrativa revocó la sentencia del juez 4º de distrito de Oaxaca, quien había decidido contra la explotación minera de la empresa Zalamera S.A de C.V, filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, en 5 mil hectáreas del territorio del pueblo chontal.

Apegado a marcos jurídicos internacionales, este pueblo originario había apelado a su autonomía y a su autodeterminación, alegando sobre la inconstitucionalidad a la que se incurrió al haber emitido el título de concesión por parte de la Secretaría de Economía sin haberles informado ni consultado. Por tanto, el juez dictó sentencia favorable al pueblo chontal en febrero del año 2020.

“Esta fue una decisión histórica porque la determinación del juez defendió no solamente las comunidades directamente afectadas por la concesión, sino todo el pueblo chontal”, señaló la abogada Aracely Olivos Portugal, de la organización civil Tequio Jurídico.

Sin embargo, la minera, al ver que casi pierde el caso, movió sus piezas para invalidar el juicio. Mañosamente, desistió de la concesión, “sabiendo perfectamente que con esa acción pone en riesgo la existencia misma del juicio, porque los tribunales van a decir que, si ya no existe esta concesión, ya no hay nada que analizar y ya no hay derechos que proteger”, asevera la abogada.

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Y fue lo que pasó. “El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito decidió que el desistimiento de la concesión es algo que beneficia a las comunidades y que, por tanto, no hay ningún riesgo a la comunidad y ningún acto que mantenga vivo el juicio de amparo contra esta concesión”, explicó Olivos.

“No estamos de acuerdo”, refiere la abogada con respecto a la argumentación de los magistrados. “Sabemos que es una estrategia de mala fe de la minera y no es la primera vez que ha pasado”.

Para la abogada Olivos, esta es una estrategia muy común por parte de las empresas mineras en colusión con la Secretaría de Economía. Al ver que van perdiendo el juicio, desisten de la concesión y, consecuentemente, se suspende el caso, para después volver a hacer el pedido de concesión.

La empresa aplicó el mismo procedimiento, en el año 2015, en San Miguel del Progreso, estado de Guerrero. “Con la comunidad me’phaa, desistieron de las concesiones y, al llegar el caso a la corte, se dijo que como ya no hay concesiones, no hay juicio. Esta fue la primera vez que la corte se iba a pronunciar sobre la ley minera”, agrega la abogada.

El pueblo Chontal sería el tercer pueblo indígena al que se le aplica la misma estrategia de invalidar su proceso jurídico. El segundo fue en Puebla, con la comunidad de Tecoltemi, donde la empresa Almaden Minerals Ltd, también de capital canadiense, intentó invalidar el juicio.

“La minera hizo lo mismo, intentó pedir una reducción de su concesión para que ya no abarcara el territorio de la comunidad de Tecoltemi y desistirse de la fracción de la concesión que abarca esa comunidad, pero las abogadas litigaron muy bien y la Secretaría de Economía dijo que no se podía desistir. Actualmente está en la corte”, detalla Olivos.

La abogada sostiene que la defesa del territorio chontal debe continuar. “Seguramente no van a desistir del oro, plata, cobre, zinc y plomo que hay en este territorio”.

Por su parte, el pueblo Chontal ya decidió mediante actas que declaran su territorio prohibido para la minería. No quieren esta industria extractiva en su región.

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Avispa Midia

Surge nueva escuela autónoma en resistencia en la sierra Mazateca

Por Santiago Navarro F

Fotos: Mapoc

En México los proyectos expansivos del capital, a través de mega emprendimientos de “desarrollo”, se aceleran e incluso son considerados de seguridad nacional. En medio de este escenario, donde la incertidumbre ha tomado por asalto a varios pueblos originarios de México, en un rincón del estado de Oaxaca, en la sierra Mazateca, la comunidad de Agua de Lluvia ha decidido marchar a contracorriente.

La mañana del domingo (12), el sol les pintó distinto, era el día, un nuevo comienzo se asomaba con un nuevo espacio de esperanza en la comunidad, el comienzo de la escuelita comunitaria Agua de Lluvia. Con la presencia de las autoridades tradicionales, la comunidad en general e integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) inauguraron la escuelita comunitaria.

El surgimiento de esta iniciativa remonta a un escenario de crisis y convulsión política que vivía el estado de Oaxaca en el año 2006. En ese momento, una protesta de los profesores afiliados a la denominada Sección 22, había escalado a nivel estatal. Obtuvieron un gran respaldo de diversos pueblos originarios, es entonces que el gobierno creó un sindicato paralelo para contrarrestar fuerza, la Sección 59.

La comunidad de Agua de Lluvia sufrió las consecuencias de esta estrategia, “la Sección 59 tomó la escuela”, cuenta la profesora Rocío Escudero Rodríguez. Fue entonces cuando nace una primera iniciativa en 2011, “junto con algunos padres de familia, quienes apoyaban a la Sección 22, solicitamos personal docente para que se abriera una escuela alterna en una casita”, que les fue prestada.

La profesora, quien también es parte de esta comunidad, relata que todo iba caminando bien, incluso, el número de estudiantes aumentó. “El espacio era muy chico y ya no cabían los niños. De esta manera surge la idea de conseguir un terreno para la construcción de un aula, bajo un proyecto comunitario”, explica la profesora.

Tras varios intentos de recuperar la escuela tomada por la Sección 59 no obtuvieron una respuesta favorable por parte de instancias del gobierno y de la propia Sección 22. Por ello, “decidimos, con los padres de familia en resistencia que, a través de faenas, se iba a realizar el solar y los adobes. Se realizaron rifas. Los niños vendieron lo que cosechamos, chicharos, rábanos. Con lo poco que se iba juntando, comenzamos a comprar lo necesario. Con los niños elaboramos los adobes, cerca de 2500 adobes, y se compraron algunas cosas como cemento y algunas de las comunidades vecinas aportaron grava y arena”.

Esta acción impactó directamente a los padres que apoyaban a la Sección 59 y comenzaron una campaña de desprestigio contra la iniciativa de la escuelita comunitaria. “Se encargaron de realizar un trabajo político, mal informando a los padres en resistencia, obligándolos a que sacaran a sus hijos, queriendo debilitar el trabajo que ya iba avanzando”, señala la profesora.

Pero no solo realizaron estas acciones, sino que también los lideres de la comunidad, el gobierno y líderes de la Sección 22 hicieron acuerdos sin tomar en cuenta a los padres en resistencia. “Recibí una orden de mis superiores para que me retirara de este lugar y así se pudieran recuperar la escuela. No me quedó otra opción más que aceptar y retirarme de esta comunidad”, agrega la profesora Rocío.

Hoy, la iniciativa de la escuelita comunitaria camina y se le “está dando otro rumbo al proyecto”, remarca la profesora, va a seguir siendo comunitario, pero más abierto. “Se pretenden rescatar las costumbres, la ayuda mutua, la colectividad. Que consolide la armonía de las comunidades que están lastimadas por los partidos políticos, que controlan y dividen a los pueblos”.

Rocío sostiene que el trabajo que se pretende realizar en esta escuelita no busca afectar el trabajo de los docentes de la escuela oficial de la comunidad. “Al contrario, sentimos, que va a ser un apoyo para que realicen sus trabajos pedagógicos de ellos. Porque en esta escuelita comunitaria se van a dar talleres de cuentos, dibujo, lectoescritura, valores, artesanías y del trabajo con el campo, entre otros más, como la música, que pueda servir a la comunidad y a otras comunidades que se quieran integrar. Es un trabajo con los niños, pero también, para los padres”.

Juan Carlos Escudero, mazateco que forma parte del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (Mapoc), rememora a cada una de las personas que han iniciado este proyecto y el giro que dio la escuela que, en un principio, se buscaba que estuviera bajo la jurisdicción del gobierno. Hoy ha dado un giro radical. “La escancia política de este lugar se ha inspirado en las escuelas y caracoles zapatistas, así como las luchas autónomas y las ocupaciones de tierras”.

El espacio de uso común es una respuesta, también, a los diversos actores que han fracturado a las comunidades mazatecas. “Lo que se pretende con la escuela es retejer el tejido y los lazos en la comunidad. Con el tiempo, se pretende que también sirva para la lucha por la justicia y la dignidad humana y de los pueblos originarios”, agrega Juan Carlos.

Actualmente, mediante los lazos y puentes de solidaridad que han venido construyendo, también se busca resolver las necesidades que requieren. “Porque aquí nadie recibe un sueldo, no se recibe recursos del gobierno y nos movemos con nuestros propios medios. Esa es una gran diferencia con la escuela oficial y nuestra escuela esta inspirada en procesos de lucha que pretende ser desescolarizada”, argumenta Juan Carlos, que anuncia que el próximo año 2022 iniciarán con rifas y una campaña de recaudación de fondos para completar lo que les hace falta.

La profesora Rocío reflexiona que este proceso es una lucecita más que va a fortalecer el caminar de los pueblos que forman parte del CNI. “Con este proyecto vamos a retomar los principios zapatistas. Sentimos que este proyecto va a fortalecer internamente y esperamos que también al pueblo Mazateco y el resto de los pueblos que luchan”.

En el caminar de los 25 años del CNI con sus diversas iniciativas desde los pueblos originarios, “nosotros pensamos que, el hecho de definir este lugar de esta manera, nos fortalece, porque tenemos claro la reconstitución de nuestro pueblo”, agrega Juan Carlos.

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México: Mujeres chontales resisten al despojo anunciado de su territorio

Por Santiago Navarro F

Silvia Ramírez Nolasco nació en la comunidad de Santa María Zapotitlán, en el estado de Oaxaca, al sur de México. Ella conoce cada vereda de su territorio, las flores y las plantas medicinales que convergen con la calma del bosque. Ella habita la parte alta del pueblo Chontal, dónde los primeros rayos del sol contrastan con el blanco de la neblina presurosa que va danzando al ritmo del viento. Saca de su morral un radio walkie talkie y se comunica de montaña a montaña con las autoridades agrarias de su comunidad y avisa, “todo está bien”.

Su mirada es atenta y profunda, siempre está alerta. Su radio es parte de su responsabilidad. Cuenta con el respaldo de sus hermanas chontales, mayores y menores que ella. Es concejala de la Asamblea del Pueblo Chontal e integrante del Comité Regional de Mujeres Chontales. “Tuve que aprender a reconocer mi territorio cuerpo como mujer. A cuidarlo y defenderlo. Porque antes, los hombres no nos tomaban en cuenta, la mujer solo servía para los hijos y las labores del hogar. Todas hemos tenido que aprender a luchar para hacer entender, a los hombres, que las mujeres somos parte de la comunidad y que sabemos asumir un cargo”, dice la concelaja.

En las comunidades chontales más mujeres se suman a las tomas de decisiones y van asumiendo cargos como autoridades tradicionales. Aunque la lucha de Silvia, y de las mujeres con las que ha caminado, no solo se reduce a procurar espacios en las asambleas comunitarias (máxima autoridad de los pueblos originarios), sino además se han organizado, “para defender el territorio tierra y el territorio cuerpo en conjunto, porque son uno mismo; es una necesidad porque está en riesgo”, cuenta al equipo de Avispa Midia.

El riego al que se refiere Silvia es porque, desde el año 2018, se enteraron que más de 5 mil hectáreas del pueblo chontal, específicamente cinco comunidades agrarias, están concesionadas a una empresa llamada Minera Zalamera S.A de C.V., filial de la canadiense Minaurum Gold Inc, cuyo objetivo es extraer oro, plata, cobre, zinc y plomo. “Desde entonces toda la comunidad se puso en alerta y las mujeres, pues, somos las que más hemos trabajado para informarnos. Hemos tomado conciencia de que es necesaria nuestra participación. Es necesario prepararnos para defender nuestra memoria, nuestra historia, nuestro territorio que nos heredaron nuestras ancestras y ancestros”, agrega.

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Pueblos de los Valles de Oaxaca se oponen a consulta de la minera Cuzcatlán

Por Avispa

Foto: Santiago Navarro F.

Comunidades zapotecas de San Pedro Martín y San Pedro Apóstol, en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, se posicionaron en contra de la realización de una consulta indígena que pretende realizar la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart), como parte del procedimiento llevado a cabo por la minera canadiense Cuzcatlán, que busca autorización de dicho órgano ambiental para ampliar su área de explotación de oro y plata en la región, con el llamado proyecto minero San José II. Desde 2009 la minera explota los metales preciosos, cuya sede esta en la comunidad de San José del Progreso.

En un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a los titulares de la Semanart, María Luisa Albores, y de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, las comunidades comunican a los representantes del gobierno que ya han decidido “no permitir en nuestros territorios ningún proyecto minero”.

La Semanart en un comunicado de prensa, el 11 de noviembre, anunció que ya trabaja en la organización del proceso de consulta indígena a comunidades zapotecas de la región de Valles Centrales de Oaxaca.

Sin embargo, las comunidades exigen que se respete la decisión ya tomada por sus asambleas. “Nuestros municipios, ejidos y comunidades ya nos hemos consultado, por lo que le solicitamos respete nuestra decisión y no intente imponer otra consulta, que en base de las experiencias dadas en torno a las consultas, atenta en contra de la auto-determinación de nuestros pueblos, y busca ser un mecanismo dizque democrático e inclusivo para legitimar el proyecto de ampliación San José II”.

La decisión de las comunidades se justifica por la contaminación que ha generado la minera en sus aguas, suelo y aire.

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Además, se ha instalado un conflicto social en la región que ha dejado muertos. Las comunidades conviven con el “crecimiento del crimen organizado, el consumo y la distribución de drogas así como una ola de asesinatos con violencia, unos de los últimos es el de un trabajador minero en las puertas de la empresa y otro en un pozo de exploración de la compañía”, argumentan.

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“Presión asfixiante”

El 6 de julio de este año la Semanart a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental negó la solicitud de manifiesto de impacto ambiental en su modalidad regional del proyecto denominado San José II que presentó la empresa. El objetivo es ampliar por 10 años más la operación del proyecto minero. La dirección tuvo desde 3 de septiembre de 2020 la tarea de revisar este proyecto y después de extender por varios meses la revisión decidió no autorizarlo.

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“Y cuando parecía que Cuzcatlán no tenía margen para revertir la resolución tomada por Semanart viene una campaña agresiva de la empresa que va desde la presión en las calles de los trabajadores que son sacados por medio de amenazas de despido si no participan en las movilizaciones a favor del proyecto”, sostienen en su comunicado, hasta una “presión asfixiante del poderoso lobby minero que se ha encargado de poner de rodillas a la Semanart y ante esta presión la secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora quiere vender como un ejercicio democrático y legítimo”, dicen.

La minera Cuzcatlán es “una empresa con un enorme poder de corrupción, con un poder económico aplastante y que tiene acuerdos con todos los partidos políticos, con todos los actores políticos de la región y que además tiene como operadores a un ejército de caciques regionales expertos en estrategias políticas legales y no legales para lograr la continuidad de este asqueroso proyecto”, sostienen las comunidades.

¿Contradicción?

En su comunicado, las comunidades apuntan contradicción en las acciones de la Semanart. El órgano ambiental pone a consulta de los pueblos la continuidad de un proyecto que él propio negó su continuidad, por reconocer “la violación de una serie de derechos además de una serie de irregularidades de parte de la empresa que generaran daños”, sostienen.

Los pueblos ya han decidido. “No permitiremos que se establezca ningún mecanismo de despojo como la consulta. Nuestros pueblos ya han decidido y hemos dicho no a la minería. Hemos decidido defender nuestra tierra y no le pondremos precio”.

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Exigen colectivas feministas la aparación con vida de la defensora Irma Galindo Barrios

Por Samantha Demby

Integrantes de Mujeres que Luchan Oaxaca, la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, la Comedora Comunitaria y otras agrupaciones y personas aliadas marcharon la mañana de miércoles, 17 de noviembre, desde el Zócalo de la Ciudad de Oaxaca hasta las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, para exigir la aparición con vida de Irma Galindo Barrios, defensora comunitaria Ñuu Savi, cuyo paradero no se sabe desde el pasado 27 de octubre.

Guadalupe Santaella, una integrante de Mujeres que Luchan Oaxaca, pronunció: “Por sus familiares sabemos que nuestra compa no aparece. Estamos esperando y estamos exigiendo su pronta aparición. Estamos exigiendo que el gobierno agilice su búsqueda. Sabemos que en lo que va de este sexenio han desaparecido muchas defensoras de la tierra. Irma Galindo Barrios es una defensora de la Madre Tierra”.

Una miembra de la Colectiva Jurídica por la Dignidad Disidente, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad, precisó: “Como defensoras, como feministas comuntarias, nos pronunciamos en exigencia al gobierno del Estado de Oaxaca, a Alejandro Murat Hinojosa, en la exigencia de la aparición con vida de nuestra compañera defensora de la Madre Tierra, Irma Galindo Barrios, desaparecida en la Mixteca por defender su territorio, por defenderse en contra de los talamontes de la región de la Mixteca…Irma Galindo te estamos buscando y te vamos a encontrar, hermana”.

De acuerdo con la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), Irma Galindo fue vista por última vez el 27 de octubre en la Ciudad de México, a donde se había desplazado para asistir a la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Nunca llegó a esta reunión.

En un comunicado publicado el 6 de noviembre, la RNDDHM precisa: “El 27 de octubre fue también el último día en que se conectó a redes sociales, donde denunció el conflicto que vive su pueblo Ñuu Savi y señaló que el gobierno del Estado de Oaxaca lleva más de dos años ‘aplicando estrategias’ entre las que se encuentran el desplazamiento forzado, ‘que vulneran a las y los habitantes defensores de Mier, Terán y Ndoyonuyuji’.”

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MÉXICO | Puente comercial del mundo arrasará con los pueblos y la biodiversidad

Texto y fotos: Santiago Navarro F

Roque Antonio Santiago es un indígena zapoteco que tiene más de 80 años de edad y vive en la comunidad de San Pedro Comitancillo, al sur de México. Escarbando entre sus recuerdos rememora muy bien el año 1958. En aquella época, él era estudiante de la Escuela Normal Rural que había en su localidad, donde se formó como profesor. Estas escuelas, creadas entre los años 1934-1940 por el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, eran una de las pocas opciones para los indígenas y campesinos que querían estudiar un nivel superior. “Fue lo más importante para nuestra comunidad”, cuenta Roque con cierta nostalgia, al ver que el gobierno ha cerrado la mayoría de estas instituciones, incluyendo la de su zona.

Además de esa escuela, otro recuerdo de este campesino es el tren, “porque fue un medio de transporte para los estudiantes y para los habitantes de las comunidades que transportaban su totopo (tortilla de maíz crujiente)”, dice Roque.

Este ferrocarril que conectaba el océano Pacífico con el Atlántico tuvo su apogeo entre 1899 y 1915, hasta que se vino en picada con la construcción del canal de Panamá. En su punto más álgido “llegó a cruzar alrededor de 60 trenes diariamente”, dice Jaime Torres Fragoso, investigador de la Universidad del Istmo. Por esta ruta, añade, pasaban las tropas y pertrechos militares de los Estados Unidos. También el azúcar y el petróleo que tenían como destino la costa Este estadounidense.

Sesenta y tres años después de donde se desprenden los pedazos de recuerdos de Roque, las vías del tren están siendo habilitadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El objetivo es convertir a esta región en el puente comercial del mundo, a través de la modernización del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT).

Una de las cuatro Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), elaborada por la empresa paraestatal FIT, indica que el ferrocarril absorberá parte de los contenedores que cruzan por el canal de Panamá, los cuales, “sumado a los 10 días que deben esperar para que llegue su turno para pasar, tardan aproximadamente nueve horas en atravesar el canal. En cambio, en el FIT realizarán su recorrido en menos de cuatro horas”, es decir, menos de la mitad del tiempo requerido en Panamá.

Por otra parte, en 2018, el Estudio de Demanda de Carga para la Zona de Influencia de las vías del sureste, desarrollado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), identificó que en esta franja de tierra de un poco más de 200 km que separan al Golfo de México con el océano Pacífico, “existe una demanda potencial de 5 millones 600 mil toneladas anuales que ya se mueven por la carretera transístmica” y, también, “pueden ser captadas por la Línea Z”, como se le denomina a la vía del FIT.

Dicha modernización no cabe en la imaginación del indígena Roque. Él no sabe que forma parte de un proyecto más amplio de reordenamiento de todo el Istmo, llamado Corredor Multimodal Interoceánico (CMI). “La modernización del FIT será la primera acción a ser desarrollada dentro de un marco estratégico y actuará como elemento catalizador del resto de proyectos de modernización y desarrollo del CMI. En este esquema, se contempla que el FIT, a partir de 2023, comience a transportar las mercancías que llegan a tierra firme (en los puertos) después de haber sido movilizadas por cualquiera de ambos océanos”, según la MIA.

Un ferrocarril que impactará muchas vidas

Los principales pueblos originarios afectados son 12: los zapotecos o binniza; mixe o ayuuk; náhuatl; popoluca; huave o ikjots; chontal o lajl pima; chinanteco o tsa ju jni; mixteco o ñusavi; zoque chimas o angpon; mazateco o shuta enima; tzotzil y barreños.

Estos pueblos se encuentran distribuidos en los 79 municipios que recorrerá el ferrocarril. Y se considera que los impactos que tendrán serán severos, porque se convertirán en ciudades industriales. Además, sumada a la reactivación del FIT, se contempla más “infraestructura, carreteras, gasoductos, ampliación y modernización de aeropuertos, fibra óptica”, pero, sobre todo, “se irán desarrollando polos urbanos”, indica Rafael Marín Mollinedo, director del organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La investigadora Ana Esther Ceceña, del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, resalta que desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se propuso que, esta región, con el programa llamado Plan Puebla Panamá (PPP), se reconfiguraría con infraestructura vial, comunicaciones, puertos y polos industriales y con el sector manofacturero, conocido coloquialmente como maquilador. “El Istmo sería un corredor maquilador e industrial que competiría con China, ofreciendo bajos salarios, incluso más bajos que el país asiático. Será una región donde los indígenas dejarán de cultivar sus tierras ancestrales para convertirse en obreros”, asevera Ceceña.

Las vías del ferrocarril cruzan entre los estados de Oaxaca y Veracruz, una zona altamente productiva, en la que destaca el sistema ancestral de cultivo conocido como milpa, en el que siembran maíz, frijol y calabaza. También, predomina el café, arroz, caña de azúcar, piña, plátano, cacao, mango, tamarindo, naranja, papaya y limón.

Además, en la parte central del Istmo existe una alta biodiversidad, pues ahí confluyen la Sierra Madre de Oaxaca, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada.

De acuerdo con el informe El Istmo de Tehuantepec en Riesgo, presentado el pasado mes de marzo por el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, en la Sierra Atravesada resalta la selva de los Chimalapas, “definida como prioritaria por su gran extensión (594 mil hectáreas) y por presentar una de las masas forestales más extensas de América, con un elevado índice de especies endémicas”, es decir, únicas de este lugar, como las más de 20 especies de cícadas (de los géneros de Dioon y Ceratozamia), identificadas por la investigadora Silvia Salas Morales. Estas cícadas son plantas cuyas hojas semejan las frondas de las palmas, dispuestas en roseta. También resaltan más de seis orquídeas, como la Mexipedium.

La Selva Zoque, que incluye la Sierra Atravesada en Oaxaca hasta la Sierra Madre de Chiapas, es la segunda región de mayor conservación de selvas y bosques en el norte de Mesoamérica. “Tan sólo entre las especies de reptiles que se han encontrado en esta zona, el 23% son endémicas”, según el estudio llamado Mamíferos de la Selva Zoque, México: riqueza, uso y conservación, presentado en 2012 por la Revista de Biología Tropical.

No obstante, sostiene la bióloga Patricia Mora, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), “mientras avanza la remodelación de esta ruta comercial, también viene fracturando el tejido comunitario y la biodiversidad”.

La bióloga Mora sostiene que “los primeros impactos hacia el medio ambiente y el tejido comunal comenzó con la implementación de más de 28 parques para la generación de energía eólica en la región”, refiriéndose a más de cinco mil aerogeneradores que se han desplegado, desde el año 2000, en diversas partes de la región del Istmo.

 Campesino acorralado por los aerogeneradores. Foto por Santiago Navarro F
 Además de los parques eólicos, se han edificado líneas de alta tensión por doquier y una red de carreteras para el flujo de mercancías, lo cual “ha afectado el sistema milpa de las comunidades y su soberanía alimentaria”, advierte la bióloga Mora. Estos proyectos han sido la primera fase de esta reorganización en el Istmo que, con el tren interoceánico, vienen cambiando de forma acelerada la cotidianidad de los pueblos indígenas de la región.

El ferrocarril cruza por 80 municipios, entre Oaxaca y Veracruz. Foto: Santiago Navarro F

 Un tren cada 17 minutos

En agosto de 2019, en la ciudad de Oaxaca se realizó el evento “Hacia un Sur-Sureste del futuro: una nueva etapa de desarrollo de industrialización socialmente incluyente”, en el que participó el actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Durante esa actividad, Rafael Marín, director del CIIT sostuvo que las proyecciones para el FIT son “movilizar anualmente 31,111 trenes de 45 vagones al año; 85 trenes diarios; uno cada 17 minutos. Y esta demanda estará muy por encima de los 60 trenes que corrían diariamente en la década de 1907”.

Actualmente, esta red ferroviaria cuenta solo con una vía y, con la remodelación, “se pretende convertirla en doble, lo que demandará un área mayor de la destinada para ello”, siendo uno de los principales objetivos “que el tren alcance velocidades de 160 km/h”, asevera el documento El Istmo de Tehuantepec en Riesgo.

La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autorizó, entre junio de 2019 y mayo de 2020, la MIA de cuatro obras fragmentadas, referentes a la rehabilitación de vía férrea por tramos y de trazo de la vía del tren, pero en ninguna contempla la contaminación acústica, uno de los principales impactos que provocará la circulación del ferrocarril que cruzará cada 17 minutos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define como ruido cualquier sonido superior a 65 decibelios (dB). En concreto, dicho ruido se vuelve dañino si supera los 75 dB y doloroso a partir de los 120 db. El límite establecido para el ferrocarril en la Unión Europea es de 70 decibelios. Contrario a esto, la normatividad mexicana, permite hasta 96 decibelios en el dispositivo de aviso audible (silbato) de cada locomotora y el mismo límite en las cabinas, pero no contempla el ruido que genera el cruce del ferrocarril por poblaciones indígenas.

 

Un megaproyecto que correrá a gran velocidad

La información solicitada a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) coincide con las MIA asegurando que, el FIT, “será hasta 50% más rápido que la opción que ofrece el canal de Panamá para cruzar ambos océanos”. Para lograrlo se corregirá la curvatura y pendiente en 202.97 km, la longitud de la Línea Z (como se le conoce a esta vía férrea).

En la MIA del FIT se justifica la remodelación porque revivirá la vieja ruta comercial que había dejado de funcionar tras un fuerte deterioro provocado por los conflictos sociales y económicos en el contexto de la revolución mexicana en 1910. Esto “permitirá aumentar su velocidad y absorber el flujo de carga que actualmente se mueve por medio de camiones, así como la producción que se generará en los nuevos complejos industriales”, reza el documento del FIT.

Otro dato relevante es que anualmente, entre ambos puertos, se prevé circularán al menos 1 millón 400 mil contenedores normalizados de 20 pies (6.1 metros cada uno); una caja metálica de tamaño estandarizado en la que se trasportan las mercancías o carga en general. Estas cajas mejor conocidas como TEU (Unidad Equivalente a Veinte Pies, en español), pueden ser transferidas fácilmente entre las embarcaciones o buques, hacia los trenes o camiones.

Sin embargo, el flujo de carga del ferrocarril podría ser mucho más elevado de lo que se ha proyectado. Por ello, la Auditoría Superior de la Federación requirió realizar un nuevo análisis de este aspecto, contemplando “los escenarios de la reconfiguración de la región del Istmo de Tehuantepec con la creación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (parques industriales) y el conjunto de proyectos contemplados dentro del Corredor Interoceánico”, asevera la Auditoría de Desempeño de 2019.

Roque, al igual que sus paisanos, piensa que el tren será parecido al de sus recuerdos. Pero, comparado con el tren de esa época, no va a trasladar gente con sus totopos y artesanías. El FIT será una bestia que diariamente transportará miles de toneladas de cargamento las 24 horas del día.

Recuerdos de Roque Antonio Santiago

De acuerdo con la información solicitada sobre la capacidad y número de vagones que circularán por el ferrocarril, Carolina Medina Laguna, Titular de la Unidad Administrativa del FIT, se limitó a indicar vía correo electrónico: “el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. no cuenta con equipo rodante”, es decir, esta empresa, de participación estatal mayoritaria, solo es dueña de la vía, pero no de los ferrocarriles que trasladarán a las personas y las mercancías.

Lo que sí comentó Medina es que las unidades que actualmente transitan por una fracción de las líneas del FIT “son propiedad de otros concesionarios y/o usuarios”. Esto ya lo había sostenido el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador al anunciar que los gobiernos que le antecedieron privatizaron el sector ferroviario y que, es parte de “los saldos de la política neoliberal”.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México, desde el año 1998, al menos 22,130 kilómetros de vía férreas, 84% de la red mexicana, estaban concesionadas al sector privado, una suerte que también correrá el FIT.

Tramo remodelado de vías del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Foto: Santiago Navarro F.

Para la investigadora Ceceña, “el Istmo de Tehuantepec se convertirá en un permanente corredor de flujo de contenedores, que marcará una especie de cinturón de traslado de mercancías, el cual cortará al país en dos, con fuertes afectaciones, sobre todo, en los pueblos originarios que lo habitan”, además, advierte la académica, “esta reconfiguración del Istmo también es una amenaza a la flora y la fauna con la cual conviven los pueblos”.

El informe El Istmo de Tehuantepec en Riesgo, donde participó Ceceña, con nueve investigadores más, también alerta que “el Tren Transístmico y los polos de desarrollo que le acompañan, marcadamente bajo la figura de parques industriales, también se convertirán en un muro de las diásporas migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Son una amenaza de arrasamiento cultural, ambiental y físico del hábitat y del modo de vida de sus pobladores, que conducirá a un proceso de extinción que se resisten a admitir”.

A Perseida Tenorio, indígena zapoteca, de Asunción Ixtaltepec, le llena de incertidumbre la reconfiguración que se está dando en esta región y que se perfila como una próxima gran urbanidad industrial. “En mi pueblo quieren instalar un parque metalúrgico, y eso, sabemos la cantidad de agua que van a ocupar. Nos van a dejar sin agua y me preocupan nuestros alimentos. ¿Qué tipo de vida vamos a tener en nuestras comunidades? Hay quienes ya estamos pensando en migrar a otro lugar”, agrega.

El escenario en la vida de los pueblos originarios será de grandes dimensiones porque, “cambiará su dinámica cotidiana al estar insertados a un nuevo contexto, al ritmo que exige una ciudad industrial. Van a tener que lidiar con la polución, con los desechos, con la movilidad de los camiones y el flujo de mercancías. Va a cambiar todo. Va a cambiar la vida de los pueblos y también la biodiversidad”, agrega la bióloga Mora.

Lo que nuestros abuelos no ven, afirma Perseida, es que “estos proyectos nos vienen quitando todo: el aire, el agua, la tierra, la alimentación, la lengua. Vienen fracturando todo”, y alerta, “si no hacemos nada ahora, va a ser eso, van a ser historias de qué era el Istmo, porque no quedará nada, ni de la cultura, ni las tradiciones. Vamos a desaparecer como pueblos originarios. Seremos como esas ciudades industriales donde nadie se conoce ni nadie se habla. Llenas de cárteles de la droga, con la juventud despedazada por la drogadicción, van a denigrar nuestra vida y nuestro territorio, se acabará la diversidad natural y cultural del Istmo”.

En algunas comunidades del Istmo resguardan vestigios milenarios, como la comunidad de Ixtaltepéc, ahí se ubica, en la zona conocida como Cerro Blanco, un sitio ceremonial con pinturas rupestres de más de dos mil años. “Se pensaba que ahí se originaba la vida, por eso se hacen ofrendas. Si no luchamos ahora, nuestra memoria y nuestra historia podría desaparecer. Si eso pasa, también vamos a desaparecer como pueblos originarios”, coincide la indígena zapoteca Victoria Guzmán.

Lo más preocupante es el flujo de capitales que se atraerá con los parques industriales, porque el Istmo es una posición geopolítica muy importante para el mercado mundial, además, porque “en el siglo XX el mercado fluyó por el Atlántico y a finales de este siglo se ha trasladado hacia el Pacífico. Por ello el Istmo es una región en disputa, principalmente, entre Estados Unidos y China”, destaca Ceceña.

La investigadora Ceceña asegura que Estados Unidos sigue siendo un país con mucho poder y está en constante competencia con China. De tal modo que la disputa se trasladará a la región geoestratégica del Istmo de Tehuantepec. Un objetivo es la mano de obra barata que ofrece la región, pero también la migración centroamericana que nutrirá los parques industriales. “El Istmo también fungirá como un muro de contención de la migración y absorberá la mano de obra para estos parques industriales”, afirma la investigadora.

Esta región es de vital importancia para los Estados Unidos, ya que por esta ruta cruzan las mercancías y materias primas que tienen como destino la costa Este. “Es ahí donde se genera el 40% de su riqueza económica (de EEUU). Pero esta costa tiene un problema, ya no está bien ubicada geográficamente. Le había servido el canal de Panamá para hacer el traslado de mercancías, petróleo y pertrechos militares. Pero esta vía está cada vez más saturada y no tiene capacidad para mover el actual volumen mundial de mercancías”, explica la académica Ceceña.

El 80% del comercio mundial se mueve por el mar, entonces, “el Istmo de Tehuantepec es esa pieza clave para resolver el problema en el sentido de la competencia entre el flujo de mercancías”, asevera Ceceña.

 

Indígena Zapoteca comiendo su almuerzo sobre las vías del tren interoceánico. Foto: Santiago Navarro F.

Antecedentes de la reconfiguración del territorio

El viejo sueño de conectar al Golfo de México con el océano Pacífico data del año 1800 con el Tratado de McLane-Ocampo, “donde la parte mexicana cedía a perpetuidad, y con toda libertad, los derechos a Estados Unidos para transportar bienes, tropas, pertrechos militares y gente”, aunque nunca fue ratificado, sí definió “la geopolítica estadunidense en la parte de Las Américas que va de Panamá hasta Canadá”, puntualiza la MIA del FIT.

Desde 1800 ha habido diversos intentos por crear las condiciones para lo que sería el puente comercial más importante del mundo. Uno de ellos ocurrió en un contexto que se presentó con aires de cambio en México, en el año 2001, durante el gobierno de Vicente Fox. Él impulsó el “Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec”, con el llamado “Plan Puebla Panamá (PPP)”, un acuerdo signado por nueve entidades federativas del sur de México y los gobiernos de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Panamá.

El viejo plan de reorganizar el sur de México y el resto de Centroamérica también viene acompañado de programas de seguridad, como la llamada Iniciativa Mérida que, con el objetivo de contrarrestar el tráfico de drogas y armas, Estados Unidos financió un paquete de “ayuda militar” para México y Centroamérica. Tan solo para México, desde 2008 hasta 2021, “el gobierno estadounidense ha asignado más de 3,300 millones de dólares”, según el Departamento de Estado.

Para América Central, se implementó la Iniciativa de Seguridad Regional de Centroamérica (CARSI, por sus siglas en inglés), iniciada en 2008 y la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), iniciada en 2009.

Desde 2015, el Departamento de Estado de los EEUU ha registrado que han destinado 58.5 millones de dólares para control de inmigración y seguridad fronteriza de México. “Los fondos han permitido la provisión de equipos de inspección no intrusivos, quioscos móviles, equipos caninos y vehículos, así como la capacitación de más de mil funcionarios”, según el Congreso estadounidense.

“Primero empezaron con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), porque desde ese momento se piensa este territorio como único y articulado. Desde Centroamérica hasta el Norte del continente, los Estados Unidos asumen como un solo territorio donde protegen principalmente las inversiones de capital”, agrega la investigadora Ceceña.

Posterior a la firma del NAFTA, el PPP se presentó con la urgencia de atender temas de población en condiciones de pobreza y el medioambiente, las estrategias se enfocaron a la mejora de la infraestructura física, sin que se previera abiertamente la articulación (de los megaproyectos) “ni se introdujera el concepto de la interconexión y el transporte”, sostiene el Grupo Funcional Desarrollo Económico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Hoy, la interconexión y la reorganización de todo este territorio se anuncia abiertamente y sin tapujos. Se comienza a perfilar como un objetivo nodal, desde la perspectiva de crear nuevos espacios para el capital, tal y como lo afirma el Comunicado no. 14 del CIIT. Esta integración del Sur-Sureste de México también se pretende expandir con “Centroamérica y la vinculará con las corrientes mundiales de producción y comercio”. Para ello se tiene contemplado ampliar la red de gasoductos, oleoductos, carreteras y complejos industriales que absorberán la mano de obra barata que ofrece la región la migración, demás, más proyectos de seguridad regional.

Mientras tanto, esta “reconfiguración de todo el Sur-Sureste de México” avanza con la reorganización de los territorios indígenas que, entre otros objetivos, ha comenzado “mediante la ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, incluyendo la terminal de Contenedores en el Recinto Portuario Pajaritos y el mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria en Minatitlán, Veracruz, e Ixtepec, Oaxaca”, según la información solicitada a la ASF.

 
 Líneas de transmisión de energía eólica generada en el Istmo de Tehuantepec. Foto: Santiago Navarro F

 Sin consultas previas

Jorge Aragón, campesino oriundo de San Pedro Comitancillo, indica que las comunidades que habitan a orillas de la ruta del tren poco saben de qué va este megaproyecto, este sistema de transporte que pretende mover mercancías y materias primas provenientes principalmente de Asia, conectando con la Costa Este de Estados Unidos.

Aragón dice: “quienes se han acercado a nosotros para informarnos son puros mensajeros, como las constructoras, pero nada oficial. Una de ellas es COMSA Corporación (de capital español) y la otra, Grupo Diamante (Fideicomiso Grupo Diamante, de capital mexicano). Sus representantes nos han dicho que les urge terminar su compromiso con el tren, pero no conocemos la dimensión de este proyecto”, cuenta Aragón. Mientras, las autoridades locales de su comunidad iniciaron desde julio pasado, un bloqueo de las vías férreas que cruzan por su territorio. Exigen información y una serie de proyectos para su comunidad. El gobierno se ha limitado a prometerles obras públicas.

“Se habla y se dice que habrá dos tipos de trenes, uno de mucha velocidad y de carga; otro de pasajeros. Tal vez daría vida al pueblo, pero no sabemos propiamente el resultado que va a dar. ¿Cuál es la ventaja o la desventaja? No la sabemos. Pero Comitancillo, pues sí, necesita de este medio de transporte acá, porque solo tenemos una carretera”, comparte un poco confundido el indígena Roque, quien se queda sin palabras cuando se le pregunta si sabe de la contaminación auditiva que generará el flujo del ferrocarril cada 17 minutos, por 24 horas, los siete días de la semana.

Ante el desconocimiento de los detalles del megaproyecto por parte de las comunidades que atravesará el ferrocarril, se le preguntó al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, si consideraba que los pueblos indígenas tenían la suficiente información para emitir su desacuerdo o aprobación sobre estos proyectos que ya van avanzando y respondió: “El papel que juega el INPI es de carácter técnico. Nosotros apoyamos a las instituciones en cuanto a la realización de los procesos de consulta, relacionados con el tema del procedimiento. Quien tiene el deber de proporcionar toda la información necesaria para conocer los proyectos, es la autoridad responsable de ejecutarlos, que entendemos es el CIIT”.

El INPI ha anunciado más de una vez que se han realizado las consultas correspondientes en los pueblos originarios que ya están siendo afectadas por la polarización de las comunidades y los conflictos que han escalado a confrontaciones. Aunque, Montes, se contradice al asegurar que no se ha compartido toda la información necesaria, ya que parte de ella “aún se encuentra en construcción”.

Fragmento de entrevista al titular del INPI, Adelfo Regino.
En marzo de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el INPI, emitió la convocatoria para realizar Asambleas Regionales Consultivas con respecto de la creación del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024. No obstante, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, “el CIIT, como entidad coordinadora del programa regional, no proporcionó evidencia documental que acreditara las actividades realizadas en 2019, para dar cumplimiento a los procedimientos, etapas y acuerdos previstos en las Asambleas Regionales; ni las convocatorias de las reuniones de seguimiento de los acuerdos; ni los resultados de la consulta realizada”.

El indígena Roque, al igual que las demás personas entrevistadas, asegura que no hay información clara de lo que implica toda esta reorganización de sus territorios, lo único que les han compartido los funcionarios de gobierno es “que van a traer desarrollo, van a generar empleo. Pero no hay documentos o una información amplia de estos proyectos”, reflexiona.

Para este reportaje se solicitó al CIIT el “Plan Maestro y Plan Estratégico del Corredor Interoceánico”, petición a la que respondieron indicando que se trata de “una información reservada”. Esta es la misma respuesta que le han dado a los diversos pueblos que la han requerido.

 

 Los supuestos beneficios del CMI

El Plan de Desarrollo para esta región busca atender a los municipios más pobres, los mismos que serán impactados por los proyectos. No obstante, la ASF documentó que “no se estableció la identificación de las problemáticas específicas que se buscan resolver en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec”. Por ello, emitió una recomendación, pues “es primordial que el CIIT establezca los mecanismos de coordinación suficientes con la instancia responsable, a fin de concretar dicha acción y que se disponga de un diagnóstico completo de las problemáticas que afectan a cada uno de los 79 municipios”.

A pesar del desconocimiento de las necesidades específicas de cada municipio, para contribuir a su supuesto desarrollo, de acuerdo con la Agenda Estratégica del Sur-Sureste, se busca construir al menos, “10 polos de desarrollo (parques industriales) a lo largo de la región”, los cuales aprovecharán la cercanía del FIT, y el Estado brindará los servicios necesarios, así como la reducción de impuestos y otros incentivos a las empresas que quieran invertir en ellos.

Discurso de Andrés Manuel López Obrador.

 

En la parte de Oaxaca, los terrenos para los parques industriales “ya están en el proceso de adquisición”, señaló el director del CIIT y, asegura que, una vez cumplidos todos los requisitos, “saldrán a licitarlos para que los desarrolladores se queden con ellos y atraigan empresas al país. Un atractivo serán los incentivos fiscales que ofrecerán durante un tiempo determinado a los participantes”, destacó Rafael Marín Mollinedo.

Estos polos de desarrollo, según El Programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, se ubicarán en los municipios de Coatzacoalcos, Sayula de Alemán, Minatitlán y Acayucan en el estado de Veracruz; en Matías Romero, Ciudad Ixtepec, El Espinal, Asunción Ixtaltepec, San Blas Atempa, Santo Domingo Tehuantepec, Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz, en Oaxaca. En total, abarcarían un área de más de nueve mil kilómetros cuadrados para actividades industriales, ocho veces más grande que la ciudad de Juchitán, una de las principales zonas urbanas de la región.

Por su parte, el titular del INPI sostuvo que previo a determinar dónde se edificarán los polos de desarrollo fue necesario “un proceso de consulta, porque se tiene que escuchar la voz de los pueblos, de las comunidades indígenas, en cumplimiento a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de otros instrumentos jurídicos internacionales”. El funcionario argumenta que solo falta una comunidad por consultar.

El indígena David Hernández Salazar, autoridad de la comunidad de Puente Madera, de San Blas Atempa, se muestra escéptico sobre estas consultas y sobre los impactos de estos parques en su territorio y asegura: “no hay información real en qué consisten los parques industriales que pretenden instalar en nuestras tierras de uso común, por eso, nosotros como comunidad de San Blas Atempa nos mantenemos en resistencia”. Hernández, junto con su comunidad, han realizado diversos bloqueos carreteros y otras acciones directas como protestas que iniciaron en 2020.

Hernández agrega que constató que el Estado mexicano está sobornando a los comuneros para que aprueben los parques industriales y hasta están falsificando las firmas. “Hubo una supuesta asamblea en la que supuestamente 900 comuneros, de un total de 1,390, aprobaron el parque industrial (en San Blas Atempa). Revisé la lista de asistencia y resulta que tan solo de Puente Madera falsificaron 52 firmas de comuneros. Entonces vemos que estos proyectos se quieren imponer a la fuerza y de forma ilegal”, enfatiza el indígena zapoteco.

Hernández, como autoridad comunal, sostiene: “nosotros como comuneros de la comunidad de Puente Madera, asistimos a esa reunión de comuneros (con otras comunidades de la región) donde se aprobó el parque industrial. Al llegar nos encontramos que había pocos comuneros y la mayoría eran personas pagadas, que, además, son funcionarios del municipio”. Actualmente, a Hernández, junto a otros indígenas, se les ha ordenado su detención por haberse manifestado en la autopista principal de esta región y, por mostrar su inconformidad con el avance de estos proyectos.

David Hernández Salazar-San Blas Atempa.

 

Perseida Tenorio, de Asunción Ixtaltepec, otra comunidad que se supone ya fue consultada para otro parque industrial, asevera que no participaron todos los habitantes de su comunidad. A Perseida le preocupan las mujeres, “porque somos nosotras las que trabajamos en el Istmo, somos los pilares económicos, culturales, comunitarios y emocionales. Lamentablemente, hay pocas mujeres en el Istmo que tienen la oportunidad de estudiar un nivel medio superior”. Por eso, se pregunta, “¿Qué mano de obra va a estar trabajando en estos parques industriales? ¿Va a ser la mano de obra menos calificada, con jornadas laborales largas y mal pagadas?”.

En cuanto a los jóvenes, una incertidumbre los ha invadido. Su voz tiene mínima validez en las asambleas, por no ser comuneros o comuneras, es decir posesionarias de la tierra comunal o colectiva. En esos espacios de decisión, son las personas mayores quienes están tomando la última palabra, pero, con una mala o nula información y, con los viejos recuerdos del tren, medio siglo atrás.

 
 Campesino Zapoteca en el Cerro de la Garza. Foto: Santiago Navarro F.

Una selva a la mitad

A orilla de los nuevos rieles del tren existe una gran diversidad de árboles nativos, hay ciénegas y riachuelos, y a simple vista se pueden apreciar distintas especies de aves y reptiles que gozan del clima tropical imperante en la región.

Sin embargo, los habitantes de las comunidades aledañas a las vías del ferrocarril están preocupados porque atravesará por una de las seis zonas de alta importancia para su conservación en el estado de Oaxaca, la cintura de la Selva Zoque. Esta selva tiene una superficie de un millón 139 hectáreas, que comprende las comunidades de los Chimalapas en Oaxaca; El Ocote en Chiapas y Uxpanapa en Veracruz.

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), la selva Zoque “es la segunda superficie más grande de selvas y bosques conservados en Mesoamérica, después de la Selva Maya”, además “presenta altos índices de diversidad biológica y un importante número de endemismos, resultado de factores como el relieve, el clima, el tipo del suelo la geología, aspectos evolutivos y condiciones micro-climáticas excepcionales”.

Desafortunadamente, el corte con la vía férrea también afectará la diversidad biológica de la región y la situación no se resuelve “con caminos (que aún no han sido construidos) para el cruce de la fauna, ya que estos, además de alterar las rutas de los animales, podrían generar confrontaciones entre especies”, sostiene el documento El Istmo de Tehuantepec en Riesgo.

Este informe asevera que, “un tren de alta velocidad provoca varios efectos que alteran el dinamismo ambiental. La vibración y el ruido ocasionan cambios en las rutas y comportamiento de las especies, que reaccionan, alejándose del lugar o sintiéndose atraídas a este. Cuando priva lo último, corren el riesgo de ser atropelladas por el tren”.

Para la bióloga Mora, uno de los principales riesgos con la reconfiguración del Istmo en su conjunto es que agudizará los cambios climáticos de la zona y esto provocará el desplazamiento de las especies, lo cual cambiará el entorno, porque esta selva es un reservorio único que concentra una gran diversidad de vida. En la Selva de los Chimalapas se ha identificado que una sola hectárea de vegetación virgen alberga hasta 900 especies vegetales y más de 200 especies animales, añade Mora.

La investigadora Silvia Salas Morales, de la Sociedad para Estudios de los Recursos Bióticos de Oaxaca, ha registrado siete especies de cícadas (plantas) en los Chimalapas, especies que se diversificaron en el Jurásico (hace 210 a 140 millones de años). Estas especies solo han sido identificadas en Sudáfrica, Australia y México.

Tras una modificación de los ecosistemas, “comenzará un proceso de desertificación, que hará vulnerable a la selva Zoque y en, especial, a los Chimalapas. De tal forma que también se verán afectadas las zonas marinas a donde llegarán las embarcaciones con los miles de contenedores que cruzarán diariamente. Estos escenarios agudizarán los impactos del cambio climático”, advierte la bióloga Mora.

Mora agrega que, en el pasado, “ya hubo registro de mucho daño con las escolleras y dragados en el puerto de Salina Cruz y, en el puerto de Coatzacoalcos, hace tiempo que se viene impactando fuertemente a lo que resta de flora y fauna en las costas. Los daños serán de una magnitud inimaginable y esto no lo contemplan en los estudios de impacto ambiental”.

Ceceña alerta que el riesgo ambiental es de gran dimensión, “porque lo que queda de selva en México es muy mínimo”, de facto, una extensión de cerca del 9.2% de selvas en el territorio mexicano se ha reducido a 4.7% (91, 566 km²), según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

De una superficie de 594 mil hectáreas que conforman los Chimalapas, el 78.3% se mantiene bien conservada, con 48% cubierta por la selva alta perennifolia y, seguida por la selva mediana subperennifolia, con 14.4% y bosque mesófilo de montaña 13.5%. “En el Istmo es una manchita de selva, muy importante, más en este momento en que el planeta se encuentra en una situación muy crítica en términos de la sexta extinción y la aceleración del aumento de la temperatura”, agrega la investigadora Ceceña.

La propia Auditoría Superior de la Federación ha documentado que en la MIA de la modernización del tren, “no se incluyeron indicadores específicos de cada tema por entidad federativa y municipio, ni datos cuantitativos y cualitativos en materia de manejo sustentable del medio ambiente: caudal tratado de aguas residuales; pérdida de superficie cubierta por árboles; volumen de residuos sólidos generados; disposición adecuada de residuos sólidos; certificados de “industria limpia” emitidos; reforestación; empresas socialmente responsables; productividad agrícola por uso de agua; intensidad del uso agua; contaminación del aire; riesgo ambiental”.

Juan Carlos Sánchez Antonio, profesor originario de San Pedro Comitancillo, observa que “el desequilibrio ambiental ya se ha sentido con la instalación de los parques eólicos”, de los cuales no se realizaron las consultas correspondientes. “Aunque no lo percibamos directamente, sí ha generado cambios en las cadenas de reproducción de los seres vivos. Cada vez llueve menos, hace más calor, las lluvias son impredecibles. Lo que se avecina en los próximos 30 años es un colapso ambiental en la región”.

Un estudio encabezado por Robert Vautard, especialista en simulaciones climáticas en el Laboratorio de Ciencias Climáticas y del Medioambiente (LSCE por sus siglas en francés), asegura que “cerca de los parques eólicos se registra un aumento significativo de las temperaturas, especialmente en la noche. Este escenario es una de las afectaciones en el Istmo, donde actualmente se han instalado más de cinco mil aerogeneradores.

Diversidad de la zona costera del Istmo de Tehuantepec. Foto: Santiago Navarro F

El profesor Sánchez, también zapoteca, asevera que, en unos 20 años, “aunque se tengan los trenes y carreteras más modernos, será con el costo de un desastre ecológico irreversible” y avizora que “si no atendemos a resarcir los efectos de las políticas neoliberales, nos vamos a encontrar en un mundo colapsado en términos ambientales y eso, desencadena crisis a nivel global: alimentaria, hídrica…, un desmantelamiento de la madre tierra”.

Los riesgos de la reconfiguración del Istmo.

 

Este reportaje fue producido con el apoyo de la Earth Journalism Network de Internews.

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Avispa Midia

Brad Will, el periodista neoyorquino que cayó en la revuelta popular de Oaxaca

Por Ñanì Pinto

William Bradley Roland, mejor​ conocido como Brad Will, fue un periodista independiente, camarógrafo, documentalista y militante anarquista. Formó parte de la plataforma Indymedia en Nueva York, Bolivia y Brasil. Él viajó hacia el estado de Oaxaca a principios de octubre del año 2006. Su objetivo era documentar una de las principales revueltas con las que se inauguraba el nuevo milenio en Latinoamérica. Aunque este sería el último viaje de Brad.

Habían pasado casi cinco meses desde que inció el estallido de la revuelta popular en el estado de Oaxaca cuando Brad llegó con su cámara recién adquirida. Este escenario comenzó con una orden de desalojo, emitida por el entonces gobernador de esta entidad, Ulises Ruiz Ortiz, hacia profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes se mantenían en huelga en la plaza central y las principales calles de la turística ciudad de Oaxaca. Tras una fuerte represión hacia los profesores, cientos de vecinos y organizaciones sociales salieron a las calles a respaldar a los docentes, hasta que la revuelta se generalizó y la sociedad salió a las calles, pero para exigir la destitución del gobernador.

Es en medio de esta situación en la que Brad llegó a la ciudad y -después de acompañar a una parte de La Otra Campaña del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que recorría el país- comenzó a explorar, en una motocicleta que había rentado con su chofer, los diversos puntos en los que se había extendido la edificación de barricadas. Estas barreras fueron creadas como un acto de defensa contra grupos de choque que portaban armas exclusivas del ejército, así como de policías vestidos de civil que disparaban hacia hombres, mujeres, niños y ancianos que se habían sumado a esta llamada “insurrección popular”.

Con más de 20 días en Oaxaca, al periodista estadounidense ya lo comenzaban a identificar como el “güero” y, entonces, la población le daba acceso a cada rincón de Oaxaca en donde hubiese un control para circular, principalmente, en las noches. Esta ciudad estaba completamente paralizada y pocos eran los automóviles que podían circular intentando esquivar palos, piedras, llantas y otros obstáculos esparcidos por las calles. Brad llegó a contabilizar hasta 3 mil barricadas levantadas en los cuatro puntos cardinales, no solo de la ciudad, sino de las colonias populares y de las comunidades con más cercanía a la ciudad.

El último día de Brad

El 27 de octubre, las personas que se mantenían en las barricadas tenían por objetivo la paralización completa de la ciudad, por lo menos, por 24 horas. Así amaneció la barricada conocida como “Calicanto”, en el municipio conurbado de Santa Lucia del Camino. Junto a los palos, llantas y otros objetos, atravesaron camiones de mercancía, los cuales fueron interceptados mientras circulaban por las calles.

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