Asunto: Situación de violencia en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala
Estimados Señores y Señoras,
Reciban un cordial saludo del Movimiento Sueco para la Reconciliación – SweFOR y del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ).
SweFOR es una organización sueca de carácter ecuménico creada en el 1919 que lleva más de 20 años de presencia en el Estado de Chiapas. El objetivo de SweFOR en México es brindar acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos con el fin de procurar garantía de protección a su trabajo.
SIPAZ, como organización internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995, trabaja para la disuasión y prevención de la violencia socio-política, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas y, de forma puntual, en Oaxaca y Guerrero.
Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de violencia armada que se extiende en la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala desde el año 2021 y por su impacto sobre la población civil y las personas defensoras de derechos humanos.
Desde el año 2021, el estado de Chiapas se encuentra asolado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se ha recrudecido de manera particularmente violenta en la región de la frontera con Guatemala, que comprende municipios de la Meseta Comiteca – Tojolabal y de la Sierra Mariscal. Según información reportada por organizaciones con acceso a la región afectada, esta confrontación está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población
Desde SweFOR, este panorama de violencia nos preocupa por el estado de indefensión en que se encuentra la población civil, pero también por la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Hemos recibido información procedente de la zona fronteriza de Chiapas con Guatemala de casos de asesinato, tortura y desaparición de personas defensoras que ejercían actividades de defensa – denunciando la vulneración de los derechos de la población civil, o negándose a sostener uno o el otro contendiente -, y cuya perpetración parece tener propósitos ejemplarizantes. Ello ha llevado a diversas personas defensoras de derechos humanos a buscar refugio lejos de sus comunidades de origen y a suspender sus actividades de defensa de los derechos humanos.
Entre las personas defensoras que han sido objeto de violencia en la zona fronteriza se cuentan defensores comunitarios, servidores de la Iglesia Católica, autoridades comunitarias y funcionarios públicos.
Nos inquieta que, según las organizaciones presentes en la región, este escenario se estaría desarrollando ante la inacción de las autoridades, siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia.
Cabe resaltar que Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, contando en junio de 2022 con el despliegue de un total de 17 mil 160 elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional, según datos de la SEDENA.
El aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, y nos preocupa que ante ello no se estén implementando mecanismos de protección.
Por la extrema alarma que debería suscitar la situación descrita, llamamos a las autoridades nacionales y a las instancias internacionales que actúen con celeridad para poner fin a la situación de violencia en la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala, y a la protección y garantía de los derechos de la población, incluyendo las personas defensoras de derechos humanos..
En portada: Durante los últimos días de septiembre, centenas de militares incursionaron en las calles de Frontera Comalapa después de dos semanas de bloqueos y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. Testimonios enfatizan que pese a su presencia, continúa la violencia criminal.
Esta es la segunda entrega de la serie Chiapas: Desaparecer en la Frontera Sur de México, producida por Avispa Mídia. En la primera entrega presentamos una contextualización del conflicto que ha explotado en los últimos meses en Chiapas.
En los textos que siguen, mostraremos el rostro de las estadísticas que apuntan centenas de desaparecidos principalmente en la frontera de México con Guatemala. Ahora traemos la historia de Armando Agustín, un taxista de Ciudad Cuauhtémoc que desapareció mientras trabajaba. Su familia sigue en su búsqueda.
Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, se localiza en los límites de Chiapas, México, con Guatemala, por lo que es clave para el tráfico de personas, drogas, gasolina, armas, entre otros ilícitos, y es parte del territorio en disputa de dos cárteles del crimen organizado.
Desde el 2021 los habitantes no tienen derecho a una vida digna, “hace dos años comenzó nuestro infierno”, relata Ángeles Espinosa con voz molesta porque a la par recuerda los dichos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en las conferencias matutinas.
Hace dos semanas no hay clases en la Escuela Primaria Cuauhtémoc, las tiendas de abarrotes incrementaron los costos de los productos debido al desabasto, incluso de gasolina y gas LP, “y así ha sido durante dos años, pero ahora se pone peor”.
Los bloqueos promovidos por los cárteles continúan en puntos que conectan con vías de comunicación de la Costa, Sierra y la Meseta Comiteca Tojolabal, que se han convertido en las más peligrosas de transitar a pesar de la presencia militar.
“Al igual que Guatemala, el presidente envió a los militares y no hacen nada, frente a ellos pasan las camionetas con gente armada; aquí no hay seguridad, aquí a diario desaparecen personas”, reitera Ángeles.
Bloqueos recientes están provocando desabasto de alimentos y combustible en la región
En Ciudad Cuauhtémoc también se han quedado sin energía eléctrica por varios días y de forma recurrente la luz falla por las noches; y ya es común escuchar balaceras y ver desfilar camionetas con personas armadas, incluso de día.
Uno de los grupos señalados de operar en la zona es el “Maíz”, vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) para obligar a los habitantes a realizar actividades que les favorecen en la estrategia, incluso mediática, de sacar al Cártel de Sinaloa de la región.
“Al parecer es gente que ha sido coaccionada a sumarse, provienen de las mismas localidades y algunas de otros municipios”, agrega Carla Zamora Lomelí, investigadora del grupo de Estudios Socioambientales y Gestión Territorial en El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur).
Pero es tan solo uno de los grupos señalados por posibles desapariciones de personas, principalmente de hombres jóvenes y fuertes.
Armando Agustín, el taxista
Hace dos años, el 1 de septiembre de 2021, Armando Agustín Martínez Díaz, de oficio taxista, fue contratado para un viaje de Ciudad Cuauhtémoc a Comitán de Domínguez, del que no tuvo retorno.
Armando Agustín fue de los primeros desaparecidos que coinciden con el incremento de casos de violencia generalizada, relacionada con la disputa del territorio entre el cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación en Chiapas.
Es originario de Ciudad Cuauhtémoc, municipio de Frontera Comalapa, y tenía 36 años cuando desapareció. Ese 1 de septiembre fue contratado por una pareja para realizar un viaje a las 9hrs rumbo a Comitán.
Después de recorrer un aproximado de 80 kilómetros, a las 10hrs, Armando se comunicó con su familia, dijo haber llegado bien a Comitán y que ya iba de regreso. Pero fue su última comunicación.
Armando Agustín Martínez Díaz desapareció el 1 de septiembre del 2021. Sus familiares continúan su búsqueda.
Al notar que el tiempo transcurrió y Armando no regresó a casa, la familia y amigos enviaron mensajes y marcaron su número de móvil infinidad de veces. Pero siempre estuvo fuera de servicio.
La familia interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que publicó la ficha de búsqueda, pero nunca investigó. Por ello, durante las primeras semanas la familia buscó a Armando en Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, en separos y hospitales, pero sin éxito.
La vía de comunicación, desde hace varios años, se ha convertido en una de las más peligrosas de la geografía chiapaneca. Desde hace dos años, habitantes de Chicomuselo y Frontera Comalapa denunciaron en redes sociales el riesgo de transitar por esa carretera, incluso a plena luz del sol.
Como sucedió el 22 de marzo de 2023 con la desaparición de siete autoridades ejidales de Nueva Libertad, Frontera Comalapa, que previamente fueron vistos a bordo de una camioneta Ram color rojo y se dirigían a Palenque. Días después fueron liberadas en diferentes momentos.
A las 17hrs del 18 de mayo del mismo año, Tomás López Gómez perdió comunicación con su familia. Tomás conducía un vehículo tipo Urvan del transporte público Estrella de la Frontera Sur que recorría la carretera de Ciudad Cuauhtémoc a Comitán, pero hasta ahora no hay noticias de su paradero.
Las calles en silencio
Para 2020, Ciudad Cuauhtémoc registra cerca de 2,788 habitantes de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y, a decir de Humberto Salas, familiar de tres personas desaparecidas, en la localidad hay más de 50 casos, pero la mayoría de las personas prefiere no denunciar.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) ha dado cuenta que, por la falta de confianza en las autoridades, la incertidumbre y las constantes amenazas que reciben por diferentes vías, muchas familias prefieren no denunciar.
La violencia logró lo que la pandemia no, encerrarlos por completo. Las niñeces viven con miedo, incluso para ir a la escuela, pues en más de una ocasión las balaceras han sucedido mientras están en clases.
Las ferias de fin de año en honor al Niñito Fundador y a la Virgen de Guadalupe no se hacen desde hace tres años. Las calles lucen vacías, el transporte es intermitente y los negocios cierran al ocaso.
Muchos comercios quebraron, por los cobros de derecho de piso, incluso dejó de ser ruta recurrente de las personas en movilidad humana que llegan a México, porque también las desaparecen.
En todo momento, los habitantes contactados destacaron la ausencia de fuerzas de seguridad. “Casi no hay presencia militar”. A diario observan más vehículos del crimen organizado que militares y los violentos bloqueos son constantes.
Todo lo anterior, a pesar de que a 14 minutos existe un destacamento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la localidad El Jocote; uno más de la Guardia Nacional en el tramo carretero Paso Hondo-Frontera Comalapa.
Los habitantes dijeron que observan más ‘desfiles’ de carros monstruos, motocicletas y camionetas con personas a bordo portando armas de fuego que de militares salvaguardando la integridad de los mexicanos.
“A todos nos cambió la vida, nos sentimos inseguros, escuchamos ruidos de carros o motocicletas y pensamos rápido que son ellos y que nos van a volver a atacar”, lamentó Raquel Molina. “Somos personas humildes y trabajadoras, pero estamos pagando por cosas que no hicimos”.
*Los nombres de las personas que accedieron a dar testimonios fueron modificados por razones de seguridad.
En portada: Habitantes del municipio de Motozintla se han manifestado contra el aumento de la violencia y la omisión de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
En los últimos tres días han circulado, mediante redes sociales, imágenes de caravanas de camionetas blindadas, adaptadas como tanquetas de guerra, con hombres fuertemente armados. Esto ocurrió en carreteras de Motozintla y en la localidad de Chamic, en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, zona fronteriza entre México y Guatemala, en una clara señal de que la disputa entre cárteles en el estado solo se está recrudeciendo.
Personas formadas en filas, en las orillas de la carretera, aparecen gritando¡Puro Sinaloa!, en alusión al Cartel de Sinaloa, en un mensaje de guerra dirigido al cártel opuesto, el Jalisco Nueva Generación.
Las ejecuciones también se han recrudecido en la región tras las caravanas, denuncian habitantes de la zona.
La disputa, que se intensificó en los últimos meses, ha transformado en territorio de guerra principalmente a los municipios Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir.
En la conferencia de prensa matutina de este lunes, 25 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador trató de minimizar los hechos que han ocurrido en Chiapas, diciendo que ha habido mucha “propaganda” y que las críticas recientes obedecen a “motivos políticos”.
El presidente de México minimizó la violencia del crimen organizado en Chiapas
“Sacaron un video donde hay gentes recibiéndolos y sí pueden ser bases de apoyo porque les entregan despensas o por miedo, pero no es un asunto general y ya se está atendiendo y está la Guardia Nacional”, dijo el mandatario.
El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, también del partido Morena, ha evadido pronunciarse sobre la violencia que se ha extendido en la región sur del estado chiapaneco. Tampoco ha mencionado posibles acciones del gobierno del Estado para interferir en la situación.
Medios chiapanecos registran la movilización de 800 elementos del ejército hacia la región de Frontera Comalapa.
Escandón fue invitado por el presidente López Obrador en la conferencia de prensa de este mismo lunes. Sin embargo, el tema abordado por el mandatario estatal fue la construcción del megaproyecto Tren Maya. “En Chiapas estamos muy contentos con la obra del Tren Maya, porque ha fortalecido la economía y el desarrollo del estado”, dijo el gobernador en sus redes sociales, sin mencionar la situación crítica que ha vivido la población de Chiapas.
Durante la conferencia de prensa, López Obrador evitó que el gobernador de Chiapas contestara preguntas de los periodistas sobre la disputa del territorio por los cárteles. Cuando Escandón fue cuestionado sobre los hechos del final de semana, el presidente contestó, “yo les voy a contestar esto, nada más”.
Mientras los mandatarios, estatal y federal, utilizan la estrategia del silencio o simplemente minimizan la situación, la sociedad civil y comunidades han denunciando hace meses la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales.
El mismo sábado, 23 de septiembre, cuando empezaron a circular los videos, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas lanzó un comunicado titulado Chiapas desgarrado por el crimen organizado. “Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, sostiene.
Calles vacías en la cabecera municipal de Frontera Comalapa debido a la actuación de grupos del crimen organizado.
Entre las violencias señaladas por la Diócesis están: la presión y el control social, político y psicológico para que el pueblo tome partido por uno o por otro grupo criminal; el desabasto de alimentos, granos básicos y la falta de atención médica y medicamentos, debido a la continua violencia; los reclutamientos forzados, “dejando a las familias destrozadas”; el control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera; y cobro por “derecho de piso” y “de paso”.
El silencio de las autoridades “demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal”, dice el comunicado.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 23 de septiembre de 2023.
A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL LIBRE Y ALTERNATIVOS
A LAS-LOS PARTICIPANTES DEL DIÁLOGO NACIONAL POR LA PAZ
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LA SOCIEDAD EN GENERAL
CHIAPAS DESGARRADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO
En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas estamos sufirendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo. Los grupos delicuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narco bloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia.
De frente a esta realidad tan dolorosa, la iglesia promotora de la dignidad de la persona, servidora de la vida del ser humano y defensora de sus derechos, predica su liberación, una liberación que tiene, por encima de todo, el respeto a la dignidad de la persona, la promoción del bien común del pueblo y la trascendencia a que mira ante todo a Dios y sólo de Dios deriva su esperanza y su fortaleza.
Como iglesia diocesana y sociedad civil se ha denunciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales, sin embargo no ha habido respuesta para los pueblos, el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delicuenciales, desde los fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobierno del estado y federal.
La omisión del estado de frente a esta realidad mantiene a los pueblos en la incertidumbre total. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro Estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo.
Denunciamos:
– Amenazas, hostigamiento, persecución e intimidación a la sociedad civil.
– La presión y control social, político y psicológico de diferentes grupos para que el pueblo tomen partido por uno o por otro grupo criminal.
– La manipulación política que se ejerce para brindar atención desde los servicios básicos hasta otros, a los que el pueblo tiene derecho.
– El despojo de sus bienes, fruto de su esfuerzo y su trabajo.
– El desabasto de alimentos, granos básicos y otros enseres, así como la falta de atención médica y medicamentos debido a la continua violencia.
– La falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno a las demandas del pueblo.
– Los reclutamientos forzados, dejando a las familias destrozadas.
– El control del territorio, saqueo, extracción y explotación minera y cobro por “derecho de piso” y “de paso (extorsión) violentando los derechos humanos y comunitarios.
– El ingreso de personas armadas en nuestras comunidades y pueblos.
Responsabilizamos de los hechos ocurridos a los tres niveles de gobierno que han hechos caso omiso a las denuncias de la sociedad civil, y exigimos:
– La atención urgente a los casos de violencia e inseguridad que esta destruyendo la vida de nuestros pueblos.
– Atender las denuncias de la sociedad civil, girar y ejecutar de manera inmediata las órdenes de aprehensión de los líderes de estos grupos delicuenciales.
– Que se respeten los centros educativos, libres de violencia.
– Restablecer el orden social sin vulnerar a la sociedad civil.
– Que se haga valer el estado de derecho para nuestros pueblos.
Animamos el corazón de las familias de nuestras comunidades y pueblos que sufren en carne propia esta realidad,, nos unimos y solidarizamos con las víctimas. Que el Espíritu de Dios presente y actuante en el caminar de su pueblo sea nuestra esperanza y fortaleza en estos momentos de crisis y de profundo dolor.
En Chiapas el 8.1% de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) se encuentra en riesgo de ser reclutada por el crimen organizado, informó en noviembre de 2021 la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias (REDIAS); este diagnóstico pasó de las cifras a la realidad en San Cristóbal de Las Casas, el “pueblo mágico”, la principal ciudad turística del estado; donde ahora grupos de jóvenes se pasean en pandillas motorizadas, vendiendo droga, robando vehículos, atacando y retando a la autoridad. ¿Qué les hizo vulnerables, la pobreza, el racismo, la desesperanza, la impunidad, la narcocultura o avance del crimen organizado? ¿O la suma de todas estas razones?
Ilustración: Carlos Mendoza
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Martin y su hermano eran buenos estudiantes, eran del cuadro del honor, bien chambeadores, ayudaban a su papá en la carpintería; pero se metieron a las drogas y las pandillas. Al rato, Martín andaba con un arma en la cintura y un kilo de mariguana. Se ahorcó cuando tenía 17, ya era líder de una pandilla, no sé si buscó la salida o simplemente no la encontró. A su hermano Agustín lo detuvo la policía y lo mataron a golpes, tenía como 18 años. Sus padres son de Chanal -municipio ubicado en Los Altos de Chiapas-, migraron a San Cristóbal de Las Casas, estudiaban en la José María Morelos y Pavón, la escuela más “cabrona” de la zona norte de esa ciudad.
El pasado 22 de marzo, elementos de la Policía Federal detuvieron en Nayarit a Federico González Medina, El Lico. En los días siguientes a su aprehensión, la Comisión Nacional de Seguridad y la Procuraduría de Justicia de Michoacán emitieron comunicados para adjudicar la captura del jefe de plaza de Los Caballeros Templarios en La Placita —en el municipio michoacano de Aquila— a trabajos coordinados de «inteligencia».
En la sierra-costa michoacana, sin embargo, los boletines de prensa de las corporaciones de seguridad del Estado mexicano no son suficientes para borrar de la memoria los años de agravios y violencia que El Lico provocó con la aquiescencia o franca complicidad de los tres niveles de gobierno. Para el pueblo nahua de Santa María Ostula, el nombre del jefe Templario es sinónimo de una época de terror, cuyas memorias y dolores apenas comienzan a sanar.
La crónica del 26 de septiembre de 2014, el día en que 43 estudiantes mexicanos desaparecieron — y por qué esto puede ser un punto de inflexión para el país.
Por John Gibler
Ilustraciones de Clay Rodery
Traducido por Juan Elías Tovar
Para los primeros días de Octubre, la cancha exterior de básquetbol de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, una población del estado mexicano de Guerrero, se había convertido en una sala de espera de la desesperación. El dolor irradiaba como calor. Bajo el alto techo de lámina corrugada de la cancha, los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos se reunían a enfrentar las horas entre las expediciones de búsqueda, las protestas y las reuniones con funcionarios del gobierno, trabajadores de derechos humanos, y antropólogos forenses. Reunidos en grupos a la orilla de la cancha, sentados en el piso de concreto o en sillas plegables de plástico acomodadas en semicírculos, hablaban en voz baja y entre ellos. La mayoría había viajado desde pequeñas comunidades indígenas y campesinas de Guerrero. Muchos habían llegado sin una muda de ropa. Todos habían venido a buscar a sus hijos.
La noche del 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, a 125 km, policías uniformados emboscaron cinco autobuses de estudiantes de la normal y otro que llevaba a un equipo de fútbol profesional. Junto con tres sicarios no identificados, dispararon y mataron a seis personas, hirieron a más de veinte, y “desaparecieron” a 43 normalistas. El cuerpo de una de las víctimas fue hallado en un campo a la mañana siguiente. Los asesinos le habían quitado el rostro. Los soldados del 27º Batallón de Infantería, cuyo cuartel está a menos de tres kilómetros y que tienen la misión de combatir el crimen organizado, no intervinieron.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. 10 de diciembre de 2014.
Por: Eugenia Gutiérrez
Radio Zapatista
ALEXANDER
Permite, muchacho, que te dirija unas palabras nuevas. Recíbelas con la frescura de tus años. Admítelas sin resquemor. Son un breve saludo de quien te conoce sin haberte conocido porque te encuentra en la memoria de un pueblo lacerado, porque te identifica en la indignación de un planeta unido este día en favor de sus derechos elementales. Son, además, una petición y una propuesta.
Tú no sabes de mí, así que me presento. Soy cualquier madre mexicana de un estudiante y profesor tan decidido y joven como tú, tan futbolero como tú. Soy cualquier maestra que se emociona nerviosa frente a cincuenta pares de miradas inquietas como la tuya. Te escribo desde mi privilegio de persona completamente viva en una patria cementerio. Me siento a redactar este mensaje en una nación herida por gobiernos mortíferos. Me dirijo a ti porque tu familia y tus compañeros informan que te has ido, que unas manos asesinas te han interrumpido la vida. Escucho en voz de tu padre Ezequiel que ya acompañas a Delia, tu madre. Leo, después, que te lloran tus hermanas, tus hermanos. Pero inexplicablemente sigues aquí. Tan aquí como el Chilango, el Julio César, el Daniel, como Gabriel y Jorge Alexis, como una mujer, un hombre y un deportista que, se supone, se marcharon. Tus palabras se aglutinan coherentes en el facebook de tus compas y nos anuncias que sigues aquí. Tan aquí como el Andrés y el Aldo, pero ya sin tanto dolor. Observo tu rostro que me mira desde los brazos erguidos por las avenidas. Miro tu rostro que me observa desde las butacas que ocupas en auditorios, conferencias y coloquios. Te acompañan cuarenta y dos amigos que, a golpe de silencios, toman uno por uno la palabra.
Quiero pedirte algo, colega. Te escribo desde mi privilegio de profesora que nunca durmió en el piso para poder estudiar. Tú y yo nacimos bajo el mismo cielo, forjados por la misma historia. Durante diecinueve años caminamos sin encontrarnos sobre la misma tierra, la de un lábaro tricolor que va perdiendo su equilibrio. En esa tierra, en sus montañas majestuosas y sus aguas antaño cristalinas, se amontonan por centenares de miles otras vidas arrebatadas. Tú lo sabes. Tus compañeros normalistas, también. Por algo escogieron educar en las escuelas donde estudia la infancia más pobre, esa que aquí puede morir incinerada. Por algo todos ustedes viven recordando a otros caídos. Pero me dirijo a ti, Alexander, porque un destino inexplicable te eligió para sacudir letargos en este México tan lastimado. Quiero pedirte que nos ayudes a sembrar en verde y blanco todas esas vidas desarticuladas para así mermar este dominio del rojo que nos intoxica. Enséñanos a cosechar esas vidas en sierras que vuelvan a ser madres, a refrescarlas en lagos ancestrales, a pronunciarlas en desiertos imperturbables, sin alaridos. Me atrevo a pedírtelo porque ya conoces el fuego, el aire y el agua que te regresan a la tierra que cultiva tu padre, porque te desenvuelves ágil en ese polvo de estrellas que fuimos, en el que somos y seremos.
Por último, maestro, una propuesta. La escribo desde mi privilegio de mujer que todavía no ha sido violentada, ni torturada, ni cortada en esta región feminicidio. Ya no le hablo al muchacho sino al hombre. Te propongo que luchemos juntos por una reconstrucción inmediata de nuestros derechos desmenuzados. Que asumas con donaire este papel de luz inextinguible que la historia te asignó para que permanezcas incólume al lado de quienes te piensan y te sienten. Acudo a tu memoria, Alexander, porque recordarte nos reconstituye, nos acuerpa, porque nos reacomoda el ánimo descoyuntado y nos redelimita, porque tus amigos te llaman “La Roca”. Déjanos aglomerarnos en torno a tu presencia para que desaparezcan las ausencias agobiantes que produce este sistema genocida.
Hasta ahí mi petición y mi propuesta. Me despido sin hacerlo y me preparo, contigo, para lo que venga. Espero que mis palabras no te incomoden. Acéptalas ahora que nos conocemos tan dispuestos a habitar un país y un planeta de libertades merecidas.
El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. “Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último”, dijo.
Esa noche, el militar estuvo presente en el informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca. Y, según declaró el general Salvador Cienfuegos Zepeda a la comisión legislativa que investiga la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, “él no vio nada en el evento; incluso se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no pasó nada”.
El coronel Aranda Torres asumió el mando del 27 batallón de infantería el 5 de octubre de 2011. Llegó allí después de servir en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona en la que el narcotráfico campea, y de estar al frente del octavo batallón de fuerzas especiales en Guadalajara. En Iguala entabló una magnífica relación con José Luis Abarca. Aparecieron juntos encabezando diversos actos cívicos. Sin embargo, a pesar de su experiencia, el militar pareció no darse cuenta de la enorme cantidad de fosas clandestinas que se cavaron en su zona de influencia, ni del intenso trasiego de goma de opio que tiene en esa ciudad un punto central de distribución.
No es exageración. Gustavo Castillo publicó en este diario que “en Guerrero se produce más de 60 por ciento de la amapola y goma de opio de México. Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas refieren que en el país, desde 2008, se duplicó el número de hectáreas de este cultivo ilícito, al pasar de 6 mil 900 hectáreas a 15 mil, y aumentar la producción de 150 toneladas a más de 325”. Iguala y Chilpancingo se han convertido en los principales centros de acopio de goma del narcótico.
Los vínculos estrechos de José Luis Abarca con el Ejército son anteriores al arribo del coronel José Antonio Aranda al frente del batallón. El 22 de enero de 2008, el entonces senador Lázaro Mazón colocó la primera piedra de Plaza Tamarindos, una ambiciosa inversión de 300 millones de pesos, propiedad de su amigo, el antiguo vendedor de sombreros y joyero José Luis Abarca.
La Plaza se ubica frente a las instalaciones del 27 batallón de infantería, en un terreno regalado por las fuerzas armadas. Según la crónica de la ceremonia de inicio de las obras del centro comercial, publicada en Diario 21: “En su participación, el senador Mazón Alonso agradeció al ex diputado Rubén Figueroa su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quien donó ese terreno”. La información nunca fue desmentida.
El diputado, ex senador suplente y empresario transportista Rubén Figueroa Smutny es hijo y nieto de ex gobernadores y caciques del estado. Su padre, Rubén Figueroa Alcocer, fue responsable de la matanza de Aguas Blancas en 1995, y controla la distribución de fertilizante en amplias regiones de Guerrero y Michoacán. Figueroa Smutny es también sobrino del cantante Joan Sebastian y de Federico Figueroa, señalado como uno de los altos mandos de Guerreros Unidos.
Especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las drogas, el 27 batallón de infantería tiene tras de sí un negro historial de violación de derechos humanos. Como documentó el blog especializado en cuestiones de defensa Estado Mayor, el batallón participó activamente en la guerra sucia de la década de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado, dejando a su paso un largo historial de atrocidades, incluidas centenares de desapariciones forzadas.
Las tropelías perpetradas por el batallón no cesaron con el paso de los años. Apenas en marzo de 2010, desapareció a seis jóvenes en Iguala. El caso fue documentado por Human Rights Watch. En su informe Ni seguridad, ni derechos, publicado en noviembre de 2011, el organismo advierte: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito”.
La noche del 26 de septiembre, el 27 batallón de infantería no hizo nada para evitar la matanza y desaparición de los estudiantes. No resguardó la zona. Dos horas después, del primer ataque, se produjo uno nuevo, sin que los militares hicieran nada para evitarlo. Fue hasta entonces que aparecieron militares, agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada.
Los soldados –contó el normalista Omar García a TeleSur– “nos dijeron: ‘ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, amárrensen los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar’”. Luego los fotografiaron.
La mañana del 31 de octubre una narcomanta apareció colgada en la reja de la entrada a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, cerca del cuartel de la 35 zona militar. Estaba dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. La firmaba Gil, es decir el cabo Gil, señalado como uno de los operadores de la desaparición de los estudiantes y lugarteniente de Sidronio Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos, hoy preso.
El mensaje señalaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, había dos oficiales del 27 batallón de infantería: el teniente Barbosa y el capitán Crespo, involucrados con la organización.
A pesar de que las evidencias en su contra se van acumulando, hasta el momento las pesquisas oficiales han dejado de lado a las fuerzas armadas. Los normalistas que sobrevivieron al ataque tienen sus sospechas de que algo tienen que ver los militares en el asunto. “Acuérdense –dice Omar García– que en la guerra sucia, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el Ejército”.
En su territorio se cruzan intereses de todo tipo: los gobiernos buscan implementar proyectos carreteros que faciliten el trasiego de mercancías y estimulen el turismo de playa; las mineras quieren explotar la veta que nace desde San Miguel Aquila; los pequeños propietarios quieren sembrar sus tierras o fraccionarlas y venderlas, y los narcotraficantes tienen aquí un importante punto de circulación de sus mercancía
Adazahira Chávez
La organización de la comunidad nahua de Santa María Ostula, Michoacán, en su lucha por la tierra, reanudó la marcha en febrero de este año. Después de que en junio de 2009 los comuneros activaron su Policía Comunitaria y retomaron el lugar conocido como La Canaguancera (renombrado Xayakalan), enfrentaron una ola de asesinatos y desapariciones —sobre todo contra miembros de la guardia tradicional o de los bienes comunales— que estableció un clima de terror y obligó al desplazamiento de familias enteras.
Pero ya están de regreso y afirman, como lo declararon en 2009, que no abandonarán sus tierras. En fechas recientes, acompañados por grupos de autodefensa de Tierra Caliente, los guardias comunitarios reingresaron a su territorio —muchos de ellos, como su comandante Semeí Verdía, estuvieron exiliados— y los comuneros desplazados también volvieron a Xayakalan, que sigue en disputa legal con los pequeños propietarios de La Placita, quienes lo invadieron hace ya cuatro décadas. La tarea urgente, señalan, es levantar de nueva cuenta las asambleas y trabajar las tierras que les dieron sustento y que tuvieron que abandonar.
La tarea no se mira fácil, y los nahuas lo saben. Relatan que en su territorio se cruzan intereses de todo tipo: los gobiernos buscan implementar proyectos carreteros que faciliten el trasiego de mercancías y estimulen el turismo de playa; las mineras quieren explotar la veta que nace desde San Miguel Aquila; los pequeños propietarios quieren sembrar sus tierras o fraccionarlas y venderlas, y los narcotraficantes tienen aquí un importante punto de circulación de sus mercancía. En este estado —de acuerdo con las denuncias que los comuneros han hecho desde hace años— muchas veces estos actores son los mismos sujetos. Y de este territorio ambicionado son dueños los comuneros de Ostula.
Tierra rica, tierra despojada
La cabecera comunal de Ostula y sus 22 encargaturas abarcan más de 28 mil hectáreas del municipio de Aquila, uno de los de mayor marginación en Michoacán. Los nahuas han poblado poco a poco la porción de su territorio que se extiende hacia la costa michoacana.
Las tierras correspondientes a la encargatura de Xayakalan, informan los comuneros, se localizan dentro de sus títulos primordiales del siglo xviii y dentro de la Resolución Presidencial que reconoció parte de su territorio en 1964. A pesar de ello, enfrentan un litigio agrario por unas 700 hectáreas que seis pequeños propietarios de La Placita invadieron “no sólo para la siembra de papaya, mango y tamarindo, sino para venderla al mejor postor” a pesar de las medidas cautelares a favor de los indígenas. La Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de Ostula señala que algunos de esos invasores son cabezas del crimen organizado en la región.
Cruce El Naranjo-Tenosique, Tabasco. Foto: Prometeo Lucero
La tierra de Aquila tiene abundancia de minerales (plata, zinc, oro y cobre), además de yacimientos de hierro, que en la actualidad explotan las empresas Ternium, Sicartsa y Metal Steel, y aporta una cuarta parte de la producción nacional. La veta que atraviesa San Miguel Aquila —comunidad de la que también tuvieron que salir los integrantes de la guardia tradicional y los comuneros por conflictos con la mina y el crimen organizado— llega hasta tierras de Ostula, y la empresa argentina Ternium tiene en la mira su explotación futura. Ternium es dueña de la mitad de Peña Colorada, mina de Ayotitlán, Jalisco, que ha provocado también persecuciones contra los líderes comuneros nahuas como Gaudencio Mancilla.
Dentro de este territorio invadido no sólo pasan las riquísimas vetas minerales, sino que hay playas con especies animales en peligro de extinción. Allí se contempló la ampliación de la carretera Coahuayana-Lázaro Cárdenas, e incluso la construcción de un puerto para transportar materiales que Ternium extrae de San Miguel Aquila.
Los días 13 y 14 de junio de 2009, el Congreso Nacional Indígena publicó el Manifiesto de Ostula, que reivindica el derecho a la autodefensa. Después de varios intentos infructuosos de negociación y al sentirse burlados por el gobierno, los comuneros retomaron las tierras de Xayakalan en 2009, establecieron su guardia comunitaria “para cuidar el territorio que nos pertenece” y se asentaron cerca de 250 personas, pertenecientes a 40 familias.
Los comuneros decidieron no participar en las elecciones oficiales en 2011, al igual que sus hermanos p’uhrépechas de Cherán, Pómaro y Coíre, en rechazo a la poca eficacia de las autoridades y el divisionismo que, denunciaron, promueven los partidos políticos.
La respuesta a su reto fue atronadora. En los últimos tres años, 32 pobladores de Ostula fueron asesinados brutalmente o desaparecidos. Destacan las ejecuciones en 2011 de los líderes Trinidad de la Cruz Crisóstomo, conocido como don Trino o el Trompas, encargado de la guardia comunitaria, y de Pedro Leyva. Las bases de la Armada —que se establecieron después de 2009— no ayudaron a detener la ola de violencia. Las autoridades judiciales no resolvieron ni uno sólo de los crímenes. Las balas de los “cuerno de chivo” poblaron las escenas de los crímenes, y las familias amenazadas huyeron.
Pocos habitantes quedaron en Xayakalan, pero los desplazados se ocuparon de planear el retorno y la reconstitución de su organización autónoma, que se pudo concretar este 2014. El 8 de febrero, “un grupo de comuneros de Santa María Ostula, coordinado con los grupos de autodefensa de los municipios de Coalcomán, Chinicuila y de la cabecera de Aquila, tomó el control de la tenencia de Ostula”, informaron en un documento público.
Coincidentemente, desde ese día “grupos de policías federales ministeriales e integrantes del ministerio público, de manera totalmente ilegal han ido a amenazar a los comuneros que viven en Xayakalan con desalojarlos”. Para los indígenas es “la continuación de las graves condiciones de guerra no declarada que vive Ostula desde que precisamente resolvió hacer el resguardo de las tierras de Xayakalan, el 29 de junio de 2009”.
Este 10 de febrero, un pelotón del Ejército federal intentó desarmar a la guardia comunitaria y a los grupos de autodefensa que la respaldaban, pero la población hizo que los soldados devolvieran las armas. El 13 de febrero, más de mil 200 comuneros en asamblea decidieron reorganizar formalmente la Policía Comunitaria. Ahora sus esfuerzos se centran en fortalecer los mecanismos comunitarios de decisión, reconstruir la base material para su organización y supervivencia —la comida y los recursos escasean— y mantener la seguridad en su territorio. A pesar de los años de terror, indican a Ojarasca desde Ostula, “la gente responde a su ancestral organización”
