El Paso, Texas – La Red Nacional por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (NNIRR) expresa su más sentido pésame a las familias de los 39 migrantes que perdieron la vida, y a los 29 migrantes que resultaron heridos en el incendio dentro de un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez el lunes por la noche.
En este momento trágico, alzamos la voz para condenar la naturaleza dual y desigual del régimen migratorio que facilita la movilidad de aquellas personas privilegiadas de poseer pasaportes y visas mientras, que controla y criminaliza la movilidad de las personas que escapan de la pobreza, los desastres sociales, climáticos y militares.
El Instituto Nacional de Migración de México (INM) confirmó que había un total de 68 hombres de Centro y Sud América en el centro de detención, lo que indica que todas las personas detenidas resultaron heridas o perecieron en el incendio.
Esta tragedia, como muchas otras que se han convertido en una característica normal del sistema norteamericano de inmigración, continuará ocurriendo si los gobiernos no están dispuestos a hacer la transición real hacia políticas centradas en los derechos para abordar la migración internacional. A pesar de las miles de muertes, de las desapariciones y de los abusos sistemáticos contra las personas documentadas, la administración Biden continúa promulgando políticas que restringen el acceso y la protección y externalizan las responsabilidades de protección a otros países. El desplazamiento internacional y la migración como supervivencia no debe criminalizar a las personas en situaciones migratorias de vulnerabilidad y nunca deben ser detenidas.
NNIRR se solidariza con las familias de las personas migrantes que fallecieron, las que resultaron heridas y las miles de personas que han desaparecido o que perdieron la vida a lo largo de la jornada migratoria. Las políticas de control, la militarización de las fronteras y la criminalización de las comunidades migrantes no pueden seguir siendo la respuesta a la migración. Instamos a la administración de Biden y a los gobiernos regionales a abordar la doble crisis humanitaria y de derechos humanos en la frontera.
NNIRR se une a las organizaciones aliadas para urgir a la administración y al congreso que salven vidas y generen las vías para una migración segura y regular y que tomen medidas que garanticen el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las personas migrantes, su dignidad, su integridad y bienestar. ser, independientemente de su estatus migratorio.
Son por lo menos 40 migrantes muertos y 28 heridos tras un incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. La mayoría de las víctimas son centroamericanos (28 de ellos guatemaltecos), además de un ecuatoriano, un colombiano y 12 venezolanos.
El incendio empezó el lunes en la noche. Alrededor de las 9 pm, según algunos medios de comunicación, los migrantes empezaron a inconformarse pues en todo el día no les habían dado de beber. Ya el presidente López Obrador afirmó que la inconformidad se dio al enterarse que serían deportados. Como quiera que sea, a las 9:30 pm empezaron a quemar las colchonetas para forzar a los guardias a abrir la puerta, lo que resultó en la tragedia.
Muchas de las víctimas habían sido detenidas ese mismo día en un operativo del INM para retirarlos de las calles, donde vendían dulces o artesanías. Otras habían sido deportadas de Estados Unidos bajo el polémico Título 42, una antigua legislación que permite deportar a migrantes extranjeros, inclusive a los solicitantes de asilo, por motivos sanitarios, la cual fue utilizada por Donald Trump para expulsar a migrantes centroamericanos, alegando el peligro del coronavirus. En su campaña presidencial, Joe Biden prometió anular la legislación, pero, al contrario, se continúa aplicando.
Las deportaciones de Estados Unidos y la crisis económica y social centroamericana han transformado a Ciudad Juárez en una olla de presión. Sólo en 2022, 2.76 millones de personas fueron detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. El número de personas detenidas en la frontera saltó de 40 mil en diciembre de 2019 a más de 250 mil en diciembre de 2022.
Al mismo tiempo, las denuncias de las condiciones inhumanas en los centros de detención se han multiplicado, así como las protestas. A principios de este mes, más de 30 organizaciones y albergues publicaron un comunicado denunciando la creciente criminalización de extranjeros en Ciudad Juárez así como detenciones arbitrarias y extorsiones por parte de agentes municipales.
En los próximos días, se tienen planeadas manifestaciones y protestos en varias ciudades, en repudio a la criminalización y abusos cometidos contra migrantes en el país.
En portada: Migrantes esperan al borde del río Bravo para cruzar hacia EEUU en el contexto del fin de las restricciones impuestas por el Título 42.
Soldados pertenecientes a la Guardia Nacional de Texas fueron colocados por el gobierno de dicho estado norteamericano para contener el paso a migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos para solicitar asilo.
Los cientos de militares se desplegaron acompañados de una docena de vehículos blindados junto al Río Bravo en una zona utilizada por los migrantes para ingresar a los EEUU, en el contexto de declaración de estado de emergencia por parte de la ciudad de El Paso, Texas.
Soldados norteamericanos enla frontera con México. Foto: Gabriela Minjáres
Oscar Leeser, alcalde de la ciudad texana, justificó el estado de emergencia por el aumento de las llegadas de migrantes después de que un juez estadounidense ordenó el fin de las restricciones fronterizas de la era Covid-19, conocidas como Título 42, para el 21 de diciembre.
Los soldados pertenecen a la Fuerza de Respuesta de Seguridad del Batallón de Policía Militar 606, que está capacitada en operaciones de disturbios civiles y respuesta a la migración masiva. “Se utiliza para salvaguardar la frontera y repeler y hacer retroceder a los inmigrantes ilegales”, dijo la guardia en un comunicado de prensa.
En este contexto, los migrantes ya desbordan los albergues y, como única opción, duermen soportando bajas temperaturas en las calles de El Paso.
Con la declaración de emergencia, la ciudad anunció también que creará un centro de operaciones y un plan para asistir y proteger a los migrantes frente a las duras condiciones climáticas.
Mientras se instalan o amplían los refugios en toda la ciudad, el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM, por sus siglas en inglés) comenzó a transportar en autobús a los migrantes de El Paso a la ciudad de Nueva York y Chicago, consideradas “ciudades santuario” para las personas en movilidad.
Según el administrador adjunto de la ciudad, Mario D’Agostino, la respuesta a la crisis migratoria permanecerá vigente hasta conocer el resultado de la apelación del Título 42, que se abre paso en los tribunales.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó temporalmente una orden de un juez federal que pedía que el Título 42 terminara el próximo miércoles (21). La suspensión permanecerá vigente mientras la Corte Suprema considera una apelación de Texas y otros estados que solicitan mantener la política vigente.
Hasta el cierre de esta edición las autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre el despliegue de militares de Texas en la frontera por Ciudad Juárez.
El pasado octubre, los senadores Ben Cardin y Bill Hagerty enviaron una carta al Departamento de Estado y al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, para solicitar un reclamo al gobierno hondureño por la derogación, en abril de 2022, de la Ley Orgánica que permitía la operación de las Zonas de Desarrollo Económico y Empleo (ZEDE) en el país centroamericano.
Dicha ley permitió la creación de zonas especiales con la facultad de operar de manera autónoma al gobierno hondureño. A través de ellas, los inversionistas podían implementar en los territorios sus propios sistemas de administración, gobierno y leyes con el argumento de crear las condiciones para atraer inversiones a nivel internacional.
La misiva de los senadores argumenta que las inversiones norteamericanas en Centroamérica “ayudarán a aliviar la pobreza que fomenta la migración ilegal a los Estados Unidos” e instan al gobierno hondureño a respetar la “garantía de estabilidad jurídica de 50 años que protege las inversiones estadounidenses”, establecidas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y América Central (CAFTA-DR).
En contraste, desde la aprobación de la ley, en 2013, amplios sectores de la sociedad hondureña se organizaron contra su operación. De acuerdo a la organización Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), a partir de procesos en más de 70 cabildos abiertos, se declararon municipios libres de ZEDES en diversos departamentos donde la movilización por la defensa del territorio motivó el rechazo a su instalación.
Mediante una carta de respuesta a los senadores norteamericanos, ARCAH sostuvo que las ZEDES “son un proyecto de agresión a la soberanía” del país centroamericano, por lo cual la petición de los congresistas constituye “una grave propuesta de injerencia e irrespeto de los asuntos internos del Estado de Honduras, y solo invita a la perpetuidad de los crimines cometidos por las ZEDES, que incluyen, en el caso de sus secretarios técnicos, por ejemplo, el delito de Traición a la Patria”.
La organización hondureña afirma que, por mas de una década, “el pueblo de Honduras, aun en un periodo de narco-dictadura, enfrentó a las ZEDES de manera organizada, coherente, pertinente, digna, legitima y en pleno uso de sus derechos”, ante el intento de que las trasnacionales sobrepasaran al gobierno hondureño “para instalar laboratorios de gobernanza, de manera inconsulta, y es que, no podría ser de otra manera, ¿qué pueblo daría conscientemente un ‘sí’ a la entrega total o parcial de su país?”.
Presión
La iniciativa de los senadores no es la primera acción de funcionarios norteamericanos para reclamar por la derogación de las ZEDES. En julio de este año, el Departamento de Estado difundió el Informe sobre el clima para inversiones en Honduras, mediante el cual condenó la derogación de la ley.
“El gobierno se ha expuesto a una responsabilidad potencialmente significativa y ha alimentado las preocupaciones sobre el compromiso del gobierno con el estado de derecho comercial”, afirma el informe en el que cuestiona la actitud del gobierno de Xiomara Castro pues no intentó implementar reformas o buscar un diálogo con los inversionistas de las ZEDE.
Según el departamento responsable de la política exterior norteamericana, la medida contribuyó a la incertidumbre sobre el compromiso del gobierno hondureño con las protecciones para la inversión requeridas por acuerdos como el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Estados Unidos y Honduras y el CAFTA.
En respuesta, ARCAH asegura que ninguna de estas garantías aplica si se coloca en riesgo la soberanía de Honduras, pues los senadores “ignoran que la Ley Orgánica de las ZEDES facultaba a las ZEDES a expropiar territorios hondureños”. También agregan que “ningún Tratado de Libre Comercio aplica para las ZEDES, por ser incompatibles con las Constitución de la Republica de Honduras, y los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos”.
Al contrario, la organización, que cofundó el Movimiento Nacional contra las ZEDES en junio de 2021, afirma que estos proyectos no han invertido en Honduras, “pero sí han vertido violencias y ataques, incluso contra ARCAH”.
Agresiones
Christopher Castillo, coordinador general de ARCAH, ha denunciado amenazas en su contra realizadas por policías, así como por miembros directivos y ejecutivos de distintos proyectos ZEDES.
Acorde a un comunicado del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, las agresiones ocurren en el contexto de la lucha contra las ZEDES, particularmente las conocidas como Ciudad Morazán y Próspera, las cuales “desconocen la decisión popular de derogación de la ley, misma que fue lograda por la lucha popular de comunidades y organizaciones. Por lo que las ZEDES no quieren reconocerlo, en cambio amenazan con acciones violentas buscando así instalarse en los territorios”.
Una de las recientes agresiones ocurrió a finales de octubre cuando miembros de la ARCAH protestaban pacíficamente contra Ciudad Morazán, puesto que es uno de los proyectos ZEDES que se han mantenido en funciones pese a la derogación de la ley que las sustentaba. A esto se añaden las amenazas contra el coordinador de ARCAH por parte del fundador de Ciudad Morazán, Massimo Mazzone, y otros de sus integrantes Jorge Colindres y Carlos Fortín.
Ante estos hechos, Christopher Castillo exigió a las autoridades hondureñas la derogación efectiva de las ZEDES y ante medios locales sostuvo que “no podemos permitir que estos empresarios solamente vengan a imponer proyectos que no son de desarrollo, que son ajenos a la voluntad popular y que además vengan a amenazar a la gente”.
El embajador de los EEUU en México, Ken Salazar, realizó una gira de trabajo en el sureste del país para dar seguimiento a los compromisos migratorios acordados entre los presidentes Joe Biden y López Obrador durante su reunión de julio pasado.
Durante los primeros días de agosto, Salazar se reunió con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, así como con el secretario de desarrollo económico de Veracruz y funcionarios del gobierno federal. Según comunicado de la embajada, el trabajo del funcionario estaba destinado a “conocer más sobre la situación en el terreno en dichos estados, las oportunidades de desarrollo económico y nuestros esfuerzos conjuntos para proteger a los migrantes de la tragedia que representa el tráfico de personas”.
El embajador realizó esta visita tras cinco encuentros previos con funcionarios del gabinete del gobierno federal, los siete gobernadores del sureste de México y representantes del sector privado, “en las que hemos dialogado sobre el potencial de crecimiento económico y desarrollo en el sur de México y Centroamérica. Estos esfuerzos son parte integral del renovado compromiso bilateral con la prosperidad compartida en la región”, declaró el funcionario mediante comunicado.
En Tabasco, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos y el embajador Ken Salazar supervisaron los puestos de control de migración que opera la Guardia Nacional (GN) en la región del Puente Tonalá, municipio de Huimanguillo. Durante el recorrido, Campos declaró que no descarta que el gobierno de EEUU pueda invertir en tecnología en los puestos de revisión migratoria en dicha entidad.
Salazar también visitó un punto de control que instaló el Instituto Nacional de Migración (INM) en coordinación con elementos de la GN en el kilómetro 188 de la autopista Cosoleacaque – La Tinaja en Veracruz. Según medios locales, el embajador cuestionó al personal de migración y de la GN para conocer la eficacia en el uso del equipo de rayos gamma con los cuales cuenta el retén.
En Chiapas, el embajador también visitó el municipio de Arriaga donde fue recibido en la antigua estación del ferrocarril por la presidenta municipal Yolanda Alonso de los Santos. En el municipio de la costa pacífico, la alcaldesa expresó que la visita del embajador “genera muchas posibilidades de inversión en nuestra localidad”, esto como parte del proyecto del Tren Transístmico, el cual busca frenar la migración hacia la frontera norte.
Salazar también se encontró con el gobernador Rutilio Escandón con el propósito de “de promover estrategias dedesarrollo y seguridad” para el estado. Por su parte, el funcionario chiapaneco reafirmó el apoyo del embajador “parafomentar acciones y proyectos que potencialicen el desarrollo de esta región.
Según el comunicado de la embajada, el objetivo del funcionario era “conocer más a fondo el reto compartido de la migración irregular” en el marco de los compromisos de ambos países para contar con fronteras seguras.
Cabe recordar que, durante la declaración conjunta de Biden y Obrador emitida el 12 de julio pasado, el control migratorio fue uno de los puntos principales, por lo que México se comprometió a invertir 1,500 millones de dólares en infraestructura en la frontera entre los años 2022 y 2024.
“Tenemos la determinación, como nunca antes, de completar una iniciativa conjunta de modernización de la infraestructura en la frontera entre EE. UU. y México para proyectos a lo largo de las 2,000 millas de frontera. El esfuerzo conjunto procura armonizar las prioridades, unir a comunidades fronterizas y hacer que el flujo de comercio y de personas sea más seguro y eficiente”, enfatizó la declaración tras el encuentro de los presidentes.
Entre los objetivos del acuerdo conjunto derivado de la reunión de julio entre los presidentes de México y EEUU resalta la intención de potenciar “el libre flujo de bienes sin obstáculos, lo cual promueve la innovación que favorece la productividad y aumenta la resiliencia, y ayuda a ambos países a combatir la inflación y sostener a las familias”.
Al igual que la masacre de migrantes de San Fernando y Camargo, Tamaulipas, México, en los años 2010 y 2021, respectivamente, y la volcadura de un tráiler en Chiapas hace seis meses con 53 migrantes fallecidos, la historia se vuelve a repetir. En los Estados Unidos fueron hallados 53 migrantes muertos en el remolque de un tráiler abandonado.
El tema del tráfico de migrantes volvió a acaparar los medios internacionales. El pasado 27 de junio, en otro tráiler, ahora en San Antonio, Texas, fueron encontradas 64 personas, de las cuales, “al menos 53 fallecieron”, según el departamento de justicia estadounidense. Cuatro menores permanecen hospitalizados.
Los oficiales del Departamento de Policía de San Antonio (SAPD) informaron a los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que llegaron a la ubicación del camión después de recibir llamadas al 911 de ciudadanos preocupados por llamados de auxilio que escucharon al interior del vehículo.
Según las autoridades de la Unión Americana, la Patrulla Fronteriza del Sector de Laredo proporcionó a los agentes de HSI imágenes de vigilancia del camión cruzando un puesto de control de inmigración. Actualmente cuatro personas han sido detenidas al estar involucradas en el tráfico de estas personas, incluyendo el conductor. Los detenidos podrían pagar “con cadena perpetua o pena de muerte”, según el departamento de los Estados Unidos.
Hace tres años fue creada la Guardia Nacional (GN) en México. Desde entonces se ha desplegado esta fuerza militar hacia a las fronteras norte y sur de México con fines de control migratorio.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en julio de 2019, una acción de inconstitucionalidad respecto a la Ley de la Guardia Nacional. La Comisión señala diversas disposiciones de la referida ley que son contrarias a los derechos humanos. Sin embargo, a tres años, la SCJN continúa sin resolverla.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el órgano judicial debe resolver a la brevedad la acción de inconstitucionalidad.
En este contexto, el Centro Prodh, en conjunto con el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los Programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, presentó el 14 de junio a la SCJN un amicus curiae sobre los riesgos de militarizar la política migratoria.
Amicus curiae es una expresión latina que significa “amigos de la corte”. Son presentaciones de terceros ajenos a una disputa jurídica; el objetivo es que aporten a la Corte argumentos u opiniones que pueden servir como elementos de juicio de manera a colaborar con el Tribunal en la resolución del litigio.
El amicus aborda específicamente las facultades de control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado. De acuerdo con las organizaciones, la SCJN debe considerar que la GN ha generado violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional.
El documento comparte con la Corte información documentada sobre abusos y violaciones a los derechos humanos de personas cometidas por esta institución, que posee más del 80% de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos.
En particular, se han documentado recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes en la frontera sur, incluyendo agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias.
Control migratorio
Desde su creación, la GN fue vinculada en gran medida al control migratorio, bajo una lógica de contención en las fronteras. En febrero de 2022, de 99,946 elementos desplegados en México, 15,822 fueron ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9,298 elementos en estados de la frontera sur, de acuerdo con un comunicado del Centro Prodh.
A lo anterior se suma el despliegue de la GN para tareas de control y verificación migratoria en puntos de revisión al interior del país, como lo son retenes, estaciones de autobuses y aeropuertos. Además de haberle sido asignado el resguardo de las Estaciones Migratorias del país, en las que las personas migrantes y sujetas de protección internacional se encuentran privadas de la libertad por motivos migratorios.
“En el contexto de profundización de la militarización que vivimos y que ha sido señalada con preocupación por diversos organismos internacionales, y ante la documentación de múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Guardia Nacional en el ámbito migratorio, es esencial el escrutinio judicial del marco legal que faculta a dicha institución en materia de control y revisión migratoria, lo que debería implicar la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones referidas”, señalan las organizaciones.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
9 de junio de 2022 Nota informativa
Brigadas Civiles de Observación en el municipio de Salto de Agua, Chiapas
• Documentarán violaciones a derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos en el contexto migratorio.
Las Brigadas Civiles de Observación (BriCO) iniciaron trabajos de documentación de derechos humanos en el albergue Casa Betania Santa Martha, refugio de tránsito que proporciona desde hace más de 10 años alojamiento, comida y servicios básicos de salud a las personas en tránsito en Salto de Agua Chiapas, cuya administración esta a cargo de las Misioneras Siervas del Espíritu Santo y Sacerdotes del Verbo Divino, con el apoyo de voluntarias y voluntarios para el trabajo por los derechos humanos de las personas en movilidad y tránsito.
La presencia de la observación internacional tiene como objetivo monitorear posibles violaciones a derechos humanos contra las personas integrantes del albergue. El municipio de Salto de Agua es estación para muchas personas migrantes que pasan por nuestro país en la digna búsqueda de una vida mejor.
Las BriCO es un programa implementado desde hace 27 años en diferentes comunidades de pueblos originarios en Chiapas. La observación de derechos humanos se encuentra estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano.
Antecedentes: el 12 de octubre del 2021, el albergue Casa Betania Santa Martha realizó un llamamiento a la solidaridad internacional debido al allanamiento realizado por un grupo de personas armadas que se presentaron como “fiscalía” bajo el pretexto de la búsqueda de una menor de edad. Durante ese hecho el personal fue obligado a entregar información digital de los servidores electrónicos. Esta fue la tercera ocasión, otros dos intentos se dio entre junio y julio 2019, cuando individuos desconocidos intentaron entrar al albergue bajo el mismo argumento. Estos hechos se dan mientras otras organizaciones defensoras de personas migrantes en la frontera sur de México, en particular en Chiapas y Tabasco, también han sido amenazadas de muerte, hostigadas y agredidas por su labor ante el incremento de los flujos migratorios en la región.
Miles de personas migrantes salieron este lunes (6) de Tapachula, para solicitar visas humanitarias para transitar libremente por México durante un año. De acuerdo a la documentación de organizaciones, se trata de la octava caravana que sale desde el Soconusco en Chiapas, sólo este 2022 y quizá la más numerosa.
García Villagrán, defensor de los derechos humanos que acompaña la organización de la caravana, considera que más de 15 mil migrantes caminan en ella, “y se va anexando la gente; es necesario que esta crisis humanitaria se atienda conforme a la ley con visas humanitarias inmediatamente a todos y cada uno”.
Exigen, además del acceso a procedimientos migratorios, un trato digno de las autoridades. “Sí se puede”, se escuchó al unísono, cuando cruzaron por un cerco de la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) en la salida a la carretera a Huixtla que, de otro modo, no hubiesen podido cruzar.
Salieron alrededor de las 6hrs del lunes del Parque Bicentenario, bajo una lluvia leve y constante. Caminaron 14 kilómetros hasta la comunidad Álvaro Obregón donde nuevamente llovió por la noche.
Comunidades religiosas y organizaciones de derechos humanos brindaron agua y algunos alimentos. Hay familias que decidieron comprar arroz y pasta para preparar en la calle. Mientras, la Guardia Nacional los vigila de lejos.
Este mismo lunes, en la estación migratoria Siglo 21, personas de distintas nacionalidades se amotinaron y se subieron a los techos del espacio dependiente del INM para pedir libertad, lo que provocó la presencia militar.
Villagrán espera que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) atienda personalmente a los miles de migrantes que se dirigen al norte del país y que planean una visita a Palacio Nacional.
Visa humanitaria por un año
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano declaró acción urgente. “Ante la falta de vías para la regularización migratoria y acceso a refugio, salió un grupo”, el cual está integrado principalmente de familias, incluyendo niños, niñas y adolescentes, así como personas LBTIQ+ y con discapacidad. Villagrán agregó que también hay mujeres embarazadas.
Las organizaciones que integran el Colectivo continúan la documentación del grupo que este martes (7) caminó rumbo a Huixtla. “Hacemos un llamado a las autoridades a garantizar protección y evitar el uso injustificado de la fuerza”.
Este martes, nuevamente el calor y la humedad provocaron que algunos se adelantaran, otros pidieron aventón a los camiones, tráileres y vehículos de particulares; pero algunos se quedaron en el camino.
La asistencia médica también la otorgan las organizaciones. Las infancias son las más afectadas por la insolación y la deshidratación.
Irineo Mujica, de Pueblos sin Frontera, responsabilizó a la autoridad migratoria de que los extranjeros busquen salir en masa de la ciudad fronteriza. Asimismo, señaló la corrupción que existe al interior del INM, “tenemos un gobierno que ha perdido la cordura, perseguir a las personas migrantes”.
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) tiene citas hasta agosto y la oficina de regulación hasta finales de septiembre, por lo que temen la cantidad de personas que podrían estar varados y contenidos en Tapachula para esa fecha.
La mayoría de ellos se encuentran en situación de calle, pues los albergues y refugios también se encuentran hacinados. Buscan plazas y parques para acampar y pasar la noche, “o se mueren de hambre o se mueren de tanto odio que hay en Tapachula”, dijo Villagrán.
