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¿De qué se le culpa a David Hernández Salazar?

El día 12 de febrero de 2022, personas autonombradas propietarias de parcelas en tierras de uso común de San Blas Atempa en compañía de la Policía Municipal de San Blas Atempa, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, ingresaron a EL PITAYAL a medir ilegalmente las tierras con el fin de obtener constancias de posesión y acelerar el proceso de apropiación por parte del Corredor Interoceánico.

Los hechos, ocurriendo de la siguiente manera, todas estás personas estacionaron sus vehículos sobre la carretera panamericana en la entrada de la comunidad de Puente Madera, ingresando al monte EL PITAYAL, se encontraban a más de 200 metros, lo que técnicamente hace imposible tener visibilidad sobre la carretera panamericana, debido a la densa vegetación de árboles y arbustos.

El compañero David Hernández Salazar se encontraba con otras personas en camino a denunciar hechos de hostigamiento de días anteriores ( https://tierrayterritorio.wordpress.com/2022/02/10/deforestacion-e-invasion-de-tierras-de-uso-comun-como-parte-de-la-imposicion-del-parque-industrial-en-el-pitayal/ ) a la Radio Comunitaria Didxazaa Stipa de San Blas Atempa, cuándo le fue notificado que había movilización en Puente Madera y se requería su presencia como Agente Comunitario, inmediatamente se trasladó. Al llegar, vio la columna de humo proveniente de los vehículos estacionados y se reunió con los habitantes de Puente Madera para conocer la situación arriba descrita.

Las personas al interior de EL PITAYAL, huyeron por veredas internas sin regresar al lugar a explicar la razón de su presencia y comprobar que el trabajo que estaban realizando era legal.

Posteriormente, se dieron a conocer los hechos, que publicamos en un comunicado: https://tierrayterritorio.wordpress.com/2022/02/12/asamblea-comunitaria-en-resistencia-de-puente-madera-en-alerta-maxima/

¿Cuáles son las inconsistencias del juicio?

Se acusa a David Hernández Salazar de haber iniciado el fuego en los vehículos estacionados, cuando él no se encontraba ni cerca del área donde esto sucedió.

Los testigos sostienen una misma versión en sus declaraciones iniciales de haber visto a David iniciando el fuego, cuando ellos se encontraban al interior de EL PITAYAL, lo que es humanamente imposible, porque de la ubicación donde se encontraban no permite ver el lugar donde estaban estacionados los vehículos.

En esta Causa Penal 446/2022 en la que existen las otras 17 órdenes de aprehensión, por los mismos delitos, son acusaciones absolutamente falsas, ya que todas las personas en esta lista, no se encontraban en lugar de los hechos durante lo ocurrido y otras más son personas mayores que por cuestiones de salud y trabajo difícilmente salen de sus hogares.

Después de 14 días de juicio y presentación de pruebas, tanto de testigos como peritos, se volvió a demostrar que estos procedimientos legales son una cortina de humo para amparar la corrupción e intereses económicos y políticos de diversos actores con incidencia dentro de las instituciones de Estado.

A lo largo de estas dos semanas en las cuales se llevó a cabo el Juicio del agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, se demostró en las audiencias las inconsistencias y falta de fundamentos de los demandantes en contra de David y la existencia de la Causa Penal 446/2022.

Las inconsistentes sobre el juicio se basan en las contradicciones de los testigos con sus declaraciones iniciales en las que dicen haber visto a David iniciando el fuego de los vehículos estacionados sobre la carretera como responsable, mentiras que llevaron al Registro Agrario Nacional a desistir como demandante.

En suma, los 14 días de juicio demostraron de la parte demandante que la denuncia en contra de David, está fundamentada en mentiras, contradicciones e interés económicos y político de exfuncionarios y actuales representantes del Municipio de San Blas Atempa, vinculados al cartel del despojo y grupos del crimen organizado.

Cabe aclarar que esta Causa Penal y Carpeta de Investigación fue aperturada durante el sexenio priísta de Alejandro Murat y se ejecutó un año después, con la detención ilegal y violenta de David Hernández Salazar en su centro de trabajo, este hecho es parte de una larga lista de incidentes a la integridad de los habitantes de Puente Madera e integrantes de la APIIDTT ( https://tierrayterritorio.wordpress.com/2023/08/16/derecho-de-replica-2-0-no-solo-es-un-juicio-agrario-es-imposicion-y-despojo/  ).

Por todo lo anterior:

Exigimos la revisión de la sentencia y el indulto a David Hernández Salazar, defender la tierra y el territorio no es un delito.

Exigimos el desistimiento y cancelación de la Causa Penal 446/2022, en la que se acusa injustificadamente a 17 habitantes de Puente Madera.

Exigimos el cese a la judicialización y criminalización por parte de la Marina, el Ejército y los 3 Niveles de Gobierno.

Exigimos el cese a la represión contra Defensores del Territorio, Derechos Humanos y Periodistas.

CON LA SANGRE DE LOS PUEBLOS, NO HAY TRANSFORMACIÓN, NI PRIMAVERA

Desde la barricada en El Pitayal

ASAMBLEA COMUNITARIA DE PUENTE MADERA

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

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A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de información nacionales e internacionales,
A los organismos defensores de Derechos Humanos,
A los diferentes niveles de gobierno de México,
A la sociedad civil nacional e internacional,

El pasado 1 de febrero de 2024, alrededor de las 17.30 horas, un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), compuesto por al menos 50 personas, se internó en territorio comunal. Atacó una casa de la encargatura de la Cofradía y al ver que no había nadie, este grupo criminal quemó la casa.

En su incursión, los delincuentes hirieron a un comunero, que gracias a su pronta atención se reporta estable. Algunos elementos de nuestra Guardia Comunal, cumpliendo con su deber de proteger a la comunidad, repelieron al comando armado y lograron que abandonara nuestro territorio.

Ha sido gracias a los esfuerzos diarios de nuestra Guardias Comunal que estos objetivos criminales no se han cumplido y seguiremos en la primera línea garantizando la seguridad y tranquilidad de nuestra población.

Tenemos información suficiente para determinar que detrás de este ataque están las personas que traicionaron a la comunidad y se fueron a las filas del CJNG, entre ellas Cemeí Verdía, quien en repetidas ocasiones ha dirigido intentos de ataque a Ostula.

Hemos llegado ya a un límite y nuestra comunidad va a hacer todo lo necesario para que la justicia llegue a las familias y a nuestra comunidad y para que se desarticule y acabe con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región.

Es importante señalar que no sólo el contexto no ha mejorado, sino que recientemente se han recrudecido los ataques armados a manos de este grupo criminal en contra de nuestra Guardia, sin embargo se ha sabido mantener a raya a estos delincuentes.

¿Qué han hecho el gobierno de Michoacán y la Guardia Nacional para garantizar la justicia y que estos hechos criminales no se repitan? Absolutamente nada. Todo lo contrario, el gobierno estatal no ha dejado de criminalizar a nuestra Guardia Comunal a pesar de que el Juez Sexto de Distrito con residencia en Uruapan ordenó a los poderes públicos en el estado no realizar ningún acto tendiente a su desconocimiento.

Mientras tanto la Guardia Nacional, la Guardia Civil y la Fiscalía del estado solapan y protegen al CJNG.

Exigimos la inmediata desarticulación del CJNG y castigo por sus crímenes cometidos contra Ostula y las comunidades de la región!!

SANTA MARÍA OSTULA, A 2 DE FEBRERO DE 2024

ATENTAMENTE
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARÍA OSTULA

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Migrantes haitianos, procedentes de Sudamérica, esperan los transportes que el INM prometió para llevarlos fuera de la ciudad de Tapachula, donde permanecen sin acceso a servicios básicos y en condiciones insalubres. Diciembre, 2011. Foto: Santiago Navarro F.}

La tarde de este miércoles (31), organizaciones de derechos humanos e integrantes del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur denunciaron la muerte de Jean “N”, persona de nacionalidad haitiana quien falleció el pasado 27 de enero en la estación migratoria Siglo XXI, localizada en Tapachula, al sur de Chiapas.

Según la denuncia, la reciente muerte se suma a una larga lista de personas migrantes que han muerto al interior de las estaciones migratorias mexicanas. “La muerte de Jean ‘N’ no es un hecho aislado, sino que se suma a una serie de muertes de personas extranjeras bajo custodia del Estado Mexicano”, enfatiza el colectivo mediante comunicado.

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Las organizaciones que trabajan en el monitoreo de la movilidad de personas en la frontera sur de México señalan que han documentado que, tras la privación de su libertad, las personas migrantes son sometidas “a condiciones de hacinamiento, insalubridad, falta de servicios médicos, alimentación precarizada, malos tratos físicos y psicológicos, abusos sexuales, lo que en su conjunto constituyen entornos torturantes para las personas”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: David Hernández Salazar comparte el proceso de resistencia de su comunidad, Puente Madera, frente a la imposición de un parque industrial en el marco del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Foto: El Sur Resiste}

El indígena binnizá y agente comunitario de la comunidad Puente Madera, David Hernández Salazar, fue declarado culpable hoy, 30 de enero, en un proceso penal por ataque a las vías de comunicación y daños por incendio, tras 13 días de audiencia para el desahogo de pruebas y peritajes. La demanda fue impuesta por autoridades municipales de San Blas Atempa, en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec.

Salazar, quien también es integrante de la coordinación general de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) y del Congreso Nacional Indígena (CNI), ha representado a la comunidad indígena binnizá de Puente Madera en la reivindicación de su derecho al territorio que se ha visto vulnerado por la instalación en sus tierras comunes de un parque industrial en el ámbito del megaproyecto Corredor Interoceánico.

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El próximo 7 de febrero se retomará la audiencia que determinará la pena y sanciones, sin embargo, “continuaremos defendiendo y exigiendo la inocencia y libertad incondicional de David Hernández Salazar ante la fabricación de delitos y criminalización por su labor como defensor del territorio”, anunció la Asamblea Comunitaria de Puente Madera en un comunicado.

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Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Resistencia antiminera en la comunidad de la Merced de Buenos Aires, al norte del Ecuador.}

El día de ayer (29), la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A. pretendió ingresar una plataforma cargada de madera sin guía de transporte a la concesión minera Imba1, localizada en la Comunidad de la Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador. La empresa, propiedad de la australiana Hancock Prospecting, tampoco contaba con procedencia debidamente autorizada por el Ministerio de Ambiente.

La denuncia fue hecha por el Frente Antiminero de Ecuador y por el colectivo Buproe, una organización local en defensa de la vida en la Merced de Buenos Aires.

La empresa viene operando en total ilegalidad desde el 28 de marzo de 2023, sostiene el Frente en un comunicado, fecha en que la Agencia de Regulación Minera emitió la Resolución MEM-VM-2023-0004-RM que suspendía sus actividades.

Sin embargo, desde entonces la comunidad ha denunciado constante actividad por parte de la empresa que incumple la resolución.

En el comunicado, preguntan “¿por qué las autoridades permiten las actividades de la empresa aun cuando tiene orden de suspensión?”.

Otro ejemplo de omisión por parte del gobierno es que el viceministerio de Minas “omitió” inscribir en el Registro Minero la Resolución de Suspensión, “por lo cual la empresa sigue operando a discreción, junto a mineros ilegales y grupos terroristas que se encuentran en el territorio, dentro de las concesiones mineras ‘legales’”.

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Fuente: Avispa Midia

Durante la marcha calenda en contra de la gentrificación en Oaxaca realizada el día de hoy en el centro histórico de la ciudad, elementos de la policía estatal detuvieron con lujo de violencia al menos a seis manifestantes “por protestar contra la gentrificación, que son otras formas de saqueo y despojo que sufre Oaxaca”. Así lo denuncian en un comunicado colectivos convocantes y participantes a la manifestación.

“Al rededor de las 6:15 pm fueron detenidxs lxs compañerxs Filadelfo Deciderio, miembro de la Comedora Comunitaria, la compañera Nizaye, del colectivo de DDHH COJUDIDI, Meztli Jimenez, de la colectiva La Campamenta, el compañero Ricardo y 2 compañerxs más”, se lee en el comunicado.

También denunciaron que fueron detenidos con uso excesivo de la fuerza, “atentando contra su integridad y sus derechos humanos” y manifestaron preocupación por la posibilidad de que en el camino hayan sufrido torturas por parte de la policía estatal de Oaxaca. Exigen su pronta presentación y liberación.

En entrevista para Avispa Mídia, dos personas que participaron en la manifestación, cuyos nombres se reservan por miedo a represalias, relataron: “acabamos de ver cómo el gobierno estatal, a través de la policía estatal de Oaxaca, detuvo al menos a seis integrantes de distintas colectividades que participaron en la marcha en contra de la gentrificación”.

Mencionan que la Fiscalía del Gobierno del Estado no permite ni a los familiares ni a los abogados ni a la Defensoría de Derechos Humanos pasar a ver a las y los detenidos, cuando es su derecho. Tampoco les han permitido realizar ninguna llamada.

También sostienen que hay una represión sistemática en contra de los defensores de Derechos Humanos, de los defensores del territorio y de la cultura en Oaxaca por parte del gobierno de Salomón Jara.

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Fuente: Avispa Midiahttps://avispa.org/corte-internacional-urge-a-israel-evitar-genocidio-en-gaza/

Por Sare Frabes

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo preliminar respecto al caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel, determinando que este país debe tomar mayores esfuerzos para evitar más muertes y daños en Gaza. Aunque no ordenó un alto al fuego, la CIJ exigió a Israel presentar un informe detallado de las medidas tomadas durante los 30 días siguientes.

La demanda, presentada por Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023, acusa a Israel de perpetrar genocidio hacia la población de Palestina, apegándose a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La cifra de fallecidos en Gaza hasta este 25 de enero asciende a 25 mil 700, según el Ministerio de Salud de Palestina.

Fue por ello que la CIJ ordenó a Israel “prevenir” actos considerados genocidas, así mismo exigió “evitar” la destrucción de pruebas y garantizar el acceso de ayuda humanitaria en Gaza. El fallo no determina si Israel ha cometido genocidio, siendo que este proceso podría llevar años hasta determinar una resolución. No obstante, la población de Gaza fue catalogada en grave riesgo de daño irreparable.

Las reacciones no se dejaron esperar ante el fallo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel continuará defendiéndose y seguirá la guerra hasta la “victoria absoluta”.

Por otra parte, el canciller palestino, Al-Maliki, consideró el fallo como un favor a la humanidad y la ley internacional. Sudáfrica celebró las medidas cautelares como una “victoria decisiva”.

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Esta denuncia está respaldada por al menos sesenta Estados, entre ellos los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), como Pakistán, Malasia, Turquía, Jordania y las Maldivas. También se han sumado Namibia, Colombia, Bolivia y Brasil.

El 11 de enero, Sudáfrica presentó argumentos a favor del fin de las hostilidades en Gaza, tratando de demostrar que se está produciendo un genocidio. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, espera que Israel cumpla con las disposiciones de la CIJ.

Mientras tanto, Irán exigió que las autoridades israelíes enfrenten cargos por la guerra en Gaza. La Unión Europea espera una implementación plena, inmediata y eficaz de las órdenes de la CIJ a Israel sobre Gaza.

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Fuente: Caitlin Johnstone

Por Caitlin Johnstone

No he escrito mucho sobre Julian Assange últimamente porque he estado muy obsesionado con lo que ha estado sucediendo en Gaza, pero todos deberíamos ser muy conscientes de que los días 20 y 21 de febrero pueden ser la última oportunidad del fundador de WikiLeaks para evitar la extradición a la Estados Unidos enfrentará persecución por el delito de buen periodismo.

Assange y su equipo legal se enfrentarán a dos jueces del Tribunal Superior durante la audiencia de dos días en Londres, quienes luego determinarán si el Reino Unido permitirá o no que el periodista australiano sea arrastrado encadenado a Estados Unidos para un juicio falso y arrojado a prisión. uno de los sistemas penitenciarios más draconianos del mundo por exponer los crímenes de guerra del gobierno más poderoso del mundo.

Algunos legisladores estadounidenses están intentando bloquear la extradición desde el otro extremo con la Resolución 934 de la Cámara de Representantes, que afirma que “las actividades periodísticas regulares están protegidas por la Primera Enmienda, y que Estados Unidos debería retirar todos los cargos e intentos de extraditar a Julian Assange. ” Si se retiraran los cargos, no solo impediría la extradición sino que permitiría que Assange fuera liberado de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde ha estado encarcelado por el gobierno británico desde 2019.

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 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
25 de enero de 2024
Boletín No. 03

El Pueblo Creyente artesano de la paz

• 13 Aniversario de la Pascua de jTatic Samuel

El Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas cumple 33 años, frente a un contexto de violencia provocado por diversos grupos armados que actúan con la aquiescencia del Estado mexicano. Desde la fe, los pueblos mayas de Chiapas siguen denunciando el abuso de poder, la falta de acceso a la justicia, represión y agresión que se sufren en sus territorios.

La memoria y aprendizajes nos abrazan; el Caminante en el Corazón de los Pueblos con Memoria y Horizontes,  jTatic Samuel sigue iluminando el camino de los constructores de la paz con justicia y dignidad en el 13 Aniversario de su Pascua. El Pueblo Creyente no ha dejado de organizarse, continúa con su trabajo en las comunidades para la defensa de la vida. Su fortaleza parte del análisis de la realidad de sus comunidades en donde se construye su historia.

Desde el 16 de enero de 2023, más de 2300 personas de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, Chiapas, se encuentran desplazadas por la agudización de la violencia que se vive en sus comunidades; el desplazamiento forzado provocado por la violencia generada por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control del territorio les ha dejado fuera de sus hogares, las personas más afectadas son las mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos, mientras que el Estado mexicano incumple su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Frente a este contexto es urgente que el Estado mexicano implemente medidas para garantizar la protección integral de la población civil entre quienes se encuentran servidoras de la iglesia y defensoras del territorio.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando junto al Pueblo Creyente con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a todos los pueblos de Chiapas para seguir construyendo la paz, a la sociedad civil nacional e internacional para que con sus acciones exijan el cese a las desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados de la población, así como la reconstrucción del tejido social.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias desplazadas esperan a la orilla de la presa “La Angostura” para cruzar el cuerpo de agua en la búsqueda de refugio tras los enfrentamientos armados en sus territorios. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas Paralelo}

Derivado del incremento de la violencia generada por enfrentamientos de grupos armados, durante los primeros días de enero del 2024, al menos 2,300 personas de las regiones Frontera y Sierra de Chiapas se encuentran en situación de desplazamiento forzado.

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Estos datos fueron divulgados la tarde de este martes (23) por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), cuya labor de documentación sobre el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada “apunta a una verdadera crisis humanitaria” en la región fronteriza con Guatemala.

Acorde a la organización, el desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población. Así, desde el 15 de enero familias y comunidades enteras de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia fueron forzadas a abandonar sus hogares.

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