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Radio Zapatista

Un encuentro de mujeres “Abajo a la izquierda… desde adentro y con todo el corazón”

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San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
9 de marzo, 2017.

Por: Concepción Suárez Aguilar (para Radio Zapatista)

Abajo a la izquierda… desde adentro y con todo el corazón
¡Tenemos derecho a la tierra, tenemos derecho a decidir!

Rostros varios, ojos limpios, voces fuertes, mujeres indígenas y no indígenas reunidas en asamblea del Movimiento en Defensa de Tierra y Territorio y por el Reconocimiento a la Participación de las Mujeres en la Toma de Decisiones, este 6 y 7 de marzo en las instalaciones de CIDECI Las Casas, abrimos nuestros corazones, compartimos nuestras rabias frente al despojo, el que viene de los proyectos neoextractivistas, pero también el que viene de los hombres del campo y la ciudad.

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Miembros de la Marina levantan a 5 comuneros y entregan al crimen organizado

Regina López . Agencia Subversionesphoto
Foto e información “Subversiones Agencia Autónoma de comunicación”

Compañeros de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula nos informan que en la madrugada de este 5 de febrero, cinco integrantes de la policía comunitaria de San Pedro Naranjestil, fueron levantados en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, por miembros de la Marina, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado.

Señalan que les están pidiendo 21 armas a cambio de dejar libres a los secuestrados y que se abandone el filtro que los comunitarios mantienen en el punto referido sobre la carretera costera. Los criminales amenazaron con ejecutar a los comunitarios de no obtener una respuesta afirmativa a sus exigencias.

La comunidad de Ostula acaba de decidir en asamblea, bloquear la carretera federal 200 con apoyo de otras comunidades de la región Costa – Sierra de Michoacán como acción urgente para llamar la atención de las autoridades correspondientes y exigir la liberación de los policías comunitarios.

Resulta alarmante que nuevamente se observe una colusión entre los cuerpos castrenses del Estado (en este caso la Marina) y el crimen organizado, para hostigar y amenazar gravemente a las comunidades en resistencia.

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Comité de Sobrevivientes de la Tortura del Caso Atenco

Sobrevivientes de tortura de Atenco denuncian revictimización por parte del Estado

México Distrito Federal, 29 de Noviembre del 2016

A los medios de comunicación
A los medios de comunicación independientes
A las organizaciones sociales
A la gente honesta y de abajo
Al pueblo de México

El 24 de noviembre del 2015 en este mismo lugar, Centro de Comunicación Social, dimos a conocer la conformación de este Comité de Sobrevivientes a la Tortura del Caso Atenco como una necesidad de hacer pública la farsa de justicia y fraude a la ley que el estado mexicano pretendía llevar a cabo para salir al paso de la denuncia que han interpuesto 11 compañeras nuestras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra del estado mexicano por los delitos de tortura sexual y cuyo informe de fondo estaba por resolverse.

Denunciamos que los mismos ministerios públicos, que fueron la parte acusadora en contra nuestra hace 9 años, hoy se hacen aparecer como la representación social de las ofendidas en los delitos de tortura y encubrimiento y que ante la imposibilidad de una solución amistosa con las denunciantes, el estado mexicano ha optado por seguir utilizando al poder judicial para reprimir, revictimizar y hacer un fraude a la ley, procesando a 12 policías, 21 médicos legistas y 1 ministerio público, por el delito de tortura y encubrimiento en las causas legales 55/13 y 166/14 del Juzgado Primero Penal de Toluca Estado de México, llamándonos a comparecer con amenazas de órdenes de presentación y multas, en calidad de testigos al conjunto de compañeros que fuimos víctimas de la criminalización y tortura en procesos irregulares a los que fuimos sometidos en el 2006.

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Radio Zapatista

Nosotras por nosotros

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Marcha por Lucía Pérez. Foto tomada de: quedigital.com.ar

Por: Eugenia Gutiérrez, colectivo Radio Zapatista.
México, 25 de noviembre de 2016.

“El río nos dice cosas que ustedes no saben,
las ancestras tienen un poder que a ustedes les asusta
y a nosotras nos conforta…”

Karla Lara

HeForShe, ÉlPorElla, NosotrosPorNosotras. La campaña tiene distintos nombres y traducciones. Ha entusiasmado a varios cientos de miles en decenas de países. Lanzada formalmente el 20 de septiembre de 2014, la campaña buscaba recabar mil millones de firmas para 2015, pero la meta no se alcanzó, y ya no es tan importante. Propuesta por la ONU, la campaña está dirigida a los hombres, a su interés por la igualdad de género, así que los invita a firmar e impulsar acciones personales, familiares y colectivas a favor de las mujeres. Muy bien planificada, la campaña invita a sumarse en tres ámbitos fundamentales para el progreso: gobiernos, empresas y academias. El mapa interactivo que presenta sus resultados, diseñado en agradables variaciones de tonos del rosa, informa que México es uno de los países que más se ha comprometido con la iniciativa. Casi 200 mil hombres anuncian que han decidido transformar su forma de relacionarse con las mujeres, lo que coloca a México en el tercer lugar mundial de participación en la campaña. Abundan las buenas intenciones, la ética de las voluntades, tal vez. Pero cuando la Secretaría de Gobernación firma y celebra la campaña, desde un país donde nos matan cada tres horas surge la necesidad de leer la letra chiquita, ésa que tanto desagrada leer.

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Radio Zapatista

Juez dictaminará sentencia a Roberto Paciencia, víctima de Tortura

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Roberto Paciencia Cruz fue detenido arbitrariamente por la policía el 7 de agosto de 2013 en Pantelhó, Chiapas, sin órdenes de aprehensión y sin ninguna explicación. Durante dos días fue torturado y forzado a firmar una declaración falsa en la que se autoinculpaba de un secuestro. Desde entonces se encuentra recluído en el CERSSS 5 de San Cristóbal de Las Casas. El próximo 26 de noviembre de 2016, se cumplirá el plazo para que William Hernández Ovando, Juez del Ramo Penal del Distrito de San Cristóbal de Las Casas, dicte sentencia. La inocencia de Paciencia se ha demostrado por la vía legal en varias ocasiones: el único testigo inculpatorio no se ha presentado a ninguno de los varios citatorios y, por el contrario, sí hay testigos que declararon que Roberto no estuvo presente en el lugar de los hechos a la hora que se cometió el delito.

Escucha el audio de la conferencia de prensa el 10 de noviembre en las instalaciones del Frayba: (Descarga aquí)  

A continuación, el boletín de prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) y la denuncia de los familiares de Roberto Paciencia, Solidarios de la Voz del Amate y el Grupo de Trabajo “No estamos todxs”:

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20 años de crímenes de lesa humanidad en la zona Norte de Chiapas

Susuclumil, Tila, Chiapas, México.

21 de octubre de 2016

Boletín de prensa No. 21

Sucuclumil conmemoración de la memoria

20 años de crímenes de lesa humanidad en la zona Norte de Chiapas

Desde abajo se empieza.

Ésta palabra es semilla, la sembramos y cuidamos

porque es memoria, esperanza, justicia

Para este Centro de Derechos Humanos los trabajos de la memoria histórica representan la acción continua, viva para el andar diario, para la creación de alternativas frente a la impunidad del Estado mexicano, cuyas palabras están manchadas de sangre, con todo y sus instituciones.

Es por ello que traemos a la memoria en esta Tierra Blanca, Susuclumil, lugar de memoria, en este sitio de conciencia en donde el Tribunal Permanente de los Pueblos1 escuchó la palabra de hombres y mujeres, sobre los caídos, víctimas y sobrevivientes de la estrategia contrainsurgente implementada por el Estado mexicano en el marco del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas.

Aquí se comparten un mismo camino, la palabra, La Otra Justicia, manteniendo en su lucha la esperanza de verdad y justicia frente a la impunidad.

Recordando que con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 1 de enero de 1994, y en medio de las negociaciones para la búsqueda de una salida política al conflicto armado interno en Chiapas, la violencia en la región aumentó. El control militar era parte del intento de dominio de la situación por parte del Estado mexicano. Con la puesta en marcha del Plan de Campaña Chiapas 94, el Estado mexicano a través del Ejército mexicano, creó paramilitares delegando en ellos el uso de la fuerza, tolerando, permitiendo y facilitando sus operaciones y mostrando una incapacidad para combatirlos.

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Tlachinollan

Libres 6 autoridades comunitarias de la Casa de Justicia de El Paraíso criminalizadas por defender el sistema de seguridad y justicia CRAC-PC

·       Otra grieta a las acusaciones falsas del gobierno contra la CRAC-PC que buscaba criminalizar al Sistema indígena.

·       Tres resoluciones de Jueces Federales reconocen a la CRAC-PC como sistema de Seguridad y Justicia.

·       Las actuaciones de la CRAC-PC se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.

·       Las autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos. 

Ayutla de los Libres, Guerrero a 12 de mayo de 2016.-  El día de hoy salieron en libertad del Penal de Ayutla de los Libres, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso perteneciente a este Municipio de la Costa Chica, luego de haber sido injustamente privados de su libertad por casi tres años.

El Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa ordenaron su libertad por no existir elementos que acrediten el cuerpo de delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados. El primero resolvió favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la segunda reclasificó el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por la Constitución, las leyes de nuestro país.

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CNI | EZLN

CNI y EZLN se pronuncian contra represión en Xochicuautla y Ostula

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A LOS  PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS

Ante la cobarde traición a la comunidad indígena Ñatho de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma en el Estado de México para imponer el proyecto carretero Toluca Naucalpan  y el atentado sufrido por policías comunitarios de Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, como Congreso Nacional Indígena nos declaramos en alerta máxima y llamamos a los pueblos, organizaciones y personas solidarias a estar atentos y acudir al llamado realizado por la comunidad de Xochicuautla.  

Denunciamos que:

El lunes 11 de abril alrededor de las 9 de la mañana comenzaron a llegar más de 1000 policías estatales de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y las Fuerzas de Acción y Reacción (FAR), entrando por 3 lados de la comunidad, la colonia Buenavista, por la calle Cuauhtémoc para llegar al paraje “Lampeni” y en el paraje “Lapondishi” donde se encontraba el Campamento de la Paz y la Digna Resistencia y que fue destruido por los policías.

En el paraje “Lampeni” el compañero Armando García Salazar, tío de David Ruíz García, delegado del Congreso Nacional Indígena y asistente a la compartición entre el CNI y el EZLN de agosto de 2014 llevado a cabo en La Realidad zapatista, tenía su casa y el patrimonio de sus hijos. Dentro de la casa se reunieron alrededor de 25 personas para defender la propiedad, en su mayoría mujeres y con lujo de violencia las desalojaron, empujando y tirando a la compañera Isabel Hernández de 64 años quien forma parte del Concejo Supremo Indígena y que en ese momento tenía en brazos a una niña.

Acompañados de policías le fue entregado al compañero Armando un papel en donde le informaban que su casa estaba en propiedad federal y la tenían que destruir, también le mostraron el decreto expropiatorio sobre el cual se ganó un amparo.

Sin mediar más palabras y a empujones sacaron de la casa a quienes estaban dentro, sacando también las pertenencias que se encontraban en el primer piso, quedando dentro documentos, ropa y herramientas de trabajo.

Nuevamente el mal gobierno demuestra que las leyes que dice representar o el supuesto estado de derecho no son mas que herramientas de despojo que cumple siempre y cuando están estén en contra de los pueblos. El despojo y represión viola la suspensión otorgada en los amparos 1123/2015 y 771/2015 que fueron otorgados el 18 de febrero de 2016 y que el juzgado notificó a la mayoría de autoridades el 23 de febrero, incluida SAASCAEM, que es la institución a la que se le otorgó el territorio de Xochicuautla en el decreto expropiatorio.

En tanto que en la noche del pasado  domingo 10 fueron atacados compañeros miembros de la policía comunitaria de de Santa María Ostula, en las inmediaciones de la localidad de San Juan de Alima, Michoacán, cuando desde un automóvil en movimiento fue asesinado el comunero Francisco Grajeda y herido el comunero Abraham Girón, quien además es comisionado de la comunidad para el Congreso Nacional Indígena y participante en la compartición realizada en La Realidad Zapatista.

Denunciamos el intento del mal gobierno  por minimizar este crimen con el que pretenden propiciar el regreso de la violencia a la región de la sierra costa de Michoacán y poner nuevamente en manos de narcopolíticos, sus paramilitares, sicarios y empresas el territorio, recursos naturales, la dignidad y paz en la región.

Llamamos a los pueblos de México y el mundo a solidarizarse de manera urgente con las acciones en defensa de los derechos de San Francisco Xochicuautla, asistiendo físicamente a la comunidad, movilizándose donde cada quien se encuentre para denunciar y exigir el cese de las agresiones en contra de la comunidad, su territorio y comuneros.

Responsabilizamos a Eruviel Avila Villegas y su jefe Enrique Peña Nieto de la integridad de nuestros compañeros y quienes se solidarizan con la digna lucha.

POR LA REIVINDICACIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

A 12 DE ABRIL DE 2016

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

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The Guardian

(English) Mexico tortures migrants and citizens to slow flow of Central Americans

Disculpa, pero esta entrada está disponible sólo en Inglés Estadounidense. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Mexico tortures migrants – and citizens – in effort to slow Central American surge

A growing number of indigenous Mexicans are being detained by agents looking for Central American migrants, amid a crackdown driven partly by aid from US

Juárez sisters Mexico

Esther Juárez, 15 and her sister Amy, 24. Photograph: Nina Lakhani

in Ocosingo

Monday 4 April 2016 12.10 BST6

Amy and Esther Juárez were edgy with excitement as they boarded the bus full of seasonal workers heading for a farm at the other end of Mexico from their home in the poverty-stricken southern state of Chiapas.

Although their brother Alberto,18, had made the same journey the previous year, it was the first time Amy, 24, and Esther, 15, had left the tiny indigenous community where they had grown up.

But about half-way there, immigration agents boarded the bus, and after checking all the passengers’ papers, ordered the three siblings to get off. (Continuar leyendo…)

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CUSLAR-Cornell University

(English) Berta Cáceres killing was a sympton, not an isolated incident

Berta Cáceres’ killing was a symptom, not an isolated incident. In memory of Nelson García.

by Andrea Reyes Blanco and Tim Shenk
This article appeared first on teleSUR, here.

Berta Cáceres wasn’t the first and, unfortunately, she hasn’t been the last. The world-renowned Lenca leader assassinated last month in Honduras for her opposition to government-backed megaprojects is one of an increasing litany of fallen fighters for indigenous and environmental rights in Honduras and around the globe.

The pattern of murder and criminalization of those who would defend land and the rights of rural people has only gotten more clear. We argue that this pattern responds to the land grab phenomenon that has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008.

On March 15 another Honduran environmental and indigenous activist was murdered. Nelson García was an active member of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (Copinh). His murder took place “when he came home for lunch, after having spent the morning helping to move the belongings of evicted families from the Lenca indigenous community of Rio Chiquito,” said Copinh.

García was a colleague of the recently slain Cáceres, working with communities opposing the Agua Zarca hydroelectric dam project. The Agua Zarca dam project, which has recently begun to lose funding, would provide energy for the numerous extractive projects slated for Honduras in the coming decade. Since the 2009 coup d’etat against President Manuel Zelaya, 30 percent of Honduran territory has been allocated to mining concessions.

The eviction after which García was killed was one of many recent violent evictions carried out by Honduran military police in indigenous territories. Elevated levels of state violence and disregard for due process are business as usual nowadays in Honduras, according to civil society organizations.

In its February 21 report on the Situation of Human Rights in Honduras, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expressed concern about the high levels of violence and insecurity present in Honduran society, highlighting risks to indigenous people. The report pointed out that violence against indigenous people has emerged to a large degree from land grabs. The violence is exacerbated by a context of inequality and discrimination, in addition to the consequent barriers to access to justice. Official figures released in April 2013 by then Attorney General Luis Alberto Rubí indicate that 80 percent of killings in Honduras went unpunished due to a lack of capacity on the part of investigative bodies.

According to the IACHR report, the challenges that indigenous communities face are mainly related to: “(i) the high levels of insecurity and violence arising from the imposition of project and investment plans and natural resource mining concessions on their ancestral territories; (ii) forced evictions through the excessive use of force and (iii) the persecution and criminalization of indigenous leaders for reasons related to the defense of their ancestral territories.”

Moreover, the IACHR has clearly stated that many of the attacks carried out against indigenous leaders and advocates are specifically aimed at reducing their activities in defense and protection of their territories and natural resources, as well as the defense of the right to autonomy and cultural identity.

Harassment takes the form not only of targeted criminal attacks, as we have seen in the case of Berta Cáceres, Nelson García and many others, but a much broader net has been cast against environmental and indigenous leaders. Official state entities, enacting formal legal procedures, have used the judicial system to catch activists in false charges, resulting in months or years of preventive prison, bogus sentences, legal fees and often a permanent criminal record. In a context in which state violence intertwines itself with the violence of international economic power, corruption and unethical practices, hundreds of leaders have been prosecuted for crimes such as usurpation of land and damage to the environment.

What we see in Honduras is part of the global land grab phenomenon, a term that in the words of Phillip McMichael, professor of development sociology at Cornell University, “invokes a long history of violent enclosure of common lands to accommodate world capitalist expansion, but it sits uneasily with the ‘free market’ rhetoric of neoliberal ideology.” Land grabs are a symptom of a crisis of accumulation in the neoliberal globalization project, which has intensified since the global financial and food crisis of 2007-2008. This in turn is linked to an acceleration of a restructuring process of the food regime as a consequence of a large-scale relocation of agro-industry to the global south.

According to the 2011 Oxfam briefing paper, “Land and Power, the growing scandal surrounding the new wave of investment in land,” recent records of investment show a rapidly increasing pressure on land, resulting in dispossession, deception, violation of human rights and destruction of livelihoods. It is a war on indigenous peoples conducted in order to establish modern corporate capitalism.

Indeed, all around the world peasants and indigenous people are being displaced from their territories in order to develop large-scale agribusiness, such as massive palm oil and soy plantations, mining projects, hydroelectric dams and tourist resorts, among other investments. State-sanctioned violence and impunity create the conditions for investors to acquire land that would otherwise not be for sale. The result is a serious threat to the subsistence and socio-ecological resilience of millions of people across the world.

One of the most dramatic examples of this process is the case of the Honduran Palm Oil Company Grupo Dinant, which has an extended record of violence and human rights abuses associated with the killing of more than 100 peasants in Lower Aguan Valley. The Unified Peasants Movement of the Aguán Valley (MUCA) waged a long battle to defend their land rights, sustaining many losses. In addition, international human rights groups such as FoodFirst Information and Action Network (FIAN) brought pressure to bear, and in 2011 the Honduran government was forced to convene MUCA and the company to negotiate a deal. Paradoxically, according to the deal, the farmers have to buy back the disputed land at market prices (Oxfam 2011).

Land grabbing in Honduras has a long and lamentable history, and related violence has increased dramatically since the 2009 coup d’etat. Despite regular violent evictions by state security forces, indigenous and peasant groups continue to pursue their right to control their ancestral lands through land occupations.

Those who are incensed by the killing of Berta Cáceres must understand that her assassination was not an isolated event carried out by those who had a personal vendetta against her. Rather, Berta, her colleagues at Copinh and other indigenous organizations represent an obstacle for those who would further a vision of society that values profit over all else.

Andrea Reyes Blanco is a Humphrey Fellow at Cornell University, and Tim Shenk is Coordinator of the Cornell-based Committee on U.S.-Latin American Relations (CUSLAR).

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