Timoteo Váldez, es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado.

La Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch’orti’ y el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, denunciaron a través de una alerta la detención de Timoteo a las 10 de la mañana en el pueblo. La autoridad indígena fue identificada en el momento en el que buscaba atención médica por padecer de quebrantos de salud.

En comunicado expresaron que  condenan la detención de la Autoridad Indígena y Guía Espiritual Timoteo Valdez por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a bordo de la patrulla CHI-119, sin informarle el motivo de su detención. Denuncian que se encuentra en estado crítico de salud y que necesita atención.

“Dicha detención se da en el marco que, el día de mañana 31 de enero, 2022, el gobernador departamental de Chiquimula y responsables del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, INAB y DIPRONA y la municipalidad de Camotán, se comprometieron a dar una respuesta sobre el cierre de la Mina Cantera el Porvenir, la cual tiene múltiples denuncias de explotación ilegal de minerales en tierras Ch’orti’ y destrucción de bosques comunales.” Afirman autoridades indígenas y campesinas del pueblo Ch’orti’.

La PNC publicó en su cuenta oficial en twitter, a las 14:18 horas una fotografía en la que trasladan a Timoteo Vásquez, Autoridad Indígena Maya Ch’orti’ al juzgado de Chiquimula, supuestamente requerido por los delitos de por los delitos de coacción, amenazas y extorsión e instigación a delinquir.

Lea más sobre el rechazo a las empresas mineras en Chiquimula:

Autoría y edición

Prensa Comunitaria

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Mujeres achí presentes en el juicio histórico. Foto: Juan Calles / Prensa Comunitaria}

“Se ha evidenciado como Guatemala implementó desde su política contrasubversiva la estrategia para atacar el cuerpo de las mujeres”, afirmó Lucía Xiloj, abogada de 28 víctimas de violaciones en el conflicto armado interno (1960 y 1996), durante el transcurso de la segunda semana del juicio histórico que se realiza en el país centroamericano.

Este lunes (17) arranca la tercera semana de audiencias para juzgar a cinco ex Patrulleros de Autodefensa Civil (PAC), quienes son señalados por delitos de lesa humanidad como violencia y esclavitud sexual contra 36 mujeres originarias de Rabinal, en el departamento de Baja Verapaz, durante los años de 1980 a 1985.

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“Estas mujeres fueron detenidas de manera ilegal y llevadas al destacamento militar en donde fueron víctimas de violaciones sexuales públicas y continuas”, relató la abogada Xiloj, integrante del Bufete Jurídico Popular de Rabinal para medios internacionales mientras se desarrollaban las audiencias.

De acuerdo a la litigante, el proceso ya avanzó con la muestra de un total de 20 pruebas periciales, por lo cual esta semana continuarán las declaraciones testimoniales. “Mas o menos nos vamos a llevar como dos semanas más para diligenciar todas las pruebas”, contextualizó Xiloj para entrevista con el medio Ruda GT.

40 años sin justicia

La abogada Xiloj hizo un recuento del proceso para que actualmente se juzgue a los ex patrulleros. Fue en el año de 2011 cuando 11 de las mujeres presentaron una denuncia por los hechos de violencia que sufrieron, a la cual se sumaron más víctimas hasta llegar a 36 casos. Las mujeres tenían entre 12 y 56 años, al momento de las agresiones y cuatro de ellas eran menores de edad.

Entre los testimonios escuchados durante las pasadas audiencias se encuentran los de las hermanas Margarita Alvarado Enríquez y Marcela Alvarado Enríquez, quienes señalan a Damián Cuxum Alvarado y Gabriel Cuxum Alvarado de violarlas. Por su parte, Pedrina de Paz señala a Benvenuto Ruiz Aquino y Bernardo Ruiz Aquino ex patrulleros acusados en este juicio, de violarla y provocarle daños permanentes. Francisco Cuxum Alvarado es el quinto acusado.

Estos actos criminales ocurrieron durante los primeros años de la década de los ochentas, por medio de la doctrina de “tierra arrasada”, aplicada bajo el régimen de Ríos Montt, mediante la cual el dictador se ensañó contra las comunidades rurales e indígenas a quienes acusaba de colaborar con los grupos guerrilleros. Para la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esto constituyó una práctica de genocidio “en contra de grupos del pueblo maya” por parte de agentes del Estado.

Por ello, y a pesar de 40 años de espera, las mujeres maya Achi viajan más de 100 kilómetros para asistir a las audiencias que construyen el juicio contra algunos de los autores materiales de estos crímenes.

“Sí ha habido un avance importante para empezar a acreditar esta situación, este contexto que es muy importante en caso de justicia transicional, tal como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, al escuchar a las voces de las propias víctimas se va a terminar de acreditar la responsabilidad de las personas en específico que están siendo acusadas en el presente proceso”, remarcó la abogada Xiloj.

Por su parte, la abogada representante de la Procuraduría General de la Nación solicitó la prescripción de delitos y el deslinde del Estado de Guatemala del caso pues, según su argumentación, los acusados nunca fungieron como funcionarios públicos ni como miembros de ninguna institución de gobierno.

Como respuesta, la jueza Jazmín Barrios declaró sin fundamento la primera petición ya que en el derecho nacional e internacional las graves violaciones a derechos humanos no prescriben, mientras argumentó que, ante la segunda petición, se resolverá al dictar sentencia en el momento de concluir el debate oral y público.

Violencia contra los cuerpos

En la audiencia del 7 de enero, la primera en declarar ante el tribunal fue Aura Estela Cumez, antropóloga enfocada en el tema de género, quien presentó un peritaje sobre violencia sexual. Ella afirmó que su investigación muestra que los hechos cometidos contra las mujeres maya Achi tienen claros elementos de racismo y tácticas de guerra contrasubversiva.

“Durante el Conflicto Armado Interno, las comunidades Maya Achi fueron ocupadas y controladas por el ejército que operaba desde un destacamento y campamentos militares en coordinación con comisionados y Patrullas de Autodefensa Civil, organizadas para reprimir, eliminar y destruir a las comunidades consideradas enemigo interno”, detalló Cumez, para quien esta forma de actuar de los patrulleros en contra de las mujeres Achi evidencia una planificación militar.

A su vez, el doctor Cristian Ruiz presentó un dictamen médico tras evaluar a 31 víctimas de la violencia y, por su parte, el antropólogo José Angel Zapeta enfatizó el dolor de las mujeres tras lo sucedido.

Violencia contra el territorio

Fue durante esa misma audiencia que la doctora Irma Alicia Nimatuj presentó un peritaje basado en las historias de vida de 35 mujeres Achi.

Dentro de los hallazgos de Nimatuj, la doctora enfatizó cuatro esferas en las que se produjeron los delitos que hoy están siendo juzgados: profanación, violencia sexual irracional, explotación sexual y violencia sexual verbal.

Nimatuj también destacó que la represión contra las mujeres Achi se originó desde la construcción de la represa en el río Chixoy. En orden para consolidar este proyecto hidroeléctrico, que contaba con financiamiento del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, fueron violentamente desplazadas comunidades mayas Achi.

Aunado a ello, 440 indígenas Achi fueron asesinados por el Ejército de Guatemala acusados de pertenecer a la guerrilla, para luego reprimir a las mujeres sobrevivientes.

“Allí inician los tratos crueles y la violencia sexual contra niñas y ancianas (…). En las historias de vida se evidencia que la violencia adoptó patrones comunes: llegada violenta de ejército, patrulleros y judiciales, luego persiguieron a los líderes comunitarios, después asesinaron o desaparecieron a los hombres adultos para después torturar y violar a las mujeres sin importar su edad o estatus. Arrasaron y quemaron sus casas junto a sus pertenencias e instrumentos de trabajo y bienes espirituales, cuando capturaban a las mujeres quienes buscaban comida, medicinas o agua las recluían en destacamentos militares para interrogarlas y violarlas masivamente”, afirmó Nimatuj.

Para la doctora Nimatuj, la violencia sexual fue utilizada como una táctica de guerra. “La violencia sexual se institucionalizó para someter a las mujeres Achi, realizando violaciones individuales y colectivas, eliminando su pertenencia a una comunidad”, explicó.

Testimonios

En la audiencia del jueves (13), Arsenio García explicó el “análisis de los estándares internacionales de credibilidad en casos de violaciones de derechos humanos” mediante el cual concluyó que los testimonios de 33 mujeres Achi son creíbles, congruentes, tienen concordancia y coherencia.

“Los testimonios coinciden en relatos de tortura física y sexual, uso de destacamentos como lugares de tortura, desapariciones y asesinatos de familiares y otras personas de comunidad, quema de casas, desplazamiento forzado, robo de objetos y animales, violencia y esclavitud sexual de los victimarios”, señaló García.

“Llevamos 40 años esperando justicia, antes nos daba vergüenza hablar de lo que nos hicieron, pero hoy estamos contentas porque ya estamos en audiencia, esperamos que ahora si nos hagan justicia”, declaró Antonia Valey, otra de las víctimas que espera justicia en los tribunales de Guatemala.

Con información de Ruda GT, Prensa Comunitaria y Prensa Libre

Por Luis Ovalle y Francisco Simón

La empresa Energía y Renovación, S.A. demandó al Estado de Guatemala a nivel internacional porque sus proyectos hidroeléctricos de sus empresas subsidiarias Generadora San Mateo y  Generadora San Andrés, ubicados en la microrregión de Yichk’isis, en el municipio de San Mateo Ixtatán se encuentran suspendidos por la falta de una consulta comunitaria para los pueblos indígenas ahí asentados y porque no fueron reconocidos como pueblos originarios. La empresa pretende operar a 470 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala.

De acuerdo con la información, dada a conocer este miércoles 1 de diciembre en medios locales, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), registró el 15 de noviembre de 2021 una solicitud de arbitraje en contra del Estado de Guatemala, presentada por la empresa Energía y Renovación Holding, S.A, registrada en Panamá. Lo irónico del caso es que Energía y Renovación SA es una empresa Guatemalteca “cuya misión es trabajar para el desarrollo energético del país”, explica la página de la Asociación Nacional del Café  Anacafé.

En una publicación de Prensa Libre, el ministro de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel, dijo que Guatemala no puede ser culpable de lo que señala la empresa, por la oposición de una comunidad, cuando “hay evidencia de que el proyecto fue aprobado de forma legal, con permisos”. En su criterio, esos problemas se pueden resolver con la intervención del Ministerio de Economía, que deberá contratar a un despacho internacional de abogados, así como la Procuraduría General de la Nación (PGN).

El funcionario resaltó la legalidad de los permisos otorgados a la empresa, a pesar de la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas en cuanto a la construcción de proyectos de carácter extractivistas en sus territorios. Esta “legalidad” ha sido duramente cuestionada por las comunidades del pueblo Maya Chuj, Q’anjob’al y mestizas de la microrregión de Yich’Kisis  y de los municipios norte de Huehuetenango. La CC decidirá sobre legalidad de la licencia ambiental de la hidroeléctrica Pojom II

La empresa Energía y Renovación, sufrió un duro revés cuando el pasado 13 de octubre el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), publicó el Informe de Verificación de la Observancia de los Proyectos Generadora San Mateo, S.A. y Generadora San Andrés, S.A. El informe enfatiza que el Banco Interamericano de Desarrollo BID desconoció la presencia de pueblos indígenas en la microrregión de Yichk’isis, al financiar dos proyectos hidroeléctricos solicitado por esta empresa. La empresa prácticamente mintió sobre los pueblos originarios históricamente asentados en esta municipio.

Ante esto, el MICI recomendó al BID retirar la inversión mediante una “salida responsable”, que priorice a las mujeres de la comunidad. Señala, además que los proyectos impactaron de manera diferenciada a mujeres y niñas de la microrregión en términos de prácticas tradicionales, participación equitativa y violencia de género.

Asimismo, reconoce que generó impactos ambientales y que no se garantizó el acceso a la información a las comunidades, que los proyectos representan un riesgo de conflictividad y violencia hacia las comunidades y no al contrario, como se ha hecho creer. Dicha empresa es propiedad de la Corporación Castillo Hermanos, afirma El Observador. Dentro de esta corporación y con intereses dentro de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán se señala a los Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), como afirmaron unas 70 organizaciones en un comunicado de Front Line Defenders FLD en 2018.

En enero de 2020, a pocos días de haber tomado posesión de la presidencia, Alejandro Giamamttei, sus ministros, la Fiscal General del MP, Consuelo Porras acudieron a San Mateo Ixtatán centro, para firmar un supuesto acuerdo de Paz, promovido por la empresa Energía y Renovación SA, la Municipalidad y varias empresas contratadas para realizar acciones en esta municipio. Giammattei crea comisión de “Paz” para promover megaproyectos en San Mateo Ixtatán

Entérese más aquí:

Las hidroeléctricas y el préstamo

Las operaciones de préstamo a la Generadora San Mateo S.A. (GSM) y a la Generadora San Andrés S.A. (GSA), financian la construcción de dos proyectos hidroeléctricos al filo de agua con capacidad de 20 MW y 10.65 MW, respectivamente. La hidroeléctrica GSM utilizaría las aguas de los ríos Negro y Pojom con capacidad de generación de 120.087 MWh por año, con dos turbinas de 10 MW cada una. Mientras que, GSA utilizará las aguas de los ríos Primavera, Varsovia y Tercer Arroyo con capacidad de generación de 44.300 MWh por año, con dos turbinas de 5 MW cada una.

Las hidroeléctricas, ubicadas en forma adyacente en San Mateo de Ixtatán, son desarrolladas por la empresa Energía y Renovación S.A., Cliente de BID Invest, y su construcción se planificó de forma simultánea.

El 25 de septiembre de 2013 el Directorio Ejecutivo de la entonces Corporación Interamericana de Inversiones (CII), ahora BID Invest, aprobó las dos (2) operaciones de préstamo en apoyo a los Proyectos.

San Mateo Ixtatán, en defensa de los ríos

San Mateo Ixtatán, un municipio de habla Chuj, en la frontera de Guatemala con México, se encuentra situada la microrregión de Yichk´isis, habitada por cuatro pueblos indígenas originarios, con un territorio rico en recursos naturales que sorprende por la cantidad de ríos y bosques que conviven con ocho comunidades y cuatro caseríos que conforman la microrregión.

La empresa Energía y Renovación, S.A logró las licencias municipales para las dos plantas de hidroeléctricas entre julio y agosto de 2011. Desde ese entonces, el desarrollo que ofreció nunca llegó a las comunidades, el escenario de vida para los pobladores se encuentra entre la violencia y el conflicto social. Las aldeas se dividieron entorno a los proyectos, algunas autoridades locales fueron cooptadas para respaldar el trabajo de la empresa y persiguieron con discursos contrainsurgentes a quienes se oponen a la construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés.

Los opositores exigían ser consultados sin embargo, algunos fueron perseguidos penalmente, como el caso de Julio Gómez Lucas, autoridad Chuj, que fue enviado a juicio de debate oral y público por dos delitos en abril de 2021, y otros asesinados por manifestar su oposición a las hidroeléctricas, como ocurrió con Sebastián Alonzo Juan de 72 años, asesinado por la seguridad privada de la empresa en enero de 2017, en las orillas del río Negro.

En 2014 con el visto bueno del expresidente, Otto Pérez Molina, llegaron a esa región una base militar del ejército y una subestación de la Policía Nacional Civil (PNC) para apoyar a la empresa y reprimir a la población opositora a la construcción de hidroeléctricas.

La empresa recibe financiamiento del BID a través de fondos destinados para el desarrollo de generación de energía renovable, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco de cooperación alemán KFW, según fuentes consultados de NISGUA.

De ser así, BID Invest deberá preparar, en consulta con las comunidades, un plan de transición orientado por los principios de no hacer daño, transparencia y responsabilidad.

Créditos: Foto de archivo, 2021. Aj Ral Choch.

Existe la posibilidad de personas heridas, algunas familias se escondieron en la montaña por miedo a las fuerzas de seguridad. Se confirma la captura de una mujer que defendía su vivienda.

Por Prensa Comunitaria

96 familias Q´eqchi´ fueron desalojadas este día por un grupo grande de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).  Los comunitarios dijeron que la policía utilizó maquinaria pesada para destruir las viviendas; también fueron quemadas las pertenencias de las familias.

Se reporta la captura de Irma Yolanda Choc Maquín por intentar defender su vivienda; su hija de 5 años quedó bajo custodia policial por no haber un familiar cercano a la menor.

Las familias que hoy perdieron su hogar piden la solidaridad y acompañamiento de la sociedad guatemalteca pues perdieron todas sus pertenencias y no cuentan con un lugar para resguardarse.

-Una comunidad perseguida y violentada 

La comunidad Chinebal en el área sur de El Estor, Izabal, ha estado bajo amenaza de desalojo desde hace varios años, pues es un territorio que la empresa productora de aceite de palma, Naturaceites, arrenda para sembrar y procesar palma africana.

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Por Paolina Albani y Francisco Simón Francisco

La presencia del Ejército y de la policía solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carbón, ferroníquel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma policía que acosa a los comunitarios y que, días antes, les lanzó bombas lacrimógenas y allanó sus casas con vehículos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, únicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.

El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribeño de habla Q’eqchi’ al nororiente del país, con la promesa de “devolver el orden y la paz” a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi´ realizaron una manifestación pacífica que duró 20 días para defender a las montañas y al Lago de Izabal de las consecuencias de la minería a manos de CGN-Pronico. Exigían su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.

***

El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicación arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana “Caravana a El Estor”, en la que también viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades lúdicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la policía se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.

Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como “góndolas” y custodiados por patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tomás de Castilla. En un período de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue fácil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.

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Fotografías: Diego Alvarado y Festivales Solidarios.

Este es un breve relato, de los miles de sucesos que existen y de cómo se conecta la historia de despojo y terror que la empresa minera en los alrededores del lago de Izabal, hoy la CGN-PRONICO y su origen en la EXMIBAL, han provocado durante los últimos 60 años en Guatemala y que ahora, siguen siendo los responsables intelectuales y materiales de criminalizar y perseguir a las y los defensores de la naturaleza que se oponen rotundamente a la destrucción del lago de Izabal y su entorno y también de cómo, las empresas extranjeras que han sido dueñas a lo largo del tiempo de la mina de níquel, han utilizado a las fuerzas represivas del Estado como guardias privadas para garantizar que sigan con el saqueo del recurso mineral que existe en la región.

Los orígenes

Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, conocido como el “Chacal del oriente” (mote otorgado por la ciudadanía por ser un dictador militar sanguinario) otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).

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“Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno” 

Por Luis Ovalle

Organizaciones defensoras de los pueblos indígenas y de derechos humanos, presentarán este viernes una solicitud de medidas cautelares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), por la situación que se vive en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, con la imposición de un estado de sitio, en el que participan miles de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, en contra de población civil, que únicamente exige sus derechos, informó la abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas.

López dio a conocer que las entidades solicitantes son: el Bufete para Pueblos Indígenas, la Defensoría Q’eqchi’, la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Prensa Comunitaria y la Fundación Guillermo Toriello. “Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno, cuando desaparecían a la gente, en la que las fuerzas de seguridad estaban al servicio de los gobiernos autoritarios”.

Ya no hay a dónde acudir en Guatemala, no hay jueces imparciales, no hay órganos nacionales a dónde acudir, es por eso que buscamos la vía internacional y solicitamos a la CIDH que pueda escuchar esta petición y brindar las medidas cautelares a favor de la vida, de la seguridad y de la paz en el municipio de El Estor, Izabal”, anotó López.

¿Qué son las medidas cautelares?

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo. Es importante contar con el consentimiento de la persona a cuyo favor se interpone la solicitud, o en su defecto que se justifique razonablemente la imposibilidad de obtenerlo.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Por su parte, Eddy Aspuac, asesor jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, señaló que son tres los aspectos fundamentales que consideraron para presentar esta solicitud ante la CIDH; primero: hay un proceso de preconsulta y consulta, porque se está inobservando el principio de buena fe que éste debe llevar, ya que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) lo ha llevado de manera acelerada y ha vulnerado el derecho de participación a las comunidades.

Segundo, hay una exclusión sistemática de las comunidades legítimas que se sienten afectadas en sus derechos en este proceso, que ven vulnerados sus derechos. El argumento del MEM ha sido que no están dentro del área de influencia, sin embargo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), indica que debe considerarse todo el contexto social y cultural “¿en qué momento lo hizo el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y la empresa? no lo sabemos, pero, que obedezca solo a los 6.29 kilómetros cuadrados que establece el polígono de la licencia ambiental constituye una violación a los derechos de los pueblos indígenas, indicó.

Tercero, y lo más grave, es que ahora se establece un estado de sitio en el territorio, lo que además es totalmente incoherente, ilógico y antijurídico, porque ¿cómo es posible que el Estado pretenda desarrollar un proceso de diálogo pero a la vez imponga un estadio de sitio?; en un estado democrático como el que tenemos, esto es insostenible, destacó Aspuac.

Es por eso que pedimos a la CIDH que ordene las medidas cautelares en favor de las comunidades, que en este momento corren grave riesgo; hay persecución política, muchas autoridades indígenas se han escondido para resguardar sus vidas, agregó.

El papel de los medios periodísticos alternativos

En tanto, el diputado Aldo Dávila se refirió a la importancia del trabajo hecho por los medios alternativos en El Estor, que han dado a conocer lo que acontece, de forma permanente “no de ahora, sino desde que se dio la sentencia de la CC en contra de la minera, que ahora opera de forma ilegal”.

Es importante que quede claro eso, la licencia minera y extractiva fue cancelada por medio de una sentencia de la CC, sin embargo a pesar de ello vemos los camiones custodiados por cientos de agentes de la PNC cargados con ferroniquel. Esto evidencia un irrespeto total a las leyes guatemaltecas; las medidas cautelares son urgentes, mencionó el legislador.

Dávila destacó que la crisis está bien armada, ya que el ministro de Gobernación fue quien solicitó al ejército el apoyo, cuando en El Estor lo que hay son personas civiles, mujeres y adultos mayores. Debió ser la PNC la que continuara acompañando esta situación tan crítica.

Para López, llama la atención que se haya pretendido censurar a la prensa, en relación a lo que estaba sucediendo en El Estor ¿por qué?, porque obviamente la prensa da a conocer al mundo qué es lo que está pasando. Entonces, si se vulnera o se censura a la prensa no existiría esa posibilidad, no habría conocimiento nacional e internacional, si no fuera por la prensa. “No sabríamos qué es lo que está sucediendo”, dijo.

Momentos difíciles se viven en El Estor

Wendy López destacó que en El Estor, además de coartar la libertad de expresión, se está violando el derecho a la salud y a la educación ¿Qué niño va a estar en paz si están persiguiendo a su familia? ¿Cómo un padre o una madre va a dar de comer a su familia si están siendo perseguidos? y lo que vemos es a un Estado que protege más a una minera que otorga el 1 por ciento de regalías ¿Qué beneficio es eso para el Estado?, se preguntó.

Acabamos de recibir información de niños que están enfermos de COVID-19 y no están siendo atendidos; los centros de atención están prácticamente cerrados, a disposición de las fuerzas de seguridad. Hay desproporcionalidad, abuso de autoridad y de fuerza; además, tenemos conocimiento que otro contingente de 540 elementos de la PNC y del ejército se dirigen a El Estor.

Lin Valenzuela, de la Fundación Guillermo Toriello, lamentó que en el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz se esté violentando de esta manera al pueblo Q’eqchi’ ubicado en el área de influencia donde se instaló de facto la minera.

Valenzuela hizo un llamado a que el embajador de Suiza y las autoridades centrales de la empresa minera en ese país y que aglutina a otras naciones  -ya que en Guatemala solo son visibles los rusos-, para que asuman su responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos, personales, individuales y colectivos. “Criticamos fuertemente la colusión, el dejar pasar, pero también de actuar, por parte del Estado de Guatemala”, indicó.

Dávila también hizo referencia al hecho de que el presidente Alejandro Giammattei desapareciera la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el año en el que se cumple el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz; “no hay instancias que deberían atender de manera más clara y objetiva, sin violencia, porque la Comisión Presidencial de Derechos Humanos no tiene las capacidades para atender la problemática”.

“No podemos callarnos; tenemos que alzar la voz ante los Estados, ante la visión de los ojos internacionales, porque no podemos permitir nuevamente un conflicto armado interno… esperaríamos que la CIDH atienda esta solicitud y ordene que la misma sea atendida por el Estado guatemalteco, demande verificación y protección a sus ciudadanos y no a los intereses mineros”, concluyó Wendy López.

Créditos: Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

Prensa Comunitaria ha estado en el municipio lacustre de Izabal desde el 4 de octubre, cuando la resistencia Q’eqchi inició una protesta pacífica contra la operación ilegal del proyecto minero Fénix de la compañía suiza de capital ruso Solway. Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ Kawa Siyab’, San Baals, Oxlaju Aj, y Qana Tomasa reclaman no haber sido tomadas en cuenta en la preconsulta que dirige el Ministerio de Energía y Minas acerca de la operación de la mina y porque en el proyecto Fénix se sigue extrayendo níquel y tierras raras. Esto pese a que en 2019 la Corte de Constitucionalidad declaró que esa operación es ilegal, precisamente por falta de consulta, y por falta de los estudios ambientales pertinentes.

Los Cuatro Consejos nunca cerraron el paso de la carretera, ni afectaron el comercio, como ha insistido el gobierno de Alejandro Giammattei y la gran empresa privada guatemalteca; solo impedían la entrada de suministro de carbón a la mina y la salida de ferroníquel hacia Puerto Barrios. Este es el relato de lo ocurrido entre el viernes 22 y el lunes 24 de octubre en El Estor.

Prensa Comunitaria*

Viernes 22 de octubre. Primeras horas de la tarde.

Los primeros disparos de bombas lacrimógenas se escucharon poco antes de las dos de la tarde. Al menos dos centenares de policías antimotines se habían formado sobre la calle principal del municipio, a unos 100 metros del terreno en que los líderes de la resistencia pacífica Q’eqchi’ se habían instalado desde el 4 de octubre a un costado de la carretera. Sonó un impacto seco. Luego otro. Y otro. El humo acre, que oprime la garganta, seca la boca y se ensaña como miles de punzadas sobre el rostro y los ojos, llenó el aire de El Estor.

Muy pronto, tras la línea de policías, surgió la mole metálica azul, un cabezal que jalaba la primera plataforma cargada del carbón a la que los policías querían abrir paso para llevarla hasta la mina extractora de níquel del proyecto Fénix a unos siete kilómetros al oeste, sobre el camino a Panzós. Más camiones esperaban a prudente distancia, uno detrás del otro.

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