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Guatemala: Chiquibul busca certificar su cultivo de palma, mientras usa violencia contra indígenas

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

En portada: Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Luis Hub / Prensa Comunitaria

Santa Elena es una comunidad maya Q’eqchi’ ubicada en el municipio de Sayaxché, departamento de Petén, enclavada al norte de Guatemala, cerca del Río Salinas. En esta región el calor es intenso. Antes el agua acostumbraba fluir con abundancia y había un frondoso paisaje pintado por el bosque, hoy yace en cenizas bajo una inmensa plantación de palma africana.

La comunidad ha sido acorralada por la palma. En las escasas tierras que aún conservan los indígenas, cultivan maíz, frijol, chile, yuca. Pocas son las familias que crían animales. Por si fuera poco, a la sobrevivencia le acompaña la agonía de sus ríos y nacientes, ya que la contaminación del agua es un nuevo vecino que llegó con el monocultivo.

Con la escasez de la tierra y sin trabajo, una parte de la población, principalmente los hombres, migró a los Estados Unidos con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Otros más se vieron obligados a someterse a condiciones degradantes de trabajo en las plantaciones de palma.

La Industria Chiquibul, filial de la empresa Unisource Holding, dedicada a la exportación de diversos commodities agrícolas como semilla de ajonjolí, aceite crudo de palma y cardamomo; y a la importación, comercialización y distribución de fertilizantes en los mercados latinoamericanos, hoy posee alrededor de 70 caballerías (aproximadamente 3 mil hectáreas) de plantaciones de palma aceitera que rodean esta comunidad Maya.

Este cultivo llegó a estas tierras en 2012, cuando empezó a comprar las tierras de las familias mayas Q’eqchi’. “Nos decían que nuestras tierras iban a quedar inundadas por el agua, porque iban a construir una hidroeléctrica sobre el Río Usumacinta”, recuerda el indígena maya Q’eqchi’, Mario Pop Tux, uno de los líderes comunitarios, durante una entrevista que dio para Avispa Mídia.

Este cultivo industrial también llegó con un destacamento militar que fue construido cerca de la comunidad. La presencia de militares, de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la seguridad armada brindan seguridad a la empresa. “Hacen rondines durante el día, traen sus rostros tapados, como si fueran delincuentes”, comenta Pop Tux. El patrullaje también se da por aire. Los comunitarios acusan vuelos de drones, principalmente por las noches.

Las órdenes de captura son una amenaza constante. Según el maya Q’eqchi’, existen cinco órdenes de captura hacia miembros de Santa Elena, ex trabajadores de la empresa que han luchado por los derechos laborales. “Estamos conscientes de que pueden hacer lo mismo que hicieron en otro momento. Invadir a la comunidad, poner el terror en mujeres, niños, ancianos, bajo la justificación de que están buscando a nuestros compañeros criminalizados”, dijo.

En una asamblea, la máxima autoridad de la comunidad, realizada en febrero de este año, las autoridades locales, ancianos y miembros de la comunidad dejaron registrados en un acta distintos “incidentes” ocurridos en los últimos dos meses, que evidencian la intensificación de la violencia hacia Santa Elena.

Uno de estos hechos fue el intento de secuestro, el 31 de enero, de un miembro de la comunidad por parte de agentes de seguridad privada de la empresa, donde se ubica una garita de los guardias de seguridad.

Más tarde, el 2 de febrero, una camioneta sin placa, llevando a bordo a siete personas, estuvieron vigilando la casa de uno de los miembros de la comunidad. Después se dirigieron a las parcelas de la comunidad. Abordaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, haciéndole preguntas y se negaron a identificarse.

Persecución por exigir derechos

La persecución de pobladores de Santa Elena no es de hoy. Después que Chiquibul compró las tierras, empezó a contratar mano de obra de distintas comunidades para derribar el bosque y sembrar la palma. Las condiciones de trabajo ofrecidas por la empresa fueron clasificadas como “esclavitud moderna”, por el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro. Trabajaban más de 12 horas por día por un pago de 35 quetzales (4.4 dólares).

Trabajadores de Industrias Chiquibul en el municipio de Raxruhá. Desde 2016 se han organizado para exigir mejores condiciones laborales por parte de la empresa palmera. Foto: Aldo Santiago.

La situación se volvió insostenible para los indígenas y explotó en 2019. La empresa contrató a 300 personas, sin embargo, cuando había finalizado el contrato de un año, Chiquibul no había pagado las prestaciones laborales acordadas. El comité de trabajadores, creado en 2016, visitó el Ministerio de Trabajo y se calculó que cada trabajador debería recibir – sumando indemnizaciones, salario, aguinaldo – 12 mil quetzales (1,500 dólares), pero la empresa había pagado 4,800 quetzales (615 dólares), es decir, menos de la mitad.

Fue entonces que estalló un paro general de los trabajadores. Los indígenas de Santa Elena y la propia comunidad hicieron una serie de acciones y denuncias contra la empresa. Aún así, la empresa no pagó a los trabajadores y, por el contrario, inició una serie de medidas para criminalizar a los miembros de la comunidad.

La empresa denunció en los órganos de justicia de Guatemala a los líderes de los trabajadores, lo que tuvo como consecuencia la emisión de seis órdenes de captura contra personas de la comunidad. En noviembre de 2020 fueron capturados y detenidos cuatro indígenas, incluyendo a Mario Pop Tux, acusados de plagio, extorsión, usurpación agravada y detención ilegal. “Estuvimos 73 días en la cárcel”, señala Pop Tux.

En el marco de las actividades realizadas por los trabajadores para exigir mejores condiciones de trabajo a las empresas palmeras, se desplegaron centenas de policías para reprimirlos durante el año 2020.

En febrero de 2021, la justicia guatemalteca dictó sentencia condenatoria contra los cuatro miembros de Santa Elena. “Vemos como el Estado a través de esta sentencia se consuma como un cómplice de estas formas de explotación moderna. Consideramos que no comprenden el contexto en el que se está dando el acaparamiento de tierras y la explotación de personas indígenas”, dijo el abogado que acompaña a los trabajadores miembros de esta comunidad, Juan Castro.

Fueron cuatro años de condena, con suspensión condicional de la pena, es decir, tendrán que presentarse mensualmente al Ministerio Público, en la cabecera municipal de Sayaxché para firmar. “Se considera que los responsables son los pueblos indígenas y no las empresas que están haciendo perjuicio al medio ambiente y a la vida humana de muchas comunidades”, abunda el abogado Juan Castro.

Pobladores maya Q’eqchi’ de Santa Elena, en el departamento del Petén, son criminalizados por la empresa de palma aceitera Industria Chiquibul. Foto: Prensa Comunitaria

Había una expectativa que después de la condena de los indígenas maya Q’eqchi’ y el fin de los paros laborales – desde entonces es política de la empresa traer trabajadores de afuera –, se reduciría la persecución hacia a Santa Elena. Pero no fue eso lo que pasó. “Hasta hoy no nos dejan tranquilos. Hasta hoy nos están asustando, vigilando, controlando, no dejan de causarnos miedo”, sostiene Pop Tux.

Certificar los cultivos usando a los indígenas

A las 7 de la mañana del día 25 de enero de 2024, Carlos Cú, encargado de la empresa Chiquibul, acompañado de otras dos personas, buscaron al presidente del Consejo Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de Santa Elena, José Caal Pop, en su casa. No estaba, había ido a su parcela a trabajar la tierra. Los enviados de la empresa decidieron irse. Alrededor de las 12h, Caal Pop regresa a su casa. Poco tiempo después, los tres señores vuelven a buscarlo.

Le presentan un documento para que el presidente del Cocode lo firmara. “Me estaban citando a una reunión para tratar sobre temas relacionados con la certificación de la empresa. Así me dijeron. Y querían que yo firmara el documento de la cita”.

Según el indígena maya Q’eqchi’, los trabajadores de Chiquibul quisieron minimizar los conflictos entre empresa y la comunidad. “Carlos Cú [uno de los firmantes del documento] me dijo: venimos a hablar personalmente, queremos que nos den la oportunidad. Nosotros sabemos que ya no hay problema [con la comunidad]. Queremos que nos firme este documento. Porque ya no hay problema”.

Caal Pop no se calló. “Les dije, ¿cómo no hay problema?, si estamos siendo vigilados todo el tiempo. No les gustó lo que dije y se fueron”, cuenta el maya Q’eqchi’.

Plantaciones de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul. Foto: Aldo Santiago.

La empresa inició en julio de 2023 el proceso para la certificación de su plantación de palma por la principal certificadora de palma del mundo, la RSPO (La Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible). El objetivo es obtener la certificación en este año 2024.

La certificación servirá para que la empresa amplíe sus ventas en los mercados norteamericano y europeo. El aceite de palma de Chiquibul ya hace parte de la cadena de suministros de las empresas europeas Dreyfus Company (LDC), Nestlé S.A., Upfield Holdings B.V., Henkel AG & Co. KGaA, PepsiCo, Inc., Vandemoortele. Dichas cadenas fueron rastreadas por la organización alemana Iniciativa Cristiana Romero (ICR) y publicadas recientemente en el informe Im Schatten der Ölpalme.

La empresa española Lipsa, la británica Unilever, la alemana Basf, las holandesas Lowis Dreyfus y Marie Olie y la francesa ADM-SIO también fueron rastreadas como compradoras del aceite producido por Chiquibul, en una investigación todavía inédita realizada por el proyecto holandés SOMO The Counter, encargada por la ICR.

Guatemala en el mundo

La mayor parte del aceite consumido mundialmente procede de Indonesia y Malasia. Sin embargo, sostiene el reporte de ICR, cada vez hay más plantaciones de palma aceitera en América Latina para satisfacer la demanda mundial. Guatemala y Colombia ya ocupan el cuarto y quinto lugares como exportadores mundiales.

El mayor comprador de aceite de palma guatemalteco son los Países Bajos, con un 32% del volumen total, de acuerdo al informe. En relación a Alemania, Guatemala se ha convertido en el segundo proveedor más importante, después de Malasia. Dado que el 43% del aceite de palma revendido por los Países Bajos va a Alemania es probable que la cuota total de aceite de palma procedente de Guatemala en este país sea aún mayor, enfatiza la organización alemana.

De acuerdo con un reporte de Industria Chiquibul, el proceso de certificación ya está ocurriendo. “Un grupo de asesores externos visitaron nuestras plantaciones y juntos, con nuestro equipo de sostenibilidad, ha establecido un plan de acción centrado en personas, planeta y prosperidad para lograr nuestra sustentabilidad”, menciona la empresa en su documento.

Uno de los puntos obligatorios para la certificación es la realización de una consulta a los pueblos afectados por la palma, que se inició el 14 de febrero.

El documento presentado a Caal Pop para que lo firmara, al cual tuvo acceso el equipo de Avispa Mídia, se explicaba que es un proceso de “Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)”, que busca “establecer una relación de confianza entre la empresa y sus comunidades de influencia, en donde las comunidades pueden conocer la empresa, y a la vez tengan claros sus derechos, y puedan manifestar sus preocupaciones e inquietudes en relación a las operaciones de la empresa”.

En su explicación no menciona que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los pueblos tienen el derecho de decir “no” a un proyecto que se pretende implementar en su territorio. En términos reales es un proceso que pasaron por alto, porque ya han deforestado y actualmente cultivan grandes extensiones de palma. “No participamos de la reunión y no vamos a participar de las próximas convocatorias. Lo que buscan es nuestra firma para tener la certificación, y no la va obtener, porque la consulta no existe”, dijo Mario Pop Tux.

Monocultivos de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul se expanden en los alrededores de la Sierra de Chinajá, región colindante con las tierras bajas del Petén donde la empresa mantiene actividades para la siembra y procesamiento de los frutos. Foto: Aldo Santiago.

De acuerdo con el indígena, alrededor de 18 aldeas son impactadas por las plantaciones de palma de Chiquibul en la región. Además de Santa Elena, por lo menos otras 10 aldeas no están de acuerdo con la presencia de la empresa, con las cuales implementó los mismos mecanismos. “Para esta primera reunión invitaron a todas las comunidades, muchas no fueron, también sufren persecuciones y tienen órdenes de captura”, dijo.

La empresa también llevará a cabo otros dos procesos. La Evaluación de Alto Valor de Conservación, que busca “identificar los valores ambientales y sociales de mayor relevancia tanto dentro de las áreas en donde la empresa desarrolla sus operaciones, como en sus áreas de influencia”, dice el documento. En realidad, van mapear los bosques que no pudieron deforestar, incluyendo bosques que no están en sus tierras, para establecer programas de conservación, fundamentales para la obtención de la certificación.

Plantaciones de palma aceitera propiedad de Industrias Chiquibul. Foto: Renata Bessi.

Además de ello, deben realizar el Estudio de Impacto Socioambiental (EISA), con el cual identificarán “aquellos impactos sociales y ambientales que la empresa pudiera estar generando, y a la vez generar un plan de gestión para controlar, mitigar o compensar estos impactos”, según el documento de Chiquibul.

Bio Terra Consultores Ambientales, contratada por Chiquibul, será la empresa responsable de llevar a cabo estos estudios.

Mientras tanto, la certificadora RSPO ha sido criticada por pueblos y organizaciones en todo el mundo por certificar empresas que han generado conflictos socioambientales. Al etiquetar los productos de aceite de palma como “sostenibles”, se rehabilita el aceite de palma dando la impresión de que el cultivo industrial de la palma aceitera es compatible con los exigentes principios ecológicos y de derechos humanos y ofrece una solución sostenible a largo plazo para el uso de la tierra. “Sin embargo, no es así”, señala ICR.

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De acuerdo con la organización alemana, la RSPO permite, por ejemplo, el uso parcial de plaguicidas que figuran en la lista de plaguicidas altamente peligrosos de la Red de Acción sobre Plaguicidas. Además, las auditorias para la certificación son contratadas por las propias empresas, como es el caso de la Bio Terra Consultores Ambientales, “lo que puede dar lugar a conflictos de intereses en la práctica. Existe riesgo de corrupción”.

La comunidad Santa Elena reiteró en asamblea el rechazo a la certificación: “Dichas certificaciones las rechazamos profundamente por las violaciones a nuestros derechos humanos. Amenazas, intimidaciones, contaminación al medioambiente, deforestación de bosques, ríos, riachuelos donde la comunidad toma agua para beber”.

Acta secuestrada

El presidente del Cocode también denuncia que el Ministerio Público tiene secuestrada el acta comunitaria de Santa Elena. “Este documento es muy importante para una comunidad maya Q’eqchi’. En él plasmamos los acuerdos, las normas, los compromisos de la comunidad, los resultados de las asambleas. Estas actas tienen un valor muy importante para cada una de las comunidades de nuestro pueblo Q’eqchi’”, explica Caal Pop para Avispa Mídia.

El 6 de mayo de 2021, cuenta Mario Pop Tux, fueron citadas las autoridades locales – el alcalde auxiliar y el representante del Cocode de Santa Elena – por parte del alcalde municipal. El día 7 de mayo ellos se presentaron al despacho del alcalde municipal. El alcalde no se encontraba y el que se presentó fue un fiscal del Ministerio Público. “Dicho fiscal secuestro el acta sin explicación”, sostiene.

De acuerdo con el presidente del Cocode, en el documento estaba registrado el compromiso asumido por el alcalde municipal, en asamblea de la comunidad, de que recuperaría siete caballerías, hoy en posesión de la empresa Chiquibul, a las familias de Santa Elena.

“Creemos que este acuerdo fue la razón por la cual secuestraron el acta. El valor de la palabra que está plasmado en este documento, tiene mucho valor para nosotros. Exigimos que nos entregue el acta en paz. Y que la cumpla el alcalde municipal”, dijo Caal Pop.

Petición

El Movimiento de Comunidades en Defensa del Agua, Qana’ Ch’och, la Coordinación de la ONG y Cooperativas (CONGCOOP) y el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) lanzaron una petición exigiendo a las autoridades de Guatemala que tomen medidas urgentes contra los acosos y violaciones por parte de Industria Chiquibul contra la comunidad Santa Elena.

De acuerdo con las organizaciones, este patrón de violencia es intrínseco a la industria de la palma. En la última década, sostienen, la empresa Industria Chiquibul ha acumulado un rastro de violaciones a los derechos de las comunidades indígenas y campesinas, incluyendo la apropiación ilegal de tierras comunitarias en Aldea Carolina, contaminación del rio San Román, criminalización por medio de órdenes de captura y detenciones orquestadas por la empresa, violaciones laborales y deforestación.

Exigen un “basta de órdenes de captura contra miembros de la comunidad basadas en falsas acusaciones y que se detenga el proceso de certificación de Industria Chiquibul ante la RSPO”.

Palma en el Petén

En el departamento de Petén, donde está el municipio de Sayaxché y la comunidad Santa Elena, el cultivo de palma se ha incrementado exponencialmente. De acuerdo con el informe Dinámicas productivas en torno al cambio de uso del suelo y sus repercusiones en la Reserva de Biósfera Maya (RBM), del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), de 2021, en 2000 había 320 hectáreas y ha llegado en el 2020 a 78,921 hectáreas, 46% del área establecida a nivel nacional.

La tasa de crecimiento a nivel nacional entre 2005 y 2010 fue del 20%; en Petén, 192.4%.

La producción de palma en el municipio de Sayaxché representa el 87% de la producción a nivel del departamento Petén, según datos para 2018-2019 generados por la Gremial de Palma.

Indonesia, India, China y Unión Europea son los que más consumen aceite de palma, de acuerdo con el Servicio Exterior de Agricultura del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con datos de julio de 2023. El consumo mundial ha aumentado más de un 80 % en los últimos 15 años.

“Como resultado, el cultivo en Centroamérica se está expandiendo, con consecuencias negativas para las comunidades locales y la naturaleza”, resume ICR.

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Confirman sobornos de Solway al gobierno del expresidente Giammattei

Fuente: Avispa Midia

Por Nelton Rivera/Prensa Comunitaria

Ex presidente Alejandro Giammattei y ex ministro de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata son sancionados por recibir sobornos de las empresas mineras rusas y beneficiarse de la corrupción en el Estado. Al mismo tiempo el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos levantó las sanciones a las empresas rusas en Guatemala implicadas en esos sobornos.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió a primera hora del 17 de enero una nueva sanción económica a través de la Ley Global Magnitsky para uno de los ministros del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei. Se trata de Alberto Pimentel Mata quien estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minas (MEM) durante el período 2020-2024.

A Pimentel, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le congeló todos sus activos en los Estados Unidos y con la sanción previa en la Lista Engel le fue retirada la visa y se mantiene la prohibición para ingresar a ese país.

El gobierno norteamericano confirma que la empresa transnacional ruso-suiza Solway Investment Group, propietaria de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), Compañía Procesadora de Níquel (Pronico) y la empresa rusa Telf Ag dueña de MayaNíquel realizaron sobornos directamente al ex ministro y a Giammattei.

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Este mismo miércoles (17) por la tarde fue publicada una nueva sanción, esta vez al ex presidente Alejandro Giammattei por su implicación en la corrupción dentro del Estado y por recibir sobornos. Se le retira la visa y a sus familiares, entre los que se encuentran los tres hijos: Ana Marcela Dinorah Giammattei Cáceres, Alejandro Eduardo Giammattei Cáceres, y Stefano Giammattei Cáceres.

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Comunidad El Roto Viejo se inunda tras la crecida de río Salinas en Sayaxché

Fuente: Avispa Midia

Por Elmer Ponce

Siete comunidades de Sayaxché, Petén, ha perdido sus cosechas por las lluvias de los últimos días. Las familias han tenido que dejar sus casas y buscar refugio, porque el nivel del agua creció tanto que es imposible mantenerse en ellas. Las autoridades reconocieron no tener la capacidad para atender la emergencia.

Las intensas lluvias de un segundo frente frío en Guatemala y la creciente del río Salinas dejaron inundadas varias viviendas en la comunidad de El Roto Viejo, en la microrregión de Tierra Blanca, en Sayaxché, Petén.

Esta pequeña comunidad de 800 personas, integrada por unas 144 familias, ha tenido que dejar sus casas por que el agua las inundó a tal grado que ya no pueden permanecer en ellas, por lo que han buscado refugio en los albergues habilitados en la zona, en escuelas o iglesias.

Otros tienen sus viviendas en alto y se resguardan ahí de la lluvia que no cesa.

Pese a la emergencia, hay quienes prefieren permanecer en sus casas, para cuidar sus pertenencias, pues lo poco o mucho que posean es el fruto de los esfuerzos logrados por su trabajo. Colocando sus pertenencias en las vigas o en el tabanco como los locales les denominan.

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Claudia González, la abogada que enfrentó al sistema para defender a operadores de justicia criminalizados

Fuente: Avispa Midia

Por Alexander Valdéz / Prensa Comunitaria

González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling.  La abogada está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).


El Ministerio Público (MP) continúa sumando acciones contra operadores de justicia que encabezaron las investigaciones contra la corrupción en Guatemala. Esta vez, dirigió una nueva pesquisa contra la abogada Claudia González, quien seguía en el país representando legalmente jueces, fiscales, periodistas y activistas que están siendo perseguidos por el ente investigador.

González, quien fue detenida en el operativo de la Fiscalía de Asuntos Internos, ahora es señalada del delito de abuso de autoridad, por haber investigado el caso contra la magistrada Blanca Stalling, quien fue señalada de tráfico de influencias, pero beneficiada por el sistema de justicia.

Pese a los riesgos, González estuvo al frente de la defensa de varios operadores de justicia, como los casos contra Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra y la abogada Leily Santizo. En abril, fue reconocida en Holanda por la organización “Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers) con el Premio que otorga la organización a los profesionales del derecho que enfrentan un alto riesgo debido al trabajo que realizan.

A su traslado a la Torre de Tribunales, González dijo que se siente preparada para enfrentar el proceso y la acusación “totalmente falsa”. “Es usual que utilicen el sistema para mantenernos en prisión, mantenerme en carceletas y con orden de aprehensión. Esperemos que el fiscal Noé Rivera venga bien preparado con su imputación”, declaró.

Acá la declaración de la abogada a su traslado:

La exmandataria de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) está a cargo de la defensa de al menos nueve abogadas y abogados, que trabajaron en casos de corrupción de alto perfil por varios años, seis de ellos son exfiscales del MP y tres de ellos exmandatarios judiciales de la CICIG.

Abogó por operadores de justicia 

A diferencia de otros operadores de justicia, la abogada González seguía en el país y encabezaba el equipo legal que está a cargo de defender a los fiscales que han sido detenidos. Entre ellos, Paola Escobar, Allis Morán, Carlos Videz, Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, entre otros fiscales que dirigieron casos de alto impacto.

Como mandataria de la CICIG, también investigó casos que alcanzaron a altos funcionarios del Estado, narcotraficantes y empresarios. Uno de ellos fue el de Blanca Stalling, a quien acusó de tráfico de influencias tras la denuncia del juez Carlos Ruano.

A raíz de esos expedientes y, que seguía defendiendo a sus colegas, González estuvo denunciando acoso e intimidación en las redes sociales por parte de cuentas anónimas y dirigidas por los mismos señalados de corrupción.

El caso en el que más se le observó fue el relacionado con Virginia Laparra, quien lleva más de un año en prisión preventiva por dos casos. La exmandataria de CICIG recientemente logró que a Laparra le otorgaran una medida sustitutiva por uno de los casos.

En una entrevista con Prensa Comunitaria de abril, la abogada aseguró que el peligro de que fuera captura era latente. “Hay un caso en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en el que me denunciaron y no me han permitido tener el acceso a esa investigación, sí es latente el peligro en el cual me encuentro por el trabajo que desarrollo”, expresó.

Claudia González acompañando a su colega la exfiscal Virginia Laparra. Foto Juan Rosales.

Obtuvo reconocimiento internacional 

El pasado 11 de mayo, Abogados para abogados” (Lawyers for Laywers), entregó un reconocimiento a la abogada González, por el trabajo de alto riesgo que continuaba realizando en el país.

“Este premio reconoce la situación de riesgo a la que se enfrentan muchos operadores de justicia, entre ellos las abogadas y abogados”, dijo Claudia González, defensora de varias operadoras de justicia que han sido criminalizadas por el Estado de Guatemala, entre ellas Virginia Laparra y Leily Santizo. El premio fue entregado en Holanda, el 11 de mayo.

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Crónica de un desalojo contra pobladores indígenas en Santa Cruz Barillas

“Nosotros somos herederos de estas tierras que pertenecían a nuestros abuelos, pero por el conflicto armado tuvimos que abandonarlas”, dijo en su idioma Q’anjob’al una señora.

Por Joel Pérez, Lencho Pez y Simón Antonio

Este miércoles 19 de julio, más de 2 mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre agentes antimotines y antinarcóticos fueron movilizados al municipio de Santa Cruz Barillas por el gobernador de Huehuetenango, para cumplir con una orden de desalojo contra pobladores indígenas que habitan la comunidad de Kumatz.

La orden fue emitida por el juez “B”, Oswaldo Romeo Martínez Palacios del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en el municipio de Santa Eulalia.

Según el Ministerio Público (MP), en la diligencia también participó la Fiscalía contra Delitos de Usurpación con la finalidad de recuperar y entregar el inmueble (la finca Sargento y Nubila) al propietario.

Elmer Ariel de León López, juez de paz de Santa Cruz Barillas, fue quien ejecutó esta orden de desalojo contra la población de Kumatz, ubicada sobre la Franja Transversal del Norte (FTN), en la aldea Río Espíritu, a 570 kilómetros de la ciudad capital.

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En Guatemala, pueblos ixiles conmemoran 10 años de sentencia por genocidio contra Ríos Montt

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes
En portada: Pueblos ixiles se movilizan para conmemorar una década de la sentencia condenatoria por genocidio contra el dictador Efraín Ríos Montt. Foto: Festivales Solidarios

Pueblos originarios y organizaciones sociales de Guatemala conmemoran este miércoles (10) el décimo aniversario de la sentencia por genocidio dictada contra el general y dictador Efraín Ríos Montt, a quien la jueza Jazmín Barrios condenó a 80 años de prisión por el asesinato de 1,771 mayas ixiles del norte del país centroamericano entre 1982 y 1983.

En la Ciudad de Guatemala, esta mañana se realizó una ceremonia maya con la participación de diferentes organizaciones y sobrevivientes del conflicto armado interno que se desarrolló desde 1960 hasta 1996. “Es conmovedor recordar que se condenó a un general con tanto poder, pese a que la Justicia no está a favor de las víctimas”, declaró a medios internacionales Juan Pérez Cerillo, sobreviviente del genocidio originario de la comunidad ixil de Nebaj.

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Juez de Guatemala ordena investigar a periodistas independientes

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Encuentro continental “Mujeres, territorios y libertad de expresión”, realizado entre los días 25 al 29 de abri 2022, en Guatemala. Participaron periodistas indígenas y urbanos que han compartido su palabra con colegas de diferentes partes de América Latina. Foto: Santiago Navarro F

El pasado martes (28), un juzgado de Guatemala ordenó investigar a nueve periodistas, así como el financiamiento de medios independientes en Guatemala. Esto se da en un contexto de la primera declaración del periodista José Rubén Zamora Marroquín, quién ha cumplido siete meses en prisión por presuntas investigaciones sobre actos de corrupción.

Zamora Marroquín también es ingeniero industrial y empresario. Es fundador de tres periódicos guatemaltecos: Siglo Veintiuno en 1990, El Periódico en 1996, y Nuestro Diario en 1998. Fue detenido en julio del 2022 por supuesto lavado de dinero.

Normalmente ejerce el periodismo de investigación y publica en el medio El Periódico. “Tengo la convicción de que estoy en prisión y aislado por el éxito de El Periódico publicando 228 investigaciones documentadas de la corrupción de este Gobierno”, señaló el presidente de dicho medio.

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El Ministerio Público de Guatemala afirma que el empresario oculta el origen de 25 mil 600 dólares y también es acusado por conspiración por “obstruir la justicia”. Las autoridades guatemaltecas tienen tres meses para fundamentar estas acusaciones.

No bastando con ello, en la audiencia, el juez décimo penal Jimi Bremer, también ordenó que se investigue por “obstrucción de justicia” a nueve periodistas vinculados a El Periódico.

La voz de los medios independientes

De forma urgente, diversos medios y periodistas independientes lanzaron una misiva, destinada a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para informar de lo acontecido el pasado martes en esta audiencia.

En la carta hacia la CIDH se señala que, “los hechos constituyen una amenaza a la libertad de expresión, transgreden los estándares internacionales en materia de libre emisión del pensamiento”.

Además, en el documento se destaca que estos actos contravienen el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que estipula que “no constituyen delito las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”, refiriéndose al trabajo periodístico realizado por Zamora Marroquín.

En entrevista para Avispa Midia, el periodista Simón Antonio Ramón expresa que en “Guatemala estamos en un contexto de criminalización contra periodistas sin precedentes, desde los años de la paz, a partir de 1996 cuando termina la guerra”.

Esta espiral de violencia que vive el país centroamericano tiene que ver con la participación de diversos medios, periodistas, organizaciones y hasta juristas que se involucraron en las pesquisas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, entre los años 2007 y 2019. Estas pesquisas destaparon un sinnúmero de crímenes de guerra.

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“Entonces ese proceso ha sido detenido, porque la mayoría de los jueces que atendían este tema y temas de corrupción, se han ido al exilio. El Periódico participó en estas pesquisas”, argumenta Antonio Ramón, periodista quien forma parte del medio Prensa Comunitaria.

El corresponsal de Prensa Comunitaria puntualiza que, a la violencia contra periodistas, se suma la restricción a las fuentes de información y se enfrentan a la violencia física, “sólo en el año pasado (2022), en el monitoreo que realizamos, registramos 161 casos, de ellos 88 casos penales, entre intimidación y restricción”.

En el documento enviado a la CIDH, el cual también subscribe Prensa Comunitaria, se argumenta que, “no existen indicios para ordenar investigar a los periodistas, porque los recortes de prensa que la fiscal presentó en audiencia como sustento a sus peticiones, no pueden constituir prueba, no fueron obtenidos ni incorporados legalmente al proceso, en consecuencia, la fiscal está implantando prueba”.

Por su parte, la Relatoría de la CIDH externó en ocasiones anteriores su intención de visitar de manera oficial el país por el aumento de denuncias de ataques en contra de la prensa en Guatemala.

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El saqueo ilegal del jade en la Montaña Chiclera, otro escándalo minero en Izabal

En el municipio de Morales, Izabal, y frente a la mirada de las autoridades estatales, todos los días saquean, de manera industrial e ilegal, el jade del interior de la Montaña Chiclera, una de las áreas protegidas de Guatemala.

El actual alcalde municipal, una diputada por este departamento y una familia vinculada al narcotráfico, fueron señalados de forma anónima de este nuevo escándalo medioambiental. Nueve meses después, el Ministerio Público, el ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) hicieron un allanamiento en la montaña, sin lograr una sola detención de los responsables del saqueo.

Por Prensa Comunitaria

La extracción de jade y la destrucción de una de las áreas protegidas en Izabal suman un nuevo escándalo minero en Guatemala. El silencio desde el gobierno municipal se adhiere a la inacción de funcionarios al más alto nivel, en ministerios como el de Energía y Minas, Medio Ambiente y Gobernación, que permiten el saqueo del jade y otros minerales en el interior de la Montaña Chiclera. Según el medio Insight Crime, la onza de jade más fino alcanzó valores por arriba de los 3 mil dólares desde 2010; doce años después en el mercado es el mejor pagado por encima del oro y los diamantes.

En marzo de 2022, una publicación anónima en las redes sociales señaló como responsables a Mynor David Portillo Vásquez -alcalde municipal de Morales, quien busca su reelección con el partido oficialista VAMOS-, a Jeffrey Obdulio Mendoza Tally y Pablo André Mendoza Paz, a quienes se les señala de integrar el cartel de los Mendoza, y a la diputada Thelma Elizabeth Ramírez Renata, quien junto a Portillo forman parte del partido político del presidente Alejandro Giammattei.

En un allanamiento del 15 de diciembre, que implicó un operativo conjunto entre el Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), fue decomisada maquinaria pesada y ochenta costales con jade en su interior; ninguno de los trabajadores o integrantes del grupo armado, que dan seguridad a quienes dirigen la extracción, fueron detenidos.

Durante el operativo nadie se encontraba en el lugar. ¿Fuga de información? La fiscal general Consuelo Porras o el ministro de Gobernación Barrientos, no dieron detalles.

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Avispa Midia

Mujeres Achí ganan una larga batalla en las cortes de Guatemala

Por Avispa

Texto: Roderico Y. Díaz y Emily Rhyne

Portada: La abogada Lucia Xiloj abraza a una de las mujeres achí sobreviviente de violencia sexual. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

En un caso histórico para la justicia en Guatemala, un tribunal especial condenó a cinco ex paramilitares a 30 años de cárcel por deberes contra la humanidad en su modalidad de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996). Los culpables de estos crímenes son Francisco Cuxum Alvarado, Damián Cuxum Alvarado, Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino y Gabriel Cuxum Alvarado.

En 2018, un grupo de 36 mujeres indígenas Maya Achí, todas sobrevivientes de violencia sexual, iniciaron el proceso judicial, casi 40 años después de sufrir estos vejámenes por parte de miembros de las patrullas de autodefensa civil (ex PAC), grupo paramilitar organizado por el ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno.

El tribunal estuvo compuesto por tres jueces, Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gervi Sical, destacados por su trabajo en casos anteriores de derechos humanos de alto impacto.

Las 36 mujeres maya achí fueron representadas por un equipo de tres abogadas indígenas de la Asociación Bufete Jurídico y Popular de Rabinal, entre ellas la abogada Lucía Xiloj, reconocida internacionalmente por su trabajo en casos de derechos humanos enfocados en violencia contra las mujeres.

Una anciana mujer Achí camina frente a una manta de apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, con el mensaje “Justicia para las mujeres Achí”. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

La abogadaLucía Xiloj, en sus conclusiones finales ante el tribunal, argumentó que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Es una práctica que se comete durante los conflictos armados […] Estos hechos han permanecido en la impunidad, al ser una estrategia contra las mujeres y sus comunidades.”.

El juez Sical leyó el veredicto histórico a la pequeña multitud de abogados, testigos, periodistas y observadores de derechos humanos reunidos dentro de la sala del tribunal, mientras en las afueras del edificio del tribunal, otro grupo de mujeres sobrevivientes, escuchaban la transmisión del proceso en un altavoz y teléfonos celulares, debido a las restricciones de salud pública.

El veredicto contiene un análisis importante que puede servir como precedente para litigios futuros relacionados a casos de violencia sexual durante la guerra en Guatemala. “Los soldados atacan a las mujeres […] con la intención de romper el tejido social, de romper emocionalmente al adversario. […] Violencia sexual contra las mujeres achí fue utilizada como parte de la estrategia militar que las consideraba enemigas internas [del Estado] […] A través de la violencia sexual buscaban destruir al pueblo maya achí a través de los cuerpos de las mujeres achí. [… ] Fueron utilizados como ‘botín de guerra’ y como instrumento de tortura”. […]

Continúa el veredicto: “Al escuchar las declaraciones de las sobrevivientes, este tribunal determinó que las mujeres achí sufrieron violencia sexual individual, colectiva y sistemática y esclavitud doméstica. […] Reconocemos la valentía y el respeto que merecen las mujeres Achí por su valentía y perseverancia al sacar adelante este caso, rompiendo el silencio sobre los hechos a los que fueron sometidas, y que crímenes de esta naturaleza nunca más se repitan.”

Afuera del juzgado, cientos de simpatizantes celebraron el veredicto y las sobrevivientes se dirigieron a la multitud. “Estamos contentas con esta sentencia y doy gracias a Dios y a nuestra sagrada tierra. […] Estamos aquí porque es nuestro derecho y es una obligación del Estado [guatemalteco]. Nos deben esto porque no solo por violarnos, también mataron a nuestros familiares”.

Las mujeres Achí junto a un grupo de apoyadores del caso celebran en las afueras de la corte la sentencia de 30 años de prisión a los 5 ex paramilitares. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

Testimonios dolorosos y actos atroces de violencia

Los dolorosos testimonios de las mujeres describieron abortos espontáneos y embarazos forzados, daño emocional severo y estigmatización como resultado del abuso.

Relataron cómo las Fuerzas Armadas de Guatemala y las PAC llevaron a cabo asesinatos y desapariciones forzadas de familiares mientras quemaban todas sus pertenencias, incluidas sus viviendas y cultivos alimentarios, durante las masacres. También describieron la destrucción del tejido social y los valores de apoyo mutuo en las comunidades indígenas.

Pedrina López tenía solo 12 años cuando el 29 de agosto de 1982, luego de que sus padres fueran capturados, los paramilitares Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, hermanos, se turnaron para violarla frente a sus hermanos menores. En su testimonio describió los hechos atroces:

“Mataron a mi padre y a mi madre. Luego regresaron a la casa y me violaron. No tengo vergüenza de contar lo que me pasó porque Benvenuto golpeó a mi hermanito contra la pared, hicieron lo que quisieron conmigo. Querían dinero, encontré 50 centavos en el cajón y se los di. Es duro vivir sin padres, pasamos hambre. Y queremos justicia, lo que hicieron, la violación, son mayores, yo no sabía, yo era una niña. Ellos vivían abajo de nuestra casa, los conocíamos, siempre los encontrábamos en el mercado. Me dejaron sangrando durante un mes por lo que me hicieron, y lo hicieron frente a mis hermanos. El dolor de mi corazón no se va, siempre lo recordamos.”

Haydeé Valey, (centro), abogada Achi, quién representó a las sobrevivientes del caso “Mujeres maya Achí” celebra junto a grupo de mujeres en las afueras del edificio de tribunales en las ciudad de Guatemala. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

Margarita Alvarado Enríquez estaba lavando ropa cuando los paramilitares la agarraron y procedieron a amordazarla y golpearla en todo el cuerpo. Amenazándola con armas de fuego, la obligaron a desnudarse y posteriormente procedieron a violarla en grupo a pesar de que estaba embarazada de tres meses, lo que resultó en un aborto espontáneo.

“Me pusieron la pistola en el pecho, me amordazaron la boca, me violaron, me patearon, me abofetearon. Yo tenía 20 años cuando me violaron, me violaron dos veces”.

Su hermana, Marcela Alvarado Enríquez, estaba con ella en ese momento y también sufrió un aborto espontáneo como resultado de los brutales ataques.

En su testimonio describe “a mi esposo lo mataron los paramilitares cuando estaba trabajando. Nos obligaron a salir de nuestras casas y tuvimos que vivir en la selva. […] Llegaron a la casa preguntando por mi esposo, pero ya lo habían matado. […] Estaba asustada y temblando, me dijeron ‘ahora vas a pagar’. Grité y me taparon la boca. ‘Quita tu corte [un tipo de falda usada por mujeres indígenas en Guatemala] te vamos a violar.’ […] Me violaron dos veces. Yo tenía unos dos o tres meses [embarazada]. Me duele la espalda. Nos llevaron [y nos obligaron] a hacer tortillas en la base militar de Xococ”.

Mujeres Achí observan la transmisión del juicio en las afueras del edificio de tribunales. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

Deportado de Estados Unidos para enfrentar la justicia

En un comunicado, la U.S Inmigration and Customs Enforcement (ICE), en enero 2020, indicó que Francisco Cuxum Alvarado se había refugiado en los Estados Unidos por varios años, y que fue localizado en Waltham, Massachusetts, y deportado hacia Guatemala para responder a los señalamientos de violencia sexual en contra de las mujeres maya achí.

Parte del comunicado de ICE señala: “Según documentos judiciales, desde principios de la década de 1980, las fuerzas armadas guatemaltecas, asistidas por milicias civiles conocidas como Patrullas de Defensa Civil (PAC), perpetraron una serie de masacres contra el pueblo indígena maya achí de Río Negro, en y alrededor del municipio de Rabinal, en Guatemala. Más de 400 maya achí fueron asesinados en estas masacres y cientos más fueron sacados a la fuerza de sus hogares. En 1998, Cuxum Alvarado fue nombrado sospechoso en la masacre del 13 de marzo de 1982 de 177 personas, incluidos 107 niños en Cerro Pacoxom.”

Margarita Alvarado Enriquez (centro) quien presentó su testimonio durante el juicio del caso mujeres Achí, conversa con otras mujeres en las gradas del edificio de tribunales después de la sentencia. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

El largo camino hacia la justicia

En 2011, el grupo de mujeres maya achí rompió el silencio denunciando lo sucedido durante la guerra de más de 30 años antes.

Unos años más tarde, en 2016, Guatemala vio un veredicto innovador que condenó a dos militares a más de 100 años de prisión cada uno por la esclavitud sexual de 15 mujeres maya q’eqchi’ de la comunidad de Sepur Zarco. Éste fue el primer caso en confrontar las secuelas de la violencia sexual generalizada cometida durante el brutal conflicto armado interno de Guatemala.

En mayo de 2018, seis presuntos integrantes de las PAC fueron capturados y acusados ​​de crímenes de lesa humanidad por violencia sexual contra 36 mujeres maya achí. Este es solo el segundo caso de alto impacto que aborda el tema de la violencia sexual y la esclavitud durante el conflicto armado.

En 2019, a pesar de las pruebas contundentes presentadas por la fiscalía, la jueza Claudette Domínguez desestimó los cargos contra tres de los acusados ​​y dejó en libertad provisional a los tres restantes.

En un comunicado de 2019, el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), quien actuó como querellante en el caso en ese momento, aseguró que “la impunidad que [la jueza Claudette Domínguez Guerrero] otorga a militares acusados ​​de graves violaciones a los derechos humanos durante la conflicto armado interno” confirma “su parcialidad en estos casos”.

Dos mujeres se toman de la mano alrededor del altar maya colocado en la plaza de los Derechos Humanos, frente a la torre de tribunales en la ciudad de Guatemala. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

El Centro indicó que “la jueza se escudó alegando secreto militar para evitar revisar documentos militares presentados por el Ministerio Público”. Además, expresó su solidaridad con las mujeres maya achí de quienes dijeron que “valientemente” rompieron su silencio para buscar justicia e instaron al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional ya las autoridades competentes a “denunciar estos actos de impunidad”.

Las víctimas interpusieron recurso de apelación argumentando que en la audiencia de apertura de juicio, el juez Domínguez, además de dictar clausuras y sobreseimientos provisionales, “omitió o no se pronunció” respecto de los hechos de violencia sexual, “desvirtuando los hechos” y “omitiendo del caso el 80% de las víctimas exigiendo justicia para sus familiares que sufrieron violencia sexual”.

Luego de varios meses de espera para que una corte de apelaciones resolviera el estado del caso de violencia sexual Maya Achí, el 9 de septiembre de 2019 se resolvió que la jueza Claudette Domínguez no podía seguir presidiendo el “Caso Mujer Achi” por interés indirecto, ordenando que el caso fuera trasladado a otro tribunal.

Una anciana indígena Achí sobreviviente de violencia sexual, carga un ramo de flores después del veredicto que condenó a los patrulleros que la sometieron a violencia y esclavitud sexual en la década de 1980. Guatemala enero, 2022. Fotografía: Roderico Y. Díaz.

La resolución de 2019 fue el momento crucial que permitió que el caso de las sobrevivientes siguiera adelante. El caso fue reabierto en enero de 2020 por el juez Gálvez, quien determinó que había pruebas suficientes para detener a 5 de los imputados, fijando la fecha del juicio público para enero de 2022 y que llevó a la condena de 30 años de prisión a los cinco acusados.

En sus alegatos finales, la abogada Lucía Xiloj recordó al tribunal que “la violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad”, y que tales crímenes no prescriben. Un elemento importante para el caso porque existen aún varios ex paramilitares prófugos por estos mismos señalamientos.

Una anciana maya Achí sostiene una flor roja en sus manos, después de presentar un amparo en contra de la jueza Claudette Domínguez, quien declaró el cierre provisional del caso “mujeres Achí” en el año 2019. Guatemala Agosto 2019. Fotografía: Roderico Y. Díaz.
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Prensa Comunitaria

Chiquimula: autoridad Maya Ch’orti’ es detenida por oponerse a minera

Timoteo Váldez, es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado.

La Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Ch’orti’ y el Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, denunciaron a través de una alerta la detención de Timoteo a las 10 de la mañana en el pueblo. La autoridad indígena fue identificada en el momento en el que buscaba atención médica por padecer de quebrantos de salud.

En comunicado expresaron que  condenan la detención de la Autoridad Indígena y Guía Espiritual Timoteo Valdez por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), a bordo de la patrulla CHI-119, sin informarle el motivo de su detención. Denuncian que se encuentra en estado crítico de salud y que necesita atención.

“Dicha detención se da en el marco que, el día de mañana 31 de enero, 2022, el gobernador departamental de Chiquimula y responsables del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, INAB y DIPRONA y la municipalidad de Camotán, se comprometieron a dar una respuesta sobre el cierre de la Mina Cantera el Porvenir, la cual tiene múltiples denuncias de explotación ilegal de minerales en tierras Ch’orti’ y destrucción de bosques comunales.” Afirman autoridades indígenas y campesinas del pueblo Ch’orti’.

La PNC publicó en su cuenta oficial en twitter, a las 14:18 horas una fotografía en la que trasladan a Timoteo Vásquez, Autoridad Indígena Maya Ch’orti’ al juzgado de Chiquimula, supuestamente requerido por los delitos de por los delitos de coacción, amenazas y extorsión e instigación a delinquir.

Foto PNC

Lea más sobre el rechazo a las empresas mineras en Chiquimula:

 

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