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El proyecto de las Brigadas Civiles de Observación nació hace 25 años frente a las agresiones del Estado mexicano contras las comunidades indígenas en resistencia. Llegaron personas de diferentes partes del mundo para frenar la violencia usando como única herramienta la documentación. Ellas y ellos con su presencia y con la denuncia diluyeron los ataques militares y paramilitares en diferentes regiones de Chiapas.

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• • Gobierno de Rutilio Escandón omiso ante situación de riesgo a quienes defienden derechos humanos en Chiapas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su preocupación por el alto riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de quienes conforman el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha1 y el equipo Frayba; quienes hemos recibido en noviembre y lo que va de diciembre amenazas de muerte, vigilancia, hostigamiento e intimidación, en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos originarios, en particular de Juan de la Cruz Ruiz.

Las amenazas comenzaron el 12 de noviembre de 2019, cuando aproximadamente a las 22:00 horas, un coche negro con los vidrios polarizados dejó un sobre al interior del domicilio de una defensora del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. El sobre contenía un mensaje con recortes de periódico que decía: Faro: catastrófico aviso, clama por ayuda (por seguridad se omite el nombre de la defensora) está en peligro de muerte, la vida es muy corta la muerte es inevitable, una más, noviembre, cuídala trata de salvar su vida. Cabe mencionar que Faro es el apellido del Director del Frayba.

Posteriormente el 19 de noviembre, a las 8:25 horas, se descubrió en el domicilio de la defensora un nuevo mensaje en donde escribieron su nombre al parecer con sangre. Esa misma noche, a las 21:00 horas, se encontró una publicidad relacionada con una funeraria, en la casa de un integrante del Frayba. Cabe decir que en ninguna de las casas vecinas dejaron este anuncio. A raíz de estas amenazas hemos documentado una mayor vigilancia y hostigamiento tanto a las familias de los presos como a las organizaciones y colectivos que los acompañan. A la fecha, no se ha obtenido una respuesta adecuada de protección por parte de los mecanismos del Estado mexicano.

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Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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“Lo que nos queda claro es que todos tenemos un mismo enemigo: el Estado.” Esa fue una de las conclusiones expresadas en la síntesis de una de las mesas en el “Festival de la palabra: Por la vida y memoria de nuestros pueblos”, encuentro de dos días organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Voces Mesoamericanas, en el marco de su 30 y 10 aniversarios respectivamente. Festival de agravios, pero también de resistencias, de lucha, de creatividad, de vida frente a la muerte.

Tierra y tierrotorio, desplazamiento forzado, migración, represión, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, militarización en el conflicto armado interno, defensorxs de derechos humanos y periodistas, solidaridad y otra justicia… esos son los temas tratados en estos dos días, que reúnen las palabras de pueblos, individuos y organizaciones de muchas geografías de nuestro agraviado país.

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Foto: Comunidad zapatista en Aldama. @Luis Aguilar (Tragameluz)

Colectivo RZ, 9 de febrero, 2019.

Hoy, 9 de febrero, se cumplen 24 años del arranque de una persecución contra integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional planificada por el entonces presidente Ernesto Zedillo y su secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma Barragán. Aunque el gobierno se encontraba en negociaciones con el EZLN, se giraron órdenes de aprehensión y se movilizó al ejército para aniquilar a las comunidades zapatistas y encarcelar a su dirigencia. La traición de febrero fracasó, pero decenas de comunidades vivieron semanas de desplazamiento forzado y dolor. A estas violaciones siguieron años de ataques por parte de grupos paramilitares que resultaron en masacres como la de Acteal o El Bosque (Unión Progreso y Chavajeval), así como en el encarcelamiento de habitantes de comunidades en lucha.

Las caravanas civiles de observación que se movilizaron en días posteriores a la traición recopilaron testimonios sobre graves violaciones a derechos humanos. Una imagen en particular vuelve a nuestra memoria. Una comunidad zapatista en mitad de las cañadas de Chiapas. Las casas destruidas y abandonadas. Algunas personas acercándose con cautela a rendir testimonio. Una escuela a la que acudían niñas y niños zapatistas hecha jirones. El aula despedazada. Los libros rotos y orinados por soldados. Los cerdos hozando en el muladar. Moctezuma Barragán, uno de los principales responsables de esa barbarie, encabeza hoy la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Al día siguiente del intento de aniquilación, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondió con un comunicado en el que podía leerse: “Usted se está equivocando demasiado, con la decisión que ha tomado en contra de nosotros, usted cree que matando a los zapatistas de Chiapas o matando al subcomandante Marcos puede acabar con esta lucha, no señor Zedillo, la lucha zapatista está en todo México, Zapata no ha muerto, vive y vivirá siempre.”

En días recientes (6 de febrero, 2019), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó un Informe de la Junta de Buen Gobierno “Corazón Céntrico de los Zapatistas delante del Mundo”, con sede en Oventik, Chiapas, que documenta violaciones a derechos humanos de población perteneciente a pueblos originarios en los municipios de Aldama y Chenalhó. El informe habla de 25 personas asesinadas y 14 personas heridas. También presenta 4 videos con testimonios de bases de apoyo zapatistas sobre la situación actual.

La organización autónoma zapatista avanza. La violencia gubernamental continúa.

Reproducimos aquí la denuncia de la JBG y los videos:

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
25 de abril de 2018
Acción Urgente No. 04

El Frayba manifiesta su preocupación por el riesgo a la vida en el que se encuentran indígenas tsotsiles de comunidades de Aldama, Chiapas.(1)

Desde el pasado 15 de abril hasta la fecha se han intensificado los disparos de armas de fuego en diferentes comunidades del municipio de Aldama, de manera continua durante todo el día; lo cual ha generado un ambiente de terror en la población, por lo que varias familias se han desplazado forzadamente al monte para resguardarse de los disparos y algunas han tenido que huir a la cabecera municipal y a otros lugares.

Según la información recibida, las comunidades que en este momento se encuentran en mayor riesgo son: Koko´, Xuxchen, Cotsilman, Tabak y la cabecera municipal de Aldama. En Tabak los disparos han hecho daño a instalaciones del servicio eléctrico, por lo que la población teme quedarse sin luz aumentando el miedo. Los testigos refieren que los disparos provienen de Manuel Utrilla, Santa Marta y otras comunidades de Chenalhó que colindan con Aldama.

El Frayba considera que la situación en el municipio de Aldama y de las comunidades que colindan con Chenalhó es cada vez más crítica. Como lo hemos hecho saber la ineficacia en la intervención del Estado mexicano está ocasionando y permitiendo el crecimiento de la violencia.

Solicitamos al Estado mexicano:

Garantice la vida, la integridad y seguridad de las personas de las comunidades indígenas tsotsiles de Tabak, Koko´, Cotsilnam y de la cabecera municipal de Aldama, Chiapas.

Atender de manera urgente e integral la situación de desplazamiento de las comunidades afectadas por la violencia en Aldama, aplicando de manera inmediata los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas. Así como realizar acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones armadas en la región.

Realizar una estrategia efectiva de desarticulación, desarme, detención y sanción a los grupos civiles armados de la región, así como una investigación a fondo de las autoridades responsables de la organización y actuación de los grupos armados.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le exigimos asumir su responsabilidad como mandatario del Estado y atender de manera integral y de fondo la espiral de violencia que existe en la región, las violaciones a derechos humanos y la emergencia en la que encuentran las y los pobladores de Aldama.

Pedimos envíen sus llamamientos a:

Sr. Presidente Enrique Peña Nieto,
Residencia Oficial de los Pinos,
Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec,
C.P. 11850, Ciudad de México;
Fax: (+52) 55 5093 4901;
Correo: enrique.penanieto@presidencia.gob.mx
Twitter: @PresidenciaMX

Lic. Alfonso Navarrete Prida
Secretario de Gobernación
Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México,
C.P. 06600, México;
Fax: (+52) 55 5093 34 14;
Correo: secretario@segob.gob.mx
Twitter: @NavarretePrida
@SEGOB_mx

Luis Raúl González Pérez,
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
Edificio “Héctor Fix Zamudio”,
Blvd. Adolfo López Mateos 1922, 6°piso,
Col. Tlacopac San Angel,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01040;
Ciudad de México;
Fax: (+52) 0155 36 68 07 67;
Correo: correo@cndh.org.mx
Twitter: @CNDH

Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas,
1er Piso Av. Central y Primera Oriente,
Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056;
Extensión 21120. 21122;
Correo: secparticular@chiapas.gob.mx
Twitter: @VelascoM_
@gubernaturachis

Mario Carlos Culebro Velasco
Secretario General de Gobierno en Chiapas
Palacio De Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: (961) 61 8 74 60 Ext. 20003
Correo: secretariaparticular.sgg@gmail.com
Twitter: @Secgob_Chiapas

Gustavo Víctor Moscoso Zenteno
Coordinación de Subsecretarías de Gobierno Regionales
Palacio de Gobierno, 2o. Piso, Centro C.P. 29200 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 61 874 60 Ext. 20031

Pedro Gómez Gómez
Subsecretario de Gobierno de la Región Altos Tsotsil-Tseltal
Francisco I. Madero No. 101, Barrio Guadalupe
C.P. 29200 San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Teléfono: 01 (967) 67 465 94 Fax: 01 (967) 67 465 94

(1) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En riesgo la vida de indígenas tsotsiles de Aldama.
Acción Urgente No. 04. 22 de marzo de 2018. Disponible en: https://frayba.org.mx/accion-urgente-en-riesgo-la-vidade-indigenas-tsotsiles-de-aldama/ y Bases de Apoyo Zapatista en riesgo de desplazamiento forzado. 27 de marzo de 2018. Disponible en: https://frayba.org.mx/bases-de-apoyo-zapatistas-en-riesgo-de-desplazamiento-forzado/

Foto: Tabak, marzo 2018. (Carlos Ogaz)

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A 23 años de la ejecución de Gilberto Jiménez Hernández y 20 años de la ejecución de José Tila López García

El Estado mexicano garantiza impunidad en violaciones a derechos humanos cometidas por militares y por paramilitares, en territorios de pueblos originarios ocupados militarmente, como parte de una política contrainsurgente cuyo objetivo ha sido eliminar la resistencia zapatista y otros proyectos de organización autónoma. En el contexto de la estrategia diseñada e implementada desde el Plan de Campaña Chiapas 94, el Ejército mexicano provocó crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad.

El 18 de febrero de 1995 inició la incursión militar en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, al día siguiente las familias se desplazaron forzadamente a la montaña por miedo, la mayoría eran mujeres, niñas, niños y personas mayores. El 20 de febrero, la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería compuesta por 54 soldados llegó al refugio de la población desplazada donde se encontraba Gilberto Jiménez Hernández con su esposa y sus diez hijos. Mientras buscaba refugio, un militar le ordenó detenerse, él se tendió en el piso pero el soldado Abner García Torres “sin ningún aviso ni motivo, le disparó, sin importar que Gilberto llevara a su hija en la espalda, desde una distancia aproximada de ocho metros.”

El 30 de noviembre de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó la responsabilidad del Ejército mexicano en la ejecución extrajudicial del campesino, indígena tseltal, Gilberto Jiménez Hernández (conocido como Caso La Grandeza) y recomendó al Estado mexicano investigar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos “considerando el daño a los familiares, así como los efectos comunitarios, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94.”[1]

El Informe de la CIDH significa el reconocimiento de una política genocida en contra de los pueblos originarios en Chiapas y es un avance para garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, en la exigencia de no repetición. Dignifica la persistente acción en demanda de justicia por parte de los familiares de Gilberto Jiménez Hernández, testigos directos de la ejecución extrajudicial.

Sin embargo, el caso La Grandeza se encuentra en la impunidad, las acciones del Ejército mexicano han sido encubiertas deliberadamente. No ha habido una investigación adecuada, imparcial y efectiva de los hechos por parte de las instituciones de procuración de justicia civil. Se llevó el proceso jurídico en la misma instancia militar que cometió la violación a derechos humanos y los responsables no han sido sancionados.

Es preciso señalar que la violencia directa respondía a una lógica de guerra en contra de la población civil. En la zona norte de Chiapas el gobierno mexicano formó grupos paramilitares responsables de violaciones a derechos humanos, que actuaban con la omisión y permisividad del Ejército, como parte del Plan de Campaña Chiapas 94, un documento firmado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Otro crímen de lesa humanidad es la ejecución extrajudicial de José Tila López García2, indígena chol, el 21 de febrero de 1998, en la zona baja de Tila, por integrantes del grupo paramilitar3 Organización Desarrollo Paz y Justicia. José Tila fue ejecutado cuando regresaba de denunciar la violencia generalizada en la región ante la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH). Su caso es conocido por la Relatoría Especial para Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de la Organización de las Naciones Unidas.

En este contexto, la Ley de Seguridad Interior es un instrumento más para el ciclo de violencia y corrupción generado desde las estrategias de contrainsurgencia creadas por el Estado y ejecutadas por el Ejercito mexicano. La Ley permite el uso “legitimo” del Ejército mexicano para actuar en el ámbito de seguridad desde una lógica de guerra. La experiencia histórica en Chiapas refiere que la militarización genera violaciones a derechos humanos y mantiene la impunidad en crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales de Gilberto Jiménez Hernández y José Tila López García.

La actuación del Ejército mexicano, en “apoyo” a las tareas de seguridad pública, responde a la criminalización de las personas y organizaciones sociales que luchan por los derechos humanos, legitima las injusticias cometidas en el pasado por militares y es un riesgo actual para las luchas por la autonomía y en defensa de sus territorios.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
20 de febrero de 2018

Boletín No. 06

[1] Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/16 publicado el 17 de abril de 2017 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2016/mxpu11564es.pdf

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Fuente: Comunicación Frayba

A las ocho de la noche del día 09 de enero de 2018, obtuvieron su libertad nueve personas, integrantes de La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal que se encontraban en injusta detención, en la cárcel comunitaria de Río Jordán, colonia Miguel Utrilla, Los Chorros, en Chenalhó.

En la tarde de ayer, 22 mujeres de Las Abejas de Acteal realizaron una peregrinación en exigencia de la libertad de José Vázquez Entzin, Oscar Hernández Gómez, Ignacio Pérez Pérez, Eusebio López Guzmán, Martín Gómez Pérez, Manuel Ortiz Gutiérrez, Mario Hermilo Pérez Sántiz, Antonio Ramírez Pérez y Sebastián Guzmán Sántiz.1 Posterior a esta acción civil y pacífica, las autoridades comunitarias de Los Chorros liberaron a quienes privaron arbitrariamente de su libertad.

Los liberados se reunieron con su organización en Acteal. En el sitio sagrado, realizaron un rezo y un acto de bienvenida. José Vázquez Entzín agradeció que no los dejaron solos y reiteró su compromiso en la organización colectiva. Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre de Acteal, destacó que fueron las diversas acciones pacíficas por las que se logró la libertad de las 9 personas.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C reiteramos que la Privación Arbitraria de la Libertad es una violación de derechos humanos; mantenemos la exigencia de no repetición, cese al hostigamiento a Las Abejas de Acteal y respeto a su autonomía. Agradecemos la solidaridad nacional e internacional, a quienes con sus llamamientos al Estado mexicano contribuyeron en el camino de la justicia en Chiapas.2

Frayba reconoce el proceso organizativo de Las Abejas de Acteal en la construcción de Otra Justicia y autonomía. Son 25 años de afrontar estrategias para destruir su tejido comunitario, pero también 25 años de ser emblema de paz.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
10 de enero de 2018

Boletín No. 01

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Conferencia de prensa:
NO A LA MINERÍA

Fecha y hora: Martes 26 de septiembre de 2017;  11:00 horas

Participa: Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” de Chicomuselo, Chiapas
Modera: Frayba
Lugar: Sala de juntas del Museo de la Ciudad, Av. Central Poniente #288, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas (La entrada es por el estacionamiento sobre la 2 poniente)

Transmisión en vivo por: https://www.facebook.com/FraybaDerechosHumanos/

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Reunidos en la comunidad La Candelaria, municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, convocados por la Pastoral de la Madre Tierra de la Diócesis de San Cristóbal, los días 19,20 y 21 de septiembre de 2017, celebramos el Encuentro Amemos, Cuidemos y Defendamos Nuestra Casa Común (Nuestra Madre Tierra), analizamos la realidad que estamos viviendo en nuestras comunidades, compartimos experiencias de lucha y resistencia ante los grandes proyectos que vienen de arriba, empeñándose en destruir nuestra vida y nuestra Madre Tierra.

Declaramos

Que nuestro corazón comparte el dolor, la fuerza y la esperanza con aquellos que hoy sufren la expresión de dolor de nuestra Madre Tierra y hermana creación. Nos solidarizamos y acompañamos con un abrazo amoroso a nuestras hermanas y hermanos de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Morelos, Estado de México y la Ciudad de México, quienes viven momentos de sufrimiento por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, que Dios Padre-Madre, Corazón del Cielo – Corazón de la Tierra, les llene de vida y esperanza.

Nos congregamos, iluminados con la palabra de Dios, en seguimiento a los acuerdos del Congreso Pastoral de la Madre Tierra, realizado en enero de 2014 en el marco de la conmemoración del 40 aniversario del Congreso Indígena de 1974 y, actualmente, con la Encíclica Laudato Si’ del Papa Francisco, quien nos convoca a defender nuestra Madre Tierra ante la destrucción y el despojo que el sistema capitalista ejerce. Por eso nos encontramos diferentes parroquias y organizaciones para unir nuestras luchas y encontrar alternativas para cuidar y defender nuestra Casa Común.

Reafirmamos que nos mantendremos en pie de lucha e intensificaremos nuestras acciones  para la defensa de nuestros territorios, identidad, cultura y autonomía.

Reconocemos la experiencia de nuestras hermanas y hermanos que ya están trabajando en el cuidado de nuestra Madre Tierra, a través del trabajo comunitario y organizativo con acciones de agroecología, técnicas comunitarias, medicina tradicional y otras iniciativas que no la dañan.

Denunciamos el aumento de actos de injusticia, discriminación, persecución, represión, despojo y exterminio por parte del capitalismo, en contra de nuestros pueblos originarios; como lo sufren las hermanas y hermanos del municipio de Chicomuselo frente a las mineras; nuestras hermanas y hermanos que luchan desde la Parroquia de San Marcos en el municipio de Acacoyagua, específicamente en los ejidos La Libertad y Cacao, donde ya comenzaron las perforaciones mineras, y donde la contaminación, destrucción y enfermedades ya están presentes. Nos solidarizamos con las hermanas y hermanos del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra, con Chicoasén frente al despojo por represas hidroeléctricas; con el Pueblo Creyente de Simojovel frente a la violencia ejercida por el crimen organizado. Asimismo, denunciamos que a 20 años de cometida la Masacre de Acteal, los autores intelectuales y materiales no han sido investigados ni castigados por este crimen de lesa humanidad y el caso se encuentra en la impunidad. Denunciamos también que en vísperas de celebrarse tres años de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa el gobierno no ha solucionado su reaparición, que hay negligencia e incapacidad para la implementación de las alertas de género ante los crecientes feminicidios. Vemos claro el desprecio e indiferencia por parte del Estado mexicano hacia el pueblo. Rechazamos las reformas estructurales que legalizan el despojo de nuestras tierras y agua.

Celebramos el caminar del Pueblo Creyente que mantiene su experiencia de organización a través de las parroquias con diversas comunidades vinculadas a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Celebramos también la iniciativa del Congreso Nacional Indígena para la conformación del Consejo Indígena de Gobierno y la nominación de una mujer como su vocera: María de Jesús Patricio Martínez. Desde aquí lanzamos nuestra consigna de ¡Ya Basta! No seguiremos permitiendo la destrucción de nuestros territorios, no permitiremos la construcción de los megaproyectos como autopistas, presas hidroeléctricas, minas y todo aquello que privatice nuestra tierra y agua.

Mujeres y hombres, reafirmamos nuestra fe y compromiso de cuidar nuestra Madre Tierra y producir nuestros alimentos sin afectarla. Hacemos un llamado a la sociedad civil para que se organice y defienda nuestra Casa Común.

¡¡¡Hoy decimos que la vida sigue y la organización de los pueblos se mantiene!!!

¡¡¡No a la minería, no a las represas, no a la explotación de hidrocarburos, no a la mercantilización  y privatización del agua!!!

!!!No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tendremos miedo nunca más, quiero que mi país sea feliz con amor y libertad!!!

Comunidad La Candelaria.

 municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

a 21 de septiembre de 2017.

Firmantes

Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Misión de Bachajón

Parroquia de Santo Domingo, Tzimol

Parroquia Santo Domingo de Guzmán, Palenque

Parroquia de San Fermín, Independecia

Parroquia de San Antonio de Padua, Simojovel

Parroquia de San Juan Evangelista, Cancuc

Parroquia de San Ildefonso, Tenejapa

Parroquia de San Jacinto de Polonia, Ocosingo

Parroquia de Guadalupe, SCLC

Parroquia San Ramón, SCLC

Parroquia de San Juan Bautista, Nuevo San Juan Chamula

Parroquia Nuestra Señora de Fátima, SCLC

Parroquia de San Pedro y San Pablo, Chicomuselo

Parroquia de San Pedro, Chenalho

Misión de Guadalupe, Comitán

Parroquia San Juan Diego, SCLC

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Huitiupán

Parroquia de San Andrés Apóstol, Larrainzar

Parroquia de San Bartolomé, Venustiano Carranza

Parroquia de Santa Catarina, Pantelhó

Parroquia de José y María, Zamora Pico de Oro

Parroquia de San Pablo, Chalchihuitán

Parroquia de San Agustín, Teopisca

Parroquia de Santo Tomas, Oxchuc

Parroquia San Juan Bautista, Chamula

Parroquia San Lorenzo, Zinacantán

Parroquia Santo Domingo, Comitán

Parroquia Señor del Pozo, Comitán

Parroquia San Miguel Arcangel, Villa Las Rosas

Parroquia de San Miguel, Huixtán

Parroquia de Santo Niño de Atocha, Frontera Comalapa

Parroquia La Asunción, Soyatitán

Parroquia Santa Cruz, Socoltenango

Parroquia San Fernando de Guadalupe, Salto de Agua

Área de Salud, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Pastoral de la Madre Tierra, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Parroquia del Señor del Pozo, Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez

Parroquia de San Sebastián Mártir, Diócesis de Tapachula

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC

Comisión de Apoyo a la Unidad y la Reconciliación Comunitaria, AC

Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC

Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, AC

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC

Instituto de Estudios e Investigación Intercultural, AC

Red de Acompañamiento a la Madre Tierra

Red Ecuménica de Chiapas

Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruíz”

Este encuentro fue acompañado por la Observación Internacional de:

 Servicio Internacional por la Paz (SIPAZ)

Movimiento Sueco por la Reconciliación (SWEFOR)