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Desplazamiento forzado

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Radio Zapatista

(Español) Regresan familias desplazadas pertenecientes a Las Abejas de Acteal a Río Jordán, Los Chorros, Chiapas

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Ayer, 20 de mayo de 2021, regresaron a sus hogares en el barrio Río Jodrán de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros, Chiapas, las seis familias pertenecientes a la organización civil Las Abejas de Acteal desplazadas hace casi dos años. De la sede en Acteal salió la caravana compuesta por los más de 30 miembros de las familias, decenas de miembros de Las Abejas, el Coro de Acteal, observadores de derechos humanos y periodistas de medios libres. Con ellos viajaba también el dolor y la indignación por las muchas vejaciones sufridas antes del desalojo, la destrucción y saqueo de sus viviendas y la muerte de dos bebés a causa de las condiciones del desplazamiento forzado: Angélica Jiménez Ramírez, de 11 meses, y María del Carmen, de apenas 3 meses de edad.

En el transcurso de la mañana llegó la caravana a la comunidad de Guayabal. De allí, la procesión continuó a pie hasta la casa semidestruída de una de las familias desplazadas en Río Jordán, donde se celebró el retorno, en un acto emotivo que simbolizó la larga lucha por lekil chapanel, la justicia verdadera que nunca llega pero la cual Las Abejas de Acteal continúa buscando por medios siempre pacíficos.

La historia de las mútliples violaciones a los derechos de las familias y su eventual desplazamiento es reflejo fiel de las políticas contrainsurgentes del Estado mexicano, la impunidad otorgada a los grupos paramilitares u oficialistas y el uso de proyectos y recursos gubernamentales para dividir a las comunidades y acabar con la organización y la resistencia.

El conflicto inició en 2015, cuando tres familias de Las Abejas rechazaron en asamblea un proyecto gubernamental de drenaje, argumentando que, por un lado, ellos no lo utilizarían, pues contaban con baños secos que evitan la contaminación ambiental, y por otro, porque estando en la resistencia no aceptan proyectos de gobierno. Por otro lado, un tiempo después se les intentó obligar a asumir cargos para la gestión de una clínica de salud que sólo atendía a quienes recibían apoyos de gobierno por medio del programa Prospera (ve la denuncia aquí), a pesar de que existía el acuerdo previo de que sólo se impondrían dichos cargos a quienes hicieran uso de la clínica.

A partir de entonces el conflicto fue escalando, con la aplicación de multas, detención arbitraria, cortes de luz y de agua y amenazas de todo tipo, denunciadas en diversas ocasiones tanto por Las Abejas como por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En 2018, las autoridades de Río Jordán detuvieron a José Vázquez, presumiblemente por no tener derecho de usar el camino de la comunidad. Cuando una delegación de diez personas de Las Abejas llegó para revisar su estado de salud y ofrecerle apoyo emocional, los ocho hombres de la delegación también fueron detenidos. Fue la determinación y el valor de 22 mujeres, 13 de ellas sobrevivientes de la masacre y cuatro con bebés en brazos, que, tras una acción pacífica, logró la liberación de los detenidos. Finalmente, el 10 de agosto de 2019, las seis familias fueron desplazadas violentamente, destruyendo sus hogares y saqueando sus pertenencias.

En todo el proceso, las autoridades municipales fueron omisas o abiertamente cómplices con los agresores. Es importante resaltar que, como lo ha denunciado múltiples veces Las Abejas, Los Chorros es la cuna de los paramilitares que cometieron la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Y es allí a donde regresaron algunos de ellos después de su indignante liberación por la Suprema Corte de Justicia en 2010, entre ellos Víctor López López, uno de los reconocidos autores materiales de la masacre y uno de los instigadores de las agresiones a las familias de Las Abejas.

Es la persistente resistencia por vías pacíficas y la inquebrantable fe de Las Abejas de Acteal lo que logró finalmente el retorno de las familias desplazadas, tras intensas negociaciones con autoridades locales, municipales y estatales. En el acuerdo que se firmó con las autoridades de Río Jordán el día de ayer, se estableció que las familias aceptarían las obras de drenaje, pero no asumirían cargos en la clínica.

Como afirmó el Frayba en el boletín leído durante la celebración, el retorno se da en condiciones difíciles de violencia y desplazamiento forzado en Chiapas, en particular en los municipios de Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó y Venustiano Carranza. Esta victoria de la lucha pacífica contra la violencia y la impunidad es una pequeña luz de esperanza en la búsqueda de la justicia por medio del diálogo y la paz.

Palabras de Las Abejas de Acteal.
Palabras del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

 

 

 

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Electronic Intifada

Gaza in the dark after Israel bombs power lines

Maureen Clare Murphy

Landscape view of a massive fireball over a city skyline at night
Israeli warplanes hit the Gaza Strip early 17 May. Ashraf AmraAPA images

Human rights groups are calling for an urgent investigation by the International Criminal Court as Israel’s merciless pounding of Gaza enters its second week.

More than 200 Palestinians in the Strip have been killed since last Monday, including 60 children and 34 women, according to Al Mezan, a human rights group based in the territory.

Three of the women were pregnant when they were killed, according to the UN’s human rights office.

The fatality count is expected to rise as people remain under the rubble and unaccounted for two days after heavy airstrikes on residential areas of Gaza City overnight Saturday.

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EJMagnier blog

(Español) La última palabra en Palestina la tendrá quien aguante más

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Elijah J. Magnier

Los extraordinarios enfrentamientos entre los palestinos e Israel son una prueba de una situación paradójica que no acabará pronto. El enfoque israelí de lo que está ocurriendo parece formal y engañoso. El jefe del Estado Mayor israelí, Aviv Kochavi, dijo: “Hamás no ha evaluado adecuadamente la gravedad de nuestra respuesta, ya que la Franja de Gaza se enfrenta a una enorme intensidad de ataque que no se ha visto hasta hoy”.

Tel Aviv reveló que había bombardeado más de 1 mil 500 objetivos y destruido decenas de edificios en la asediada ciudad de Gaza. Sin embargo, Israel nunca se dio cuenta de que los grupos de resistencia palestinos habían introducido nuevos misiles de largo alcance y habían aumentado significativamente la potencia de fuego, con un ritmo de más de 150 cohetes disparados a diario y simultáneamente. Los palestinos registraron más de 100 edificios alcanzados en Israel, y Gaza introdujo una nueva amenaza al lograr bombardear desde el primer día Jerusalén y Tel Aviv.

Se trata de un cambio fundamental en las reglas de enfrentamiento, de bombardear gradualmente y evitar bombardear Tel Aviv, que el Eje de la Resistencia está acostumbrado a observar. Por primera vez se lanzaron nuevos misiles, uno bajo el nombre de “Al-Qasim” (llamado así por el comandante iraní Qassem Soleimani, responsable del suministro de armas a los palestinos), de 400 kilogramos, y el otro misil, “Ayyash” (llamado así por “Yahya Ayyash”), con un alcance de 250 kilómetros.

Khaled Meshaal, representante de Hamás en el extranjero, no dudó en afirmar que “la resistencia se ha beneficiado de Irán, de sus misiles y de su experiencia, y las organizaciones de Gaza se han beneficiado del contrabando de armas y de tecnología militar”.

La operación israelí “Guardián de los Muros” fracasó frente a la “Espada de Jerusalén” palestina a la hora de introducir una nueva ecuación de disuasión. Como en todas las guerras, Israel consiguió destruir instalaciones, tierras agrícolas, edificios civiles, bancos, vías públicas y edificios para los medios de comunicación locales y extranjeros. Esto indica que la resistencia palestina ha logrado reducir el banco israelí de objetivos altamente sensibles, como solía ocurrir en guerras pasadas. La incapacidad israelí para determinar la ubicación de los lanzadores de cohetes y el paradero de los altos mandos militares significa que las instituciones civiles son ahora el objetivo predilecto de Israel.

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Centro de Derechos Humanos FrayBa

(Español) La CIDH otorga medidas cautelares a favor de 12 comunidades tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas, México

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• El Estado mexicano debe garantizar la seguridad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia en las comunidades.

El 23 de abril de 2021, en su resolución 35/2021,¹ la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medida cautelar a favor de 12 comunidades indígenas tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas, México, obligando al Estado mexicano que adopte las medidas de seguridad necesarias y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de las personas, garantizar su seguridad al interior de sus comunidades, y durante sus desplazamientos, con miras a prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada en su contra por parte de terceros.

La medida cautelar protege a las comunidades Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxton, Tselejpotobtic, Yeton, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera municipal de Aldama. La CIDH realizó un amplio estudio de la información proporcionada tanto de los peticionarios como del propio Estado mexicano, observando que “si bien se han implementado diversas medidas de protección a favor de los habitantes de la zona, las mismas no han permitido mitigar la situación de riesgo”. Hasta el día de hoy “los habitantes de las comunidades identificadas no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café”.

En los últimos tres días, los disparos han provenido de los puntos de ataque El Colado Fracción Aktik 2, Telemax, Telesecundaria Santa Martha, Ontik y Tokoy hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Yeton y Coco. Según el reporte de los Representantes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama, el 1 de mayo de 2021, aproximadamente las 15:09 horas, los disparos de alto calibre salieron del punto de ataque Telemax Santa Martha, Chenalhó, hacia un vehículo que transitaba de la comunidad de Tabac a San Pedro Cotzilnam, en que viajaban niñas, niños y mujeres mientras regresaban de su trabajo.

El día de hoy aproximadamente las 02:19, se reportó nuevos disparos de armas de fuego hacia vehículos y personas que transitan por el camino de Tabac a San Pedro Cotzilnam, dichos disparos provienen del punto de ataque Telemax en Santa Martha, Chenalhó.

Estos ataques se mantienen debido a que el Estado mexicano no ha desarmado y desarticulado el grupo agresor, no ha realizado una investigación eficaz para identificarlos ni mucho menos la relación con funcionarios públicos o la delincuencia organizada. Además de la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios creando un clima de incertidumbre permanente para los habitantes.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reitera su preocupación por el riesgo que existe en las 12 comunidades del municipio de Aldama, debido a que los ataques con disparos de armas de fuego continúan y hasta el momento el Estado mexicano no ha dado señales para concertar las medidas a adoptarse como lo marca la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.

El Frayba celebra la decisión de la CIDH y exhorta al Estado mexicano el cumplimiento inmediato de las medidas para garantizar los derechos humanos de las personas, así como investigar, desarmar, desarticular y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas a las 12 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas.

¹ CIDH. Resolución No. 35/21, MC 284-18 – Familias indígenas tsotsiles de doce comunidades del Municipio de Aldama, Chiapas, México. Disponible: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_35-21_mc_284-18_mx_es.pdf

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
3 de mayo de 2021
Boletín No. 6

Lee el boletín aquí: CIDH otorga medidas cautelares a favor de comunidades de Aldama

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Concejo Regional Indígena del Cauca

(Español) Cauca | La guerra y la paz contra la liberación de la Madre Tierra

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Mientras Juan Manuel Santos dicta conferencias de paz en todo el mundo, la comunidad liberadora de la Madre Tierra seguimos soportando la guerra.

La noche del martes 6 de abril, a eso de las 7 y 40 de la noche, una vez más un grupo armado hostigó el puesto de policía ubicado en la casa de La Emperatriz, finca ubicada en el municipio de Caloto, al suroccidente de Colombia, y desde hace seis años territorio en proceso de liberación de la Madre Tierra.

El grupo armado lanzó dos bombas de alto poder explosivo, cuya onda expansiva se sintió en las veredas vecinas. Después sonaron disparos.

La respuesta de la policía fue disparar hacia los cambuches (ranchos de plástico) de la comunidad liberadora, que fueron impactados por las balas, igual como sucedió en el hostigamiento del 25 de marzo. Nadie de la comunidad resultó herido.

La policía fue ubicada allí por el estado colombiano como una tranca contra el proceso de liberación. En otras fincas en liberación, ha ubicado bases militares.

Los actos de guerra del posconflicto en los que la comunidad liberadora de 13 fincas en liberación en el norte del Cauca queda en medio del fuego cruzado se han vuelto el pan de cada día.

Paralelamente, Santos da cursillos de paz, Duque mueve sus fichas en el tablero del norte del Cauca y anuncia una base militar en La Emperatriz. Los industriales de la caña ofrecen proyectos o mano dura.
Su guerra, su paz. Oferta falaz.

No jugamos su tramposa guerra.
¿Paz? La libertad de la Madre Tierra.

Proceso de liberación de la Madre Tierra
Norte del Cauca, Colombia.

 

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(Español) Se registraron más de 40 ataques hacia las comunidades de Aldama

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  • Con presencia de la Guardia Nacional y policías estatales, habitantes tostsiles de Aldama bajo ataques de armas de fuego

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), ha recibido información de la Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, Chiapas, México; que durante los días 20 y 21 de marzo 2021, las comunidad de Aldama han sido agredidas con disparos de armas de fuego de alto calibre provenientes de distintos puntos ubicados en Santa Martha-Miguel Utrilla, municipio de Chenalhó, Chiapas, actos provocados por el grupo paramilitar en complicidad con el gobierno municipal.

Las agresiones armadas en contra de la población maya tsotsil de Aldama no ha cesado, desde noviembre de 2020, en donde el Frayba registró el mayor indice de ataques, a la fecha, los ataques armados han continuado hacía la población que vive sometida en un contexto de terror, donde la niñez, las mujeres y la población en general sobreviven en un ambiente torturante. Las acciones gubernamentales han sido insuficientes, ineficaces y simuladas ya que no garantizan la seguridad e integridad a la población.

El 20 de marzo de 2021, a partir de las 14:00 horas, habitantes de las comunidades Stzelejpotobtic, Coco, Juxton, Yeton, San Pedro Cotzilnam y Tabac recibieron 21 ataques de armas de fuego hasta las 23:30 horas, fueron más de 9 horas de agresión. La comunidad de Stzelejpotobtic recibió 11 ataques armados. Los disparos provenían de los puntos: K’ante’, Pajaltoj, Tok’oy-saclum, Puente Caridad, Vale’tik, Chuch te’, El Puente y T’elemax, municipio de Chenalhó.

El 21 de marzo de 2021, de las 10:00 a 21:00 horas, habitantes de las comunidades de Ch’ivit, Yeton, Tabak, Coco y Xuxch’en vivieron 9 ataques con armas de fuego. Además, trabajadores de una compañía que se encuentran laborando en el tramo carretero Tabac-San Pedro Cotzilnam, estuvieron bajo ataque. Mientras ocurrían las agresiones armadas, la Guardia Nacional y Policía Estatal Preventiva se encontraban del lado de Santa Martha-Miguel Utrilla, Chenalhó. Los las agresiones provenían de los puntos de ataque El Ladrillo que se encuentra dentro de las 60 hectáreas en disputa, además de Vale’tik, T’elemax, Tojtic, Slumka y Yocventana, Santa Martha.

El Frayba manifiesta su preocupación por los hechos de agresión armada que vive constantemente la población del municipio de Aldama. Estos hechos, forman parte de una persistente violencia con impactos psicológicos que ya vive la población y lleva a una fractura profunda del tejido social.

Urgimos al Estado mexicano que investigue, identifique y sanciones al grupo paramilitar de Santa Martha, Chanalhó, y ponga de una vez fin a la violencia contra las comunidades de Aldama.

Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional a que firmen esta llamado urgente disponible en la página www.frayba.org.mx y le escriban a las autoridades mexicanas a fin de que se comprometan a implementar medidas más apropiadas que garanticen la vida, la seguridad e integridad física y psicológica de la población en constante asedio.

Se registraron más de 40 ataques hacia las comunidades de Aldama.

LEE LA PETICIÓN

 
 

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

22 de marzo de 2021
Acción Urgente No. 02

Se registraron más de 40 ataques hacia las comunidades de Aldama.

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Avispa Midia

(Español) Organizaciones denuncian estrategias de contrainsurgencia de la 4T hacia los zapatistas

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Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el modelo de contrainsurgencia en Chiapas “es más cínico, al estar violando derechos humanos, acuerdos, tratados y pactos nacionales e internacionales usando una supuesta legitimidad electoral para hacer el mismo trabajo criminal de los anteriores”, sentencia el segundo informe de la Caravana de Solidaridad y Documentación, formada por decenas de organizaciones, redes y colectivos.

El documento es resultado del registro en las visitas a las comunidades zapatistas realizadas durante octubre del 2020 a febrero del presente año. En él, subrayan que en Chiapas la guerra de contrainsurgencia desde la “cuarta transformación” no solo sigue en práctica, sino que se expresa de distintas maneras, en lo económico, político, agrario, psicológico y militar-paramilitar.

“La estrategia está siendo articular varias tácticas que van desde una campaña informativa de desprecio y desprestigio hacia el EZLN íntimamente relacionadas con la presencia de la Guardia Nacional y grupos armados, la ejecución de megaproyectos y programa de descampesinización como ‘Sembrando Vida’ y el hostigamiento a miembros del CNI (Congreso Nacional Indígena). Teniendo como objetivo una avanzada que consiste en despojar de la tierra recuperada a los pueblos zapatistas”, denuncia el informe.

Entre las principales afectaciones a la vida de las comunidades BAEZLN, se considera el impedimento para sembrar y cosechar sus alimentos, la constante vigilancia y hostigamiento, principalmente a mujeres, además de la destrucción de infraestructura para la realización de los trabajos colectivos en hortalizas, tierras de sembradío y ganado.

En el informe presentado el 11 de noviembre del 2020, las y los integrantes de la Caravana de Solidaridad y Documentación identificaron siete mecanismos de violencia de la guerra integral de desgaste hacia los pueblos zapatistas.

Éstos son: 1) Invadir tierras y destruir la Madre naturaleza; 2) Cercamiento con alambrados y ambiente de balazos; 3) Violentar el derecho al acceso al agua; 4) Provocar el hambre; 5) Destruir la economía autónoma; 6) Violencia de difamación, calumnia y desinformación y 7) Mecanismos de Violencia hacia los cuerpos-territorios de las Mujeres.

Para el periodo de diciembre del 2020 a febrero del 2021, el informe identifica cuatro de ellos a continuación.

1) La modalidad de dominio y terror que adquiere el despojo frente a la impunidad de los tres niveles de gobierno hacia los grupos invasores ha llevado a que las familias zapatistas abandonen sus casas y se concentren en un espacio de resguardo seguro; las familias han quedado encapsuladas en tres cuartos de hectárea, ahí siguen resistiendo desde el trabajo colectivo de la carpintería, la clínica, la escuela, tienda, iglesia.

2) El desgaste psicosocial para las mujeres es cada vez mayor. Situación que las coloca en un estado de vulnerabilidad al no poder transitar libremente y estar bajo intimidación permanente por parte de líderes invasores

3) Como consecuencia vemos la conversión del territorio común a propiedad privada. Invadir, cercar y parcelar la tierra recuperada para generar terror y desánimo una vez que transforman todos los espacios vitales-elementales para la reproducción de la vida comunitaria y autónoma en espacios exclusivos de propiedad privada donde la relación hacia la Madre naturaleza cambia a su uso como mercancía.

4) Nuevos terratenientes líderes. Los catequistas, ex policías y propietarios de tierras ofrecen tierras recuperadas a personas ajenas a la comunidad, ponen a la venta la tierra en paralelo a la continuidad de la difamación, calumnia y desinformación acerca del proyecto de vida y la forma organizativa autónoma de los pueblos zapatistas.

Agresiones a Nuevo San Gregorio

En una conferencia de prensa para acompañar la publicación del informe, organizaciones y colectivos defensores de derechos humanos presentaron testimonios y denuncias de familias bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), sobre las agresiones a su comunidad Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas.

En contexto ⇒ Chiapas: Ante agresiones, bases de apoyo del EZLN interrumpen labores de siembra

“Llevamos casi ocho días aquí, secuestrados en un solo lugar, ahora sí. Las familias que tenemos nuestras casitas, nuestros animales o lo que tenemos cada persona, cada familia, pues ahorita está abandonado”, refiere un testimonio recabado el 7de febrero del presente año, luego que las agresiones escalaron hasta obligar que familias zapatistas abandonaran sus hogares.

Los responsables de la violencia son identificados por las BAEZLN como “Los 40 invasores”. Dicho grupo se conforma de personas que provienen de los ejidos San Gregorio Las Casas, San Andrés Puerto Rico, Ranchería Duraznal y Rancho Alegre e incluso algunos de sus integrantes tienen cargos ejidales y eclesiales, además de ser propietarios de tierra en sus ejidos.

Entre los líderes se identifica a Nicolás Pérez Pérez, ex regidor del PRD en el municipio de Huixtán durante los años del 2008 al 2010; Sebastián Bolom Ara, ex funcionario de Huixtán durante el mismo periodo, además de Pedro Hernández Gómez, ejidatario en San Gregorio Las Casas; y Javier Gómez Pérez, ejidatario en la Ranchería Duraznal.

“A inicios del mes de febrero, el grupo de ‘Los 40 invasores’, equipados con machetes, cuchillos, macanas, radios de comunicación, binoculares y celulares montan guardias en varias posiciones: en los diferentes terrenos y espacios de trabajo de la comunidad, en la carretera, en el acceso al manantial y frente al centro de la comunidad. Uno de los invasores, Miguel Bolom Ara, se viste de policía mientras vigila a las familias zapatistas que, para evitar cualquier tipo de enfrentamiento, se han concentrado en el centro del poblado”,

DETALLA EL INFORME SOBRE LOS AGRESORES.

Las organizaciones sociales enfatizaron que la intención de las agresiones es el despojar de las tierras a las BAEZLN. Cabe destacar que hace un año y tres meses el grupo de ‘Los 40 invasores’ llegó al poblado de Nuevo San Gregorio y entre sus integrantes se encuentran ex policías del municipio de Huixtán.

Autonomía

El poblado Nuevo San Gregorio, ubicado en tierras recuperadas por el EZLN cuenta con una extensión de 155 hectáreas, incluyendo el casco de la ex hacienda llamada “Casa Grande” y pertenece al Caracol 10 “Floreciendo la Semilla Rebelde”.

A través de 27 años, la comunidad ha conseguido fortalecer distintos trabajos vitales para su proceso de autonomía, tales como proyectos de agroecología, salud, alimentación, educación, justicia y economía.

Para ello, las BAEZLN han realizado múltiples trabajos colectivos, que van desde la administración de una tienda de abarrotes, hasta la producción y venta de artesanías, alfarería, carpintería, ganado, hortalizas, árboles frutales y medicinales.

“Se vive una vida digna desde el ejercicio de los pueblos en resistencia-rebeldía que construyen autosustento con trabajo colectivo para una vida saludable e integral, donde las familias ejercen el derecho a una alimentación y salud equilibrada y equitativa. Los ríos y lagunas no están contaminados, los suelos están sanos, las montañas, los bosques, selvas y ceibas siguen de pie, las mujeres, jóvenes, niños y niñas ensayan arte, cultura, educación. Los pueblos deciden sus formas de autogobernarse”, refiere el informe sobre el modo de vida zapatista que se encuentra bajo asedio constante.

*

Las organizaciones visitaron la comunidad de Nuevo San Gregorio para recopilar las denuncias, lo cual les permitió atestiguar “la impunidad, la complicidad de este régimen que está siendo ejecutado por parte de los tres niveles de gobierno”, afirmó Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas.

Leer también ⇒ Paramilitares vuelven atacar a bases zapatistas, denuncian organizaciones

Entre las organizaciones integrantes de las caravanas de solidaridad y documentación están: Centro de Derechos de la Mujer Chiapas A.C., Colectivo Anarcista El Pueblo (Grecia),  Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C., Desarrollo Tecnológico y Servicios Comunitarios El Puente, S.C., Enlace Civil, A.C., Espacio de Lucha Contra el Olvido y la Represión, Grupo de trabajo No Estamxs Todxs, Lumaltik Herriak, Médicos del Mundo, Suiza-México, Memoria Viva, Promedios de Comunicación Comunitaria A.C., Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq,  Salud y Desarrollo Comunitario, A.C.,BIZILUR y TxiapasEKIN Plataforma.

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(Español) Brigadas Civiles de Observación en la comunidad autónoma Nuevo San Gregorio

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Estado mexicano omiso ante agresiones a Bases de Apoyo Zapatistas.

El día de hoy, 03 de marzo de 2021, se instalaron las Brigadas Civiles de Observación (BriCO), en la comunidad Nuevo San Gregorio, del municipio Autónomo Rebelde Zapatista Lucio Cabañas1 (municipio oficial de Huixtán, en Chiapas, México). El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas ha documentado la omisión del Estado mexicano que agrava la situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad de la población de esta región. La presencia de observadoras/es nacionales e internacionales tiene como objetivo monitorear violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia generalizada.

  Desde noviembre de 2019, un grupo de personas realizan intimidaciones y amenazas a Bases de Apoyo Zapatista. Los agresores invadieron parte de las tierras recuperadas de Nuevo San Gregorio, cercándolas con alambre de púas, quemaron el potrero, cortaron arboles frutales, han roto varias veces la tubería de agua, destruyeron hortalizas y el jardín de plantas medicinales. La presencia de este grupo ha dificultado a seis familias la siembra de cultivos. Además las mujeres sufren acoso y afrontan vulnerabilidades al realizar sus actividades cotidianas. Las acciones de violencia se han intensificado a partir del día 1 de febrero de 2021.

Las BriCo es un programa coordinado por el Frayba desde 1995 e implementado en diferentes comunidades de Pueblos Originarios en Chiapas. La observación de derechos humanos se apega a lo estipulado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, que ha sido firmada y ratificada por el Estado mexicano: “Reconociendo el papel importante que desempeña la cooperación internacional y la valiosa labor que llevan a cabo los individuos, los grupos y las instituciones al contribuir a la eliminación efectiva de todas las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos y los individuos, incluso en relación con violaciones masivas, flagrantes o sistemáticas”.2

1 Caracol 10, «Floreciendo la Semilla Rebelde», Junta de Buen Gobierno «Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad.» Territorio recuperado en 1994 por el EZLN.

2 Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp

 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

03 de marzo de 2021

Nota informativa

Descargar PDF: Brigadas Civiles de Observación en la comunidad autónoma Nuevo San Gregorio.

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La Zarzamora

(Español) Chile | Los Mapuche no somos parte del patrimonio $hileno

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Los Mapuche no somos parte del patrimonio $hileno.

Lonco Pedro Catrilef Antilef del territorio Llanquihue, hace llamado a pu lamngen a estar atentos y rechazar toda iniciativa que pretenda romantizar la cultura Mapuche en la instalación de museos.

Por: La Zarzamora

Inmediato rechazo generó en territorio Mapuche Williche de Llanquihue la noticia de que se presentaría en consejo municipal la iniciativa de instalación de un Museo en la localidad. Varios pu lamngen quedaron sorprendidos ya que previamente no existió ninguna consulta o socialización de tal proyecto a las comunidades existentes en el territorio.

Se trataría de un Museo Mapuche, razón mas que suficiente para ser rechazado, pues el pueblo nación Mapuche no necesita de “un homenaje” si no del reconocimiento de sus demandas ancestrales territoriales, es un Pueblo vivo que resiste, que para conocerlo no se requiere de un Museo.

Lonco Pedro Catrilef Antilef llama a que se levante la conversación y el debate con respecto a este tema y a todos los temas que involucren al Pueblo y al territorio.

En este caso, favorablemente en el consejo municipal de la comuna no se acepto tal proyecto y se realizaron observaciones e indicaciones, como mínimo se les exige vinculación a las comunidades, situación que hasta la fecha no es efectiva. Independiente de la postura municipal, son los involucrados quienes en su derecho a la autodeterminación deben decidir y pu lamngen mapuche se han manifestado con el siguiente comunicado:

COMUNICADO PUBLICO

A nuestro Pueblo Nación Mapuche y opinión pública en general.

Ante el hecho ocurrido en consejo municipal de Llanquihue el día jueves 21 de enero 2021 sobre la presentación de un proyecto de museo Mapuche Williche en la comuna de Llanquihue. Inche Longko Pedro Catrilef Antilef haciendo uso de mi facultad como autoridad ancestral de este territorio declaro lo siguiente:

Kiñe: Ante la imposición de un proyecto de ese tipo me opongo rotundamente debido a que rechazo ser materia de estudio, que se nos cosifiqué, folclorice y lucren, aún más con nuestro territorio, identidad y cultura Mapuche Williche.

Epu: Además, este proyecto es preocupante para nuestro territorio ya que no debemos olvidar que fuimos víctima de genocidio y no seremos exhibidos como trofeo de los colonizadores ni del estado de Chile. Este tipo de acciones lo único que pretende es generar más dolor y divisiones entre los habitantes del territorio.

Küla: Exijo que este tipo de proyectos no se levante en nuestro territorio ya que solo viene a negar nuestra existencia hoy como pueblo y nuestra identidad, más aún que se vea profanado nuestros espacios significativos, nuestra espiritualidad y saqueo de estos para obtener algo que exhibir en un museo, ya que no somos parte del patrimonio chileno.

Meli: Como pueblo mapuche williche vamos a exigir nuestro derecho consuetudinario. Sin embargo dejamos claro que no aceptaremos ninguna iniciativa que sea susceptible de afectarnos como pueblo y no daremos marcha atrás en defender nuestro territorio desde que hemos emprendido nuestra libre determinación y autonomía de nuestro pueblo nación Mapuche.

Kechu.- Hago este llamado a Pu lamuen, Pu peñi y a todo el pueblo chileno consiente a unirse a esta defensa de nuestra dignidad e historia como pueblo.

MARICHIWEW

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Avispa Midia

(Español) Honduras | El paramilitarismo en el sector energético y el turismo

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Lea aquí la 1ra parte de este Especial ⇒ Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo


Parte IV

Paramilitar en el Sector Energético

La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, particularmente en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena y Popular de Honduras (COPINH) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá.

El COPINH fue co-fundada por la activista feminista indígena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el COPINH comenzó a apoyar a las comunidades Lenca de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a).

El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños, Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del COPINH y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato.

El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un ex-militar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (BBC, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que investiga el caso, existía una “estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación” para atacar al COPINH y a Cáceres (citado por Malkin, 2017).

A nivel comunitario, DESA colaboró ​​con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo “la mejor seguridad en el sitio de la represa” (DPLF et al, 2019).

Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del COPINH en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del COPINH de dieciocho años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (COPINH, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del COPINH, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento.

En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, Departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena MILPA que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: “En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la policía nacional y 20 del ejército del batallón de Marcal y 9 civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana”, Cuentan los miembros de MILPA.

Integrantes de organizaciones indígenas y negras de Honduras protestan frente al Congreso Nacional para repudiar la Ley Nájera.

Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo

A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afro-indígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development´ a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido víctima de innumerables “amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación” durante sus años de activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue “acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas” (Soto García, 2016).

En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015).

Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña acompañada de un grupo de sicarios quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH, 2016; Spring & Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.

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