desplazamiento forzado
Encuentro de las Esperanzas: 35 Aniversario del Frayba
En marzo de 1989, el obispo jTatic Samuel Ruiz decidió fundar en Chiapas un centro de derechos humanos que fuera acompañado por la Diócesis, pero independiente de ella, abierto a todos los pueblos del estado. Un centro que fuera no sólo para los pueblos, sino de ellos, en el contexto de represión, violencia y discriminación que se vivía en Chiapas y en muchas partes del país.
35 años después, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) celebró su aniversario este pasado 18 y 19 de marzo con un encuentro de dos días en el que participaron muchos de los pueblos, organizaciones e individuos que el Frayba ha acompañado desde hace años. La importancia y la necesidad de este centro continúa tan vigente como hace 35 años, ahora en un nuevo contexto de violencia generalizada y descomposición social en el estado, como deja claro el Posicionamiento del Frayba, leído por su directora, Dora Robledo. Desplazamientos forzados, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, despojo de tierras, guerra entre cárteles del crimen organizado, reclutamiento forzado, cobro de piso y de paso, surgimiento de innumerables grupos armados, vulneración de los derechos de los migrantes, criminalización de defensores y tortura sistemática por parte de las fuerzas policiales y una fuerte militarización que sólo ha traído más violencia y represión. Todo esto, en un contexto de impunidad y una política de negación y fingimiento de normalidad por parte de los gobiernos estatal y federal.
¿Qué hay que celebrar ante esta realidad? Mucho, nos revela este “Encuentro Entrelazando la Esperanza”, pues el propio contexto de violencia e impunidad ha fortalecido procesos organizativos y despertado la conciencia en muchos pueblos de la necesidad de defender el territorio y construir vida en tiempos de muerte.
Ceremonia de bienvenida
“Queremos vivir, ya no sólo sobrevivir”, dijo Lupita de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, durante la rueda de prensa al inicio del Encuentro. Don Raúl Vera, presidente del Frayba y sucesor de Don Samuel Ruiz, nos deleitó con su relato del compromiso de jTatic Samuel con la justicia y su convicción de que el corazón del Frayba deberían ser los mismos pueblos.
Rueda de Prensa:
A lo largo del día, escuchamos historias no sólo de atropello, sino de dignidad, resistencia y construcción de vida. Antonio Gutiérrez, de Las Abejas de Acteal, nos relató no sólo la larga historia de impunidad ante la masacre de Acteal, sino también el proceso organizativo, la creación de su autogobierno y el compromiso por una lucha no violenta. Los principios que guían a Las Abejas de Acteal son hoy un faro para enfrentar la violencia que vivimos: “amar, no odiar; revelar, no ocultar; defender, no vender; caminar en la luz, no en la oscuridad; perdonar, no violentar; entregar la vida, no quitarla”.
Son la injusticia y el atropello también lo que han impulsado otras importantes construcciones de autonomía y libre determinación en el estado, como el de la comunidad de San Francisco en Teopisca, el Gobierno Comunitario de Chilón y el Movimiento del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra (Zodevite). Libre determinación que, como explicó Lázaro Sánchez del Frayba, está plasmada como derecho de los pueblos en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
Foro 1 – Tierra, Territorio, Cultura y Autonomía:
¿Qué hacer frente a la impunidad que reina en el estado y en el país? Memoria, verdad y justicia, dice el Frayba y dicen los pueblos. En el segundo foro, las y los participantes relataron su lucha ante gravísimos casos de impunidad. Las estadísticas son reveladoras: según datos oficiales (probablemente incompletos), hay en el momento 114,928 personas desaparecidas en el país; sólo en Chiapas, se registran más de 14 mil personas desplazadas. Pero es en los testimonios de las víctimas que empezamos a entender la dimensión del dolor que significa vivir ante tal impunidad.
Magdalena González, hija de Antonio González, contó lo que ha significado para la familia la desaparición forzada de su papá por el grupo paramilitar Paz y Justicia en enero de 1999, cuando ella tenía seis años. Antonia Hernández, de la organización Xinich, habló sobre masacre cometida en la comunidad de Viejo Velasco en noviembre de 2000 por un grupo paramilitar acompañado por la policía, y de la desaparición forzada de cuatro personas. Juan Pérez Pérez habló de la vida de su hijo Simón Pérez de Las Abejas de Acteal, su compromiso con la justicia y la vida, y su asesinato en julio de 2021. Salvador Gómez habló de los continuos ataques sufridos por varias comunidades de Aldama por parte de grupos armados de Santa Marta, y los asesinados, heridos y desplazados, ante la inacción del Estado. Se relató también la lucha del Colectivo de Familias Unidas contra la Tortura, que como ha denunciado el Frayba, es utilizada sistemáticamente por las fuerzas policiales del estado para inculpar a personas inocentes de crímenes que no cometieron. Durante la sesión de preguntas y comentarios, escuchamos también el testimonio de Pascuala López, del Ejido Cuxtitali el Pinar, en las afueras de San Cristóbal: el asesinato de su hijo, los golpes y amenazas de muerte hacia ella, la quema de su casa, por un grupo criminal que ha venido cortando el suministro de agua de Cuxtitali y La Hormiga, ante la inacción del Estado.
Foro 2 – La lucha contra la impunidad: Memoria, verdad y justicia:
El tercer y último foro se dedicó a la memoria, la resistencia y las esperanzas. Aquí se relató la experiencia del Pueblo Creyente de Chiapas, surgido en la década de 1990, un amplio movimiento que es parte de la Diócesis de San Cristóbal, inspirado por jTatic Samuel Ruiz, fundamentado en una visión liberadora del cristianismo, creado como respuesta a la represión.
Una de las iniciativas más importantes llevadas a cabo por Don Samuel Ruiz fue el Congreso Indígena de 1974, que sentó las bases para una concientización de los pueblos y preparó el camino, entre otras cosas, para el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional diez años después. Dolores González, del Consejo Directivo del Frayba, relató la historia y el significado de dicho Congreso. Y finalmente, Fray Ceclio Ek habló sobre el recién fundado Centro de Derechos Humanos de la Selva Negra, en territorio zoque.
Foro 3 – Memoria, Resistencias y Esperanzas:
Ante la violencia generalizada e impune que se multiplica por el estado (y el país), el Frayba y los pueblos y organizaciones que fundamentan su caminar nos enseñan que no todo está perdido, que entre la barbarie (y en respuesta a ella), se construyen alternativas de vida, de cuidado, de justicia, memoria, verdad y paz.
Canción para el Frayba
Las Mañanitas
Ceremonia de Clausura:
Gobierno niega conflicto armado en Chiapas, mientras violencia exacerba crisis humanitaria
Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago
En portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados. Foto: Isabel Mateos/Cuartoscuro
Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.
Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.
Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.
A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.
En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.
Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.
Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjunto albergan una población de más de 400 mil habitantes.
Macrocriminalidad
Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.
Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).
Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.
“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.
Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.
Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.
El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.
Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.
A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.
En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.
Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.
La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.
“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.
Militarizacion, otro frente contra la población
Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.
Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.
El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.
Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades
Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.
Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.
Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento del estado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.
Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.
Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.
Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.
Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.
Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.
Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.
Alertas, ignoradas
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.
Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.
“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.
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“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.
Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.