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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

6 de diciembre de 2021

Pronunciamiento conjunto

 

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas exige la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo.

 

• Declaró que la privación de la libertad de los presos indígenas fue arbitraria y exige investigación exhaustiva e independiente de los hechos y se castigue a los responsables de la violación de sus derechos

• Sin dilación el Estado mexicano debe reparar integralmente el daño causado

En el marco de su 91° período de sesiones, del 6 a 10 de septiembre de 2021, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas aprobó la Opinión núm. 43/2021, correspondiente a la privación de libertad de los señores Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo y Germán López Montejo (Marcelino, Abraham y Germán), así como de los señores Juan de la Cruz Ruiz y Adrián Gómez Jiménez (Juan y Adrián).

El 15 de marzo de 2019, Marcelino, Abraham, Germán, Juan y Adrián iniciaron una huelga de hambre al interior de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas y 10 de Comitán, para exigir justicia y libertad, denunciando al Estado mexicano por la privación arbitraria de su libertad, tortura, discriminación, presunción de inocencia, falta de traductor, falta resolución pronta, completa e imparcial y por consecuencia la falta de acceso a la justicia.

Después de más de 130 días de huelga de hambre y a la fecha, el Estado mexicano ha permanecido indiferente frente a las medidas necesarias para remediar tal situación. Lo único que han recibido es hostigamiento, represión, intimidación, humillación, calumnias por parte de las autoridades de los centros penitenciarios, así como como vigilancia y amenazas hacia las familias y organizaciones que les acompañan. Las sentencias por parte de jueces NO han tomado en consideración las graves violaciones a derechos humanos como la tortura.

Las abuelas, madres, padres, hermanas, hijas, hijos y esposas de los presos integrantes del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha en compañía de colectivos solidarios y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria para denunciar la situación injusta, quien ha determinado que el Estado mexicano  incumplió las normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo e imparcial, además de su posición discriminatoria ignorando la igualdad de los seres humanos, en función de su origen étnico o social e idioma, falta de asistencia médica, entre otros.

Además los familiares han denunciado la preocupación frente a esta situación de graves violaciones a derechos humanos, la falta de atención a la salud y en especial ante el marco de la contingencia por COVID-19, solicitado medidas alternativas a la prisión, sin éxito. En varias ocasiones han denunciado la falta de una alimentación digna para ellos y la población penitenciaria en general sin que las peticiones sean atendidas, pues se les ha entregado alimentos escasos o en malas condiciones.

Marcelino fue detenido el 5 de febrero de 2002, y lleva 19 años, 10 meses y 1 día privado de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciado a 25 años de prisión, pagando por un delito que no cometió. Abraham y Germán fueron detenidos el 17 de enero de 2011, y llevan 10 años, 10 meses y 18 días privados de manera arbitraria e ilegal de su libertad y sentenciados a 75 años de prisión cada uno, pagando por un delito que no cometieron.

Juan fue detenido el 28 de febrero de 2007, después de 12 años, 9 meses y 10 días de prisión, fue puesto en libertad mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación que le otorgó el beneficio de sentencia suspendida, debido a que su declaración fue obtenida bajo tortura y no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura, cabe mencionar que tenía una libertad desde el 11 de febrero de 2016 mediante cuadernillo 387/MR/2012 sin que esta se cumpliera. Adrián fue detenido el 3 de febrero de 2004 y liberado el día 7 de septiembre del 2021, tras 17 años 8 meses y 4 días preso injustamente, un Juez Federal le concedió el amparo liso y llano por violaciones al debido proceso entre pruebas insuficientes para acreditar su responsabilidad.

A 40 días de su notificación, exigimos al estado mexicano el cumplimiento inmediato de la Opinión núm. 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para la liberación inmediata de Marcelino Ruíz Gómez, Abraham López Montejo, Germán López Montejo y la reparación integral de todo el daño que se les ha causado a ellos y a sus familiares. En especial atención pedimos al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez su pronta intervención.

De manera especial debe implementar esta decisión la mesa de diálogo interinstitucional del estado de Chiapas compuesta por el Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado Juan Óscar Trinidad Palacios, el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Juan José Zepeda Bermúdez, así como la Consejera del Consejo de la Judicatura del Estado Isela de Jesús Martínez Flores quien ha coordinado la mesa de diálogo y análisis de expedientes penales, así como la Jueza del Juzgado de Ejecución de Sentenciados M. Guadalupe Flores Rocha, ya que hasta el día de hoy no existe ningún resultado aun sabiendo de las graves violaciones al debido proceso y violaciones a derechos humanos cometidos a los presos indígenas.

Los familiares de los presos agradecemos la solidaridad de los colectivos y organizaciones nacionales e internacionales que nos han acompañado en esta larga lucha por la justicia y la verdad para nuestros familiares y les pedimos seguirnos acompañando en este caminar y que no nos dejen solas y solos.

 

Libertad inmediata e incondicional para nuestros compañeros presos injustamente.

Atentamente,

Marcelino Ruíz Gómez

Abraham López Montejo

Germán López Montejo

Juan de la Cruz Ruiz

Adrián Gómez Jiménez

Colectivo de Familiares de Presos en Lucha

Familias Unidas contra la Tortura y en Defensa de los Derechos Humanos

Grupo de Trabajo «No estamos todxs»

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Concejo Autonomo Regional de la Zona Costa de Chiapas

Frente Cívico Tonalteco

Red de Mujeres de la Costa de Chiapas

Lumantik Herriak

Chuvajeltik

Promedios De Comunicación Comunitaria (ProMedios)

Colectivo Flor de Asfalto

Colectiva Autónoma de Colaboración Social

Nodo Solidale Italia

Nodo Solidale México

Casa de salud comunitaria Yi’bel’ik

Taller Ahuehuete

 Confederación General del Trabajo

 Internationalt Forum (IF) de Dinamarca.

Movimiento Sueco para la Reconciliación (SweFOR) 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos

“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(Conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República)

Diana Riba i Giner  Eurodiputada de Esquerra Republicana de Catalunya en el Parlamento Europeo.

Aurora Madaula i Gimenez. Diputada en el Parlamento Catalán.

Carles MacGragh i Pruja. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Catalunya CICAC y Vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española CGAE.

Sergi Zorrilla Cubells. Asesor de medios y políticas del Parlamento Europeo.

Gemma Aristoy  i Pujol. Regidora de Sant Cugat del Valles, Barcelona

Beth Mejan i Aznar. Regidora  de Derechos Sociales de Sant Cugat del Vallés, Barcelona.

Frances Paré.

Llumull Accions Audiovisuals.

La Garriga Societat Civil/La Garriga Guerrera.

 

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en Pdf

Lee las opiniones adoptadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

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JUNTA DE BUEN GOBIERNO
NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA
POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD
CARACOL 10
FLORECIENDO LA SEMILLA REBELDE
ZONA PATRIA NUEVA, CHIAPAS, MÉXICO

A 2 DE DICIEMBRE 2021

A LOS PUEBLOS DE MÉXICO
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS Y ALTERNATIVOS
A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LOS ADHERENTES DE LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA OPINIÓN PUBLICA.

Nosotros como Juntas de Buen Gobierno del caracol 10 denunciamos lo siguiente:

Denunciamos a los invasores Nicolás Pérez Pérez del ejido San Gregorio las casas, Pedro Hernández Gómez del ejido San Gregorio las casas, a Javier Gómez Pérez de la Ranchería Duraznal, integrantes del grupo los 40 que siguen invadiendo nuestros territorios y siguen haciendo su cometido teniendo como objetivo despojar de sus tierras a nuestros compañeros y compañeras que luchan.

Denunciamos los echos sucedidos el pasado 29 de noviembre del año en curso, a las 8: am 22 invasores comandado por los invasores ya mencionados entran a nuestras tierras con azadones y picos para tomar el potrero colectivo de nuestra comunidad zapatista Nuevo San Gregorio, estos invasores se ponen a crear una sanja de 50 metros de largo para el pozo de agua fuente de ayuda y sostenimiento del colectivo de ganado de nuestros compañeros y compañeras zapatistas con el fin de provocar que se seque el abrevadero de sus animales; el objetivo principal de estos invasores es hacerle camino a un tractor para seguir invadiendo mas territorio rebelde y provocar que los 22 animales que siguen resistiendo ante estas agresiones, desfallezcan.

Estos invasores siguen avanzando su mal en nuestros territorios llegando al potrero colectivo de 9 hectáreas que está ubicado a 50 metros del centro de la comunidad, ahora atentando con la vida de los animales que han sido el sostenimiento en la lucha de nuestras compañeras y compañeros durante años con resistencia y rebeldía. El pozo de agua también alimenta el colectivo de peces, un estanque de 2×3 metros, los dos colectivos ahora se encuentran en un alto riesgo de desfallecer. Cabe mencionar que los colectivos son grandes fuentes de apoyo y sostenimiento en nuestra lucha por la vida no para hacer algún daño, pero estos invasores nos siguen hostigando e invadiendo nuestros territorios.

Responsabilizamos al gobierno Municipal, Estatal y Nacional de lo que vaya a suceder con nuestros colectivos, por que siendo llamados Autoridades no mueven ni un dedo ante estos atentados que están viviendo nuestras compañeras y compañeros bases zapatistas, solapan los echos cometidos por este grupo de personas que no hacen mas que atacar a nuestras compañeras y compañeros que están luchando, cuidando de nuestra madre tierra, el gobierno Mexicano no hace nada para detener las invasiones y agresiones que cada vez mas se expande.

El gobierno no hace mas que fortalecer la invasión y la agresión al quedarse callado ante estos actos de despojo, acciones de destrucción que atentan contra la integridad y la vida de la gente que resiste y lucha por la vida.

Seguimos en pie de lucha, no nos vamos a rendir.

ATENTAMENTE:

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO
NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELDÍA
POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD.

Fuente: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

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Por Claudia Ramos Guillén | Avispa Midia

El extractivismo como modelo que se implementa en los territorios genera enormes impactos en las formas de vida de las personas, sobre todo de mujeres, niñes y cuerpos racializades, exacerbando los niveles de violencia que de por sí viven. Este modelo de despojo por parte de la implementación de proyectos extractivos es causante de la desecación de ríos, la pérdida de nuestra agua, de nuestro tejido social y de las formas y estrategias de vida y tiene una raíz profundamente capitalista y heteropatriarcal.

Desde esta perspectiva cobra importancia reavivar la discusión sobre lo extractivo que puede llegar a significar el cine documental y las representaciones que se hacen de las realidades, pueblos, comunidades y personas que habitamos en los territorios.

El pasado 20 de noviembre, en el marco de la 5ª Edición del Festival Ocote, festival de cine documental en Chiapas, se realizó el conversatorio “documental aliado o documental extractivo”, dentro de las actividades de clausura de dicho festival en el Parque El Encuentro en la ciudad de San Cristobal de Las Casas, Chiapas.

En este conversatorio participaron les realizadores Melissa Elizondo (El sembrador, 2018), Elke Franke (Kuxlejal, 2020) y Ange Valderrama Cayuman, quienes con la moderación de Gabriela Domínguez Ruvalcaba (La danza del Hipocampo, 2014), compartieron sus procesos creativos y su encuentro con las realidades que buscan reflejar, teniendo en cuenta los ejercicios de poder y violencia que se ejercen al interpretar realidades a las que no pertenecen.

(Continuar leyendo…)

Arbelino Sanchez Perez

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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

27 de noviembre de 2021.

A las y los que luchan por la vida, el Territorio y la Madre Tierra

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.

Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.

Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha-peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que, al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.

Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que se juntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano.

Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.

Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.

Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.

¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

Atentamente

La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias                                         Gerardo Pérez Pérez

Presidente                                                       Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez                                         Pedro Pérez Pérez

Tesorero                                                           sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

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GLOBAL: El planeta esta más enfermo de misoginia que de covid, mas de la mitad de las mujeres de distintos países reportó violencias machistas dentro y afuera de sus hogares. Desinformemonos.

WALLMAPU: Represión policíaca en tierras recuperadas de Lof Quemquemtreu, asesinan a un joven mapuche y hieren a otro.

CHILE: Restauración conservadora en tiempos constituyentes. Avispa Midia

CANADA: Arrestos y desalojo por parte de la policía montada contra  defensores de la tierra de la Nacion Wet’suwet’en. Its Going DOwn y SubMedia.

DESDE EL OMBLIGO

LUCHA POR LA VIDA: AMLO implementa régimen de excepción para ejecutar megaproyectos y conferencia de prensa del grupo de Observación de la Caravana Migrante.
CHIAPAS: Continúan los ataques paramilitares contra comunidades autónomas zapatistas. RedTDT

JALISCO: Jalisco pasa del sexto al tercer lugar en feminicidios. En primer lugar se encuentra el Estado de México con 110 denuncias y en segundo Veracruz. Zona Docs

MÉXICO: 25 de noviembre Cero Tolerancia a la violencia machista.

Música:

Canto pal cerro – flor de espino

Libre incendiaria – Makila 69

Las balas – Comparsa BAM

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Se trata de una des-regulación efectiva de la actividad económica público-privada en detrimento del interés social, un rasgo distintivo de los regímenes neoliberales que comenzó criticando la administración actual. Por lo tanto, desde los movimientos sociales no podemos más que observar con consternación la coronación y a la vez profundización del paradigma emprendido por las reformas de la administración de Peña Nieto, las cuales introdujeron la noción de utilidad pública prioritaria para proyectos federales que facilitó toda clase de abusos en la ejecución de grandes obras. En ese mismo tenor, sopesamos con recelo la puerta que este acuerdo abre para los atropellos de grandes contratistas federales en el presente y en administraciones federales futuras.

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Ciudad de México, 27 de noviembre de 2021. El pasado domingo 21 de noviembre, la totalidad de las familias zoques del ejido Esquipulas Guayabal en las faldas del volcán Chichonal, municipio de Chapultenango, Chiapas, fueron violentamente desplazadas con lujo de violencia por un grupo de hombres encapuchados con vestimenta militar, chalecos antibalas y armas de alto calibre, en un operativo evidentemente planeado con anterioridad, según información recibida por este medio de comunicación.

Las mujeres, hombres, niños y ancianos desplazados se encuentran hasta ahora en un albergue en la cabecera municipal de Chapultenango, mientras los agresores continúan en la colonia, donde se posesionaron de casas, tierras, bienes y animales. Los ejidatarios desplazados denuncian la inacción del gobierno, que de promesa en promesa les va dando largas sin que haya ninguna intención evidente de solucionar el problema.

El contexto en el que se da la agresión revela una compleja trama de intereses petroleros, geotérmicos, turísticos y mineros, involucrando el capital internacional y el Estado mexicano, que desde hace años viene confrontando y despojando a los pueblos zoques, que habitan esas tierras desde hace 3 mil 500 años.

El desplazamiento forzado

Escucha cómo vivieron algunxs ejidatarios el desalojo, a partir de testimonios en audio recibidos por este medio (6 min):
(Descarga aquí)  

Ese domingo a las 10 am, un grupo de entre 25 y 30 hombres fuertemente armados, acompañados por pobladores tsotsiles originarios de Rincón Chamula que desde 2009 habitan en el ejido Esquipulas Guayabal, incursionaron en las casas de los pobladores zoques y los forzaron a huir con golpes, amenazas y balazos. Una casa fue quemada y varios animales fueron asesinados o heridos.

La mayoría de quienes se encontraban en sus casas eran mujeres y niños, pues muchos hombres estaban en el campo o en Chapultenango, a donde suelen ir los domingos de compras o a resolver otros asuntos.

Un adolescente cuenta:

Yo estaba trabajando en el campo. Como a las 10 am, escuché disparos. Regresamos a la casa y veo a mi mamá que está llorando. Me dice: creo que mataron gente porque hubo muchos disparos, golpearon a don Chevio, que es quien representa a la colonia. Están quemando casas y me dijeron que salga de una vez o me van a matar. En ese mismo instante salimos y veo un grupo armado. Estaban quemando la casa de don Chevio. Había un grupo de diez con armas, todos encapuchados. Ya para entrar a la línea del volcán había otro grupo. Todos estaban encapuchados con unas armas largas. Había un niño y estaba muy triste porque pensó que iba a quedar ahí muerto.

Y otro adolescente:

Me encontré a don Eusebio y me dijo: Ya nos corrieron de la comunidad y a tu mamá ya le pegaron, puro culatazo de arma. Entonces me fui, iba yo a caballo y vi varias personas encapuchadas con armas. Me vieron y corrieron a taparme, me bajaron del caballo y me quitaron todo, me pegaron, me dijeron que aquí no vales, aquí la ley no vale, ahora esta es nuestra tierra, aquí nadie nos saca.

“Lo más triste para mí fue que mataron a mi perrito”, dice un niño pequeño, “y me preocupaba mucho mi papá que le fueran a dar un balazo”.

Una mujer cuenta:

Estaba cocinando cuando escuché un troneteo como de triques. Eran balazos, pero demasiado. Cerré mi puerta con candado porque pensé que iban a pasar nada más. Pero se metieron en el solar y querían que abriéramos la puerta. Me dicen: “Abre la puerta o le echamos gasolina a la casa”. Pero por el miedo no encontraba yo la llave. Hasta que la encontró mi hija y ya abrimos. Se metieron y nos dijeron: “Sálganse rápido sin sacar nada”. Nos salimos y son balazo que están tirando, tiran por los pies, tiran por la cabeza. Aquí me pasó un tantito. Nos fueron siguiendo con la pistola, mi hija adelante y yo atrás porque ella está embarazada y corría peligro.

Es mucha la desesperación de los desplazados, que salieron sólo con la ropa del cuerpo. “Ahí se quedó todo”, dicen. Documentos, herramientas, todos los bienes. Algunos incluso salieron descalzos. Y se preocupan por los animales, pues de eso viven. ¿Qué vamos a comer?, se preguntan. ¿De qué vamos a vivir?

Contexto

Como en muchos casos actuales en el estado de Chiapas, la violencia deviene de un conflicto agrario exacerbado por el incompetente o malicioso manejo por parte del Estado, con el trasfondo de intereses del capital nacional e internacional y la participación de grupos armados de corte paramilitar o de la delincuencia organizada. Así, el caso de Esquipulas Guayabal es paradigmático para entender la violencia que en los últimos años se ha desatado a lo largo y ancho del estado de Chiapas.

A seguir, presentamos un breve resumen del conflicto agrario.

El ejido Esquipulas Guayabal se formó a mediados de la década de 1930, y para 1960 contaba con 2 mil 400 hectáreas. En 1982, la erupción del volcán Chichonal causó la muerte de 2 mil zoques y el desplazamiento de 12 mil familias, reacomodadas en 22 nuevos asentamientos en diversas partes de Chiapas, Jalisco y Veracruz. El ejido Esquipulas Guayabal se dividió en cuatro grupos que se asentaron en Ixtacomitán, Rayón, el barrio de Guayabal en Chapultenango y el valle de Uxpanga en Veracruz.

Con el tiempo, campesinos de Chapultenango comenzaron a ocupar las tierras que habían quedado abandonadas, aunque los ejidatarios desplazados por el volcán mantenían los títulos ejidales. Fue entre 2002 y 2003 que la Procuraduría Agraria inició la certificación de las tierras ejidales en el PROCEDE, con lo que se pretendía privar de sus derechos a los 130 ejidatarios y reconocer a los nuevos campesinos como titulares de la tierra. Ese fue el inicio del conflicto.

Para evitar el despojo, 29 ejidatarios de Rayón regresaron a las tierras con sus familias, encontrándolas ocupadas por campesinos de Chapultenango. Los campesinos de Rayón interpusieron un juicio ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) exigiendo la cancelación del PROCEDE sobre las 2 mil 400 hectáreas, pero el TUA ignoró la demanda y, en noviembre de 2005, se certificaron las tierras a favor de los campesinos de Chapultenango.

Este hecho condujo a confrontaciones físicas en 2006 y 2009. Ese año, campesinos de Rayón alentaron el ingreso de tsotsiles de Rincón Chamula como aliados para recuperar las tierras. Un año después, interpusieron un juicio agrario exigiendo la cancelación del PROCEDE y apuntando a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional de ser los causantes del conflicto. Por su parte, los de Chapultenango interpusieron juicio solicitando la regularización de las tierras a su favor. En 2012, el TUA declaró nulos los trabajos del PROCEDE.

En 2016, un grupo de personas de Rayón, al parecer en alianza con personas de Chapultenango y los tsotsiles asentados en Esquipulas Guayabal, convocaron asamblea para reconocer a 11 avecindados y nuevos ejidatarios, y en 2019 eligieron nuevas autoridades, sin el debido conocimiento de los ejidatarios de Esquipulas Guayabal ni su participación en las asambleas. Todo esto, aparentemente, con la intención de despojar a los ejidatarios de la tierra.

En agosto de ese año, los ejidatarios interpusieron un juicio para invalidar ambas asambleas. El pasado 6 de octubre de 2021, el TUA declaró nulas ambas asambleas. Seis semanas después, al parecer ante la frustración de sus pretensiones legales a la tierra, el grupo armado atacó la colonia y desalojó a la totalidad de las familias zoques.

Intereses de fondo

Como en muchos otros conflictos en el estado de Chiapas, las disputas agrarias son utilizadas y exacerbadas por el Estado para favorecer intereses económicos y el control territorial. En el caso del territorio zoque alrededor del volcán Chichonal, son varios los intereses de alto perfil que entran en juego.

Desde 2015, la Comisión Federal de Electricidad declaró zona de interés geotérmico a 15 mil hectáreas, con la intención de construir una planta geotérmica en el volcán Chichonal, que continúa activo. Aunque según algunos estudios el nivel del agua del volcán es insuficiente para la construcción de una planta geotérmica, el proyecto continúa vigente.

En 2017, se pretendía reactivar un pozo petrolero como parte de la ronda petrolera 2.2. Dicha ronda contemplaba la extracción de 239 millones de barriles de petróleo de 10 municipios en 84 mil 500 hectáreas, entre ellos, Chapultenango. El Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio logró frenar la licitación internacional en junio de 2017. Sin embargo, con la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, que se encuentra a pocos quilómetros en línea recta del volcán Chichonal, es de suponer que se reactiva el interés en los yacimientos petroleros en la región zoque.

Al mismo tiempo, hay un fuerte interés turístico nacional e internacional en el área alrededor del volcán Chichonal. Desde 2012, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas ha promovido la creación de un geoparque. La avanzada de dicho proyecto fue la creación en 2016 del Centro Ecoturístico Comunitario Mujer de Fuego en las faldas del volcán Chichonal, que ha provocado fricciones con los campesinos de Esquipulas Guayabal.

Existen, además, fuertes intereses mineros sobre 70 mil hectáreas del territorio zoque. En conferencia de prensa en San Cristóbal de Las Casas, los afectados denunciaron que en 2017 entró una empresa al ejido Esquipulas Guayabal con la intención de negociar con los invasores para adquirir la tierra. También denunciaron que presuntos empleados de una compañía minera se presentaron en los hogares de varios activistas con la intención de obtener información sobre la resistencia contra la minería. El pasado mes de junio de 2021, el Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra alertó que los días 11 y 12 de ese mes, agentes de la minera Gold Corporation recorrieron ejidos de los municipios de Chapultenango e Ixtacomitán con la intención de promover la entrada de la minería en dichos territorios.

Por otro lado, empleados de empresas de la agroindustria han entrado a las tierras alrededor del volcán a ofrecer palma aceitera.

A todo lo anterior se le suma el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado en el Diario Oficial de la Federación un día después del ataque a Esquipulas Guayabal, que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras asociadas a infraestructura a cargo del Gobierno de México, acto que provocó el repudio de organizaciones sociales, pueblos indígenas e incluso instancias del gobierno federal.

Autores materiales e intelectuales

Los autores materiales de la agresión fueron los pobladores tsotsiles asentados en el ejido desde 2009, junto el grupo armado, compuesto por 25 a 30 personas presumiblemente provenientes de Rincón Chamula.

Según los testimonios de los desplazados, los pobladores tsotsiles se han ido apoderando de las tierras desde hace algunos años, al grado que hoy tienen más tierra que los propios ejidatarios. Al mismo tiempo, en los últimos años han agredido con cada vez más violencia y frecuencia a los ejidatarios. En los testimonios que recibió este medio, son varias las personas que denuncian haber sido golpeadas en diversas ocasiones, y cuyas demandas ante el Estado fueron desconsideradas. Hace cuatro años, el grupo tsotsil agredió con palos y machetes a los ejidatarios con completa impunidad.

Sin embargo, como autores intelectuales los desplazados acusan al profesor Alejandro M. y al señor Elías L., ambos de Chapultenango. Al profesor Alejandro M. se le vio circulando por la colonia en un vehículo hasta muy tarde la noche del sábado. Hoy se sabe que esa tarde el grupo armado llegó a las tierras del volcán como turistas y allá pasaron la noche, ingresando al ejido a las 10 am del domingo.

Por otro lado, los desplazados identifican también al ex comisariado Moisés Domínguez Bautista, de Rayón, cuya elección como comisariado y su pertenencia como ejidatario fueron anuladas el pasado 6 de octubre por la sentencia del Tribunal Unitario Agrario n. 476/2019. Según los testimonios, el señor Moisés Domínguez no vive en el ejido y su único interés es la venta de las tierras.

Inacción/complicidad gubernamental

Todo lo anterior contribuye para explicar la inacción de los tres niveles de gobierno. Ante el ataque armado con armas de uso exclusivo del ejército, agresiones físicas y psicológicas, desplazamiento forzado de 35 familias, destrucción y robo de propiedad, el gobierno se ha mantenido omiso. Hasta el momento, ninguna acción para restituir las tierras a sus legítimos dueños y castigar a los culpables ha sido efectuada, y las familias afectadas han sido tratadas con indiferencia y desprecio.

De las muchas personas que acudieron a la fiscalía en Pichucalco el domingo, sólo a una le tomaron la declaración. El lunes, desde las 8 am a las 6 pm, sólo tomaron dos declaraciones, mismas que quedaron suspendidas al día siguiente.

El día de la agresión se presentaron en el albergue funcionarios del gobierno estatal de Rutilio Escandón, dejando claro que la intención del gobierno era entablar una mesa de diálogo, sin desarmar al grupo agresor ni garantizar el retorno de los desplazados a sus tierras. El arribo a Chapultenango de la Guardia Nacional, que los desplazados supusieron ser con la intención de garantizar la paz y desarmar a los agresores, fue, en palabras del comandante, solamente para acompañar a la policía sectorial y estatal, los cuales a su vez llegaron para proteger a las autoridades.

Por otro lado, diversas reuniones fueron anunciadas a las que el gobierno nunca llegó. Y el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció “actos de hostigamientos hacia la población albergada de Esquipulas Guayabal por parte de funcionarios regionales del INPI, quienes bajo amenazas impiden a las familias hablar de manera libre o externar sus preocupaciones a los medios de comunicación e impiden fotografiar las condiciones del albergue”.

El presidente municipal de Chapultenango, Rubelio Mondragón, se ausentó desde el sábado, el día anterior de la agresión. Mientras tanto, el ayuntamiento ha publicitado supuestas acciones de apoyo a la comunidad, aunque los primeros días el único apoyo recibido por los desplazados fue organizado por la Iglesia, organizaciones sociales y la sociedad civil. La presidenta del DIF solicitó personalmente a uno de los organizadores del acopio que le cedieran alimentos para hacerles de comer a los desplazados, y más tarde publicaron una nota con fotos, supuestamente ofreciendo despensa y comida. Se publicaron también fotos del presidente municipal Rubelio Mondragón en Tuxtla Gutiérrez recibiendo ayuda para los desplazados, misma que sólo llegó en la noche del miércoles tras mucha presión por parte de activistas solidarios.

El jueves 25 de noviembre, la Secretaría General de Gobierno de Chiapas publicó en su página de facebook que funcionarios de esa entidad visitaron el ejido para “entablar diálogo con las partes”. Ante dicho anuncio, el mismo Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció:

A casi 5 días del ataque armado (…) denunciamos que:

• El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia armada contra pueblos y comunidades indígenas de Chiapas donde existen intereses petroleros, geotérmicos, geoparque y mineros, como en el caso del volcán Chichonal.
• El ataque fue un acto coordinado de corte paramilitar, y no un desplazamiento “involuntario”.
• El Gobierno de Chiapas (…) pretende “administrar el conflicto” mediante la simulación de diálogo y la reconciliación (…), pese a que el grupo atacante permanece armado.

El caso de Esquipulas Guayabal es uno más de los muchos en territorio chiapaneco, donde las disputas territoriales resultantes no sólo de conflictos agrarios, sino sobre todo de intereses energéticos, turísticos, extractivos y del crimen organizado, conducen a la violencia extrema por parte de grupos armados de corte paramilitar que asolan las comunidades, resultando en desplazamiento forzado y terror, como en los casos de Pantelhó, Aldama y muchos más, así como la formación de grupos de autodefensas ante la inacción, complicidad o participación implícita de diversas instancias de gobierno.