• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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Durante el mes de marzo de 2018 se provocó el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotsilnam del municipio de Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha implementado acciones para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, en su mayoría mujeres, niñas y niños que se suman a las 7 familias desplazadas forzadas, desde mayo de 2016, por el mismo grupo agresor.

Foto: Niños vulnerables de la comunidad de Kokó, Aldama, Chiapas. 31 de marzo 2018. Carlos Ogaz.

Lee también: Comuneros de Aldama denuncian despojo y desplazamiento forzado

Compartimos aquí la denuncia de los comuneros de Aldama:

Hacemos un llamado a:

Los medios de comunicación, local, nacional e internacional.
Al gobierno estatal y federal.
A las organizaciones civiles de derechos humanos.
A la sociedad civil.

Origen del conflicto:

El pueblo de Aldama Magdalena queremos externar nuestra preocupación que hemos vivido entre la comunidad de Santa Martha (Manuel Utrilla) y Aldama donde hemos sufrido el despojo de parcela de 60 hectáreas que son legítimos dueños ancestralmente de los 115 comuneros de Aldama.

1. 2014 empieza la agresión por parte de Santa Martha a Aldama robándoles mangueras de agua potable y tala de árboles (pino, liquidámbar) que son propiedades de Aldama, haciendo la denuncia correspondiente por ecosidio y robo.
2. 2016 el 19 de abril empiezan a cortar el fruto de café parcela por parcela y tala parcial de algunas matas de café.

En el mes de mayo y junio: tala total de árboles frutales de café con un total de 40 hectáreas de cafetal y talando todas las sombras de café (chalum).

El 12 de junio el grupo de invasores despojaron a 7 familias con un total de 52 personas de sus hogares bajo amenazas con armas de fuego y machetes, robándoles todas sus pertenecías.

El 15 de julio el grupo de invasores quemaron y destruyeron en su totalidad las 7 casas de las familias despojadas de sus hogares.

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En el municipio de Aldama, región Altos de Chiapas se encuentran alrededor de 638 personas en situación de desplazamiento forzado desde el pasado 3 de marzo cuando un grupo armado del vecino ejido Manuel Utrilla, también conocido como Santa Marta en Chenalhó realizó disparos de arma de fuego de grueso calibre contra las casas, y escuelas en las comunidades de Koko’, Tabak y San Pedro Cotsilnam. Los conflicos agrarios se potencian en medio de una región en donde los paramilitares nunca fueron desarmados, además de ser amparados por el estado mexicano. Regeneración Radio realizó un recorrido por las comunidades afectadas y pudo constatar los disparos constantes y el riesgo a la vida de las personas que se encuentran bajo escases de alimento, en medio de las inclemencias del tiempo y del terror; esta es su historia.

La impunidad con la que actúan grupos civiles armados en Los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tsotsiles, de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó. El Estado mexicano es responsable porque no ha investigado, desarmado ni sancionado a dichos grupos lo que propicia el aumento de la violencia.

Grupos civiles armados, de corte paramilitar, vinculados a redes de crimen organizado, atacan con armas de fuego a comunidades, con la permisividad y protección de autoridades del gobierno de Chiapas. Viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

El territorio del municipio de Chenalhó ha sido una pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia, que el Estado mexicano gestó en los Altos de Chiapas con el objetivo de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas. En esta zona, el Ejército mexicano formó, entrenó y protegió a grupos paramilitares responsables de crímenes de lesa humanidad, como la Masacre de Acteal. El Estado mexicano no desarticuló ni desarmó a los grupos que capacitó en el uso de armas con el objetivo de sembrar terror; actualmente, siguen siendo el motivo de la acción que mantiene en vilo a la población con impactos psicosociales que van desde el miedo, a brotes de enfermedades que están afectando principalmente a las niñas, niños, jóvenes, mujeres y ancianos.(1)

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El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. cuenta con información del desplazamiento forzado de 90 familias tsotsiles de la comunidad de Koko’, municipio de Aldama, Chiapas, México, el pasado 24 de marzo de 2018, por el actuar violento de un grupo armado proveniente de Manuel Utrilla, Chenalhó. Las familias se encuentran dispersas en la montaña, sin condiciones de seguridad ni de asistencia humanitaria que garanticen sus derechos como pueblos indígenas en desplazamiento.

Adicionalmente, familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) de comunidades del municipio de Aldama y del ejido Manuel Utrilla, Chenalhó, se encuentran también en grave riesgo de desplazamiento forzado así como de amenazas a su vida, integridad y seguridad por el mismo grupo armado que provocó el desplazamiento, el 20 de marzo de 2018, de 145 familias tsotsiles de Tabak, Aldama.(1)

Estos hechos son la continuidad de la violencia en la región con la crisis humanitaria por el desplazamiento forzado de 5 023 personas en Chalchihuitán2 y el desplazamiento forzado de 7 familias de Aldama desde mayo de 2016. La ineficacia del gobierno de Manuel Velasco Coello ha generado impunidad en la zona, protegiendo a la presidenta municipal de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, y a los grupos armados que operan en la región.

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Foto: C’ananlumtik, febrero de 2018. Danny Alveal Aravena

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge al Estado mexicano garantizar los derechos de comunidades en desplazamiento forzado e implemente acciones eficaces ante el riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, en los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó, Chiapas, México.

En la resolución 15/2018, emitida el 24 de febrero de 2018 y dada a conocer el 5 de marzo, se informa de la medida cautelar No. 882-17 otorgada a intregantes del pueblo tsotsil que se desplazaron desde noviembre de 2017. La CIDH solicita al Estado Mexicano realice acciones de investigación ya que la situación de violencia por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de grupos civiles armados ha generado una crisis humanitaria y el riesgo continúa.

La organización de la sociedad civil Las Abejas de Acteal desmintieron las declaraciones públicas del coordinador de Subsecretarios Regionales de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Moscoso Zenteno, tres días después de la liberación de 9 integrantes de Las Abejas, secuestrados en la comunidad de Río Jordán, Los Chorros, Chiapas.

En dichas declaraciones, el Sr. Moscoso minimiza la gravedad de los hechos, tergiversa las causas, ignora el trasfondo paramilitar del conflicto y afirma una supuesta solución al conflicto mientras los agravados continúan siendo hostigados.

Incluimos aquí la denuncia completa:

Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
13 de Enero del 2018.

Al Congreso Nacional Indígena CNI
Al Concejo Indígena de Gobierno CIG
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

A 3 días de ser liberados nuestros 9 compañeros en la comunidad “Río Jordán”, de la colonia Miguel Utrilla Los Chorros del municipio de Chenalhó, Chiapas, queremos DESMENTIR la declaración pública de un tal coordinador de Subsecretarios Regionales de la Secretaría de Gobierno, Gustavo Moscoso Zenteno, que el día 10 de enero declaró, en la web del mal gobierno http://www.chiapas.gob.mx/noticias/liberan-a-integrantes-de-las-abejas-retenidos-la-comunidad-los-chorros-de-chenalho que nuestros compañeros habían sido “retenidos por incumplimiento de cargos comunitarios” y que después de “una mesa de diálogo entre las autoridades tradicionales de la comunidad fueron puestos en libertad además de que les fueron restablecidos el servicio de agua y de luz”.

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